Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley
E XISTEN TRES INFORMES de la Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el polvorín de la brigada Galápagos, la negociación de los famosos cohetes rockets y la explosión de la granada en la isla puna. Más allá de la fuerza constitucional que tengan, lo curioso es que en las conclusiones se coincide en que existieron omisiones, falencias, se encontraron una serie de anomalías. Estos temas fueron tratados en el programa Justicia para Todos del domingo anterior.
El doctor Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, analizó el informe de esta comisión, que, según indicó no tiene competencia jurídica para perseguir nada, sin embargo aparentemente ha realizado un trabajo concienzudo. «Estos documentos que han producido son una interesante ayuda memoria para las autoridades que sí tienen competencia: la Contraloría, el Ministerio Público, si es que hay delitos; Comisión del Congreso de investigación y desde luego los jueces de lo Penal y los jueces de lo Civil por las responsabilidades civiles», aseguró.
La explosión en la Brigada Galápagos
Según la Comisión de la Verdad, hubo un incendio el 20 de noviembre del 2002 y eso generó la explosión de las bombas, pero dicen no hay evidencias sobre qué produjo el incendio, solo hay hipótesis. En este caso, sí existe instrucción fiscal, es decir que la Fiscalía sí comenzó una instrucción.
El informe analiza el contrato entre la Junta de Defensa y la fábrica de municiones Santa Bárbara, fábrica del Ejército. Este apunta a que no hubo licitación ni concurso que, por el buen prestigio de la fábrica Santa Bárbara, le entregaron el contrato de 1’119.000 dólares a este organismo. La Junta de Defensa le delegó estipular las cláusulas, firmar el contrato al Comandante de Fuerza.
El objeto del contrato era la repotenciación, es decir volver a poner en capacidad de funcionamiento a una cantidad de granadas y bombas y armas explosivas que estaban, desde 1997, en unos llamados refugios. Estos eran unos galpones en la Brigada Galápagos, que no tenían la menor condición de seguridad, ni la posibilidad de mantener el aire a determinada temperatura ni suficientemente purificado de los gases que emanan de esas armas.
Eran galpones que estaban a 25 metros de una bomba de gasolina y que estaban en medio de la población. Es obvio que ahí ya se revelan anormalidades de tipo administrativo, graves responsabilidades.
Las bases técnicas dice el informe, no contemplan detalles de seguridad para la ejecución de este trabajo, tampoco el contrato tiene cláusulas sobre eso y en el contrato nada se habla de que debe haber un seguro, cosa elemental. Se omitió esto, omisión culpable, negligente, grave.
Para hacer el trabajo se uso a conscriptos, gente totalmente impreparada para un trabajo tan delicado y, además, se les impuso tarea, tenían que repotenciar cuarenta bombas diarias, como si esto fuera hacer flexiones de pecho.
El accidente, dice el informe, ocurre 2 días después de iniciadas las labores y cuando ocurre la explosión todos los ejecutivos, los oficiales encargados, e ingenieros encargados de los distintos aspectos del trabajo estaban ausentes del lugar del trabajo. No había ninguna autoridad, ningún técnico presente vigilando el trabajo.
Luego se apunta a que los damnificados, hasta hora muchos de ellos no han recibido ayuda en los daños personales que sufrieron, muchos de ellos, ni en los daños materiales que les aqueja.
Hay responsabilidades que en el caso serian administrativas de la Junta de Defensa porque no se ocupó de llevar adelante la contratación y vigilar la ejecución de un trabajo tan delicado y delegue a un comandante de armas.
Hay responsabilidad, dicen, de la Contraloría pues nunca estuvo presente en ninguna revisión, en ningún análisis, en ningún inventario de estas armas ni menos de las condiciones en que se las mantenía, Desde luego que hay responsabilidad de orden militar administrativa de muchos oficiales.
Y hay responsabilidad civil del Estado porque según el artículo 20 de la Constitución si se causa daño aunque el daño no sea culposo, más si lo es, el Estado tiene que indemnizar, y el Estado todavía no indemniza.
Tráfico de armas
El segundo caso, el de la venta de los cohetes a Zimbabwe. Vender armas un Estado a otra persona, a otro Estado, no digamos a un traficante, no digamos a alguna organización indeseable, FARC, es algo que compromete mucho mas allá que los aspectos contractuales o de responsabilidad civil, son aspectos que comprometen el honor nacional, por eso hay algún reglamento de control de bienes del control público.
Es un reglamento solamente que prohíbe vender armas sino es al fabricante. En el contrato de venta se establece que la venta se hace al gobierno de Zimbabwe. Pero Zimbabwe es un estado que le ha dado ayuda directa a la República del Congo. Congo es un país profundamente inmerso en una torturante guerra civil.
El contrato mismo adolece de vicios graves. Según el informe se autoriza el ministro de Defensa de esa época, almirante Unda, a vender esto al gobierno de Zimbabwe, a través de la empresa ETR del Brasil. No hay ningún apoderado de la empresa ETR entonces quien aparece como apoderado ha falsificado un poder, y en base a ese poder falsificado se firma el contrato.
El contrato dice que se debe pagar en cheque, pero se pagó en efectivo, en dinero efectivo. El dinero ingresó en efectivo a una cuenta de la FAE en el Pacific National Bank, en Miami.
Granadas en la Isla Puná
Según el informe marinos ecuatorianos y marinos de EEUU estaban haciendo maniobras conjuntas y para este tipo de maniobras hay un mando conjunto y para ese mando conjunto, EEUU acreditó a un oficial de mayor rango, Ecuador a un oficial de menor rango. Entonces la dirección de la operación correspondía al oficial de mayor rango y en este caso a los EEUU.
Al final de la operación que se estaba haciendo con granadas vivas, activas, con munición real, no con balas de fogueo, ocurrió que quedaron regadas en la playa, no se aplicaron las normas de seguridad y al día siguiente un niño tomó una granada y murieron él y otras personas.
También aquí hay responsabilidades de tipo militar administrativo graves, porque comenzando por el hecho de designar a un oficial de menor rango, dice el informe, ya había un comienzo de conflicto.
Afirma el informe que no se cumplieron procedimientos de seguridad operacional y que tampoco se supervisó el operativo.
La marina sí ha indemnizado por los daños, naturalmente daños mucho menores que en aquello de Riobamba, pero aquí si ha habido indemnización. Sin embargo, también aquí se da lo que yo creo que no debería darse jamás, esa dualidad de la justicia naval y la justicia penal civil. Es fundamental que se cumpla la norma constitucional que obliga a la unidad jurisdiccional y que desaparezca absolutamente la justicia especial o la justicia administrativa y que tengamos jueces civiles, comerciales, administrativos, tributarios, penales, militares, policiales, todos bajo el mando de la Función judicial y la responsabilidad del presidente de la Corte Suprema.
Ley del Anciano
Lo que hace la reforma a la ley del Anciano dada por el Congreso reafirma principios de que el mayor de 65 años debe tener una determinada ventaja tributaria, que no le puedan robar por el lado de los impuestos y que por otro lado, tenga una ventaja en el pago de la luz eléctrica, agua potable y teléfono, servicios caros y malos que recibimos en este país. Las ideas por detrás de estos principios de estas normas, son obvias: Derechos Humanos para proteger, aunque sea peyorativo, la ancianidad.
El hecho de la ancianidad en sí, merece de acuerdo al artículo 54 de la Constitución la protección del Estado y a eso se orienta la ley del Anciano.
Recibe la ley el presidente y dice agréguesele a la ley lo siguiente: «los mayores de 65 años, ubicadas en los dos quintiles inferiores de la base de datos del Selben, gozarán de la exoneración del 50% que causare el uso de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 kilowatios hora, el exceso de este límite pagará la tarifa normal. El 50% de la pensión básica de teléfono de propiedad del beneficiario en su domicilio, todos los demás medidores pagarán la tarifa normal, esta exoneración será reconocida a través del reembolso, a través del programa bono de desarrollo humano en la forma que lo determine el respectivo reglamento».
Esto era una burla infame y el presidente no creo que quiso reírse de los ancianos pero alguien le escribió esta cosa estúpida y esta patraña, alguien hubo con mentalidad equivocada y perversa y le hizo firmar este despropósito. Yo celebro que el Congreso haya insistido en su texto original.
Funciones del Vicepresidente
La función de vicepresidente de la República ha tenido asignación de funciones diversas en las constituciones últimas. En la Constitución del 46, la mejor Constitución que ha tenido el Ecuador, el vicepresidente de la República era presidente nato del Congreso Nacional, su tarea era presidir el Congreso, no era legislador pero presidía el Congreso, y en caso de empate en las decisiones del Congreso en pleno, porque había dos cámaras según la Constitución del año 46, su voto era dirimente.
En la Constitución de EEUU también el vicepresidente de la República preside el Congreso, ahí también no es miembro del Congreso, no es legislador y ahí también tiene voto dirimente en el Senado. Cierto es que con ese sistema se dieron casos penosos como el de la conspiración de Carlos Julio Arosemena contra Velasco Ibarra, en el año 61.
El vicepresidente de la República, por otra parte, cuando quedó este trauma del enfrentamiento Arosemena – Velasco Ibarra ha tenido otro tipo de funciones. Se le asignó, luego, la tarea de presidir la planificación en el país. Es importante para un país tener planes de desarrollo pero es absurdo endiosar la planificación. Hubo grandes problemas porque la planificación a veces era una mordaza para el presidente que quería hacer lo que quería. La tercera figura: el vicepresidente es un hombre sin función salvo aquellas que le delegue el presidente.
En todos los casos se dan pugnas y en este caso presente, la pugna parece ser acerba. El presidente de la Republica tiene razón cuando ha dicho «el jefe del Ejecutivo, jefe del Gobierno y jefe del Estado soy yo». La Constitución dice: «el presidente es: jefe de Estado, jefe de Gobierno», la Constitución le hace dictador al presidente de la República en el Ecuador. Obviamente la Constitución se puede reformar y darle al vicepresidente otras funciones, establecer otra forma de elección, etc.
Caso Fybeca
Este caso ha impresionado: la matanza de delincuentes y de otros, que no lo eran, en un establecimiento comercial de Guayaquil por la Policía. Nadie tiene el derecho a masacrar a nadie, la más noble causa no es justificación para hacer masacres, de otra parte la Policía Nacional tiene en su organización, en su Ley Orgánica defectos sustanciales que no se corrigen y que se demuestra en una cantidad de oprobios que la ciudadanía soporta y ante los cuales se espeluzna pero no corrige.
Este tema no corresponde a la Policía, corresponde a la justicia ordinaria y este es el mensaje fundamental es el Ministerio Público el que desde el primer día, desde el primer momento tenía que ocuparse de esto.