¿Cuál es el tiempo para preparar una defensa técnica en reformulación de cargos y vinculación? - Derecho Ecuador
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¿Cuál es el tiempo para preparar una defensa técnica en reformulación de cargos y vinculación?

RESPUESTA

La etapa de instrucción fiscal, está encaminada a que se realicen diligencias de investigación que no se hayan realizado en la fase pre-procesal de investigación previa. El legislador ha considerado que el tiempo necesario para cumplir con las diligencias de investigación no debe ser superior a los 90 generalmente, sin embargo, en el caso concreto de la flagrancia de trámite ordinario, la misma tiene un plazo menor (30 a 60 días), ya que la gran mayoría de los elementos de convicción que se obtienen en la investigación serán proporcionados por la flagrancia.

Todos los plazos que extienden la duración de la instrucción fiscal, deben respetar la regla general máxima contenida en el penúltimo párrafo del artículo 592 del COIP, en el caso de los delitos flagrantes será de 60 días. En la instrucción fiscal, de producirse alguna afección a los derechos y garantías que le asisten a la víctima o procesado, el Juez de Garantías Penales, en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, puede pronunciarse al respecto y resolver lo que corresponda.

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Dentro del marco jurídico ecuatoriano, tenemos que la acción de habeas corpus es el mecanismo jurídico por el cual una persona que se considere en ilegal, arbitraria e ilegítima manera detenida, pueda ejercer la acción respectiva, con la finalidad de recobrar su libertad.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues, busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad de quienes imparten justicia en el país.

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