Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 21 de febrero de 2018 (R. O.185, 21 -febrero -2018)

Año I – Nº 185

Quito, miércoles 21 de febrero de 2018

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DEL INTERIOR:

0763 Ratifíquense las delegaciones conferidas al Director General del Logística y otros

0764 Dispónese el traslado de la Central Operativa-Administrativa Financiera (EOD), del Servicio Aeropolicial, que se encuentra en la Unidad Aeropolicial Guayaquil, a las instalaciones asignadas para el Servicio Aeropolicial en el Distrito Metropolitano de Quito

DIRECCIÓN GENERAL DE

AVIACIÓN CIVIL:

03/2018 Refórmese el Acuerdo No. 33/2017 de 07 de diciembre de 2017

SECRETARÍA NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO:

SNPD-004-2018 Nómbrese al Mgs. Luis Fabián Almeida Quina, Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el Ciclo de la Inversión Pública para el Cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir

SNPD-005-2018 Desígnese al señor Santiago Medina Palacios, Asesor de Despacho, para que actúe como delegado de esta Secretaría de Estado, ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN MILAGRO Y

MINISTERIO DEL INTERIOR:

0007 Transfiérese a título gratuito, bajo donación al Ministerio del Interior, un inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Milagro

2 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

ACUERDO INTERMINISTERIAL:

MINISTERIOS DEL INTERIOR Y DE

JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS:

0006…… Expídese el «Instructivo que regula el procedimiento para el ingreso y salida de personas detenidas o aprehendidas a centros de privación de la libertad a nivel nacional

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD:

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD:

Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas ecuatorianas:

18 023 ETE INEN-ISO/TS 19407:2017 (Calzado – Tallas – Conversión de los sistemas de tallas (ISO/TS 19407:2015, IDT

18 024 NTE INEN 3139 (Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones verticales. Ascensores

18 025 NTE INEN-EN 1891 (Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas (EN 1891:1998, IDT

18 026 NTE INEN-ISO/D2C 24767-1 (Tecnologías de la información Seguridad de las redes domésticas – Requisitos de seguridad (ISO/IEC 24767- 1:2008, IDT

18 027 NTE INEN 2888 (Textiles. Descripción y designación de los hilos

MINISTERIO DEL INTERIOR:

0106…… Legalícese la comisión de servicios al exterior del señor Marco Santiago Dávila Oña

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2018-0014 Autorícese que durante el desarrollo de las fases pre-electoral, electoral y pos-electoral del proceso de Referéndum y Consulta Popular 2018; a las y los servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, Instituto Geográfico Militar, Sistema Integrado de Seguridad ECU911 y Policía Nacional, brinden soporte en dicho proceso eleccionario

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES:

ARCOTEL-2017-1279 Avóquese conocimiento y acógese el «Informe sobre la Operación de Equipos Inhibidores de Señal del SMA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:

BCE-GG-042-2018 Deléguese al doctor Guido Agustín Bravo Dolberg y otra, ejerzan la jurisdicción coactiva en calidades de Jueces de Coactiva del Banco Central del Ecuador

INSTITUTO NACIONAL DE

EVALUACIÓN EDUCATIVA:

INEVAL-INEVAL-2018-0003-R Expídese el Reglamento para la ejecución de las evaluaciones realizadas por el INEVAL en sedes

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO:

INMOBILIAR-SGLB-2018-0017 Acéptese la transferencia como cuerpo cierto de un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Educación y Cultura, a favor de INMOBILIAR, ubicada en el cantón Sucre, provincia Manabí

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR:

SENAE-SENAE-2018-0001-RE (M) Refórmese la Unidad de Control de varias subpartidas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 3:

DZ3-SZORDRI17-00000242 Deléguense facultades bajo vigilancia y responsabilidad del Director Zonal 3, a varios funcionarios

DZ3-SZORDRI17-00000243 Deléguense funciones al ingeniero Edgar Humberto Núñez Silva, servidor del Departamento de Asistencia al Ciudadano

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-…………. Cantón Tulcán: Que reforma a la Ordenanza que regula la determinación, recaudación y administración de las tasas por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, conservación de fuents y recolección de basura

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 3

No. 0763

Mgs. César Antonio Navas Vera MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 64 Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 de 21 de junio de 2017, vigente a partir del 19 de diciembre de 2017, establece que el Titular del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, tendrá entre otras la siguiente función: 4″ ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Policía Nacional»;

Que, en los numerales 9a) y 16) del artículo 6 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que: «9a.- Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. «; y, 16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante (…) . «

Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; el Ministro del Interior está autorizado para delegar sus atribuciones a las autoridades u órganos de inferior jerarquía de la institución que representa, cuando la conveniencia institucional lo requiera;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011, publicado en Registro Oficial No. 372 de 27 de enero de 2011, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República decretó: «Art. 1.- Reorganícese la Policía Nacional disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el Ministerio del Interior, quien a su vez podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con la ley»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, artículo primero, el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, nombra como Titular del Ministerio del Interior al Magíster César Navas Vera;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 1853 de 26 de enero de 2011, reformado con Acuerdo Ministerial No. 4819 de 08 de octubre de 2014, se delegó entre otros a los Directores Nacionales y demás Jefes de las Dependencias Policiales, consideradas presupuestariamente como unidades ejecutoras desconcentradas de la Policía Nacional para que a nombre y representación del Ministro del Interior de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, atiendan y ejecuten requerimientos de contratación pública de su respectiva dependencia como entidad contratante individual;

Que, es necesario que la normativa y disposiciones institucionales emitidas guarden armonía con el ordenamiento jurídico vigente; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- RATIFICAR, las delegaciones conferidas al Director General del Logística, Director General de Inteligencia, Directores Nacionales , Comandantes Distritales, Comandantes Provinciales, Jefes de las Unidades Especiales, Jefes de Organismos Adscritos y demás Jefes de las Dependencias Policiales consideradas presupuestariamente como Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional conferidas a través en el Acuerdo Ministerial No. 1853 de 26 de enero de 2011, reformado con Acuerdo Ministerial No. 4819 de 08 de octubre de 2014, las cuales bajo el mismo contexto serán consideradas dictadas por el Ministro del Interior bajo la responsabilidad de los delegados que actúa conforme el artículo 59 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Artículo 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese el Comandante General de la Policía Nacional

Artículo 3.- Póngase en conocimiento del Secretario General de la Presidencia de la República y del Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de enero del 2018.

f.) Mgs. César Antonio Navas Vera, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 18 de enero de 201.- f.) Ilegible, Secretaría General.

4 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Regiso Oficial N° 185

No. 0764

Mgs. César Antonio Navas Vera MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión «;

Que, el inciso primero del artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional;

Que, el artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece: «El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) 4. Ejercerla representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 904, publicado en el Registro Oficial No. 209 de 05 de diciembre de 1997 se creó el Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional del Ecuador, como parte de la estructura orgánica y dependencia de la Dirección General de Operaciones de la Institución Policial;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 3027 de 05 de noviembre de 2012, se acordó desconcentrar territorialmente los servicios de seguridad del Misterio del Interior, para efectos de planificación y prestación de servicios, del macroproceso de seguridad interna en los niveles administrativos y operativos a nivel nacional; así mismo en su Disposición Transitoria Segunda, se concedió el plazo de 45 días para que las Coordinaciones Generales de Planificación, de Gestión Estratégica y Administrativa Financiera de esta Institución, realicen la definición de cuantas EODs de las UDAFs: Comandancia General de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Policía Judicial y Dirección Nacional de Salud deban crearse, cerrarse, mantenerse y transformarse en EODs con perfil de UDAFs y/o EODs Distritales;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 3131 de 10 de enero de 2013, reformado con Acuerdo Ministerial No. 3202 de 18 de abril del 2013, se acordó crear como Entidades Operativas Desconcentradas con perfiles de Unidades de Administración Financiera de la UDAF-Ministerio del Interior a nueve Coordinaciones Zonales a nivel nacional, Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional y Comandancia General de Policía en el marco del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, crear como

Entidades Operativas Desconcentradas de cada EOD/ UDAF Coordinación Zonal a las Direcciones Distritales a nivel nacional, en el marco del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 313 del 1 de octubre del 2013, el Ministerio de Finanzas determinó establecer la homologación de los nombres de las Entidades Operativas Desconcentradas que se creen a través de Acuerdos o Resoluciones, para atender los procesos de desconcentración que vayan a operar en las Zonas y Distritos.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 7650 de fecha 08 de septiembre de 2016, se acordó: «Artículo 1.- Disponer el traslado de la Central Operativo — Administrativa del Servicio Aeropolicial Quito a la Unidad Aeropolicial de Guayaquil. Artículo 2.- Disponer al Comandante General de la Policía Nacional para que a través del Comandante General del Servicio Aeropolicial, realice los trámites correspondientes para la unificación de las EOS’s Aeropolicial Guayaquil y Quito. Artículo 3.- Disponer al Comandante General del Servicio Aeropolicial realice el traspaso de activos filos de la Unidad Aeropolicial de Quito a activos fijos de Guayaquil (…)»;

Que, mediante Oficio Nro. 2433-CG-2017, el Comandante General de la Policía Nacional, remite al Ministerio del Interior el pronunciamiento jurídico al cual se adjuntan informes elaborados por funcionarios del Servicio Aeropolicial, en los cuales recomiendan el traslado del Comando del Servicio Aeropolicial que actualmente funciona en la Unidad Aeropolicial Guayaquil, a las instalaciones asignadas para el Servicio Aeropolicial en la Ciudad de Quito; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 64 numeral 4 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público:

Acuerda:

Artículo 1.- Disponer el traslado de la Central Operativa-Administrativa Financiera (EOD), del Servicio Aeropolicial que actualmente se encuentra en la Unidad Aeropolicial Guayaquil, a las instalaciones asignadas para el Servicio Aeropolicial en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la reorganización de talento humano, aeronaves y logística a Nivel Nacional.

Artículo 2.- Disponer el cierre de las EOD’s «UNIDAD AEROPOLICIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS» y «UNIDAD AEROPOLICIAL IV DISTRITO», conforme a los informes constantes en el Oficio Nro. 2433-CG-2017 del Comandante General de la Policía Nacional.

Artículo 3.- Las competencias, atribuciones y responsabilidades que hasta la presente fecha cumplían las EOD’s «UNIDAD AEROPOLICIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS» y «UNIDAD AEROPOLICIAL

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 5

IV DISTRITO», así como el presupuesto destinadas a aquellas con los respectivos saldos contables, serán transferidas a la EOD SERVICIO AEROPOLICIAL del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 4.- Disponer al señor Comandante General de la Policía Nacional, para que a través del señor Comandante del Servicio Aeropolicial realice el trámite de Unificación de las tres EODs quedando únicamente la EOD SERVICIO AEROPOLICIAL.

Artículo 5.- Disponer al señor Comandante del Servicio Aeropolicial, realice las coordinaciones y organización de talento humano, aeronaves, logística y activos fijos, para el funcionamiento del Comando del Servicio Aeropolicial en las instalaciones asignadas para el Servicio Aeropolicial en el Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 6.- Suprímase la disposición contenida en el artículo 10 del Acuerdo Ministerial No. 3131 de 10 de enero de 2013, reformado con Acuerdo Ministerial No. 3202 de fecha 13 de abril de 2013.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

La Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio del Interior deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Finanzas, respecto a la creación, cierre y/o traslado de saldos contables a las diferentes Entidades Operativas Desconcentradas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 7650 de fecha 8 de septiembre del 2016 publicado en Registro Oficial No 901 del 13 de diciembre 2016.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial; y; de su ejecución encárguese al Coordinador/a Administrativo Financiero del Ministerio del Interior, al Comandante General de la Policía Nacional y al Director General de Operaciones de la Policía Nacional.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de enero de 2018.

f.) Mgs. César Antonio Navas Vera, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 18 de enero de 2018.- f) Ilegible, Secretaría General.

No. 03/2018

EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, mediante Acuerdo No. 015/2016 de 17 de junio del

2016, modificado conAcuerdosNo. 08/2016 de 31 de agosto del 2016 y No. 33/2017 de 07 de diciembre del 2017, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó y modificó a la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS SA. AEROGAL ahora AVIANCA-ECUADOR S.A., su permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, entre Ecuador y los Países Miembros de la Comunidad Andina;

Que, con oficio Nro. AV-PE/509-2017 de 14 de noviembre de 2017, el Director General y como tal Representante Legal de la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., solicita la modificación de su Permiso de Operación, a fin de incorporar dentro de las rutas autorizadas la siguiente:

«Quito y/o Guayaquil – Bogotá y/o Santa Cruz y viceversa, hasta 7 frecuencias semanales y con derechos de hasta 5ta libertad»;

Que, con memorando Nro. DGAC-AB-2017-1307-M de 13 de diciembre de 2017, se elevó a conocimiento del señor Director General de Aviación Civil, la solicitud presentada por la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., adjuntando el Extracto para su legalización y su posterior publicación en la Página Web del Consejo Nacional de Aviación Civil;

Que, mediante oficio Nro. DGAC-AB-2017-0156-O de 18 de diciembre de 2017, se notificó por escrito a las aerolíneas que operan en el indicado servicio, respecto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación presentada por la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A.;

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, con memorando Nro. DGAC-AE-2017-1865-M de 26 de diciembre de

2017, presenta su informe en el que concluye y recomienda que la Decisión 582 de la Comunidad Andina establece un régimen de libertad absoluta para los vuelos regulares de pasajeros, carga y correo, separadamente o en combinación de aerolíneas de Países Miembros, que se realicen dentro de la Subregión siendo la modificación solicitada por AVIANCA-ECUADOR SA. procedente; que la solicitud cumple con los requisitos de orden legal, previstos en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de Servicios de Transporte Aéreo, por lo que no existe inconveniente para que se autorice la modificación del Permiso de Operación internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, dentro de la Comunidad Andina;

Que, con memorando Nro. DGAC-AX-2017-0477-M de 27 de diciembre de 2017, el Director de Comunicación Social Institucional, informa que el Extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación, internacional (Comunidad Andina), presentado por la compañía

6 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

AVIANCA-ECUADOR S.A., ya se encuentra publicado en el portal electrónico de la Institución, en la sección Biblioteca/Consejo Nacional de Aviación Civil/Solicitudes que se tramitan en la Secretaría del CNAC/2017;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, con memorando Nro. DGAC-OX-2018-0139-M de 18 de enero de 2018, presenta su informe técnico económico unificado, en el que concluye y recomienda que siendo una ruta en mercados de la CAN se sugiere que sea atendida en forma favorable lo solicitado, esto es, incorporando la ruta Quito y/o Guayaquil-Bogotá y/o Santa Cruz y viceversa, hasta 7 frecuencias semanales y con derechos de hasta 5ta. Libertad, además que figure en el Permiso de Operación con su nueva designación comercial; que no existe inconveniente de orden técnico para que se proceda con la modificación del Permiso de Operación de la compañía AVIANCA-ECUADOR SA. quien deberá tramitar la autorización de itinerarios, en lo que fuera aplicable;

Que, la Dirección de Secretaría General, presenta el informe unificado con memorando Nro. DGAC-AB-2018-0051-M de 22 de enero de 2018, en el que concluye que se ha agotado todo el trámite previsto en el Reglamento de la materia y recomienda que contándose con los informes técnico económico y jurídico favorables y no existiendo objeción alguna, se otorgue la modificación solicitada por la compañía AVIANCA-ECUADOR SA., para incrementar la ruta «Quito y/o Guayaquil-Bogotá y/o Santa Cruz y viceversa, hasta 7 frecuencias semanales. Con derechos de hasta 5ta. libertad del aire;

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 156, de 20 de noviembre del 2013, reorganizó al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil;

Que, mediante RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre del 2013, el pleno del Consejo, delegó ciertas atribuciones al Director General de Aviación Civil, entre ellas, la prevista en el ARTÍCULO 1.- «Delegar al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes para modificar o suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil, cumpliendo con los requisitos establecidos en la reglamentación de la materia»;

Que, con Acuerdo No. 3 3/2017 de 07 de diciembre del 2017, se modificó la denominación social de AEROLÍNEAS GALÁPAGOS SA. AEROGAL, que consta en el Acuerdo No. 015/2016 de 17 de junio del 2016, modificado con Acuerdo No. 08/2016 de 31 de agosto del 2016, por la de AVIANCA-ECUADOR SA;

Que, en virtud del Decreto No. 239 de 12 de diciembre de 2017, se designa al señor Carlos Javier Álvarez Mantilla como Director General de Aviación Civil; y,

Con base a la delegación realizada en la RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, el Director General de Aviación Civil,

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR la cláusula SEGUNDA del ARTÍCULO 1 del Acuerdo No. 015/2016 de 17 de junio del 2016, modificado con Acuerdos No. 08/2016 de 31 de agosto de 2016 y No. 33/2017 de 07 de diciembre de 2017 por la siguiente:

SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: «La aerolínea» operará las siguientes rutas, frecuencias y derechos:

Quito y/o Guayaquil – Cali y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales;

Quito y/o Guayaquil – Lima y/o Santa Cruz y viceversa, hasta diez (10) frecuencias semanales;

Quito y/o Guayaquil – Bogotá y viceversa, hasta treinta y nueve (39) frecuencias semanales;

Quito y/o Guayaquil – Lima y/o La Paz y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de 3ras, 4tas y 5tas libertades.

Quito y/o Guayaquil – Bogotá y/o Santa Cruz y viceversa, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de hasta 5ta. libertad.

La autorización que el Consejo Nacional de Aviación Civil da a la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., para que opere la ruta Quito y/o Guayaquil – Lima y/o Santa Cruz y viceversa, hasta diez (10) frecuencias semanales, se la condiciona a que la compañía demuestre operación con el punto Santa Cruz, ya que según las rutas autorizadas en itinerario, solo opera los tramos de ruta Lima – Guayaquil – Lima y Lima – Quito – Lima.

Se establece un procedimiento de verificación de la implantación y cumplimiento del 70% de las rutas y frecuencias autorizadas, sino se observa el nivel exigido la DGAC presentará al CNAC el informe que corresponda para que de conformidad con el artículo 122 del Código Aeronáutico codificado se proceda a llamar a una Audiencia Previa de Interesados a la compañía, de conformidad con la Resolución No. 108/2010 de 22 de diciembre de 2010.

AVIANCA-ECUADOR SA. tiene la obligación al momento de presentar sus itinerarios para la aprobación de la Dirección General de Aviación Civil, de definir la operación «y/o» y de concretar el número de frecuencias con las que prestará los servicios, igualmente notificará con la suficiente anticipación cualquier modificación sobre la utilización del número de frecuencias autorizadas.

ARTÍCULO 2.- El presente documento deja sin efecto al Acuerdo No. 08/2016 de 31 de agosto del 2016.

ARTÍCULO 3.- Salvo lo dispuesto en los artículos precedentes, los demás términos y condiciones de los Acuerdos No. 015/2016 de 17 de junio del 2016 y No. 33/2017 de 07 de diciembre de 2017, se mantienen vigentes y sin ninguna modificación.

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 7

ARTÍCULO 4.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese a la Dirección General de Aviación Civil, a través de los respectivos procesos institucionales.

Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 23 de enero de 2018.

f.) Sr. Carlos Javier Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil.

CERTIFICO: Que expidió y firmó el Acuerdo que antecede, el señor Carlos Javier Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil, en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de enero de 2018.

Lo certifico.

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de la DGAC.

RAZÓN: En Quito a, 24 de enero de 2018, Notifiqué el contenido del Acuerdo No. 03/2018 a la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., por boleta depositada en el Casillero Judicial No. 2380 del Palacio de Justicia de esta ciudad.- CERTIFICO:

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de la DGAC.

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACIÓN

Yo: Doctora Rita Mía Huilca Cobos, en mi calidad de Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como responsable del proceso, el «Otorgar certificaciones a petición de parte o por disposición de Autoridad Competente», como lo determina el «Artículo 4.-» de la Resolución No. 238/2010 de 30 de agosto del 2010, mediante la cual se Reforma el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, y dando atención a la petición realizada con memorando Nro. DGAC-AB-2018-0080-M de 26 de enero de 2018, suscrito por la señorita Mary Sánchez Sánchez, Secretaria, que indica que requiere copia Certificada del Acuerdo No. 03/2018 de 23 de enero del 2018, otorgado a favor de la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., a fin de remitir para su publicación en el Registro Oficial, CERTD7ICO: que el Acuerdo No. 03/2018 de 23 de enero del 2018, emitido por el Director General de Aviación Civil que antecede contenida en cuatro fojas útiles, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en el Archivo Activo de la Dirección de Secretaría General.

Quito D.M, 26 de enero del 2016.

f.) Dra. Rita Mila Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de Dirección General de Aviación Civil.

No. SNPD-004-2018

Etzon Romo Torres

SECRETARIO NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, dispone lo siguiente: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el número 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que es atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) 4.-Delegar por escrito las facultades que estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado «;

Que, el artículo 60 del mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código (…) «;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «(…) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial»;

Que, el artículo 55 del referido Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…) «;

8 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Que, con Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 1278, de 20 de febrero de 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como el organismo responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

Que, la Disposición General Octava del Decreto Ejecutivo No. 195, de 29 de diciembre de 2009, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 111, de 19 de enero de 2010, establece que: «Los ministerios de coordinación, sectoriales y secretarías nacionales, identificarán sus proyectos emblemáticos, luego de lo cual podrán designar el cargo de Gerente de Proyecto, bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, para atender las necesidades de continuidad, seguimiento, operatividad y ejecución de dichos proyectos, con atribuciones y responsabilidades específicas, para lo cual el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la resolución correspondiente, siempre que se cuente con el informe presupuestario del Ministerio de Finanzas «;

Que, mediante Resolución No. MRL-2010-000040, publicada en el Registro Oficial No. 165, de 6 de abril del 2010, el entonces Ministerio de Relaciones Laborales, incorpora en la Escala del Nivel Jerárquico Superior, las clases de puestos de Gerentes de Proyectos 1, 2 y 3, para que presten sus servicios únicamente bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, con cargo a los presupuestos institucionales de los ministerios coordinadores, sectoriales y secretarías nacionales;

Que, el artículo 1 del Reglamento para la Contratación de Gerentes de Proyectos, publicado en Registro Oficial No. 172, de 15 de abril de 2010, determina que: «Los ministerios de coordinación, sectoriales y secretarías nacionales podrán contratar gerentes de proyectos, para aquellos proyectos calificados como EMBLEMÁTICOS (…) «;

Que, el artículo 3 del mismo Reglamento para la Contratación de Gerentes de Proyectos, establece que: «El Gerente de Proyectos tendrá como misión el planeamiento, ejecución, seguimiento y control de los proyectos institucionales específicos determinados por la máxima autoridad (…)»;

Que, el artículo 5 del Reglamento ibídem, determina que: «Para la ejecución de los proyectos emblemáticos el Gerente de Proyectos coordinará con las autoridades institucionales y directores de los diferentes procesos el requerimiento de servidoras o servidores de carrera o bajo la modalidad de contrato que se encuentren laborando en las respectivas direcciones o unidades y que colaborarán en la ejecución del proyecto»‘,

Que, el artículo 7 del Reglamento para la Contratación de Gerentes de Proyectos, antes citado, determina que: «Una vez implementado el proyecto, y previo a la entrega de resultados, el Gerente de Proyectos deberá transferir toda la información relativa al mismo, así como los conocimientos generales necesarios para el manejo del proyecto, al personal permanente de la institución, a fin de que se pueda dar continuidad al mismo «;

Que, el artículo 1 del Acuerdo No. SNPD-020-2016, de 13 de abril de 2016, suscrito por la entonces Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, dispone lo siguiente: «Calificar al Proyecto Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», como Proyecto Emblemático para la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo»;

Que, los literales b) y r) del acápite 1.1.1.1. «Direccionamiento Estratégico», del Punto 1 «Nivel de Gestión Central», del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establecen como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) b) Nombrar o remover dentro del ámbito de sus competencias legales al personal de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (…) r) Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando considere necesario (…)»‘,

Que, con Decreto Ejecutivo No. 250, de 22 de diciembre de 2017, se designó a Etzon Romo Torres, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, es necesario dar mayor agilidad y atender con eficacia, eficiencia y oportunidad los diferentes trámites para la ejecución del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»; así como optimizar el uso de los recursos públicos; y,

En Ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el número 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el artículo 1 del Reglamento para la Contratación de Gerentes de Proyectos; y, el Decreto Ejecutivo No. 250, de 22 de diciembre de 2017,

Acuerda:

Art. 1.- Nombrar al Mgs. Luis Fabián Almeida Quina, como Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el Ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir».

Art. 2.- Autorizar y delegar al Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el Ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», la gestión de dicho Proyecto, para lo cual, además de cumplir con todas aquellas atribuciones contempladas en el Acuerdo No. 0056, de 25 de marzo de 2010, expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales, hoy Ministerio de Trabajo, deberá cumplir las siguientes atribuciones:

1. Solicitar a la Coordinación General Administrativa Financiera, la contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, servicios profesionales,

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servicios técnicos especializados sin relación de dependencia o cualquier otra modalidad contractual prevista por la Ley; así como, la suscripción de adendas a dichos contratos; de igual forma, podrá solicitar que se proceda con la terminación de la relación contractual, cualquiera sea su causa, con sujeción a la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, y demás normas y resoluciones, en especial aquellas emitidas por el Ministerio del Trabajo;

2. Autorizar el gasto y disponer la cancelación de los haberes de los servidores bajo régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público y Código del Trabajo, que se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
3. Recibir, aceptar y disponer la liquidación y cancelación, en el caso de renuncias de personal sometido al régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público o Código del Trabajo, de los servidores que se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
4. Gestionar con la Coordinación General Administrativa Financiera, todos los temas relacionados con el talento humano, de quienes se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
5. Autorizar el gasto para los contratos de servicios profesionales y técnicos, con personas naturales; nacionales o extranjeras, suscritos conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, respecto del personal a su cargo;
6. Con relación a los contratos de servicios especializados de consultoría, adquisición de bienes, o prestación de servicios, incluyendo los de régimen especial, sean o no financiados con recursos del Presupuesto General del Estado u organismos multilaterales, el/la delegado/a, podrá:

1. Iniciar y gestionar los procesos precontractuales, inclusive hasta su adjudicación;
2. Cancelar o declarar desiertos los procesos;
3. Declarar adjudicatario fallido;
4. Suscribir los respectivos contratos principales, complementarios, modificatorios y/o adendas que pudieren requerirse;
5. Designar a los responsables de la administración de los contratos;
6. Autorizar el respectivo gasto;

g) Disponer la liquidación de los contratos, previo informe del administrador de los mismos; y,

h) Rectificar, revocar o extinguir por razones de oportunidad o legitimidad, los actos administrativos, relacionados con los procesos precontractuales y contractuales del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

7. Autorizar y suscribir los actos e instrumentos legales necesarios para iniciar, ejecutar y concluir los procesos de terminación de los contratos por mutuo acuerdo o de manera unilateral y para la declaratoria de contratista incumplido, previo el informe del Administrador del Contrato;
8. Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Contrataciones del Proyecto y solicitar sus reformas a las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera y de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conforme a la normativa vigente;
9. Gestionar todos los pagos pendientes y de arrastre, honre y liquide las obligaciones pendientes, así como se efectúen las recaudaciones de saldos pendientes de liquidación de Convenios Interinstitucionales suscritos por el Ex Instituto Nacional de Preinversión, o aquellos que se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
10. Disponer las modificaciones y reformas presupuestarias, respecto de obligaciones legales, tributarias, patronales, contractuales y administrativas del Ex Instituto Nacional de Preinversión, o aquellos que se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
11. Suscribir los contratos principales, complementarios, modificatorios y/o adendas, cuyos procesos precontractuales fueron adjudicados por el Ex Instituto Nacional de Preinversión y cuya suscripción se encuentre pendiente, cumpliendo la normativa legal aplicable o aquellos que se encuentren en el marco del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir»;
12. Suscribir toda comunicación que sea necesaria para impulsar, articular, coordinar y en general para el cumplimiento de los objetivos del proyecto;

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13. En todo lo no previsto en el presente Acuerdo, el Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», asumirá en materia de contratación pública, todas las competencias, atribuciones, funciones y responsabilidades del/la Secretario/a Nacional de Planificación y Desarrollo, específicamente dentro del Proyecto Emblemático a su cargo; y,

14. Asistir a las Audiencias de Mediación que sean convocadas, respecto de los actos, hechos o contratos administrativos inherentes al Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir» y/o al Ex Instituto Nacional de Preinversión, en gestión conjunta con la Coordinación General Jurídica.

Art. 3.- Todas aquellas atribuciones que mediante este instrumento no han sido delegadas expresamente al Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», serán ejercidas por el/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo, en el marco de los acuerdos de delegación emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entendiéndose al Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», administrativamente sujeto a dicha Subsecretaría General.

Art. 4.- El Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», será responsable de los actos y hechos que cumplan en ejercicio de la presente delegación, e informará al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, de forma trimestral o cuando le sea requerido, sobre las actividades realizadas.

Art. 5.- Derogar en forma expresa el Acuerdo No. SNPD-022-2017, de 03 de julio de 2017; así como, cualquier otro instrumento de igual o menor jerarquía, en tanto que se oponga al contenido del presente Acuerdo.

Art. 6.- Encárguese al/la Coordinador/a General Jurídico/a, o a quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo al/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo, al Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir», al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a; y, al/la Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica, o quienes hagan sus veces, para su oportuna ejecución.

Art. 7.- De la ejecución del presente Acuerdo, que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al/la Subsecretario/a General de Planificación

y Desarrollo, al/la Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica, al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a; y, al Gerente del Proyecto Emblemático: «Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir».

CÚMPLASE Y NOTIFIQUE SE.

Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de enero de 2018.

f.) Etzon Romo Torres, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.

No. SNPD-005-2018

Etzon Romo Torres

SECRETARIO NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que, el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que es atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) 4. Delegar por escrito las facultades que estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado «;

Que, el artículo 373 del Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto de la conformación de los directorios de las instituciones financieras públicas, dispone lo siguiente: «Cada una de las entidades financieras públicas tendrá un directorio constituido de la siguiente manera: 1. Un delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. Los titulares de tres secretarías de Estado cuyo ámbito de acción esté directamente relacionado con las finalidades y objetivos de la respectiva entidad financiera, o sus delegados permanentes; y, 3. El titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica o su delegado permanente»;

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Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, sobre la desconcentración administrativa, dispone que: «La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278, de 20 de febrero de 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como el organismo responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 676, de 25 de enero de 2016, dispone: «Reorganizar el Banco del Estado, entidad que a partir de la expedición de presente Decreto se denominará «Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.»»;

Que, el tercer inciso del artículo 9 del citado Decreto Ejecutivo No. 867, de 30 de diciembre de 2015, dispone lo siguiente: «El Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., estará integrado de la siguiente manera: a) El Ministerio de Finanzas que actuará como delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; b) Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales; c) Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales; d) Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales; e) El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; f El Secretario Nacional de la Gestión de la Política o su delegado permanente; y, g) El Ministro Coordinador de la Política Económica o su delegado permanente»;

Que, la Disposición Reformatoria Tercera del Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de mayo de 2017, se dispone lo siguiente: «Sustitúyase la letra g) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 867, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 676, de 25 de enero de 2016, mediante el cual se reorganiza el Banco de Desarrollo del Ecuador BP, por la siguiente: «g) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo «»;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 250 de 22 de diciembre de 2017, se designó a Etzon Romo Torres, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, el literal r) del acápite 1.1.1.1. «Direccionamiento Estratégico», del Punto 1 «Nivel de Gestión Central», del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establece como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) r) Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando considere necesario (…)»‘,

Que, el literal d) del artículo 5 del Acuerdo No. SNPD-056-2017 de 14 de noviembre de 2017, suscrito por Andrés Mideros Mora, entonces Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, dispuso lo siguiente: «Designar a los siguientes servidores de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, para que a nombre y en representación de esta Cartera de Estado, actúen como delegados permanentes, principales y alternos, según corresponda, ante los Directorios, que se detallan a continuación: (…) d) Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador: Delegado Permanente Principal: Santiago Medina, Asesor de Despacho; Delegado Permanente Alterno: Subsecretario/a de Inversión Pública, o quien haga sus veces»;

Que, mediante Oficio No. BDE-SEG-2018-0006-OF, de 17 de enero de 2018, el Dr. Héctor Mauricio Pazmiño Estévez, Secretario General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., solicita a esta Secretaría de Estado: «(…) la designación del delegado permanente del licenciado Etzon Romo Torres Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (…)»; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; la Disposición Reformatoria Tercera del Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de mayo de 2017; y, el Decreto Ejecutivo No. 250, de 22 de diciembre de 2017,

Acuerda:

Art. 1.- Designar a Santiago Medina Palacios, Asesor de Despacho, como delegado permanente principal; y, al/ la Subsecretario/a de Inversión Pública, como delegado/a permanente alterno, o quien haga sus veces; para que, a nombre del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, actúen como delegados de esta Secretaría de Estado, ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Art. 2.- Los delegados/as, serán responsables de los actos cumplidos en el ejercicio de esta delegación, e informarán al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, de forma trimestral o según le sea requerido, sobre las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Art. 3. – Deróguese el literal d) del artículo 5 del Acuerdo No. SNPD-056-2017, de 14 de noviembre de 2017; así como, cualquier otro instrumento de igual o menor jerarquía, que se oponga al contenido del presente Acuerdo.

Art. 4.- Encárguese al/la Coordinador/a General Jurídico/a, o a quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo, al Presidente Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; a Santiago Medina Palacios, Asesor de Despacho; y, al/la Subsecretario/a de Inversión Pública, para su oportuna ejecución.

12 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Art. 5.- De la ejecución del presente Acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a Santiago Medina Palacios, Asesor de Despacho; y, al/la Subsecretario/a de Inversión Pública.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de enero de 2018.

f.) Etzon Romo Torres, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

No. 0007

Denisse Priscila Robles Andrade

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN MILAGARO

Eliana Beatriz Quiroz Becerra

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA DELEGADA DEL

MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 85 de la Constitución de la República, establece que en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Disponiendo además en sus numerales 1 y 3 que (1.-) Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. (3.-) El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaría del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos;

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «(..) a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. «;

Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas

Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional (..). «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la norma ibídem dice: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descen­tralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su Junción social y ambiental»;

Que, el artículo 599 del Código Civil referente al dominio señala lo siguiente: «El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sean individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad»;

Que, el artículo 1402 del Código Civil señala que: «La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta. «

Que, el artículo 5 8.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación establece que: «Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos (…) «;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que: «La Policía Nacional es una Institución profesional y técnica, depende del Ministerio del Gobierno con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, organizada bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizada y única. Tiene por misión fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y social»;

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que: «Para la transferencia de dominio de bienes

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 13

inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos «;

Que, el artículo 8 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines «;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva manifiesta que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente Constitucional de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…). «;

Que, el numeral 1) del artículo 155 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «La Administración Pública está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin»;

Que, el artículo 3 de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, señala que es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación y mantenimiento de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad bajo cualquier título, de cualquier naturaleza que fueren, serán recibidos y examinados por el custodio delegado;

Que, los artículos 65 y 66 del mismo cuerpo legal, respecto al valor de los bienes objeto de la transferencia gratuita, se realizará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta que suscribirán inmediatamente los encargados de su custodia o administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces, el titular de la Unidad Administrativa, y el titular de la Unidad Financiera;

Que, el artículo 90 de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público en su primer inciso establece que: «(…) Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá

transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación y demás disposiciones legales pertinentes respecto de la materia «;

Que, mediante el artículo 18 del Acuerdo Ministerial No. 1856 de 01 de febrero de 2011, el Ministro del Interior delega al Coordinador General Administrativo Financiero, para que a su nombre y en representación del Ministro del Interior resuelva sobre la transferencia de dominio de bienes con otras entidades del sector público;

Que, mediante nombramiento de 13 de mayo de 2014 la Junta Provincial Electoral del Guayas confiere la credencial de Alcaldesa del GAD del cantón Miagro a Denisse Priscila Robles Andrade;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República nombra al Ingeniero César Antonio Navas Vera para las funciones de Ministro del Interior;

Que, mediante Acción de Personal No. 1283 de 01 de junio de 2017, el Ministro del Interior nombra a la Mgs. Eliana Beatriz Quiroz Becerra, como Coordinadora General Administrativa Financiera;

Que, con Escritura de Permuta de 13 de mayo de 2010 ante el Notario primero del cantón Milagro, el Club de Leones de Milagro entrega en permuta a favor de la Ilustre Municipalidad del cantón Milagro el lote de terreno con un área de dieciocho mil setecientos veintidós metros cuadrados con seis decímetros cuadrados;

Que, consta del Certificado de Avalúos y Registro del GAD Municipal Milagro el predio ubicado al Av. Julio Viteri Gamboa entre Emilio Valdez Palau (Esq.) signado con la clave catastral 09-10-50-003-008-066-003 con un área de 3.025.00 m2, cuyos linderos son los siguientes al Norte: Solar # 1-1 con 69.75 m., Sur: Calle Emilio Valdez con 70.23 m., Este Av. Julio Viteri Gamboa con 41.98 m y Oeste: Solar # (1-2-2) 05 con 44.52 m. es de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal del cantón Milagro;

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria celebrada por el Ilustre Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Francisco de Milagro el día viernes 05 de mayo de 2017 se resuelve la DONACIÓN a favor del Ministerio del Interior del lote de terreno # 56B situado en la ciudadela Las Pifias, que corresponde al inmueble con código catastral 09-10-50-003-008-066-003 con un área de 3.025.00 m2 donde actualmente se encuentra el patio de retención vehicular de la Policía Judicial del cantón Milagro; siendo sus linderos Norte: Solar #1-1 con 69.75 m2., Sur: Calle Emilio Valdez con 70.23 m2., Este Av. Julio Viteri Gamboa con 41.98 m2 y Oeste: Solar # (1-2-2) 05 con 44.52 m2;

Que, mediante oficio No. 1212-CG-2017 el Comandante General de la Policía Nacional solicita al señor Ministro del Interior se disponga a quien corresponda se realice las acciones administrativas necesarias que permitan obtener la documentación que acredite la propiedad del bien inmueble donde funciona el patio de retención vehicular;

14 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Que, es indispensable optimizar el uso de los bienes del Estado, mediante una adecuada distribución que coadyuve a los fines propios de sus instituciones;

Acuerdan:

Artículo 1.- Transferir a título gratuito bajo la figura de donación al Ministerio del Interior el inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Milagro, el predio ubicado al Av. Julio Viteri Gamboa entre Emilio Valdez Palau (Esq.) signado con la clave catastral 09-10-50-003-008-066-003 con un área de 3.025.00 m2, cuyos linderos son los siguientes al Norte: Solar #1-1 con 69.75 m., Sur: Calle Emilio Valdez con 70.23 m., Este: Av. Julio Viteri Gamboa con 41.98 m. y Oeste: Solar # (1-2-2) 05 con 44.52 m, con todos los derechos reales y obligaciones, usos, costumbre y servidumbre a favor del Ministerio del Interior; con la condición que deberá ser destinado para el uso exclusivo de que continúe funcionando como Patio de Retención Vehicular de la Policía Judicial de Milagro, para lo cual ha sido solicitada la donación.

Artículo 2.- El Ministerio del Interior acepta el traspaso del bien inmueble singularizado en el artículo 1 del presente Acuerdo, con todos los derechos reales y obligaciones.

Artículo 3.- Delegar la ejecución del presente Acuerdo al Jefe de la Subzona Guayas de la Policía Nacional como delegado del Ministerio del Interior conforme a sus competencias. El delegado queda facultado para suscribir los actos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento cabal de la disposición contenida en el presente instrumento jurídico ante lo cual será civil, penal y administrativamente responsable.

Artículo 4.- Disponer la entrega y recepción del inmueble descrito en el artículo 1 del presente Acuerdo para lo cual intervendrán en esta diligencia los titulares de las áreas administrativa y financiera respectiva y los guardalmacenes de bienes de cada entidad, con sujeción a lo establecido en los artículos 94 y 95 de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Artículo 5.- Los gastos que demande la transferencia de dominio a perpetuidad del bien inmueble materia del presente instrumento serán asumidos por la Policía Nacional, y de igual manera, se procederá con el cambio de titularidad a favor del Ministerio del Interior de los servicios básicos con los que cuenta el inmueble, así como sus obligaciones de pago respectivas.

Artículo 6.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a 29 de diciembre de 2017.

f.) Econ. Denisse Priscila Robles Andrade, Alcaldesa, GAD Mlagro.

f.) Mgs. Eliana Beatriz Quiroz Becerra, Delegada Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 18 de enero de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General.

ACUERDO INTERMINISTERIAL

No. 0006

Mgs. César Navas Vera MINISTRO DEL INTERIOR

Dra. Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que el artículo 35 de la Constitución de la República establece que las personas privadas de libertad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado;

Que el numeral 12 del artículo 77 ibídem instituye las garantías básicas de los procesos penales en los que se haya privado de libertad a una persona, y, en lo pertinente, señala que las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán única y exclusivamente en centros de rehabilitación social;

Que el artículo 82 de la Norma Suprema refrenda el principio de seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que el artículo 158 de la Norma Suprema dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; y, en el inciso tercero expresa que las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 15

Que el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal prescribe que las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos;

Que el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal dispone que cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional;

Que los numerales 1 y 2 del artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal, establecen: «1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. […J Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas por flagrancia»; y, «2. Centros de Rehabilitación Social, en los que permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada «;

Que el artículo 679 del Código Orgánico Integral Penal determina que una persona detenida solo podrá ingresar en un centro de privación de libertad con orden de autoridad competente; que, en la aprehensión por flagrancia se deberá registrar los hechos y circunstancias que la motivaron; y, que el incumplimiento de estas obligaciones causará la imposición de la máxima sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil;

Que el artículo 683 del Código Orgánico Integral Penal establece que toda persona se someterá a un examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad y se le brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se realizará en una unidad de salud pública;

Que el artículo 685 del citado código, determina que la seguridad interna de los Centros de Privación de Libertad es competencia del cuerpo de seguridad penitenciario y la seguridad perimetral de la Policía Nacional;

Que el artículo 3 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece dentro de su ámbito de aplicación obligatoria para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social: (1) El cumplimiento de las medidas cautelares de dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. (2) La ejecución de apremios, de penas privativas de libertad y no privativas de libertad de conformidad con la ley y; […] (5). La custodia, seguridad, vigilancia y traslado de las personas privadas de libertad;

Que el artículo 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece que la Cartera de Estado encargada de justicia y Derechos Humanos, será la competente de la administración del sistema nacional de rehabilitación social, de los centros de privación de libertad que son parte del mismo, para lo cual emitirá las normas técnicas necesarias para su correcto funcionamiento en el ámbito de sus competencias; así como el nombramiento del personal de seguridad técnico y administrativo previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas;

Que el artículo 29 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece que para el ingreso de una persona a un Centro de Privación Provisional de Libertad, se exigirá una orden judicial de encarcelamiento, certificado de salud y el registro de detenidos de la Policía Nacional. Para los aprehendidos en flagrancia, no se exigirá la orden judicial de encarcelamiento pero en este caso se registrará los hechos y circunstancias que la motivaron. Para el ingreso de una persona privada de libertad a un Centro de Rehabilitación Social se verificará que exista una sentencia ejecutoriada»;

Que el artículo 34 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que la evaluación médica inicial consiste en una revisión general de la salud de la persona privada de libertad, la cual puede ser realizada en las unidades de salud ubicados en los centros de privación de la libertad, conforme al servicio establecido para cada tipo de Centro y, en el caso de personas detenidas en flagrancia, la evaluación será realizada en el establecimiento de la Red de Salud Pública (Red Pública Integral de Salud) más cercano al lugar de la detención; y,

Que es necesario regular el procedimiento de ingreso de personas mayores de edad detenidas o aprehendidas en delito o contravención flagrante o por la ejecución de una boleta u orden judicial vigente a los Centros de Privación de la Libertad a nivel nacional, y dotar a los agentes de seguridad penitenciaria y elementos de la fuerza pública de una herramienta normativa que defina su accionar, en estricto apego al régimen de derechos y garantías constitucionales y legalmente consagrados;

En ejercicio de la facultad conferida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerdan:

Expedir el «INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS DETENIDAS O APREHENDIDAS A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A NIVEL NACIONAL»

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.-El presente instructivo tiene por objeto normar el procedimiento para el ingreso, custodia y salida de personas mayores de edad detenidas o aprehendidas en los Centros de Privación de la Libertad a nivel nacional.

Artículo 2.- Ámbito.- Las normas establecidas en este instrumento serán de aplicación obligatoria a nivel nacional, para el personal que labora en los Centros de Privación de Libertad; para las y los servidores públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y, para las y los servidores policiales.

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación del presente instructivo se entenderá por:

16 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

1. Orden judicial.- Documento emitido por autoridad competente en donde se determina la situación jurídica de la o el detenido.
2. Examen médico.- Valoración del estado de salud y condición física de la persona detenida o aprehendida, realizado en unidades de salud ubicadas en los centros de privación de libertad o en un establecimiento de la Red Pública Integral de Salud más cercano al lugar de la detención o aprehensión, según el caso.
3. Parte policial web.- Documento generado electrónicamente a través del sistema informático operativo creado para la utilización del personal policial, en el cual constan los antecedentes y motivos de la detención o aprehensión de personas.
4. Registro de identidad de detenidos o aprehendidos.-

Proceso de identificación e individualización de la persona detenida o aprehendida a través del sistema informático de la Policía Nacional para obtener un dato indubitado de su identidad.

5. Registro de ingreso y salida.- Proceso a través del cual se registra en una bitácora, establecida para el efecto, en el que se detalla datos de la persona detenida o aprehendida que ingresa o sale de los Centros con su debida motivación, según sea el caso.

Artículo 4.- Del Traslado.- Proceso a través del cual, la persona detenida o aprehendida es trasladada por la o el servidor policial a la unidad de flagrancia o al Centro de Privación de Libertad más cercano al lugar donde se ejecutó su aprehensión o detención, según corresponda, una vez cumplido el procedimiento previo establecido en el artículo 5 del presente instructivo.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO PREVIO

PARA EL INGRESO AL CENTRO DE

PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 5.- Procedimiento Previo.- El personal que labora en los Centros de Privación de Libertad; las y los servidores públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y, las y los servidores policiales, realizarán el siguiente procedimiento en concordancia con el Anexo denominado Mapa del proceso de Ingreso y Salida de Personas Detenidas o Aprehendidas a los Centros de Privación de Libertad:

a) Una vez realizada la detención o aprehensión, la o el servidor policial, tiene la obligación de informarle sobre sus derechos y garantías previstas en al Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si la persona detenida o aprehendida es extranjera, la o el servidor policial procederá de conformidad con lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal, esto es brindarle el acceso a la comunicación con representantes diplomáticos o consulares de su país.

2. Inmediatamente, después de la detención o aprehensión la o el servidor policial transportará a la persona aprehendida o detenida a las entidades competentes para que se realice un examen médico.
3. Posteriormente, se realizará el registro de identidad correspondiente de la persona aprehendida o detenida.

Artículo 6.- Examen médico.- Producida la detención o aprehensión de una persona, la o el servidor policial deberá trasladarla hasta las unidades de salud ubicadas en los Centros de Privación de Libertad o establecimientos de la Red Pública Integral de Salud, más cercano al lugar donde se ejecutó la detención o aprehensión, con el fin de realizar la valoración del estado de salud y condición física correspondiente. De ser necesario, se le brindará atención y tratamiento según el caso amerite.

Artículo 7.- Registro de identidad.- Producida la detención o aprehensión de una persona, el servidor policial deberá realizar el respectivo registro y verificación de la identidad, haciendo uso de las herramientas tecnológicas previstas para el efecto.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA

Artículo 8.- Documentación de ingreso.- Para el ingreso de una persona detenida o aprehendida a un Centro de Privación de Libertad o Unidad de Flagrancia, la o el servidor policial deberá presentar a los Agentes de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de justicia, Derechos Humanos y Cultos, por medio físico o electrónico, la siguiente documentación:

1. Examen médico, con la certificación correspondiente;
2. Boleta u orden judicial de privación de libertad, de ser el caso; y,
3. Registro de aprehendidos o detenidos de la Policía Nacional.

En casos de flagrancia no se requerirá boleta u orden judicial. La o el policía aprehensor al ingreso, deberá elaborar el parte policial respectivo, en el que hará constar los hechos y circunstancias que motivaron la aprehensión, el que será puesto en conocimiento de la autoridad competente. La persona detenida o aprehendida quedará bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria.

Artículo 9.- Registro de información en los Centros de Privación de Libertad.- El personal del Ministerio de justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá realizar el registro de información en el sistema de ingresos, conforme las disposiciones determinadas en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Artículo 10.- Inventario y custodia de pertenencias.- Para

el ingreso de la persona detenida o aprehendida al Centro de Privación de Libertad o a la Unidad de Aseguramiento Transitorio, ésta última en el caso de flagrancia, se elaborará un acta entrega-recepción de objetos personales, la cual estará suscrita por la o el servidor policial que ejecutó la

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 17

detención o aprehensión, y el funcionario del MJDHC, dicha acta contendrá un detalle de los bienes y documentos personales que quedarán bajo custodia del funcionario del MJDHC, hasta su posterior devolución.

En el caso de que la persona detenida o aprehendida no firme dicha acta, conjuntamente con un testigo se sentará una razón por parte de la o el funcionario responsable del MJDHC indicando la motivación de la negativa de la persona detenida o aprehendida.

Artículo 11.- Procedimiento de salida.- Para la salida de la persona detenida o aprehendida se procederá con el registro de salida con indicación del motivo por el cual se procede a su libertad o excarcelación.

Para efectos de la devolución de los bienes y documentos personales se llevará un registro y se suscribirá un acta entrega recepción de los mismos, entre el funcionario del MJDHC y el propietario.

Cuando se otorgue la boleta constitucional de libertad o excarcelación física o electrónicamente a favor de la persona detenida o aprehendida, el personal del Centro deberá verificar con el personal responsable de la Policía Nacional, que sobre la persona no exista una boleta u orden judicial distinta emitida por autoridad competente, y que impida la salida del Centro de Privación de Libertad, para lo cual se emitirá la certificación correspondiente.

En el caso de existir una boleta u orden judicial de encarcelamiento vigente, el personal de seguridad penitenciaria del MJDHC procederá a la excarcelación inmediata y simultáneamente pondrá a la persona a órdenes de la Policía Nacional para que proceda con la detención, de conformidad con lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa pertinente.

CAPÍTULO IV

POLÍTICAS DE INTERCONECTIVIDAD

Artículo 12.- Interconectividad y uso de información. –

Para la interconectividad y uso de información a través de medios físicos o electrónicos, en el ámbito de sus competencias entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se establecen las siguientes obligaciones:

1. Generar las facilidades y seguridades tecnológicas para el intercambio y acceso de datos relacionados al ingreso y salida de personas detenidas o aprehendidas a centros de privación de libertad y centros de detención provisional, entre las instituciones.
2. Las aplicaciones de interconexión entre las instituciones deberán ser actualizadas de manera permanente, acción que será notificada de manera oportuna a cada contraparte con la debida documentación adjunta que se requiera para su utilización y ejecución.

Artículo 13.- Responsabilidades.- Las y los servidoras y servidores públicos darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, conforme lo determinado

en los artículos 226 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, considerando las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que podrían incurrir por acciones u omisiones, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo Interministerial a la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Policía del Ministerio del Interior, dentro de sus competencias y atribuciones.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General del MJDHC la notificación del presente Acuerdo Ministerial y publicación del mismo en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA- Encárguese a la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y a las Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Policía del Ministerio del Interior, para que en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial, se elaboren y generen los protocolos y documentos necesarios para el manejo de información entre ambas instituciones, de conformidad a la normativa vigente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA- Deróguese cualquier normativa o disposición de igual o menor jerarquía que sea contraria a las disposiciones del presente instrumento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial, con su respectivo anexo (Mapa del Proceso de Ingreso y Salida de Personas Detenidas o Aprehendidas a los Centros de Privación de Libertad), entrarán en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado y firmado en Quito, a los 29 días del mes de diciembre de 2017.

POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

f.) Dra. Rosana Alvarado Camón, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

f.) Ing. César Navas Vera, Ministro del Interior.

18 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 18 de enero de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General.

ANEXO

MAPA DEL PROCESO DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONA DETENIDAS O APREHENDIDAS A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 19

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 18 023

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características»;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana «;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…) «;

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN, están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, la Organización Internacional de Normalización-ISO, en el año 2015, publicó la Especificación Técnica Internacional ISO/TS 19407:2015 FOOTWEAR -SIZING – CONVERSIÓN OF SIZING SYSTEMS;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Especificación Técnica Internacional ISO/TS 19407:2015 como la Especificación Técnica Ecuatoriana ETE INEN-ISO/TS 19407:2017 CALZADO-TALLAS-CONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS DE TALLAS (ISO/TS 19407:2015, DDT);

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del

INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo; establecido en la Resolución 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. CYC-0027 de fecha 20 de diciembre de 2017, se procedió a la aprobación y oficialización de la Especificación Técnica Ecuatoriana ETE INEN-ISO/TS 19407:2017 CALZADO -TALLAS-CONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS DE TALLAS (ISO/TS 19407:2015, IDT);

Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)», en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Especificación Técnica Ecuatoriana ETE INEN-ISO/TS 19407 CALZADO – TALLAS -CONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS DE TALLAS (ISO/TS 19407:2015, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Especificación Técnica Ecuatoriana ETE INEN-ISO/TS 19407:2017 (Calzado – Tallas -Conversión de los sistemas de tallas (ISO/TS 19407:2015, IDT)), que se compone de tres tablas de conversión para la talla del zapato, que abarca los principales sistemas para la talla del zapato (Mondopoint, Europeo y Reino Unido, así como China, Japón y Estados Unidos). Las tablas se basan en la medición de la longitud del pie, es este el punto de partida lógico para cualquier sistema de marcado para la talla del zapato.

ARTÍCULO 2.- Esta especificación técnica ecuatoriana ETE INEN-ISO/TS 19407, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

20 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de enero de 2018.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- CERTIFICA- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de enero de 2018.-Firma: Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 18 024

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características»;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana «;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…) «;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CIRCULACIONES VERTICALES. ASCENSORES;

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo; establecido mediante Resolución 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico, realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad, de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0183 de fecha 02 de enero de 2018, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CIRCULACIONES VERTICALES. ASCENSORES;

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem el cual establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)», en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CIRCULACIONES VERTICALES. ASCENSORES, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139 (Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones verticales. Ascensores), que establece las dimensiones máximas y/o mínimas, y las características generales que deben cumplir los ascensores para asegurar su acceso y uso seguro para todas las personas.

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 21

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CIRCULACIONES VERTICALES. ASCENSORES, en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 3139, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de enero de 2018.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- CERTIFICA.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de enero de 2018.-Firma: Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 18 025

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características «;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas;

y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana «;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…) «;

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN, están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, el Comité Europeo de Normalización-CEN, en el año 1998 publicó la Norma EN 1891:1998 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR THE PREVENTION OF FALLS FROM A HEIGHT. LOW STRETCH KERNMANTEL ROPES;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, suscribió el 25 de junio del 2015 un Convenio de Colaboración con la Asociación Española de Normalización y Certificación – AENOR;

Que, los derechos de autor de este documento normativo pertenecen a la Asociación Española de Normalización-UNE, debido a una reestructura de la Asociación Española de Normalización y Certificación-AENOR efectiva a partir de enero del 2017;

Que, esta Norma Técnica Ecuatoriana es la versión en español de la Norma Europea EN 1891:1998, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR THE PREVENTION OF FALLS FROM A HEIGHT. LOW STRETCH KERNMANTEL ROPES, que fue traducida por la Asociación Española de Normalización y Certificación -AENOR y tiene la misma validez de las versiones oficiales;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, adoptada la Norma EN 1891:1998 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-EN 1891:2017 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS DESDE UNA ALTURA. CUERDAS TRENZADAS CON FUNDA, SEMIESTÁTICAS (EN 1891:1998, IDT);

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo, establecido en la Resolución 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad, de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. TUR-0013

22 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

de fecha 10 de enero de 2018, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-EN 1891:2017 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS DESDE UNA ALTURA. CUERDAS TRENZADAS CON FUNDA, SEMIESTÁTICAS (EN 1891:1998, IDT);

Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal 1) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)», en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-EN 1891 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS DESDE UNA ALTURA. CUERDAS TRENZADAS CON FUNDA, SEMIESTÁTICAS (EN 1891:1998, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley.

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-EN 1891 (Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas (EN 1891:1998, IDT)), que se aplica a cuerdas textiles, compuestas de alma y funda trenzada y bajo coeficiente de alargamiento, de 8,5 mm a 16 mm de diámetro, utilizadas por personas en operaciones de acceso mediante cuerda así como en todo tipo de sujeción y retención en el puesto de trabajo; igualmente en operaciones de salvamento y espeleología. Se definen dos tipos de cuerdas de alma y funda trenzada: las cuerdas tipo A y las cuerdas tipo B. Esta norma específica los requisitos, ensayos, marcado e información que debe suministrar el fabricante, incluidas las instrucciones de uso, de estas cuerdas de alma y funda trenzada y bajo coeficiente de alargamiento.

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-EN 1891, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de enero de 2018.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- CERTIFICA- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de enero de 2018.-Firma: Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 18 026

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características «;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana «;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…) «;

Que, el literal e) del Artículo 15 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad otorga al INEN la función de: «e) Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de normalización, reglamentación técnica y de metrología; (…)»;

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 23

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, suscribió el 1 de diciembre del 2016 un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información MINTEL y el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN.

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, la Organización Internacional de Normalización-ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional-IEC en el año 2008, publicó la Norma Internacional ISO/IEC 24767-1:2008 INFORMATION TECHNOLOGY – HOME NETWORK SECURITY – PART 1: SECURITY REQUIREMENTS;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, adoptó la Norma Internacional ISO/IEC 24767-1:2008 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTEINEN-ISO/IEC 24767-1:2017 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – SEGURIDAD DE LAS REDES DOMÉSTICAS – REQUISITOS DE SEGURIDAD (ISO/IEC 24767-1:2008, IDT);

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución No. 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad, de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. THS-0066 de fecha 09 de enero de 2018, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 24767-1:2017 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – SEGURIDAD DE LAS REDES DOMÉSTICAS – REQUISITOS DE SEGURIDAD (ISO/IEC 24767-1:2008, IDT);

Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)», en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 24767-1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – SEGURIDAD DE LAS REDES DOMÉSTICAS – REQUISITOS DE SEGURIDAD (ISO/IEC 24767-1:2008, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley.

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 24767-1 (Tecnologías de la información — Seguridad de las redes domésticas — Requisitos de seguridad (ISO/IEC 24767-1:2008, IDT)), que especifica los requisitos de seguridad de redes domésticas que pueden estar al interior o al exterior del hogar. Sirve como una base para el desarrollo de servicios de seguridad contra amenazas que afectan el entorno doméstico.

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 24767-1, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de enero de 2018.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- CERTIFICA- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de enero de 2018.-Firma: Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 18 027

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios

24 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características «;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana «;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…) «;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN, entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2888 TEXTILES. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS HILOS;

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución No. 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. CYC-0029 de fecha 09 de enero de 2018, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2888 TEXTILES. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS HILOS;

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem el cual establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos

de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)», en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2888 TEXTILES. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS HILOS, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2888 (Textiles. Descripción y designación de los hilos), que describe los tipos de hilados y establece los métodos y símbolos para la designación de los hilos para la industria textil.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2888 TEXTILES. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS HILOS, en la página web de esa institución, www. normalización. gob. ec.

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2888, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de enero de 2018.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- CERTIFICA- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de enero de 2018.-Firma: Ilegible.

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 25

No. 0106

Mgs. César Navas Vera MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «A las ministras » y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el párrafo cuarto del artículo 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «(…) Para efectuar reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja (…) «;

Que, el artículo 208 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público determina que: «Cuando una servidora o servidor de libre nombramiento o remoción se desplace a cumplir tareas oficiales de capacitación y/o actualización de conocimientos en reuniones, conferencias o visitas de observación dentro o fuera del país, se le concederá comisión de servicios con remuneración, percibiendo viáticos, subsistencias, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure dicha comisión desde la fecha de salida hasta el retorno (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo del 2017, artículo primero, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra al Magíster César Antonio Navas Vera como Ministro del Interior;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. «;

Que, conforme el Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 112 de 13 de octubre de 2017, la Misión de este Portafolio de Estado es garantizar la seguridad ciudadana

convivencia pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana con una visión integral que sitúa al ser humano en su diversidad como sujeto central para alcanzar el Buen Vivir;

Que, en el artículo 6 del Acuerdo No. 0026 de la Secretaría General de la Presidencia de la República de fecha 29 de agosto de 2017, con el que se expide el Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior de los Servidores Públicos de las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), consta el cuadro sobre «VIAJES AL EXTERIOR» estableciendo que todo servidor público, incluido el nivel jerárquico superior, no considerado en los numerales 1,2 y 3 de dicho instrumento será autorizado por la máxima autoridad de la institución o su delegado;

Que, con memorando No. MDI-DM-2017-080 de 24 de marzo de 2017, el Ministro del Interior subrogante dispuso la comisión de servicios al exterior como comisión técnica al analista Marco Santiago Dávila Oña quien asistió a la IV Reunión de Ministros y XI Reunión de Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional del UNASUR efectuada en Caracas-Venezuela;

Que, mediante resolución No. DATH-2017-1036 de 26 de marzo de 2017, la Dirección de Administración de Talento Humano del Ministerio del Interior emitió dictamen favorable para conceder comisión de servicios con remuneración, por viaje al exterior del analista Marco Santiago Dávila;

Que, con memorando No. MDI-CGAF-DF-2017-0188 de 05 de abril de 2017, la Directora Financiera del Ministerio del Interior emite la certificación para financiar el pago de viáticos y pasajes al exterior por el valor de USD 3523,95 con aplicación a las partidas presupuestarias denominadas «Viáticos y subsistencias y Pasajes al exterior» para la comisión de servicios de la Dra. Carina Arguello Moscoso y señor Santiago Dávila Oña a Caracas, Venezuela;

Que, mediante solicitudes de viaje al exterior Nos. 56501 de 04 de mayo de 2017 suscrito por Sr. Ab. Diego Xavier Fuentes Acosta, Ministro Subrogante, a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 1084 de 06 de marzo de 2015 que contiene la reforma al Reglamento de Viajes al Exterior; y, en el Exterior de los Servidores Públicos de las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID) expedido con Acuerdo Ministerial No. 998 de 23 de diciembre de 2014, emitió la autorización extemporánea del viaje del señor Marco Santiago Dávila Oña, en los parámetros ahí establecidos; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,

26 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Resuelve:

Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios con remuneración por viaje al exterior del señor Marco Santiago Dávila Oña del 26 al 29 de marzo de 2017, quien a la fecha de la comisión asistió a la IV Reunión de Ministros y XI Reunión de Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional del UNASUR, celebrada en Caracas-Venezuela considerando el tiempo adicional requerido por razones de logística.

Artículo 2.- Los servidores indicados deberán presentar el informe ejecutivo concreto y específico de la comisión de servicios al exterior al Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática-SIGOB de la Presidencia de la República.

Artículo 3.- Los gastos que demandó este desplazamiento serán legalizados del presupuesto del Ministerio del Interior.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 02 de enero de 2018.

f.) Mgs. César Navas Vera, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 18 de enero de 2018.- f) Ilegible, Secretaría General.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Nro. MDT-2018-0014

Abg. Andrés Madero VICEMINISTRO DEL SERVICIO PÚBLICO

Considerando:

Que, el artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador establece que ‘ ‘La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía.

La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y

organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, Interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en el artículo 3 establece el ámbito de aplicación obligatoria de esta Ley a todas las entidades, instituciones y organismos del Sector Público descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República, determinando en el numeral 1 los organismos y dependencias de la Función Electoral; y, en el párrafo primero a continuación del numeral 4 dispone que todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios;

Que, el artículo 16 inciso primero de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que para laborar en el sector público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido;

Que, el artículo 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público prescribe: «(…) Pago por horas extraordinarias o suplementarias.- Cuando las necesidades institucionales lo requieran, y existan las disponibilidades presupuestarias correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos contemplados en el Artículo 3 de esta Ley, a laborar hasta un máximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta suplementarias al mes.

No se obligará a la servidora o servidor público a trabajar horas extraordinarias o suplementarias sin el pago correspondiente.

Por necesidad de la administración pública debidamente justificada, la jornada de trabajo podrá exceder el límite de la jornada ordinaria prevista en el artículo 25 de esta ley, siempre que se cuente con la autorización de la máxima autoridad de la institución o su delegado. (…) «;

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la LOSEP establece: «Los dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico superior, no percibirán el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Se exceptúan las servidoras y servidores de carrera y de contrato ocasional de la Función Electoral, que sí los recibirán mientras dure el proceso electoral, en el año que se realicen elecciones populares. «;

Que, la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 578, de 27 de abril de 2009, en el artículo 18 recoge lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución de la República del

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 27

Ecuador, estableciendo que la Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral;

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la Democracia estipula que: «A todo acto electoral, precederá la correspondiente convocatoria que será publicada en el Registro Oficial. (…) «;

Que, el artículo 85 de la Ley Orgánica ibídem señala que «El Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria para las elecciones, con al menos ciento veinte días de anticipación al de las votaciones, excepto en los casos que la Constitución y la ley prevean plazos distintos. (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 135, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 76, de 11 de septiembre de 2017, se emiten las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público;

Que, mediante el referido Decreto, en su artículo 10 determina: «(…) Racionalización del pago por horas extraordinarias y suplementarias.- La planificación de las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal de cada institución que se encuentren sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público será autorizada por la máxima autoridad o su delegado, hasta un monto de 30 horas al mes, entre horas suplementarias y extraordinarias, basada en la debida justificación de la necesidad emitida por el responsable del área; sin perjuicio de lo cual, los servidores deberán cumplir con las tareas asignadas dentro de la jornada ordinaria de trabajo. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 229, publicado en el Registro Oficial No. 133, de 4 de diciembre de 2017, el Señor Presidente de la República, realiza la convocatoria a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a Referéndum;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 230, publicado en el Registro Oficial No. 133, de 4 de diciembre de 2017, el Señor Presidente de la República, realiza la convocatoria a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a Consulta Popular;

Que, mediante Resolución No. PLE-CNE-2-1-12-2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, resolvió aprobar el Plan Operativo, Cronograma, Matriz de Riesgo y contingencia, Disposiciones Generales, Convocatoria y Presupuesto para el Referéndum y Consulta Popular 2018;

Que, mediante Resolución No. PLE-CNE-4-1-12-2017, de fecha 1 de diciembre de 2017, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, resolvió declarar el inicio del periodo electoral, para el Referéndum y Consulta Popular 2018, desde dicha fecha, hasta que los resultados definitivos se encuentren en firme;

Que, el Consejo Nacional Electoral es el responsable de la organización de los procesos electorales y en virtud de sus atribuciones y competencias, realiza una serie de actividades para la coordinación y ejecución de las fases pre-electoral, electoral, pos-electoral que exceden los horarios de la jornada legal de trabajo;

Que, para la ejecución del período electoral para el Referéndum y Consulta Popular del año 2018, se requiere la participación del personal de determinadas instituciones que por su misión están relacionadas con las potestades que cumple el Consejo Nacional Electoral;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0178, de 14 de noviembre de 2017, el Ministro del Trabajo delega al Viceministro del Servicio Público para aprobar el informe de las entidades públicas determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que requieran exceder el límite sobre horas suplementarias o extraordinarias determinado en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre de 2017;

Que, mediante Oficio No. CNE-PRE-2017-0555-Of, de 07 de diciembre de 2017; el Consejo Nacional Electoral, solicita «se disponga y autorice en base a la declaratoria de período electoral para la Consulta Popular y Referéndum 2018, que este Órgano Electoral, y demás instituciones del sector público que brindarán soporte en este proceso eleccionario, puedan acogerse a laborar en horas suplementarias y extraordinarias «;

Que, mediante Oficio No. MEF-VGF-2018-0011-O de 23 de enero de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público, emitió el dictamen presupuestario favorable, previo a la expedición del presente Acuerdo; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 3 y 51 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público,

Resuelve:

Art. 1.- Autorizar que durante el desarrollo de las fases pre-electoral, electoral y pos-electoral del proceso de Referéndum y Consulta Popular 2018; a las y los servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, Instituto Geográfico Militar, Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y Policía Nacional, que brinden soporte en dicho proceso eleccionario se excluyan de la aplicación del artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 135, de 01 de septiembre de 2017; pudiendo laborar de forma excepcional hasta un máximo de 60 horas suplementarias y 60 horas extraordinarias en el mes, de conformidad con el artículo 114 de la LOSEP, mientras dure el período electoral.

Art. 2.- Para solicitar el pago correspondiente a horas suplementarias y horas extraordinarias las y los servidores deberán presentar un informe de los productos obtenidos, previa autorización de la autoridad nominadora institucional o su delegada o delegado.

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de enero de 2018.

f.) Abg. Andrés Madero, Viceministro del Servicio Público.

28 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

No. ARCOTEL-2017-1279

LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y

CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Considerando:

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (…)2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación».

Que, el artículo 52 Constitución de la República del Ecuador menciona que: «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor».

Que, la Norma suprema en su artículo 66 numeral 21 reconoce y garantiza a las personas entre otros: «El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. «.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución».

Que, la Constitución de la República en su artículo 227 prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planifi­cación, transparencia y evaluación.

Que, la Constitución de la República en su artículo pertinente manda: «Art. 314.-El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.- El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. «.

Que, la Norma Suprema dispone: «Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. «

Que, con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial No. 439 del 18 de febrero de 2015, se creó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como la entidad pública para que a nombre del Estado sea la encargada de la administración, regulación y control de los servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece como obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, entre otras lo siguiente: «Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus servicios.

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en los títulos habilitantes.

(…)

24. Contar con planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad con la Ley. (…)»

Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece lo siguiente: «Artículo 86.- Obligatoriedad. Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y, garantizarlos derechos de los usuarios y prestadores (…)».

Que, el numeral 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prohíbe «El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación de los servicios o los derechos de los usuarios. (…)».

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 29

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 de la letra a del artículo 117 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la comercialización o la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas, corresponde a una infracción de primera clase, para personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes comprendido en el ámbito de dicha Ley.

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del literal a del artículo 118 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, causar interferencias perjudiciales corresponde a una infracción de segunda clase, para personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes comprendido en el ámbito de dicha Ley.

Que, el artículo 142 de la LOT, crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL, como la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.

Que, En el ámbito de gestión de la ARCOTEL, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que la misma contará con un Directorio y un Director/a Ejecutivo/a, a quienes ha otorgado atribuciones diferentes y expresas; para el caso del Directorio, las atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 148, en cuyo numeral 4, se le faculta a: «Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. «.

Que, el Artículo 42 del Reglamento general a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones determina que «La ARCOTEL será responsable de la administración, regulación y control del espectro radioeléctrico, planificando el uso del mismo para los servicios del régimen general de telecomunicaciones, considerando lo establecido en la Constitución de la República, la Ley, el presente Reglamento General y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales competentes en materia de radiocomunicación. La ARCOTEL establecerá la atribución del espectro de conformidad con las recomendaciones, planes o reglamentos de la UIT, así como su uso a través del Plan Nacional de Frecuencias y de las regulaciones que emita para el efecto

Que, con Resolución 133-05-CONATEL-2007 del 22 de febrero de 2007 se prohíbe la utilización y comercialización de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano, salvo casos excepcionales autorizados por el ex-CONATEL, previo el respectivo informe técnico y legal elaborado por la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Que, con Resolución 001-TEL-C-CONATEL-2011 del 10 de enero del 2011 se permite la instalación y operación

de antenas inhibidoras de señal telefónica celular en los Centros de Rehabilitación Social, así como en las agencias o locales de las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional.

Que, con Resolución-TEL-307-13-CONATEL-2013 del 28 de mayo del 2013, se autoriza al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la instalación y operación de equipos que inhiban las señales de cualquier sistema de radiocomunicaciones dentro del área de los Centros de Rehabilitación Social del país, ampliando la autorización inicial que solamente aplicaba a la señal de telefonía celular.

Que, con Oficio Nro. MINTEL-STTIC-2017-0255-O de 20 de noviembre de 2017, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Rector del sector, remite el «Informe de recomendaciones para la actualización de las resoluciones relacionadas con los inhibidores de señal», del cual se resumen las siguientes recomendaciones:

• Derogar las resoluciones que autorizan el uso de inhibidores en entidades financieras y que se revierta la autorización de operación de los equipos inhibidores que se encuentran operando.
• Se recomienda el uso de inhibidores en centros de rehabilitación social y en aquellas instalaciones gubernamentales en las cuales se maneje información de carácter sensible o confidencial que pueda tener impacto sobre la seguridad pública o nacional.
• Que se haga uso de alternativas tecnológicas y no tecnológicas que permitan mejorar la seguridad en los diferentes sitios, sin coartar el derecho de los ciudadanos a utilizar servicios de telecomunicaciones en situaciones de emergencia.

Que, mediante Memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2017-0483-M del 18 de diciembre de 2017, la Coordinación Técnica de Regulación remitió a consideración del Director Ejecutivo de la ARCOTEL, el «Informe sobre la Operación de Equipos Inhibidores de Señal del SALA», mismo que se encuentra sustentado con memorando ARCOTEL-CJUR-2017-0759 del 07 de diciembre de 2017.

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Avocar conocimiento y acoger el «Informe sobre la Operación de Equipos Inhibidores de Señal del SALA», presentado por la Coordinación Técnica de Regulación mediante Memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2017-0483-M del 18 de diciembre de 2017 y sustentado con memorando ARCOTEL-CJUR-2017-075 9 del 07 de diciembre de 2017.

Artículo 2.- Derogar las Resoluciones

133-05-CONATEL-2007 del 22 de febrero de 2007, 001-TEL-C-CONATEL-2011 del 10 de enero de 2011 y TEL-307-13-CONATEL-2013 del 28 de mayo de 2013.

30 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Artículo 3.- Prohibir la utilización de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano y dejar sin efecto todos los certificados de registro emitidos para la operación de equipos inhibidores de señal del SMA para entidades del sistema financiero nacional. Los trámites para la obtención de certificados de registro para la operación de equipos inhibidores de señal de entidades del sistema financiero nacional deberán ser archivados.

Se dispone que todas las entidades del sistema financiero nacional deberán dejar de utilizar los equipos inhibidores de señal y proceder a su desinstalación de manera inmediata. Para el efecto, las entidades del sistema financiero nacional deberán notificar la desinstalación mencionada a la ARCOTEL, en un tiempo máximo de 60 días calendario, contados a partir de la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial. Posteriormente, la ARCOTEL procederá a las acciones de control que estime pertinentes.

Artículo 4.- Permitir el uso de equipos inhibidores de señal en el interior de los centros de rehabilitación social regional y local, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL para la instalación de los inhibidores de señal, particularmente, a través de la aprobación de un adecuado estudio de ingeniería y protocolos de pruebas para su instalación, con la obligación de no generar interferencias en el exterior del centro de rehabilitación social.

Artículo 5.- Permitir de manera excepcional el uso de equipos inhibidores de señal en aquellas instituciones gubernamentales en las cuales se maneje información de carácter sensible o confidencial que pueda tener impacto sobre la seguridad pública o nacional, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL para la solicitud, aprobación e instalación de los inhibidores de señal, particularmente, a través de la aprobación de un adecuado estudio de ingeniería y protocolos de pruebas para su instalación, con la obligación de no generar interferencias en el exterior de dichas instituciones.

Artículo 6- La ARCOTEL, en función de sus responsabilidades, realizará la gestión del trámite para la instalación de inhibidores en las instituciones definidas en los artículos 4 y 5 de esta Resolución y en un período de 90 días calendario, determinará los requisitos y procedimiento para su solicitud y registro, así como los protocolos de pruebas para su instalación, aprobación y control posterior.

Artículo 7.- Notificar la presente Resolución, a través de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, a las Coordinaciones Generales, Direcciones Técnicas, Coordinaciones y Oficinas Zonales de la ARCOTEL, así como a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos.

La presente Resolución es de ejecución inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de diciembre de 2017.

f.) Mgs. Washington Cristóbal Carrillo Gallardo, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES- CERTIFICO.- Que este documento es copia del que reposa en los archivos de la institución.- 4 fojas.- Quito, 30 de enero de 2018.- f.) Ilegible.

Nro. BCE-GG- 042-2018

LA GERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que el inciso tercero del artículo 303 de la Constitución de la República prescribe: «El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la Ley»;

Que el artículo 49 del Código Orgánico Monetario y Financiero dice: «Funciones del Gerente General. El Gerente General del Banco Central del Ecuador tendrá las siguientes funciones: 1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Banco Central del Ecuador»;

Que el artículo 10 ibídem en sus incisos primero y segundo señalan: «Jurisdicción coactiva. Concédase a las Superintendencias, a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, al Banco Central del Ecuador, a las entidades del sector financiero público, la jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de obligaciones a su favor o de terceros, que será ejercida por el representante legal de dichas entidades.

El ejercicio de la jurisdicción coactiva podrá ser delegado a cualquier servidor de la entidad mediante el acto correspondiente. (…)»;

Que el numeral 2 del artículo 49 del Código Orgánico Monetario y Financiero enuncia como funciones del Gerente General: «2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión técnica, operativa y administrativa del Banco Central del Ecuador, para lo cual expedirá los reglamentos internos correspondientes.»;

Que el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada determina: «DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 31

lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común»;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone lo transcrito a continuación respecto de la delegación de atribuciones:

«Art.55.- LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

«Art. 56.- Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación».

«Art. 57.- La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó».

«Art. 59.- RESOLUCIONES POR DELEGACIÓN.-Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa».

«Art. 60.- DE LA AVOCACIÓN.- Los organismos administrativos jerárquicamente superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por atribución propia o por delegación a los órganos dependientes, cuando lo estimen pertinente por motivos de oportunidad técnica, económica, social, jurídica o territorial».

«Art. 62.- SUSTITUCIÓN.- El superior jerárquico podrá sustituir al inferior en el cumplimiento de los actos administrativos de competencia de éste.»

Que con fecha 25 de junio del 2015 se dictó el Decreto Ejecutivo Nro. 705 publicado en el Registro Oficial Nro. 546 del 17 de julio del 2015, mediante el cual se suprimió la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad y en su artículo 2 dispuso: «Transfiéranse todas las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos»; y,

Que Mediante Resolución 386-2017-G de 1 de junio de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera designó a la Economista Verónica Elizabeth Artola Jarrín como Gerente General del Banco Central del Ecuador.

Con sustento en las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley:

Resuelve:

Artículo Único.- Delegar al doctor Guido Agustín Bravo Dolberg y a la abogada Andrea Verónica Palma Villegas, para que a su nombre y representación, ejerzan la jurisdicción coactiva en calidades de Jueces de Coactiva del Banco Central del Ecuador, dentro del ámbito nacional, con sujeción al Código Orgánico Monetario y Financiero, a las Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, al Código Orgánico General de Procesos, a los Reglamentos pertinentes y a las instrucciones que imparta la Gerente General; y, con base en esta Delegación puedan:

1. Ejercer la Jurisdicción Coactiva prevista en la Sección Trigésima, del Título II del Libro II, del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 10 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
2. Ejercer las funciones de Juez de Coactiva para la recuperación de créditos y demás obligaciones que, por cualquier concepto, se deba al Banco Central, o a terceros, entre las que se incluyen las que provengan de los procesos y operaciones derivados de la crisis bancaria suscitada en el año 1.999.
3. Designar Secretarios de Coactiva, Depositarios Judiciales y Peritos Avaluadores dentro de los juicios coactivos a su cargo.
4. Solicitar a la Dirección de Patrocinio del Banco Central el inicio de las acciones judiciales para la declaración de quiebra o insolvencia de los deudores.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico General de Procesos, COGEP, los procedimientos coactivos se seguirán sustanciando de acuerdo al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, y en tal consideración esta Delegación constituye una Orden General de Cobro, según lo determinado en el artículo 946 del referido Código.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a 19 de enero de 2018.

f.) Econ. Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central del Ecuador.

32 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Certifico fiel copia de los documentos que reposan en el archivo central de la institución.- A 3 fojas.- Fecha: 25 de enero de 2018.- f.) Ilegible, Dirección de Gestión Documental y Archivo, Banco Central del Ecuador.

Nro. INEVAL-INEVAL-2018-0003-R

Quito, 22 de enero de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

Considerando:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, establece: «La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado (…)»;

Que, el artículo 345 de la misma Constitución, dispone: «La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares

(~r,

Que, el artículo 346 de la Constitución Ibídem, determina: «Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación (…)»;

Que, el artículo 349 Ibídem, señala: «El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo con la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles»;

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prescribe: «Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: (…) g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos»;

Que, el artículo 67 de la misma Ley, manda: «De conformidad con lo dispuesto en el articulo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación.- Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por su propios estatutos y reglamentos «.;

Que, el artículo 68 Ibídem, dispone: «El Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes (…)»;

Que, el artículo 69 Ibídem, indica las funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otras: «h. Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas las evaluaciones realizadas. Estos resultados servirán como insumos para el diseño de políticas de mejoramiento de la calidad educativa y para la verificación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo (…) «;

Que, el artículo 70 Ibídem, establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa esté constituido por niveles de decisión, ejecución, asesoría y operatividad; y, contará con la estructura técnica, académica y operativa necesaria para cumplir efectivamente su objetivo, de conformidad con sus respectivos estatutos y reglamentos;

Que, de acuerdo con el artículo 71 de la citada Ley Orgánica de Educación Intercultural «(…) la máxima instancia de decisión del Instituto será la Junta Directiva (…)»

Que, como determina el artículo 74 de la Ley Ibídem, el Director/a Ejecutivo de Ineval es «…el o la representante legal, judicial y extrajudicial del Instituto. ..Será nombrado o nombrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (…)»

Que, el artículo 15 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prescribe: «El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que sirvan de marco para el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que deben ser utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa»;

Que, el artículo 16 del Reglamento General citado, manda: «El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional»;

Que, en el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento Ibídem, se indica que es función y atribución del Ineval: «Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados de las evaluaciones del Sistema Nacional de Educación»;

Que, el 21 de noviembre del 2017, la Junta Directiva de Ineval nombró a la doctora Josette Arévalo Gross como Directora Ejecutiva de Ineval.

En ejercicio de las atribuciones legales,

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 33

Resuelve:

Expedir el Reglamento para la Ejecución de las

Evaluaciones Realizadas por el Instituto Nacional de

Evaluación Educativa -Ineval- en Sedes

Objeto, Ámbito y Generalidades

Artículo 1.- Objeto. Normar la ejecución de las evaluaciones aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa -Ineval-.

Artículo 2.- Ámbito. Rige para los servidores de Ineval, actores del proceso de aplicación y sustentantes.

Artículo 3.- Seguridad. Ineval adoptará las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la confiabilidad y la transparencia de las evaluaciones, para lo cual se establecerán mecanismos técnicos conforme al proceso de evaluación.

Artículo 4.- Definiciones. En el presente Reglamento se considerarán las siguientes definiciones:

Actor de la aplicación: Persona que intervenga en cualquiera de las fases de la ejecución de la evaluación, excepto los sustentantes.

Aplicación: Acción de ejecutar la evaluación.

Aplicador: Persona responsable de llevar a cabo la correcta ejecución de la aplicación en un laboratorio o aula, velando por la seguridad y confidencialidad de los instrumentos de evaluación.

Aplicativo: Software desarrollado para la aplicación de los instrumentos para las diferentes evaluaciones del Sistema Educativo Nacional, el mismo que necesita claves de acceso con el fin de garantizar la confidencialidad de la información

Atención asistida: Opción con la que cuentan los sustentantes con discapacidad que necesariamente dependen de otra persona para poder desarrollar sus actividades diarias, mediante la cual, se debe priorizar la atención al momento de su ingreso, en su ubicación óptima dentro del laboratorio y en la entrega de sus resultados, quienes podrán realizar la evaluación con un tipo de apoyo determinado.

Aula: Sala de una institución educativa donde se imparte clases.

Confidencialidad: Cualidad o propiedad de la información que asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las personas autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que garantizan la seguridad en el manejo de esa información.

Clave: Código alfanumérico que sirve para acceder al aplicativo de la evaluación.

Deshonestidad académica: Todo acto que se presente antes, durante o después de la evaluación, en el que se muestre como propios productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del sustentante, o incurrir en cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor

del sustentante. Inclusive los actos de plagio, trampa, copia, sustracción del aplicativo, divulgación de la información o fraude.

Evaluación: Aplicación sistemática de métodos analíticos para responder a preguntas sobre las operaciones y resultados de una iniciativa, relacionándolo con las metas propuestas y los recursos utilizados.

Evaluación Educativa: Es un proceso sistemático de tipo comparativo, cuyo fin es recopilar información útil para la toma de decisiones, sean éstas orientadas a la mejora de políticas públicas educativas o de impacto directo sobre el sujeto evaluado.

Instrumento de evaluación: Documento o entorno digital elaborado con fines específicos para evaluar a un grupo determinado.

Laboratorio: Aula de informática, en donde se aplican las evaluaciones.

Nota: Calificación otorgada al sustentante de acuerdo al número de aciertos obtenidos, aplicando una regla y método de cálculo para establecer su categorización.

Ratificación de resultado: El sustentante conserva la nota que se encontraba registrada en la base de datos de Ineval, previo al procedimiento de revisión de notas.

Rectificación de resultado: La nota del sustentante será modificada conforme los lineamientos establecidos en el procedimiento de revisión de notas del presente reglamento.

Sede: Lugar que constituye el centro de concentración de un grupo de sustentantes, en donde se realizará la evaluación.

Sesión: Tiempo determinado para la evaluación de un sustentante, comprende desde el ingreso del sustentante hasta la entrega de la hoja de respuestas.

Sustentante: Persona convocada y habilitada para ser evaluada.

Suspensión: Hecho por el cual el sustentante no continúa con el proceso de aplicación.

Artículo 5.- Personal encargado de la aplicación de la evaluación. La aplicación estará a cargo de los actores del proceso de aplicación determinados por Ineval según el Instructivo de aplicación de la evaluación correspondiente.

Los actores del proceso de aplicación previa a la aplicación de las evaluaciones, suscribirán la declaración y acuerdo de confidencialidad, conforme las condiciones y normativa que emita Ineval, obligándose a su cumplimiento, así como, a la normativa de Ineval que regule la confidencialidad de la información.

Artículo 6.- Atribuciones de los actores del proceso de aplicación. Los actores del proceso de aplicación, de acuerdo a la responsabilidad de su rol, según el Instructivo de aplicación de la evaluación correspondiente, tendrán las siguientes atribuciones:

34 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

1. Cumplir con la declaración y acuerdo de confidencialidad suscrita;
2. Verificar la funcionalidad de equipos necesarios para la ejecución de la evaluación;
3. Generar y remitir la documentación e informes de los procesos de evaluación;
4. Ejecutar las actividades designadas por Ineval;
5. Portar los documentos oficiales de identificación determinados por Ineval;
6. Mantener un comportamiento adecuado y cordial;
7. Asistir puntualmente al lugar, fecha y hora previamente convocada;
8. Cuidar de los equipos y materiales entregados para las evaluaciones;
9. Reportar oportunamente situaciones que afecten el normal desarrollo de la evaluación; y,
10. Precautelar que el proceso de evaluación se desarrolle de manera segura, confiable y transparente.

Artículo 7.- Prohibiciones de los actores del proceso de aplicación. Se prohíbe a los actores del proceso de aplicación:

1. Entregar a terceros la información proporcionada por Ineval;
2. Incumplir con la declaración y acuerdo de confidencialidad suscrita;
3. Dar declaraciones a la prensa sin autorización;
4. Apropiarse ilegalmente del contenido de los instrumentos de evaluación, a través de cualquier medio físico o electrónico;
5. Difundir por cualquier medio físico o electrónico el contenido del instrumento de evaluación;
6. Presentarse a la evaluación bajo efectos de sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas;
7. Ingresar a la sede de evaluación con armas de fuego, corto punzantes u otras que puedan causar daños; y,
8. Ausentarse del lugar de las evaluaciones sin autorización.

Artículo 8.- Asistencia policial. Ineval podrá solicitar al Ministerio del Interior la presencia de la policía, para brindar seguridad en las sedes y que permita el correcto desarrollo de las jornadas de evaluación.

De las Evaluaciones

Programación y ejecución

Artículo 9.- Programación de las evaluaciones. Ineval y las instituciones requirentes programarán las evaluaciones, las cuales serán notificadas oportunamente a los sustentantes y actores del proceso de aplicación.

En acuerdo con la institución requirente definirá los actores de la aplicación y la responsabilidad de cada uno de ellos.

La institución requirente enviará a Ineval una base de datos con la información del sustentante y de los actores de la aplicación que se requiera, de acuerdo a los parámetros establecidos por Ineval.

Artículo 10.- Programación de personas con discapacidad que requieran atención asistida. La entidad requirente deberá proveer a Ineval del listado de sustentantes que requieran atención asistida dentro de un plazo acordado con Ineval. El tipo de apoyo disponible para la atención asistida se determinará en el instructivo de aplicación correspondiente.

Artículo 11.- Cobertura de la evaluación. Las evaluaciones se rendirán en las sedes establecidas para el efecto, y que son: unidades educativas, universidades públicas, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos u otras que determine la institución requirente o Ineval, según corresponda.

Las sedes contarán con la infraestructura y equipamiento informático apto para las evaluaciones.

Artículo 12.- Convocatoria. Las convocatorias para los procesos de evaluación serán notificadas por la institución requirente, de manera general a través de los medios oficiales que se establezcan. Ineval podrá informar sobre las convocatorias en sus medios oficiales, en acuerdo con la institución requirente.

La convocatoria deberá indicar el lugar, la fecha y hora de la evaluación. El sustentante deberá presentarse a la sede asignada con al menos 30 minutos de anticipación.

Artículo 13.- Desarrollo de las evaluaciones. En el lugar, fecha y hora programados para la evaluación, el sustentante entregará al aplicador el documento oficial de identificación. El aplicador verificará que conste en el registro de sustentantes convocados y una vez identificado, el sustentante registrará su asistencia en presencia del aplicador. Los documentos oficiales de identificación serán custodiados por el aplicador hasta finalizar la sesión de la evaluación.

Cuando la evaluación se realice con aplicativo, el sustentante deberá asistir con la clave para que le fue proporcionada a su cuenta personal para acceder al aplicativo.

Previo al inicio de la evaluación, el aplicador comunicará a los sustentantes las directrices generales sobre la evaluación.

Los sustentantes aceptarán o suscribirán la declaración y acuerdo de confidencialidad establecido por Ineval.

Artículo 14.- Solución de inconvenientes técnicos o logísticos. De presentarse inconvenientes técnicos o logísticos in situ, antes o durante la evaluación, que impidan el normal desarrollo de la misma, el aplicador tratará de solventarlos. De subsistir el inconveniente, informará al inmediato superior establecido por Ineval, quien dispondrá si se suspende o no la evaluación y, de ser el caso, comunicará la reprogramación al o los sustentantes.

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 35

Artículo 15.- Reporte de inconvenientes técnicos o logísticos. El aplicador informará por escrito al Director/a de Análisis y Cobertura Territorial de Ineval, en el mismo día de la evaluación, en el formato establecido por Ineval, mediante correo electrónico y en físico.

El informe técnico contendrá lo siguiente:

• Proceso de evaluación.
• Lista de asistencia de la sesión de evaluación (número de cédula, nombres y apellidos de los sustentantes).
• Nombres y apellidos del sustentante o sustentantes que presentaron inconvenientes.
• Lugar, fecha y hora de la evaluación.
• Breve informe del inconveniente técnico/logístico presentado.
• Acciones realizadas.
• Cualquier otro particular del caso.
• Nombres y apellidos del aplicador, incluido el número de cédula de identidad.
• Correo electrónico y número de celular del aplicador.
• Firma del aplicador.

Adicionalmente, adjunto al informe se remitirá la documentación que respalde el hecho y las acciones realizadas por el aplicador.

El/la Director/a de Análisis y Cobertura Territorial inmediatamente comunicará al Coordinador/a de Investigación Educativa de Ineval sobre el caso en cuestión.

Artículo 16.- Documentación de inconvenientes en las evaluaciones. En caso de presentarse inconvenientes los actores de la aplicación, debidamente autorizados por Ineval, podrán grabar o tomar imágenes del desarrollo de las evaluaciones a través de cualquier medio electrónico.

Artículo 17.- Reporte de infracciones. En caso de cometimiento de infracciones, éstas, debidamente sustentadas, serán puestas en conocimiento de las instancias respectivas de Ineval, por el actor del proceso de la aplicación designado según el instructivo, para que sean denunciadas a la Fiscalía General del Estado, de ser el caso, para la investigación y procedimiento correspondiente.

Suspensión

Artículo 18.- Suspensión de las evaluaciones. Las evaluaciones podrán suspenderse cuando la autoridad correspondiente considere que no existen condiciones de transparencia, seguridad, confidencialidad y operatividad, determinadas en el siguiente artículo y por incurrir en las prohibiciones establecidas para los sustentantes.

Artículo 19.- Causales de suspensión.

1. Suspensión por inconvenientes técnicos o logísticos;

2. Cuando se haya violentado los protocolos de seguridad previstos;
3. Cuando exista riesgo a la integridad de los sustentantes o de los actores del proceso de aplicación;
4. Aquellas que pongan en riesgo la integridad el proceso de evaluación, debidamente justificadas por la autoridad competente;
5. Acceso anticipado a la evaluación;
6. Detección de software no autorizado en los equipos de cómputo;
7. Exposición de las claves de acceso;
8. Ingreso de personal no autorizado al laboratorio;
9. Ausencia de aplicador;
10. Activación anticipada de claves confidenciales;
11. Allanamiento de laboratorio;
12. Evacuación bajo protocolo por gestión de riesgos;
13. Sustracción de equipos de cómputo;
14. Violación de los sellos de seguridad de la sede; y,
15. Otros casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 20.- Procedimiento para la suspensión. Cuando se susciten acciones que atenten contra la seguridad del proceso, el aplicador suspenderá la sesión de evaluación, previa autorización del inmediato superior; y, en el mismo día de la evaluación, presentará un informe técnico al Director/a de Análisis y Cobertura Territorial, en los términos indicados en el artículo 12 del presente Reglamento.

En caso que el sustentante cometa una infracción durante la aplicación, el aplicador suspenderá la evaluación al sustentante, e informará al Director/a de Análisis y Cobertura Territorial en el plazo y condiciones indicados. Ineval impondrá, en estos casos, al sustentante la nota de cero (0).

Reprogramación

Artículo 21.- Reprogramación de las evaluaciones. Las evaluaciones podrán reprogramarse en los casos de suspensión; excepto cuando éstas sean producto del cometimiento de infracciones; además, cuando los sustentantes soliciten la reprogramación por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados y la institución requirente de la evaluación prevea esta posibilidad.

Artículo 22.- Solicitud de reprogramación. El sustentante podrá solicitar a la institución requirente de la evaluación la reprogramación de la evaluación, dentro del término de dos días siguientes a la fecha de la evaluación, adjuntando los respaldos del caso y la copia de documento oficial de identificación.

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En caso que no se presenten los documentos de respaldo, no podrá iniciarse el trámite de reprogramación.

Por ninguna circunstancia, la inasistencia a la evaluación sin justificativo, será motivo de reprogramación; por lo que, de no presentarse los justificativos en el término indicado, no podrá alegar o solicitar nueva fecha y hora para rendir el examen, menos aún se podrá interponer una acción administrativa, judicial o extrajudicial para acceder a este pedido.

La reprogramación será notificada oportunamente a los sustentantes, a través de los medios oficiales de la institución requirente de la evaluación y de Ineval.

Artículo 23.- Respuesta a solicitudes de reprogramación. Las solicitudes de reprogramación debidamente fundamentadas serán contestadas dentro del término de 15 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, en aquellos procesos que dependan únicamente de Ineval.

Las reprogramaciones se efectuarán conforme a los cronogramas establecidos por Ineval conjuntamente con la entidad requirente de la evaluación.

Hoja de respuestas y resultados

Artículo 24.- Notificación de repuestas. Al finalizar la evaluación cada sustentante recibirá una hoja de respuestas, de acuerdo al tipo de evaluación, de lo cual el aplicador dejará constancia en la hoja de asistencia que volverá a firmar el sustentante.

Los resultados individuales de la hoja de respuestas se publicarán de forma digital a través de la cuenta personal del sustentante en la plataforma diseñada para el efecto.

Artículo 25.- Solicitud de revisión de hoja de respuestas. El sustentante podrá solicitar a Ineval la revisión de la hoja de respuestas por inconsistencias entre su comprobante impreso y el digital, a través de la plataforma diseñada para el efecto o del medio pertinente. El plazo para la presentación de la solicitud de revisión de la hoja de respuestas es de dos días a partir de la notificación de la misma a su cuenta personal.

Artículo 26.- Resultados. Ineval hará público los resultados de manera general, después de haber concluido la evaluación de los sustentantes reprogramados y realizada la consolidación de resultados. Los resultados individuales de las evaluaciones tendrán el carácter de confidencial; sin embargo, los sustentantes tendrán acceso a sus propias calificaciones.

Los resultados individuales de la evaluación se publicarán de forma digital a través de la cuenta personal del sustentante en la plataforma diseñada para el efecto.

Artículo 27.- Causales de revisión de resultados. El sustentante podrá solicitar a Ineval la revisión del resultado de su evaluación por considerar que existen errores de hecho o de cómputo en dicho resultado.

El término para la presentación de la solicitud de revisión del resultado del examen es de dos días a partir de la fecha de notificación de los resultados, a través de la plataforma diseñada para el efecto o del medio pertinente.

El término para responder las solicitudes será de quince días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. La falta de respuesta no se entenderá como pronunciamiento favorable.

La revisión de los resultados producirá la ratificación o la rectificación del resultado.

Artículo 28. – Reclamo por ausencia de nota. El sustentante podrá solicitar a Ineval que se asiente el resultado de su evaluación.

El término para la presentación de la solicitud de reclamo por ausencia de nota es de dos días a partir de la fecha de notificación de los resultados, a través de la plataforma diseñada para el efecto o del medio pertinente. El término para responder las solicitudes será de quince días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. La falta de respuesta no se entenderá como pronunciamiento favorable.

Artículo 29.- Procedimiento para presentar la solicitud.

El sustentante que requiera la revisión del resultado o que se asiente la nota, podrá presentar su solicitud a través de la plataforma diseñada para el efecto o del medio pertinente, adjuntando las copias del documento oficial de identificación y de la hoja de respuestas. En caso que no se presenten los documentos de respaldo, no podrá iniciarse el trámite de revisión o asiento de nota.

Los menores de edad obligatoriamente deberán presentar la solicitud por escrito con la firma conjunta del representante legal, debiéndose adjuntar copias de los documentos oficiales de identificación del sustentante y del representante legal; y, de la hoja de respuestas.

Artículo 30.- Caducidad de revisión de resultados y asiento de notas. La acción de los sustentantes para solicitar la revisión de los resultados o asiento de notas caducará una vez que finalice el término de dos días, a partir de la fecha de notificación de los resultados, por lo que no se dará trámite a ninguna solicitud.

Prohibiciones de los Sustentantes

Artículo 31.- Prohibiciones. Se prohíbe a los sustentantes:

1. Ingresar o usar cualquier material, herramientas, equipos o dispositivos electrónicos, no autorizados en el laboratorio, estos incluyen: teléfonos celulares, tablets electrónicas, unidades de almacenamiento de información, cámaras, grabadoras, entre otros;
2. Presentarse a la evaluación bajo efectos de sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas;
3. Ingresar a la sede de evaluación con armas de fuego, corto punzantes u otras que puedan causar daños;
4. Dañar la infraestructura, equipos y materiales entregados para las evaluaciones;
5. Acceder a los aplicativos e información confidencial previa a las evaluaciones;
6. Tomar apuntes respecto al contenido de los aplicativos;

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7. Poseer materiales de evaluación, sean físicos, digitales o de cualquier forma;
8. Intentar substraer total o parcialmente el contenido de la evaluación mediante fotografías, grabaciones, copias, capturas de pantalla, o cualquier otra forma de uso indebido de la evaluación;
9. Grabar y/o difundir la información contenida en los aplicativos;
10. Usar o divulgar la información pública de carácter confidencial o reservada legalmente;
11. Falsificar o adulterar el sentido y contenido de los documentos públicos, y utilizarlos para su beneficio o de terceros;
12. Incurrir en actos de deshonestidad académica;
13. Copiar o intentar hacerlo durante la evaluación;
14. Agredir física o verbalmente a los actores del proceso de aplicación o sustentantes, previo, durante o posterior a la evaluación;
15. Incitar a la violencia previo, durante o posterior a la evaluación;
16. Solicitar o permitir actos de suplantación de identidad;
17. Instalar software en el equipo de evaluación;
18. Violentar los protocolos de seguridad; y,
19. Ausentarse de la evaluación, una vez iniciada la misma, sin justificación alguna.

Artículo 32.- Acciones por parte de Ineval. Si el sustentante incurre en alguno de los comportamientos determinados en el artículo precedente, previo, durante o después de la evaluación, se le suspenderá la misma, se establecerá una nota de cero (0). En el caso de que el comportamiento se produzca durante la evaluación el aplicador le devolverá el documento oficial de identificación, obteniendo fotocopia del mismo, dispondrá la salida del laboratorio (de ser el caso) y se iniciará las acciones que correspondan conforme lo previsto en la LOEI, su Reglamento General y normativa emitida por autoridad competente.

Ineval notificará, de ser el caso, al Ministerio de Educación y demás instituciones competentes para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Ineval podrá evaluar nuevamente al o los sustentantes que hayan sido sancionados, previa solicitud escrita de autoridad competente, de ser el caso, y el respectivo pago de los costos de la nueva aplicación.

Artículo 33.- Infracciones. En caso que cualquier ciudadano sea sorprendido intentando apropiarse o en posesión ilegal del contenido del aplicativo, claves, o cualquier información considerada confidencial; o, se encuentre difundiendo por cualquier medio físico o electrónico el contenido del aplicativo, claves o información confidencial, Ineval iniciará inmediatamente las acciones legales correspondientes.

Artículo 34.- Acciones por flagrancia. Si el actor de la evaluación conoce de una infracción que podría suscitar una acción penal, acudirá ante el policía que se encuentra en la sede, de ser el caso, para la aprehensión del presunto infractor; y, presentará la denuncia ante la autoridad competente, de lo cual comunicará a las autoridades de Ineval.

Quien conozca que se está ejecutando flagrantemente cualquiera de los hechos antes enunciados acudirá a la Policía Nacional del Ecuador para que procedan con la aprehensión del o los sospechosos; presentará la denuncia ante autoridad competente, de lo cual comunicará a las autoridades de Ineval.

Las audiencias de flagrancia las sustanciarán los abogados de Ineval u otros profesionales facultados por e Ineval.

Sanciones

Artículo 35.- Sanciones. Las sanciones a los actores del proceso de aplicación que sean servidores públicos se regularán conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General, y normativa emitida por autoridad competente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. Ineval mantendrá expedientes de los procesos de evaluación de cada sustentante, sea en digital o en físico, debiendo cumplir con las normas que regulan la confidencialidad de la información.

SEGUNDA. En las evaluaciones de los procesos de selección a cargo del Ministerio de Educación, la reprogramación y revisión de resultados se efectuará conforme la presente normativa.

TERCERA. Los docentes de instituciones educativas privadas y municipales podrán acceder a los procesos de evaluación que aplique Ineval, conforme a la normativa que se emita para el efecto.

CUARTA. Ineval evaluará grupalmente a los sustentantes residentes en el extranjero que deseen participar en las evaluaciones, para el efecto coordinará con las entidades requirentes, conforme a los cronogramas que se establezcan para el efecto.

QUINTA Las evaluaciones a las instituciones educativas se sujetarán a la normativa correspondiente.

SEXTA. Ineval establecerá modelos o instructivos que contendrán directrices, componentes, campos, estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes, para lo cual podrá coordinar con las entidades y organismos competentes, mismos que serán oportunamente comunicados a los sustentantes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA. El Ineval emitirá oportunamente la normativa que regule la ejecución de las evaluaciones que no se realicen en una sede.

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DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA. Deróguense las siguientes Resoluciones:

• Resolución 074-INEVAL-2014 de 25 de septiembre del 2014.
• Resolución 0035A-INEVAL-2017 de 16 de abril del 2017.
• Resolución 0035B-INEVAL-2017 de 16 de abril del 2017.

SEGUNDA. Deróguense el artículo 2 de la Resolución 080-INEVAL-2014 de 03 de octubre del 2014 (incluidas sus reformas); y, los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Resolución 026-INEVAL-2016 de 9 de marzo del 2016.

TERCERA. Deróguese toda normativa de igual o menor jerarquía que se contraponga al presente Reglamento.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano, a los 22 días de enero del 2018.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Cinthia Josette Arevalo Gross, Directora Ejecutiva.

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.- Fiel copia del original.- Fecha: 25 de enero de 2018.- Hora 08:00.- Recibido por.- f.) Ilegible, Dirección Ejecutiva.

No. INMOBILIAR-SGLB-2018-0017

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio recurrente de la gestión en la presentación de servicios públicos y actividades de colaboración complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: «Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos. «;

Que, el artículo Art. 164 del Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público define sobre el Traspaso de Bienes lo siguiente: «Es el cambio de asignación de uno o varios bienes o inventarios sean nuevos o usados, que una entidad u organismo, trasladará en favor de otra entidad u organismo dependiente de la misma persona jurídica que requiera para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, como es el caso de los ministerios y secretarias de Estado o sus dependencias adscritas.

Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino transferencia gratuita y en este evento se sujetará a las normas establecidas para este proceso».

Que, el artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios’.»;

Que, el artículo 8 de Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines. «;

Que, el literal h del Artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «Servicio.- Organismo público encargado de la administración y provisión de bienes y/o servicios destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública Central e Institucional, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera. Contará con una instancia colegiada como

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 39

máximo nivel gobernante desde el cual se ejercerá la rectoría en el ámbito de sus competencias. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 435 de fecha 26 de julio de 2010, publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 252 de 06 de agosto de 2010, se dispuso, lo siguiente: «Articulo 1.- Todos los órganos que forman la Administración Pública Central e Institucional, traspasarán a titulo gratuito a la UNIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales en un plazo no mayor de sesenta días desde la expedición del presente decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrocinio cultural y natural y áreas protegidas. La transferencia de dominio se realizará mediante el trámite previsto en el artículo 90 y siguientes del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existentes del Sector Público»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio de 2013, publicado en el Suplemento del Registro número 57 de fecha 13 de agosto de 2013, se decretó: Articulo I.- Sustitúyase el Articulo I, por el siguiente: ‘Articulo I.- Transformar a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito», en el mismo decreto se determina: «Disposición General.- En el Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, donde diga «Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR» o «Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público «, Sustitúyase por «Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 476 de 09 de abril de 2015, se decretó: «Artículo 1.-Sustitúyase el Artículo 3, por el siguiente: «Articulo 3.-El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades: 1. Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional. 2. Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren requeridas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP […].»;

Que, el artículo primero de la Resolución Nro. 01 de fecha 02 de junio de 2017, emitida por el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resuelve: «Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR «;

Que, mediante Acuerdo Nro. ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) acordó delegar al Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR para que a nombre y en representación del Director General de INMOBILIAR emita resoluciones de aceptación de bienes inmuebles en los que el beneficiario sea INMOBILIAR;

Que, mediante Acción de Personal CGAF-DATH-2017-1268, se designó al Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes, desde el 12 de septiembre del 2017;

Que, mediante RESOLUCIÓN N° MINEDUC-ME-2016-00019, de fecha 18 de octubre de 2016, suscrito por el Ministerio de Educación, se desprende lo siguiente: «[…] RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar y disponer la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Educación, que actualmente se encuentran desocupados por el re ordenamiento de la oferta educativa correspondiente a la ZONA 4, según información levantada en matrices por distrito, enviadas por la Coordinación Zonal de Educación-Zona 4 […]».

Que, del Certificado emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, de fecha 7 de junio de 2017, se desprende: «[…] CERTIFICO: Que a nombre de la ESCUELA FISCAL-JUAN PIÓ MONTUFAR, se encuentra catastrado un predio urbano ubicado en la calle Salinas de esta Ciudad, con el siguiente detalle: CLAVE CATASTRAL 131401010213001000, AVALÚO DEL PREDIO: $ 476.902,06″.

Que, mediante certificado emitido por la Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre, de fecha 30 de junio de 2017, se determina qué; «(…) El Ministerio de Educación y Cultura, es dueño de un predio ubicado en la calle Salinas de esta ciudad de Bahía de Caráquez. La propiedad no se encuentra hipotecada, embargada, en Litis, y no ha pasado a tercer poseedor o tenedor debidamente inscrito».

Que, mediante Ficha Técnica Nro. M435-084-17, de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Franco Ugalde, Especialista Zonal de Análisis Técnico y Oferta Inmobiliaria, del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, se desprende lo siguiente: «[…] OBSERVACIONES: L- El inmueble responde al diseño de un equipamiento educativo. 2.- El inmueble está desocupado. 3.- El inmueble es un predio urbano. 4.- El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. 5.- Técnicamente es viable la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 435, en el inmueble inspeccionado». (Énfasis añadido).

Que, mediante Ficha Jurídica Nro. CZ4-FJ-9-17, de fecha 15 de Diciembre de 2017, emitida por la UNIDAD ZONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE USO DE BIENES del Servicio de Gestión Inmobiliaria

40 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

del Sector Público INMOBILIAR, Coordinación Zonal 4, se recomendó: «(…) Finalmente, en cumplimiento a los principios de coordinación y cooperación; a la documentación administrativa y jurídica de respaldo; a las observaciones que se derivan de la Ficha Técnica N° M43 5-084-17, de fecha 20 de diciembre de 2017; y, a fin de cumplir con celeridad, rapidez, simplicidad y economía procedimental, para el uso correcto, eficiente y provechoso del inmueble objeto del presente documento, la Unidad Zonal de Administración de Bienes de ésta Coordinación Zonal 4, recomienda que es técnica y jurídicamente viable realizar los trámites legales, administrativos y financieros para el perfeccionamiento de la transferencia de dominio a titulo gratuito, a través de un solo acto (Escritura Pública Tripartita) entre el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR); y, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP; del bien inmueble denominado «Escuela Fiscal Juan Pío Montufar «, ubicada en el Barrio María Auxiliadora, parroquia Bahía de Caráquez, cantón Sucre, provincia de Manabí, conforme a las disposiciones prescritas en la normativa legal vigente aplicable al caso. Cabe recomendar que para el perfeccionamiento de la transferencia de dominio, el bien inmueble deberá encontrarse totalmente saneado en sus obligaciones; así como también se deberá prever el cumplimiento del objeto de la transferencia de dominio en el plazo que determinen las partes, en virtud de lo cual, deberá hacer constar en una de las cláusulas de la Escritura Pública, que la donación será revertida a la entidad donante por el incumplimiento del objeto, para el cual fue donado dicho inmueble».

Con los considerandos expuestos, en ejercicio de la Función Administrativa y en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, el Decreto Ejecutivo N° 435 y el ACUERDO- INMOBILIAR-DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio del 2017 y la resolución N° MINEDUC-ME-2016-00019, de fecha 18 de octubre de 2016.

Resuelve:

Artículo 1.- Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto del bien inmueble de propiedad del Ministerio de Educación y Cultura, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todas las edificaciones que sobre él se levanten, todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por adherencia, por destino o por incorporación así como, sus accesorios, y que constituye el activo del Ministerio de Educación y Cultura; del inmueble que se detalla a continuación:

Propietario:

Ministerio de Educación y Cultura

Tipo de inmueble:

Lote de terreno y construcción

Ubicación:

Barrio María Auxiliadora

Linderos:

NORTE: Cincuenta y nueve metros (59,60m)., sesenta centímetros, con calle Riofrio

SUR: Cincuenta y cinco metros (55,00m), limita con calle Azcázubi.

ESTE: Setenta y seis metros (76,00m), limita con calle Salinas,

y;

OESTE: Sesenta y siete metros (67,00m), con calle Abdón Calderón.

Superficie Terreno:

4.096,95 m2. Según Certificado de Gravámenes.

Construcción:

51,36 m2. (Según Ficha Técnica Nro. M435-084-17, de fecha 20 de diciembre del 2017).

Provincia:

Manabí

Cantón:

Sucre

Parroquia:

Bahía de Caráquez

Zona:

Urbana

Clave Catastral:

131401010213001000

Artículo 2.- Disponer que la Coordinación Zonal 4 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Ministerio de Educación, la realización de los trámites que correspondan con el objeto de que el inmueble sea transferido.

Artículo 3.- Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de domino estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos de conformidad con los prevenido con los artículos 35 de la Codificación del Código tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4.- Disponer que la Coordinación Zonal 4 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, una vez perfeccionado el proceso de transferencia de dominio, coordine con el Ministerio de Educación, la suscripción del Acta de Entrega Recepción de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público.

Artículo 5.- Disponer a la Coordinación Zonal 4 del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice la información del inmueble antes descrito para mantener una información catastral de bienes inmuebles que ingresan a INMOBILIAR.

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 41

Artículo 6.- Disponer a la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR notifique con el contenido de la presente resolución al Ministerio de Educación, a efecto de que dicho organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia del inmueble.

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de lo señalado, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Comuníquese y cúmplase.- Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de enero del año 2018.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

No. SENAE-SENAE-2018-0001-RE (M)

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Considerando

Que, la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 227 señala «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia}l evaluación. «

Que, mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M), publicada en el Suplemento Registro Oficial No. 115 y vigente desde el 13 de noviembre de 2017, se establece la tasa para el fortalecimiento del servicio de control aduanero, cuya tarifa de diez (10) centavos de dólar de los Estados Unidos de América se aplica sobre la base imponible constituida por el coeficiente resultante de dividir el peso neto declarado por ítem (gramos) para la unidad de control (gramos), de conformidad con el anexo que forma parte integrante de la referida resolución y que se encuentra publicado en la página web del SENAE.

Que, de conformidad con las peticiones ingresadas por los operadores de comercio exterior con documentos Nos. SENAE-JDAR-2017-8827-E, SENAE-JDAR-2017-

8908-E y en base del procedimiento emitido mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0003-RE (M), el Comité Técnico sugiere la reforma al anexo de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M),

lo cual fue aprobado por los Subdirectores Generales de Operaciones y Normativa Aduanera del SENAE.

Que, mediante instructivo No. SENAE-ISIE-2-2-171-V1 emitido mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0003-RE (M), en el cual indica que en caso de aprobarse la propuesta para la actualización de la unidad de control, se debe de emitir la resolución que reforme el Anexo de la Resolución SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M).

Que de conformidad al primer párrafo del artículo 4 de la de la Decisión 657 de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Año XXIII-Número 1435 del 1 de diciembre del 2006, referente a la Actualización del Arancel Integrado Andino, que indica: «Cada subpartida ARLAN se identificará mediante un código de 10 dígitos. Los ocho primeros dígitos identificarán a la subpartida NANDINA, y los dos siguientes dígitos a una subdivisión comunitaria que identificará las aperturas nacionales efectuadas por los Países Miembros… «,

Que, el último párrafo del artículo 4 de la de la Decisión 657 de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Año XXIII-Número 1435 del 1 de diciembre del 2006, referente a la Actualización del Arancel Integrado Andino (ARIAN), indica: «…se utilizarán códigos adicionales suplementarios de cuatro caracteres del dígito 15 al 18, para identificar mercancías que requieran la aplicación de políticas y medidas nacionales específica que no puedan ser codificadas total o parcialmente en la subpartidas ARIAN»; por lo cual los códigos suplementarios que se aperturen a nivel país permitirán diferenciar las diferentes medidas que se precisen guardando relación con la subpartida originaria.

Que, mediante Informe Técnico Nro. SENAE-2018-TSCA-0003 emitido de conformidad con el instructivo No. SENAE-ISIE-2-2-171-V1, de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0003-RE (M), se recomienda que para los nuevos códigos suplementarios del Arancel Nacional, se les asigne la misma unidad de control de la subpartida originaria, prevista en el Anexo de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M).

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, suscrito por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, se designó al Sr. Mauro Andino Alarcón como Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

En uso de la atribución contemplada en el literal 1) del Art. 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar la unidad de control de las subpartidas que constan en el anexo de la presente resolución.

Artículo 2.- Para los códigos suplementarios del Arancel Nacional creados en forma posterior a la vigencia de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M), corresponde aplicar la unidad de control de la subpartida originaria prevista en el Anexo de la citada resolución.

42 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

Artículo 3.- Actualícese el Anexo de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M) de conformidad con los artículos 1 y 2 del presente acto normativo y publíquese en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

DISPOSICIÓN GENERAL

La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnicas Aduaneras, como presidente del Comité Técnico encargado del análisis de la unidad de control, es responsable de coordinar que se actualice la unidad de control asignada para los nuevos códigos suplementarios del Arancel Nacional, creados en forma posterior a la vigencia de la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Encárguese a la Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a 12 de enero de 2018.

Dicto y firmó la Resolución que antecede, el Señor Mauro Andino Alarcón, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago Guayaquil, a 12 de enero de 2018.

Lo certifico.

f.) Ing. Patricia Ordóñez, Secretaria General, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR- DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL- 26 de enero de 2018.-Certifico que este documento es fiel copia de su original.-f) Ilegible.

No. DZ3-SZORDRI17-00000242

EL DIRECTOR ZONAL 3 DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que el artículo 77 de la Codificación del Código Tributario determina que si una norma atribuye competencia a una Administración Tributaria, sin especificar el órgano de la misma que deba ejercerla, se deberá entender que dicha facultad se otorga al órgano de la misma ordinariamente competente para conocer de los reclamos tributarios en primera o única instancia;

Que mediante Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, se creó al Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;

Que, a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014, se expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas que sustituye la denominación de direcciones regionales por la de direcciones zonales;

Que según el artículo 9 de la misma ley, los directores regionales (actualmente directores zonales) y provinciales deben ejercer las mismas atribuciones que el Código Tributario asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas, excepto las de absolver consultas, resolver de recursos de revisión y emitir actos normativos, en concordancia con lo dispuesto en sus artículos 8 y 10;

Que el Director General del Servicio de Rentas Internas, a más de ejercer la representación legal de la institución, le compete: dirigir, organizar, coordinar y controlar su gestión; nombrar a su personal y cuidar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios basada en los principios de simplificación, celeridad y eficacia. Asimismo, ejerce entre otras, varias competencias asignadas por la ley, como por ejemplo: imponer sanciones por infracciones a las leyes tributarias o sus reglamentos; ejercer la facultad determinadora; ejercer la facultad de absolver consultas respecto de los tributos que administra; otorgar facilidades para el pago de obligaciones; designar mediante oficio a procuradores que deban intervenir en las causas en defensa de los intereses del organismo o de la autoridad demandada; administrar el presupuesto institucional; efectuar modificaciones a sus presupuestos en los grupos de gasto no controlados cuyo resultado no signifique afectación del monto total del presupuesto institucional vigente y composición grupo-fuente de financiamiento; ejercer las competencias de contratación pública, entre otras, aprobar y reformar del Plan Anual de Contrataciones, facultades que pueden ser delegables; remover, sancionar y destituir a los servidores de la institución, entre otras, autorizar el traslado como el cambio administrativo de estos, celebrar convenios o contratos de pasantías, convenios de práctica, suscribir convenios de devengación por formación o capacitación con los servidores, suscripción de contratos para la prestación de servicios ocasionales; aprobar evaluaciones del desempeño y decidir respecto de las reconsideraciones o recalificaciones; autorizar el pago de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación, dentro del país de los servidores y obreros;

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 43

Que el artículo 76 de la Codificación del Código Tributario, en concordancia con el numeral 6 del artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, faculta al Director General delegar sus atribuciones;

Que de conformidad al artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, las máximas autoridades institucionales del estado pueden delegar sus atribuciones;

Que los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva habilitan la delegación de las atribuciones propias de los órganos de la Administración Pública Central e Institucional a funcionarios de menor jerarquía e impiden la delegación de funciones que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa en contrario;

Que el 29 de octubre de 2014, el Director General del Servicio de Rentas Internas, expidió la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 04 de noviembre del mismo año, reformada mediante: Resolución No. NAC-DGERCGC14-00965 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 382 de 25 de los mismos mes y año; Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000053 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 429 de 02 de febrero de 2015; Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000498 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 540 de 10 de julio del mismo año; Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000550 publicada en el Registro Oficial No. 560 de 06 de agosto del mismo año; Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000611 publicada en el Registro Oficial No. 5 80 de 04 de septiembre del mismo año; Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00003215 publicada en el Registro Oficial No. 665 de 08 de enero de 2016; Resolución No. NAC-DGERCGC 16-00000127 publicada en el Registro Oficial No. 725 de 04 de abril del mismo año; Resolución No. NAC-DGERCGC 16-00000190 publicada en el Registro Oficial No. 768 de 03 de mayo del mismo año; y, Resolución No. NAC-DGERCGC 16-00000202 publicada en el Registro Oficial No. 775 de 13 de junio del mismo año, mediante las cuales delega facultades a diferentes servidores de esta Administración Tributaria, con el fin de desconcentrar varias funciones relacionadas a los procesos institucionales tanto de Índole tributaria como administrativa en general;

Que, de conformidad al artículo 3 de la Resolución No. NAC-DGERCGC 14-00873, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 4 de noviembre de 2014, se establece que la Zona 3 con sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza;

Que, mediante Resolución NAC-DNHRSGE16-00000183 del 27 de abril de 2016, dictada por el Director General del Servicio de Rentas Internas, se otorgó el nombramiento provisional al Dr. Edgar Fabián Mera Bozano como Director Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, a partir del 01 de mayo de 2016; y,

Que, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC 14-00872, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No 367 de 4 de noviembre de 2014, reformada por la

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00965, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 382 de 25-XI-2014, la Directora General del Servicio de Rentas Internas delegó a los directores zonales de la entidad su atribución de conocer y resolver los reclamos y las peticiones que se formularen, ante esta Administración Tributaria, inclusive las solicitudes relacionadas a la devolución de impuestos que administra, así como sanciones de clausura; pudiendo los delegados a su vez delegar estas competencias, excepto las de resolver reclamos y clausuras;

Que, mediante literal a) del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC 16-00000383, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 838, de 12 de septiembre de 2016 y sustitutiva de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872, el Director General del Servicio de Rentas Internas delegó a los directores zonales de la entidad la misma competencia antes referida, esto es, la de conocer y resolver las peticiones que se formularen ante esta administración tributaria y autorizó a los delegados para que a su vez deleguen esta competencia;

Que, hasta antes de la publicación del presente acto, los servidores delegados por esta dirección zonal mediante la Resolución No. DZ3-SZORDRI16-00000148, han seguido ejerciendo las competencias delegadas, lo que es jurídicamente válido, por cuanto esta dirección zonal seguía siendo competente en la materia, estaba autorizada explícitamente para delegar la atribución y por cuanto regía la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872 y su correspondiente reforma;

Que, es conveniente actualizar y sistematizar las delegaciones emitidas por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas para incrementar la eficiencia de las actuaciones de esta Administración Tributaria.

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Delegar bajo vigilancia y responsabilidad del Director Zonal 3, y dentro de la jurisdicciones de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, que pertenecen a esta Dirección Zonal, la suscripción y de ser el caso la notificación de los oficios de aceptación y/o negación de exoneración del Impuesto de Salida de Divisas (ISD), a las funcionarías y funcionarios que, a continuación se detallan:

1) En la Dirección Zonal 3.-

1. Jefe Zonal de Departamento de Asistencia al Contribuyente;
2. Coordinador Zonal de Atención Transaccional;
3. Coordinador Zonal de Control y Soporte de Servicios;
4. Experto Supervisor de Brigadas Móviles;
5. Supervisor de Centro de Servicios Tributarios, y en su ausencia, al Ing. Luis Aníbal Córdova Corella en su calidad de Analista 1 Tributario y a la Ing. Iliana Cristina Haro Campaña en su calidad de Agente Tributario; y,

44 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

f) Supervisor de Gestión Tributaria-CGT de Baños de Agua Santa y en su ausencia, a la Ing. Ana Graciela Moya Rodríguez y al Ing. Jonathan Abel Carvajal Gavilanez en su calidad de Agentes Tributarios.

2) En la Dirección Provincial de Cotopaxi.-

1. Jefe Provincial de Asistencia al Contribuyente de Cotopaxi, y en su ausencia, a la Ing. Patricia Liseth Pineda Pineda, Analista 1 Tributario y a la Ing. María Herminia Herrera Lasluisa, Analista 1 Tributario;
2. Supervisor de Gestión Tributaria. CGT de la Maná, y en su ausencia a la Ing. Digna Isabel Crespo Avila, en su calidad de Agente Tributario;

3) En la Dirección Provincial de Pastaza.

a) Jefe Provincial de Asistencia al Contribuyente de Pastaza, en su ausencia a la Ing. Norma Iveth Asqui Zurita, Analista 1 Tributario.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución N° DZ3-SZORDRI16-00000148, publicada el Registro Oficial 855 del 05 de octubre de 2016.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Ambato, a 04 de diciembre de 2017.

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, el Dr. Fabián Mera Bozano, Director Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Ambato, a 04 de diciembre de 2017.

Lo certifico.

f.) Ing. Tannia Mño V., Secretaria Zonal 3, Servicio de Rentas Internas.

No. DZ3-SZORDRI17-00000243

EL DIRECTOR ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; las administraciones públicas deben organizarse y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir,

de esta forma, los principios de eficiencia, calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone que los Directores Regionales y Provinciales ejercerán, dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas, con excepción de la absolución de consultas, el conocimiento y resolución de recursos de revisión y la expedición de resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

Que, el artículo 69 del Código Tributario señala que las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la Administración Tributaria;

Que, los artículos 75 y 76 de la normativa Ibídem disponen que la competencia administrativa se ejerza por los órganos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes;

Que, el artículo 77 de la mencionada norma establece que cuando una ley atribuya competencia a una administración tributaria, sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente para conocer de los reclamos;

Que, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como facultad de los Directores Regionales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;

Que, los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto; y que, los delegados únicamente podrán a su vez delegar sus competencias cuando exista autorización expresa para el efecto;

Que, el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad;

Que, la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313 publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que establece la conformación de Direcciones Zonales a fin de que permitan una debida gestión tributaria y atender las necesidades de los contribuyes, responsables y terceros;

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 45

Que, a las Direcciones Regionales originalmente establecidas en el Servicio de Rentas Internas, actualmente corresponden las Direcciones Zonales. Dichas zonas constituyen una instancia de actuación desconcentrada que se conforma primordialmente, por la unión de varias provincias. La denominación de zonal corresponde a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 02 de junio de 2010, por el cual se establecieron las zonas administrativas de planificación;

Que, de conformidad al artículo 3 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 4 de noviembre de 2014, se establece que la Zona 3 con sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza;

Que, mediante Resolución No. NAC-

DNHRSGE16-00000183 del 27 de abril de 2016, dictada por el Director General del Servicio de Rentas Internas se otorgó el nombramiento provisional al Doctor Edgar Fabián Mera Bozano, como Director Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas a partir del 01 de mayo de 2016;

Que, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872 y su reforma, la Dirección General de la entidad delegó varias de sus atribuciones a las direcciones zonales y provinciales y dispuso la aplicación del artículo 77 del Código Tributario, facultándose a los delegados la posibilidad de delegar estas competencias, excepto la de resolver los reclamos;

Que, mediante literal a) del numeral 4 del artículo 1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000383, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 838, de 12 de septiembre de 2016 y sustitutiva de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872, el Director General del Servicio de Rentas Internas delegó a los directores zonales de la entidad la misma competencia antes referida, esto es, la de conocer y resolver las peticiones que se formularen ante esta administración tributaria y autorizó a los delegados para que a su vez deleguen esta competencia;

Que, hasta antes de la publicación del presente acto, los servidores delegados por esta dirección zonal mediante la Resolución No. DZ3-SZORDRI15-00000121, han seguido ejerciendo las competencias delegadas, lo que es jurídicamente válido, por cuanto esta dirección zonal seguía siendo competente en la materia, estaba autorizada explícitamente para delegar la atribución y por cuanto regía la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872 y su correspondiente reforma;

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos servidores de la Dirección Zonal 3, con el fin de mejorar la atención al contribuyente, desconcentrando las funciones que estos tienen asignadas;

Que, es necesario instaurar procedimientos ágiles en la Administración Tributaria, para dotar de eficiencia a la atención de peticiones y solicitudes presentadas por los sujetos pasivos;

En ejercicio de la facultad que le confiere la ley,

Resuelve:

Art. 1.- Delegar al siguiente servidor del Departamento de Asistencia al Ciudadano de la Zona 3 del Servicio de Rentas Internas: Ing. Edgar Humberto Núñez Silva con cédula de ciudadanía No. 1802536035, la atribución para suscribir con su sola firma, dentro del ámbito de su competencia las siguientes funciones:

1. Suscripción de Certificados de Prescripción del Impuesto a la Herencia, Legados y Donaciones; 2. Certificados de Cumplimiento Tributario y de Deuda Firme;

3. Oficios que certifican el cambio de servicio, cambio de categoría y cambio de cilindraje, relacionado el impuesto sobre la propiedad de los vehículos motorizados;
4. Resoluciones de exoneración, reducción y rebaja del Impuesto sobre la Propiedad de los Vehículos Motorizados y el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, de conformidad con la normativa vigente;
5. Atención de solicitudes de prescripción de obligaciones tributarias de impuestos vehiculares administrados por el SRI;
6. Certificaciones respecto de: Calificación de contribuyentes especiales y artesanos calificados facultando la emisión de comprobantes de venta con tarifa 0%; y,
7. Todo tipo de Certificados relativos al Departamento de Asistencia al Contribuyente.

Artículo 2. Dejar sin efecto la Resolución N° DZ3-SZORDRI15-00000121, publicada el Registro Oficial 558 del 04 de agosto de 2015.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Ambato, a 04 de diciembre de 2017.

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, el Dr. Fabián Mera Bozano, Director Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Ambato, a 04 de diciembre de 2017.

Lo certifico.

f.) Ing. Tannia Miño V., Secretaria Zonal 3, Servicio de Rentas Internas.

46 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

Considerando:

Que, el Art. 314 inciso segundo de la Constitución de la República determina que el estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Que, la disposición del Art. 264, numeral 4 de la Constitución de la República, confiere a las municipalidades autonomía en su gestión, indicando la facultad de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, y aquellos que establezca la ley, lo que es concordante con los Arts. 54 literal f) y 55 literal d) del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN establece como una de las funciones primordiales del Gobierno Municipal, la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales en su jurisdicción;

Que, el artículo 264 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, los Arts. 55, literal e), 57 literal c), 566, y en concordancia con el Art. 571 del COOTAD, concede facultades legislativas al Gobierno Municipal para normar sus actividades mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;

Que, el Art. 568 del COOTAD, dispone que son servicios suj etos a tasas y deben ser reguladas mediante ordenanzas, y que la iniciativa es privativa del Alcalde, para la prestación de servicios, de entre otros, los servicios de agua potable y alcantarillado.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 186 tipifica que los Gobiernos Municipales dentro de su facultad tributaria podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas.

Que, el Art. 170 del COOTAD dispone que en el cobro por la prestación de los servicios básicos se deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de mayores y menores ingresos.

Que, el Art. 15 de la Ley del Anciano determina que se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20m³, el exceso de este límite pagará la tarifa normal;

Que, el Art. 79 numeral 1 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del 50% del valor del consumo mensual hasta por 10m³.

Que, que la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dictamina de entre otras cosas que «Los establecimientos educativos públicos estas exentos del pago de impuestos prediales, también estarán exonerados de servicios básicos hasta el monto determinado por la autoridad nacional educativa».

Que, en sesiones ordinaria y extraordinaria del 4 y 6 de diciembre del 2017, el Directorio de la EPMAPA-T, aprobó el nuevo pliego tarifario mismo que será aplicado en la ciudad de Tulcán para el período 2018-2020

Que, es obligación de la Municipalidad procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad a través de la dotación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado;

Que, es necesario contar con los recursos suficientes y oportunos para administrar, operar, mantener y cubrir los costos financieros de agua potable y alcantarillado en concordancia con los Arts. 137 y 186 incisos primero y segundo del COOTAD;

Que; el 2 de diciembre de 2014, el Concejo Municipal del Cantón Tulcán, aprobó la Ordenanza que Regula la Determinación, Recaudación y Administración de las Tasas por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Conservación de Fuentes y Recolección de Basura, misma que fue publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de Diciembre de 2014.

En uso de sus atribuciones contempladas en Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

Expide:

La «REFORMA A LA ORDENANZA

QUE REGULA LA DETERMINACIÓN,

RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,

SANEAMIENTO, CONSERVACIÓN DE FUENTES

Y RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA

CIUDAD DE TULCÁN»

Artículo 1.- Al artículo 7, en la categoría residencial agréguese un inciso que diga:

«Cancelarán los valores concernientes a esta categoría aquellos suscriptores y suscriptoras que mantengan un consumo comprendido entre cero a setenta metros cúbicos, el consumo que supere este rango se ajustará a los valores establecidos para la categoría comercial».

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 8, por el siguiente:

«Art. 8- De los servicios recaudados por la EPMAPA-T.- La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA-T, será la institución que recaude las tasas por el consumo de agua

Registro Oficial N° 185 Miércoles 21 de febrero de 2018 – 47

potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, conservación de fuentes y recolección de basura. Los valores que deberán pagar las personas naturales y jurídicas es de conformidad con la siguiente tabla.

RESIDENCIAL

RANGO M3

BASE

EXCED.

AGUA

AL 50%

R.BAS.

COMER

CONS.F

SANE

J/TARIFA

CON BASURA

0-10

2.. 14

0,00

2.14

1.07

1,07

1.00

0,10

1.50

5,81

6,88

10-15

0,06

2,33

1.17

1.17

1.00

0,10

1,63

6,23

7,39

15-30

0,13

3.50

1,75

1.75

1.00

0.10

2.45

8,80

10,55

30-50

0,29

7.31

3.66

3,66

1.00

0,10

5.12

17,18

20,84

50-70

0.26

12,81

6,41

6,41

1,00

0.10

8,97

29,28

35,69

COMERCIAL

RANGO M3

BASE

EXCED.

AGUA

AL 50%

R.BAS.

COMER

CONS.F

SANE

Í/TARIFA

CON BASURA

0-10

4.06

0.00

4.06

2.03

2.03

1.00

0.10

2.84

10,03

12,06

10-15

0.15

4.51

2,26

2.26

1.00

0.10

3.16

11,02

13,28

15-30

0.22

6,57

3.29

3,29

1,00

0,10

4.60

15.55

18,84

30-50

0.28

10,91

5.46

5.46

1.00

0.10

7.64

25,10

30,56

50-70

0.42

17,91

8.96

8.96

1,00

0,10

12.54

40,50

49,46

70-90

0.50

27,11

13.56

13.56

1.00

0.10

18,98

60,74

74,30

90-110

0.62

38.31

19.16

19,16

1,00

0,10

26.82

85,38

104,54

110-250

0,66

90,71

45.36

45,36

1,00

0.10

63,50

200,66

246,02

>250

0,66

136,91

68,46

68,46

1,00

0,10

95.84

302,30

370,76

INDUSTRIAL

RANGO M3

BASE

EXCED.

AGUA

AL 50%

R.BAS.

COMER

CONS.F

SANE

Í/TARIFA

CON BASURA

0-10

7,74

0,00

7,74

3,87

3,87

1,00

0.10

5,42

18,13

22,00

10-15

0.35

8,79

4,40

4.40

1.00

0.10

6.15

20,44

24,83

15-30

0,37

12.45

6,23

6.23

1,00

0.10

8,72

28,49

34,72

30-50

0,50

20.04

10.02

10.02

1.00

0.10

14,03

45,19

55,21

50-70

0,75

32.54

16.27

16.27

1,00

0.10

22.78

72,69

88,96

70-SO

0.90

49.04

24,52

24.52

1.00

0.10

34,33

108,99

133,51

90-110

1,77

75,74

37,87

37,87

1,00

0.10

53,02

167,73

205,60

110-250

0.80

149.09

74,55

74.55

1.00

0.10

104.36

329,10

403,64

>250

0,80

205,09

102.55

102,55

1,00

0.10

143,56

452,30

554,84

OFICIAL

RANGO M3

BASE

EXCED.

AGUA

AL 50%

R.BAS.

COMER

CONS. F

SANE

S/TARIFA

CON BASURA

0-10

774

0,00

7,74

3 87

3 87

1.00

0 30

542

18,13

22,00

10-15

0,23

8 43

4 22

4 22

100

0 10

5.90

19,65

23,86

15-30

0,33

11.53

5.77

5.77

1.00

0.10

8.07

26,47

32,23

30-50

0,45

18,34

9.17

9.17

1.00

0.10

12.84

41,45

50,62

50-70

0 42

27.03

13.52

13.52

100

0.10

18.92

60,57

74,08

70-90

060

37 45

18.73

18.73

100

0.10

26.22

83,49

102,22

90-1)0

0.85

51.95

25.98

25.98

1.00

0 10

36.37

115,39

141.37

110-250

0.62

103.85

51.93

51.93

1.00

0.10

72.70

229.57

281,50

>250

0.62

147.25

73.63

73.63

100

0 10

103.08

325,05

398,68

48 – Miércoles 21 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 185

ESPECIAL

RANGO M3

BASE

EXCED.

AGUA

AL 50%

R.BAS.

COMER

CONS. F

SANE

$/TARIFA

CON BASURA

0-10

1,07

0,00

1.07

0.54

0,54

1.00

0,10

0.75

3,45

3,99

10-15

0.03

1.15

0,58

0,58

1,00

0.10

0,81

3,63

4,21

15-30

0,07

1.78

0,89

0.89

1.00

0,10

1,25

5,02

5,91

30-50

0.07

2.99

1,50

1.50

1,00

0.10

2,09

7,68

9,17

50-70

0.26

6.30

3.15

3,15

1,00

0.10

4,41

14,96

18,11

70-90

0,42

13.10

6.55

6,55

1.00

0,10

9.17

29,92

36,47

90-110

0,35

20.80

10.40

10.40

1,00

0,10

14,56

46,86

57,26

110-250

0,44

55.10

27,55

27,55

1.00

0,10

38,57

122,32

149,87

>250

0,44

85,90

42,95

42,95

1,00

0.10

60,13

190,08

233,03

Las conexiones que no dispongan de medidor o lo tengan dañado, cancelarán los valores establecidos para por el consumo de 60m3 por cada categoría. Sin embargo, cuando el consumo promedio registrado en el trimestre anterior sea superior al consumo establecido para (60m3), la tarifa a pagarse será la correspondiente al consumo promedio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los valores por recaudación de la tasa por recolección de basura que realiza la EPMAPA-T, se depositarán trimestralmente al GAD-MT, hasta que el cobro por esta tasa se pueda realizar mediante otro mecanismo o figura legal.

SEGUNDA.-El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, articulará las herramientas tecnológicas necesarias para la parametrización de la recaudación, y se incrementarán a la tabla de valores las tasas que se crearen conforme a las ordenanzas y reglamentos respectivos.

TERCERA.- La EPMAPA-T en el plazo de 90 días reformará el Reglamento de Servicios, disposiciones que estarán sujetas a las disposiciones de esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán y luego de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en el Salón Máximo de la Municipalidad del cantón Tulcán, a los 17 días del mes de diciembre de 2017.

f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde.

f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General.

CERTIFICO: Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, CONSERVACIÓN DE FUENTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA CIUDAD DE TULCÁN, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, en sesiones ordinaria y extraordinaria de 14 y 17 de diciembre de 2017, en primero y segundo debate, respectivamente.

Tulcán, 19 de diciembre de 2017.

f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General del GAD. Municipal de Tulcán.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 89 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, SANCIONO la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, CONSERVACIÓN DE FUENTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA CIUDAD DE TULCÁN, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y el dominio web de la institución.

Tulcán, 19 de diciembre de 2017.

f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y el dominio web de la institución, la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, CONSERVACIÓN DE FUENTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA CIUDAD DE TULCÁN, el señor Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde del Cantón Tulcán, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

Tulcán, 19 de diciembre de 2017.

f.) Ab. María Gabriela Guerrón R., Secretaria General del GAD. Municipal de Tulcán.