Registro Oficial No.417 Miércoles 24 de marzo de 2021

marzo 24, 2021

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 24 de marzo de 2021 (R. O.417, 24–marzo -2021 ) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 089….. Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 075 de 07 de abril de 2015 092 …. Deléguense atribuciones y responsabilidades a […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 24 de marzo de 2021 (R. O.417, 24–marzo -2021 )

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

089….. Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 075 de 07 de abril de 2015

092 …. Deléguense atribuciones y responsabilidades a la o el Titular de la Dirección Distrital de la provincia de Galápagos

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

Apruébese el estatuto y reconócese la personería jurídica a las siguientes organizaciones:

SDH-DRNPOR-2021-0016-A Misión Cristiana Evangélica Caminando por las Sendas Antiguas, domiciliada en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí

SDH-DRNPOR-2021-0017-A Corporación Unión de Organizaciones Sociales, Interculturales del Sur de Pichincha, «UOSISP», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2021-004 Deróguese el Acuerdo No. 2016- 007 de 07 de enero de 2016…

RESOLUCIONES:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2021-001 Refórmese la Resolución No. SENESCYT-2020-006 de 13 de julio de 2020

Año II – N° 417-54 páginas

Quito, miércoles 24 de marzo de 2021

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Págs.

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

Califíquense como peritos valuadores de bienes inmuebles a las siguientes personas:

SB-DTL-2021-0498 Arquitecto Mario Carlos Aguayo Luna…………………………. 34

SB-DTL-2021-0499 Contadora Michelle Estefanía Bedoya Benítez………………………. 36

SB-DTL-2021-0500 Arquitecto Fabián Eduardo Encalada Navarrete………………….. 38

SUPERINTENDENCIA DE

ECONOMÍA POPULAR Y

SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2020-0709 Declárese disuelta y liquidada a la Asociación de Producción Ganadera Pequeños y Medianos Ganaderos San Vicente «ASOPRO GANADEROS», domiciliada en el cantón San Vicente, provincia de Manabí…………………. 40

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0040 Declárese extinguida de pleno derecho a la Cooperativa de Vivienda «Los Chasquis» «En Liquidación»…………. 48

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ACUERDO MINISTERIAL No. 089

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: «A las ministras y ministros de listado, además de las atribuciones estableadas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: «Las instituciones del listado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y al Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala; «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)»;

Que, el artículo 334 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado promoverá el acceso equitativo a (os factores de producción, para lo cual le corresponderá: (…) 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado. (…)»;

Que, el articulo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala: «Lar Ministros de listado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad (…) «;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo indica: “Principio de Eficacia.- Las actuaciones administrativas se realizarán en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano entidad pública, en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo prescribe; «Principio de Eficiencia,-Las actuaciones Administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, contempla: “Principio de desconcentración.- La función Administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución

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objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de Junciones entre órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarse las administraciones a las personas»;

Que, el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo señala: «Principio de colaboración.-Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Delegación de competencias. Las órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública. Jerárquicamente dependientes»;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, estipula; “7. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;

Que, el artículo 155 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «1. La Administración Pública está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico especifico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter preño, vinculante o no, ala resolución que les ponga fin. (…) «;

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 446 de 26 de febrero de 2015, se publica la Ley Reformatoria a la «Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria a la Ley Especial del Sector Cafetalero » y se establecen disposiciones a ser asumidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura v Pesca;

Que, mediante Acuerdo Ministerial 075 de fecha 07 de abril del 2015, el Ing. Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, delega al “Ing. Javier Villacis como Gerente del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, para que a nombre y representación del titular de esta cartera de estado, y, enmarcado dentro de las normas vigentes, principios de eficiencia y eficacia administrativa y dentro de su competencia administrativa y circunscripción territorial, ejecute las disposiciones establecidas en la Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 446 de 26 de febrero de 2015, es decir para que realice los siguientes actos administrativos: d) Asumir, previo inventario las partidas presupuestarias, y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que le correspondían al Consejo Cafetalero Nacional— COFENAC»;

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Que, el articula 2 del Decreto Ejecutivo No. 6 del 26 de mayo de 2017, el Presidente de la República, dispone: “(…) Modifíquese la denominación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca por la de «Ministerio de Agricultura y Ganadería (…) «;

Que, el Acuerdo Ministerial Nro. 093 de 09 de julio de 2018, concerniente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su artículo 12, ítem 1, numeral 1.1, establece como atribuciones y responsabilidades del Ministro/a, entre otras, las siguientes: «(…) b) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/ as. Subsecretarios, Coordinadores/as Generales, Directores/as Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; /…/ k) expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran sugestión (…)»:

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado mediante Acuerdo Ministerial Nro. 093 de 09 de julio de 2018, estipula que: “La Gestión de Estudios de Comercialización .Agrícola de la Subsecretaría de Comercialización dentro de su dirección interna específicamente para los rubros de café y cacao deberá realizar: 1. Estudios técnicos situacionales, coyunturales y prospectivos sobre comercialización interna y externa de las cadenas de café y cacao. 2. Mecanismos, normas e instrumentos de comercialización interna y externa de las cadenas de café y cacao.»

La Gestión de Comercio Internacional Agropecuario tiene como misión: “gestionar, coordinar y proponer estrategias para la comercialización internacional de productos agropecuarios con enfoque en su diversificación y en la demanda, y, dentro de sus atribuciones están: f) Generar acciones para la administración, aprovechamiento e implementación de los acuerdos comerciales en materia agropecuaria que garanticen su adecuada aplicación, con base en la evaluación y medios de impacto, l) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de acuerdos y /o convenios institucionales e interinstitucionales para el desarrollo del sector agropecuario, en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, nombró al Ing. Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería;

Que, Con fecha 06 de julio de 2020 conforme se desprende de los anexos, consta el Informe Técnico, elaborado por el Ing. Tomás Adrián Bodniza, funcionario del PRCC y revisado por la Dra. Marianela Chávez Fonseca, funcionaria del Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, el cual en su parte pertinente señala: «(…) Con lo expuesto el PRCC recomienda a la máxima autoridad se realice la modificación del acuerdo Ministerial 075 del 07 de abril de 2015 donde la Subsecretaría de Comercialización como parte de su gestión asuma la emisión de certificados de origen, a fin de asegurar que el exportador cuente con este certificado para la exportación de café y al mismo tiempo dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Untador ante la Organización Internacional del Café (ICO) (…) «;

Que, mediante memorando Nro. MAG-P-C-C-2020-0395 de 07 de julio de 2020, la Dra. Marianela Chávez Fonseca, Funcionaría del Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, emite su Informe jurídico respecto de la pertinencia de reformar el Acuerdo Ministerial 075, mismo que en la parte

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pertinente señala: «ANÁLISIS: Conforme se establece de los antecedentes y de la normativa legal expuesta, se observa la necesidad de modificar el Acuerdo Ministerial Nro. 075, por cuanto la designación para el cumplimiento de las disposiciones dadas por el señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de ese entonces fue dado directamente al Ing. Javier Eduardo Villacis Mejía, Gerente del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Vino de Aroma, mismo queja no labora en la institución, por lo que se requiere de una delegación al cargo, mas no a la persona que ejerce las funciones de Gerente del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma de/MAG

Por otro lado se considera pertinente determinar que las competencias relacionadas con la emisión del Certificado de Origen Café- OIC, deben ser asumidas por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, conforme lo establece el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura, publicado mediante Acuerdo Ministerial 093 de 09 de julio de 2018, el mismo que en el Numeral 2.3.1.- Gestión de Estudios de Comercialización Agrícola de la Subsecretaría de Comercialización dentro de su gestión interna específicamente para los rubros de café y cacao señala: 1.- Estudios técnicos situacionales, coyunturales y prospectivos sobre comercialización interna y externa de las cadenas de café y cacao. 2.- Buscar mecanismos, normas e instrumentos de comercialización interna y externa de las cadenas de café y cacao.

De igual firma, se analiza reformar el articulo 3 del Acuerdo Ministerial 075, ya que la ejecución del presente Acuerdo Ministerial de acuerdo a sus competencias debe ser ejecutado por la Subsecretaría de Producción Agrícola, Subsecretaría de Comercialización y la Dirección Financiera, como lo señala el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, que en lo referente al principio de desconcentración, manifiesta: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición defunciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas».

RECOMENDACIÓN:

(…) se considera pertinente Reformar el Acuerdo Ministerial 075, en lo relacionado a las competencias que debe asumir la Gerencia del Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma y al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado mediante Acuerdo Ministerial Nro. 093-2018, esto es: «la emisión de los Certificados de Origen» mismos que son competencia de la Dirección de Estudios de Comercialización Agrícola de la Subsecretaría de Comercializarían. (…)»;

Que, mediante memorando Nro. MAG-SPA-2020-0816-M de 03 de agosto de 2020 el Ing. Andrés Enrique Luque Nuques en calidad de Subsecretario de Producción Agrícola solicita «(.,.} En atención al memorando No. MAG-P-C-C-2020-0428, de fecha 21 de julio de 2020, suscrito por el GERENTE DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL CAFÉ Y CAG40 NACIONAL FINO DE AROMA, mediante el cual manifiesta: «Por lo expuesto, a cogiendo el Informe Técnico emitido por el Ing. Tomás Bodniza y el Informe Jurídico expuesto por la Dra. Marianela Chávez Fonseca, se recomienda a la máxima autoridad realice la modificación del Acuerdo Ministerial 075 del 07 de abril del 2015, a fin de que se delegue a la Gerencia del Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma» Por lo expuesto me permito adjuntar el borrador del Acuerdo

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Ministerial para reformar el Acuerdo ministerial No. 75 de fecha 07 de abril de 2015, para su revisión y suscripción y el informe técnico de justificación. «;

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:

ACUERDA:

Artículo 1- REFORMAR.- El Acuerdo Ministerial 075 de 07 de abril de 2015, en los siguientes términos:

Elimínese del Artículo 1, el siguiente texto: «señor Javier Eduardo Villacis Mejía «
Incorpórese al final del Artículo 1, el siguiente literal:

«g) Las competencias relacionadas con la emisión del Certificado de Origen Cafe- 01C, serán asumidas por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, desde la suscripción de este Acuerdo Ministerial.»

Sustitúyase el Artículo 3 por el siguiente texto:

«Artículo 3.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguele a la Subsecretaría de Producción Agrícola, a la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria y la Coordinación Administrativa Financiera.»

Artículo 2.- RESPONSABILIDAD.- El o los Delegados en virtud del presente Acuerdo, serán jurídicamente responsables de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, c informará de manera detallada y documentada, al o la Titular de esta Cañera de Estado, sobre las acciones realzadas al amparo del presente Acuerdo Ministerial.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- Se ratifica la validez del Acuerdo Ministerial 075 de 07 de abril de 2015, en todo que no ha sido modificado a naves de este instrumento legal.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Acuerdo Ministerial No. 092

El Ministro De Agricultura Y Ganadería

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: «A las ministras y ministras de Estado, además de las atribuciones estableadas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rife por les principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus Junciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)»;

Que, el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en junción de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de les organismos que determine la ley. «;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, contempla: «Principió de desconcentración. La fundón Administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de fundones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarse las administraciones a las personas»;

Que, el articulo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública. Jerárquicamente dependientes»;

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Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: «1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”*;

Que, el numeral 3,12 del artículo 3 Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público define «Bienes que se han dejado de usar,- Son bienes que, por sus características técnicas y/o por el adelanto tecnológico se han dejado de usar en la entidad u organismo del sector público; sin embargo, pueden ser susceptibles de transferencia gratuita, remate, venta y/o comodato.»

Que, el artículo 77 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público estipula: «(…) Actos de transferencia de dominio de los bienes.- Entre las entidades u organismos señalados en el articulo 1 del presente Reglamento o éstas con instituciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro se podrá efectuar, principalmente, los siguientes actos de transferencia de dominio de bienes: remate, compraventa, trasferencia gratuita, donación, permuta y chatarrización.»

Que, el artículo 132 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, señala: «(…) Valor.- El valor de los bienes objeto de la transferencia gratuita será el que conste en los registros contables de la entidad u organismo que los hubiere tenido a su cargo-, el registro contable del hecho económico se regirá a lo establecido por el ente rector de las finanzas públicas. Siempre que se estime que el valor de registro es notoriamente diferente del real, se practicará el avalúo del bien mueble de que se trate. Dicho avalúo será practicado por quien posea en la entidad u organismo los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los bienes de la entidad u organismo que realice la transferencia gratuita, conjuntamente con otro/ a especialista de la entidad u organismo beneficiario. De no existir quien posea los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según la naturaleza y características de los bienes de que se trate, y de acuerdo al presupuesto institucional»

Que, el articulo 133 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, establece: «(…) Entrega Recepción.- Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia gratuita.

De haberse practicado el avalúo que se señala en el artículo 85 de este reglamento, la eliminación de los bienes de los registros contables de la entidad u organismo se hará por los valores que consten en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado por la transferencia gratuita perteneciere al sector público, se ingresarán los bienes en sus registras por el valor del avalúo practicado.»

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 06 de 24 de mayo de 2017, expedido por el Presidente de la República, se escinde del Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Acuacultura y Pesca —MAGAP- el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, modificando su denominación a «Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG».

Que, Mediante oficio No. 099-GADMCSC-A-2018 de fecha 12 de marzo de 2018, el Ab. Pedio Zapata, en calidad de alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal, pone a consideración la necesidad de un Centro de Faenamiento en el cantón San Cristóbal: «(…) el camal municipal que fue reconstruido totalmente hace años atrás por esta entidad, ha quedado parcialmente obsoleto y no está cumpliendo con los requerimientos técnicos y de higiene debido al crecimiento en los últimos años del sector ganadero en esta isla… ante esta situación, conjuntamente con la presidenta del GAD parroquial de El progreso hemos venido trabajando para retomar la necesidad de contar con un nuevo camal municipal, que sea construido Juera del área urbana de la ciudad y que se cumpla con todos los parámetros de faenamiento técnicos e higiénicos de ganado vacuno, porcino y otros (…) “; solicitando:

La asistencia técnica del MAG para la consultaría de la implementación de un centro de faenamiento en el cantón San Cristóbal: «(…) Por tratarse de un proyecto del cual la municipalidad no tiene experiencia en diseños y demás requerimos técnicos, solicitamos que el MAG nos brinde su apoyo durante el proceso precontractual del Estudio, en especial a lo concerniente a los términos de Referencia para contratar la Consultoria».
La entrega de terreno para construcción del nuevo camal” «esta entidad municipal ba gestionado un importante aporte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas — AME, (…) que permitirá financiar la contratación del Estudio del nuevo Camal Municipal (…) conforme estaba previsto, el sitio ideal para la construcción de la obra seria en la finca Santa Atónica que hoy es propiedad del AMG, terreno que deberla ser entregado al GAD municipal a través de un convenio de Comodato o préstamo de uso. Debo indicar a usted que la AME necesita un documento que acredite la existencia del terreno donde se implantará el proyecto, requisito indispensable para proceder afirmar convenio respectivo que viabilice la entrega inmediata de recursos económicos».

Que, Con memorando Nro. MAG-DPAGALAPAGOS-2018-0466-M, de fecha 16 de marzo de 2018, la Dirección Distrital Galápagos, remite con asunto: «CENTRO DE FAENAMIENTO EN EL CANTÓN SAN CRISTÓBAL», al Despacho Ministerial la solicitud presentada por el Alcalde del GAD Municipal del Cantón San Cristóbal, y en su parte pertinente se expone: «Señor Ministro, en virtud de lo expuesto y de la necesidad de continuar con nuestros esfuerzos por fortalecer el sector Agropecuario en la provincia, además de generar resultados orientados a mejorar la calidad de vida de la población consumidora de la producción local, solicito a usted considere:

La posibilidad de brindar el apoyo técnico al pedido a través de la Subsecretaría de Ganadería, para la elaboración de los términos de referencia para la construcción de un «Centro de faenamiento» en San Cristóbal conforme lo solicita ti GAD municipal de San Cristóbal
A través de la Subsecretaría de Tierras, determinar la figura legal pertinente para la donación o transferencia de una parte de la propiedad de la Finca Santa Mónica ubicada en la isla San Cristóbal, debido a su idoneidad por su ubicación aislada de los centros poblados para el funcionamiento de mencionado centro de faenamiento.»

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

Que, Mediante memorando Nro. MAG-DPAGALAPAGOS-2018-0966-M, de fecha 30 de mayo de 2018, la Disección Distrital Galápagos, informa a la Subsecretaría de Ganadería, las gestiones realizadas en tomo al tema de camales en el Régimen Especial de Galápagos, incluido el Memorando Nro. MAG-DPAGALAPAGOS-2018-0466-M, de fecha 16 de marzo de 2018.

Que, el Acuerdo Ministerial Nro. 093 de 09 de julio de 2018, concerniente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su artículo 12, ítem 1, numeral 1.1, establece como atribuciones y responsabilidades del Ministro/a, entre otras, las siguientes: «(…) h) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/ as. Subsecretarios, Coordinadores/as Generales, Directores/as Nacionales y Directoras/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; […] k) Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran sugestión (…)»;

Que, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, numeral 4.1., la Gestión Distrital a cargo del Director/a Distrital, tiene como Misión: «Gestionar y dar seguimiento a los planes, programas y proyectos a nivel distrital, dentro del ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a los objetivos, estrategias, políticas, regulaciones y procedimientos definidos a nivel central, para implementar y brindara la ciudadanía servicios de calidad en el ámbito agropecuario, para mejorar las condiciones de vida de la población garantiendo la soberanía alimentaria.»

Que, mediante Decreto Ejecutivo No, 487 de 21 de agosto de 2018, el señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, nombró al Ingeniero Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería;

Que, Con memorando Nro. MAG-UGDAFIGALÁPAGOS-2020-0238-M, el Ing. Fabián Salinas Espín Responsable Administrativo Financiero de la Dirección Distrital de Galápagos, presenta el Informe Técnico Nro. 001-UGDAF-2020-FS dentro del cual concluye «(…) el área de la Propuesta Nro. 2 al ser tierra improductiva y no apta para uso agropecuario, es la idónea para la transferencia de dominio al GAD Municipal de San Cristóbal este espacio de terrena corresponde a 2.5 hectáreas de la finca Santa Mónica de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería adicionalmente solicita remitir al señor Ministro el presente Informe con acepción favorable para la transferencia de dominio del espado de terreno, para la construcción del Camal Municipal para el faenamiento de Ganado bovino y porcino.»

Que, Mediante memorando Nro. MAG-DDGALAPAGOS-2020-0530-M de 18 de agosto de 2020 el Ing. Jimmy Bolaños Carpió en calidad de Director Distrital de Galápagos solicita al señor Ministro de esta Cartera de Estado la transferencia de dominio gratuita y perpetuidad del espacio solicitado por el GAD Municipal San Cristóbal, en finca Santa Mónica propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señalando lo siguiente: (…) estimado Ministro, pongo a vuestro análisis y consideraron los sustentos respectivos para la atención del pedido del Alcalde del GAD Municipal del cantón San Cristóbal a través de las áreas competentes de nuestra institución, con la importancia que demanda este proyecto para la provincia ante la ausencia de centros de

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faenamiento, problemática expresada años atrás y en reiterados diálogos con el sector Agropecuario, (…)»

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- DELEGACIÓN.- Delegar a la o el Titular de la Dirección Distrital de la Provincia de Galápagos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de que dentro de sus atribuciones y responsabilidades, a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado, de conformidad a la normativa vigente, proceda a realizar lo siguiente:

a. Suscribir la escritura pública de transferencia de dominio a título gratuito, del espacio de terreno correspondiente a 2.5 hectáreas en el Polígono 1 en el predio Santa Mónica, propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en San Cristóbal, provincia de Galápagos, conforme a la propuesta No. 2 del GAD Municipal de San Cristóbal, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal,

b. Realizar los trámites necesarios ante el Municipio pertinente para obtener la desmembración o fraccionamiento, así como la clave catastral de las 2.5 hectáreas del predio-Santa Mónica, en el Polígono 1, del área de 15.35 hectáreas, signado con clave catastral 2001510400165, propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en San Cristóbal, provincia de Galápagos, conforme a la propuesta No. 2 del GAD Municipal de San Cristóbal.

c. Suscribir cuanto escrito sea necesario, incluidas rectificaciones o aclaratorias de linderos y superficies, así como la realización de todo acto inherente para la formalización de dicha transferencia; a fin de garantizar la trasferencia de dominio a título gratuito de las 2.5 hectáreas a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal.

ARTÍCULO 2.- La gestión que precede a la suscripción de la escritura pública de trasferencia de dominio a título gratuito, o aclaratoria/rectificatoria de escritura pública, como es la elaboración y/o revisión de la minuta y escritura matriz, le corresponde a la Dirección Distrital de Galápagos, así como el trámite de inscripción de la escritura pública, junto con las aclaratorias en caso de existir, en el Registro de la Propiedad del cantón que corresponda,

ARTÍCULO 3.- PERFECCIONAMIENTO.- Una vez perfeccionada dicha transferencia de dominio, el delegado ordenará a la Unidad de Gestión Distrital Administrativa Financiera, proceda conforme lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes c Invéntanos del Sector Público.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDAD.- La o el Delegado en virtud del presente Acuerdo, será jurídicamente responsable de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, e informará de manera detallada y documentada, al o la Titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo del presente Acuerdo Ministerial

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Una vez perfeccionada la transferencia de dominio, otorgada por esta Cañera de Estado a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal, deberá tomar nota de dicha transferencia en los registros contables e inventario de activos fijos correspondientes.

DISPOSICIÓN FINAL- El presente Acuerdo Ministerial regirá a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0016-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia»;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: «Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.»;

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: «El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»; y, «El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características»;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, «(…) 1- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: «Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona Que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido»;

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: «El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará «Registro de las Organizaciones Religiosas», dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial»;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

SDH-CGAF-2021-0027-E de fecha 07 de enero de 2021, el/la señor/a Lupo Iván Ángulo Quiñonez, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA CAMINANDO POR LAS SENDAS ANTIGUAS (Expediente XA-1096), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0044-M, de fecha 26 de enero de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA CAMINANDO POR LAS SENDAS ANTIGUAS, con domicilio en la ciudadela San Alejo, calle Cristóbal Colón, sin número, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 26 día(s) del mes de Enero de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0017-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, en los numerales 1,9, 10 y 15 del artículo 57 de la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, «(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se encuentra en concordancia con el artículo 96 de la Constitución de la República, reconoce todas las

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos;

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

Que, el artículo 565 del Código Civil, prescribe: «No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 691, publicado en el Registro Oficial No. 522, segundo suplemento de 15 de junio de 2015, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en el seno de la respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de 27 de octubre 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 193 dispone que las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro, entendiéndose a aquellas cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras;

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2020-3785-E, de fecha 24 de diciembre del 2020, el/la señor/a Franklin Columba, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada: UNIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, INTERCULTURALES DEL SUR DE PICHINCHA, «UOSISP». (Expediente 17-368), solicitó la aprobación del Estatuto y el otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. 001, de fecha 21 de enero del 2021, el/la Analista designado/a para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización en formación denominada: UNIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, INTERCULTURALES DEL SUR DEPICHINCHA, «UOSISP», por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley y demás normativa aplicable; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de la Corporación UNIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, INTERCULTURALES DEL SUR DE PICHINCHA, «UOSISP» con domicilio en la calle Versalles N21-326, entre San Gregorio y Gerónimo Carrión, parroquia Benalcázar, cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización social de segundo grado de ámbito de nacionalidades y pueblos), de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el respectivo Registro de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas.

Artículo 4.- Disponer que la organización ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

Artículo 5.- La referida organización deberá convocar al Congreso Ordinario conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, que deberá reposar en el Archivo de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Anular y dejar sin efecto el Acuerdo Constitutivo Nro. SDH-DRNPOR-2021-0015-A de 26 de enero de 2021, por existir un error mecanográfico involuntario en la palabra «INTERCULTURALES».

Artículo 9.- Notificar al Representante Provisional de la citada organización, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 28 día(s) del mes de Enero de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

ACUERDO n.° SENESCYT-2021-004

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, cuyo numeral 1 del artículo 154 determina que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. […] expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: «Reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.- El órgano rector de la política pública de educación superior realizará el reconocimiento e inscripción de los títulos obtenidos en el extranjero, bajo cualquier modalidad de estudios, con base en el reglamento que para el efecto dicte el Consejo de Educación Superior previo informe del ente rector de la política pública de educación superior. En dicho reglamento, se establecerán además los procedimientos de homologación y revalidación de títulos extranjeros en las instituciones de educación superior nacionales cuando no sea posible registrarlos bajo los procedimientos que ejecuta el ente rector de la política pública de educación superior.

El proceso de reconocimiento de títulos extranjeros observará que dichos títulos sean comparables con uno de los grados académicos o niveles de formación establecidos en la presente Ley y, que se hayan otorgado por instituciones de educación superior debidamente evaluadas, acreditadas o su equivalente por organismos competentes en el país de origen.

El reconocimiento de títulos extranjeros respetará el ordenamiento jurídico del país que emite el título y únicamente para los casos de títulos doctorales y de títulos que pongan en riesgo la salud, la vida y la seguridad de las personas, el reglamento especificará requisitos académicos adicionales»;

Que, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior»;

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

Que, el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo, versa sobre el principio de buena fe, estableciendo que: «Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes»;

Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, promulgado en el Registro Oficial n.° 536 de 18 de marzo de 2002, señala: «DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, el artículo innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem, determina: «…- De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado»;

Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone: «Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. […]”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo n.° 818 de 03 de julio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, mediante Acuerdo n.° 2016-007 de 07 de enero de 2016, el entonces, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expidió la delegación de atribuciones a varios funcionarios de la Dirección de Registro de Títulos, para la ejecución de trámites relacionados con el registro de títulos nacionales y títulos obtenidos en instituciones de educación superior extranjeras;

Que, mediante Acuerdo n.° SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo establece:

«1.2.1.2.3. GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS

[.. .]j) Ejecutar los procesos necesarios para verificar que las solicitudes de títulos ingresadas a la Secretaría cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para el reconocimiento y registro de títulos emitidos por instituciones de educación superior extranjeras; […]

Gestión interna de títulos extranjeros

[…] 2. Reconocimiento y registro de títulos obtenidos en instituciones de educación superior extranjeras»;

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

Que, mediante memorando n.° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0724-M de 14 de diciembre de 2020, el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, solicitó a la máxima autoridad de esta Secretaría de Estado: «[…] se proceda con la autorización para la emisión de la derogatoria del Acuerdo N° 2016-007, toda vez que resultas innecesaria la vigencia de dicho instrumento para la consecución de las gestiones que realiza la Dirección de Registro de Títulos de esta Cartera de Estado» y, remitió adjunto el informe técnico s/n de 03 de diciembre de 2020, suscrito por la Directora de Registro de Títulos y el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, mismo en el cual consta:

«5. CONCLUSIONES

Con base en lo expuesto, toda vez que resulta innecesaria la vigencia del Acuerdo N° 2016-007 para la consecución de las gestiones que realiza la Dirección de Registro de Títulos de esta Cartera de Estado, es necesario contar con la autorización para la emisión de su derogatoria; esto en virtud de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas y de esta manera, lograr una óptima gestión»; y,

Que, mediante sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión Documental Quipux, dentro del trámite n.° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0724-M en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se manifestó: «Autorizado, por favor proceder como corresponde, dentro de lo legal, factible y pertinente».

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 17, innumerado segundo del 17-2 y 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo n.° 818 de 03 de julio de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Deróguese el Acuerdo n.° 2016-007 de 07 de enero de 2016, mediante el cual se delegaron atribuciones a varios funcionarios de la Dirección de Registro de Títulos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo a la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior y a la Dirección de Registro de Títulos de esta Secretaría de Estado.

SEGUNDA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior y a la Dirección de Registro de Títulos de esta Cartera de Estado.

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado la notificación con el presente Acuerdo, a las unidades determinadas en la disposición precedente.

CUARTA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2021.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

RESOLUCIÓN No. SENESCYT – 2021 – 001

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo»;

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que les corresponde a las ministras y ministros de Estado: «Ejercerla rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo»;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala que: «Instituciones de Educación Superior- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: / a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; / b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley; y, / c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior universitario, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a esta Ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior acreditará o cualificará a los institutos para que puedan ofertar posgrados técnicos tecnológicos»;

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Que, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: «Las instituciones de educación superior son comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, excepto las siguientes: / a) Los institutos técnicos y tecnológicos públicos que serán instituciones desconcentradas adscritas al órgano rector de la política en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación […]»;

Que, el último inciso del artículo 48 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior determina: «[…] El órgano rector de la política pública de educación superior será responsable de la gestión del personal académico y administrativo de los institutos superiores públicos que están bajo su rectoría, de conformidad a la normativa correspondiente»;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales […]»;

Que, el artículo innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem dispone: «Art. …- De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado»;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece en su artículo 99 que «Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente […]»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo n.° 818 de 03 de julio de 2019, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el artículo 34 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación Técnica y Tecnológica, expedido por el Consejo de Educación Superior, establece que: «La fusión de las instituciones de educación superior en el marco de este Reglamento, se produce cuando dos (2) o más institutos superiores se unen para formar uno nuevo que les sucede en sus derechos y obligaciones o cuando uno (1) o más institutos superiores son absorbidos por otro que continuará existiendo»;

Que, el artículo 36 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación Técnica y Tecnológica determina que: «Los institutos superiores de carácter público o particular podrán solicitar al CES la fusión por absorción con otras instituciones de educación superior del mismo carácter, sean éstas otros institutos superiores o una universidad o escuela politécnica, con el objeto de consolidar y fortalecer su oferta académica y gestión institucional en la institución de educación superior fusionada que permanezca vigente; en este

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caso, las máximas autoridades de las instituciones de educación superior deberán presentar de manera conjunta los siguientes requisitos:

Solicitud de fusión suscrita por las máximas autoridades de los institutos superiores. En el caso de los institutos públicos, el órgano rector de la política pública de educación superior será quien suscriba la solicitud;
Informe técnico que justifique la necesidad de fusionar a la institución de educación superior;
Informe del estado de la situación financiera de las instituciones a fusionarse;
Actas o resoluciones del OCS de las instituciones de educación superior en las que se resuelve la fusión. En el caso de los institutos superiores públicos adscritos al órgano rector de la política pública de educación superior, el referido órgano emitirá el instrumento en el que se resuelve la fusión.

En el caso de los institutos superiores públicos adscritos al órgano rector de la política pública de educación superior, el referido órgano emitirá el instrumento en el que se resuelve la fusión; y.

e) Plan de aseguramiento y continuidad de la gestión académica y administrativa de los institutos superiores absorbidos, presentado por la institución de educación superior absorbente»;

Que, el artículo 1 del Modelo de Gestión de Recursos Generados por los Institutos Superiores Públicos bajo la rectoría de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expedido mediante Acuerdo n.° SENESCYT-2019-070 de 20 de junio de 2019, señala que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en calidad de institución promotora, tiene la rectoría académica, administrativa, financiera y orgánica de 133 Institutos Superiores Públicos, conforme el detalle contenido en dicho artículo;

Que, mediante Resolución n.° SENESCYT-2020-006 de 13 de julio de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación resolvió la fusión por absorción de vahos institutos superiores tecnológicos;

Que, mediante memorando n.° SENESCYT-SGESCTI-2021-0040-MI de 08 de febrero de 2021, y alcance al mismo, contenido en memorando n.° SENESCYT-SGESCTI-2021-0049-MI de 17 de febrero de 2021, el Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó a la Máxima autoridad de esta Cartera de Estado, que: «[L]uego del análisis y factibilidad técnica determinada por el equipo de la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, se ha determinado el cambio de tres fusiones aprobadas previamente, destacándose los siguientes beneficios de este proceso:

Consolidación de la oferta pública técnica y tecnológica en cada provincia a través del fortalecimiento de la IES Fusionadora.
Mejorar la gestión académica y administrativa.
Asegurar la sostenibilidad técnica, académica, administrativa y financiera de los IST.
Usar eficiente y equitativamente los recursos de los IST.
Fortalecer a las IES para la acreditación institucional […].

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[…]En concordancia con lo anteriormente expuesto, se ha procedido con la elaboración de los Informes técnicos correspondientes en los cuales se determina la pertinencia de la fusión por absorción de estas IES. Para lo cual se adjunta:

Informe técnico Nro. SIES-DGICS-2021-014, en el cual se determina la pertinencia de fusión por absorción del IST El Oro.
Informe técnico Nro. SIES-DGICS-2021-013, en el cual se determina la pertinencia de fusión por absorción del IST Luis Rogerio González
Informe técnico Nro. SIES-DGICS-2021-007, en el cual se determina la pertinencia de fusión por absorción del IST Pelileo.

Adiciona/mente y considerando que, el expediente de fusión del Instituto Superior Tecnológico Bolívar aún no ha sido presentado al Consejo de Educación Superior, se solicita la actualización del artículo 18, conforme la nueva denominación de esta dependencia, para lo cual se adjunta el Informe Técnico Nro. SIES-DGICS-2021-010 […]».

Por lo expuesto, y con la documentación habilitante, me permito solicitar se procesa con la reforma de la RESOLUCIÓN n. ° SENESCYT-2020-006, […]».

Que, mediante sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión Documental Quipux, dentro del trámite n.° SENESCYT-SGESCTI-2021-0049-MI en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se manifestó: «Autorizado, por favor proceder como corresponde, dentro de lo legal, factible y pertinente».

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 17 e innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los artículos 159 y 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el artículo 36 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación Técnica y Tecnológica; y, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo n.° 838 de 03 de julio de 2019.

RESUELVE:

EXPEDIR SIGUIENTES REFORMAS A LA RESOLUCIÓN n.° SENESCYT-2020-006, PROMULGADA EL 13 DE JULIO DE 2020:

Artículo 1.- Sustitúyase el texto de artículo 12, por el siguiente:

«Artículo 12.- Fusiónese por absorción el Instituto Superior Tecnológico Oscar Efrén Reyes, el Instituto Superior Tecnológico Baños, ubicados en el cantón Baños de Agua Santa y el Instituto Superior Tecnológico Benjamín Araujo ubicado en el cantón Patate, provincia de Tungurahua, al «INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PELILEO», ubicado en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, conforme lo determinado en el Informe n.° SIES-DGICS-2021-007 generado por la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación».

Artículo 2.- Sustitúyase el texto del artículo 16, por el siguiente:

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«Artículo 16.- Fusiónese por absorción el Instituto Superior Tecnológico José Benigno Iglesias, ubicado en el cantón Biblián, el Instituto Superior Tecnológico Andrés F. Córdova y el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Vásquez ubicados en el cantón Azogues, provincia de Cañar, al «INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ROGERIO GONZÁLEZ» ubicado en el cantón Azogues, provincia de Cañar, conforme lo determinado en el Informe n. ° SIES-DGICS-2021 -013 generado por la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación».

Artículo 3.- Sustitúyase el texto de artículo 17, por el siguiente texto:

«Artículo 17.- Fusiónese por absorción el Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga, el Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León y el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño ubicados en los cantones El Guabo, Pasaje y Máchala, respectivamente, provincia de El Oro, al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EL ORO» ubicado en el cantón Máchala, provincia de El Oro, conforme lo determinado en el Informe n. ° SIES-DGICS-2021-014 generado por la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación».

Artículo 4.- Sustitúyase el texto de artículo 18, por el siguiente texto:

«Artículo 18.- Fusiónese por absorción el Instituto Superior Tecnológico Luis A. Martínez, el Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, ubicados en el cantón Ambato y el Instituto Superior Tecnológico Los Andes ubicado en el cantón Píllaro provincia de Tungurahua, al «INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLÍVAR» ubicado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, conforme lo determinado en el Informe n.° SIES-DGICS-2021-010 generado por la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación».

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a la Coordinación General Administrativa Financiera a través de sus diferentes Direcciones; y, a las Coordinaciones Zonales correspondientes conforme la circunscripción territorial de los Institutos objeto de la presente fusión.

SEGUNDA- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a las Coordinaciones Zonales correspondientes conforme la circunscripción territorial de los Institutos objeto de la presente fusión, a la Coordinación General Administrativa Financiera, de esta Cartera de Estado; y, a los Institutos Superiores Públicos determinados en la presente Resolución.

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la notificación con la presente Resolución a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Subsecretaría de Instituciones de

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Educación Superior, a las Coordinaciones Zonales correspondientes conforme la circunscripción territorial de los Institutos objeto de la presente fusión; y, a la Coordinación General Administrativa Financiera, de esta Cartera de Estado.

CUARTA.- Encárguese a la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, la notificación de la presente Resolución a los Institutos Superiores Públicos objeto de la presente Fusión.

QUINTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos (22) días del mes de febrero de 2021.

Notifíquese y Publíquese. –

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-0498

LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante comunicación ingresada electrónicamente en el Sistema de Calificaciones con hoja de ruta No. SB-SG-2021-07821-E, al arquitecto Mario Carlos Aguayo Luna, con cédula No. 1706774575, solicita la calificación como perito valuador en el área de bienes inmuebles; entendiéndose que la documentación remitida a la Superintendencia de Bancos es de responsabilidad exclusiva de la parte interesada, que es auténtica y no carece de alteración o invalidez alguna;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

QUE el artículo 4 del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado», de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

QUE el inciso quinto del artículo 6 del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de diez (10) años contados desde la fecha de emisión de la resolución;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2021-0644-M de OS de marzo del 2021, se ha determinado el cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-202144787 de 17 de febrero del 2021,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al arquitecto Mario Carlos Aguayo Luna, con cédula No. 1706774575, como perito valuador en el área de bienes inmuebles en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

ARTÍCULO 2.- VIGENCIA, la presente resolución tendrá vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión, manteniendo su número de registro No. PA-2006-842

ARTÍCULO 3.- COMUNICAR a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con la presente resolución,

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de marzo del dos mil veintiuno.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de marzo del dos mil veintiuno.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

RESOLUCIÓN No. 5B-DTU2021-0499

LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante comunicación ingresada electrónicamente en el Sistema de Calificaciones con hoja de ruta No, SB-SG-2021-O768O-E, la contadora Michelle Estefanía Bedoya Benítez, con cédula No.1721811923, solicita la calificación como perito valuador en el área de bienes agropecuarios, entendiéndose que la documentación remitida a la Superintendencia de Bancos es de responsabilidad exclusiva de la parte interesada, que es auténtica y no carece de alteración a invalidez alguna;

QUE el inciso quinto del artículo 6 del citado capítulo IV, establece que la resolución de la calificación tendrá una vigencia de diez (10) años contados desdé la fecha de emisión de la resolución;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2021-0659-M de 08 de marzo del 2021, se ha determinado el cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2021-14787 de 17 de febrero del 2021,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la contadora Michelle Estefanía Bedoya Benítez con cédula No.1721811923, como perito valuador en el área de bienes agropecuarios, en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

ARTÍCULO 2.- VIGENCIA, la presente resolución tendrá vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión, manteniendo su número de registro No. PVQ-2021-02147

ARTÍCULO 3.- COMUNICAR a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con la presente resolución.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de marzo del dos mil veintiuno.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de marzo del dos mil veintiuno.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2021-0500

LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

CONSIDERANDO:

QUE mediante comunicación ingresada electrónicamente en el Sistema de Calificaciones con hoja de ruta No. SB-SG-2021-07679-E, el arquitecto Fabián Eduardo Encalada Navarrete, con cédula No. 0600925291, solicita la calificación como perito valuador en el área de bienes inmuebles; entendiéndose que la documentación remitida a la Superintendencia de Bancos es de responsabilidad exclusiva de la parte interesada, que es auténtica y no carece de alteración o invalidez alguna;

QUE mediante memorando No. SB-DTL-2021-0643-M de 05 de marco del 2021, se ha determinado el cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada; y,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al arquitecto Fabián Eduardo Encalada Navarrete, con cédula No. 0600925291, como perito valuador en el área de bienes inmuebles eh las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.

Registro Oficial N° 417 Miércoles 24 de marzo de 2021

ARTÍCULO 2.- VIGENCIA, la presente resolución tendrá vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión, manteniendo su número de registro No. PA-2003- 1019

ARTÍCULO 3.- COMUNICAR a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con la presente resolución.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de marzo del dos mil veintiuno.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de marzo del dos mil veintiuno.

Miércoles 24 de marzo de 2021 Registro Oficial N° 417

SUPERINTENDENC

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLÍ

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2020-0709

DIEGO ALDAZ INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…). «;

Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo dispone: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias. «;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…). «;

Que, el artículo 57 de la citada Ley Orgánica dispone: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años; (…).»;

Que, el artículo 58 ibídem establece: «La Superintendencia, a petición departe o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público. «;

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Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala: «(…) A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo. «;

Que, el primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento ut supra determina: «(…) Liquidación sumaria.- En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- En caso de existir saldo o remanente del activo de las organizaciones liquidadas, este se destinará a los objetivos previstos en su Estatuto Social. «;

Que, el tercer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 ibídem determina: «(…) Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más. (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación para que justifiquen su calidad.- De existir acreedores, se procederá conforme lo determinado en la normativa vigente. «;

Que, el artículo 153 del aludido Reglamento dispone: «Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma. La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente. «;

Que, el numeral 3) del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657 de 18 de septiembre de 2020, con la cual se sustituyó la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, señala: «Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros

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correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva. «;

Que, el artículo 7 de la referida Norma de Control señala: «Artículo 7.- Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes «;

Que, la Disposición General Primera de la Norma citada establece: (…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador.»;

Que, a través de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió declarar inactivas a 941 organizaciones, acorde a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, por cuanto no remitieron balances durante dos años consecutivos, previniendo en el artículo tercero de la citada resolución a los directivos de las organizaciones descritas que, una vez que haya transcurrido tres meses contados desde la publicación de la resolución y de persistir la inactividad, este Organismo de Control podría declararlas disueltas y disponer su liquidación; así como, la cancelación del Registro Público; razón por la cual, dentro del plazo respectivo debían presentar los descargos que hubieren considerado pertinentes a fin de superar la inactividad resuelta;

Que, la precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario «Metro», el 22 de agosto de 2019;

Que, en el Informe Técnico No. SEPS-IZ6-DZSNF-2020-0004 de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 6 del Sector No Financiero concluye y recomienda: «(…) D. CONCLUSIONES:.- Las organizaciones contenidas en el Anexo 1.- “Datos Generales”, NO han presentado en el tiempo establecido para el efecto, la declaración del impuesto a la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017,; (sic) por lo que, se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e)

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del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica Ibídem, es decir no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGTIGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en el Anexo 4.- Levantamiento de bienes, y Anexo 6.- “Consulta de valores que mantienen en el Sistema Financiero” se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo I- “Datos Generales”, NO mantienen activos a su nombre.- E. RECOMENDACIONES.- 1. Emitir el acto administrativo que en derecho corresponda, a través del cual se inicie el proceso de liquidación forzosa sumaria, y se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo I- Datos Generales”, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (…) concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…) Y de conformidad con el artículo 5 de la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS», con Registro Único de Contribuyentes No. 1391833164001;

Que, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS», mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900998 de 9 de diciembre de 2015;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ6-DZ6NSF-2020-0163 de 20 de febrero de 2020, la Directora Zonal 6 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Directora Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero: «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ6-DZSNF-2020-0004, de 20 de febrero de 2020 (…) con la finalidad de que sea puesto en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, para su respectiva aprobación «;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-DNSSNF-2020-0283 de 20 de febrero de 2020, la Directora Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero pone en conocimiento para aprobación del Intendente del Sector No Financiero: «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ6-DZSNF-2020-0004, que recomienda la liquidación forzosa sumaria de 47 organizaciones, contenido en el Memorando No. SEPS-SGD-IZ6-DZ6NSF-2020-0163 de 20 de febrero de 2020, suscrito por el Director Zonal 6 SNF (…)»;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-2020-0290 de 20 de febrero de 2020, la Intendencia del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-IZ6-DZSNF-2020-0004, indicando: «(…) los informes se encuentran revisados y

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aprobados; luego del respectivo análisis por parte de su intendencia solicito sean acogidas, las recomendaciones contenidas en los mismos (…) «;

Que, con Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-031 de 25 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: «¥. CONCLUSIONES: (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 47 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.8. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 47 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.- 5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 47 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la ley Orgánica de Economía Popular (…) concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Iey,(…) en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en razón que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad económica (…) «; organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS», con Registro Único de Contribuyentes No. 1391833164001;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0214 de 26 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNILO-2020-031, en el cual se recomienda: «(…) declarar la liquidación forzosa sumaria de las mencionadas organizaciones y la extinción de le (sic) personalidad jurídica (…).»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0241 de 30 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNILO-2020-031, correspondiente a las 47 organizaciones del sector no financiero de la economía popular y solidaria declaradas inactivas, entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE

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«ASOPROGANADEROS», con Registro Único de Contribuyentes No. 1391833164001, manifiesta: «(…) aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (…);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1298 de 22 de mayo de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1298, el 22 de mayo de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2210 de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución señala: «(…) me permito informar que el 18 de noviembre de 2020”, se procedió a efectuar la publicación en el Diario “Metro”, el llamamiento a posibles acreedores de las indicadas organizaciones que entraron en proceso de liquidación sumaria, para su comparecencia dentro del término de 15 días. Ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, antes posibles acreencias, de las dos organizaciones (2), por lo que solicito se sirva continuar con la elaboración de las respectivas resoluciones de disolución y liquidación sumaria forzosa conforme lo requerido a través de Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0685.»;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037 de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, por medio de la acción de personal No. 2779, de 09 de diciembre de 2020, se nombró como Intendente General Técnico subrogante al señor Diego Aldaz.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS», con Registro Único de Contribuyentes No. 1391833164001, domiciliada en el cantón San Vicente, provincia de Manabí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, literal e), numeral 3, de la Ley Orgánica de la Economía

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Popular y Solidaria; en concordancia con el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como, el numeral 3, del artículo 6; y, artículo 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS», con Registro Único de Contribuyentes No. 1391833164001, extinguida de pleno derecho conforme a los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-rNSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657 de 18 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS».

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la inclusión económica y social con la presente Resolución para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS» del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación en el cantón San Vicente, provincia de Manabí, domicilio de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS SAN VICENTE «ASOPROGANADEROS»; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

TERCERA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia publicar la presente Resolución en el Registro Oficial.

CUARTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y

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Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

QUINTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de diciembre de 2020.

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SUPERINTENDENCIA

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0040

CATALINA PAZOS CHIMBO INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo innumerado a continuación del 64 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala: «Legalización de predios.- En caso de existir socios o posesionados que no han legalizado sus predios y los mismos aún estén a nombre de cooperativas en liquidación, el liquidador realizará una publicación en un periódico del domicilio de la organización, indicando los nombres y apellidos de las personas que no cuentan con dichas escrituras y el número del lote, para que ellos tramiten la legalización respectiva.- El proceso de legalización deberá realizarse en el plazo máximo de noventa (90) días, contados desde la fecha de la mencionada publicación, el mismo que podrá ser prorrogado por una (1) sola vez por igual plazo si durante este tiempo los socios o posesiónanos no han realizado dicho proceso de escrituración, el liquidador procederá a solicitar la extinción de la cooperativa.- De existir predios que no fueron adjudicados y que estén a nombre de cooperativas extintas, las personas que requieran legalizar el dominio de sus predios, deberán seguir el correspondiente proceso judicial»;

Que, el artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «La Superintendencia, una vez que apruebe el informe final del liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la organización, declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del particular al Ministerio encargado de la inclusión económica y social, para que, igualmente, cancele su registro en esa entidad»;

Que, el artículo 59, numeral 9, del Reglamento ut supra señala: «Son atribuciones y responsabilidades del liquidador, las siguientes: (…) 9. Presentar el informe y balance de liquidación finales (…)»;

Que, el artículo 64 ibídem dispone: «El liquidador presentará a la asamblea general y a la Superintendencia un informe final de su gestión que incluirá el estado financiero de situación final y el balance de pérdidas y ganancias debidamente auditados, con la distribución del saldo patrimonial, de ser el caso «;

Que, el artículo 11 del Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y Calificación de Interventores y Liquidadores de Cooperativas, expedido mediante Resolución No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010, de 19 de febrero de 2013, reformado, dispone: «(…) El Liquidador remitirá a la Superintendencia, copias del balance final de la liquidación, debidamente auditado en el caso que la organización cuente con

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saldo patrimonial; el informe de su gestión y el acta de la asamblea general en la que se conoció dicho informe, los balances y el destino del saldo del activo, en caso de haberlo (…)»;

Que, el artículo 12 del Reglamento Especial referido anteriormente establece: «Si la totalidad de los activos constantes en el balance inicial de la liquidación, no son suficientes para satisfacer las obligaciones de la cooperativa en liquidación; o si realizado el activo y saneado el pasivo no existe saldo del activo o sobrante, el Liquidador levantará el Acta de Carencia de patrimonio, la que deberá estar suscrita conjuntamente con el contador, en caso de tenerlo, y la enviará a la Superintendencia «;

Que, el artículo 14 del Reglamento ut supra dice: «Concluido el proceso de liquidación, el Superintendente o su delegado, dictará una resolución que disponga la extinción de la persona jurídica, la cancelación de la inscripción de la cooperativa y notificará al Ministerio respectivo, para que se cancele su registro «;

Que, mediante Acuerdo No. 000022, de 5 de enero de 1994, el Ministerio de Bienestar Social aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS», domiciliada en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua;

Que, con Acuerdo No. 0000008 SDRCC-03, de 16 de julio de 2003, la Subdirección Regional de Cooperativas Central resolvió declarar en proceso de disolución y liquidación a la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS», a la vez que designó al señor Rodolfo Pico Cordovilla, como liquidador de la Organización;

Que, del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-251, consta que «Mediante Acuerdo Ministerial No. 008-2010 de 6 de mayo de 2010 la Dirección Provincial de Inclusión Económica y Social de Tungurahua, designó al Dr. Wilson Ramiro Mayorga Mayorga en calidad de liquidador», de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, con Acuerdo No. 023-2010, de 09 de noviembre de 2010, la Dirección Provincial de Inclusión Económica y Social de Tungurahua acordó designar como liquidador de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN» al señor Rafael Eduardo Aguirre Álvarez, en reemplazo del señor Wilson Ramiro Mayorga Mayorga;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2016-0114, de 19 de agosto de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió remover al señor Rafael Eduardo Aguirre Álvarez del cargo de liquidador de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN»; así como designar a la

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señora María Belén Pacheco Granja, servidora de esta Superintendencia, como liquidadora de la Organización;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2018-0040, de 25 de abril de 2018, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió remover a la señora María Belén Pacheco Granja del cargo de liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN»; así como designar a la señora Verónica Paulina Mullo Álvarez, servidora de esta Superintendencia, como liquidadora de la Organización;

Que, del antes referido Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-251, de 01 de diciembre de 2020, se desprende también Que, mediante oficio ingresado a esta Superintendencia con Trámite No. SEPS-UIO-2020-001-056162, de 30 de octubre de 2020, la liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN» ha presentado el informe final del proceso de liquidación de la referida Organización, adjuntando para ello los documentos respectivos;

Que, en el precitado Informe Técnico, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, al pronunciarse respecto del informe final de liquidación presentado por la liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN», en lo principal, concluye y recomienda: «(…) 4. CONCLUSIONES:- (…) 4.8. Del análisis efectuado en el presente informe se concluye que la COOPERATIVA DE VIVIENDA los CHASQUIS «EN LIQUIDACIÓN», con RUC No. 1890148308001, dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y Reglamento Especial de Intervenciones y liquidaciones y Calificación de Interventores y liquidadores de Cooperativas, por lo que es procedente declarar la extinción de la organización.- 4.9. Aprobar el informe final de gestión presentado por la ingeniera Verónica Paulina Mullo Álvarez, liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA los CHASQUIS “EN LIQUIDACIÓN» con RUC No. 1890148308001- 5. RECOMENDACIONES:- (…) 5.1. Aprobar la extinción de la COOPERATIVA DE VIVIENDA los CHASQUIS “EN LIQUIDACIÓN», con RUC No. 1890148308001, en razón de que la liquidadora ha cumplido con todas las actividades conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento General a la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (…) «;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-rNFMR-DNILO-2020-2110, de 01 de diciembre de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-251, emitido en relación a la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN», sobre la que señala: «(…) dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley Orgánica de Economía

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Popular y Solidaria, su Reglamento General y Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y Calificación de Interventores y Liquidadores de Cooperativas (…) «; y recomienda: «(…) la extinción de la aludida organización (…);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2127, de 02 de diciembre de 2020, la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: «(…) A criterio de esta Intendencia y sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-251 de 01 de diciembre de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, se establece que la Cooperativa de Vivienda los Chasquis «En Liquidación», dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General (…). En este sentido, esta Intendencia, aprueba el informe final de gestión del liquidador así como el presente informe técnico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (…) «;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-0196, de 27 de enero de 2021, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el informe respectivo;

Que, por medio de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia, en los comentarios al Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-0196, el 27 de enero de 2021 la Intendencia General Técnica emitió su «PROCEDER » para continuar con el proceso referido;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el suscribir las resoluciones de extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones controladas; y,

Que, por medio de la acción de personal No. 0733, de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar a la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN», con Registro Único de Contribuyentes No. 1890148308001, extinguida de pleno derecho.

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ARTICULO SEGUNDO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN» en el Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTICULO TERCERO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución para que proceda a retirar a la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN», del registro correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- Dejar sin efecto el nombramiento de la señora Verónica Paulina Mullo Álvarez, como liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN».

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar con la presente Resolución a la ex liquidadora de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN», para los fines pertinentes.

SEGUNDA.- Disponer a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, domicilio de la COOPERATIVA DE VIVIENDA «LOS CHASQUIS» «EN LIQUIDACIÓN»; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

TERCERA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia publicar la presente Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes; y, sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en el Acuerdo No. 0000008 SDRCC-03.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

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SEXTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de febrero de 2021.