Registro Oficial No.372- Miércoles 21 de noviembre de 2018

noviembre 21, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 21 de noviembre de 2018 (R. O.372, 21 -noviembre -2018) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO: Concédese personería jurídica y apruébense los estatutos de las siguientes instituciones: DM-2018-117 Fundación Conejo Blanco, con domicilio en la ciudad […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 21 de noviembre de 2018 (R. O.372, 21 -noviembre -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA

Y PATRIMONIO:

Concédese personería jurídica y apruébense los estatutos de las siguientes instituciones:

DM-2018-117 Fundación Conejo Blanco, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

DM-2018-118 Expídense las bases técnicas para la convocatoria pública para la conformación de una delegación ecuatoriana de los sectores de las industrias culturales y creativas del Ecuador que recibirán incentivos económicos para la participación internacional de actores del arte y la cultura

DM-2018-121 Asociación de Técnicos y Trabajadores de Artes Escénicas, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

DM-2018-122 Fundación Cultural «Oro Negro», con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

DM-2018-125 Subróguense las funciones de Viceministro al señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD:

18 160… Deléguense atribuciones y competencias a la o el titular de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos18

18 162… Autorícese como Administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral a la Empresa Administrador Zede del Litoral Zede del Litoral ADMINZEDELITORAL S.A

18 163… Apruébese la cancelación voluntaria solicitada por la Empresa Operadora FTZ DEVELOP- MENT S. A., de la Zona Franca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito – Tababela

2 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Págs.

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

014-2018 Deléguense atribuciones al Director de Patrocinio y Contratación del Ministerio

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2018-066 Desígnese a la magíster Carolina Gabriela Zambrano Barragán, Subsecretaría General, subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT-2018-070 Refórmese el Acuerdo N° 2016-118, de 25 de julio de 2016

SENESCYT-2018-071 Deléguense a el/la Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que realice la adjudicación a los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de financiamiento

SENESCYT-2018-072 Deléguese a la Subsecretaría General, asuma las competencias y atribuciones otorgadas a esta Secretaría de Estado en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos y sus derivados

RESOLUCIONES:

CORPORACIÓN DEL SEGURO DE

DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y

FONDO DE SEGUROS PRIVADOS:

COSEDE-DIR-2018-016 Apruébese la devolución de los aportes que Sociedad Financiera Interamericana S.A

COSEDE-DIR-2018-017 Expídese la metodología para el cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial aplicable a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario

SERVICIO INTEGRADO DE

SEGURIDAD ECU 911:

SIS-DG-2018-014 Expídense los «Parámetros para la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Págs.

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

086A-2018 Desístese de la acción extraordinaria de protección que el Consejo de la Judicatura presentó el 1 de octubre de 2018, dentro del juicio 09801-2012-0308, instaurado por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura

No. DM-2018-117

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)»;

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 3

Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia»;

sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 del 27 de octubre del 2017, se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015; en el mismo se establecen los requisitos y el procedimiento para la aprobación de estatutos y el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio s/n de 09 de junio de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite No. MCYP-DGA-18-2251-EXT de 11 de junio del mismo año, la señorita Andrea Verónica Eguiguren Arias, delegada como responsable del trámite, solicita la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de la organización social en formación Fundación Conejo Blanco, una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0912-M de fecha 13 de julio de 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Fundación Conejo Blanco; con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0912-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Fundación Conejo Blanco, ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0666-M, recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Fundación Conejo Blanco, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente. «;

4 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la FUNDACIÓN CONEJO BLANCO, con domicilio ubicado en las calles Tomás de Berlanga y París E 10-64, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS

NACIONALIDAD

N° DE CÉDULA

DANIEL

ESTEBAN

JÁCOME MUÑOZ

ECUATORIANA

1713064036

VICTORIANO DANIEL

BUSTILLOS COSTALES

ECUATORIANA

1718724469

ANDREA VERÓNICA EGUIGUREN

ARIAS

ECUATORIANA

1717418634

FABRICIO

RENE ULLOA ANDRADE

ECUATORIANA

1712691003

Artículo 3.- Ordenar a la FUNDACIÓN CONEJO BLANCO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustará al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la FUNDACIÓN CONEJO BLANCO para que realice las actividades estipuladas en

los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social FUNDACIÓN CONEJO BLANCO.

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de julio del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.–

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-118

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «Art. 154.-A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…).»;

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «;

Que el artículo 377 de la precitada Norma dispone que «el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 5

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales»;

Que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: «Prohibición de donaciones.-Prohíbase a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista la partida presupuestaria.»;

Que el artículo 89 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: «Donaciones o asignaciones no reembolsables.- Las entidades del sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad, priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el caso de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado o por la instancia correspondiente para el resto de entidades públicas. (…)»;

Que el artículo 8 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la Política Cultural. Las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la producción y desarrollo de industrias culturales y creativas. «

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, dispone: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias».

Que el artículo 26 de la norma ibídem determina ‘De los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. La entidad rectora del Sistema Nacional

de Cultura tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Definir, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, la interculturalidad y la memoria social, e incentivar la libre creación artística, la producción, innovación, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales, y salvaguardar el patrimonio cultural a nivel nacional y, de ser el caso en los espacios que en el exterior se estableciera para el efecto; b) Generar la política pública para la investigación, actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación de la memoria social, el patrimonio cultural, las artes y la innovación; (…) «;

Que el artículo 106 de la precitada norma establece «De los ámbitos de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Se considerarán como ámbitos de fomento los siguientes: a) Creación y producción en artes vivas y escénicas;(…); f Formación artística; g) Espacios de circulación e interpretación artística y cultural; h) Espacio público, artes y comunidades urbanas y hábitat cultural; i) Producción y gestión cultural independiente;(…); y, k) Otras que defina el ente rector de la Cultura y el Patrimonio».

Que el artículo 107 de la referida Ley determina «De los procesos de creación. Para los efectos de la presente Ley, se consideran procesos de creación artística y producción cultural y creativa de obras, bienes y servicios artísticos y culturales, los siguientes: investigación, creación, producción, circulación, clasificación, distribución, promoción, acceso, u otros a partir de su generación, o reconocimiento por parte del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, sin que exista necesariamente causalidad o interdependencia entre ellos”.

Que el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 05, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, conforme consta en el Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que el Ministerio de Cultura y Patrimonio es la entidad rectora que guía el desarrollo de las potencialidades culturales, asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las políticas culturales participativas del Estado, corresponsabilizándose con la satisfacción de las necesidades del desarrollo cultural en la construcción de la sociedad del buen vivir; y, por mandato de Ley, es la máxima autoridad del área cultural;

Que con fechas 04 y 09 de julio de 2018, la Dirección de Gestión Financiera emite las certificaciones presupuestarias

6 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Nos. 697 por la cantidad de USD 36.058,66 (treinta y seis mil cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y seis centavos); 719 por la cantidad de USD 6.970,67 (seis mil novecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y siete centavos); y, 720 por la cantidad de USD 6.970,67 (seis mil novecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y siete centavos);

Que mediante Informe-Mercado de Industrias Culturales y Creativas de América del Sur de 09 de julio de 2018, elaborado por Andrés Zerega Álvarez, revisado por María Gabriela Montalvo Armas; y, aprobado por Gabriel Cisneros Abedrabbo, de la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación, se indicó: «(…) JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MCYP,(…), la misión de la SEAI es: «Regular, planificar, coordinar y dirigir la ejecución y cumplimiento de la Política Nacional correspondiente al Subsistema de la Artes e Innovación, además de formular y proponer mecanismos y estrategias que permitan impulsar y coordinar el desarrollo de estudios culturales; la formación, la promoción y el fortalecimiento de la libre creación de las diversas prácticas artísticas y manifestaciones culturales con la finalidad de contribuir a consolidar el papel simbólico de la cultura en el fortalecimiento de las identidades. Con Memorando Nro. MCYP-MCYP-18-0194-Mde 26 de Junio de 2018 se recibe la aprobación por parte del Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, para la participación de una delegación ecuatoriana en el MICBR 2018. Con Memorando Nro. MCYP-SEAI-2018-0604-M de 28 de Junio de 2018 se recibe la designación de Secretario Técnico MICBR 2018 por parte del Subsecretario de la SEAI, Gabriel Cisneros Abedrabbo, para el Analista de la Dirección de Política Pública, Andrés Zerega Álvarez. (…) El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en su primer eje titulado «Derechos para Todos Durante Toda la Vida», establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. Desde la visión del Gobierno de la República del Ecuador, el acceso al arte y la cultura es un derecho que debe estar presente en todas las etapas de la vida; para contribuir al cumplimiento del eje, la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación tiene por política principal, «Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, valoración y desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. » Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el MCYP a través de la SEAI, se propone contribuir a la consecución del Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, en dos metas específicas. Primero, «Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. » Segundo, «Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades culturales al Producto Interno Bruto a 2021. » AÑO 2007 REAL APORTE 1,10%, AÑO 2014 PEAL

APORTE 2,01% AÑO 2021 ESTIMADO APORTE 3,50%, Meta «Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades culturales al Producto Interno Bruto a 2021. «;

Que mediante memorando No. MCYP-DV-18-0072-M de 10 de julio de 2018, la señora Viceministra de Cultura y Patrimonio, indicó al señor Ministro de Cultura y Patrimonio, lo siguiente: «(…)Se adjunta, de forma física, información técnica en el marco de las competencias y ámbito de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación que motiva la mencionada solicitud para que sea complementada por la Coordinación General Jurídica en el marco de sus competencias y ámbito de especialización al momento de realizar el respectivo acuerdo ministerial»;

Que mediante oficio No. IFAIC-DE-2018-0366 de 26 de julio de 2018, el Director Ejecutivo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, Ronald Verdesoto Gaibor, indicó a esta Cartera de Estado, lo siguiente: «(…) una vez revisado el documento, no existen observaciones por parte del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades (IFAIC) «;

Vista la nota marginal del señor Ministro de Cultura y Patrimonio, inserta en el memorando No. MCYP-DV-18-0072-M, en el que consta «V/B».

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Expedir las bases técnicas para la Convocatoria Pública para la conformación de una delegación ecuatoriana de los sectores de las industrias culturales y creativas del Ecuador que recibirán incentivos económicos para la participación internacional de actores del arte y la cultura, al tenor de las siguientes disposiciones:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar el acceso a mercados internacionales de los sectores de las industrias creativas ecuatorianas.
Fomentar las relaciones comerciales en la región entre empresas, emprendimientos, productores, cámaras y asociaciones culturales de los diversos sectores de las industrias creativas.
Apoyar las gestiones de negociación de los distintos sectores creativos en mercados extranjeros.
Apoyar la presencia en instancias de capacitación e intercambio entre profesionales de los sectores creativos tanto a nivel local como internacional.

CONDICIONES GENERALES

Las postulaciones para conformar la delegación ecuatoriana que accederá al incentivo económico para la participación internacional de actores del arte y la cultura así como a

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 7

las capacitaciones (charlas y/o talleres) se realizará previa notificación por parte de esta Cartera de Estado en idioma español, la admisibilidad de la postulación; y la evaluación como selección de los participantes se realizará conforme al cronograma.

FORMA DE POSTULACIÓN

Las postulaciones se realizarán mediante formularios digitales disponibles en www.culturaypatrimonio.gob.ec. cada línea tendrá su proyecto específico y las explicaciones necesarias para completar la postulación. ATENCIÓN-Previo a inscribirse en la LÍNEA y MODALIDAD que desee, deberá registrarse en la plataforma de Registro Único de Actores Culturales (en adelante RUAC) http://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/ en caso de no estar registrados.

POSTULANTES

Personas natural y/o jurídica, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de diez y ocho (18) años de edad residentes en el país o en el exterior. Extranjeros mayores de edad con residencia mínimo de tres (3) años en el país que se desempeñen en alguno de los seis (6) sectores de las industrias culturales que forman parte del MICSUR y/o MICBR.

Se requiere un mínimo de cuatro (4) años de trayectoria, experiencia empresarial y/o comercial comprobable en mercados, ruedas de negocios, circuitos, ferias, festivales y eventos de negocios propios de cada sector, dentro y fuera del país, canales de venta y promoción, y capacidad productiva escalable del mercado nacional al internacional.

En caso de postular como oferente y comprador deberá completar dos formularios diferentes, en ningún caso se podrá postular como persona natural y como persona jurídica. En caso de postular en más de un sector, deberá llenar un formulario por sector.

Los representantes, agentes, distribuidores, exhibidores, productores, creadores, etc. de los ocho (8) sectores (artes escénicas, artes audiovisuales, artes gráficas, artes narrativas y literarias, artes musicales, artes digitales, museos y patrimonio y gastronomía), en caso de no ser titulares de los derechos de autor patrimoniales y/o conexos, registros de propiedad intelectual, patentes, marcas y/o registros industriales sobre los bienes y servicios culturales que se presentará en esta convocatoria, deben obtener las respectivas licencias requeridas para su uso y comercialización otorgadas por el propietario de la misma. Todos deben estar inscritos en el RUAC.

Los seleccionados deberán presentar la documentación física de la correspondiente autorización, los proponentes que sean seleccionados y no cuenten con la documentación necesaria serán descalificados.

PROHIBICIONES

• Las personas naturales o jurídicas que tengan impedimento legal para contratar con el Estado.

Las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas con parentesco en línea directa hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con alguno de los funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Las personas naturales o jurídicas que laboren bajo nombramiento, contrato de servicios ocasionales o contrato de prestación de servicios profesionales para cualquiera de las Entidades Operativas Desconcentradas y sus Instituciones Adscritas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en este caso especifico, serán las Entidades Operativas Desconcentradas y las Instituciones Adscritas quienes costearan los gastos respectivos de conformación de la delegación.
Las personas naturales y jurídicas que hayan sido notificadas con la terminación unilateral de convenios o no haya utilizado pasajes concedidos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Las personas naturales o jurídicas que tuvieren deudas pendientes con el estado.

EVALUACIÓN ADMISIBILIDAD DE POSTULACIONES

La admisibilidad de las postulaciones estará a cargo de Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, para lo cual se conformará un Comité de Admisibilidad de Postulaciones que contará con la participación de representantes de las institucionalidades privadas y públicas de cada sector y sus integrantes serán comunicados al cierre de la etapa de postulación desempeñándose como tales.

COMITÉ DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES

La Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación nombrará un comité encargado de la revisión admisibilidad de las postulaciones, compuesto por el Secretario Técnico MICBR 2018 – Mercado de Industrias Culturales y Creativas de América del Sur del Ministerio de Cultura y Patrimonio, un (1) representante del Consejo Ciudadano Sectorial de Cultura y Patrimonio, dos (2) representantes de la sociedad civil sean emprendedores o empresarios de reconocida trayectoria e influyentes en diferentes sectores culturales y creativos y que hayan sido representante del Ecuador a ediciones anteriores del Mercado de Industrias Culturales del Sur y seis (6) representantes del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción (su participación es opcional); su función consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados, emitiendo un informe general en el que se detalle la lista de postulaciones admitidas que serán remitido a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, para los fines pertinentes, las postulaciones que no cumplan con los requisitos serán descartadas sin opción a reclamo alguno; el Comité de Admisibilidad de las Postulaciones evaluarán las propuestas y seleccionarán los

8 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

participantes del Ecuador para el MICBR 2018 – Mercado de Industrias Culturales y Creativas de América del Sur en base a criterios de selección que serán detallados más adelante. El Ministerio de Cultura y Patrimonio exclusivamente facilitará la logística para el desarrollo del proceso de admisibilidad de postulaciones. Así mismo publicará el veredicto a través de la página electrónica: www.culturaypatrimonio.gob.ec.

REQUISITOS BÁSICOS (MÍNIMOS) DE LAS POSTULACIONES

Estar inscritos en el RUAC
Estar inscritos en el SRI, poseer Registro Único de Contribuyentes o Régimen Impositivo Simplificado
Estar inscritos en el Registro Único de Proveedor
Una (1) copia de la cédula de identidad (actualizada y a color)
Una (1) copia de la papeleta de votación

De igual manera, por medio de la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación se notificará del particular, mediante correo electrónico a cada beneficiario (a la dirección registrada en el formulario de postulación), en las fechas señaladas dentro de esta convocatoria.

Finalizado el proceso anterior, la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación remitirá los proyectos seleccionados y su documentación habilitante a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional para que luego de su evaluación se envíe a la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio proporcionando los insumos que servirán para la redacción de los instrumentos legales.

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE POSTULACIONES

El Comité Admisibilidad de Postulaciones evaluará las postulaciones sobre 100 puntos según los siguientes criterios, con un gran peso en principios empresariales, técnicos y críticos de calidad e innovación ajustados a las exigencias de los mercados culturales de la región:

Portafolio sesenta (60) puntos con base en la sumatoria de:

Presentación de Portafolio (10 puntos)
Haber participado en ediciones previas de MICSUR, en Festival Internacional de las Artes Vivas Loja, Encuentros del Otro Cine, CROMIA, Feria Internacional del Libro de QUITO-(5 puntos)
Descripción de la oferta/demanda de productos y servicios (5 puntos)

Potencial comercial e identificación del segmento de mercado a escala nacional e internacional a la que va dirigido el producto y/o servicio (5 puntos)
Identidad de marca (5 puntos)

Logotipo
Isotipo
Imagotipo
Slogan

Plan de Negocios (10 puntos)
Página web y Redes sociales (20 puntos)

Website (5 puntos)
Facebook (5 puntos)
Instagram (5 puntos)
Twitter (5 puntos)

Experiencia comercial cuarenta (40) puntos con base en la sumatoria de:

Experiencia de la organización, colectivo, asociación y/o empresa (10 puntos)
Participación en mercados, ferias, festivales regionales (10 puntos)
Relaciones en la región (10 puntos)
Experiencia del representante (10 puntos)

Postulaciones con menos de setenta (70) puntos no serán tomadas en consideración.

Para representar al Ecuador y participar de la agenda de actividades de MICBR, a partir de la siguiente convocatoria abierta, la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional seleccionará una delegación de los siguientes sectores (LÍNEAS): artes escénicas (teatro, danza y circo), artes audiovisual (cine, televisión, publicidad), artes gráficas (diseño gráfico e industria, diseño de modas e indumentaria), artes narrativas y literarias (editorial), artes musicales y artes digitales (animación y videojuegos), para patrimonio y museos como para gastronomía será por invitación directa entre los postulantes.

CONSIDERACIONES POR LÍNEAS – PERFILES POR SECTORES:

ARTES ESCÉNICAS (teatro, danza y circo)

Productores/ emprendedores/ gestores/ asociaciones/ organizaciones, consorcios, redes o plataformas que nuclean teatristas/ proveedores de servicios teatrales/

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 9

emprendimientos culturales independientes y comerciales/ curadores o programadores de festivales / curadores o programadores de artes escénicas/ empresarios del sector.

ARTES AUDIOVISUALES (cine, televisión, publicidad)

Productores de contenidos/ profesionales/ programadores/ distribuidores / agentes de ventas / exhibidores / proveedores de servicios audiovisuales / cine, televisión, publicidad y multiplataforma/ comisión fílmica.

ARTES GRÁFICAS (diseño gráfico e industria, diseño de modas e indumentaria)

Diseñadores/empresas de diseño productoras de bienes y servicios/textil, indumentaria, accesorios, joyería, calzado, marroquinería, objetos utilitarios y decorativos, mobiliario, luminarias, gráfico, tipográfico, ilustración, fotografía, multimedia/representantes de marcas, revendedores / tiendas / showrooms / plataformas de venta online.

ARTES NARRATIVAS Y LITERARIAS (editorial)

Distribuidores de editoriales independientes/ colectivos que agrupen sellos/ librerías con perfil amplio/ editoriales o grupos editoriales de e-books y/o libros papel/ ilustradores.

ARTES MUSICALES

Sellos discográficos / portales de música/productores / agencias de bookings / managers / presentadores / promotores/programadores/curadores de festivales/ agregadores digitales/proveedores de servicios/productores de festivales/agentes.

ARTES DIGITALES (animación y videojuegos)

Desarrolladores y empresas de desarrollo de VJ en mobile y tablets, redes sociales/desarrollo en consolas/proveedores de servicios de arte diseño y/o programación/servicios de promoción de la industria/servicios de educación y/ capacitación/desarrolladores y empresas de desarrollo de APPS.

Los sectores de las industrias culturales pueden participar con sus productos, bienes y servicios en las:

Rondas de Negocios -dirigido especialmente a empresas, emprendimientos, cámaras, asociaciones, productores, agentes y organizaciones;
Sesiones de Pi..h (Presentación Creativa) -espacios de intercambio donde se potencia la circulación de los productos, bienes y servicios culturales al interior de los países, entre la región y el mundo;
Muestras en vivo o Showcases de artes escénicas, diseño de modas y música -ventana de presentación para artistas y/o creadores de la música, teatro, danza y circo;

4. adicionalmente los participantes de la delegación ecuatoriana podrán participar en: Foros, seminarios y talleres.

Los representantes de las industrias culturales de los sectores: artes escénicas, artes narrativas y literarias y artes musicales tendrán citas de diez (10) minutos de duración en las rondas de negocio; artes audiovisuales, artes gráficas y artes digitales tendrán citas de cinco (5) minutos de duración en las sesiones de pitch; artes escénicas y artes musicales tendrán participaciones de veinte (20) minutos de duración en las muestras en vivo o showcases; artes gráficas (diseño de modas) podrá postular para participar en la pasarela de inauguración del MICBR. La convocatoria es abierta y gratuita.

CONDICIONES PARTICULARES

Para los representantes que cumplan el rol de compradores se financiará el total de los costos de traslado y viáticos (100% de acuerdo a los máximos establecidos por la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio), para los representantes que cumplan el rol de oferentes se financiará el 75% de los costos de traslado y viáticos (de acuerdo a los máximos establecidos por la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio), para los representantes que cumplan el rol de expositores en showcase o stand se financiará el total de los costos de traslado y viáticos (de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio).

Si no existieran suficientes postulaciones elegibles en cada una de los referidos sectores, para cumplir con los cupos mínimos disponibles, la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio por intermedio del Secretario Técnico de MICBR 2018 tendrá la potestad de realizar una redistribución de las plazas o realizar invitaciones directas en informar a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional. Asimismo el Secretario Técnico de MICBR 2018 realizará la acreditación y gestión asociadas a la inscripción que otorga el derecho de participación en ruedas de negocios, seminarios y otros.

MODALIDADES

Modalidad 1: oferentes – Convocatoria a vendedores de servicios y/o productos para participar de las rondas de negocios y networking como posibles oferentes de servicios y/o productos para posibles contactos y compradores de la región. Se recomienda a los postulantes representar a más de tres proyectos/propuestas por cada oferente de los siguientes sectores: artes escénicas, artes audiovisuales, artes gráficas (diseño gráfico, industrial y de modas), artes narrativas y literarias, artes musicales y artes digitales (animación y video juegos).

Beneficios de la modalidad 1:

A los seleccionados a formar parte de la delegación se les financiarán los siguientes gastos:

10 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

75% de costo de transporte aéreo ida y regreso desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de la feria hasta $670,00 (seiscientos setenta 00/100 dólares americanos).
75% de los viáticos hasta $140,00 (ciento cuarenta 00/100 dólares americanos) para 5 días por persona.

•

75% con 100 puntos en Criterios de evaluación

70% con 90 puntos en Criterios de evaluación

65% con 80 puntos en Criterios de evaluación

60% con 70 puntos en Criterios de evaluación

Modalidad 2: demandantes – Convocatoria a compradores de servicios y/o productos para participar de las rondas de negocios y networking como posibles demandantes de servicios y/o productos de oferentes de la región. Se recomienda a los postulantes representar a más de tres proyectos/propuestas locales por cada comprador de los siguientes sectores: artes escénicas y artes audiovisuales.

Beneficios de la modalidad 2:

A los seleccionados a formar parte de la delegación se les financiará los siguientes gastos:

100% de costo de transporte aéreo ida y regreso desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de la feria hasta $837,50 (ochocientos treinta y siete 50/100 dólares americanos).
100% de los viáticos hasta $175,00 (ciento setenta y cinco 00/100 dólares americanos) para 5 días por persona.

100% con 100 puntos en Criterios de evaluación

90% con 90 puntos en Criterios de evaluación

80% con 80 puntos en Criterios de evaluación

70% con 70 puntos en Criterios de evaluación

Modalidad 3: expositores – Convocatoria oferentes de servicios y/o productos para participar en showcases y/o stand – como referentes de servicios y/o productos culturales y artísticos para posibles contactos a compradores de la región. Se recomienda a los postulantes representar a más de tres proyectos/propuestas por cada oferente de los siguientes sectores: artes escénicas, artes gráficas y artes musicales.

Showcase

• Artes escénicas (grupos o individuales) de todos los géneros de las artes vivas. Deberán ser portadoras de identidad ecuatoriana, de género, o tener una línea identitaria definido. Los gastos de puesta en escena serán cubiertos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

• Artes gráficas para desfile (diseño de modas, joyería, indumentaria), sean colectivos, asociaciones y/o emprendedores del diseño. Deberán ser portadoras de identidad ecuatoriana, utilizar materiales o técnicas autóctonas, o tener un relato identitario definido. Cada diseñador contará con un total de 5 pasadas. Los gastos de pasarela (modelos, maquillaje, peinadores, iluminación, dj, videos, etc.) serán cubiertos por la organización del evento MICSUR.

Se deberá enviar:

Video de máximo 30 segundos con edición de la puesta en escena y su respectiva sinopsis.
3 imágenes de la colección a presentar en el desfile, la cual podrá o no estar desarrollada al momento de la postulación (la misma deberá estar desarrollada y terminada al momento de participar del mercado).
Breve texto descriptivo de la colección de no más de 250 palabras que contenga además descripción de materiales y técnicas utilizadas, así como justificación de que la colección posee un relato identitario definido.
Artes musicales (grupos o individuales) de todos los géneros incluye DJ y Video DJ. Deberán ser portadoras de identidad ecuatoriana, de género, o tener una línea identitaria definido. Los gastos de rider técnico serán cubiertos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y MICSUR.

Se deberá enviar:

• Video de máximo 30 segundos con edición de la propuesta y su respectiva sinopsis.

Beneficios de la modalidad 3:

A los seleccionados a formar parte de la delegación se les financiarán los siguientes gastos:

100% de costo de transporte aéreo ida y regreso desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de la feria hasta $837,50 (ochocientos treinta y siete 50/100 dólares americanos).
100% de los viáticos hasta $175,00 (ciento setenta y cinco 00/100 dólares americanos) para 5 días por persona.
100% de equipaje extra – sobrepeso hasta $200,00 (doscientos 00/100 dólares americanos) por viaje de ida y vuelta.

100% con 100 puntos en Criterios de evaluación

90% con 90 puntos en Criterios de evaluación

80% con 80 puntos en Criterios de evaluación

70%o con 70 puntos en Criterios de evaluación

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 11

El apoyo económico será entregado vía convenio amparado en una garantía de buen uso a ser devuelta al finalizar el convenio en un plazo no mayor a 24 meses y contra presentación de comprobantes presentados luego de realizada la participación en el evento en cualquier de las tres modalidades. El reembolso se realizará en dólares americanos.

Por consultas: Comunicarse con Andrés Zerega escribiendo al correo electrónico: [email protected] o llamando, de lunes a viernes, al teléfono 2381-4550.

DE LOS SELECCIONADOS Y/O INVITADOS DERECHOS

Acreditación como parte de la delegación
Ser beneficiario de programas de formación y/o capacitación relacionados con Gestión Cultural que gestionará la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio previo a la participación de la iniciativa MCBR 2018.
Recibir incentivo económico de participación en MICBR 2018 a través de un convenio por una sola ocasión.

OBLIGACIONES

Dar cumplimiento a las normas de protección de los derechos de autor y derechos conexos en relación con todos y cada uno de los bienes y/o servicios que hagan parte de las propuestas presentadas
En caso de ser seleccionado y no ser el titular de los derechos de autor y derechos conexos sobre los bienes y/o servicios involucrados en la propuesta presentada a esta convocatoria, deberá tramitar anta el titular las respectivas licencias requeridas para su uso
Autorizar la divulgación de las propuestas seleccionadas para que los potenciales compradores puedan conocerlas con antelación
Autorizar el uso del material suministrado con fines promocionales sin ningún tipo de remuneración
Asistir a las capacitaciones y reuniones preparatorias organizadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Garantizar la creación del Portafolio de acuerdo a las instrucciones que se reciban oportunamente por parte de los organizadores de MICBR 2018, esto es el Ministerio de Cultura de Brasil, requisito indispensable para el agendamiento de citas comerciales
Asistir y participar en el MICBR 2018 que se realizará en San Pablo – Brasil en noviembre del 2018

Asistir a las ruedas de negocios agendada por la organización de MICBR 2018
Entregar de forma diaria, durante el MICBR 2018, un formulario con el registro de las actividades realizadas durante el MICBR 2018
Luego de la finalización del MICBR 2018, los participantes seleccionados de la delegación ecuatoriana entregar en un plazo de un (1) mes el informe final conforme a la guía para el seguimiento y evaluación preparada por la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Entregar cada cuatro (4) meses un informe sobre los avances en las negociaciones reportadas hasta la culminación del convenio respectivo
Socializar su experiencia MICBR 2018 en redes sociales y/o foros en articulación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para transferir el conocimiento obtenido y compartir la experiencia

MULTAS

Los representantes de la delegación ecuatoriana que no cumplan con un porcentaje mínimo del noventa y cinco por ciento (95%) en total de asistencia a capacitaciones, foros, ponencias, etc. locales y durante MICBR así como a citas de negocios (Rondas de Negocios) o declinar dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días laborales una vez publicada la lista de postulaciones seleccionadas, en caso de no hacerlo el, la o los seleccionados no podrán optar por postular para Fondos Concursables, Fondos de Incentivos, Incentivos de Apoyo económico para viajes al exterior, Auspicios u otros mecanismos que maneje el Ministerio de Cultura y Patrimonio y sus respectivas Entidades Operativas Desconcentradas y sus Instituciones Adscritas y deberán cancelar una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor recibido como incentivo por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio independientemente de la modalidad en la que haya viajado y la totalidad de los dineros recibidos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La información de carácter personal facilitada por los participantes y recogida en los formularios, será incorporada a las bases de datos de la Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el solo objeto de ser tratados en la presente convocatoria.

ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES

Se deja expresa constancia que todos los demás gastos necesarios para la participación en el MICBR 2018 que no sean cubiertos por esta convocatoria, de conformidad a lo indicado precedentemente, deberán ser financiados por el postulante. La presentación a la convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de la totalidad de las disposiciones de las presentes bases.

12 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Para todas las postulaciones se reciben propuestas de forma online y de forma física, en ambos, para lo cual se establecerá un cronograma por parte de la Subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación que será informado a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Patrimonio en su página wev: www.culturaypatrimonio.gob.ec

POSTERIORIDAD DE LA MISIÓN

Todos los integrantes de la delegación deberán presentar un reporte cuatrimestral de los resultados obtenidos en MICBR 2018 (negocios que lograron concretar, contactos obtenidos, nuevos modelos de negocio que puedan surgir, etc.) que permita evaluar el rédito de la participación ecuatoriana, así como una valoración de la organización de la delegación, que posibilite seguir mejorando de cara a futuras ediciones, en caso de incumplimiento se ejecutará la garantía y se procederá a aplicar la sanción correspondiente de no elegibilidad para acceder a Fondos Concursables, Fondos de Incentivos, Incentivos de Apoyo económico para viajes al exterior, Auspicios u otros mecanismos que maneje el Ministerio de Cultura y Patrimonio y sus respectivas EODs y sus Instituciones Adscritas.

Artículo 2.- Encargar a los(as) titulares de la Subsecretaría Técnica de Artes y Creatividad y Direcciones Provinciales, la ejecución del presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 3.- En todo lo no previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento General y el Reglamento de Administración y el informe Técnico de 09 de julio de 2018.

Artículo 4.- De la ejecución y cumplimiento de este Acuerdo, encárguese a la Subsecretaría de Emprendimientos Arte e Innovación.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Despacho del Ministro de Cultura y Patrimonio, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 23 de julio de 2018.

Comuníquese y publíquese.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-121

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 13

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

para la aprobación de estatutos y el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones previstas en el Código Civil;

Que mediante oficio s/n de 24 de mayo de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite No. MCYP-DGA-18-2062-EXT de 24 de mayo del mismo año, el señor Pablo Robert Llanganate Moreno, delegado como responsable del trámite, solicita la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de la organización social en formación Asociación de Técnicos y Trabajadores de Artes Escénicas, una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0926-M de fecha 16 de julio de 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Asociación de Técnicos y Trabajadores de Artes Escénicas; con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República de Ecuador;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0926-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Asociación de Técnicos y Trabajadores de Artes Escénicas, ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0926-M, recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Asociación de Técnicos y Trabajadores de Artes Escénicas, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente. «;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

14 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS Y TRABAJADORES DE ARTES ESCÉNICAS, con domicilio ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 16-224 y Av. Patria en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS

NACIONALIDAD

N° DE CÉDULA

EDISON

MARCELINO

AYALA

ECUATORIANA

170675388-4

MILTON

RAMIRO

BENAVIDES

SEVILLA

ECUATORIANA

171030187-8

HUGO ANDRÉS

CABEZAS

GARCÍA

ECUATORIANA

171698298-6

VÍCTOR FRANCISCO CALERO REYES

ECUATORIANA

110228354-4

RAMIRO PAÚL

CARVAJAL

TAMAYO

ECUATORIANA

170932952-6

LUIS EDUARDO

CHICAIZA

JÁCOME

ECUATORIANA

171277193-8

NELSON

BOLÍVAR

CISNEROS

SALCEDO

ECUATORIANA

170739281-5

WAGNER ERNESTO

FLORES CUEVA

ECUATORIANA

170422410-2

MILTON

PATRICIO GUAMANZARA TIPANTOCTA

ECUATORIANA

171411258-6

CHRISTIAN EDUARDO HARO CABRERA

ECUATORIANA

171260611-8

PABLO ROBERT

LLANGANATE

MORENO

ECUATORIANA

170954661-6

HÉCTOR TARQUINO

LÓPEZ VITERI

ECUATORIANA

171353476-4

EDWIN ALFONSO MÁRQUEZ RAMÍREZ

ECUATORIANA

100129417-0

SEGUNDO

JORGE

ERESMAN

MORALES

ESPINOZA

ECUATORIANA

100131689-0

TELMO JOAQUÍN MURILLO VACA

ECUATORIANA

170732178-0

MARICRUZ CORALIA PACHECO SALGADO

ECUATORIANA

172434853-5

JESÚS PÉREZ RIVERA

ECUATORIANA

172283918-8

HUGO

ALEJANDRO QUEZADA CEPEDA

ECUATORIANA

172383500-3

WALTER PATRICIO SUNTAXI LOGACHO

ECUATORIANA

171234207-8

Artículo 3.- Ordenar a la ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS Y TRABAJADORES DE ARTES ESCÉNICAS que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 5.- Autorizar a la ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS Y TRABAJADORES DE ARTES ESCÉNICAS para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 15

Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS Y TRABAJADORES DE ARTES ESCÉNICAS.

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de julio del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.-

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-122

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que la precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

16 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Que mediante oficio s/n de 23 de mayo de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite No. MCYP-DGA-18-2041-EXT de 24 de mayo del mismo año, el señor Ritter Alexis Pavón Congo, delegado como responsable del trámite, solicita la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de la organización social en formación Fundación Cultural «Oro Negro», una vez que ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0927-M de fecha 16 de julio de 2018, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Fundación Cultural «Oro Negro»; con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República de Ecuador;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0927-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Fundación Cultural «Oro Negro», ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0927-M, recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento

de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Fundación Cultural «Oro Negro», por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente.»;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la FUNDACIÓN CULTURAL «ORO NEGRO», con domicilio ubicado en las calles Melchor Valdez N57-146 y Martín Ochoa, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS

NACIONALIDAD

N° DE CÉDULA

ALBA

AZUCENA

RUBÍ CONGO MÉNDEZ

ECUATORIANA

1001979945

VÍCTOR

HUGO PAVÓN HERRERA

ECUATORIANA

1708177231

RITTER

ALEXIS

PAVÓN

CONGO

ECUATORIANA

1722312046

HEAVEN

RUBY PAVÓN

CONGO

ECUATORIANA

1724421324

Artículo 3.- Ordenar a la FUNDACIÓN CULTURAL «ORO NEGRO», que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustará al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 17

Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la FUNDACIÓN CULTURAL «ORO NEGRO», para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de julio del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.–

Fiel copia del original.- f) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-125

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.»;

Que el artículo 226 de la Norma Suprema, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que: Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular»;

Que el artículo 270 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: «La subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. El pago por subrogación correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación; y los aportes al IESS serán los que corresponda al puesto subrogado. «;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta que: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley».

Que el artículo 82 del Código en referencia, señala que: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley».

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507, de 8 de mayo de 2013, pasó a denominarse como Ministerio de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-DV-18-0078-M, de 25 de julio de 2018, la magíster Andrea Nina Pereda, Viceministra de Cultura y Patrimonio, comunica al señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, que: «En virtud que haré usos de mis vacaciones anuales, solicito su autorización para que el señor Gabriel

18 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Cisneros Abredrabbo, Subsecretario de Emprendimientos Artes e Innovación, subrogue las funciones de Viceministro de Cultura y Patrimonio, a partir del 30 de julio al 05 de agosto de 2018 «; lo cual es autorizado por el señor Ministro mediante sumilla inserta en el referido documento; y,

En ejercicio de las atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Viceministro de Cultura y Patrimonio a favor del señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, del 30 de julio al 05 de agosto de 2018.

Artículo 2.- La subrogación será ejercida conforme a los principios que rigen el servicio público, siendo el señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, personalmente responsable por los actos realizados en ejercicio de las funciones subrogadas.

Artículo 3.- Comuníquese este Acuerdo al señor Contralor General del Estado y a la Secretaria General de la Presidencia de la República.

Artículo 4.-Notifíquese con este Acuerdo al señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 30 de julio de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. –

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. 18 160

Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión

(…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas establece que: «Para la aprobación de los proyectos públicos y la aplicación del régimen de incentivos previsto en esta Ley, se crea el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público – Privadas como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y regulaciones vinculados a las asociaciones público-privadas. «;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece el Principio de desconcentración y dice que: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas»;

Que, el artículo 55 del mencionado código, establece que: «Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración «;

Que, el artículo 68 del código ibídem, señala que la: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que, el artículo 69 del código en mención indica: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes

[…]»;

Que, el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial N° 536 de 18 de marzo del 2001, en sus artículos 17 y 55 faculta a los ministros y autoridades del sector público delegar sus atribuciones y deberes;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Industrias y Productividad, en el Capítulo IV DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESCRIPTIVA, número 1.1 PROCESO GOBERNANTE establece como una de las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Industrias y Productividad «[…] p. Delegar

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 19

y desconcentrar aquellas atribuciones que permitan una gestión administrativa, ágil, eficiente y técnica del Ministerio de acuerdo a lo establecido en los instrumentos legales correspondientes; […]»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1121 de 18 de julio de 2016, el Presidente de la República suprimió la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público – Privadas y dispuso que las competencias de esta, les sean otorgadas a una unidad dentro de la estructura orgánica del ministerio coordinador respectivo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017, en el artículo 5 se determina: «Las atribuciones específicas, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que correspondían a los ministerios de coordinación serán asignadas o redefinidas por el Presidente de la República.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 187 de 13 de octubre de 2017, en el artículo 1 establece: «Desígnese como delegado del Presidente de la República al titular del Ministerio de Industrias y Productividad, para presidir el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público -Privadas relativas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), artesanías, industrias básicas, industrias intermedias y finales, agroindustria y procesamiento acuícola, desarrollo territorial industrial; y, sistema de calidad, competencias propias de dicha Cartera de Estado. «; en el artículo 2 de la misma normativa, expresa: «El titular del Ministerio de Industrias y Productividad llevará un registro de las asociaciones públicas privadas desarrolladas por el Comité Interinstitucional a su cargo, con todos los expedientes y documentación de respaldo, hará un seguimiento permanente de los proyectos ejecutados por dichas asociaciones, e informará trimestralmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia sobre los mismos. » ; y,

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Industrias y Productividad encargado.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, los artículos 55 y 68 del Código Orgánico Administrativo; y, el Decreto Ejecutivo No. 491,

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar a la o el titular de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Industrias y Productividad, las atribuciones y competencias establecidas a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público – Privadas establecidas en la Ley, Reglamento y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- El área delegada deberá, entre otras facultades, emitir el informe técnico respecto del proyecto APP que se pondrá a consideración del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público – Privadas para su conocimiento y aprobación.

Artículo 3.- El delegado observará la normativa legal aplicable; y, responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

Artículo 4.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la Ley al Ministro de Industrias y Productividad, encargado, puesto que el mismo cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.

Artículo 5.- Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento legal o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.

Artículo 6.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial al funcionario delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad San Francisco de Quito, a los 17 de octubre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, (E).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 19 de octubre de 2018.-Firma: Ilegible.

No. 18 162

Mgs. Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, Encargado

Considerando:

(…)»;

Que, el artículo 226 de la norma fundamental, dispone que: «Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

20 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, conforme el número 2 del artículo 276 norma Ibídem, prevé que: «El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos, entre otros: (…) 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 284, señala: «La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico y la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional «;

Que, el 21 de agosto de 2018 se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 309 la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en la cual se contempla disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, entre otros cuerpos legales, con incentivos de carácter tributario para los Administradores y Operadores de ZEDE;

Que, con la promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Registro Oficial Nro. 351 de fecha 29 de diciembre del 2010, se crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como destinos aduaneros establecidos en espacios delimitados del territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones con los incentivos que se detallan en la ley;

Que, al tenor del artículo 39 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que en la parte pertinente dice: «Para efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, elMinisterio responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, que será la autoridad ejecutora de las políticas (…), en relación a las ZEDE.» En cumplimiento a lo dispuesto el Ministerio de Industrias y Productividad como responsable del fomento industrial creó la -Subsecretaría de Zonas Especiales de Desarrollo Económico – como autoridad ejecutora de las políticas establecidas en materia de ZEDE.

Que, la Disposición Transitoria Tercera del COPCI, establece que las zonas francas que opten por no migrar a la estructura ZEDE, o no puedan hacerlo, se mantendrán en operación por el tiempo que les reste de vigencia a su concesión, para lo que deberán someterse administrativas y operativamente a lo que establece esta norma, incluyendo el control por la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de las ZEDE;

Que, el Decreto Ejecutivo 757 de 17 de mayo de 2011 emitió «Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en el COPCI», en el artículo 47 detalla los Requisitos Generales necesarios para evaluar la procedencia del otorgamiento de la autorización como Administrador de una ZEDE, atendiendo al interés nacional y de conformidad con las políticas públicas;

Que, la Disposición General Séptima del Decreto Ejecutivo Nro. 252 de 22 de diciembre de 2017, establece: «Las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que corresponden a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), serán ejercidas por el Ministerio de Industrias y Productividad, con excepción de la facultad de dictar las políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las ZEDE; las autorizaciones para el establecimiento de ZEDE; y la aplicación de sanciones graves, las mismas que corresponderán al Consejo Sectorial de la Producción»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, se encarga el Ministerio de Industrias y Productividad al Ing. Pablo Campana Saenz, Ministro de Comercio Exterior e Inversiones.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 15048 publicado en el Registro Oficial No. 341 de 23 de julio de 2015 se cambia el nombre a Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial;

Que, el numeral 1.2.3.7 del Acuerdo Ministerial No 16 065 dispone que la Misión de Gestión de Desarrollo Territorial Industrial es: «Articular y gestionar la implementación, desarrollo, operatividad y cierre de las herramientas y mecanismos de desarrollo territorial industrial, tales como, zonas especiales de desarrollo económico, zonas francas autorizadas, parques industriales en sus distintas variedades, mediante su planificación, promoción y seguimiento, con el fin de fomentar nuevos polos con condiciones favorables para la Instalación de potenciales territorios industriales en función de los sectores prioritarios para la transformación de la matriz productiva; bajo lineamientos de las políticas emitidas por el Consejo Sectorial de la Producción»;

Que, el Manual Operativo y Control para Zonas Especiales de Tipo Tecnológico, emitido por el Consejo Sectorial de la Producción mediante Resolución 5 el 12 de noviembre de 2012, establece en el artículo 3 los requisitos para «(…) obtener la autorización como administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico de tipo Tecnológico (…) Estos centros serán propios de las Zona Especial de Desarrollo Económico de tipo Tecnológico, a fin de incentivar emprendimientos dedicados al desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad y mejoramiento ambiental sustentable o energético (…)»;

Que, mediante Resolución No. CSP-2017-02EX-03 de 18 de abril de 2017, el Consejo Sectorial de la Producción autorizó el establecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral con las tipologías: a) Tecnológica,

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 21

y b) Diversificación Industrial, en una extensión de 200 hectáreas que se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas;

Que, la Secretaría General de la Vicepresidencia de la República del Ecuador solicitó al Ministerio de Industrias y Productividad mediante Oficio No. VPR-VPR-2017-1716-0 de 19 de julio de 2017, realizar el análisis técnico a la solicitud de autorización de Administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral presentada por la empresa ADMINZEDELITORAL S.A;

Que, mediante Informe No. MIPRO-DPNDTI-2017-031 de 22 de septiembre de 2017, suscrito por la Especialista de la Dirección de Planificación y Normativa de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad, concluye «(…) Una vez revisado el expediente presentado por la empresa ADMINISTRADORA ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A. de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 47 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad del Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI); y, Guía de calificación para inversionistas que deseen obtener autorización como Administradores o ser calificados como Operadores de ZEDE, se concluye que no cumple con lo solicitado en la normativa (…) «;

Que, la Empresa ADMINZEDELITORAL SA. mediante Oficio No. ZEDE-OFC-005-2018 de 17 de mayo de 2018, presentó al Ministerio de Industrias y Productividad, la subsanación de las observaciones constantes en el Oficio No. MIPRO-SDTI-2018-026-OF suscrito por el Subsecretario de Desarrollo Territorial Industrial, encargado, el 17 de abril de 2018;

Que, el Informe No. MIPRO-DPNDTI-2018-024 suscrito por la Especialista de la Dirección de Planificación y Normativa de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad el 27 de junio de 2018, concluye: «(…) Una vez revisado el expediente presentado por la empresa ADMINISTRADORA ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A. de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 47 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad del Desarrollo Productivo, de la Inversión y de losMecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI); y, Guía de calificación para inversionistas que deseen obtener autorización como Administradores o ser calificados como Operadores de ZEDE, se concluye que no cumple con lo solicitado en la normativa (…) «;

Que, mediante Oficio No. ZEDE-OFC-016-2018 de 8 de agosto de 2018, suscrito por María Luisa Granda, Gerente General de la empresa ADMINZEDELITORAL SA. señala: «(…) con la finalidad de generar la aclaración suficiente en cuanto al punto observado, es menester indicar que las inversiones a realizarse durante el referido período se realizarán por parte de la ESPOL

en su calidad de accionista mayoritaria de la Empresa ADMINZEDELITORAL S.A. «. Para constancia se adjunta el Oficio Nro. ESPOL-R-OFC-0648-2018 emitido por la señora Rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (…) «;

Que, con Informe No. MIPRO-DPNDTI-2018-027 de 17 de agosto de 2018 suscrito por la Directora de de Planificación y Normativa de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad, se recomienda: «(…) solicitar el respectivo dictamen al Ministerio de Economía y Finanzas para atender lo dispuesto en el Art. 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas y requerir al Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos propios establecidos para los Centros de Transferencia y Desagregación de Tecnología conforme lo dispuesto en el Manual Operativo y Control para Zonas Especiales de tipo Tecnológico «;

Que, mediante Oficio No. SENESCYT-SGCT-SITT-2018-0330-CO de 14 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología de la SENESCYT, señala: «Una vez revisada la información pertinente a la ZEDE del Litoral, adjunto al presente el informe técnico respectivo, con la finalidad de que se proceda con el trámite correspondiente conforme a los estipulado en el inciso 4 del artículo 4 del Manual de Procedimientos Operativos y de Control para el Establecimiento y Funcionamiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico de Tipo Técnico «;

Que, el Informe Técnico de revisión de requisitos Mínimos en Centros de Transferencia y Desagregación de Tecnología (CTDT) dentro de ZEDE de tipo tecnológico ZEDE Litoral, concluye: «cumple con los requisitos mínimos de constitución de los Centros de Transferencia y Desagregación Telefónica – CTDT (Biomedicina, TIC y Agroindustria) dentro de ZEDETEC». Por tanto «Recomienda al Ministerio de Industrias y Productividad proceder con los trámites establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos y de Control para el Establecimiento y Funcionamiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico de Tipo Tecnológico «; y,

Que, mediante Oficio No. MEF-MTNFTN-2018-0780-O de 25 de septiembre de 2018, el Ministro de Economía y Finanzas, subrogante, señala: «En virtud de los análisis técnico y jurídico, este Ministerio concluye que el dictamen solicitado mediante oficio MIPRO-MIPRO-2018-1229-OF, no es necesario, ya que la resolución con la que se autoriza a la Empresa ADMINZEDELITORAL S.A. como administradora de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral, es de carácter meramente administrativo”.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, en la Disposición General Séptima contenida en el Decreto Ejecutivo No. 252 de 22 de Diciembre de 2017; y, Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018.

22 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Acuerda:

Artículo 1.- AUTORIZAR COMO ADMINISTRADOR de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral a la Empresa «ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A.».

Artículo 2.- NOTIFICAR con el presente Acuerdo Ministerial a la empresa «ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A.»

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial rige exclusivamente en beneficio de «ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A. «

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Dado y firmado en el Despacho Ministerial, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de octubre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, Encargado.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 19 de octubre de 2018.-Firma: Ilegible.

No. 18 163

Mgs. Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, Encargado

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala que: ‘A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, conforme el número 2 del artículo 276 de la Constitución de la República, «El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable»;

Que, con la promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, se crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como destinos aduaneros establecidos en espacios delimitados del territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones con los incentivos que se detallan en la ley;

Que, al tenor del artículo 39 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que en la parte pertinente dice: «Para efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el Ministerio responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, que será la autoridad ejecutora de las políticas (…), en relación a las ZEDE. » En cumplimiento a lo dispuesto el Ministerio de Industrias y Productividad como responsable del fomento industrial crea la Unidad Técnica Operativa -Subsecretaría de Zonas Especiales de Desarrollo Económico-como autoridad ejecutora de las políticas establecidas en materia de ZEDE;

Que, la Disposición Transitoria Tercera del COPCI , establece que las zonas francas que opten por no migrar a la estructura ZEDE, o no puedan hacerlo, se mantendrán en operación por el tiempo que les reste de vigencia a su concesión, para lo que deberán someterse administrativa y operativamente a lo que establece esta norma, incluyendo el control por la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de las ZEDE, competencia de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad;

Que, el Decreto Ejecutivo 757 de 17 de mayo de 2011 emitió el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el COPCI, en el artículo 95 establece: «En cualquier tiempo, durante la vigencia de la autorización del administrador o la calificación del operador estos podrán solicitar la cancelación voluntaria de su autorización o calificación respectivamente. «;

Que, el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el COPCI, expedido mediante Decreto Ejecutivo 757, establece en el artículo 96, los requisitos para solicitar la cancelación voluntaria de la autorización del administrador o calificación del operador;

Que, la Disposición General Séptima del Decreto Ejecutivo No. 252 de 22 de diciembre de 2017, establece: «Las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de la

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 23

Producción, Comercio e Inversiones que corresponden a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), serán ejercidas por el Ministerio de Industrias y Productividad, con excepción de la facultad de dictar las políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las ZEDE; las autorizaciones para el establecimiento de ZEDE; y la aplicación de sanciones graves, las mismas que corresponderán al Consejo Sectorial de la Producción «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, se encarga el Ministerio de Industrias y Productividad al Ing. Pablo Campana Saenz, Ministro de Comercio Exterior e Inversiones;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 309 publicada en el Registro Oficial Nro. 186 de 5 de mayo de 2010, se creó la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES (EPMSA) como persona jurídica de derecho público, sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que sucedió jurídicamente a la empresa Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito – CORPAQ;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 15048 publicado en el Registro Oficial Nro. 341 de 23 de julio de 2015 se cambia el nombre de la Unidad Técnica Operativa a Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial;

Que, el numeral 1.2.3.7 del Acuerdo Ministerial No. 16 065 dispone que la Misión de Gestión de Desarrollo Territorial Industrial es: «Articular y gestionar la implementación, desarrollo, operatividad y cierre de las herramientas y mecanismos de desarrollo territorial industrial, tales como, zonas especiales de desarrollo económico, zonas francas autorizadas, parques industriales en sus distintas variedades, mediante su planificación, promoción y seguimiento, con el fin de fomentar nuevos polos con condiciones favorables para la Instalación de potenciales territorios industriales en función de los sectores prioritarios para la transformación de la matriz productiva; bajo lineamientos de las políticas emitidas por el Consejo Sectorial de la Producción»;

Que, mediante Resolución No. 2005-16, publicada en el Registro Oficial Nro. 161 de 8 de diciembre de 2005, se otorga la calificación de la Empresa FTZ DE VELOPMENT S.A., como operadora para establecerse en la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito-CORPAQ, a fin de realizar la actividad autorizada de: «Usuario de servicios que se dedicarán al desarrollo, operación, promoción y mercadeo de la zona franca. » ;

Que, el artículo 73 del Manual de Procedimientos Operativos y de Control para ZEDE y Zonas Francas, expedido mediante Resolución 5 del Consejo Sectorial de la Producción el 11 de julio de 2012 dispone que: «En los casos en que un administrador de ZEDE desee, de manera libre y voluntaria, terminar su actividad bajo este destino aduanero, deberá presentar a la Subsecretaría de Zonas Especiales de Desarrollo Económico: adjuntando (…) «;

Que, mediante Oficio No. FTZ-GG-0-17-007 de 3 de julio de 2017, el señor David Martínez, Gerente General de FTZ DEVELOPMENT S.A., manifiesta su voluntad de acogerse a la cancelación voluntaria como empresa operadora de la Zona Franca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito – Tababela, administrada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES S.A.-EPMSA.;

Que, mediante Informe No. MIPRO-SDTI-2018-034-1 de 20 de julio de 2018, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad, certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 95 y 96 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo establecidos en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en concordancia a los artículos del 81 al 84 del Manual de Procedimientos Operativos y de Control para Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas Francas, sobre la cancelación voluntaria de la empresa requirente; y,

Que, mediante memorando No. MIPRO-SDTI-2018-0212-M de 13 de agosto de 2018, el Mgs. Ricardo Zambrano, Subsecretario de Desarrollo Territorial Industrial, solicitó a la máxima autoridad del Ministerio de Industrias y Productividad, se emita la resolución respectiva para la cancelación voluntaria de la empresa operadora FTZ DEVELOPMENT S.A.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, en la Disposición General Séptima del Decreto Ejecutivo Nro. 252 expedido el 22 de Diciembre de 2017; y, el Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018,

Acuerda:

Artículo 1.- APROBAR la cancelación voluntaria solicitada por la Empresa Operadora FTZ DEVELOPMENT S.A., de la Zona Franca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito – Tababela.

Artículo 2.- NOTIFICAR el presente Acuerdo Ministerial a la Empresa FTZ DEVELOPMENT S.A., a la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES S.A.- EPMSA.; y, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Dado y firmado en el Despacho Ministerial, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de octubre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, Encargado.

24 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 19 de octubre de 2018.- Firma: Ilegible.

No. 014-2018

EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, confiere a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, así como la facultad de expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 190 ibídem dispone: «Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley».

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República indica que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 Ibídem dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución de la República, dispone: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, instituye el Proceso oral por audiencias, estableciendo que la sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible;

Que, el artículo 305 del Código Orgánico General de Procesos, en relación a la comparecencia a través de patrocinador, señala que: «La autoridad competente de la institución de la administración pública que interviene como parte o el funcionario a quien se delegue por acto administrativo, podrán designar, mediante oficio, al defensor que intervenga como patrocinador de la defensa de los intereses de la autoridad demandada. Tal designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser que se lo sustituya. No obstante, en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente la o el Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley»;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…). Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala: «LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…) «;

Que, el artículo 56 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva indica que: «Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación»;

Que, el artículo 57 ibídem señala: «La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 25

Que, el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009, el Presidente de la República creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 08, de 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República nombró al ingeniero Guillermo Hernando León Santacruz, en el cargo de Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 081-2014 de 11 de noviembre de 2014, la máxima autoridad del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información delegó al «Director/a de Patrocinio y Contratación, para que, en nombre y representación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, intervenga y represente, en todos los procesos y acciones constitucionales, judiciales y extrajudiciales, administrativas, los de inicio y de prosecución de acciones ante la fiscalía, en los que se parte esta cartera de Estado (…)»

Que, de conformidad con el literal u) de la letra b) del numeral 1.1. del Estatuto Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, es atribución del titular de esta Cartera de Estado delegar determinadas atribuciones a los Viceministros, Subsecretarios, Coordinadores Generales y Directores Técnicos de Área;

Que, de conformidad con el literal b) de la letra b) del numeral 3.1.2.2. del Estatuto Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, corresponde al Director de Patrocinio «Ejercer el patrocinio del Ministerio, representar judicial y extrajudicialmente al MINTEL en los procesos que se instauren en su contra o que éste deba promover»,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República y artículo 17, 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar al Director de Patrocinio y Contratación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para que a nombre y representación del Ministro ejerza las siguientes atribuciones:

Intervenir y representar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en todos los procesos, acciones, causas judiciales y extrajudiciales, administrativas, contencioso administrativas, de solución alternativa de conflictos como son mediación y/o arbitraje, acciones constitucionales, laborales, civiles y todas aquellas en administrativo ante cualquier entidad pública o privada, así como el inicio y prosecución de acciones ante la Fiscalía General del Estado; debiendo comparecer como actor o demandado, legitimado activo o pasivo, según el caso o tercerista, acusador particular o parte ofendida.

Por lo tanto en dichas causas podrá suscribir, presentar y contestar demandas, acciones, escritos y/o petitorios, deducir excepciones, solicitar medidas cautelares, acusaciones penales, denuncias, quejas, en todas sus instancias y fases, quedando expresamente facultado para transigir o desistir, iniciar juicios e incoar acciones, continuarlas, impulsarlas, presentar o impugnar pruebas, comparecer a todo tipo de audiencias, interponer y contestar recursos sin limitación alguna hasta su conclusión; no pudiendo alegarse falta o insuficiencia de poder a efectos de que pueda cumplir con la delegación que por este instrumento se confiere.

Podrá designar a las o los abogados patrocinadores de las respectivas causas, en defensa de los intereses de esta Cartera de Estado.

Artículo 2.- Todos los actos que se realicen en virtud de esta delegación son de exclusiva responsabilidad del delegado, quien deberá informar semestralmente o cuando la máxima autoridad del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así lo requiera, sobre las acciones tomadas en ejercicio de las delegaciones dadas en el presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 3.- La autoridad delegante, cuando lo considere procedente, podrá retomar las atribuciones delegadas en virtud del presente Acuerdo, sin necesidad de que éste sea reformado o derogado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial 081-2014 del 11 de noviembre de 2014.

El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 03 de octubre de 2018

f.) Ing. Guillermo Hernando León Santacruz, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en Unidad Gestión Documental.- 2 Fojas, f.) Director/a Administrativo/a.- Fecha: 12 de octubre de 2018.- Hora 17:10.

26 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

No. SENESCYT-2018-066

Xavier Adrián Bonilla Soria

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

ENCARGADO

Considerando:

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (…). Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación

(…)»;

Que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 294, de 06 de octubre de 2010; dispone: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular. «;

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, establece que: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior, designado por el Presidente de la República. (…) «;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 24 de mayo de 2017, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, se suprimió la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se transfirió a la Secretaria General de la Presidencia de la República, la

atribución de expedir autorizaciones de vacaciones, licencia con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 478, de 13 de agosto de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, encargó al Dr. Adrián Bonilla Soria la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que el literal j) del numeral 11.1.1 del artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SENESCYT, establece entre las Atribuciones y Responsabilidades del Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la siguiente: «j) Expedir y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios en el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «;

Que mediante Acción de Personal No. 360-DTH-2018, de 16 de julio de 2018, se nombra a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán como Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante oficio No. SENESCYT-SENESCYT-2018-0736-CO, de 23 de agosto de 2018, el Dr. Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado, solicitó al señor Eduardo Javier Jurado Béjar, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, licencia con cargo a vacaciones desde el 03 hasta el 04 de septiembre de 2018;

Que mediante Acuerdo Nro. 0377, 24 de agosto de 2018, el señor Eduardo Javier Jurado Béjar, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, autorizó la licencia con cargo a vacaciones al Dr. Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado, desde el 03 hasta el 04 de septiembre de 2018;

Que con fecha 30 de agosto de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió el informe jurídico de pertinencia para la emisión del acuerdo mediante el cual se subrogue las funciones del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, durante el periodo de licencia con cargo a vacaciones del encargado de esta Secretaría de Estado; y,

Que es necesario designar a un/a servidor/a de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, desde el 03 hasta el 04 de septiembre de 2018, periodo en el que se encontrará haciendo uso de licencia con cargo a vacaciones.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador.

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 27

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para que subrogue al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el 03 hasta el 04 de septiembre de 2018.

Artículo 2.- La magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán, será responsable del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades inherentes al funcionamiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 3.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la magister Carolina Zambrano Barragán, Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Coordinadora General Administrativa Financiera de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, al Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.

Artículo 4- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, Encargado.

RAZÓN: Con fundamento en el Artículo 11 numeral 11.3.2.1.4 literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el R.O. Edición Especial No 372 del 24 de septiembre de 2015, CERTIFICO, que las 03 fojas útiles que anteceden, son fiel copia del original y corresponden al ACUERDO No. SENESCYT-2018-066, suscrito el 30 de agosto de 2018, mismos que reposa en el archivo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT.- Esta documentación que fue proporcionada para la certificación correspondiente, conjuntamente con el formulario de certificación documental, los documentos originales están bajo la custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT a los cuales me remito de ser necesario.- LO CERTIFICO.- Quito, a 25 de octubre de 2018.

f.) Abg. Henry Goyes Benalcázar, Director de Gestión Documental y Archivo.

No. SENESCYT-2018-070

Xavier Adrián Bonilla Soria

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

Considerando:

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «La instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. «;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. «;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 352, señala: «El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. «

28 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Que la Ley Orgánica de Educación, Superior publicada en el suplemento del Registro Oficial Nro. 298 de 12 de Octubre de 2010, en su artículo 14 señala: «Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley; y, c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. «;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 182, prescribe: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior, designado por el Presidente de la República… «;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 183, literal b), determina: «Serán funciones del órgano rector de la política pública de educación superior, las siguientes: (…) b) Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia… «;

Que el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece en que: «Las instituciones de educación superior son comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica las siguientes: a) Los institutos técnicos y tecnológicos públicos que serán entidades operativas desconcentradas adscritas al órgano rector de la política de gobierno en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación… «

Que el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 31 de 07 de julio de 2017, en su artículo 69 menciona: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…) 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos… «;

Que el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo, determina que el acto normativo «Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. «;

Que el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial Nro. 536 de 18 de marzo de 2002, en su artículo 17 manifiesta: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.»;

Que el artículo 99 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que: «Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal. «;

Que mediante Acuerdo Nro. 2016-118, de 25 de julio de 2016, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación delegó a favor de los rectores y rectoras de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores públicos «… la suscripción, modificación y extinción de los convenios que tengan por objeto la (…) implementación de carreras de modalidad dual que garanticen la gestión de aprendizaje práctico con tutorías profesionales y académicas integrales in situ; (…) a celebrarse entre los mencionados institutos y las diferentes personas naturales y jurídicas nacionales, con la finalidad de fortalecer la educación técnica y tecnológica pública del Ecuador. «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 478, de 13 de agosto del 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, encargó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; al Dr. Xavier Adrián Bonilla Soria;

Que mediante memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1013-M, de 27 de jumo de 2018, la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, solicita se reforme el Acuerdo Nro. 2016-118, correspondiente a delegaciones a rectores y rectoras de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores Públicos, de 25 de julio de 2016; para lo cual adjunta el informe técnico correspondiente;

Que mediante informe jurídico de 11 de septiembre de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica consideró pertinente reformar el Acuerdo Nro. 2016-118, de 25 de julio de 2016, correspondiente a delegaciones a favor de rectores y rectoras de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores Públicos; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 29

Ecuador, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Acuerda:

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA

AL ACUERDO NRO. 2016-118, DE 25

DE JULIO DE 2016

Artículo 1.- Incorpórese el siguiente texto a continuación del artículo 3, y reenumérese el articulado:

«Artículo 4.- Los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos deberán remitir a su Consejo Académico Superior (CAS) respectivo, conforme las plantillas emitidas desde la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, un informe técnico de viabilidad de suscripción de los convenios de formación dual y de prácticas pre profesionales/pasantías descritos en el artículo 1 del presente Acuerdo para su aprobación; dicho informe y el número de acta de aprobación del Consejo Académico Superior (CAS), deberán constar como antecedentes dentro del convenio a suscribirse y serán habilitantes para su firma. «

Artículo 2.- Sustitúyase el texto del artículo 4, por el siguiente:

«Articula 5.- Los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, deberán remitir a la Coordinación Zonal respectiva, conforme las plantillas emitidas desde la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, un informe técnico de viabilidad de suscripción de los convenios, de uso gratuito de instalaciones, de cooperación y vinculación con la colectividad, descritos en el artículo 1 del presente Acuerdo para su aprobación; dicho informe y dictamen de factibilidad deberán constar como antecedentes dentro del convenio a suscribirse y serán habilitantes para su firma. «

Artículo 3.- Sustitúyase el texto del artículo 5, por el siguiente:

«Articula 6.- Los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, usarán obligatoriamente las plantillas de convenios autorizadas por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado para la suscripción de los actos jurídicos mencionados en el artículo 1 del presente Acuerdo. «

Artículo 4.- Sustitúyase el texto del artículo 7, por el siguiente:

«Articula 8.-En función de la presente delegación los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos,

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, serán custodios de los archivos que se generen a partir de la suscripción de los instrumentos descritos en el presente Acuerdo, debiendo remitir informes mensuales respecto al cumplimiento de la presente delegación a las Coordinaciones Zonales respectivas y a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.»

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo a los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y a las Coordinaciones Zonales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Segunda.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la notificación del presente Acuerdo.

Tercera.- Notifíquese con el presente Acuerdo a los rectores y rectoras de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado.

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once (11) días del mes de septiembre de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, (E).

RAZÓN: Con fundamento en el Artículo 11 numeral 11.3.2.1.4 literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el R.O. Edición Especial No 372 del 24 de septiembre de 2015, CERTIFICO, que las 05 fojas útiles que anteceden, son fiel copia del original y corresponden al ACUERDO No. SENESCYT-2018-070, suscrito el 11 de septiembre de 2018, mismos que reposa en el archivo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT.- Esta documentación que fue proporcionada para la certificación correspondiente, conjuntamente con el formulario de certificación documental, los documentos originales están bajo la custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT a los cuales me remito de ser necesario.-LO CERTIFICO.- Quito, a 25 de octubre de 2018.

f.) Abg. Henry Goyes Benalcázar, Director de Gestión Documental y Archivo.

30 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

No. SENESCYT -2018 – 071

Xavier Adrián Bonilla Soria

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.»;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos (…) 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir»;

Que el artículo 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899, de 09 de diciembre de 2016; establece que: «(…) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. (…)»;

Que el Código Orgánico Administrativo, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, en su artículo 70 dispone: «La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. (…) 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número…»

Que el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que el acto normativo: «Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa.»

Que el literal j) del numeral 11.1.1 del artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación, expedido mediante Acuerdo No. 2015-133, de 01 de septiembre de 2015, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 372, de 24 de septiembre de 2015; establece entre las atribuciones y responsabilidades del Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la siguiente: «j) Expedir y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios en el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 478 de fecha 13 de agosto de 2018, Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, encargó al Dr. Adrián Bonilla Soria la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Acción de Personal No. 360-DTH-2018, de 16 de julio de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, nombra a la magister Carolina Gabriela Zambrano Barragán como Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Acuerdo No. 029-2018, de 23 de abril de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expidió el Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, con el objeto de regular el acceso a los incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico, y a la transferencia de tecnología, previstos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación;

Que el artículo 45 Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, establece que: «El Comité Científico seleccionará y priorizará los proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a ser financiados, de conformidad a los criterios establecidos en las bases específicas de cada convocatoria, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. La resolución del Comité Científico será vinculante y deberá contener el detalle de los proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a ser financiados, ordenados seún

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 31

su prioridad. Dicha resolución deberá ser notificada a la máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en el término máximo de tres (3) días, anexando el acta de la reunión del Comité. «;

Que el artículo 46 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, determina que: «La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales o su delegado/a, adjudicará los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, en base a la resolución del Comité Científico. «;

Que el artículo 47 del Reglamento ibídem señala que: «La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales o su delegado/a, notificará con la resolución de adjudicación, a los beneficiarios de la misma, en el término máximo de cinco (5) días. «;

Que con fecha 24 de abril de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica, emitió las bases para la convocatoria para el financiamiento de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a través de fondos concursables, dirigida a los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador: «Programa Nacional de Financiamiento para investigación»;

Que mediante memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2018-0127-MI, de 07 de septiembre de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado, solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, elaborar el instrumento pertinente que permita hacer efectiva la delegación a el/la Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que sea responsable de la adjudicación y notificación de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria para el financiamiento de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a través de fondos concursables, dirigida a los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador: «Programa Nacional de Financiamiento para investigación»; y,

Que con fecha 17 de septiembre de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió informe jurídico en el que considera pertinente la delegación a el/la Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que sea responsable de la adjudicación y notificación de los proyectos presentados en el marco de convocatoria para el financiamiento de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a través de fondos concursables, dirigida a los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador: «Programa Nacional de Financiamiento para investigación».

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del

Ecuador, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el artículo 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar a el/la Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que realice la adjudicación a los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de financiamiento y la consiguiente notificación, en el marco de la convocatoria para el financiamiento de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a través de fondos concursables, dirigida a los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador: «Programa Nacional de Financiamiento para investigación».

Artículo 2.- En las resoluciones y demás actos realizados en el ejercicio de la presente delegación se deberá utilizar la siguiente frase: «Por delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Artículo 3.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, la notificación del presente Acuerdo.

Artículo 4- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Subsecretaría de Investigación Científica de esta Cartera de Estado.

Artículo 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, (E).

RAZÓN: Con fundamento en el Artículo 11 numeral 11.3.2.1.4 literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el R.O. Edición Especial No 372 del 24 de septiembre de 2015, CERTIFICO, que las 04 fojas útiles que anteceden, son fiel copia del original y corresponden al ACUERDO No. SENESCYT-2018-071, suscrito el 17 de septiembre de 2018, mismos que reposa en el archivo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT.- Esta documentación que fue proporcionada para la certificación correspondiente, conjuntamente con el formulario de certificación documental, los documentos originales están bajo la custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT a los cuales me remito de ser necesario.-LO CERTIFICO.- Quito, a 25 de octubre de 2018.

f.) Abg. Henry Goyes Benalcázar, Director de Gestión Documental y Archivo.

32 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

No. SENESCYT-2018-072

Xavier Adrián Bonilla Soria

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 14 reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir; además, se declara de interés público la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución determina que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, la biodiversidad y el patrimonio genético forman parte de los sectores estratégicos, sobre los cuales el Estado se reserva el derecho de administración, regulación, control y gestión de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

Que el artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad;

Que en el numeral 3 del artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador, se asegura por parte del Estado la difusión del acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley;

Que el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, entre otros, la biodiversidad y su patrimonio; mismo que sólo podrá ser explotado en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución, siendo el Estado, quien: «(…) participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota»; y, garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales permitan condiciones de vida con dignidad;

Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, publicado en el Registro Oficial Nro. 647 de 06 de marzo de 1995, reconoce el derecho soberano que ejercen los Estados sobre su biodiversidad, estableciendo como objetivos primordiales la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos;

Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su artículo 10 literales b) y c) establecen que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: «b) adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos (…)»;

Que el artículo 15, numeral 1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y subraya que la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos es de incumbencia de los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional;

Que el numeral 3 del artículo 16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dispone que cada parte contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con el objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual;

Que el artículo 1 del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, publicado en el Registro Oficial Nro. 533 del 13 de septiembre del 2011 (ratificado por Ecuador en 2017), «(…) señala que el objetivo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes «;

Que el artículo 3 del Protocolo de Nagoya señala que se aplica a los recursos genéticos, a los beneficios que se deriven de su utilización, a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y los beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos;

Que el numeral 1 del artículo 5 del Protocolo de Nagoya, establece que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercializaciones subsiguientes, se compartirán de manera justa y equitativa con la parte que aporta dichos recursos,

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 33

sea el país de origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos, dicha participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas;

Que la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 5 de 16 de agosto de 1996, en su artículo 5 proclama que los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso;

Que el artículo 6 de la Decisión 391 determina que los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los países miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada país miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas legislaciones internas. Además, dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado;

Que el artículo 9 de la Decisión 391, establece que para el logro de los objetivos de la Decisión, los países miembros asegurarán y facilitarán a través de los contratos correspondientes, el acceso a tecnologías y biotecnologías que utilicen recursos genéticos y sus productos derivados adecuadas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, que no causen daño al medio ambiente;

Que el literal e del artículo 17 de la Decisión 391 determina que las solicitudes y contratos de acceso y, de ser el caso, los contratos accesorios entre sus condiciones incluirán el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional nacional o subregional asociada a los recursos genéticos y sus productos derivados;

Que el artículo 34 de la Decisión 391, establece que el contrato de acceso tendrá en cuenta los derechos e intereses de los proveedores de los recursos genéticos y de sus productos derivados, de los recursos biológicos que los contengan y del componente intangible según proceda, en concordancia con los contratos correspondientes;

Que el literal A del artículo 50 de la Decisión 391 determina que la Autoridad Nacional competente ejercerá las atribuciones conferidas en la Decisión y en la legislación interna de los países miembros. En tal sentido, estará facultada para emitir las disposiciones administrativas internas necesarias para el cumplimiento de la Decisión y, en tanto no se dicten las normas comunitarias que correspondan, disponer la forma de identificación y empaque de los recursos genéticos y sus productos derivados;

Que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 de 9 de diciembre de 2016, en el numeral 16 de su artículo 4 prescribe que la biodiversidad y el patrimonio genético son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado; no

puede ser privatizado y, su acceso, uso y aprovechamiento se realizará de forma estratégica procurando la generación de los conocimientos endógenos y el desarrollo tecnológico nacional;

Que los numerales 27 y 28 del artículo 8 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina que la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, tiene entre sus atribuciones y deberes el otorgar los permisos necesarios para la investigación asociados con la biodiversidad en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional; y, emitir la normativa y la política pública necesaria para la suscripción de los contratos de acceso, uso y explotación de recursos genéticos asociados con la biodiversidad o conocimientos tradicionales, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional;

Que el artículo 68 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone: «Para el desarrollo de investigaciones científicas sobre los recursos biológicos, genéticos y sus productos derivados en territorio ecuatoriano, las personas naturales, jurídicas u otras formas asociativas, tanto nacionales como extranjeras, deberán obtener la correspondiente autorización para el acceso a recursos biológicos, genéticos y sus productos derivados con fines de investigación. La Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para conceder dichos accesos, deberá acoger los criterios técnicos y protocolos de la autoridad ambiental nacional para la conservación de la biodiversidad»;

Que el artículo 69 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que: «Las personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que accedan a los recursos genéticos del país o a sus productos derivados con fines comerciales deberán obtener la autorización respectiva previo a acceder al recurso. El instituto público de investigación científica sobre la biodiversidad, a través de la unidad encargada de la transferencia tecnológica, será el competente para llevar adelante el proceso de negociación de los beneficios monetarios y no monetarios correspondientes, así como autorizar el acceso al recurso genético y sus productos derivados. Todo producto e investigación no contemplada originalmente en la negociación será materia de un nuevo proceso. (…) «;

Que el artículo 70 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina que la Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales en coordinación con la autoridad nacional ambiental y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, deberá evaluar periódicamente el estado de protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, así como tomar acciones para impedir el aprovechamiento, patentamiento y comercialización de invenciones consistentes en los recursos genéticos endémicos o esarrolladas a partir de estos;

34 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Que en el artículo 73 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimintos, Creatividad e Innovación, se establece: «Conforme a la política pública emitida por la Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el Estado participará al menos en la misma proporción que cualquier persona natural o jurídica que haya otenido beneficios monetarios o no monetarios derivados de la investigación, uso, transferencia, desarrollo y comercialización del material biológico o genético, así como de la información, productos o procedimientos derivados del mismo;

Que el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180 de 10 de febrero de 214, define como atentado contra el patrimonio genético ecuatoriao al acceso a recursos genéticos incumpliendo la normativa nacional, estableciéndose una pena privativa de libertad de tres a cinco años, dicha pena será agravada enun tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial;Que el artículo 73 del Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemntoo. 983 del 12 de abril del 2017, establece que «los recursos genéticos son un sector estratégico del país. Así, se indica que el patrimonio genético de la biodiversidad del territorio es un sector estratégico. El Estado administrará y controlará el acceso a los recurss genéticos, sus componentes, derivados y sintetizados «;Que el artículo 25 del Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividade Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 9 de 7 de junio de 2017, prescribe que las autorizaciones de acceso con fines de investigación a recursos genéticos y sus derivados para fines de investigación o comerciales, así como los permisos de importación de organismos vivos, especímenes de colecciones científicas que tengan como fin el desarrollo de procesos investigativos se tramitarán a través de una ventanilla única para la investigación para la biodiversidad en la que inter-operarán la Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el Instituto Público de Investigación Científica sobre la Biodiversidad, la Autoridad Ambiental Nacional, la autoridad aduanera, así como las demás pertinentes;ue el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, en su artículo 69 menciona: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependietes. (…) 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos (…) «; y, en su artículo 72 determina que «No pueden ser objeto de delegación: (…) 2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular

de la competencia (…)».

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 372 de 24 de septiembre de 2015, en el artículo 9.2.2 sobre la «SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN», determina entre las atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, «(…) b) Coordinar el desarrollo e implementación de política pública de ciencia, tecnología, innovación y gestión del conocimiento; (…) h)Cumplir con las delegaciones, atribuciones y responsabilidades asignadas por el/la Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación «;

Que mediante memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2018-0134-MI, de fecha 21 de septiembre de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la elaboración de un Acuerdo de delegación para que la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, asuma las competencias y atribuciones otorgadas a esta Secretaría de Estado en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos y sus derivados; y,

Que con fecha 21 de septiembre de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica emitió Informe Jurídico en el cual se considera pertinente para que la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, asuma las competencias y atribuciones otorgadas a esta Secretaría de Estado en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos y sus derivados.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y los artículos 69 y 72 del Código Orgánico Administrativo.

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y en su Reglamento General, asuma las competencias y atribuciones otorgadas a esta Secretaría de Estado en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos y sus derivados.

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 35

rtículo 2.- La Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá proceder en armonía con las políticas emitidas por la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- El/la titular de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá delegar las competencias y atribuciones referidas en el presente acuerdo, de manera excepcional y justificada, en favor de sus inmediatos jerárquicos inferiores, sin que esto les releve de las responsabilidades de la presente delegación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

SEGUNDA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta Secretaría de Estado.

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la notificación del presente Acuerdo.

CUARTA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis (26) días del mes de septiembre de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, (E).

RAZÓN: Con fundamento en el Artículo 11 numeral 11.3.2.1.4 literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el R.O. Edición Especial No 372 del 24 de septiembre de 2015, CERTIFICO, que las 07 fojas útiles que anteceden, son fiel copia del original y corresponden al ACUERDO No. SENESCYT-2018-072, suscrito el 26 de septiembre de 2018, mismos que reposa en el archivo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT.- Esta documentación que fue proporcionada para la certificación correspondiente, conjuntamente con el formulario de certificación documental, los documentos originales están bajo la custodia de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SENESCYT a los cuales me remito de ser necesario.-LO CERTIFICO.- Quito, a 25 de octubre de 2018.

f.) Abg. Henry Goyes Benalcázar, Director de Gestión Documental y Archivo.

No. COSEDE-DIR-2018-016

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL

SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ

Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

Considerando:

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía administrativa y operativa, a la que corresponde administrar el Fondo de Liquidez de los sectores financieros privado y popular y solidario y los recursos que lo constituyen, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 80 del mencionado Código;

Que el numeral 3 del artículo 85 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que es función del Directorio de la COSEDE aprobar la devolución de los aportes al Fondo de Liquidez, de conformidad con lo previsto en dicho código y de acuerdo el procedimiento que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 320 del cuerpo legal antes citado, dispone que las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario están obligadas a participar con aportes al Fondo de Liquidez;

Que el artículo 334 establece que se constituirán dos fideicomisos independientes, el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector Financiero Privado; y, el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario;

Que el numeral 1 del artículo 335 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que el Fondo de Liquidez se nutrirá con los aportes que realizarán las entidades, de conformidad con lo previsto en dicho Código;

Que el numeral 2 del artículo 343 del Código ibídem, prevé que los recursos aportados por las entidades financieras al Fondo de Liquidez serán restituidos en caso de liquidación voluntaria o forzosa de la entidad;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante resolución No. 176-2015-F de 29 de diciembre de 2015, expidió las Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, reformada mediante resoluciones No. 203-2016-F de 30 de enero de 2016,243-2016-F de 5 de mayo de 2016, y No. 451-2018-F de 14 de septiembre de 2018, normativa que se encuentra contenida en la Sección II «Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario», Capítulo XXIX «Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario», Título II «Sistema

36 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Financiero Nacional», Libro I «Sistema Monetario y Financiero» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que los numerales 1, 3 y 4, artículo 11 Subsección II «Estructura de los Fideicomisos Mercantiles y Régimen de Aportes, Sección II «Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Capítulo XXIX «Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario», Título II «Sistema Financiero Nacional», Libro I «Sistema Monetario y Financiero», de la Codificación citada, establecen que las entidades del Sector Financiero Privado y las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario suscribirán el contrato de fideicomiso a su constitución o como adherentes en fecha posterior al acto constitutivo, suscribiendo para el efecto el contrato de adhesión correspondiente; y que cada aportante de los derechos fiduciarios lo será de acuerdo con la normativa expedida por los órganos de control en el ámbito de sus competencias;

Que en relación a los recursos aportados por las entidades del sector financiero privado y del sector financiero popular y solidario al Fondo de Liquidez, el numeral 2 del artículo 16, Subsección II «Estructura de los Fideicomisos Mercantiles y Régimen de Aportes, Sección II «Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Capítulo XXIX «Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario», Título II «Sistema Financiero Nacional», Libro I «Sistema Monetario y Financiero», de la Codificación antes referida, establece que procede la restitución en el caso de que la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda, emitan la resolución de liquidación voluntaria o liquidación forzosa de la entidad, y se notifique del particular a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, cuyo Directorio autorizará e instruirá al administrador fiduciario tal restitución;

Que conforme la normativa señalada en el considerando precedente, para los casos de exclusión y transferencia de activos y pasivos, así como la liquidación voluntaria, los derechos fiduciarios se liquidarán descontando saldos pendientes por obligaciones de operaciones de ventanilla de redescuento y de inversión doméstica de los excedentes de liquidez, que mantuviera la entidad con el Banco Central del Ecuador, una vez que se legalice el contrato de liquidación de su participación en el fideicomiso mercantil;

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, mediante Resolución No. COSEDE-DIR-2016-007 de 22 de abril de 2016, aprobó el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, reformado con Resoluciones Nos. COSEDE-DIR-2016-010 de 10 de junio de 2016 y

Resolución No. COSEDE-DIR-2016-014 de 11 de julio de 2016; posteriormente codificadas con Resolución No. COSEDE-DIR-2016-024 de 19 de septiembre de 2016; en cuyos literales a. y b., subnumeral 7.2.4 del numeral 7, se establece en su orden, que el Directorio de la COSEDE aprobará la transferencia del valor del derecho fiduciario mediante la emisión de la correspondiente Resolución; y que la COSEDE instruirá al Banco Central del Ecuador, responsable fiduciario de la instrumentación de la transferencia, para ello debe adjuntar la copia de la Resolución aprobada por el Directorio de la COSEDE con la documentación habilitante;

Que en el artículo 2 de la Resolución No. COSEDE-DIR-2016-020 de 24 de agosto de 2016, el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, aprobó el texto de terminación del contrato de terminación de participación de las entidades financieras en el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, que será considerado como formato para los procesos de devolución de aportes, en atención a lo previsto en el literal b. de numeral 7 de la Codificación del Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado;

Que mediante escritura pública de 28 de abril de 2016, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, se constituyó el fideicomiso mercantil denominado Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, al cual Sociedad Financiera Interamericana S.A., se adhirió conforme consta de la escritura pública otorgada el 30 de mayo de 2016, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito;

Que mediante Resolución No. SB-2017-629 de 03 de agosto de 2017, la Superintendencia de Bancos aprobó la disolución anticipada y liquidación voluntaria de Sociedad Financiera Interamericana S.A.; y, dispuso la liquidación de los negocios, propiedades y activos de la mencionada sociedad financiera;

Que Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, mediante oficio innumerado de 25 de agosto de 2017, dirigido a la Gerencia General de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, informó sobre la aprobación de liquidación voluntaria emitida por el organismo de control y solicitó que se proceda a la devolución de los valores que mantienen como derechos fiduciarios;

Que la Gerencia General de esta Corporación, previo a realizar el análisis de pertinencia del requerimiento de Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntana, mediante Oficio No. COSEDE-COSEDE-2017-0695-OFICIO de 04 de septiembre de 2016, solicitó a la institución requirente remita una copia certificada de la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos, así como una certificación del órgano de control que evidencie que Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria ha dado cumplimiento a todas las diligencias dispuestas en la Resolución No. SB2017-629 de 03 de agosto de 201;

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 37

Que mediante oficio innumerado de 12 de julio de 2018, Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, presentó para consideración de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, la copia certificada de la Resolución No. SB-2017-629 de 03 de agosto de 2017; y, el certificado de cumplimiento de las diligencias dispuestas en la mencionada Resolución, emitido por la Secretaría General de la Superintendencia de Bancos con oficio Nro. SB-SG-2018-02463-O de 10 de julio de 2018;

Que la Gerencia General de esta Corporación mediante Oficio No. COSEDE-COSEDE-2018-0516-OFICIO de 13 de agosto de 2018, solicitó al Banco Central del Ecuador, en su calidad de Administrador Fiduciario, se sirva informar sobre el valor del derecho fiduciario correspondiente a la Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, a la fecha de suspensión de operaciones; así como, los saldos pendientes por obligaciones de operaciones de ventanilla de redescuento y de inversión doméstica de los excedentes de liquidez, que mantuviera la mencionada entidad con el BCE; y, de ser el caso, si estos saldos se encuentran o no provisionados en el Fideicomiso;

Que la Subgerencia de Operaciones del Banco Central del Ecuador mediante Oficio No. BCE-SGOPE-2018-0192-OF de 31 de agosto de 2018, remitió a esta entidad el Informe No. BCE-DNSEGF-I-052-2018 de 31 de agosto de 2018 que contiene el informe sobre la situación del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado para la liquidación del derecho fiduciario de Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, con el fin de que se ponga a consideración del Directorio de la COSEDE;

Que el Informe No. BCE-DNSEGF-I-052-2018 de 31 de agosto de 2018 , suscrito por la Directora Nacional de Seguridad Financiera del Banco Central del Ecuador, contentivo de la situación del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado para la liquidación del derecho fiduciario de Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, señala entre otras conclusiones, que al 31 de agosto de 2018, el saldo el derecho fiduciario asciende a USD 81,745.25 (Ochenta y un mil setecientos cuarenta y cinco con 28/100 dólares de los Estados Unidos de América) conforme los registros que mantiene el Fideicomiso en las subcuentas de aportes y rendimientos, sin embargo, el valor definitivo de la liquidación se determinará al momento en que COSEDE remita la respectiva instrucción; que, la entidad deberá remitir al Banco Central del Ecuador -Dirección Nacional de Seguridad Financiera- la escritura de terminación de participación de la EFI en el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado debidamente notarizado; que, Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, no mantiene créditos ordinarios, extraordinarios, corrientes vigentes con el Fideicomiso; y, que Sociedad Financiera Interamericana S.A., en liquidación voluntaria, no mantiene saldos pendientes o provisionados por obligaciones de operaciones de ventanilla de redescuento y de inversión doméstica de los excedentes de liquidez, con el Banco Central de Ecuador;

Que en el informe No. BCE-DNSEGF-I-052-2018 de 31 de agosto de 2018, suscrito por la Directora Nacional de Seguridad Financiera del Banco Central del Ecuador, recomienda al Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, resolver sobre lo siguiente: «1) Aprobación de la transferencia del valor del derecho fiduciario de SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A., EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA; 2) Instruir al Banco Central del Ecuador en su calidad de Administrador Fiduciario que: coordine con la Corporación Financiera Nacional la liquidación del Fideicomiso de Garantía suscrito por SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A., EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA; y, posterior a la entrega del contrato de terminación de participación en el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, proceda con la transferencia del derecho fiduciario a la cuenta que SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A., EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA, mantiene en el Banco Central del Ecuador»;

Que la Coordinación Técnica de Gestión y Control de Fideicomisos y la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos de la COSEDE, mediante informe técnico jurídico No. CGCF-2018-035/CPSF-006-2018 de 02 de octubre de 2018, señala que sobre la base de los aspectos técnicos y legales, concluye que dado que la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. SB-2017-629 03 de agosto de 2017, aprobó la disolución anticipada y liquidación voluntaria de Sociedad Financiera Interamericana S.A., y que las diligencias dispuestas en dicha Resolución se encuentran cumplidas, conforme consta del Oficio Nro. SB-SG-2018-02463-O de 10 de julio de 2018, la solicitud de restitución de los recursos aportados al Fondo de Liquidez, se enmarca en la normativa aplicable para este caso; que, se ha cumplido con el procedimiento para la devolución de los aportes de Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado;

Que el informe técnico jurídico citado en el considerando anterior, señala que el Directorio de la COSEDE es competente para resolver respecto de la solicitud de devolución de los aportes de Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, a través de la restitución de su derecho fiduciario; que, la devolución de los aportes de Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado a través de la restitución de su derecho fiduciario, procederá una vez que se suscriban entre el Administrador Fiduciario y la entidad financiera requirente el correspondiente contrato de terminación de su participación en el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, y el respectivo convenio de rendición de cuentas y de liquidación de derechos fiduciarios;

Que mediante memorando No. COSEDE-COSEDE-2018-0113-MEMORANDO de 06 de octubre de 2018, la Gerencia General remite a la Presidenta del Directorio el informe

38 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

técnico jurídico, citado en el considerando precedente y el respectivo proyecto de resolución, a fin de que sean puestos a conocimiento y aprobación del pleno del Directorio;

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en sesión ordinaria por medios tecnológicos con fecha 09 de octubre de 2018, conoció y aprobó el proyecto de resolución de devolución de los aportes al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, a través de la restitución de su derecho fiduciario a la Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria; y,

En ejercicio de sus funciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar la devolución de los aportes que Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria realizó al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado, a través de la restitución de su derecho fiduciario.

Artículo 2.- Instruir al Banco Central del Ecuador, que una vez suscrito el contrato de terminación de participación de Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, en el Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades de Sector Financiero Privado, realice la transferencia de recursos por concepto de derechos fiduciarios a la cuenta que Sociedad Financiera Interamericana S.A. en liquidación voluntaria, mantiene en el Banco Central del Ecuador.

Artículo 3.- Instruir al Banco Central del Ecuador, para que coordine con la Corporación Financiera Nacional B.P., la liquidación del fideicomiso de garantía suscrito por Sociedad Financiera Interamericana S.A.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en la ciudad de Quito, D.M., a los 09 días del mes de octubre de 2018.

f.) Dra. Lorena Freiré Guerrero, Presidenta del Directorio.

La Dra. Lorena Friere Guerrero, en su calidad de Presidenta del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, proveyó y firmó la Resolución que antecede, conforme fuera aprobada por el Directorio de la COSEDE en sesión ordinaria por medios tecnológicos celebrada el 09 de octubre de 2018 en la ciudad de Quito, D.M. LO CERTIFICO.

f.) Dra. Nelly del Pilar Arias Zavala, Secretaria del Directorio.

CERTIFICO: Que la copia fotostática integra de la resolución que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los archivos físico del Directorio de la

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.- Quito, 24 de octubre de 2018.

f.) Ing. Luis Velasco Berrezueta, Secretario del Directorio.

No. COSEDE-DIR-2018-017

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL

SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ

Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

Considerando:

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía administrativa y operativa, a la que corresponde administrar el Fondo de Liquidez de los sectores financieros privado y popular y solidario y los aportes que lo constituyen, de conformidad con el numeral 2 del artículo 80 del mencionado Código;

Que el numeral 9 del artículo 85 del Código Orgánico Monetario y Financiero, reformado con la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309 de 21 de agosto de 2018, establece que es función del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, dictar las políticas de gestión y los reglamentos internos de la Corporación;

Que el artículo 89 del Código ut supra, manda que los miembros del directorio, el Gerente General y demás funcionarios de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados deberán observar, en todo momento, los principios de prudencia y reserva y guardar el secreto profesional respecto de la información que manejen en el cumplimiento de sus funciones específicas; y que, los informes relacionados con los préstamos del Fondo de Liquidez tendrán el carácter de reservados;

Que el artículo 333 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que las deficiencias de liquidez de las entidades del sector financiero privado y del sector financiero popular y solidario, podrán ser cubiertas por el Fondo de Liquidez, que actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las entidades financieras que cumplan las condiciones de mantener su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos en su artículo 190 del mencionado Código, y administrar su liquidez de conformidad con las regulaciones dictadas para el efecto;

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 39Que el artículo 335 del Código Orgánico Monetario y Financiero esablece que el Fondo de Liquidez se nutrirá con los aportes que realizarán las entidades, de conformidad con lo previsto en dicho Código; el rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo de Liquidez; las donaciones que reciba; los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades; y, los provenientes de préstamos entre los fideicomisos del fondo de liquiez;

Que el numeral 1 del artículo 338 del Código Orgánico Monetario Financiero establece que el Fondo de Liquidez podrá realizar las siguientes operaciones activas: a. Créditos ordinarios, cuyo plao será de un día hábil renovable, que serán otorgados dentro de una línea de crédito para cubrir deficiencias en las cámaras de compensación del Sistema Central de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador; b. Créditos extraordinarios, que no podrán exceder del plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir de su concesión; y, c. Las operaciones señaladas en el artículo 335 y las demá operaciones debidamente autorizadas por el organismo de regulación competente;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante resolución No. 176-2015-F de 29 de diciembre de 2015, xpidió las Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, reformada mediante resoluciones Nos. 203-2016-F de 30 de enero de 2016, 243-2016-F de 5 de mayo de 2016, y 451-2018-F de 14 de septiembre de 2018, normativa que se encuentra contenida en la Sección II Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Capítulo XXIX Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Título II Sistema Financiero Nacional del Libro I Sistema Monetario y Financiero, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en cuyo artículo 22 se extiende a las entidades del sector financiero popular y solidario, el acceso a los créditos corrientes otorgados por el Fondo de Liquidez;

Que en el artículo 22, numeral 7, Parágrafo I «Operaciones Activas», Subsección III «Operaciones del Fondo de Liquidez y de los Fideicomisos que lo Conforman», Sección II Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Secor Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Capítulo XXIX Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, Título II Sistema Financiero Nacional del Libro I Sistema Monetario y Financiero, de la Codificación de Resoluciones citada en el considerando precedente, se establece que la tasa de interés aplicable a los créditos corrientes, será la tasa activa referencial vigente al momento del otorgamiento del crédito más un margen determinado por la COSEDE, de considerarlo necesario;

Que mediante Informe Técnico Jurídico No. CTRE-CTPSF-FL-2018-002, emitido por la Coordinación

Técnica de Riesgo y Estudios y la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos, adjunto al Memorando No. COSEDE-CTRE-2018-0194-M de 02 de octubre de 2018, se recomienda elevar a conocimiento y aprobación del Directorio la Metodología para el cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial y montos máximos aplicables a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez de las entidades del sector financiero popular y solidario;

Que la Gerencia General, mediante memorando No. COSEDE-COSEDE-2018-0107-MEMORANDO de 03 de octubre de 2018, remite al Directorio, el informe técnico jurídico referido en el considerando precedente, que fundamenta la propuesta para que dicho cuerpo colegiado conozca y resuelva sobre la Metodología para el cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial y montos máximos aplicables a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario;

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en sesión ordinaria por medios tecnológicos celebrada el 09 de octubre de 2018, conoció y aprobó la resolución contentiva de la Metodología para el cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial y montos máximos aplicables a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario; y,

En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL

MARGEN ADICIONAL A LA TASA ACTIVA

REFERENCIAL APLICABLE A LOS CRÉDITOS

CORRIENTES DEL FONDO DE LIQUIDEZ DE

LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO

POPULAR Y SOLIDARIO

Artículo 1.- La metodología para el cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial aplicable a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario, determina el margen adicional sobre la tasa activa referencial y la correspondiente tasa de interés aplicable para el otorgamiento de este tipo de créditos, atendiendo al principio de prudencia establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero;

Artículo 2.- El cálculo del margen adicional a la tasa activa referencial aplicable a los créditos corrientes del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario, se realizará de la siguiente forma:

a. La COSEDE remitirá al administrador fiduciario, hasta el décimo quinto día hábil de cada mes, la tasa de interés aplicable para la asignación de créditos corrientes de liquidez;

b. Para el cálculo del margen adicional sobre la tasa activa referencial, y la consecuente tasa aplicable para los créditos corrientes de liquidez, se tomará como información de base la tasa activa referencial y el reporte semanal de tasas de interés activas efectivas por segmento de crédito y subsistema financiero publicados por el Banco Central del Ecuador. La información de

40 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

base corresponderá a la semana previa al envío de la información descrita en el literal a.

c. El margen adicional sobre la tasa activa referencial será proporcional al monto del crédito corriente de liquidez solicitado por la entidad financiera del sector financiero popular y solidario, y al porcentaje que dicho monto represente con relación a los aportes totales al Fondo de Liquidez de la referida entidad.

La COSEDE determinará cinco (5) rangos de monto de crédito corriente de liquidez, en función de los quintiles correspondientes al 50% de los aportes totales de las entidades al Fondo de Liquidez del sector financiero popular y solidario. Estos rangos serán actualizados anualmente, a partir de la fecha de vigencia de esta resolución, por la Gerencia General de la COSEDE.

Rangos del monto de crédito

Rango 1

Primer quintil del 50% de los aportes totales de las entidades

Rango 2

Segundo quintil del 50% de los aportes totales de las entidades

Rango 3

Tercer quintil del 50% de los aportes totales de las entidades

Rango 4

Cuarto quintil del 50% de los aportes totales de las entidades

Rango 5

Quinto quintil del 50% de los aportes totales de las entidades

d. A cada uno de los rangos del monto de crédito, se les asociará con los siguientes cinco (5) valores del porcentaje que dicho monto represente con relación a los aportes totales al Fondo de Liquidez de cada entidad financiera.

Valores con relación a los aportes totales al Fondo de Liquidez

Valor 1

Menor o igual a 10%>.

Valor 2

Mayor a 10% y menor o igual a 20%

Valor 3

Mayor a 20% y menor o igual a 30%

Valor 4

Mayor a 30% y menor o igual a 40%

Valor 5

mayor a 40% y menor o igual a 50%

e. El margen adicional sobre la tasa de interés corresponderá a lo determinado en la siguiente tabla:

Rango de

Monto de

Crédito

Valor con relación a los aportes al Fondo de Liquidez

Menor o igual a 10%

Mayor a 10% y

menor o igual a

20%

Mayor a 20% y

menor o igual a

30%

Mayor a 30% y

menor o igual a

40%

Mayor a 40% y

menor o igual a

50%

Rango 1

0,1d

0,2d

0,3d

0,4d

Rango 2

0,1d

0,2d

0,4d

0,6d

0,8d

Rango 3

0,15d

0,3d

0,6d

0,9d

1,2d

Rango 4

0,2d

0,4d

0,8d

1,2d

1,6d

Rango 5

0,25d

0,5d

1,5d

Nota: d = desviación estándar de las tasas de interés efectivas ponderadas

f. Las tasas de interés efectivas ponderadas se calcularán multiplicando las tasas activas efectivas de la semana previa al envío de información definido en el literal a., por la participación del volumen de crédito de cada segmento de crédito dentro del total de crédito de los sectores cooperativo y mutualista en la misma semana. A partir de las tasas de interés activas efectivas ponderadas se calculará su respectiva desviación estándar (d).

g. La tasa de interés aplicable para la asignación de créditos corrientes de liquidez corresponderá a la tasa activa referencial vigente de la semana previa al envío de información definido en el literal a., más el margen adicional determinado en el literal e. La tasa de interés aplicable no podrá exceder, en circunstancia alguna, la

tasa máxima legal promedio vigente al momento del cálculo establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para determinar la elegibilidad de las entidades del sector financiero popular y solidario para la obtención de créditos corrientes de liquidez, la Gerencia General de la COSEDE se basará en la información que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria le remita, de conformidad con lo previsto en las Normas Generales para el funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 41

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 09 de octubre de 2018.

f.) Dra. Lorena Freiré Guerrero, Presidenta del Directorio.

La doctora Lorena Freiré Guerrero, en su calidad de Presidenta del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, proveyó y firmó la Resolución que antecede, conforme fuere aprobada por el Directorio de la COSEDE en sesión ordinaria por medios tecnológicos celebrada el 09 de octubre de 2018, en el Distrito Metropolitano de Quito.

LO CERTIFICO.

f.) Dra. Nelly Arias Zavala, Secretaria del Directorio.

CERTIFICO: Que la copia fotostática integra de la resolución que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los archivos físico del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.- Quito, 24 de octubre de 2018.

f.) Ing. Luis Velasco Berrezueta, Secretario del Directorio.

N° SIS-DG-2018-014

Ing. Rubén Francisco Robayo Araque

DIRECTOR GENERAL (E)

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911

Considerando:

Que el numeral 2 artículo 18 de la Constitución de la República dispone: «Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: 2.- Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen de fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos ninguna entidad pública negará la información «;

Que el artículo 226 de la Carta Magna establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 227 de la Carta Fundamental del Estado señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que el artículo 233 ibídem expresa: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…) «;

Que el numeral 1 del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), ratificada por el Ecuador mediante Decreto Supremo 1883, publicado en el Registro Oficial No. 801 de 6 de agosto de 1984, señala: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección «;

Que el artículo 96 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana prescribe: «El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social»;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), expresa: «El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s),están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley»;

Que el inciso primero del artículo 2 de la normativa legal antes citada, señala: «La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario «;

Que el artículo 7 ibídem determina la obligación de que todas las instituciones, del Estado detalladas en el artículo 225 de la Constitución de la República y demás consideradas en esta Ley, de difundir a través de un portal de información o página web, la información que se detalla de forma taxativa en sus literales;

Que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en su artículo 12, dispone que todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en

42 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá: «a) Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley; b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y, c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada»;

Que el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece: «Todas las instituciones que se encuentren sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en forma, obligatoria y permanente, a través de su página web, la información mínima actualizada prevista en el artículo 7 de dicho cuerpo legal. Esta información será organizada por temas, en orden secuencial o cronológico, de manera que se facilite su acceso. La información referida en el apartado i) del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información será difundida de manera obligatoria a través del portal www.COMPRASPUBLICAS.gov.ec, con los formatos y contenidos que defina la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Compras Públicas «;

Que el artículo 7 de la norma antes citada señala: «La Defensorio del Pueblo será la institución encargada de garantizar, promocionar y vigilar el correcto ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones públicas y privadas obligadas por la ley a proporcionar la información pública; y, de recibir los informes anuales que deben presentar las instituciones sometidas a este reglamento, con el contenido especificado en la ley. El Defensor del Pueblo está obligado a solicitar a las instituciones que no hubieran difundido claramente la información a través de los portales web, que realicen los correctivos necesarios. Para tal efecto exigirá que se dé cumplimiento a esta obligación dentro del término de ocho días. El Defensor del Pueblo podrá delegar estay las demás facultades asignadas a él por la ley, a sus representantes en las diversas provincias, en aplicación del principio de descentralización y de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo «;

Que, el artículo 2 de la Resolución N° 007- DPE-CGAJ, de 15 de enero de 2015, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 433 de 6 de febrero de 2015, expedida por la Defensoría del Pueblo señala «Los y las titulares de la entidades poseedoras de información pública deberán nombrar mediante acuerdo o resolución a un delegado o delegada que de conformidad con el literal o) delArt. 7 de la LOTAIP será el o la responsable de atender la información pública en la institución y por tanto del cumplimiento de lo previsto en el presente Reglamento»;

Que el artículo 4 de la norma antes citada estipula: «El artículo 7 de la LOTAIP, establece la información mínima que debe ser publicada en los sitios web de todas las entidades poseedoras de información pública. Para el cumplimiento de esta obligación las entidades poseedoras de información pública deberán disponer de un link denominado TRANSPARENCIA en la barra horizontal del menú principal de su sitio web, que sea visible y de fácil acceso»;

Que el artículo 8 ibídem indica: «Las autoridades de las entidades poseedoras de información pública, deberán establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del Comité de Transparencia así como su integración y funciones. Dicho Comité será la instancia encargada de vigilar y de hacer cumplir la LOTAIP y los instrumentos dispuestos por la Defensoría del Pueblo «;

Que, el artículo 9 de la Resolución No. 007- DPE-CGAJ determina la responsabilidad del Comité de Transparencia sobre la recopilación, revisión y análisis de la información; así como la aprobación y autorización para publicar la información en los links de transparencia en los sitios web institucionales y la elaboración y presentación del informe anual a la Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho a la información pública para el cumplimiento establecido en el artículo 12 de la LOTAIP;

Que el Decreto Ejecutivo N° 988 de 29 de diciembre de 2011, publicado en el Registro Oficial N° 618 de 13 de enero de 2012, regula la implementación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, como herramienta tecnológica integradora de los servicios de emergencia que prestan los Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud;

Que la Disposición General del Decreto Ejecutivo N° 031 de 24 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 44 de 25 de julio de 2013, el señor Presidente Constitucional de la República señala: «Concédese al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 la calidad de «Servicio» en los términos de la letra h) del Artículo 10.1 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y, por tanto, personalidad jurídica como organismo público con autonomía administrativa, operativa y financiera, y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito, conformado por centros operativos a nivel nacional»;

Que mediante Resolución N° SIS-DG-2015-002 de 30 de marzo de 2015, suscrita por el Ing. Christian Rivera Zapata, en su calidad de Director General, resuelve «Conformar el Comité de Transparencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911»;

Que mediante Resolución N° SIS-DG-2018-001 de 02 de enero de 2018, se resolvió: «Expedir los «PARÁMETROS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911»;

Que el Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en sesión No. CI-SIS-ECU911-2018-031, de 18 de junio de 2018, mediante Resolución No. 177-CI-SIS-2018, de la fecha antes señalada, resolvió encargar al Ing. Rubén Francisco Robayo Araque, como Director General (E) del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, disposición que reposa en la Acción de Personal No. ENC-002 de 19 de junio de 2018;

Que mediante Acta Reunión del Comité de Transparencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de 07 de septiembre de 2018, se compromete al Director de Asesoría Jurídica, a realizar la Resolución Derogatoria a la Resolución No. SIS-DG-2018-001, de 02 de enero de 2018

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 43

a misma que deberá acoger las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente;

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 77 número 1 letra e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Resuelve:

Expedir los «PARÁMETROS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

Artículo 1.- Objeto.- El presente instrumento tiene por objeto establecer la normativa interna y los procedimientos para regular de manera adecuada la conformación, integración y funciones del Comité de Transparencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; a fin de garantizar de manera oportuna la publicación y difusión de la información pública en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente resolución son de aplicación general y obligatoria para todas las autoridades, servidores/as y trabajadores/as que laboran en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Artículo 3.- Comité de Transparencia.- El Comité de Transparencia estará integrado por: el o la Director/a General o su delegado; él o la Director/a de Servicios Procesos y Calidad; él o la Director/a de Asesoría Jurídica; él o la Director/a de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos; él o la Director/a de Administración de Recursos Humanos; él o la Director/a Financiera; él o la Director/a de Comunicación Social; él o la Director/a Administrativo/a; él o la Director/a de Planificación e Inversión, Dirección de Gestión Documental y Archivo o sus respectivos delegados.

Artículo 4.- Funciones.- El Comité de Transparencia, ejercerá las siguientes funciones:

Recopilar, revisar, analizar y autorizar la información;
Aprobar y autorizar mediante el documento «Matriz Resumen» la publicación de la información institucional en el link de TRANSPARENCIA del sitio web del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución N° 007-DPE-CGAJ de la Defensoría del Pueblo;
Vigilar y hacer cumplir la LOTAIP, los instrumentos dispuestos por la Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones comprendidas en la presente resolución;
Presentar a el/la Director/a General del SIS ECU 911, un informe mensual, certificando el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y comunicando de ser el caso, sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o correctivos, de conformidad con el artículo 15 de la Resolución N° 007-DPE-CGAJ;

Elaborar y presentar para aprobación de la máxima autoridad institucional, el informe anual dirigido a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, en arreglo a lo establecido por el artículo 12 de la LOTAIP;
Proponer a la máxima autoridad, reformas a la normativa interna de la Institución que tengan por objeto regular la gestión del Comité de Transparencia;

g) El Comité de Transparencia elegirá un/a Secretario/a de una terna presentada por su Presidente/a, mismo que ejercerá las funciones establecidas para el efecto en el presente instrumento. El/la Secretario/a será elegido con el voto conforme de al menos un tercio de los integrantes del Comité, si no se cumpliere está condición el Comité por mayoría simple determinará el mecanismo de selección correspondiente.

Artículo 5.- Responsable Institucional y/o Presidente (a) del Comité.- Designar como Presidente/a del Comité de Transparencia a la Directora de Servicios Procesos y Calidad del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, o quien hiciere sus veces; funcionario/a que está obligado/a a cumplir las disposiciones previstas en la Ley y la presente Resolución. Ejercerá las siguientes funciones, de conformidad a lo señalado en Guía para el cumplimento de las Entidades Obligadas con la LOTAIP:

Aprobar y autorizar la publicación de la información institucional en el link de transparencia del sitio Web del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en el tiempo establecido para el efecto;
Aprobar y autorizar el envío del informe mensual al Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, certificando el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, alertando sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o correctivos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ emitida por el Defensor del Pueblo;
Incluir en el citado informe dirigido a la máxima autoridad institucional la puntuación mensual obtenida por la institución, producto de la autoevaluación de monitoreo que, de conformidad con el Art. 19 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ emitida por el Defensor del Pueblo, deben realizar todas las entidades sujetas al cumplimiento de la LOTAIP, para lo cual deberá utilizar los parámetros de calificación establecidos en el instructivo de monitoreo.

Art. 6.- Responsable de la Secretaría del Comité.- Designar como Secretario/a del Comité de Transparencia a la Directora Nacional de Gestión Documental del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, o quien hiciere sus veces, funcionario/a que está obligado/a a cumplir las disposiciones previstas en la Ley y la presente Resolución, funcionario/a que está obligado/a a cumplir con las siguientes funciones:

a) Elaborar las actas de las reuniones, dando fe de la veracidad de su contenido, con el visto bueno del o la Presidente/a del Comité de Transparencia;

44 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Custodiar y archivar la documentación de todas las unidades de la información que es aprobada por el comité, garantizando el acceso a la misma de cualquier miembro del comité;
Recopilar la información generada por las unidades poseedoras de la información, la que será validada y aprobada por el comité de transparencia, para lo cual utilizará como medio de comunicación e intercambio de información entre el comité y las unidades poseedoras de la información de la institución el siguiente correo electrónico: [email protected];
Realizar las convocatorias a las reuniones del comité;
Apoyar en sus funciones al o la Presidente/a del comité;
Elaborar las convocatorias para las reuniones, por disposición de el/la Presidente/a del Comité de Transparencia, mismas que contendrán fecha, hora, orden del día, lugar y documentación de los temas a tratarse;
Constatar el quórum en cada sesión e informar a el/la Presidente de Transparencia si se cuenta con el quórum reglamentario;

h) Dar lectura al orden del día respectivo y al acta de la sesión anterior aprobada;

i) Elaborar las actas de las sesiones dando fe de su veracidad y contenido;

j) Mantener y custodiar los expedientes del Comité de Transparencia que contendrá las actas de sesiones debidamente codificadas, convocatorias, listado de asistencias, órdenes del día, informes y otros documentos relacionados a la gestión del Comité, mismos que serán entregados mediante acta entrega recepción cuando culmine sus funciones;

k) Conceder copias certificadas de la documentación que reposa en los expedientes, cuando le sean requeridas previa aprobación de el/la Presidente/a de Transparencia; y,

l) Otras funciones que le sean atribuidas por el comité.

Artículo 7.- Unidades poseedoras de la información. – Las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) serán las responsables de la generación, custodia y producción de la información para el reporte que realiza el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en tal virtud, dichas Unidades serán responsables de la calidad, veracidad y oportunidad en la entrega de la misma. Las UPI tendrán las siguientes funciones:

Remitir de manera formal a el/la Presidente/a del Comité de Transparencia la información correspondiente de acuerdo a la presente Resolución, dentro del plazo de los cinco (5) primeros días de cada mes;
Cumplir con la plantilla al enviar la información, para el efecto se atenderá únicamente los parámetros técnicos y las matrices homologadas establecidas por la Resolución N° 007-DPE-CGAJ, emitida por la Defensoría del Pueblo; así como, aquellas que determine dicha institución en el ámbito de sus competencias;
Cumplir con los Anexos en formatos PDF (sin tildes); y,

d) Mantener por el plazo mínimo de dos (2) años, la información remitida al Comité para su respectivo registro en la página web institucional.

Artículo 8.- Dirección Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para emergencias.- La Dirección Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para emergencias, tendrá la siguiente función:

a) Subir al servidor designado para el efecto, por parte de la Dirección Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para emergencias, los anexos correspondientes, verificando que estos se encuentren con el hipervínculo correcto y validar la visualización de la información, e informar vía correo electrónico las novedades a él o la Presidente/a del Comité de Transparencia en el plazo de los primeros nueve (9) días de cada mes.

Artículo 9.- Comunicación Social.- La Dirección de Comunicación Social, tendrá la siguiente función:

a) Actualizar y publicar en el link de transparencia del portal web del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, toda la información establecida en el artículo 7 de la LOTAIP y validar la visualización de la información, e informar vía correo electrónico las novedades a él o la Presidente/a del Comité de Transparencia en el plazo de los primeros diez (10) días de cada mes.

Artículo 10.- Determinación de las Unidades Poseedoras de Información.- Las Unidades Poseedoras de la Información (UPI), son aquellas unidades administrativas o instancias que generan, producen o custodian información institucional que tiene el carácter de pública y que de acuerdo con la Ley debe ser difundida obligatoriamente a través de los respectivos enlaces:

Literal

Descripción del literal Art. 7 LOTAIP

Unidad Poseedora de la Información

a1)

Estructura orgánica funcional

Dirección de Administración de Recursos Humanos

a2)

Base legal que la rige

Dirección de Asesoría Jurídica

a3)

Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Dirección de Asesoría Jurídica

a4)

Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos

b1)

Directorio completo de la institución

Dirección de Administración de Recursos Humanos

b2)

Distributivo de personal

Dirección de Administración de Recursos Humanos

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 45

La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Dirección Financiera

Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Dirección de Servicios, Procesos y Calidad.

Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas

Dirección de Asesoría Jurídica

f1)

Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción.

Dirección de Comunicación Social

f2)

Formato para solicitudes de acceso a la información pública

Dirección de Comunicación Social

Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuéstales, así como la liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos

Dirección Financiera

Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Dirección General

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, se adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obra, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones permisos o autorizaciones

Dirección Administrativa

Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

Dirección Administrativa

Planes y programas de la institución en ejecución

Dirección de Planificación e Inversión

El detalle de los contratos de crédito externos o internos, se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Dirección Financiera

Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño

Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Dirección Financiera

El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley

Dirección de Gestión Documental y Archivo

Artículo 11.- Información no aplicable e información no disponible.- Cuando la información requerida en alguno de los literales del artículo 9 no sea aplicable a un área obligada al cumplimiento de la misma, se deberá señalar expresamente en la matriz que el contenido «NO APLICA» con la respectiva nota aclaratoria en la que se describirá las razones por las que la institución no cuenta con esa información, de lo que será responsable la o el Presidente/a del Comité.

Adicionalmente cuando la institución por alguna circunstancia excepcional no pueda publicar la información, se deberá incluir una nota aclaratoria explicativa en la que se señale los motivos por los que la información no se encuentra publicada en el link de transparencia del sitio web institucional. Ninguna matriz homologada o sus casilleros podrán quedar en blanco, ya que esto podría confundir y emitir percepciones erróneas a la ciudadanía, para lo cual se reitera que es necesaria la inclusión de notas aclaratorias para evitar interpretaciones que no correspondan.

Artículo 12.- Funcionamiento y quórum del Comité de Transparencia.- El Comité de Transparencia del Servicio

Integrado de Seguridad ECU 911, es permanente y se reunirá periódicamente según lo establece la Resolución No. 007-DPE-CGAJ o cuando las circunstancias así lo ameriten, mediante convocatoria de su Presidente/a, a través del correo institucional creado para la comunicación e intercambio de información con las unidades poseedoras de la información.

La asistencia de sus integrantes será obligatoria con el propósito de cumplir con los fines para los cuales ha sido conformado.

La convocatoria a las sesiones ordenada por la o el Presidente/a, se realizará como mínimo con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, por medio físico o electrónico. En el texto de la convocatoria se hará constar el orden del día.

El quórum para las sesiones del Comité se verificará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones del Comité serán válidas si cuentan con el voto uniforme de la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes.

46 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

El/la Presidente/a tendrá el voto dirimente sobre las decisiones en caso de empate en las votaciones del Comité.

Artículo 13.- Resoluciones.- Las resoluciones que adopte el Comité de Transparencia serán ejecutadas inmediatamente por las unidades administrativas involucradas en dichas decisiones. La máxima autoridad de la respectiva unidad administrativa informará al Comité de manera oportuna sobre su cumplimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese la Resolución N° SIS-DG-2015-001 de 02 de enero de 2018.

Se derogan todas las disposiciones administrativas internas que se opongan a la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Suscrita en tres (3) ejemplares del mismo valor y contenido, en el despacho del Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el 28 de septiembre de 2018.

f.) Ing. Rubén Francisco Robayo Araque, Director General, (E), Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

No. 086A-2018

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial… «;

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: «El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarías y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá deforma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas…»;

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. «;

Que el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.»;

Que el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades»;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple»;

Que el artículo 58 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece: «La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución»;

Que el artículo 62 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe: «La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días…»;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que el artículo 170 de la Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, establece: «Las entidades y organismos del sector público deberán dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada, y si implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiará con cargo a las asignaciones

Registro Oficial N° 372 Miércoles 21 de noviembre de 2018 – 47

presupuestarias de la respectiva entidad u organismo, para lo cual si es necesario se realizarán las reformas respectivas en el gasto no permanente. Los recursos de la Cuenta Única del Tesoro son inembargables y no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio, medida preventiva ni cautelar….»;

Que mediante expediente administrativo OF-532-UCD-2011-PM, seguido en contra de la servidora judicial doctora María Leonor Jiménez Camposano, el Pleno del Consejo de la Judicatura de transición emitió dos resoluciones; la primera de 22 de noviembre de 2011, en la cual, fue destituida la mencionada servidora judicial; y, la segunda de 12 de enero de 2012, mediante la cual, se niega el pedido de revocatoria solicitado por parte de la servidora judicial;

Que la doctora María Leonor Jiménez Camposano, presentó ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayas, recurso subjetivo o de plena jurisdicción, en contra de las resoluciones dictadas por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en el expediente administrativo OF-532-UCD-2011-PM, el 22 de noviembre de 2011 y el 12 de enero de 2012, respectivamente;

Que mediante sentencia de 22 de junio de 2018, dentro del juicio 09801-2012-0308, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, respecto a la demanda contencioso administrativa, presentada por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, resuelve «…declara parcialmente con lugar la demanda presentada por la Ab. María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura en Transición y se declara la nulidad de resoluciones de fechas 22 de noviembre del 2011 y del 12 de enero del 2012., dictadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición dentro del Expediente Disciplinario No. OF-532-UCD-011-PM (0012-2011), respecto de la accionante se dispone el reintegro de la accionante al cargo que venía ocupando como Jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, más no al cargo de Presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en razón que dicho cargo, es producto de la decisión de un cuerpo colegiado que no depende de la administración del Consejo de la Judicatura; y, consecuentemente, el pago de las remuneraciones y demás beneficios de ley, dejados de percibir desde su destitución hasta su efectivo reintegro, los valores a cancelar se calcularan pericialmente…»;

Que mediante escrito de 26 de julio de 2018, suscrito por al abogado Luis Fernando Ávila Lizán, Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, delegado de la Dirección General, se presentó recurso de Casación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, dentro del juicio 09801-2012-0308;

Que mediante auto de 1 de agosto de 2018, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, dispuso: «…El recurso de casación formulado ha sido presentado dentro del término que para el efecto lo establece el Art. 5 de la Ley de Casación. TERCERO: El recurso satisface las exigencias que para su admisibilidad establecen los artículos 6 y 7 de la Ley de Casación. Sin otras consideraciones se

admite el recurso de casación formulado por el Ab. Luis Fernando Ávila Linzán, Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y Delegado del Doctor Juan Vizueta Ronquillo, Director General del Consejo de la Judicatura. Se dispone que la secretaria previas formalidades de estilo y de Ley se remita el proceso a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justiciad;

Que mediante Resolución de Inadmisibilidad del recurso de Casación, de 23 de agosto de 2018, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, resolvió: «…Por lo expuesto: 1.- Se INADMITE a trámite el recurso de casación interpuesto por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y delegado del Director General del Consejo de la Judicatura. 2.- Se INADMITE a trámite el recurso de casación interpuesto por el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado.- Actúe la doctora Nadia Armijos Cárdenas como Secretaria Relatora, de conformidad con la acción de personal N° 6935-DNTH-2015-KP de 1 de junio de 2015»;

Que mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2018, suscrito por al abogado Luis Fernando Ávila Lizán, Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, delegado de la Dirección General, presentó Recurso de Aclaración ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia;

Que mediante auto de 10 de septiembre de 2018, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, decide: «La resolución emitida no contiene aspectos oscuros que ameriten una aclaración, por lo que NIEGA el recurso horizontal de aclaración presentado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura…»;

Que mediante escrito de 1 de octubre de 2018, suscrito por el abogado Luis Fernando Ávila Lizán, Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, delegado de la Dirección General, presentó Acción Extraordinario de Protección en contra del auto de inadmisión de 23 de agosto de 2018 y el auto de negativa al pedido de aclaración de 10 de septiembre de 2018, emitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia;

Que mediante auto de 1 de octubre de 2018, dentro del juicio contencioso administrativo 09801-2012-0308, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, notificó al Consejo de la Judicatura con el mandamiento de la ejecución correspondiente, señala: «…En virtud de que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia resolvió inadmitir el Recurso de Casación formulado por las partes demandadas, este Tribunal dispone la EJECUCIÓN del fallo dictado en la presente causa que obra de fojas 966 a 980, de los autos, el cual en su parte resolutiva establece: «se declara la nulidad de resoluciones de fechas 22 de noviembre del 2011 y del 12 de enero del 2012., dictadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición dentro del Expediente

48 – Miércoles 21 de noviembre de 2018 Registro Oficial N° 372

Disciplinario No. OF-532-UCD-OU-PM (0012-2011), respecto de la accionante se dispone el reintegro de la accionante al cargo que venía ocupando como Jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, más no al cargo de Presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en razón que dicho cargo, es producto de la decisión de un cuerpo colegiado que no depende de la administración del Consejo de la Judicatura; y, consecuentemente, el pago de las remuneraciones y demás beneficios de ley, dejados de percibir desde su destitución hasta su efectivo reintegro, los valores a cancelar se calcularan pericialmente.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese.-«.- En consecuencia, se considera: PRIMERO: Conceder el término de cinco días a la entidad accionada, CONSEJO DE LA JUDICATURA para que reintegre a la accionante, DRA. MARÍA LEONOR JIMÉNEZ CAMPOSANO al cargo de Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la que deberá expedir el nombramiento de la actora y hacer saber a este Tribunal el cumplimiento de lo dispuesto.- SEGUNDO: De conformidad con lo ordenado en sentencia y de acuerdo a lo establecido en el segundo inciso del artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, en el término de treinta días el Consejo de la Judicatura, realice la liquidación y pago de los valores que le corresponden recibir al accionante por concepto de remuneraciones dejadas de percibir desde el momento de su destitución hasta la reincorporación a supuesto de trabajo…»;

Que mediante Memorando CJ-DNJ-2018-1083-M, de 3 de octubre de 2018, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, pone en conocimiento de la Dirección General, lo dispuesto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, dentro del juicio 09801-2012-0308, instaurado por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura, señala: «Por lo expuesto, y toda vez que la sentencia emitida el 22 de junio de 2018, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil se encuentra ejecutoriada, el Consejo de la Judicatura debe dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha autoridad jurisdiccional;

Que mediante Memorando circular C J-DG-2018-0726-MC, de 12 de octubre de 2018, la Dirección General, dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano y al Dirección Provincial de Guayas, dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, dentro del juicio 09801-2012-0308, instaurado por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura. Además, que se tome en cuenta los términos concedidos por el órgano jurisdiccional al Consejo de la Judicatura;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria de 16 de octubre de 2018, pone a consideración el caso de la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en el cual, reflexiona y expone que es un caso de persecución política en contra de la ex servidora judicial, por tal motivo una institución como el Consejo de la Judicatura no puede violar los derechos de ningún ciudadano consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, a su vez, no puede ser partícipe de persecuciones o arbitrariedades que atenten a un servidor o a un ciudadano del Ecuador;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por mayoría,

RESUELVE:

Artículo 1.- Desistir de la Acción Extraordinaria de Protección que el Consejo de la Judicatura presentó el 1 de octubre de 2018, en contra del auto dictado el 23 de agosto de 2018 y el auto de negativa al pedido de aclaración de 10 de septiembre de 2018, emitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio 09801-2012-0308, instaurado por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Continuar con el trámite correspondiente para hacer efectivo el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, dentro del juicio 09801-2012-0308, instaurado por la doctora María Leonor Jiménez Camposano, en contra del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Financiera; y, la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyaín, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.