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La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a un hábitat seguro, a la vivienda adecuada y a la propiedad con responsabilidad social y ambiental.
El sistema penal ecuatoriano reconoce la reparación integral como un derecho fundamental de las víctimas de infracciones penales.
La voluntad de las partes es la piedra angular del arbitraje, ya que constituye el elemento esencial que otorga competencia al tribunal arbitral.
El arresto domiciliario es una medida cautelar de carácter personal que busca restringir la libertad de movimiento de una persona procesada, obligándola a permanecer bajo vigilancia en su propio hogar en lugar de un centro de detención.
En el derecho administrativo y tributario, el Estado ejerce su poder a través de actos administrativos. Sin embargo, para que estos actos tengan eficacia y puedan afectar a los ciudadanos, existe un requisito indispensable: la notificación.
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