El programa de reforma de la Administración de Justicia en el país

José María Pérez Nelson

L UEGO DE UN AÑO DE LABORES , el Grupo de Trabajo Conjunto del Sector Justicia del Ecuador, conformado por representantes del Poder Judicial, de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, de la Fiscalía, del Ministerio de Gobierno, de la Secretaría General de Planificación y de la Policía Nacional, adoptó el denominado Plan Integral de Reformas. En él se identifican todas aquellas áreas que de una u otra manera inciden en la administración de justicia y que necesitan ser fortalecidas, reformadas o apoyadas a fin de lograr una justicia más independiente, eficaz y confiable. El Plan contiene una serie de recomendaciones cuya ejecución aún requiere de la debida preparación, articuladas al rededor de tres ejes de acción: el fortalecimiento institucional, la racionalización administrativo procesal y la capacitación.

Asistencia del Banco Mundial y del BID

El Plan fue presentado a los embajadores de los países amigos y a los representantes de las instituciones internacionales de asistencia técnico-financiera. Dicho documento propone una división preliminar de responsabilidades entre los organismos de asistencia técnico financiera que han expresado interés en participar en el proceso de reforma.
Más aún, los componentes que se vienen preparando o que se prepararán y ejecutarán con la asistencia del Banco Mundial y del BID han sido ya objeto de una negociación tripartita con el Estado.
Para dar coherencia y continuidad a los procesos que ya se han emprendido y que se inicien en el futuro, con miras a ejecutar lo trazado en el Plan Integral de Reformas, una unidad de coordinación y una comisión consultiva están siendo legalmente creadas. La unidad servirá de enlace entre las instituciones locales involucradas en el sector justicia, así como de interlocutor y contraparte local de los organismos internacionales de asistencia técnico-financiera de orden bilateral o multilateral.

Colaboración

Organismos como la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), de los Estados Unidos, el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), han colaborado ya o están trabajando con el sector justicia en la preparación de proyectos enmarcados dentro del Plan Integral de Reformas. A ello hay que sumar los programas de asistencia que ciertos países como los Estados Unidos, Francia, y Gran Bretaña vienen ejecutando por varios años en el Ecuador, en áreas relacionadas con el funcionamiento de la justicia tales como capacitación policial.
La USAID ha contribuido con el proceso de elaboración del Plan Internacional de Reformas mediante el apoyo que ha brindado tanto el Grupo de Trabajo del Sector Judicial, por intermedio del Gobierno ecuatoriano, cuanto a la secretaría ejecutiva de dicho grupo, la Corporación Latinoamericana de Desarrollo.

Plan integral de reformas

El Banco Mundial y los miembros del Grupo de Trabajo, en especial la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría General de la Administración Pública, han llevado a cabo un largo proceso de preparación de un proyecto compuesto por ciertos componentes previstos en el Plan Integral de Reformas, que será ejecutado con un préstamo del mencionado Banco. Este proyecto, cuya preparación será concluida con la ayuda de fondos provenientes de una donación del fondo japonés conseguida para el país por el mismo Banco Mundial, incluye componentes relativos a la racionalización de la gestión del flujo de casos, la viabilización de la mediación y la conciliación como métodos de solución alternos de las causa que llegan a los juzgados y tribunales, de adecuación física de ciertas dependencias del Poder Judicial, la información del despacho judicial y la capacitación de profesores de derecho, entre otros.
Asimismo, el país está definiendo con el BID aquellas áreas del Plan Integral de Reformas que puedieran ser tratadas mediante un acuerdo de cooperación técnica con dicha institución.

Se ha identificado preliminarmente las siguientes:

desarrollo legislativo de las nuevas instituciones o de los nuevos mecanismos constitucionales tales como el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y los recursos de amparo y de habeas data; fortalecimiento del Ministerio Público como institución autónoma, eventualmente encargada de la función protagónica en un procedimiento penal de naturaleza más acusatoria y menos inquisitoria que el actual; fortalecimiento de la carrera judicial mediante la formación y capacitación permanentes, y el desarrollo de alternativas extrajudiciales de solución de conflictos, entre otros.
La Corte Suprema de Justicia, la Secretaría General de la Administración Pública, y las demás instituciones representadas en el Grupo de Trabajo del Sector Justicia, actuando a través de la unidad de coordinación que se está conformando para el efecto, necesita ahora aunar esfuerzos con los diversos estamentos de la sociedad civil preocupados por modernizar la administración de justicia en el país, a fin de optimizar los recursos humanos y financieros y llevar adelante de manera eficaz, con el apoyo de los organismos de asistencia técnico-financiera, los proyectos necesarios para dotar a la sociedad ecuatoriana de la seguridad jurídica que requiere de manera urgente para su desarrollo armónico.