Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoless 09 de septiembre de 2020 (R.O.285, 09 – septiembre -2020)
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDOS:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:
077 Expídese el procedimiento para la aplicación del párrafo tercero del Artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
3078 Deléguense atribuciones y responsabilidades a la 0 el titular de la Dirección Distrital de Galápagos para que actúe en calidad de Delegado Técnico Permanente en la Asamblea Provincial de Planificación
079 Deléguense atribuciones y responsabilidades a la o el titular de la Dirección Distrital de Galápagos, para que en representación del titular de esta Cartera de Estado suscriba el Convenio de Cofinanciamiento entre el MAG, CI-ECUADOR y FIAS
081 Deróguese el Acuerdo Ministerial N° 021 de enero de 2001, publicado en el Registro Oficial N° 257 de 01 de febrero de 2001
082 Establécese el precio mínimo de sustanciación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2020 – 2021 en USD 31,70 con 13° (Pol
83 Expídese el instructivo de reposición de documentos y expedientes administrativos del MAG
84 Deléguese a la Asesora 2 del Despacho Ministerial, Mgs. Velasco Weisner Lupe Solange, conforme la Junta del Fideicomiso Mercantil en calidad de Delegado Permanente
087 Modifíquese el Acuerdo Ministerial 073, publicado en el istro Oficial Edición Especial 1008 de 26 de abril de 2017

Págs.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:
MPCEIP-DMPCEIP-2020-0081 Desígnese en calidad de Delegado, al Director de México, Centro América y el Caribe, como Coordinador de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador…………………………… 48
RESOLUCIÓN:
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL SECTOR
PÚBLICO:
SETEGISP-ST-2020-0016 Declárese en proceso de reestructura institucional conforme a lo establecido en el «Artículo Único» del Decreto Ejecutivo N° 1107 del 27 de julio del 2020……………………. 53

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 3
ACUERDO MINISTERIAL NRO. 077
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental;
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».
Que, el numeral séptimo del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. (…) «.
Que, el numeral segundo del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona: «ha formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: (…) 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto (…)».
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto del principio de legalidad, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución».
Que, el inciso primero y segundo del artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: ‘El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
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Constitución. La planificación propinará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.».
Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, respecto a la potestad administrativa de afectación de predios rurales, en los casos de causales de expropiación, incumplimiento de plazos para el cumplimiento de la función social o ambiental y declaratoria de utilidad pública o interés social, en su inciso tercero, establece: «(…) Expedida la declaratoria de utilidad pública y de interés social y, a falta de acuerdo, consignado el precio del predio expropiado, la Autoridad Agraria Nacional tendrá el plazo de un año, contado a partir de la fecha de consignación, para destinarlo a programas de redistribución previstos en esta Ley. De no hacerlo, la declaratoria de utilidad pública e interés social quedará sin efecto y el dominio del predio se revertirá por ministerio de la ley a su estado anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de la autoridad y funcionarios que no dieron cumplimiento a la misma. El valor consignado, las costas judiciales y demás gastos que puedan generarse, serán restituidos a la Autoridad, quien deberá repetir respecto de los funcionarios responsables de la omisión. (…)»;
Que, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, señala: «(…) En expropiaciones de tierras declaradas por autoridad competente, cuyo valor no haya sido cancelado hasta la fecha de vigencia de esta Ley, su valor se pagará conforme fue dispuesto, siempre y cuando sean legalmente exigibles y no haya operado la prescripción. Al efecto se dispondrá la liquidación actuarial del avalúo a la fecha de la expropiación.
Las resoluciones que han causado estado y no se han cumplido serán ejecutadas por la Autoridad Agraria Nacional.
Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, establece: «Para el cumplimiento de le (sic) establecido en las disposiciones transitorias de la Ley, en todo lo que no se encuentre previsto en el presente reglamento, el Ministerio de Agricultura, Ganadería. Acuacultura y Pesca emitirá la normativa técnica correspondiente según sea el caso».
Que, el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo respecto del principio de juridicidad, señala: ‘La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho».
Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo respecto de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, determina: ‘Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certera y previsibilidad.
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La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado, La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro.
Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada».
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la Competencia normativa de carácter administrativo, dispone lo siguiente: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República, nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, con base al artículo 30 de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos emitida mediante Acuerdo Ministerial 1573, que determinaba: ‘Las instituciones deberán establecer el Diseño del Proceso Mejorado, aplicando técnicas de perfeccionamiento de procesos. Así mismo, deberán realizar investigaciones de las mejores prácticas, estándares y modelos de referencia relevantes y técnicas de innovación de la gestión pública», y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que atribuye al Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional el «Aprobar las políticas, estándares y procesos para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad», se convocó al Comité de Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional, para el día miércoles 05 de febrero, a las 15h30, cuyo orden del día consistió en la ‘Presentación para análisis de la reversión de la expropiación por parte de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales».
Que, el Ministerio de Trabajo en motivado en los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 5, de 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16, de 16 de junio de 2017, en donde se encarga a dicho ministerio: «a. Establecer la metodología para la gestión institucional y herramientas de gestión por procesos y prestación de servicios públicos de la Administración Pública Central, Institucional y que dependan de la Función Ejecutiva»; y, «b. Promover e impulsar proyectos de excelencia y mejora de la gestión institucional, innovación para la gestión pública, estandarización en procesos de calidad y excelencia, y prestación de servicios públicos, de las entidades de la

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Administración Pública Central, Institucional, que dependan de la Función Ejecutiva», emite el acuerdo ministerial Nro. MDT-2020-0111 de 06 de mayo de 2020, el cual contiene la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios, determinando en su artículo 9 literales a y b; que la aprobación de entregables de ciclo de mejora continua, así como los proyectos y actividades de mejora e/o innovación de procesos (gobernantes, sustantivos y adjetivos) y servicios, se encargará la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica o quien hiciere sus veces.
Que, mediante memorando MAG-DPSCGC-2020-0082-M y MAG-DPSCGC-2020-0083-M del 17 y 19 de junio de 2020, la Ing. Maria Teresa Taco Taipe, en su calidad de Directora de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio; remitió hacia la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la validación y aprobación del «MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES»
Que, es necesario que el Ministerio de Agricultura y Ganadería genere un instrumento a fin de establecer el procedimiento para la aplicación del párrafo tercero de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, como una herramienta de estricto cumplimiento.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS
RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES

TÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y DELEGACIÓN
Artículo 1.- Objeto.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento para la aplicación del tercer párrafo del artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Este acuerdo será aplicado en procedimientos administrativos de expropiación, que por falta de acuerdo entre las partes, se debió consignar

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en sede judicial el valor correspondiente al predio afectado, y que habiendo transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la fecha de consignación, sin que la Autoridad Agraria Nacional haya destinado el predio a programas de redistribución previstos en la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la motivación de la expropiación quedará sin efecto y el dominio del predio se revertirá por ministerio de la ley a su estado anterior, esto sin perjuicio de las responsabilidades de la autoridad y funcionarios que no dieron cumplimiento a la misma. El valor consignado, las costas judiciales y demás gastos que puedan generarse, serán restituidos a la Autoridad, quien deberá repetir respecto de los funcionarios responsables de la omisión.
Artículo 3.- Delegación.- Para la efectiva ejecución del presente Acuerdo, se delega a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para conocer, sustanciar y resolver los casos que se configuren en el artículo anterior, al amparo de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
La sustanciación del proceso se desarrollará por parte de la Dirección de Saneamiento y Mediación, en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Artículo 4.- Definiciones.- Para una mejor comprensión del contenido del presente Acuerdo Ministerial, se entiende por:
1. Reversión: Restitución o regreso de un acto al estado anterior.
2. Resolución: Acto administrativo, suscrito por autoridad competente en el que esta se pronuncia respecto al fondo de un requerimiento dentro de un procedimiento determinado.
3. Expropiación: Fenómeno de derecho público, constitucional y administrativo, que consiste en privar a una persona de la propiedad de un bien dándole a cambio una indemnización.
4. Consignación: Depósito en sede judicial del valor de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias.
5. Dominio: Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO

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Capítulo I
De la Falta de Acuerdo y Destino de los Predios
Artículo 5.- Consignación.- A falta de acuerdo en el precio del predio expropiado, de manera inmediata, la Dirección de Saneamiento y Mediación o la autoridad agraria que tenga la competencia, dará aviso del particular a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que vía judicial continúe el proceso correspondiente.
Artículo 6.- Destinar a programas de redistribución.- Una vez consignado el valor del predio en sede judicial, la Coordinación General de Asesoría Jurídica en un plazo máximo de tres (3) días, deberá informar a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, y demás dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tengan competencia en el proceso de redistribución de tierras; para que destine el predio a programas de redistribución previstos en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Con la notificación de la consignación efectuada en la dependencia judicial correspondiente, en un plazo máximo de 362 días, la Dirección de Redistribución de Tierras y/o dependencia que tenga competencia en redistribución de tierras dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá emitir el informe de factibilidad a la Dirección de Saneamiento y Mediación o la dependencia que tenga la competencia en el procedimiento administrativo de expropiación; así como a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, en el que se destine el predio materia de la expropiación, a uno o varios programas de redistribución previstos en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Capítulo II
Inicio, procedencia y resolución
Artículo 7.- Iniciativa.- El procedimiento administrativo detallado en el presente documento puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada.
A solicitud de la persona interesada, de la forma establecida en el Código Orgánico Administrativo y demás normativa conexa.
En caso de presentar de manera física o digital por parte interesada, el funcionario designado por la Dirección de Gestión Documental y de Archivo, en el plazo máximo de un (1) día, remitirá hacia la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, el trámite externo respectivo, para que por medio de la Dirección de Saneamiento y Mediación, se de atención

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conforme a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
De oficio, mediante informe interno emitido por cualquier servidor, funcionario o trabajador del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tenga la certeza que ha transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la fecha de consignación del valor del predio en vía judicial, dentro de procesos administrativos de expropiaciones agrarias, sin que se haya destinado el predio a programas de redistribución establecidos en la Ley, dirigido hacia la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que se concluya la necesidad de efectuar la reversión del dominio del predio expropiado, hacia su estado anterior.
Artículo 8.- Verificación.- Una vez receptada la solicitud externa o informe interno, el funcionario sustanciador de la Dirección de Saneamiento y Mediación, emitirá la actuación administrativa correspondiente con la que dará fe de la fecha de recepción y del trámite solicitado.
En caso de ser necesario, requerirá documentación y/o información a cualquier área del Ministerio de Agricultura y Ganadería y/o entidad externa, con el objetivo de determinar si la cronología del expediente administrativo de expropiación, ha configurado lo establecido en el artículo 2 del presente Acuerdo Ministerial.
Una vez que, se cuente con toda la información requerida, en un término máximo de cinco (5) días, se deberá emitir la actuación administrativa necesaria con la determinación si la casuística dentro del procedimiento administrativo de expropiación, aplica o no para dejar sin efecto la motivación y revertir el dominio del predio a su estado anterior.
De la revisión de los elementos constitutivos en la petición y/o informe interno; así como de la documentación recabada, y si se determina que no procede la reversión del dominio del predio expropiado; se notificará al solicitante y/o servidor, del particular, así como a las demás dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tengan competencia en el proceso de redistribución de tierras.
Si dentro del procedimiento administrativo de expropiación, no se encuentra el informe de factibilidad y destino del predio a uno o varios programas de redistribución, detallado en el artículo sexto del presente documento; y si aún no han transcurrido los 365 días a partir del día siguiente que se realizó la consignación vía judicial, se deberá disponer que la Dirección de Redistribución de Tierras y/o dependencia que tenga competencia en redistribución de tierras dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que de manera inmediata se elabore e incluya el precitado informe al expediente de afectación, antes del vencimiento del plazo establecido en

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el artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; caso contrario, se procederá a su archivo.
Artículo 9.- Retorno de valores.- De configurar los requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; el funcionario encargado de la tramitología dentro de la Dirección de Saneamiento y Mediación, emitirá conjuntamente con toda la documentación recabada, la actuación administrativa correspondiente en la que solicitará a la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera que, una vez realizado el procedimiento pertinente dentro de cada una de sus competencias, se emita un informe conjunto en el que certifique el retorno de los valores erogados por la expropiación.
La Coordinación General de Asesoría Jurídica y la Coordinación General Administrativa Financiera, una vez se cuente con la certificación de la devolución los valores erogados por la expropiación, enviará el informe conjunto hacia la dirección requirente para continuar con el proceso.
Artículo 10.- Resolución.- Una vez recibido el informe conjunto detallado en el artículo anterior, el cual certificará el retorno de los valores por la expropiación que se revertirá, el funcionario correspondiente de la Dirección de Saneamiento y Mediación, deberá emitir la actuación administrativa correspondiente, con la cual pone en conocimiento de la máxima autoridad de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, para su resolución.
Se analizan los elementos constitutivos del procedimiento administrativo de expropiación y su configuración de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 100 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, para emitir un acto administrativo con el cual deje sin efecto su motivación y consecuentemente se revierta el dominio del predio a su estado anterior. Se deberá notificar a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, Coordinación General Administrativa Financiera y demás dependencias que tengan relación con el proceso de expropiación dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería; así como oficiar a la Dirección de Administración de Talento Humana para que se inicie las acciones correspondientes contra los servidores que no dieron cumplimiento con lo establecido en la Ley; así como también a la Dirección Distrital correspondiente, para que ejecute su perfeccionamiento.

Capítulo III
Del perfeccionamiento

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Artículo 11.- Acta de entrega recepción del bien.- Una vez recibido formalmente el acto administrativo emitido por la máxima autoridad de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la Dirección Distrital correspondiente deberá elaborar y suscribir el acta de entrega recepción del bien entre el Director Distrital y el administrado que fue parte procesal en el procedimiento de afectación del inmueble.
Artículo 12.- Inscripción.- La Dirección Distrital correspondiente, tendrá la obligación de ejecutar las acciones necesarias para que dicha reversión quede marginada y/o registrada en el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado que corresponda a la ubicación del predio.
DISPOSICIÓN GENERAL
El presente procedimiento se adecuará a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ministerial 056 de 11 de mayo de 2020, o cualquier otra que norme el uso de medios electrónicos para su atención.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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ACUERDO MINISTERIAL No. 078
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: ‘Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual} colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, j en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
ha participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.”;
Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.
has organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.”;
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.”;
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: ‘Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y al Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

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Que, el articulen 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La administración pública constituye un servido a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”;
Que, el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del listado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley.”;
Que, el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ‘Tul Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programarían y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignarían de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”;
Que, de conformidad con el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica: «Formulación de proformas institucionales.- Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Pastado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.»
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, contempla: «Principio de desconcentración. La función Administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarse las administraciones a las personas»;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública. Jerárquicamente dependientes”;

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Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: “1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;
Que, el artículo 11, numeral 2 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, establece: «(…) 2. Expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones en el marco de las competencias del Consejo de Gobierno. (…)»;
Que, el artículo 11, numeral 5 y 13 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, contempla: «(…) 5. Aprobar el presupuesto del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y sus reformas. (…) 13. Aprobar los planes y programas de trabajo del Consejo de Gobierno. (…)»
Que, el artículo 14, numeral 8 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, determina: «(…) 8. Elaborar la proforma presupuestaria del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos para aprobación del pleno del organismo.»
Que, el Acuerdo Ministerial Nro. 093 de 09 de julio de 2018, concerniente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su artículo 12, ítem 1, numeral 1.1, establece como atribuciones y responsabilidades del Ministro/a, entre otras, las siguientes: «(…) h) Delegar competencias y atribuciones a los/ las Viceministros/ as, Subsecretarios, Coordinadores/ as Generales, Directores/ as Nacionales y Directores/ as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; […] k) Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión (…)”;
Que, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, numeral 4.1., la Gestión Distrital a cargo del Director/a Distrital, tiene como Misión: «Gestionar y dar seguimiento a los planes, programas y proyectos a nivel distrital, dentro del ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a los objetivos, estrategias, políticas, regulaciones y procedimientos definidos a nivel central, para implementar y brindar a la ciudadanía servicios de calidad en el ámbito agropecuario, para mejorar las condiciones de vida de la población garantizando la soberanía alimentaria. «
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, nombró al Ingeniero Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, mediante Resolución No. 01 -CGREG-14-01 -2020 de 14 de enero de 2020 el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos aprobó el Plan Operativo Anual y la proforma presupuestaria del 2020 elaborados y presentados por la Secretaría Técnica;

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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró en Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el señor Presidente de la República del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID- 19 en Ecuador;
Que, mediante memorando No. CGREG-DPLA-2020-0281-MEMO de 15 de junio de 2020, la Directora de Planificación del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, solicitó a la Secretaría Técnica convocar a sesión extraordinaria señalando: «solicito se proponga al Presidente del CGRBG tratar los puntos que se numeran a continuación en la próxima sesión del Pleno de CGREG, la cual se sugiere sea convocada de forma extraordinaria con el fin de atenderlos en tiempo oportuno: 1. Posición regional respecto al trámite de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG) por parte de la Asamblea Nacional. 2. Conocimiento y aprobación del proceso de elaboración del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (PDSOT) de la provincia de Galápagos, horizonte al 2030. 3. Conocimiento j aprobación de la propuesta de conformación de la Asamblea Provincial de Planificación. La Dirección de Planificación realiza esta solicitud al amparo de sus atribución de elaborar los Planes de Desarrollo j Ordenamiento Territorial para lo cual se debe crear la Asamblea Provincial de Planificación. Por otro lado, esta Dirección se encuentra coordinando las acciones de construcción de una propuesta en territorio de la LOREG que se realizan parparte de la máxima autoridad y el equipo de Presidencia del CGREG.”;
Que, mediante oficio No. CGREG-P-2020-0143-OF de 15 de junio de 2020, el Ministro-Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, convocó a la sesión extraordinaria del Pleno «(…) a desarrollarse el día 17 de junio de abril de 2020, a las 10h00 para tratar el siguiente orden del día: 1. Posición regional respecto al trámite de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos en la Asamblea Nacional. 2. Conocimiento, análisis y aprobación del proceso de elaboración del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de la provincia de Galápagos, horizonte al 2030. 3. Conocimiento, análisis y aprobación de la propuesta de conformación de la Asamblea Provincial de Planificación. (…)”;
Que, mediante Resolución No. 016-CGREG-17-06-2020 el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos resolvió: «Dar por conocido y aprobar la conformación de la Asamblea Provincial de Planificación, en el marco del sistema de participación ciudadana y control social del Régimen Especial de Galápagos que se

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integrará de la siguiente manera: (…) 4. Ministra o el ministro que ejerce la rectoría de la política pública agrícola o sus delegado (…)»;
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
Artículo 1.- DELEGACIÓN.- Delegar a la o el Titular de la Dirección Distrital de Galápagos, a fin de que dentro de sus atribuciones y responsabilidades, a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado actúe en calidad de Delegado Técnico Permanente en la Asamblea Provincial de Planificación, en el marco del sistema de participación ciudadana y control social del Régimen Especial de Galápagos.
Artículo 2.- RESPONSABILIDAD.- La o el Delegado en virtud del presente Acuerdo, será jurídicamente responsable de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, e informará de manera detallada y documentada, al o la Titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo del presente Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL: El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 17
ACUERDO MINISTERIAL No. 079
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”;
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «A. las ministras y ministros de listado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: i. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y al Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)»;
Que, el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine»;
Que, el artículo 276, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Régimen de Desarrollo tendrá como uno de sus objetivos: «(…) Recuperar y conservar la naturaleza, y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural (…)»;
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 3 y 9 establece: «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del

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Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente (…)”;
Que, el artículo 403 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza»;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, contempla: «Principio de desconcentración. La Junción Administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarse las administraciones a las personas»;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes»;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: “1. Los decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;
Que, el artículo 122 del Código Orgánico Administrativo, indica: «(…) El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa. Cuando el acto administrativo requiere fundarse en dictámenes o informes, en estos estará expresamente previsto el ordenamiento jurídico, como parte del procedimiento (…)»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, nombró al Ingeniero Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, el Acuerdo Ministerial Nro. 093 de 09 de julio de 2018, concerniente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su artículo 12, ítem 1, numeral 1.1, establece como atribuciones y responsabilidades del Ministro/a, entre otras, las siguientes: «(…) b) Delegar competencias y atribuciones a los I las Viceministros/as, Subsecretarios, Coordinadores/ as Generales, Directores/ as Nacionales y Directores/ as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; […] k) Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran sugestión (…)»;
Que, mediante Memorando Nro. MAG-UGDIAGALAPAGOS-2020-0051-M de 27 de marzo de 2020, se remite el Informe Técnico N.-003-UGDIAG-2020-PC que señala: «…se recomienda la suscripción del Convenio de Cofinanciamiento entre el MAG, Cl y FIAS con el objeto de desarrollar y ejecutar estrategias y acciones para el control de especies invasoras en la zona agropecuaria de los cantones Santa Cruz Isabela con el fin de implementar el proyecto Empoderando a los agricultores locales en la implementación de una estrategia para el control y manejo de especies invasoras en las islas Galápagos’ por un plazo de

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año», y con sumilla inserta el señor Director Distrital dispone se proceda con el informe jurídico.
Que, mediante Memorando Nro. MAG-UGDAJGALAPAGOS-2020-0027-M de 10 de abril de 2020, la Abg. Tatiana Guerrero Morillo, remite el informe jurídico N.-004-UGDAJ-2020, mediante el cual: «…RECOMIENDA la suscripción del Convenio de Cofinanciamiento entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Fundación Conservation International Foundation (CI) y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FLAS), para la ejecución del Proyecto denominado: «Empoderando a los agricultores locales en la implementación de una estrategia para el control y manejo de especies invasoras en las islas Galápagos», ya que es factible por estar alineado a los intereses, misión y visión del Ministerio de Agricultura y Ganadería…»
Que, mediante memorando No. MAG-DDGALAPAGOS-2020-0280-M de 18 de mayo de 2020, el Director Distrital de Galápagos, señaló: «En virtud de lo expuesto, y con base en los logros que se alcanzaría para el sector agropecuario de la provincia de Galápagos con la suscripción del Convenio de Cofinanciamiento para la ejecución del Proyecto denominado «Empoderando a los agricultores locales en la implementación de una estrategia para el control y manejo de especies invasoras en las islas Galápagos», SOLICITO a usted se sirva disponer a quien corresponda la revisión y aprobación del convenio antes descrito y el trámite correspondiente para la firma respectiva con el (pronunciamiento de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales). «
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
Artículo 1.- DELEGACIÓN.- Delegar a la o el Titular de la Dirección Distrital de Galápagos a fin de que a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado, suscriba el Convenio de Cofinanciamiento entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Conservation International Foundation (CI-ECUADOR) y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS).
Artículo 2.- RESPONSABILIDAD.- La o el Delegado en virtud del presente Acuerdo, será jurídicamente responsable de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, e informará detalladamente, de manera trimestral, al o la Titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo del presente Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL: El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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ACUERDO MINISTERIAL NO. 081
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala; «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación»;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: ‘Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realzados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el maneja y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, índica: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autónoma administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la andad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener}’ me/orar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria»;
Que, el literal c) y j) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece que son atribuciones y competencias de la Agencia, las siguientes: «c) Prevenir el ingreso, establecimiento y diseminación de plagas, así como controlar y erradicar las plagas y enfermedades cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas de los vegetales y animales» y «j) Certificar y autorizar las características fito y zoosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente»;

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 21
Que, el Artículo 51 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, indica; «Las personas’ naturales o jurídicas publicas o privadas que importan animales y mercancías pecuarias, deberán cumplir con los procedimientos y requisitos sanitarios que determine la Agencia, de conformidad con esta Ley y su reglamento.
Para el establecimiento de requisitos zoosanitarios en el caso de importaciones desde un nuevo lugar de origen, nuera mercancía o cuando haya variado la condición sanitaria del país, zona o sitio de los cuales provengan los animales y mercancías pecuarias, la Agencia determinará los requisitos sanitarios y de ser el caso realizará un análisis de riesgo y evaluación en el lugar de origen por parte de inspectores zoosanitarios nacionales debidamente comisionados”;
Que, la Disposición Derogatoria Séptima de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, señala: «Derogase las demás normas de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley. «
Que, el artículo 319 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, indica: ‘Toda empresa extranjera interesada en exportar animales y/o mercancías pecuarias a Ecuador, debe cumplir con el procedimiento para obtener el registro respectivo”;
Que, el artículo 323 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece: «Los requisitos zoosanitarios de importación de animales y mercancías pecuarias, se establecerán con base en información técnica, científica, recomendaciones internacionales o análisis de riesgo bajo el siguiente proceso: 1. Categorización del riesgo de los animales y/o la mercancía pecuaria a importar; 2. Establecimiento de protocolo zoosanitario para los animales y/o la mercancía pecuaria a importar; 3, Remisión del protocolo zoosanitario a la autoridad competente del país exportador para su homologación; y, 4. Aprobación de requisitos zoosanitarios de importación por parte de la Agencia, dependiendo de la especie animal o mercancía pecuaria a importar»;
Que, el artículo 327 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, indica: «Se prohíbe la importación de animales y mercancías pecuarias de países que presenten enfermedades exóticas y/o que no hayan obtenido un resultado favorable en la evaluación de riesgo llevada a cabo por la Agencia»;
Que, el ítem 1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de Julio del 2018, dentro de las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Agricultura y Ganadería, establece; «k) Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, mediante Acuerdo Ministerial 021 de 22 de enero de 2001 y publicado en el Registro Oficial No. 257 de 01 de febrero de 2001, se dispone; «Suspender temporalmente, la expedición de permisos zoosanitarios para la importación de bovinos, ovinos y caprinos vivos, semen, embriones, productos y subproductos cárnicos, alimentos concentrados incluyendo harina de hueso y de carne y de aquellas que

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contengan proteínas de mamíferos destinadas a la alimentación animal, así como leche y derivados lácteos, procedentes de; Francia. República de irlanda, Portugal, Suiza, Remo Unido (Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Jersey y Guemsey, isla de Man), Dinamarca, Italia, Alemania, Omán, Bélgica, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, España, Irlanda, Países Bajos.»
Que, mediante oficio No. AGR-AGROCALIDAD/DE-2020-000880-OF de 01 de julio de 2020, mediante el cual, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, remitió el Informe técnico de 30 de junio de 2020, en el cual, en su parte pertinente, indica: «CONCLUSIONES: Con base en los artículos artículo 3 literal a) y c); artículo 13 literal c) y j) y artículo 51, así como también en lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en sus artículos: 319, 323 y 327, el acuerdo Ministerial 021 y su reforma planteada en el registro oficial Año II -Quito, miércoles 25 de Julio del 2001 – N° 376, debe ser derogada, aplicando para ello lo dispuesto en la ‘Séptima Disposición Derogatoria’ de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. Los procedimientos establecidos en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, ofrece un marco normativo adecuado para la ejecución de las actividades técnicas en cuanto los procedimientos de análisis de riesgo y establecimiento de requisitos de importación, que garanticen un comercio seguro. En caso de la existencia de una enfermedad exótica en un país que tenga el interés de exportar mercancías pecuarias al Ecuador, se debe tener claro que ‘Se prohíbe la importación de animales y mercancías pecuarias de países que presenten enfermedades exóticas y/o que no hayan obtenido un resultado favorable en la evaluación de riesgo llevada a cabo por la Agencia’, por lo cual no se procederá al establecimiento de los requisitos de importación y por ende la importación no podrá efectuarse.» En dicho informe, en su parte pertinente, recomienda: «Se comunique a la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, se realice el informe pertinente para solicitar ante el COMEX – Comité de Comercio Exterior- se realice la disposición requerida para que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador- SENAE, elimina esta restricción que figura en las prohibiciones del arancel, petición que se realiza debido a que la mencionada subsecretaría figura como delegados oficiales del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería – MAG ante el COMEX».
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 021 de 22 de enero de 2001, publicado en el Registro Oficial No. 257 de 01 de febrero de 2001.
ARTÍCULO 2.- Se dispone al Titular de la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, como delegado del Titular de esta Cartera de Estado, realizar los trámites correspondientes ante el Comité de Comercio Exterior – COMEX, con la finalidad de que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE, realice el procedimiento correspondiente para el levantamiento de la

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 23
restricción que figura en las prohibiciones del arancel de importaciones de animales, conforme a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su Reglamento General.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

24 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
ACUERDO MINISTERIAL NO. 082 EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación»;
Que, el Artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus fundones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (…)»;
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La soberanía alimentaria constituyente un objetivo estratégico y una obligación del Pastado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y cultural mente apropiado deforma permanente,»;
Que, el numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es responsabilidad del Estado: «Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional»;
Que, el numeral 6 del artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la política comercial tendrá como uno de sus objetivos: «Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados»;
Que, el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: «El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 25
sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servidos, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio, oligopolio privados, o de abuso deposición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal»;
Que, el Artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ‘El Estado impulsará y velará por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servidos de calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediarían y promoción de su sustentabilidad»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería
Que, en el Reglamento General de los Consejos Consultivos del MAG, contenido en el Título XXIV, Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3609, publicado en el registro Oficial Edición Especial No. 1 de 20 de marzo de 2003, determina el funcionamiento y competencia de los consejos consultivos, los mismos que se establecen como espacios de diálogo e instrumento de concertación y de acuerdos entre el sector público y privado, para identificar y alcanzar los fines estratégicos de las diferentes cadenas agroproductivas;
Que, entre las funciones de los consejos consultivos de esta Cartera de Estado, referidos en los artículos 2 y 3 del mencionado reglamento, están las de «asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la formulación de estrategias y políticas que fortalezcan la competitividad del sector agropecuario”; «analizar)1 generar alternativas para el desarrollo de las cadenas, en la producción y productividad, sanidad agropecuaria y calidad, investigación y transferencia de tecnología, comercialización, crédito, negociaciones comerciales internacionales y demás factores de la competitividad»
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 200 de 10 de octubre de 2019, se estableció el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2019-2020, en USD $31,70 con 13° (Pol);
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de julio de 2018, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería; en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades del Ministro, entre otras, la siguiente: «h) Delegar competemos y atribuciones a los/las Viceministros/as, Subsecretarios/as, Coordinadores las Generales, Directores las

26 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
Nacionales y Directores las Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas»;
Que, conforme a lo informado por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del MAG, según consta en los oficios UNCE 15/2020 de 8 de junio del 2020 y FENAZUCAR SN de 8 de junio del 2020, no existió acuerdo por parte de los miembros del Consejo Consultivo para la determinación de precio mínimo de sustentación, por tanto, es potestad del Ministerio de Agricultura y Ganadería la determinación del mismo;
Que, mediante memorando No. MAG-SCA-22-0583-M de 21 de julio de 2020, el Subsecretario de Comercialización Agropecuaria, remitió el informe No. SCA-DECA-2020 de 12 de junio de 2020, la propuesta de Acuerdo Ministerial que recomienda la suscripción del presente instrumento.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- Establecer el precio Mínimo de Sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2020-2021 en USD 31,70 con 13 ° (Pol) determinado en guarapo de primer molino, en base al Sistema Indexado de fijación del precio de la caña de azúcar, que constituye el 75 % del valor promedio de los precios de venta a nivel de ex — ingenio del saco de azúcar de 50 kilos que se comercializa en el país.
ARTÍCULO 2.- El valor a pagarse como premio por calidad, por cada grado superior a los 13° (Pol), será 3,30 % sobre el precio Mínimo de Sustentación para la tonelada métrica de caña de azúcar en pie. La caña con grado inferior a 12° (Pol), será castigada con el mismo valor que se premia.
ARTÍCULO 3.- Los ingenios pagarán a los cañicultores, el valor de su producto de la siguiente manera: 50% del valor del total de la caña cortada a los quince días de iniciado el corte y el 50% restante en el plazo máximo de 120 días, contados desde el primer pago realizado. Los pagos que se realicen posteriores a los 120 días, deberán contar con los intereses correspondientes a la tasa máxima permitida establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador, hasta el día que se realice el pago.
ARTÍCULO 4.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 27
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
ÚNICA. – Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 200 de 10 de octubre de 2019.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 2 8 JUL. 2020

28 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
ACUERDO MINISTERIAL NO. (j § 3 EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: «1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veras, verificada-, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información»;
Que, el numeral 19, del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: «el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluyen el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, o información requerirán la autorización del titular, o el mandato de la ley»;
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «el derecho a la seguridad jurídica se fundamente en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competente/’;
Que, el numeral 6, del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones légales;
Que, el numeral 1, del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

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Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus junciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos público/’;
Que, los numerales 3 y 4, del Artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son parte el patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros: «3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas»;
Que, el artículo 113 del Código Orgánico General de Procesos, establece «en caso de pérdida, deterioro o mutilación de los documentos incorporados al expediente físico, la reposición se hará sobre la base de las impresiones del expediente electrónico debidamente certificadas por el funcionario competente»;
Que, el artículo 209 del Código Orgánico General de Procesos, dispone: «Reposición de documentos públicos que no forman parte de un proceso. Si se pierde o destruye un documento público, la parte que tenga una copia auténtica, siempre que la copia no esté raída ni borrada, ni en tal estado que no se pueda leer claramente, solicitará a la o el juzgador con los mismos requisitos previstos para las diligencias preparatorias, que ordene su incorporación al registro, archivo o protocolo donde debía encontrarse el originar;
Que» el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, determina: «La junción administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición defunciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas»;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contempla que: «Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del listado»;
Que, el segundo, inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifiesta que: «Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales y/o desmembración de documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o y archivo Nacional»;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Responsabilidad de la información, contempla: «Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y

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autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este proveer toda la información»;
Que, el inciso final del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que uno de los deberes de la o el servidor público es custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización»;
Que, el artículo 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala : «La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.
La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso».
Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos publicada en el Registro Oficial 162 de 31 de marzo de 2010, en su artículo 4, prescribe: «Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información»:
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería.
Que, el artículo 1 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, dispone que: «El objeto de la presente Regla Técnica es normar la organización y mantenimiento de los archivos públicos, en cada una de las fases del ciclo vital del documento, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plateo, el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo».
Que, el artículo 7 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, dispone que: “1. Las entidades públicas emitirán la política institucional en materia de gestión documental y archivo, la cual será aprobada por la máxima autoridad institucional y deberá estar alineada con las disposiciones de la presente Regla Técnica relacionada con la organización, gestión, conservación y custodia de los documentos de archivo. 2. Todos los servidores públicos de los sujetos obligados velarán por la integridad y adecuada conservación de los documentos de archivo que genere o reciba la dependencia, en cualquier soporte y época, apegándose a los principios generales establecidos en la Declaración Universal sobre los Archivos y el Código de Ética Profesional, emitidos por el Consejo Internacional de Archivos de la UNESCO. 3. Se prohíbe expresamente la constitución paralela de expedientes para uso personal»

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Que, el artículo 11 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, dispone: «Las entidades públicas promoverán que los procesos j procedimientos sean homogéneos a efectos que la información contenida en los documentos de archivo sea accesible y de fácil consulta, que coadyuven al ahorro, optimizarían de recursos y permitan eficiencia, eficacia, efectividad, agilidad, transparencia, participación y solidaridad social en la gestión pública».
Que, el artículo 10 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, determina: «Corresponde a las etapas por las que sucesivamente pasan los documentos desde su producción o recepción en una entidad pública, hasta la determinación de su destino final, que puede ser baja documental o conservaron permanente. Las categorías de archivo que se contemplan en el ciclo vital del documento son las siguientes:
1. Archivo de Gestión. – Comprende toda la documentación, generada por las unidades administrativas, que es sometida a continua utilización y consulta.
2. Archivo Central.- Es aquel que custodia y administra la documentación procedente de los Archivos de Gestión que han cumplido dos años, con excepción de aquella información considerada de utilidad para la unidad administrativa. Depende de la Dirección de Gestión Documental y Archivo o quien haga sus vece/’.
Resulta necesario regular el procedimiento para reponer o recuperar, los documentos de expedientes que reposan en los archivos de gestión y/o en el archivo central del Ministerio de Agricultura;
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DE REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS Y
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto, regular los procedimientos necesarios para recuperar, restaurar, reconstruir, restituir y reponer componentes documentales, planos, registros, que formen o formaban parte de los expedientes administrativos, los cuales han sido sustraídos, extraviados, mutilados, desaparecidos, destruidos o deteriorados.
ARTÍCULO 2.-Ámbito de Aplicación.- Este instructivo se aplicará de manera obligatoria en todos los Órganos Administrativos de esta Cartera de Estado sean gobernantes, sustantivos, adjetivos y desconcentrados mientras éstos estuvieron o están siendo custodiados en los diferentes archivos de gestión de las unidades o dependencia o del archivo central.

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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 3.- Requisitos para la reposición de documentos. – Para que proceda la reposición de uno o varios documentos será necesario que concurran los siguientes requisitos:
1. Los documentos a ser repuestos estén en custodia o hayan sido emitidos por alguna dependencia o unidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
2. Los documentos a ser repuestos tengan como constancia de existencia o reposen dentro de la institución: registros de inscripción tomos y folios, libros cronológicos, los registros digitales dentro de los sistemas informáticos de gestión documental, así como documentos que posean las partes interesadas, siempre y cuando los mismos reposen o exista constancia y registros de existencias de dichos documentos
ARTÍCULO 4.- Cumplimiento de requisitos para la reposición de documentos.
En el caso de que la reposición no cumpla con alguno de los requisitos necesarios, el o la Directora de la unidad o dependencia a su cargo, sentará la correspondiente razón de imposibilidad debidamente motivada en base a la autorización de su inmediato superior y notificará a la parte solicitante.
ARTÍCULO 5.- Procedimiento para la reposición de documentos.- Cuando se hayan extraviado, robado, o hurtado documentos de expedientes administrativos o se hiciere extraordinariamente difícil su consulta por el deterioro, incendio, inundación o cualquier otro siniestro; se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. PEDIDO: A petición de parte o de oficio, los o las Directores (as) de las unidades o dependencias que tengan a su cargo archivos de gestión documental, en los que uno o varios documentos requieran ser repuestos, deberán ser autorizados previamente por el o la Directora de Gestión Documental y Archivo para el inicio del proceso de reposición.
2. DENUNCIA: La o el titular de la Unidad presentará la denuncia.
3. AUTORIZACIÓN: Una vez obtenida la autorización emitida por el o la Directora de Gestión Documental y Archivo, se realizará un informe técnico levantado por el o la Directora de la unidad o dependencia en donde se encuentre el archivo de gestión en el que hará constar el detalle de todos los documentos y la situación de cada uno de ellos.
4. CERTIFICACIÓN DGDA: El o la Directora de la unidad o dependencia solicitará a la Dirección de Gestión Documental y Archivo o quien haga sus veces, certifique el ingreso de documentación que se encuentre en el registro del sistema de gestión documental dirigida a esta institución.

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5. SOLICITUD A PARTES: Asimismo, el o la Directora de la unidad o dependencia solicitará a las partes interesadas que entreguen toda la documentación que pueda permitir realizar la reposición y que esté a cargo de ellos.
6. RAZÓN: Con la documentación obtenida de las diferentes fuentes institucionales y particulares, el o la Directora de la unidad o dependencia, sentará la correspondiente razón de reposición, en la cual constará los documentos que fueron objeto de reposición, las fuentes en donde se obtuvieron y cualquier observación que se presenten en dichos documentos.
7. NOTIFICACIÓN: Cuando el proceso de reposición haya concluido, el o la Directora de la unidad o dependencia donde se encuentre el archivo de gestión, mediante acto administrativo notificará a las partes con la finalización del proceso de reposición, y las conclusiones del mismo.
ARTÍCULO 6.- Reposición de un expediente administrativo íntegro: Cuando se hayan extraviado, robado, o hurtado un expediente administrativo íntegro o se haya destruido en su totalidad, se deberán observar las siguientes reglas para su reposición:
a) En caso que el expediente administrativo, presumiblemente haya sido hurtado o robado, la unidad administrativa que detecte la desaparición de dicho expediente administrativo, solicitará a la Coordinación General de Asesoría Jurídica realice la respectiva denuncia penal, señalando para el efecto, al menos la siguiente información: Fecha de la desaparición, último funcionario custodio del expediente, lugar de la desaparición y contenido del expediente administrativo.
b) La Unidad Administrativa que detecta la pérdida del expediente administrativo, deberá solicitar al Director o Directora de Gestión Documental y Archivo autorice la reconstrucción del expediente. En caso que dicha pérdida se haya debido a un presumible robo o hurto, en la solicitud se adjuntará copia de la respectiva denuncia penal.
c) Con lo anterior, el o la Directora de Gestión Documental y Archivo procederá inmediatamente con la reconstrucción del expediente administrativo, para lo cual se podrán realizar todas las acciones para reponer dicho expediente, como descargarlo de los sistemas de gestión documental, registros públicos en línea, copias de los archivos de otras unidades administrativas, etc.
d) Una vez reconstruido el expediente administrativo, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo dejará sentada una razón de que el expediente en cuestión ha sido reconstruido y de ser posible, dejará sentado el nombre del funcionario (o funcionarios) que custodiaban el expediente al momento de su pérdida o destrucción.
ARTÍCULO 7.- Recuperación de documentos.- Si se recuperare el o los documentos robados o hurtados, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo previo informe del Titular de la unidad o dependencia de la unidad administrativa donde se extravió el o los documentos, verificará si el documento, registro y/o expediente está completo o cuáles son las piezas documentales que faltan conforme solicitud de recuperación de documentos, para proceder con la reposición de conformidad con lo dispuesto en este instructivo.

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En el caso de recuperación de documentos, de los cuales se encuentre en proceso o haya concluido la reposición, se agregará al expediente, sin perjuicio de las copias certificadas o compulsas que obren del mismo.
ARTÍCULO 8.- Prohibición de certificación.- El Director o Directora de Gestión Documental y Archivo no podrá certificar ningún documento o expediente que haya sido reconstruido, sino solamente podrá emitir copias compulsas de dichos documentos.
En las copias compulsas se sentará la respectiva razón de las copias emitidas en la cual se indicará que el documento o expediente fue reconstruido y se señalará mediante qué documento, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo autorizó la reconstrucción.
ARTÍCULO 9.- Restauración de documentos.- Para iniciar los procesos de restauración de los documentos, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo seguirán las siguientes reglas:
a) Los expedientes administrativos no podrán salir de las instalaciones del archivo central y de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, salvo que el proceso de curado sea realizado por una institución del Estado especializada en temas de curado y reconstrucción de documentos;
b) En caso de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuente con el personal apropiado para la ejecución del procedimiento de restauración y recuperación, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo dispondrá que se proceda inmediatamente con el trabajo respectivo;
c) De no contar con el personal para realizar dicho procedimiento, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo buscará el apoyo de entidades públicas que cuenten con el personal especializado para el curado de documentos, planos y folios deteriorados, tales como el Sistema Nacional de Archivos, los municipios, el Ministerio de Cultura, entre otros, procurando la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación interinstitucional para tal fin; y,
d) En caso de no contar con el apoyo de entidades públicas, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo solicitará se proceda a contratar a proveedores especializados en restauración y recuperación de documentos observando las reglas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
ARTÍCULO 10.- Sanciones.- Sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que pudieren derivarse por el hurto, robo o destrucción dolosa de un expediente administrativo, el o la titular de la unidad administrativa donde se extravió el o los documentos, una vez que sea autorizado para reconstruir el expediente, deberá solicitar a la par a la autoridad nominadora, que se inicie un procedimiento investigativo-sancionatorio a través de la Dirección de Administración del Talento Humano, para imponer las sanciones administrativas de ser el caso.
En tal sentido, el Director o Directora de la Dirección De Administración del Talento Humano observará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y demás normas pertinentes, para sancionar de ser el caso al funcionario responsable de la pérdida del bien, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

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ARTÍCULO 11.- Libro de reposiciones. – El Director o Directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería deberán contar con un «Libro de Reposiciones», en donde se sentará razón de las reposiciones realizadas, información que a la vez tendrá que constar en el archivo digital de la institución, y semestralmente ser enviada a la Secretaria Nacional de la Administración Pública.
ARTÍCULO 12.- Inexistencias.- De determinarse que el o los documentos presentados para el proceso de reposición, no fueron emitidos por autoridad competente, el Director o Directora de Gestión Documental y Archivo, emitirá la respectiva certificación de inexistencia, misma que deberá ser enviada con toda la documentación de soporte a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, a fin de que se presente la correspondiente denuncia con la finalidad de que se inicie las investigaciones por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este instructivo, no eximen a las y los servidores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de la mala administración, falta de control y protección de las bases o registros que contengan información de datos públicos, responsabilidades que deberán ser dictaminadas por la autoridad competente.
SEGUNDA.- De la ejecución del presente Instructivo, encárguese a la Dirección de Gestión Documental y Archivo.
TERCERA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su suscripción.

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ACUERDO MINISTERIAL NO. 084
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, Que la función ejecutiva está integrada por la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas;
Que, el artículo 154 numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «A las ministras, ministros de Estado, además de las atribuciones estableadas en la ley, les corresponde: h Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedirlos acuerdos, resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye servicio a la colectividad que se rige por los principios eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente, para lo cual el

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numeral 5 determina el «Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.»
Que, el artículo 6 del Código Orgánico Administrativo, señala: «Principio de jerarquía. Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos.”;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece el Principio de desconcentración como: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarlas administraciones a las personas.”;
Que, el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo, determina: «Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes»;
Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primada del interés general, sobre el particular»;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, expresa: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, (…)”
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, dispone: «Son efectos de la delegación:
1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante.
2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;
Que, la Disposición General Décima Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: “Los recursos públicos de las empresas públicas nacionales y de las entidades financieras públicas podrán gestionarse a través de fideicomisos, previa la autorización del ente rector de finanzas públicas. No estarán sujetas a esta limitación los recursos de personas jurídicas de derecho privado en la banca pública y las entidades financieras públicas (…) Para la constitución de fideicomisos con recursos públicos por cualquier entidad pública deberá ser comunicada al ente rector de las finanzas públicas.».

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Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función ejecutiva, determina: «(…) Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las junciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado»;
Que, el ítem 1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de Julio del 2018, dentro de las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Agricultura y Ganadería, establece: «(…) b) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/as, Subsecretarios las, Coordinadores/as Generales, Directores/as Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; (…) k) Expedirlos acuerdos y resoluciones administrativas que requieran sugestión»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República, nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1070 del 11 de junio del 2020, el Presidente Constitucional de la República en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador decretó la creación del programa crediticio denominado «REACTÍVATE ECUADOR», en el cual se establece lo siguiente: «Artículo 1.- Crease el programa crediticio, denominado «REACTIVA ECUADOR», el cual tiene como finalidad canalizar recursos públicos a través de la entidades del sector financiero público, del sector financiero privado y del sector financiero popular y solidario, para la implementación de líneas de financiamiento preferenciales que permitan solventar de manera temporal el déficit de capital de trabajo que enfrentan las unidades productivas, como consecuencia de las medidas adoptadas para la atención de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19. El programa se enfocará prioritariamente, en micro, pequeñas, medianas empresas, artesanos y organizaciones de la economía popular y solidaria y se podrá ampliar su acceso a otras unidades productivas, una vez que se garantice la atención preferente a estos segmentos».
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1070 determina que «…La Junta de fideicomiso sebera ser integrada por delegados de los entes rectores de los sectores productivos y de la economía popular y solidaria «,
Que, La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante la Resolución No. 583-2020-F de 19 de junio de 2020, estableció las «Normas que regulan el funcionamiento del fideicomiso para canalizar los recursos públicos relacionados con el Programa «REACTÍVATE

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 39
ECUADOR», así como la conformación de la Junta del Fideicomiso tal como lo contempla el Artículo 2.- (…) El Fideicomiso contará con una junta del Fideicomiso para lograr la finalidad pretendida por el constituyente compuesta por.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca o su delegado
El Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado
El Ministerio de Turismo 6 su delegado
El Ministerio de Agricultura y Ganadería o su delegado
El Director del Instituto de la economía Popular y Solidaria o su delegado
Los delegados deberán ser servidores de la institución pública y acreditar experiencia de al menos tres (3) anos en el sector productivo o en el sistema financiero».
Que, Mediante escritura pública celebrada el 21 de julio del 2020, ante la señora Notaría Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil, Abogada Nidia Medranda Cevallos, se constituyó el Fideicomiso Mercantil de Administración denominado Fondo Público para Apoyo a la Reactivación Productiva del Ecuador. Compareció a la suscripción de dicho contrato, en calidad de Constituyente, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y, en calidad de Fiduciaria, la Corporación Financiera Nacional, CFN.
Que, el contrato de Constitución del Fideicomiso en su Cláusula Décimo Sexta.- UNIDAD EJECUTORA estipuló «… La Junta del Fideicomiso contará con un organismo técnico asesor denominado UNIDAD EJECUTORA.
»DIECISÉIS UNO.- Integración. La Unidad Ejecutora estará integrada por delegados técnicos de cada uno de los miembros de la Junta del Fideicomiso, y serán designados por aquellos dentro de los cinco días siguientes a así haberlo solicitado la Fiduciaria. Los miembros de la Unidad Ejecutora deberán acreditar experiencia de al menos tres (3) años en el sector productivo o en el sistema financiero; y no cobrarán dietas ni emolumentos. Los miembros de la Unidad Ejecutora se reunirán por lo menos una vez al mes, o según lo que disponga la Junta de Fideicomiso en la REGLAMENTACIÓN correspondiente, en mesas de trabajo de las que dejará constancia en actas que serán remitidas a la Fiduciaria dentro de los CINCO días siguientes a su celebración. Cabe indicar que el control de que Unidad Ejecutora se reúna, no es responsabilidad de la Fiduciaria»;
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:

40 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- DELEGACIÓN. – Delegar a la Asesora 2 del Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mgs. Velasco Weisner Lupe Solange, para que a nombre y en representación del titular de esta Cartera de Estado, conforme la Junta del Fideicomiso Mercantil, en calidad de delegado permanente.
ARTÍCULO 2.- DELEGACIÓN TÉCNICA. – Delegar a la Asesora 2 del Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mgs. Velasco Weisner Lupe Solange, para que conforme la Unidad Ejecutora del Fideicomiso Mercantil «REACTÍVATE ECUADOR».
ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD. – La Delegada en virtud del presente Acuerdo, informará de manera detallada y documentada, al menos trimestralmente, al titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo de las delegaciones, y será responsable jurídicamente de sus actos u omisiones en el ejercicio de la misma
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 41
ACUERDO MINISTERIAL NO. 087

El Ministro de Agricultura y Ganadería

Considerando:
Que, el artículo 3 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que entre los deberes primordiales del Estado se encuentra el de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir;
Que, el artículo 66, numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la propiedad ‘en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental; así como el derecho al acceso a la propiedad de manera efectiva con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas;
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «El derecho a la segundad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, aplicadas por las autoridades competentes»;
Que, el numeral séptimo del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.».
Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que el Presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. Que la función ejecutiva está integrada por la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas;
Que, el artículo 154 numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, correspondiente a las atribuciones que tiene los ministerios y ministras de Estado, de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

42 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
Que, el artículo 226 dé la Constitución de la República del Ecuador determina que las Instituciones del Estado tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye servicio a la colectividad que se rige por los principios eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 260 de la Constitución de la República determina que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, el primer inciso del artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y, tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;
Que, el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado;
Que, el artículo 410 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como el desarrollo de prácticas agrícolas que las protejan y promuevan soberanía alimentaria;
Que, el artículo 35 del Código Orgánico Administrativo, referente a la remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos menciona que «Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercido pleno de los derechos de las personas»;

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Que, el artículo 242 en su numeral 3 el Código Orgánico Administrativo, determina que para la provisión de bienes y servicios públicos se observará al menos el empleo de criterios de mejora continua en los procesos previamente señalados;
Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 128, contempla al acto normativo de carácter administrativo como: «…toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y deforma directa»;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, determina que: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública (…/’;
Que, el Artículo 2, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, manifiesta que el objeto de la Ley es normar el uso y acceso a la tierra, que regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado, otorgando seguridad jurídica a los titulares de derechos;
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, determina como interés público y prioridad nacional la protección y uso del suelo rural de producción, en especial de su capa fértil que asegure su mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, otorgando a la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad con la Ley y previa petición del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano competente, que mediante informe técnico determine aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias en suelos rurales; y, autorizará, el cambio de clasificación de suelos rurales de uso agrario a suelos de expansión urbana o zona industrial;
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, establece como uno de las competencias y atribuciones de la Autoridad Agraria Nacional, el proteger a la tierra rural con aptitud agraria del cambio de uso del suelo. Excepcionalmente, con sujeción a la ley, emitir informe previo para autorizar o no este cambio para expansión urbana o uso industrial de conformidad con el ordenamiento territorial. Además se encuentra prohibido el cambio de uso del suelo rural con vocación o aptitud agraria o que cuente con infraestructura pública de riego o productiva permanente;

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Que, las Reglas para la Titulación de Tierras Rurales se encuentran determinadas en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, donde se establece que: «Para la titulación de tierras rurales estatales en favor de personas naturales o personas jurídicas de la agricultura familiar campesina, el peticionario de la adjudicación debe presentar declaración juramentada en la cual se establezca:
a) No haber sido adjudicatario de tierras del Estado en superficies mayores a la Unidad Productiva Familiar;
b) Que asume la responsabilidad directa en la ejecución del plan de manejo productivo;
c) Ha estado en posesión agraria de la tierra por el período de por lo menos cinco años; y,
d) Que acepta el compromiso de pagar el valor de la tierra en los planos y forma establecidos (…).»;
Que, el artículo 15, del Reglamento de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, correspondiente a la Regularización de Tierras Rurales, determina que: «La persona que tenga la posesión agraria de un predio deberá presentar a la Autoridad Agraria Nacional o su delegado, o a una de sus dependencias desconcentradas, la solicitud de titulación de la tierra rural estatal de conformidad con los siguientes requisitos:
a) Solicitud suscrita por quien tiene la posesión agraria de la tierra rural;
b) Declaración juramentada prevista en el artículo 68 de la Ley; y.
c) Levantamiento planimétrico del predio debidamente georeferenciado de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma técnica que establezca la Autoridad Agraria Nacional, para el efecto (…)».
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos determina que: «Se entiende por trámite administrativo al conjunto de requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan las personas ante la Administración Pública o ésta de oficio, con el fin de cumplir una obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto determinado».
Que, además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 de la Constitución de la República, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos prevé entre otros, el principio de celeridad y seguridad jurídica, señalando que los trámites administrativos se gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión; y, en la gestión de trámites administrativos, las entidades reguladas por esta Ley únicamente podrán exigir el cumplimiento de los requisitos que estén establecidos en una norma jurídica previa, clara y pública.
Que, la Máxima Autoridad del entonces denominado Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante Acuerdo Ministerial No. 73, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 1008 del 26 de abril de 2017, expidió el Manual de

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Procedimientos y Trámites Administrativos en Materia de Tierras Rurales, en razón de lo establecido en la transitoria tercera del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que prescribe: «Para el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley, en todo lo que no se encuentre previsto en el presente reglamento, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca emitirá la normativa técnica correspondiente según sea el caso»;
Que, en el marco de los procedimientos y trámites administrativos regulados en el Acuerdo Ministerial No. 073 los cuales radica en: «1. Regularizarían de la posesión agraria; sobreposición de adjudicaciones; delimitación y amojonamiento; rectificación de cabidas y datos discordantes; oposición a la adjudicación; reversión de la adjudicación; y, declaración de inexistencia de la adjudicación. 2. Otorgamiento de cancelación de hipoteca, cancelación de prohibición de enajenar y cancelación de patrimonio familiar agrícola. 3. Expropiación agraria. 4. Invasión, presentación de títulos. 5. Otorgamiento de certificado de no afectación y de autenticidad», se prevé como requerimiento la obtención de la certificación otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado en el cual acredite que el predio no se encuentre dentro de área urbana.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República, nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, en razón de la normativa expuesta, y a fin de garantizar una gestión de trámites administrativos eficaces, eficientes, de calidad y simplificado, se genera la necesidad de reformar el Acuerdo Ministerial Nro. 073.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
Modificar el Acuerdo Ministerial 073, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 1008 de 26 de abril de 2017
ARTÍCULO 1.- En el artículo 10, literales a), b) y c), de los numerales 2 respectivamente, elimínese el requisito «Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el mal acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «Informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentarían correspondiente si dicho predio se encuentra en y una rural o urbana,»

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ARTÍCULO 2.- En el artículo 13, correspondiente al pago del predio, en los expedientes de titulación de tierras rurales estatales para personas naturales, personas jurídicas y organizaciones campesinas, en su numeral 2 respectivamente, elimínese el requisito «Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cual acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «Informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentación correspondiente si dicho predio se encuentra en zona rural o urbano».
ARTÍCULO 3.- En el numeral 8 del artículo 28, sobre el expediente que se remite a la Dirección de Titulación de Tierras hoy Dirección de Regularización de Tierras, elimínese el requisito «Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cual acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «Informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentación correspondiente si dicho predio se encuentra en zona rural o urbana».
ARTÍCULO 4.- En el artículo 141, literales a), b), c) y d) de los numerales 1 respectivamente, sobre el procedimiento administrativo de expropiación agraria, elimínese el requisito ‘Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cual acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «Informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentación correspondiente si dicho predio se encuentra en zona rural o urbano».
ARTÍCULO 5.- En el artículo 158, numeral 1, elimínese el requisito «Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cual acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «Informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentarían correspondiente si dicho predio se encuentra en zona rural o urbano».
ARTÍCULO 5.- En el artículo 163, literales a), b) y c), de los numerales 1 respectivamente, elimínese el requisito «Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cual acredite que el predio no se encuentra dentro de área urbana», e incorpórese como requisito «informe técnico suscrito por un servidor perteneciente a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el que determine que el predio tiene vocación o aptitud agraria y se determine con la documentación correspondiente si dicho predio se encuentra en zona rural o urbano».
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

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La Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, conjuntamente con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en el término de (15) días posteriores a la emisión del presente instrumento, establecerá el procedimiento correspondiente para viabilizar los trámites contenidos en este Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 AGO. 2020

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ACUERDO Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-0081

IVÁN FERNANDO ONTANEDA BERRÚ
MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y
PESCA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la norma ibídem, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina: «Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad… «
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas»;
Que, el artículo 68 del Código ibídem, señala: «Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y des concentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;
Que, el artículo 69 del Código en referencia, prevé: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión»;
Que, el segundo inciso del artículo 17, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, prevé: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al

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funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;
Que, con fecha 13 de febrero de 2017, los gobiernos de la República de El Salvador y de la República del Ecuador, suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 115, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 68 del 30 de agosto de 2017 se ratificó el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador;
Que, el numeral 1 del artículo X.5 del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador, establece que cada parte designará a un Coordinador del Acuerdo y lo notificará a la otra parte; y,
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 de 13 de diciembre de 2018, dispone: Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca»;
Que, el artículo 3 del Decreto Ibídem, determina: «Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondía al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente de la República designó al señor Iván Ontaneda Berrú, como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 19 025 de 29 de octubre de 2019, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), que establece que el Ministerio tiene como misión fomentar la inserción estratégica del Ecuador en el comercio mundial, a través del desarrollo productivo, la mejora de la competitividad integral, el desarrollo de las cadenas de valor y las inversiones.

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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 19 025 de 29 de octubre de 2019, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), que establece que la Dirección de México, Centro América y el Caribe, tiene entre sus atribuciones: «elaborar las propuestas de políticas y/o estrategias, orientadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales y la administración de acuerdos comerciales bilaterales, Subregionales u otros instrumentos comerciales con México, Centroamérica y El Caribe «
Que, mediante No. MPCEIP-VCE-2020-0138-M de fecha 11 de agosto de 2020, el Viceministro de Comercio Exterior solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, se deje sin efecto el acuerdo ministerial anterior de delegación ante el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador, y se delegue a la Dirección de México, Centroamérica y el Caribe la responsabilidad de coordinar dicho acuerdo bilateral.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, los artículos 68 y 69 del Código Orgánico Administrativo; y, el Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de Junio de 2019.
ACUERDA:
Artículo 1.- Designar al Director de México, Centro América y el Caribe, en calidad de delegado en representación del Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como Coordinador de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador.
Artículo 2.- El delegado observará la normativa legal aplicable y responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.
Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la ley al Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, puesto que el mismo cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.
Artículo 4.- Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento legal o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.
Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial al delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.
Artículo 6.- La Dirección de Secretaria General deberá realizar su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 51
Dado en Guayaquil, a los 12 día(s) del mes de Agosto de dos mil veinte.
Documento firmado electrónicamente

IVÁN FERNANDO ONTANEDA BERRÚ
MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y
PESCA

52 – Miércoles 9 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 285
CERTIFICACIÓN
La DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3.6.4, literal e) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA; el numeral 5.3.2 del Instructivo Institucional de Identificación, Gestión y Evaluación de Documentos y el artículo 63, de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos.
Certifica la fidelidad y confiere copias de los documentos adjuntos, según se detalla a continuación:

Razón de certificación Acuerdo Número de folios
Fiel copia del original MPCEIP-DMPCEIP-2020-0081 4
La documentación ha sido cotejada con los ejemplares en original que tuve a la vista, mismos que reposan en el SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, a los cuales me remito.
Dado en la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de agosto de 2020.

Christian Amoroso Cobos
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Registro Oficial N° 285 Miércoles 9 de septiembre de 2020 – 53
RESOLUCIÓN- SETEGISP-ST-2020-0016
SILVANA MARIUXI RAMÍREZ VERDEZOTO
SECRETARIA TÉCNICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»
Que, la Ley para Fomento Productivo, Atracción Inversiones Generación Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en la Disposición Transitoria Decima Quinta establece lo siguiente: «En las instituciones u organismos de la Administración Pública Central e Institucional, incluidas las empresas públicas que pertenezcan a la Función Ejecutiva, que con el objeto de reducir y optimizar el tamaño del Estado, emprendan procesos de reestructuración institucional, fusión, absorción, supresión o liquidación según corresponda, y en consecuencia, implementen planes de optimización y racionalización del Talento Humano, previo dictamen del Ministerio de Trabajo, deberán suspenderse la creación de puestos que provengan de la modalidad de contratos ocasionales y concursos de méritos y oposición que para el efecto se encuentren realizando hasta que mediante la aplicación de instrumentos técnicos de planificación del talento humano se determine la real necesidad de permanencia y creación de puestos.»
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, el Presidente de la República derogó los siguientes Decretos Ejecutivos Nro. 798 de 22 de junio de 2011, así como sus reformas; Decreto Ejecutivo Nro. 50 de 22 de julio de 2013; Decreto Ejecutivo Nro. 641 de 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo Nro. 837 de 25 de noviembre de 2015; Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017 y se dispuso lo siguiente: «Artículo 1.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico, que incluye las potestades de

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disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja (…)».
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio del 2020, el Presidente de la República reforma el Decreto Ejecutivo Nro. 503, publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, de la siguiente manera: «a) Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente texto: «Art. 1.-Transfórmese el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR en Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Responsable de coordinar, gestionar, administrar, dar seguimiento, controlar y evaluar los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico vigente, que incluye las potestades de disponer, distribuir, custodiar, usar, enajenar, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos.» b) Sustitúyase el artículo 5 por el siguiente texto: «Art. 5.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público será dirigida por un Secretario Técnico, designado por el titular de la Secretaría General de la Presidencia.»
Que, la Disposición General del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio del 2020, establece que: «En el Decreto Ejecutivo Nro. 503 publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018 y demás normativa vigente donde se haga referencia al «Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR» o a su «Director General» léase como «Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público» o «Secretario Técnico» respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto».
Que, el artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «La Función Ejecutiva, además de los organismos definidos y desarrollados en los artículos posteriores, podrá contar de manera general con los siguientes tipos de entidades: «(…) g) Secretaría Técnica.- Organismo público con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, dependiente de una instancia de coordinación conformada por miembros de la Función Ejecutiva y adscrito a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, un ministerio sectorial o secretaría nacional.»
Que, mediante memorando No. SETEGISP-CGAJ-2020-0071-M del 05 de agosto de 2020, la Coordinación General de Asesoría Jurídica emite informe jurídico respecto de la pertinencia de mantener la vida jurídica de este Organismo Público atendiendo las políticas, normas, productos y servicios emitidos como Servicio hasta que se realice la transformación formal a Secretaría Técnica.
Que, mediante ACUERDO Nro. PR-SGPR-2020-0094 de 29 de julio de 2020, suscrito por el Mgs. Nicolás Issa Wagner, Secretario General de la Presidencia de la República, acordó, designar a la Doctora Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto como Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.,

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En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 10-1 literal g) y 64, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
RESUELVE:
Artículo 1: Declarar a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en proceso de reestructura institucional conforme a lo establecido en el «Artículo Único» del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio del 2020. En consecuencia de lo anterior, se dispone que las Unidades de esta Secretaría, para efectuar este proceso, emitan y ejecuten los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de dicha reestructura.
Artículo 2.- Para garantizar la adecuada y oportuna gestión institucional de este Organismo Público, se continuará con la aplicación de los Acuerdos y Resoluciones emitidos previo a la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio de 2020 hasta concluir la transformación a Secretaría Técnica, bajo responsabilidad de los funcionarios que intervengan en la emisión de los actos administrativos correspondientes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- Todas los actos administrativos que se requieran para la adecuada consecución del proceso de reestructura institucional, deberán alinearse a los plazos establecidos en las Disposiciones Transitorias: Primera y Segunda y del Decreto Ejecutivo No. 1107 del 27 de julio de 2020.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.