Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 24 de febrero de 2021 (R. O.397, 24–febrero -2021 )
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDO:
SECRETARÍA DEL DEPORTE:
0298 Para hacer efectiva la transferencia total de los recursos económicos correspondientes al Comité Olímpico Ecuatoriano, se deberá tomar en cuenta la certificación presupuestaria constante en el presente Acuerdo y no aquella referida en el Acuerdo Nro. 0291 de 06 de marzo de 2020
RESOLUCIONES:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO:
GSEP-2021-001 Valídese el Proyecto de “Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero
DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS –
DINARDAP:
005-NG-DINARDAP-2021 Emítese la Norma reformatoria a la Resolución No. 002-NG DINARDAP-2021
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA – INEVAL:
INEVAL-INEVAL-2020-0015-R Deróguese la Resolución No. 005-INEVAL-2019 de 06 de septiembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 044 de 20 de septiembre de 2019
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES:
SNMLCF-DG-2021-008 Apruébese y dispónese la creación de noventa y tres (93) puestos para la carrera civil
Año II – Nº 397 – 46 páginas
Quito, miércoles 24 de febrero de 201
Miércoles 24 de febrero de 2021 Registro Oficial Nº 397
Págs.
SNMLCF-DG-2021-011 Expídese la delegación de facultades y atribuciones para las gestiones de contratación pública, administrativa y financiera
FE DE ERRATAS:
A la publicación del Acuerdo No. 00112-2021 de 7 de enero de 2021, emitida por el Ministerio de Salud Pública, efectuada en el Registro Oficial No. 377 de 25 de enero de 202
ACUERDO Nro. 0298
Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
SECRETARIA DEL DEPORTE
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión…”;
Que, el artículo 226 de la Carta Magna, establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, el artículo 227 ibídem, instituye: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;
Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo dispone: “La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.”;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales…”;
Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes a la anterior… ”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 6 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 22 de 14 de febrero de 2007, se creó el Ministerio del Deporte, entidad que asumió las funciones que correspondían a la Secretaría Nacional de Cultura Física y Recreación;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 6 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 22 de 14 de febrero de 2007, se creó el Ministerio del Deporte, entidad que asumió las funciones que correspondían a la Secretaría Nacional de Cultura Física y Recreación;
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “Transfórmese el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera”;
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “La Secretaría del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte,
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educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector.”;
Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “Desígnese como Secretaria del Deporte a la señora Andrea Daniela Sotomayor Andrade, con rango de Ministra.”;
Que, mediante Acuerdo Nro. 0291 de 06 de marzo de 2020, la Secretaría del Deporte aprobó la asignación presupuestaria del Comité Olímpico Ecuatoriano, para el financiamiento del proyecto “Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento”;
Que, mediante memorando SD-SSDAR-2020-0269 de fecha 27 de marzo 2020, dirigido al Ing. Carlos Loor Reyes, Coordinador General Administrativo Financiero, el Abg. Eduardo González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, solicitó que se realicen las gestiones necesarias para revertir los CUR de pagos generados con la fuente de financiamiento 202, organismo 2001; del proyecto “Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2020”;
Que, mediante memorando SD-DPI-2020-0699 de fecha 01 de abril de 2020, dirigido al Abg. Eduardo González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, el Director de Planificación e Inversión Mgs. Cristian Morales Valencia, emitió la certificación POA del Proyecto “Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento2013 – 2020”;
Que, mediante Memorando SD-DF-2020-0361 de fecha 02 de abril de 2020, dirigido al Abg. Eduardo González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, el Ing. Cristian Hidalgo Fallain, Director Financiero, certificó la disponibilidad presupuestaria para el Proyecto «Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020»;
Que, mediante Oficio Nro. MEF-SP-2020-0224, de 22de abril de 2020, dirigido a la Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, la Econ. Olga Susana Núñez Sánchez, Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió el aval requerido por sustitución de organismo y correlativo en el presupuesto institucional de la Secretaria del Deporte, cuyo cambio fue autorizado por la Subsecretaria de Financiamiento Público de dicho Ministerio; y,
Que, mediante Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0307 de 23 de abril de 2020, el Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, remitió a la Dra. María Fernanda Chiriboga Borja, Directora de Asesoría Jurídica, el expediente para la elaboración de un instrumento legal para la “Asignación de Presupuesto tarea “Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2020”.
En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
ACUERDA:
Art. 1.- Para hacer efectiva la transferencia total de los recursos económicos correspondientes al Comité Olímpico Ecuatoriano, se deberá tomar en cuenta la certificación presupuestaria constante en el presente Acuerdo y no aquella referida en el Acuerdo Nro. 0291 de 06 de marzo de 2020.
Art. 2.- En lo demás se ratifica el contenido del Acuerdo Nro. 0291 de 06 de marzo de 2020.
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Art. 3.- Disponer a la Dirección Administrativa, proceda a la socialización del presente Acuerdo.
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
SEGUNDA.- Publíquese el presente Acuerdo en Registro Oficial y en la página web de esta Cartera de Estado.
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a 27 de abril de 2020.
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RESOLUCIÓN No. GSEP-2021-001
EL GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el principio de legalidad, el cual señala que, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República ordena que, “[…] la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación […]”;
Que, el artículo 1 del Código Orgánico Administrativo (COA) publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, dispone que su objeto es regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforma el sector público;
Que, el artículo 28 del COA establece el Principio de Colaboración, en el que las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;
Que, el Capítulo Segundo, Título I del COA, establece el régimen jurídico, integración, competencias, organización y demás normas para el funcionamiento de los Órganos Colegiados de Dirección;
Que, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador mediante Oficio-Circular No. T.127-SGJ-19-0201 de 14 de marzo de 2019, se refirió al Procedimiento para el envío de proyectos de Leyes y Reglamentos Generales; oficio en el cual señala: “[…] 2.- Validación de la propuesta. – Una vez elaborada la propuesta normativa el ministerio sectorial u organismo nacional competente solicitará la validación del proyecto por parte del Gabinete Sectorial correspondiente […]”;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 1012 emitido el 9 de marzo de 2020, conforma los Gabinetes Sectoriales a fin de fortalecer la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación intersectorial contemplados por el Plan de Optimización del Estado que reorganizó la Función Ejecutiva;
Que, el literal f del artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1012, establece como atribución de los gabinetes sectoriales: “Revisar los proyectos normativos diseñados por sus miembros, previo a la presentación a las instancias competentes de la Presidencia de la República”;
Que, el artículo 21 del Reglamento para el funcionamiento del Gabinete Sectorial Económico y Productivo, publicado mediante Resolución No. GSEP-2019-0001 de 14 de febrero de 2018, dispone que: “Las decisiones tomadas por el Gabinete Sectorial se expresarán mediante resoluciones. Las resoluciones del Gabinete Sectorial Económico y Productivo son de carácter vinculante para todos sus miembros y su ejecución será responsabilidad de los organismos competentes, de acuerdo a la materia de que se traten. […]”;
Que, mediante Memorando Nro. MEF-VE-2021-0002-M de 07 de enero de 2021, el Viceministerio de Economía pone a consideración del Gabinete Sectorial Económico y
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Productivo el proyecto de “Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero”, y solicita continuar con el trámite pertinente para su validación;
Que, la Secretaría del Gabinete Sectorial Económico y Productivo con documento Nro. MEF-SGSEP-2021-0002-M de 07 de enero de 2021, convoca a los miembros con derecho a voto a la Décimo Octava Sesión Extraordinaria por medios tecnológicos para conocimiento y validación del proyecto de “Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero”;
Que, el Gabinete Sectorial Económico y Productivo en su Décimo Octava Sesión Extraordinaria llevada a cabo por medios tecnológicos el 11 de enero de 2021, conoció y validó el proyecto normativo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas; y,
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la normativa legal vigente,
RESUELVE:
Artículo 1.- Conocer y Validar el proyecto de “Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero” presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2.- Disponer el envío del proyecto normativo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para el trámite correspondiente, una vez incorporadas las observaciones de los miembros.
Disposición General Única. – La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte y uno.
Mauricio Pozo Crespo
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PRESIDENTE DEL GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
CERTIFICO.- Que la Resolución que antecede fue aprobada por mayoría simple, en la Décimo Octava Sesión Extraordinaria del Gabinete Sectorial Económico y Productivo realizada el 11 de enero de 2021 a través de medios tecnológicos.
María Daniela Almeida Garzón
SECRETARIA AD HOC
GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
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RESOLUCIÓN N° 005-NG-DINARDAP-2021
LA DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador determina en el numeral 1 del artículo 3: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” ;
Que, la Carta Magna dentro de los principios para el ejercicio de los derechos, en el numeral 9 del artículo 11, establece: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;
Que, la Constitución de la República garantiza en el artículo 82 el derecho a la seguridad jurídica mismo que se fundamenta en: “(…) el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley”;
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema determina que: “La administración publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”
Que, el artículo 265 de la norma ut supra, señala que: “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades.”;
Que, Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé en el artículo 142: “(…) El sistema público nacional de
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registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro (…)”
Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 162 del 31 de marzo de 2010, se publica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que crea y regula el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cuyo objeto es: “garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información”
Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece: “Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual, registros de datos crediticios y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes vigentes. Los registros son dependencias públicas desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (…)”;
Que, el artículo 19, de la norma Ibídem establece: “De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional. Los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga su creación y funcionamiento (…)”; Que, el artículo 20 de la norma antes señalada, prevé: “Los registros mercantiles serán organizados y administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración al sistema. (…) Corresponde a la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos autorizar la creación, supresión o unificación de oficinas registrales, acorde a la realidad comercial provincial y cantonal”;
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Que, el artículo 11 de la Ley de Registro determina en su literal b que son deberes y atribuciones del Registrador: “b) Llevar un inventario de los Registros, libros y demás documentos pertenecientes a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año;
Que, el artículo 6 de la Resolución Nro. 008-NG-DINARDAP-2020 determina: “(…) El Registro Mercantil deberá conservar un repositorio digital, que se llevará en forma cronológica y personal, de todas las declaraciones responsables que se presenten en la solicitud de inscripción de actos y contratos mercantiles y/o societarios”;
Que, el artículo 12 de la Resolución Nro. 009-NG-DINARDAP-2020 determina: “El Registro de la Propiedad o Registro de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil, deberá conservar un repositorio digital, que se llevará en forma cronológica y personal, de todas las declaraciones responsables que se presenten en la solicitud de inscripción de actos o contratos de propiedad, mercantiles y/o societarios según corresponda”;
Que, mediante las Resoluciones 008-NG-DINARDAP-2020 y 009- NG-DINARDAP-2020 la DINARDAP ha regulado el procedimiento de inscripción y certificación en línea de instrumentos públicos, títulos y demás documentos realizados por los Registros de la Propiedad, Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil y Registros Mercantiles, para lo cual los usuarios deben suscribir previamente una declararcion de responsabilidad en el formulario correspondiente, las cuales deben mantenerse en un repositorio digital por parte de los Registradores organizados de forma cronológica y personal;
Que, resulta necesario implementar el uso de un módulo para el reporte de inventarios de los libros y demás documentos que mantienen los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil en la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios, a fin de automatizar el procedimiento conforme los avances tecnológicos de los que se dispone, para mejorar el proceso de control y seguimiento de los Registros a nivel nacional por parte de la Dirección Nacional de Registro de Datos públicos;
Que, en el suplemento del Registro Oficial N.- 380 del 28 de enero del 2021 se publicó la Resolución N.- 002-NG-DINARDAP-2021, mediante la cual se emitió la “Norma que
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Establece el Procedimiento para el Reporte de Inventarios de los Libros Registrales a través del módulo de Inventarios Implementado en la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios de la DINARDAP”;
Que, mediante Informe Nro. DNOR-JUSTIFICATIVO-2021-0005, el Director de Normativa manifiesta: “Las declaraciones responsables son aquellos instrumentos públicos que permiten garantizar la presunción de veracidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la inscripción o certificación registral, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento; así como determinar la presunción de la identidad de la persona que la suscribe electrónicamente; por cuanto resulta necesario reportar dicha información como parte de los inventarios de los libros registrales al ser esencial para la actividad registral y la validez jurídica de los documentos inscritos, por lo que es necesario reformar la Resolución Nro. 002-NG-DINARDAP-2021 mediante la cual se esatblece el Procedimiento para el Reporte de Inventarios de los Libros Registrales a través del Módulo de Inventarios Implementado en la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios de la Dinardap”
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. – 023-2017 del 18 de octubre de 2017, el señor Ingeniero Guillermo León Santacruz, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de ese entonces, designó a la Magíster Lorena Naranjo Godoy, como Directora Nacional de Registro de Datos Públicos;
En ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y su Reglamento de aplicación,
RESUELVE:
EMITIR LA NORMA REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN N.- 002-NG DINARDAP-2021, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECIO EL PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE INVENTARIOS DE LOS LIBROS REGISTRALES A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE REMANENTES E INVENTARIOS DE LA DINARDAP
Artículo único: Refórmese la Resolución N.- 002-NG-DINARDAP-2021, mediante la cual se expidió la Norma que establece el Procedimiento para el Reporte de Inventarios de los Libros Registrales a través del Módulo de Inventarios Implementado en la Plataforma
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Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios de la DINARDAP, en las siguientes disposiciones:
1. Sustitúyase el numeral 2 del literal b del artículo 4 por el siguiente:
2. Mantener y actualizar el Instructivo de funcionamiento de la plataforma conforme lo requerido por el administrador de procesos;
2. Sustitúyase el numeral 5 del literal b del artículo 4 por el siguiente:
5. Atender los requerimientos respecto de la gestión de usuarios, conforme se presenten por parte de los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil, y, de manera conjunta con el administrador tecnológico y/o de procesos cuando sea pertinente; y,
3. Agréguese al artículo 4 lo siguiente:
c) Administración de Procesos: La Administración de Procesos de cada uno de los módulos de la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios corresponderá a las unidades competentes en control de inventarios y remanentes conforme el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la DINARDAP cuyas atribuciones y responsabilidades del serán las siguientes:
- Dar soporte a los usuarios respecto al uso y manejo del Módulo de reporte de Inventarios o de Remanentes según corresponda;
- Escalar el soporte al administrador tecnológico o funcional según corresponda luego del análisis de cada incidente;
- Capacitar a los Usuarios de la plataforma sobre el proceso de inventarios o remanentes, según corresponda;
- Atender los requerimientos respecto del reporte de inventarios o de remanentes según corresponda, conforme se presenten por parte de los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil, y, de manera conjunta con el administrador tecnológico y/o funcional cuando sea pertinente; y,
- Servir como único punto de contacto para los usuarios
La administración de procesos de los Módulos de la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios corresponderá a:
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a. Módulo de reporte de Inventarios: Dirección de Protección de la Información
b. Módulo de remanentes: Dirección de Control y Evaluación
4. Agréguese en el artículo 9, lo siguiente:
5. Inventario de Formularios que contienen las Declaraciones Responsables de Trámites en Línea.
5. Agréguese en las disposiciones generales la siguiente:
QUINTA.- Sin perjuicio de la obligación de los Registradores de la Propiedad, Registradores Mercantiles y Registradores de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil de mantener su repositorio digital de las declaraciones responsables en formato y soporte electrónico cargadas en archivos independientes que permitan mantener los efectos jurídicos de la firma electrónica del ciudadano y mantengan su indexación con el repertorio, conforme lo determinan las Resoluciones Nro. 008-NG-DINARDAP-2020 y Nro. 009-NG-DINARDAP-2020; deberán registrar y cargar la información contenida en el numeral 5 del artículo 9 de la presente Resolución a través de la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios desarrollada para el efecto por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
6. Agréguese en las disposiciones transitorias la siguiente:
SEXTA.- La Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento, la Coordinación de Normativa y Protección de la Información, y la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática de la DINARDAP, conforme sus atribuciones determinadas en el artículo 4 de la presente Resolución, en un término no mayor de 15 días contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial, deberán realizar los cambios pertinentes en el módulo de inventarios de la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios, así como realizar las capacitaciones que hubiere lugar, para inciar el proceso de carga de los formularios que contienen la declaración responsable para los trámites registrales atendidos en línea en los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil en el año 2020, dentro de los plazos establecidos en la presente Resolución.
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7. Agréguese al literal a) del numeral 3 del ANEXO 1 Instructivo para el Uso del Módulo de Inventarios en la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios de la DINARDAP, lo siguiente:
En el mismo módulo de inventarios, el Registrador deberá dirigirse a la pestaña de formulario formulario que contienen las declaraciones responsables de trámites en línea, para cargar la información conforme el numeral 7 del ANEXO 1.
8. Agréguese al numeral 7 del ANEXO 1 Instructivo para el Uso del Módulo de Inventarios en la Plataforma Tecnológica de Control de Remanentes e Inventarios de la DINARDAP, el siguiente literal:
d) Detalle de los campos que deben contener los Inventarios de las declaraciones responsables.
Declaraciones Responsables
NRO.
INGRESO DE LIBRO
EJEMPLO
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
1
Tipo de Soporte en el cual se mantiene el repositorio de las declaraciones responsables
Carpeta Compartida del Registro Mercantil de Ibarra
Se debe colocar el lugar en el cual se encuentran almacenadas las declaraciones responsables en el que se mantenga su individualidad, validez de la firma electrónica e indexación con el repertorio creado.
2
Denominación del Libro
REPOSITORIO DIGITAL DE DECLARACIONES RESPONSABLES
Ingresar el nombre de la carpeta en la cual se encuentran almacenadas las declaraciones responsables
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Año
2020
Seleccionar el año al que pertenece el libro
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Registro Oficial Nº 397 Miércoles 24 de febrero de 2021
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Fecha de Apertura
01/06/2020
Seleccionar la fecha en la cual se aperturó el libro.
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Fecha de Cierre
31/12/2020
Seleccionar la fecha en la cual se cerró el libro.
6
Total de Anotaciones
30000
Ingresar el número total de anotaciones contenidas en el repositorio digital
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Quito D.M., a los 09 días del mes de febrero de 2021.
Mgs. Lorena Naranjo Godoy
DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
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Miércoles 24 de febrero de 2021 Registro Oficial Nº 397
Resolución Nro. INEVAL-INEVAL-2020-0015-R
Quito, 05 de noviembre de 2020
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado (…)”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;
Que, el artículo 346 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación (…)”;
Que, el numeral 2 del artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Será responsabilidad del Estado: (…) 2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay”;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo establece: “Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga atribuciones a los Ministros de Estado y a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, entre ellas la señalada en su literal e), misma que faculta: “Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones (…)”;
Que, el literal m) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone: “La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: (…) m. Propiciar la investigación
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científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística”;
Que, el artículo 67 de la misma Ley, manda: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación.- Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por su propios estatutos y reglamentos”;
Que, el artículo 68 ibídem, dispone: “El Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes (…)”;
Que, el artículo 69 ibídem, indica las funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otras: “h. Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas las evaluaciones realizadas.
Estos resultados servirán como insumos para el diseño de políticas de mejoramiento de la calidad educativa y para la verificación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo (…)”;
Que, el artículo 70 ibídem, establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa estará constituido por niveles de decisión, ejecución, asesoría y operatividad; y, contará con la estructura técnica, académica y operativa necesaria para cumplir efectivamente su objetivo, de conformidad con sus respectivos estatutos y reglamentos;
Que, de acuerdo con el artículo 71 de la citada Ley Orgánica de Educación Intercultural “(…) la máxima instancia de decisión del Instituto será la Junta Directiva (…)”;
Que, como determina el artículo 74 de la Ley ibídem, el Director/a Ejecutivo de Ineval es “(…) el o la representante legal, judicial y extrajudicial del Instituto (…) Será nombrado o nombrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (…)”;
Que, el artículo 15 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prescribe: “El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que sirvan de marco para el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que deben ser utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”;
Que, el artículo 16 del Reglamento General citado, manda: “El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional ”;
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Que, el artículo 1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ineval, expedido mediante Resolución No. 079-INEVAL-2013 de 11 de diciembre de 2013, establece que la misión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es “Realizar la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecer los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes.”;
Que, el literal j) del artículo 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ineval, establece: “(…) j) realizar estudios e investigaciones que den cuenta de la calidad de la educación del Sistema Nacional de Educación.”;
Que, la Junta Directiva del Ineval en sesión ordinaria de 8 de agosto de 2019, resolvió “Se autoriza la conformación del Comité Editorial con los delegados de Mineduc y Senescyt”; y,
Que, mediante Resolución No. 005-INEVAL-2019 de 06 de septiembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 044 de 20 de septiembre de 2019, se expidió el “Modelo de gestión para las investigaciones científicas y estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa”;
Que, en Acta de Sesión Extraordinaria del 12 de febrero de 2020, la Junta Directiva del Ineval nombró al Magíster Eduardo Salgado Enríquez, como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa -Ineval-;
Que, con Informe Técnico de 08 de septiembre de 2020, la Coordinadora de Investigación Educativa y el Coordinador General Técnico concluyen que: “Con las consideraciones planteadas a lo largo del informe, para evitar un reproceso y mantener la autonomía técnica del Instituto, se sugiere la derogatoria de la resolución en mención.”;
Que, con memorando Nro. INEVAL-CGT-2020-0100-ME de 10 de septiembre de 2020, la Coordinación General Técnica solicita a la Dirección Ejecutiva disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica emitir el pronunciamiento jurídico y la elaboración del borrador de la resolución de derogatoria a ser puesta en consideración de la Junta Directiva en la sesión extraordinaria del 16 de septiembre del 2020;
Que, mediante memorando Nro. INEVAL-DIAJ-2020-0142-ME de 14 de septiembre de 2020, la Dirección de Asesoría Jurídica emite el pronunciamiento jurídico en los siguientes términos: “(…) conforme a la normativa expuesta, al Director Ejecutivo del Ineval como máxima autoridad administrativa, le corresponde emitir los actos normativos que se requieran para el normal desempeño de las actividades administrativas del Ineval, para ello, no se necesita de la autorización u aprobación previa de la Junta Directiva del Ineval, esto en concordancia de las atribuciones de la Junta Directiva determinadas en el artículo 73 de la LOEI. (…) Sin perjuicio de lo indicado, es preciso considerar que entre las funciones del Director Ejecutivo del Ineval señaladas en el artículo 75 de la LOEI, se encuentra: “d. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que apruebe la Junta Directiva”; por lo que, esta Dirección de Asesoría Jurídica considera pertinente que el Director Ejecutivo del Ineval (Secretario de la Junta Directiva) comunique a la Junta Directiva sobre la intención de derogar la Resolución No.
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005-INEVAL-2019, esto en virtud de la existencia de la “autorización” dada por la Junta Directiva para que delegados del Mineduc y Senescyt conformen el Comité Editorial.(…)”;
Que, en Sesión de la Junta Directiva de 16 de septiembre de 2020, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa trataron sobre la derogatoria de la Resolución No. 005-INEVAL-2019;
Que, en Sesión de la Junta Directiva de 30 de octubre de 2020, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa aprobaron la derogatoria de la Resolución No. 005-INEVAL-2019; y,
En ejercicio de las atribuciones legales,
RESUELVE
Artículo 1.- Derogar la Resolución No. 005-INEVAL-2019 de 06 de septiembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 044 de 20 de septiembre de 2019, mediante la cual se expidió el “Modelo de gestión para las investigaciones científicas y estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa”.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Dentro del plazo de 45 días contados a partir de la emisión de la presente Resolución, la Coordinación de Investigación Educativa del Ineval realizará las gestiones administrativas necesarias para la emisión de la normativa que regule las investigaciones y estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Segunda.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica gestionar la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.
Documento firmado electrónicamente
Mgs. Gustavo Eduardo Salgado Enríquez
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DIRECTOR EJECUTIVO
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RESOLUCIÓN No. SNMLCF-DG-2021-008
Doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros
General Inspector (S.P.)
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 226 establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 1 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público prescribe: “El presente Código tiene por objeto regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y administrativo – disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República”;
Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su artículo 4 preceptúa: “Las disposiciones de este Código y sus reglamentos constituyen el régimen jurídico especial de las entidades de seguridad antes descritas. En todos los aspectos no previstos en dicho régimen se aplicará supletoriamente la ley que regula el servicio público. Las escalas remunerativas y los ingresos complementarios de las entidades regidas por este Código se sujetarán a las políticas y normas establecidas por el ente rector nacional del trabajo”;
Que, el artículo 11 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica: “…Para el caso del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las escalas jerárquicas se conformarán por categorías”;
Que, el artículo 148 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público señala: “Directora o Director General del Servicio.- La Directora o Director General del Servicio es la persona que ejerce la dirección estratégica, organización, coordinación y control de la gestión del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en atención a los lineamientos y directrices provenientes de los órganos de gobierno, de dirección y de administración del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. (…) Son funciones de la Directora o Director del Servicio las siguientes:
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Servicio;
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- Ejecutar la política y la planificación de investigación técnica científica en materia de medicina legal y ciencias forenses;
- Emitir directrices y lineamientos para el funcionamiento del Servicio;
- Dirigir, organizar, coordinar, y controlar la gestión del Servicio y precautelar el estricto apego a las leyes y demás reglamentos;
- Ejercer las funciones de autoridad nominadora;
- Administrar el presupuesto, los bienes, recursos materiales y humanos del Servicio, atendiendo a las directrices otorgadas por la entidad a la cual está adscrita…”;
Que, la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público prescribe: “En el lapso de ciento ochenta días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de este Código, los entes rectores nacionales y locales de las entidades de seguridad reguladas por este último, expedirán los reglamentos que regulen la estructuración o reestructuración, según corresponda, de las carreras de personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones, adecuándolos a las disposiciones de este cuerpo legal. Una vez expedida esta normativa, de forma complementaria las referidas autoridades aprobarán los estatutos orgánicos y funcionales de sus respectivas entidades de seguridad…”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 646 del 25 de enero de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, designó al General Inspector (S.P.) doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros, como Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Que, mediante Resolución No. SNMLCF-DG-2017-09 de fecha 07 de marzo de 2017, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 1013, del 03 de mayo de 2017, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Que, mediante Resolución Nro. MDT-2019-190 de fecha 29 de noviembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 107 del 24 de diciembre de 2019, el Ministerio del Trabajo expidió la “Escala de remuneraciones mensuales unificadas y aspectos de la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses atribuidos por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público al Ministerio del Trabajo”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0292 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Gobierno, expidió el Plan de la Carrera Civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Que, la Disposición General Segunda del Plan de la Carrera Civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establece que el Director General, en calidad de autoridad nominadora, será competente para expedir los actos administrativos, entre otros, los inherentes a la estructura numérica, que hace relación al número de puestos necesarios en la institución y demás procesos técnicos relacionados a la administración del talento humano de la institución;
Que, mediante Resolución No. SNMLCF-DG-2020-031 de fecha 24 de abril de 2020, se expidió el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Carrera Civil del Servicio
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo el régimen jurídico especial que constituye el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público;
Que, mediante Resolución No. SNMLCF-DG-2020-033 de fecha 04 de mayo de 2020, se expidió la Norma de Selección de Personal para ocupar los Puestos de la Carrera Civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, amparados por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público;
Que, a través del oficio Nro. MEF-VGF-2020-1334-O de fecha 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la letra c) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público, emitió dictamen presupuestario favorable al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que en el ámbito de su competencia, expida la Resolución para la creación de noventa y tres (93) puestos para la carrera civil, conforme a la planificación de Talento Humano aprobada;
Que, a través de Resolución No. SNMLCF-DG-2021-002 de fecha 13 de enero de 2021, se expidió el Orgánico Numérico priorizado para la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme la determinación constante en el informe técnico presentado por la Dirección de Administración del Talento Humano, a través del memorando Nro. SNMLCF-DATH-2021-0009-M de fecha 08 de enero de 2021, en el marco de la Disposición Transitoria Primera del COESCOP y la Disposición General Segunda del Acuerdo Ministerial No. 0292-2020 del Ministerio de Gobierno;
Que, el artículo 2 de la Resolución No. SNMLCF-DG-2021-002, dispone a la Dirección de Administración del Talento Humano, la implementación del Orgánico Numérico priorizado para la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del respectivo proceso de creación de los noventa y tres (93) puestos priorizados;
Que, mediante memorando Nro. SNMLCF-DATH-2021-0035-M de fecha 27 de enero de 2021, la Dirección de Administración del Talento Humano presentó el Informe Técnico para la creación de noventa y tres (93) puestos para la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con el Orgánico Numérico priorizado para la carrera civil de la institución, expedido a través de la Resolución No. SNMLCF-DG-2021-002; y, al dictamen presupuestario favorable emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del oficio Nro. MEF-VGF-2020-1334-O;
Que, es necesario continuar con los pasos previos a la institucionalización del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la creación de noventa y tres (93) puestos para la carrera civil; y,
En uso de sus atribuciones y facultades legales, el Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar y disponer la creación de noventa y tres (93) puestos para la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme a la Escala de remuneraciones mensuales unificadas y aspectos de la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; al dictamen presupuestario favorable emitido por el Ministerio de Economía y
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Finanzas, a través del oficio Nro. MEF-VGF-2020-1334-O de fecha 30 de diciembre de 2020; al Orgánico Numérico priorizado para la carrera civil del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y, al Informe Técnico presentado por la Dirección de Administración del Talento Humano, mediante memorando Nro. SNMLCF-DATH-2021-0035-M de fecha 27 de enero de 2021; considerando la lista de asignaciones de creaciones de puestos que forma parte integrante de la presente Resolución como anexo.
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Administración del Talento Humano, la ejecución de la presente Resolución, así como las coordinaciones necesarias con los entes rectores del trabajo y de finanzas públicas.
Artículo 3.- Disponer la vigencia de la presente Resolución, a partir de la fecha de su suscripción.
Dada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de enero de 2021.
Doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros
General Inspector (S.P.)
DIRECTOR GENERAL
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RESOLUCIÓN No. SNMLCF-DG-2021-011
Doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros
General Inspector (S.P.)
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227 determina: “La administración constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos…”;
Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”;
Que, numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente…”;
Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “La delegación contendrá:
- La especificación del delegado.
- La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia.
- Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas.
- El plazo o condición, cuando sean necesarios.
- El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número.
- Las decisiones que pueden adoptarse por delegación.
La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional»;
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Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Son efectos de la delegación:
- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante.
- La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;
Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prescribe: “Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado.
Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública.
La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso (…)
En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia. ”;
Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRAS PÚBLICAS.
Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.
Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna»;
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: “Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación…”;
Que, la Norma de Control Interno 200-05 de la Contraloría General del Estado, dispone: “Delegación de autoridad.- La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.
La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino
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también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación”;
Que, el artículo 148 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece: “Directora o Director General del Servicio.- La Directora o Director General del Servicio es la persona que ejerce la dirección estratégica, organización, coordinación y control de la gestión del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en atención a los lineamientos y directrices provenientes de los órganos de gobierno, de dirección y de administración del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La Directora o el Director será designado por el Presidente o Presidenta de la República, de entre una terna de candidatos propuesta por el Comité Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Son funciones de la Directora o Director del Servicio las siguientes:
- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Servicio;
- Ejecutar la política y la planificación de investigación técnica científica en materia de medicina legal y ciencias forenses;
- Emitir directrices y lineamientos para el funcionamiento del Servicio;
- Dirigir, organizar, coordinar, y controlar la gestión del Servicio y precautelar el estricto apego a las leyes y demás reglamentos;
- Ejercer las funciones de autoridad nominadora;
- Administrar el presupuesto, los bienes, recursos materiales y humanos del Servicio, atendiendo a las directrices otorgadas por la entidad a la cual está adscrita; (…)”;
Que, el numeral 7 del artículo 63 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: “Obligaciones de las entidades del sector público.- Son obligaciones de las entidades del sector público: (…) 7. Nombrar autorizadores de gasto y pago institucionales”;
Que, mediante Resolución No. SNMLCF-DG-2017-09 de 07 de marzo de 2017, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual, se contempla la estructura institucional, entre las que constan las Coordinaciones, Direcciones y Unidades que comprenden al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 646, de 25 de enero del 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, designó al General Inspector (S.P.) doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros, como Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Que, mediante Resolución No. SNMLCF-DG-2019-008 de fecha 20 de febrero del 2020, el señor Director General, resolvió expedir la delegación de facultades y atribuciones para las gestiones de contratación pública, administrativa y financiera, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
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Que, es necesario efectuar una actualización de la Resolución No. SNMLCF-DG-2019-008, con el objeto de incrementar la operatividad institucional; y,
En ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
RESUELVE:
EXPEDIR LA DELEGACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES PARA
LAS GESTIONES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECCIÓN I OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto determinar y operativizar la delegación de facultades, funciones, atribuciones y responsabilidades legalmente establecidas para la o el Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como máxima autoridad institucional, a favor de distintas autoridades jerárquicas inferiores, para el correcto desenvolvimiento de las actividades inherentes a esta institución; así como, la designación de los ordenadores de gasto y de pago; y, otras funciones necesarias para la gestión de los aspectos administrativos – financieros de la institución, de conformidad con el marco jurídico vigente.
Artículo 2.- La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y aplicación para todas las autoridades, funcionarios, servidores públicos y trabajadores que laboran o prestan sus servicios en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a nivel nacional.
SECCIÓN II
DE LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 3.- Se delega la atribución de autorización de gasto e inicio de los procedimientos de contratación pública, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, conforme a los montos y a las o los funcionarios que se detallan a continuación:
Delegado
Monto
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a
Igual o menor al monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente ejercicio fiscal.
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para los procedimientos de contratación pública cuya necesidad sea generada por las unidades administrativas del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a excepción de las Coordinaciones Técnicas.
A partir del monto que supere el resultado de multiplicar el coeficiente 0,0000002 hasta el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000007 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente ejercicio fiscal.
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Coordinador/a de Métodos y Protocolos de Servicios; Coordinador/a Técnico/a de Servicios de Ciencias Forenses; y, Coordinador/a Técnico/a de Servicios de Medicina Legal, para los procedimientos de contratación pública cuya necesidad sea inherente a los ámbitos de su competencia.
A partir del monto que supere el resultado de multiplicar el coeficiente 0,0000002 hasta el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000007 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente ejercicio fiscal.
Subdirector/a General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para los procedimientos de contratación pública cuya necesidad sea generada por las unidades administrativas y técnicas del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
A partir del monto que supere el resultado de multiplicar el coeficiente 0,000007 por el Presupuesto Inicial del Estado, del correspondiente ejercicio fiscal; y, para procedimientos de emergencia en cualquier monto.
Artículo 4.- Para la consecución de los procedimientos de contratación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa conexa, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad a los montos establecidos en el artículo 3 del presente instrumento, las o los funcionarios delegados ejercerán, según corresponda, las siguientes atribuciones:
- Autorizar el gasto e inicio de los procedimientos de contratación pública;
- Aprobar los pliegos precontractuales de los procedimientos de contratación pública;
- Aprobar y suscribir resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación, declaratoria de
procedimiento desierto con reapertura o archivo; así como, resoluciones modificatorias de
los procedimientos de contratación pública que les correspondan; - Designar a los miembros de las Comisiones Técnicas o servidores responsables de la fase
precontractual, según corresponda, con base en las recomendaciones realizadas por las
unidades requirentes; - Disponer la reapertura, archivo, cancelación, adjudicación o declaratoria de procedimiento
desierto, de conformidad con la normativa vigente, sobre la base del informe y respectiva
recomendación realizada por la Comisión Técnica o servidores responsables de la fase
precontractual, según corresponda; - Aprobar y suscribir las resoluciones que se generen para dejar sin efecto órdenes de compra
o adjudicaciones; y, en general toda resolución en materia de contratación pública; - Declarar adjudicatario fallido, previo informe del titular de la Dirección Administrativa
Financiera, a cargo de compras públicas y comunicar de tal declaratoria al Servicio Nacional
de Contratación Pública y demás entidades que correspondan; - Suscribir órdenes de compra o contratos principales, complementarios y modificatorios que sean necesarios, respecto de las contrataciones ejecutadas en cumplimiento de esta delegación, los cuales deberán ser remitidos a la Coordinación General Administrativa Financiera para su distribución;
- Designar y reemplazar a los administradores de contrato u órdenes de compra, e informar su decisión a la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que proceda con el registro y notificación correspondiente;
- Designar, en los casos que correspondan, la Comisión de recepción conformada por el administrador de contrato y un técnico afín que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, para que conjuntamente con el contratista, suscriban las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva del contrato, según corresponda;
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- Conocer, autorizar y suscribir, conforme la normativa vigente y sobre la base del informe y recomendación del respectivo administrador de contrato, todos los actos administrativos e instrumentos legales que se requieran para iniciar, continuar y concluir los trámites de terminación de contratos que se realicen de manera unilateral, por mutuo acuerdo, por recepción de pleno derecho y por recepción presunta; y, de ser el caso, proceder con la declaratoria de contratista incumplido, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa conexa aplicable;
- Aprobar y suscribir las resoluciones de los estudios de desagregación tecnológica;
- Autorizar y suscribir las resoluciones correspondientes para la reprogramación de cronogramas de los procedimientos que se encuentren en curso en el Portal de Compras Públicas del SERCOP;
- Conocer, gestionar y resolver de forma motivada los reclamos, recursos e impugnaciones administrativas en materia de contratación pública, en articulación con la Coordinación General Jurídica; y,
- Autorizar prórrogas y suspensión de plazo de ejecución de los contratos u órdenes de compra solicitados por el contratista o por resolución de la entidad contratante, así como su levantamiento, previo informe del administrador del contrato u órdenes de compra, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Código Orgánico Administrativo y demás normativa conexa vigente.
Los instrumentos que se requieran, inherentes a los literales b), c), e), f), g), h), k), l), m) y n) del presente artículo, deberán ser elaborados de manera articulada con la Coordinación General Jurídica, a excepción de las órdenes de compra de catálogo electrónico y de ínfima cuantía, que le corresponden su elaboración a la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente.
Artículo 5.- Delegar al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Aprobar, reformar o modificar el Plan Anual de Contratación (PAC) para el ejercicio fiscal
correspondiente; así como, disponer su publicación, conforme lo determinado en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás
normativa que dicte el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP; - Conocer y suscribir las consultas que correspondan al Servicio Nacional de Contratación
Pública SERCOP, y demás trámites que deban efectuarse respecto de los procedimientos de
contratación pública de la Institución, no contemplados en el artículo 4 de la presente
Resolución; - Suscribir las pólizas de seguros de buen uso de anticipo, responsabilidad civil y de fiel
cumplimiento de contrato, entregadas por los contratistas; así como, las subrogaciones o
renovaciones de las mismas; - Suscribir los documentos y demás actos administrativos y de simple administración, que se
requieran para la contratación o pago de servicios básicos o públicos y otros que sean
necesarios para el normal desarrollo de las actividades propias y funcionamiento de las
instalaciones o bienes del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; - Autorizar y suscribir la renovación de los contratos de arrendamiento, previo cumplimiento
de la normativa legal vigente. - Notificar a las y los servidores públicos designados como administradores de contratos y a
los contratistas, la decisión de designación adoptada por la máxima autoridad o su delegado;
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- Designar a las y los servidores públicos responsables de la administración y/o manejo del portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec y de las herramientas informáticas implementadas por el SERCOP;
Artículo 6.- Delegar al/la Director/a Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Supervisar la administración el Portal Compras Públicas del SERCOP y la creación de
usuarios; - Otorgar, mediante notificación escrita, a los administradores de contratos las claves para el
uso del Portal de Compras Públicas para el registro y publicación de la información
relacionada con la ejecución y seguimiento del contrato correspondiente; - Certificar la verificación realizada en el Portal de Compras Públicas del SERCOP, con los
respectivos respaldos, respecto de procesos similares existentes, que permita a la unidad
requirente elaborar el correspondiente estudio de mercado; - Certificar si el bien, obra o servicio, incluida la consultoría, que se requiere contratar, se
encuentra previsto dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución para el
ejercicio fiscal correspondiente; para el efecto deberá anexar las capturas de pantalla del
Portal de Compras Públicas del SERCOP; - Certificar si el bien, servicio u obra que se requiere contratar, se encuentra en el catálogo
electrónico del SERCOP, para el efecto deberá anexar las capturas de pantalla del Portal de
Compras Públicas del SERCOP; y, - Certificar a través del Guardalmacén o quien haga sus veces, si el bien cuya contratación se
requiere, existe o no en inventarios y/o bodegas.
Artículo 7.- Delegar al/la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Certificar que la contratación requerida está contemplada en la Programación Anual de
Planificación (PAP), previo el inicio del procedimiento de contratación; - Aprobar y reformar, previo informe motivado emitido por cada uno de los responsables de
las unidades requirentes, la Programación Anual de Planificación Institucional, disponer su
difusión y reportar de manera mensual las reformas generadas a la máxima autoridad; y, - Requerir a la Coordinación General Administrativa Financiera, se realicen las modificaciones
o reformas presupuestarias, conforme a las disposiciones del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas y normativa emitida por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
SECCIÓN III
DE LOS ORDENADORES DE GASTO Y DE PAGO
Artículo 8.- Actuarán en calidad de ordenadores de gasto los funcionarios públicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución, en relación a los montos allí establecidos. Cuando el monto de la contratación supere el monto establecido para cada funcionario, en el artículo 3 de la presente Resolución, la autorización se gestionará en el nivel jerárquicamente superior, estableciéndose la prohibición expresa de efectuar subdivisión de contratos.
Artículo 9.- En todos los casos actuará como ordenador de pago el/la Directora/a Administrativo/a Financiero/a, quien luego del control previo correspondiente, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los autorizadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme a las normas legales vigentes.
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SECCIÓN IV
DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO
Artículo 10.- Delegar al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Efectuar la contratación del personal, incluido del nivel jerárquico superior, previa autorización de la máxima autoridad, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás normativa aplicable;
- Suscribir las consultas y comunicaciones que se remitan a las diferentes instituciones del sector público, relacionadas con la administración del talento humano de la institución;
- Aprobar y reformar los planes anuales de talento humano, de evaluación de desempeño, de formación y capacitación, salud ocupacional y otros necesarios para el buen desempeño del personal de la institución. Los planes serán elaborados por la Dirección de Administración de Talento Humano.
- Ejecutar los procesos de selección de personal de carrera, mediante concursos públicos de méritos y oposición, previa autorización de la máxima autoridad, conforme la normativa vigente expedida para el efecto; e, integrar los respectivos tribunales de méritos y oposición; así como, los tribunales de apelación;
- Previa autorización de la máxima autoridad, suscribir los actos administrativos relacionados con la creación y supresión de puestos, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público y normativa conexa; la planificación anual de talento humano y a la estricta necesidad institucional;
- Suscribir los contratos de personal bajo la modalidad de prestación de servicios ocasionales; contratos civiles de servicios profesionales, contratos especializados sin relación de dependencia y contratos de trabajo, previa autorización de la máxima autoridad, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo;
- Suscribir las acciones de personal para la vinculación de personal, comisiones de servicios y licencias con o sin remuneración dentro y fuera del país, encargos, subrogaciones, nombramientos provisionales y nombramientos permanentes, previa autorización de la máxima autoridad, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo;
- h) Ejecutar los traslados, traspasos, cambios administrativos e intercambios voluntarios de puestos, que se apliquen a los servidores de la institución, previa autorización de la máxima autoridad;
- i) Suscribir, previa autorización de la máxima autoridad, los actos administrativos y de simple administración que sean necesarios para la terminación de todo tipo de relación laboral, cualquiera sea su causa, con sujeción a la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo;
- j) Suscribir convenios o acuerdos de devengación; así como, convenios de pago a favor de la institución, previo cumplimiento de los requisitos, condiciones y formalidades para este tipo de instrumentos, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo;
- k) Autorizar y suscribir convenios de prácticas pre profesionales o pasantías con los representantes de instituciones de educación media y superior, públicas o privadas, en el
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marco de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo;
- Actuar como delegado/a de la autoridad nominadora en los procesos de régimen disciplinarios e imponer sanciones, previa autorización de la máxima autoridad, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República el Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código Orgánico de las Entidades del Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código del Trabajo y demás normativa aplicable;
- Suscribir los convenios o acuerdos de confidencialidad según corresponda, que sean necesarios para garantizar los intereses de la institución; y,
- Suscribir los avisos de entrada y salida del personal de la institución y ejecutar las demás gestiones inherentes a la calidad de patrono ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; así como, cumplir con todas las obligaciones patronales que correspondan.
Como parte de esta gestión, se deberá realizar las consultas respectivas a los responsables de las unidades administrativas de la institución y contar con el informe pertinente, emitido por parte de la UATH, según corresponda en cada caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo.
Artículo 11.- Establecer las atribuciones correspondientes a la autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, aprobación del informe de viajes y de los gastos por concepto de viáticos, subsistencias, pasajes aéreos y terrestres dentro del país, conforme el siguiente detalle:
AUTORIZADOR
FUNCIONARIO O SERVIDOR AUTORIZADO
Director/a General
Personal del nivel jerárquico superior, y demás servidores que se encuentren directamente a su cargo.
Subdirector/a General
Servidores públicos y trabajadores que se encuentren directamente a su cargo.
Coordinadores/as
Servidores públicos y trabajadores que se encuentren directamente a su cargo.
Coordinadores/as Zonales, Responsables
de Centros Forenses u Oficinas Técnicas
Forenses, o quien hiciere sus veces
Servidores públicos y trabajadores que se encuentren directamente a su cargo.
Directores/as de área directamente dependientes de la Dirección General
Servidores públicos y trabajadores que se encuentren directamente a su cargo.
De igual manera, corresponderá a las autoridades señaladas en el cuadro precedente, autorizar y suscribir los permisos imputables con cargo a vacaciones y las vacaciones de cada ejercicio fiscal, conforme lo previsto en los artículos 29 y 34 de la Ley Orgánicas del Servicio Público.
Las autorizaciones para el cumplimiento de servicios institucionales y aprobación del informe de viajes, que se requieran para fines de semana y días feriados, serán concedidas por la o el Director/a General.
Artículo 12.- Delegar al/la Directora/a de Administración de Talento Humano, para que ejerza las siguientes atribuciones:
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- Gestionar y suscribir las acciones de personal relativas a: clasificación, reclasificación,
vacaciones, permisos, traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambios
voluntarios de puestos, previa autorización de la autoridad correspondiente; y, - Verificar la disponibilidad presupuestaria y autorizar, previo informe justificativo del titular
del área requirente, los requerimientos para laborar en horas suplementarias y
extraordinarias siempre que exista disponibilidad presupuestaria; y, conforme el
procedimiento correspondiente, autorizar el pago por este concepto, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, Código del
Trabajo y demás disposiciones emitidas por la autoridad rectora del trabajo.
SECCIÓN V DE LA GESTIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES Y OTROS
Artículo 13.- Delegar al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Autorizar y suscribir todos los actos administrativos e instrumentos legales que se requieran
para la gestión de bienes a través de comodatos, traspasos, transferencias de dominio,
transferencias gratuitas, donaciones, venta, remate o cualquier forma de ingreso,
enajenación, baja o egreso de los mismos; sus ampliaciones, modificaciones, renovaciones;
así como, las respectivas actas de entrega recepción o actas de finiquito para el cierre de
dichos instrumentos, de conformidad con la normativa vigente para el manejo y
administración de bienes del sector público; - Conocer, gestionar, autorizar y suscribir garantías y/o pólizas de seguros de cualquier tipo
de rubro o concepto, sus inclusiones, exclusiones, renovaciones, reclamos, notificación de
siniestros, notas de crédito y demás actos administrativos y de simple administración que
sean de competencia de la máxima autoridad, a favor del Servicio Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, y que se requieran para cumplir con esta finalidad; - Interponer ante cualquier autoridad judicial o administrativa las respectivas denuncias por
robo o hurto de los bienes institucionales; así como, comparecer en cualquier instancia a
nombre de la máxima autoridad, a todas las diligencias que se fijen para determinar los
responsables de los ilícitos, en articulación con la Coordinación General Jurídica; - Elaborar y suscribir informes relacionados al cumplimiento de Decretos y Leyes, cuyo ámbito
de cumplimiento sea inherente a las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación
General Administrativa Financiera; y disponer su publicación; y, - En general, se encuentra delegado/a y facultado/a para representar a la institución en todos
los procesos relativos al manejo de bienes que se encuentren determinados en el
Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de
Bienes e Inventarios del Sector Público.
Artículo 14.- Delegar al/la Directora/a Administrativo/a Financiero/a para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Autorizar y suscribir los documentos necesarios para la movilización de vehículos
institucionales y el desplazamiento de los servidores (conductores) que, con el fin de cumplir
actividades institucionales, se vean en la necesidad de movilizarse dentro y fuera de la
jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana; y, - Comparecer ante cualquier autoridad judicial o administrativa a fin de realizar todas las
gestiones legales y administrativas para obtener la matrícula de los vehículos pertenecientes
a la institución; así como, liberar o retirar vehículos institucionales, que se encuentren en
patios de retención vehicular a nivel nacional, o que estuvieren involucrados en accidentes
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Miércoles 24 de febrero de 2021 Registro Oficial Nº 397
de tránsito, e informar de lo actuado a la Coordinación General Administrativa Financiera de la Institución. Cuando sea necesario, esta comparecencia será conjunta con el abogado patrocinador que designe la institución.
SECCIÓN VI
DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Artículo 15.- Delegar al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Suscribir las modificaciones o reformas presupuestarias que correspondan, de acuerdo a las
disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y demás normativa
aplicable; - Conocer, gestionar, autorizar y suscribir todos los actos administrativos y de simple
administración que sean de competencia de la máxima autoridad y que se requieran para
recuperar o solicitar claves, designar o cambiar responsables en lo referente al Sistema
Integrado de Administración de las Finanzas Públicas del Ecuador (SINAFIP), Sistema de
Gestión Financiera (eSIGEF) y del Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina
SPRYN, de ser el caso; así como, de las instituciones IESS, SERCOP, SRI y otros cuyo uso sea
pertinente a la administración pública; - Aprobar el pago de nómina del personal; y, avales solicitados al Ministerio de Economía y
Finanzas; y, - Autorizar la creación de cualquier fondo para el manejo de recursos públicos, de
conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 16.- Delegar al/la Directora/a Administrativo/a Financiero/a, para que ejerza las siguientes atribuciones:
- Aprobar los gastos de caja chica, de conformidad con los límites, montos, restricciones y
demás disposiciones relativas al uso, manejo y liquidación establecidas en la normativa
pertinente; así como, autorizar la reposición de la misma. - Aprobar la apertura, reposición y liquidación de los fondos de caja chica que soliciten las
Unidades Operativas ubicadas a nivel nacional, de conformidad con los montos y
restricciones establecidos en el correspondiente reglamento y demás disposiciones relativas
a su uso, manejo y liquidación establecidas en la normativa pertinente; y, - Comparecer y suscribir todo documento dirigido al Servicio de Rentas Internas y cumplir con
todas las obligaciones tributarias ante la autoridad tributaria.
SECCIÓN VII
DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Artículo 17.- Delegar al/la Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica, para que ejerza las siguientes atribuciones:
a. Suscribir las fichas técnicas, informes y demás documentos necesarios para la aprobación,
ampliación o modificación, cierre, baja o traspaso de los proyectos de inversión, que se
encontraren a cargo de esta institución;
b. Validar las fichas resumen e informes necesarios para proceder con el cierre o baja de
proyectos de inversión, elaborados por las y los servidores responsables del proceso;
c. Gestionar con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, o quien hiciere sus veces, las
solicitudes de claves del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) o
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afines; para las y los servidores públicos que prestan sus servicios en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
- Dirigir y coordinar el diseño de los proyectos de inversión del Servicio Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y dar seguimiento a los mismos, para garantizar el cumplimiento
de los fines y metas institucionales; y, - Requerir a la Coordinación General Administrativa Financiera, se realicen las modificaciones
o reformas presupuestarias de los proyectos cuya fuente de financiamiento sea inversión,
conforme a las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a la
normativa emitida por el Ministerio de Finanzas.
SECCIÓN VIII
DE LA GESTIÓN DE ACTOS CONVENCIONALES
Artículo 18.- Delegar al/la Subdirector/a General para que, a nombre y en representación de la máxima autoridad, ejerza las siguientes atribuciones:
- Suscribir, previo informe de viabilidad y recomendación por parte del área requirente; los
convenios, cartas o acuerdos compromiso, memorandos u otros instrumentos de similar
naturaleza, para establecer acuerdos de cooperación interinstitucional, con organismos
nacionales o internacionales, públicos o privados; así como, las adendas para su renovación
o modificación; - Remitir a la Coordinación General Administrativa Financiera, los convenios, cartas o
acuerdos compromiso, memorandos u otros instrumentos de similar naturaleza
debidamente suscritos, para la notificación al administrador o responsable del seguimiento
o supervisión de los instrumentos convencionales; - Autorizar y suscribir las actas necesarias para la liquidación y cierre de los instrumentos
citados en el literal a) del presente artículo, previo informe de viabilidad y recomendación
emitido por parte del responsable o administrador de los referidos instrumentos; así como,
con los informes favorables de la Coordinación General Administrativa Financiera,
Coordinación General Jurídica, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica,
emitidos dentro del ámbito de sus competencias; y,
La Coordinación Técnica de Métodos y Protocolos de Servicios, será la encargada de proponer a la máxima autoridad o su delegado, la designación o reemplazo de las o los servidores que actuarán como responsables de la administración, seguimiento, coordinación, supervisión, ejecución, evaluación, cierre o liquidación de los convenios, cartas o acuerdos compromiso, memorandos u otros instrumentos de cooperación interinstitucional, suscritos por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al ordenamiento jurídico vigente; realizando el respectivo registro de la designación.
SECCIÓN IX
DE LA GESTIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Artículo 19.- Delegar al/la Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica para que a nombre y en representación de la o el Director General, suscriba solicitudes, actos administrativos o de simple administración, y en general cualquier documento que se requiera para el seguimiento y supervisión del cumplimiento de los informes y recomendaciones que realice la Contraloría General del Estado al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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En ejercicio de esta delegación la o el Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica podrá requerir los informes que considere necesarios a las unidades administrativas que se encuentren relacionadas a las recomendaciones realizadas por el organismo de control.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Las o los Directores Zonales del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o quien hiciere sus veces, dentro del ámbito de su jurisdicción, serán los encargados de autorizar y coordinar las visitas guiadas, técnicas o académicas que soliciten las distintas entidades públicas o privadas del país, en apego al instructivo dictado para el efecto.
SEGUNDA.- Para efectos de la aplicación del presente instrumento respecto de los procesos de contratación pública, se considerarán como unidades requirentes: la Dirección General; la Subdirección General; las Direcciones Zonales o quien hiciere sus veces; la Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal; la Coordinación Técnica de Servicios de Ciencias Forenses; la Coordinación de Métodos y Protocolos de Servicios; la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; la Coordinación General Jurídica, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación; y, la Dirección Administrativa Financiera.
Las unidades requirentes efectuarán sus pedidos a través de sus titulares, o de ser el caso, encargados o subrogantes, en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones.
Las unidades requirentes serán responsables de la justificación de la necesidad a través de los informes de generación de necesidad, efectuar las solicitudes de certificación de bodega, certificación PAC, certificación PAP, certificación presupuestaria, elaboración de los términos de referencia o especificaciones técnicas y estudios de mercado para la determinación del presupuesto referencial, mismos que deberán estar debidamente sustentados y motivados conforme la normativa vigente y suscritos electrónicamente.
TERCERA.- En todo informe, acto, resolución, contrato y demás instrumentos que se emitan en el marco de esta delegación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia. Sin perjuicio de lo señalado, si en el ejercicio de su delegación, se violentare la ley o los reglamentos o se aparten de las instrucciones que recibieren, los delegados serán personal y directamente responsables, tanto civil, administrativa como penalmente por sus decisiones, acciones u omisiones con relación al cumplimiento de la delegación.
CUARTA.- Las autoridades y servidores que contraigan obligaciones sin ningún tipo de amparo contractual, serán directamente responsables y competentes para suscribir los instrumentos necesarios que permitan subsanar dichas obligaciones, cumpliendo con todos los requisitos previstos en la normativa vigente y contando previamente con certificación presupuestaria, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar.
QUINTA.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones legalmente asignadas a la o el Director General, y en tal virtud, cuando lo estime procedente, podrá intervenir directamente o por avocación en los actos materia de la presente Resolución, conforme lo determinan los artículos 78 y 79 del Código Orgánico Administrativo.
SEXTA.- La máxima autoridad podrá solicitar en cualquier momento, a las y los servidores públicos delegados, la presentación de informes respecto de los asuntos sujetos a esta delegación.
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SÉPTIMA.- En ningún caso, dentro de los procedimientos de contratación pública y los demás establecidos en la presente Resolución, la o el servidor a favor de quien se ha realizado una delegación de facultades o atribuciones, podrá delegar las mismas a favor de otro servidor, inclusive aquellos que estuvieren a su cargo.
OCTAVA.- Las disposiciones comprendidas en la presente Resolución no se aplicarán para la contratación de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios incluidos los de consultoría, que se adquieran o presten en el extranjero. Para este efecto, dichas facultades se cumplirán únicamente por parte de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien podrá autorizar dichas contrataciones, de acuerdo a los procedimientos y exigencias establecidas en la normativa vigente.
NOVENA.- En todo lo no previsto en la presente Resolución, o en caso de contradicción con la normativa jerárquicamente superior, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP; Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento; Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento; Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público; Código Civil; Código del Trabajo; Código Orgánico Administrativo; y, lo que establezca la normativa vigente en la materia, según corresponda.
DÉCIMA.- Todos los procedimientos, autorizaciones, actos, contratos y órdenes de compra que a la fecha de vigencia de la presente Resolución se encuentren en trámite, continuarán ejecutándose al amparo de las disposiciones de la presente Resolución.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- A partir de la vigencia de la presente Resolución, se deroga y deja sin efecto la Resolución No. SNMLCF-DG-2019-008 de fecha 20 de febrero del 2019; y, las demás normas de igual o inferior jerarquía que se opongan al alcance y contenido de la presente Resolución.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 08 de febrero de 2021.
Doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros
General Inspector (S.P.)
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
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Miércoles 24 de febrero de 2021 Registro Oficial Nº 397
Oficio Nro. MSP-DNSG-2021-0020-O
Quito, D.M., 04 de febrero de 2021
Asunto: Solicitud de publicación de fe de errata. – Registro Oficial Nro. 377
Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
REGISTRO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
En su Despacho
De mi consideración:
Mediante el presente solicito designe a quien corresponda autorizar la publicación en el Registro Oficial de la siguiente fe de errata:
• Antecedente. –
Mediante Registro Oficial Nro. 377 del 25 de enero de 2021 se publica el Acto Administrativo Nro. 00112-2021 del 7 de enero de 2021 con objeto “Concédese personería jurídica al Estatuto de la Fundación Alianza para la Investigación de Enfermedades Emergentes AIR, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.”
• Requerimiento. –
Ubicación
Texto a corregir
Texto corregido
Página 16. – Cuadro de «miembros fundadores» Fila del cuadro. – 3 Columna del cuadro. – 2
6000071954
0909246100
Página 17. – Cuadro de «miembros fundadores» Fila del cuadro. – 1 Columna del cuadro. – 2
0901244517
1704274461
Página 17. – Cuadro de «miembros fundadores» Fila del cuadro. – 2 Columna del cuadro. – 2
0100170315
0904892932
Página 17. – Cuadro de «Directiva Electa en Asamblea General Constitutiva» Fila del cuadro. – 2 Columna del cuadro. – 3
6000071954
0909246100
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.
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Registro Oficial Nº 397 Miércoles 24 de febrero de 2021
Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,
Documento firmado electrónicamente
Ing. Lenin Patricio Aldaz Barreno
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARIA GENERAL
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