Derecho Constitucional Ecuatoriano: Análisis y Doctrinas | Derecho Ecuador

Derecho Constitucional

Análisis de Derecho Constitucional Ecuatoriano. Doctrinas sobre la ley fundamental del Estado, la Constitución y las garantías de derechos.

¿Cuál es la Constitucionalidad de la Denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR”?

¿Cuál es la Constitucionalidad de la Denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR”?

¿Cuál es el procedimiento para la modificación de las normas constitucionales relativas al indulto presidencial y a los requisitos para ser Fiscal y Contralor General del Estado?

¿Es necesario reformar a la Constitución para poder aprobar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo?

¿Quién tiene la competencia para tramitar los delitos tributarios y aduaneros?

¿Qué es la dimensión sustantiva de los derechos?

¿Quién sería competente en materia penal para homologar una sentencia dictada en el extranjero?

¿Si necesariamente la decisión de suspender condicionalmente la pena privativa de libertad, debe estar incluida en la sentencia o no?

¿Si el juez de primera instancia otorga la suspensión condicional, y de encontrarse privado de su libertad la persona procesada, se debe emitir la inmediata boleta de excarcelamiento, o se debe esperar a emitir la sentencia escrita y que esta se encuentre ejecutoriada?

¿El cobro de tasas elevadas en las notarías para los juicios de divorcio sin hijos menores de edad o bajo dependencia, afecta o no a la gratuidad de la justicia?

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: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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