ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Lunes, 13 de junio de 2016

ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Es necesario partir indicando que en las constituciones modernas no solamente se establecen derechos, sino también garantías, las cuales se construyen en forma de mecanismos para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los individuos, siendo oportuno en esta ocasión enfocarnos en el estudio de la denominada acción de protección, misma que se encuentra reconocida en nuestra Constitución, específicamente en el Art. 88, que la define de la siguiente manera:

?La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.?

Esta garantía a su vez fue también regulada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, misma que delimita los aspectos procedimentales, así como las normas de ejecución, requisitos para su procedencia, objeto, trámite e improcedencia de la acción.

Por lo trascendental de esta acción, que radica, en ser una acción al servicio de los ciudadanos, destinada a garantizar el respeto y protección de los derechos establecidos en la constitución, es necesario que efectuemos su análisis de la siguiente manera:

1.- Elementos o características esenciales de la Acción de Protección:

a)       Debe existir una violación de un derecho constitucional.

b)       Dicha violación, se produce por una acción u omisión de autoridad pública o de un particular.

c)      Debe darse la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.[2]

d)      El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz, ya que la sencillez que incluye no solo la presentación, si no en la facultad de notificar a los legitimados activos o pasivos, por cualquier medio eficaz y al alcance del juzgador.

e)      El trámite se desarrolla con la mayor prontitud y oportunidad, descartando cualquier complejidad procesal que podría aceptarse en el trámite de los procesos ordinarios; por lo tanto, no se admitirán incidentes, requisitos, formalidades ni dilaciones innecesarias que retrasen su resolución.[3]

f)       Podrá ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida, y no será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción, bastando detallar los hechos u omisión.[4]

g)      Es una acción y no un recurso, porque no tiene por objeto impugnar ninguna resolución judicial, sino que es el mecanismo para poner en conocimiento un acto u omisión que vulnere un derecho garantizado en la constitución.

2.- Procedencia y Legitimación Pasiva:

De conformidad con el Art.41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina: ?La acción de protección procede contra:

1.       Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.-

Siendo necesario puntualizar, que la autoridad pública en el marco de su actividad está facultada a dictar actos según su competencia, pero dichos actos pueden violar o vulnerar derechos de los administrados garantizados en la Constitución, por ello no se excluyen de la acción de protección a los actos de las cinco funciones del Estado, mientras, que la omisión o incumplimiento, consiste en el no cumplir, con el reconocimiento de derechos garantizados en la Constitución.

2.       Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.

 

Con respecto a las políticas públicas, es necesario destacar que en ciertas ocasiones estas están direccionadas a controlar y sancionar, como deber general del Estado, mismo que busca desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de las obligaciones y derechos, con políticas claramente formuladas y adaptadas, aplicando los principios de inclusión, participación, rendición de cuentas, responsabilidad, e igualdad y no discriminación.

 

3.       Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.

 

Hace referencia a la vulneración de un derecho, en donde el hecho puede efectivamente vulnerar uno o varios derechos ya sea por acción u omisión, en la cual es necesario perseguir directamente al acto que vaya en contra de lo dispuesto en la Constitución, a fin de subsanar los efectos, o la violación a los derechos derivados del acto u omisión.

 

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;

c) Provoque daño grave;

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.?[5]

3.- Presupuestos esenciales de la Acción de Protección:

Los presupuestos  de la acción de protección si partimos de la consideración de que el sujeto activo de las garantías es el individuo, y el sujeto pasivo es el Estado, se evidencia que la juridicidad de esta relación se deriva del orden de derechos.

Por eso, desde el punto de vista del sujeto activo, las garantías se traducen en un derecho, en donde las garantías generan una obligación traducida en la imposición constitucional de respeto a los derechos.[6]

Siendo necesario fijar la determinación de varios presupuestos dentro de la acción de protección como son:

a)       Legitimación activa: Comprende a cualquier persona física o jurídica que estime vulnerados sus derechos garantizados en la Constitución, debiendo considerarse que no solo es de quien es el agraviado, por los actos u omisiones de la autoridad pública no judicial, sino también cuando la privación en el goce o ejercicio de los derechos provenga de políticas públicas, de la prestación de servicios públicos impropios o de particulares.

b)      Competencia: Es necesario tener en claro que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 86 núm.2 determina que para conocer no solo la acción de protección, sino todas las garantías jurisdiccionales: ?Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos?, hecho que se replica en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fijando que los jueces competentes para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales de los derechos, será ?cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos.?[7]

c)      Legitimación Pasiva: La Acción de Protección procederá contra la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, por la acción u omisión que vulnere los derechos garantizados en la Constitución, debiendo demandarse también al representante legal de la institución del estado cuando el particular actúa por representación, concesión o delegación.

4.- Improcedencia de la Acción de Protección:

La acción de protección de derechos no procede:

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación.

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos.

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.

6. Cuando se trate de providencias judiciales.

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral.

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.[8]

5.- Tramitación de la Acción de Protección:

El procedimiento a fin de poder cumplir la naturaleza de la acción de protección, será sencillo, rápido y eficaz, puede proponérselo oralmente o por escrito, sin formalidades, no requiere citar la norma infringida, ni será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción, sin embargo es necesario que cumpla con ciertos presupuestos como son los siguientes:

Demanda, la misma que deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional las mismas que son:

?1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, dela afectada.

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.

4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.[?]?[9]

Calificación de la demanda, si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.[10]

La demanda será calificada, y se deberá expedir un auto que deberá contener lo siguiente: Aceptación al trámite, el día y hora que se efectuará la audiencia pública que no podrá fijarse en un término mayor a tres días desde la fecha en que se calificó la demanda, la orden de correr traslado con la demanda a las personas que deban comparecer a la audiencia, la disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en el momento de la audiencia y la orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes.[11]

Audiencia, ?la audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección de la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona afectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o juez podrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver. La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; posteriormente intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente los fundamentos de la acción.

Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de igual modo, las entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos.

La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones innecesarias.

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla.

La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la audiencia se realice.

La ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como desistimiento, [?] Si la presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante.?[12]

Terminación del procedimiento, ?El proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, o mediante sentencia.

1. Desistimiento.- La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado.

2. Allanamiento.- En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo.

El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada; éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación.

No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio.

En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos.

3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.?[13]



[1] Abogado, conferencista y escritor. 

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional., s. f., Art. 40.

[3] Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición. Art. 43 n.1. R.O.466 de 13 de noviembre de 2008.

[4] Constitución del Ecuador, R.O. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 86 numeral 2, c)

[5] Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional., Art. 41

[6] García Falconí, José, La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección en la Nueva Constitución Política del Ecuador. 1ra Edición 2008, Ediciones Rodin.

[7] Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional., Art. 7

[8] Ibid., Art. 42

[9] Ibid., Art. 10.

[10] Ibid., Art. 10.

[11] Ibíd., Art. 13.

[12] Ibíd., Art. 14.

[13] Ibíd., Art.15.

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