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INSEGURIDAD JURÍDICA
Cuando la justicia no está en la Función Judicial

Por: Fundación Hacia La Seguridad
Imperio de la Ley

Varios casos de la justicia denominada «administrativa», causan mayor inseguridad jurídica en el país. Este tema fue abordado por el jurista Edgar Terán, en su programa Justicia para Todos, el domingo anterior. Para Terán, es indispensable que se acabe con el espantoso rezago de las dictaduras, de que la justicia en el Ecuador no esté en la función judicial, sino que esté en la función ejecutiva.

Para el presidente de Hacia la Seguridad, el resultado de que los mismos que administran sean quienes juzguen, es que no haya justicia pues la decisión está atravesada por los intereses de los administradores. Para dar un ejemplo, en el caso de las Cortes Policiales, éstas no sirven a la Justicia sino al torcido espíritu de cuerpo de los policías. Por lo menos eso es lo que se ha podido apreciar en el reciente caso denominado Fybeca. Esta tragedia no simplemente la sufrimos en carne propia todos los días, todos los ciudadanos, sino que esta tragedia ya ha traslucido al plano internacional.

Como ejemplo

Terán comentó que el miércoles pasado hubo una reunión del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La reunión del Comité fue en torno a las negociaciones que Perú, Ecuador y Colombia actualmente realizan con los Estados Unidos para Tratados de Libre Comercio. En este contexto, se leyeron reportes de varias compañías americanas sobre sus disputas con Perú y Ecuador. Ese reporte indicaba que la inestabilidad política en Ecuador ha minado la confianza en la vigencia de la ley y continúa siendo una gran preocupación frente al actual gobernante. «Mientras la administración del presidente Lucio Gutiérrez, ha mantenido políticas fiscales sanas, ha fallado en adoptar reformas estructurales económicas que fueron propuestas cuando Gutiérrez llegó a su cargo y actualmente hay numerosas disputas comerciales entre compañías americanas y el gobierno del Ecuador, que la función ejecutiva de los Estados Unidos y sus empleados están tratando de resolver». Para Terán, esas disputas deberían ser resueltas por los tribunales y no en otros ámbitos.

De acuerdo con un documento que exhibió el jurista, en aquella reunión uno de los representantes del comité había comentado que «hay reales problemas en Ecuador que levantan serias cuestiones alrededor del elemental imperio de la ley».

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en esta reunión hizo una detallada exposición sobre los problemas de las compañías americanas e hizo una comparación con la actitud de Colombia: «bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, se ha resuelto una cantidad grande de disputas pendientes en ese país y se ha mejorado el clima de negocios. El liderazgo y la diligencia de Uribe y de otros miembros del gobierno colombiano para resolver estos penosos problemas, debe servir de ejemplo a otros gobiernos»

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en su informe indica «aunque nosotros apoyamos que haya un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hay comentarios que levantan dudas sobre si del gobierno del Ecuador podría esperarse que respetara los términos de un convenio de Libre Comercio».
Para Terán este informe revela que el sistema ecuatoriano de solución de conflictos de justicia administrativa, está en entredicho, porque todos los problemas a los que se refieren estos documentos son problemas que están entrabados en la llamada justicia administrativa.

Ante este panorama, Terán hizo votos para que Ecuador elimine la justicia administrativa y se lleve a la función judicial todos los conflictos existentes. Terán explicó que acerca de los problemas pendientes con compañías americanas, no queda otro camino que resolverlos con intervención diplomática.

Las soluciones

Terán comentó que hay varios proyectos de ley que cumplen la obligación constitucional de transferir toda la administración de justicia al poder judicial.

– En el proyecto de ley orgánica de la Función Judicial, preparado por la Corte Suprema en el año 2002, está pormenorizadamente ese traslado.

– En un proyecto similar de la Comisión de Legislación y Codificación está también ese traslado.

– Hay otro proyecto presentado por el diputado Ramiro Rivera concretamente para Cortes Policiales y Militares.

Es decir, el Congreso tiene abundante material para resolver este tema, pero debe hacerlo con urgencia, pues la falta de justicia en el país, no está tan solo provocada por jueces deficientes de la Función Judicial, sino por esos, aterradoramente perversos jueces administrativos: jueces policiales, jueces militares que son jueces del ejecutivo, jueces sobre impuestos que son los recaudadores de impuestos, jueces sobre aguas que son los empleados que administran las aguas. Para Terán, mientras el Ecuador siga sin tener jueces independientes y siga teniendo jueces administradores públicos, su situación será trágica.

Se ha formado una polémica sobre la legalidad de la conformación del consejo directivo del IESS y los efectos jurídicos que podrían derivarse de las acciones tomadas por dos de los tres vocales, de este ente.

Sobre este tema, Edgar Terán aseguró que ya existe un pronunciamiento del Procurador del Estado. Con oficio número 12-164 del 6 de octubre el procurador del Estado absuelve una consulta del Superintendente de Bancos. Pese a que Terán, no había tenido acceso al texto de la consulta, pudo entender, la respuesta a aquella consulta. La respuesta del Procurador fue que «No está integrado» el directorio del IESS. Lo que se colige de la respuesta es que: «El actual consejo directivo, como se está denominando una reunión de dos no existe, no está constituido legalmente», dijo Terán.

El jurista dijo coincidir con la respuesta del procurador ya que el Consejo Directivo no está oficialmente conformado mientras no estén nombrados sus tres miembros. Para Terán, lo hechos en torno a este caso son claros: los tres miembros del consejo directivo fueron cesados en sus funciones después de una serie de ataques e incidentes. Entonces el presidente de la República designó un delegado, ya que es su potestad nombrarlo. Pero los otros dos miembros son: un representante de los afiliados y otro de los empleadores.

El representante principal de los afiliados fue cesado, pero el representante suplente de estos es el que ahora está principalizado, porque el representante del presidente de la República lo convocó. Terán comentó que lo procedente sería que los afiliados nombren a su vez a un nuevo representante. Dijo que en todo caso, aunque no se nombrara un principal nuevo, el hecho es que al momento no hay representante de los patronos o empleadores. Es decir que a este supuesto Consejo Directivo le falta el tercer miembro.

En derecho administrativo, un órgano solo existe cuando todas las personas están designadas, explicó el jurista. En consecuencia, todas las acciones hechas por ese seudo consejo directivo son nulas:

«Si han ordenado pagos, esos son nulos, si firmaron contratos, si han hecho nombramientos, si han despedido a gente, la destitución que han hecho del señor Madera, todo es absolutamente nulo. Esa nulidad ya está dictaminada por el procurador, ya no pueden atribuirse funciones pues de lo contrario pueden incurrir en responsabilidades personales, de tipo civil y hasta de tipo penal».
Sobre el caso del director del IESS, Jorge Madera, cesado por este seudo consejo, dijo Terán que Madera debe volver a la función, pues el efecto de nulidad es que las cosas vuelven al estado anterior.

El jurista comentó que «cuando hay una necedad jurídica tan brutal como la que hay en este caso, inmediatamente asalta una inquietud ¿qué hay detrás de todo esto?» Terán evocó ciertos comentarios de expertos que piensan que detrás de esta situación existe la intención de tomar al IESS como botín político para expandir la burocracia o realizar enormes negociados.

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