ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
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¿Excepcionalidad o garantía efectiva frente al poder del Estado?
La relación entre los contratistas y el Estado ecuatoriano históricamente ha estado signada por una asimetría de poder que, en múltiples ocasiones, deriva en arbitrariedades administrativas. En medio de un escenario de incertidumbre jurídica, las sanciones e imposiciones en los procedimientos de terminación unilateral de contratos públicos suelen alcanzar montos exorbitantes, causando un grave perjuicio patrimonial al contratista e inhabilitándolo para contratar con el Estado hasta por cinco años. Ante esta realidad, surge la interrogante sobre si la vía ordinaria contencioso-administrativa es la única alternativa o si la acción de protección se erige como una garantía jurisdiccional idónea y expedita.
La encrucijada entre la vía ordinaria y la justicia constitucional
El ordenamiento jurídico ecuatoriano faculta a los administrados a demandar al Estado ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo (TCA) por controversias derivadas de relaciones contractuales. La ley establece un plazo de prescripción de cinco años para interponer estas acciones. Sin embargo, la lentitud procesal de la justicia ordinaria contencioso-administrativa transforma con frecuencia a la tutela judicial en una ilusión extemporánea. Frente a ello, la acción de protección surge no como un sustituto de la legalidad ordinaria, sino como un mecanismo urgente de amparo a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador (C.R.E.).
Evolución jurisprudencial: La superación de la prohibición legal
Durante años, la legislación en materia de contratación pública contuvo cláusulas de exclusión que pretendían blindar las decisiones estatales de la justicia constitucional. No obstante, la Corte Constitucional del Ecuador ha marcado un hito en la protección de los derechos de los contratistas:
- Sentencia No. 006-17-SIN-CC (11 de enero de 2017): Declaró la inconstitucionalidad del artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el cual proscribía la interposición de la acción de protección en el ámbito contractual.
- Sentencia No. 87-20-IN/23: Declaró la inconstitucionalidad de la frase final del segundo inciso del artículo 95 de la LOSNCP, norma que impedía la acción de protección dentro de los procesos de terminación unilateral de contratos, al considerar que vulneraba el derecho al debido proceso (art. 76 C.R.E.) y transgredía el principio de no regresividad de los derechos constitucionales.
Subsidiaridad, residualidad y los límites del control constitucional
A pesar del reconocimiento jurisprudencial, la procedencia de la acción de protección exige delimitar la frontera entre un mero conflicto de estricta legalidad contractual y una auténtica vulneración de derechos fundamentales. La subsidiaridad y residualidad de esta garantía no obligan al contratista a agotar previamente la vía administrativa o contenciosa si existe una violación directa a garantías constitucionales como el debido proceso, la motivación o el derecho a la defensa. Sin embargo, los juzgadores deben vigilar que la vía constitucional no sea desnaturalizada para pretender discutir el cumplimiento formal de obligaciones o la exoneración directa de multas contractuales sin la debida prueba de vulneración constitucional.
Desafíos en la judicatura y litigación técnica
El principal reto en la actualidad radica en la aplicación efectiva de los precedentes constitucionales por parte de los jueces de primer nivel. Existe una marcada cautela —y en ocasiones temor— , complicidad o miedo en los operadores de justicia al momento de resolver garantías jurisdiccionales contra entidades públicas. Para el litigante, el desafío consiste en estructurar cargos de constitucionalidad sólidos, demostrando que la acción estatal no solo inobservó la ley, sino que rompió el núcleo esencial de los derechos constitucionales del administrado.
Referencias Bibliográficas
Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449.
Corte Constitucional del Ecuador. (2017). Sentencia No. 006-17-SIN-CC. Caso No. 0029-11-IN.
Corte Constitucional del Ecuador. (2023). Sentencia No. 87-20-IN/23.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública [LOSNCP]. (2008). Registro Oficial Suplemento 395.
