Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 09 de Mayo de 2018 (R. O. 237, 09-mayo -2018) Suplemento

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETO:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

382…….. Acéptense las renuncias presentadas por el señor César Antonio Navas Vera como Ministro del Interior; y, por el señor Patricio Zambrano Restrepo como Ministro de Defensa Nacional

RESOLUCIONES:

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR:

SENAE-DDH-2018-0254-RE Deléguense funciones y atribuciones al Director (a) de Despacho y Zona Primaria de la Dirección Distrital de Huaquillas

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

046-2018 Apruébese el informe de reconsideraciones; y, el informe final de resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, periodo octubre 2016 a septiembre 2017

051-2018 Créese la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha Contra el Crimen Organizado; y, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha Contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-…………. Cantón Quinindé: Sustitutiva que reglamenta la determinación, control y recaudación del impuesto de patentes municipales

2 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

No. 382

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que, el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador establece como atribución del Presidente de la República dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;

Que, el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador señala que constituye atribución del Presidente de la República el nombrar remover a las ministras y ministros de Estado y a los demás servidores y servidoras públicas cuya nominación le corresponda;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo del 2017, se designó como Ministro del Interior al señor César Antonio Navas Vera;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 159 de 15 de septiembre del 2017, se designó como Ministro de Defensa Nacional al señor Patricio Zambrano Restrepo; y.

Que, los precitados funcionarios han presentado sus renuncias a los respectivos ministerios.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 5 y 9 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,

Decreta:

Artículo 1.-Aceptar las renuncias presentadas por el señor César Antonio Navas Vera como Ministro del Interior; y, por el señor Patricio Zambrano Restrepo como Ministro de Defensa Nacional.

Artículo 2.-Agradecer a los señores César Antonio Navas Vera y Patricio Zambrano Restrepo por los leales servicios prestados a la Patria.

Artículo 3.- Designar como Ministro del Interior al señor Lino Mauro Toscanini Segale.

Artículo 4.- Designar como Ministro de Defensa Nacional al señor Raúl Oswaldo Jarrín Román.

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Cuenca, a 27 de abril del 2018.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 27 de abril del 2018, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Nro. SENAE-DDH-2018-0254-RE

Huaquillas, 09 de marzo de 2018

DIRECCIÓN DISTRITAL DE HUAQUILLAS

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona Jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y reglamentarla en materia aduanera;

Que, el artículo 217 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece, que las Direcciones Distritales comprenden las áreas territoriales donde el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador ejerce todas las atribuciones operativas y demás que le asigne este Código y su reglamento.

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado dispone que todas las facultades y atribuciones

Registro Oficial N° 237 – Suplemento Miércoles 9 de mayo de 2018 – 3

de las autoridades administrativas, entre las que se encuentran comprendidas las autoridades aduaneras, cuyas atribuciones y facultades establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, por expresa disposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano, puedan ser, delegadas cuando la importancia económica y/o geográfica de la zona así lo amerite;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: «/as atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley o por decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial…», en concordancia con los artículos 56 dispone: «… Las atribuciones propias de las diversas autoridades de la Administración serán delegables en los órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. Salvo autorización expresa de una ley no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación…» artículo 57 dispone: «… La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó».

Que mediante Resolución No. 282-2011 de fecha 25 de mayo del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 244 (Edición Especial) de fecha 10 de febrero del 2012, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, definiendo la estructura de las Direcciones Distritales en su base legal y direccionamiento estratégico institucional.

El Art. 59 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala la responsabilidad del delegado respecto de los actos que celebre amparado en esta delegación.

Considerando que el Servicio de Aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y demás normas aplicables; y que tiene por objeto facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías, conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas

de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la normativa adoptada por el Ecuador en los convenios Internacionales.

En tal virtud, el Director Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador, en el ejercicio de las competencias establecida en los literales a) y r) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicada el 29 de diciembre del 2010, en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, en concordancia Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativa de la Función Ejecutiva, y por no existir disposición legal expresa que prohíba la delegación de atribuciones en materia aduanera, la Dirección Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,

Resuelve:

PRIMERO- Delegar al DIRECTOR (a) DE DESPACHO Y ZONA PRIMARIA de la Dirección Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, las siguientes funciones y atribuciones administrativas y operativas dentro del ámbito de su competencia:

a.) Las comprendidas en el artículo 131 del Código Orgánico de la Producción, Comercio, e Inversiones, correspondiente a la carga y descarga cuando por motivos de cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías, se podrá autorizar la descarga fuera de los lugares habilitados para el efecto, así como la descarga directa de las mercancías del vehículo transportador a un depósito, patio o local de su propiedad, debidamente autorizado y delimitado por la autoridad aduanera , ubicado fuera de la zona portuaria o aeroportuaria, donde permanecerán bajo potestad aduanera y sin derecho a uso, mientras se cumple el trámite aduanero respectivo, todo aquello de acuerdo a las disposiciones contenidas en los reglamentos que se dicten para el efecto;

b.) Las comprendidas en los literales a) y b) del artículo 218, concordante con lo establecido en los artículos 104 y 128, del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, respecto a autorizar las operaciones aduaneras necesarias para la separación de mercancías de prohibida importación que no puedan continuar con el trámite de nacionalización o reembarque, y su respectiva entrega a la autoridad pertinente (AGROCALIDAD, IEPI, REGISTRO SANITARIO, ETC.);

c.) Las comprendidas en los literales a) y b) del artículo 218, concordante con lo establecido en los artículos Art. 142(Abandono tácito) y 143 (Abandono Definitivo), Art. 204 (Destrucción de mercancías o entrega de mercancías a las autoridades competentes), 162 (Reembarque) del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, así como también la autorización de la operación aduanera de embarques

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parciales, dentro del ámbito de su competencia para lo cual podrá disponer de las operaciones aduaneras previas y posteriores necesarias para su cabal cumplimiento;

d.) Autorizar la corrección de manifiestos de carga de los documentos de importación y documentos relacionados que sea procedente;

e.) Autorizar mediante hoja de cambio externa la corrección de errores en los manifiestos que no provengan de un acto doloso;

f.) Autorizar las operaciones aduaneras necesarias referente a control de etiquetado para las importaciones de productos alcohólicos y cervezas, y de rotulado autorizado por el órgano encargado o quien haga sus veces;

g.) Las comprendidas en el literal b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en concordancia con el Art. 128 ibídem, respecto a verificar, aceptar u observar las declaraciones aduaneras, autorizar las operaciones aduaneras y realizar el control de las mercancías que ingresan al país o salgan de él, relacionados con:

1. La autorización del régimen aduanero de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 150 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
2. La aceptación mediante acto administrativo motivado, de copias debidamente notarías o consularizadas, conforme a lo establecido en la Ley de Modernización del estado y demás normativa aplicable, según el caso.
3. Verificar, aceptar u observar la declaración sustitutiva, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 145 tercer inciso del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
4. Autorizar el levante con garantía.
5. Autorizar la correspondiente re-determinación tributaria en base a mercancías faltantes y sobrantes que se detecten en el aforo físico siempre y cuando no esté tipificado como delito aduanero.
6. Autorizar el fraccionamiento documental con DAU y autorizar la re-determinación tributaria.
7. Autorizar las operaciones aduaneras de inspección o constatación física, necesarias para la efectiva re-determinación tributaria.
8. Autorizar el cambio de agente de aduanas conforme a las normas establecidas para el efecto;

h.) La facultad de realizar las correcciones en las declaraciones, por errores en el Certificado de Aduana

de Matriculación Vehicular (CAMV o RAMV), siempre y cuando haya constatado que se deriva de un error que no cause perjuicio al Fisco Aduana y por ende no exista presunción de delito aduanero;

i.) Las comprendidas en los literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, en lo referente a lo dispuesto en el artículo 126 (Devolución de mercancías), 154 (Exportación Definitiva), 155 (exportación temporal para reimportación en el mismo estado), Art. 156 (exportación temporal para perfeccionamiento pasivo);

j.) Las comprendidas en los literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, en lo referente autorizar la prórroga del plazo para la transmisión o presentación de la Declaración Aduanera;

k.) Las comprendidas en el artículo 128 del Código Orgánico de la producción Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, en lo referente a la dar agilidad para las exportaciones calificadas como material bélico realizadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerando para aquello que conforme lo estatuido en el tercer inciso del Art. 138 del COPCI, para estos casos se exceptúa de la presentación de la declaración aduanera;

l.) Las comprendidas en el artículo 128 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, en lo referente a la emisión de actos administrativos controles y demás acciones pertinentes con relación a la CARGA NO EXPORTADA;

m.)Autorizar mediante hoja de cambio externa la corrección de errores en la DAU que no provengan de un acto doloso;

n.) Las comprendidas en el literal q) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, correspondiente al desaduanamiento directo de las mercancías, excepto las importaciones de billetes y monedas realizadas por el Banco Central del Ecuador, las que sean de peligro o riesgo eminente para la seguridad o salud de las personas;

ñ.) Las comprendidas en el literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones concordante con los Arts. 128 (Operaciones Aduaneras) y 137 (Traslado) Ibídem, dentro del ámbito de su competencia y de las unidades bajo su cargo, con relación a la ejecución de las operaciones aduaneras, esto es: traslado de mercancías entre distritos, considerando las solicitudes que presente los consignatarios;

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o.) Las comprendidas en el literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, concordante con lo establecido en el artículo 122, Art. 114, lit. f) Ibídem, respecto de mercancías en instalaciones industriales autorizadas para operar habitualmente bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo;

p.) Las comprendidas en el literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, concordante con lo establecido en el artículo 125 literal m) Ibídem;

q.) Las comprendidas en los literales a), b), m), n), o) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en coordinación y cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 174 Ibídem y demás reglamentos que se dicten para el efecto, relacionados con el Capítulo IX de Regímenes especiales de la decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los siguientes artículos:

1. Art. 148. Admisión temporal para rexportación en el mismo estado.
2. Art. 126. Reimportación de mercancías en el mismo estado.
3. Art. 149. Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
4. Art. 151. Transformación bajo control aduanero.
5. Art. 152. Depósito aduanero.
6. Art. 153. Reimportación en el mismo estado.
7. Art. 155. Exportación temporal para importación en el mismo estado.
8. Art. 156. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.
9. Art. 158. Almacenes libres.
10. Art. 159. Almacenes especiales.
11. Art. 160. Ferias internacionales.
12. Art. 161. Transito aduanero.
13. Art. 169. Cambio de régimen.

r.) Las comprendidas en el literales a) y b) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, concordante con lo establecido en el artículo 137 Ibídem, dentro del ámbito de su

competencia, con relación a la ejecución de las operaciones aduaneras de traslados de mercancías entre depósitos aduaneros; y,

s.) Las comprendidas en el Art. 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia con relación a la transferencia a terceros de mercancías sujetas al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, observando el reglamento al presente código y las disposiciones dictadas para el efecto por la administración aduanera.

t.) Las contempladas en el literal f) del Art. 218 en concordancia con el Art. 190 y 193 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, respecto de la imposición de contravenciones y faltas reglamentarias dentro del ámbito de su competencia y atribuciones delegadas, excepto aquellos procesos sumarios por contravención derivados de la aplicación de la Disposición General Cuarta del COIP (contrabando, receptación, defraudación aduanera y mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras).

u.) Las comprendidas en el literal i) del artículo 218, en concordancia con el Articulo 123 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, referentes (al Decomiso Administrativo de las mercancías aprehendidas que no se determine propietario en los controles aduaneros y de aquellas mercancía consideradas rezagadas), y en aplicación a las resoluciones, instructivos y demás normativa vigente, dentro del ámbito de su competencia para lo cual podrá disponer de las operaciones aduaneras previas y posteriores necesarias para su cabal cumplimiento.

v.) El control, ejecución, procedimientos administrativos, y demás operaciones aduaneras respecto a los regímenes aduaneros autorizados que requieran un acto administrativo dentro del ámbito de su competencia, se considerarán las resoluciones que se dicten para el efecto, la Decisión 671 de la Comunidad Andina, y demás disposiciones administrativas y reglamentarias aplicables;

PRIMERO.- El funcionario competente para verificar, aceptar u observar las declaraciones aduaneras y reconocimiento físico de mercancías, podrá disponer la extracción de muestras con el fin de determinar la correcta clasificación arancelaria o valoración de las mercancías, y asegurar el cumplimiento de las formalidades aduaneras. La extracción de muestras también podrá ser autorizada a solicitud debidamente motivada por el importador o agente de aduanas, para lo cual se deberá ejercer los controles necesarios sobre las mismas.

SEGUNDO.- El Director de Despacho y Control de Zona Primaria de la Dirección Distrital de Huaquillas

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será el responsable de coordinar con el personal que tenga a su cargo, la emisión de los correspondientes actos administrativos, de los cuales se deberá llevar un control estadístico en cada una de las áreas, teniendo en cuenta que las actuaciones que realicen en el ejercicio de la delegación otorgada en el presente instrumento, recaerá las responsabilidades establecidas en el Art. 221 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

TERCERO.- Para el ejercicio y aplicación de las facultades administrativas y operativas delegadas en el presente instrumento, téngase como aplicables a su vez, todas las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Reglamentos que se dicten para su aplicación, Manuales de Procedimiento, Resoluciones Administrativas emanadas por la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Instructivos, concordantes con todo ordenamiento jurídico jerárquicamente inferior vigente, decisiones de la Comunidad Andina y demás normativa que fuere de conocimiento para su aplicación, no requiriendo para efectos de su ejercicio, ninguna otra delegación expresa de la normativa legal vigente.

CUARTO. – Para el ejercicio y aplicación de las facultades administrativas y operativas establecidas al Director de Despacho y Control de Zona Primaria, deberá considerar la aplicación de lo dispuesto en el literal e) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, así como todas las disposiciones establecidas en el Código Tributario, no requiriendo para efectos de su ejercicio, ninguna otra delegación expresa de la normativa legal vigente.

QUINTO. – Que, el Jefe de documentación y archivo de la Dirección Distrital de Huaquillas notifique del contenido de la presente resolución al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y a los otros departamentos de la Dirección Distrital de Huaquillas. Y en conjunto con el departamento Administrativo Financiero se encarguen de la publicación en el portal Web del SENAE, además de su publicación de la presente resolución en el Registro Oficial para su difusión obligatoria.

SEXTO.- Para el ejercicio y aplicación de las facultades administrativas y operativas delegadas en el presente instrumento, téngase como aplicables a su vez, todas las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Reglamentos que se dicten para su aplicación, Manuales de Procedimiento, Resoluciones Administrativas emanadas por la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Instructivos, concordantes con todo ordenamiento jurídico jerárquicamente inferior vigente, decisiones de la Comunidad Andina y demás normativa que fuere de conocimiento para su aplicación, no requiriendo para efectos de su ejercicio, ninguna otra delegación expresa de la normativa legal vigente.

SÉPTIMO.- El Director de Despacho y Control de Zona Primaria de la Dirección Distrital de Huaquillas será el responsable de coordinar con el personal que tenga a su cargo, la emisión de los correspondientes actos administrativos, de los cuales se deberá llevar un control estadístico en cada una de las áreas, teniendo en cuenta que las actuaciones que realicen en el ejercicio de la delegación otorgada en el presente instrumento, recaerá las responsabilidades establecidas en el Art. 221 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Publíquese la presente resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el Registro Oficial para su difusión y obligatorio cumplimiento.

Dado y firmado en el Despacho Principal de la Dirección Distrital de Huaquillas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a 09 de marzo de 2018.

f.) Ing. Libio Alexander Tituaña, Director Distrital de Huaquillas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. – Dirección Distrital de Huaquillas.- Jefe de documentación y archivo. – Certifico que es fiel copia fotostática del documento que reposa en nuestros archivos. – f.) Ilegible Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

f.) Ing. Libio Alexander Tituaña Córdova, Director Distrital de Huaquillas.

No. 046-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: «(…) El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial»;

Que los numerales 2 y 6 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, señalan: «La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (…) 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. (…) 6. La sustanciación de los procesos e todas las materias,

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instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo»;

Que el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana.

Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales, como condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial.»;

Que los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos»;

Que el artículo 35 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: «Las carreras de la Función Judicial constituyen un sistema mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, estabilidad, evaluación, régimen disciplinario y permanencia en el servicio dentro de la Función Judicial»;

Que el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Las servidoras y servidores de la Función Judicial estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluados nuevamente en un lapso de tres meses; en caso de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos.

Asimismo se evaluará periódicamente la productividad de los órganos de la Función Judicial en beneficio de la sociedad. La evaluación podrá ser sectorizada por cantón, provincia o región. «;

Que el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «La evaluación será periódica, sin

perjuicio de hacerla por muestreo o en caso de que existan irregularidades o problemas por denuncias reiteradas, con alguna servidora o servidor de la Función Judicial»;

Que el artículo 89 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: «El Consejo de la Judicatura determinará los objetivos, normas técnicas, métodos y procedimientos de las evaluaciones, de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos que, sobre la base de parámetros técnicos, elaborará la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura»;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.

El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares…»;

Que los numerales 1 y 10 el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: «1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial (…); y, 10. Expedir (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como función de la Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura: «1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, evaluación, formación profesional y capacitación continua, en el ámbito de su competencia»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de

17 de noviembre de 2016, mediante Resolución 185- 2016, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 912 de 29 de diciembre de 2016, resolvió: «EXPEDIR EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS JUECES DE LA CARRERA JURISDICCIONAL»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de

18 de mayo de 2017, mediante Resolución 074-2017, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial

8 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

No. 24 de 28 de junio de 2017, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 185-2016, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: EXPEDIR EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS JUECES DE LA CARRERA JURISDICCIONAL»;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2018-941-M, de 29 de marzo de 2018, suscrito por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento del doctor Tomás Alvear Peña, Director General, el informe técnico No. DNTH-SE-003-2018 de 28 de marzo de 2018, correspondiente al «Informe de reconsideraciones a los resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, periodo octubre 2016-septiembre 2017»;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2018-0942-M, de 29 de marzo de 2018, suscrito por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe técnico No. DNTH-SE-004-2018 de 28 de marzo de 2018, correspondiente al «Informe final de resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, periodo octubre 2016-septiembre 2017»; y, el proyecto de resolución;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los informes técnicos DNTH-SE-003-2018; y, DNTH-SE-004-2018, de 28 de marzo de 2018, suscritos por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano, correspondientes al «Informe de reconsideraciones a los resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, periodo octubre 2016-septiembre 2017»; y, el «Informe final de resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, periodo octubre 2016-septiembre 2017», respectivamente; y mediante Memorando circular CJ-DNJ-2018-0077-MC, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), remite el proyecto de resolución para: «APROBAR EL INFORME FINAL DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS JUECES DE LA CARRERA JURISDICCIONAL, PERÍODO OCTUBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017′; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE

RECONSIDERACIONES; Y, EL INFORME

FINAL DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE LOS JUECES DE LA CARRERA

JURISDICCIONAL, PERIODO OCTUBRE 2016 A

SEPTIEMBRE 2017

Artículo Único.-Aprobar el informe de reconsideraciones y el informe final de resultados de evaluación de desempeño de los jueces de la carrera jurisdiccional, correspondiente

al periodo 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre del 2017, contenidos en los Memorandos CJ-DNTH-2018-0941-M; y, CJ-DNTH-2018-0942-M, de 29 de marzo de 2018, suscritos por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Disponer a la Dirección General, proceda de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Evaluación de Desempeño para los Jueces de la Carrera Jurisdiccional, estableciendo para el caso de los jueces que obtuvieron calificación deficiente el periodo de su nueva evaluación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus competencias, a la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

f.) Gustavo Jalkh Roben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Certifico que es fiel copia del original que me ha sido presentado.- f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

No. 051-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. «;

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Toda persona tiene derecho

Registro Oficial N° 237 – Suplemento Miércoles 9 de mayo de 2018 – 9

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley»;

Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del cual el estado ecuatoriano es suscriptor, exhorta a los Estados la aplicación de sus normas para fortalecer el combate contra las actividades delictivas en todas sus formas;

Que el numeral 2 del artículo 11 la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, indica: «Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión «;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «…los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios… «;

Que el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: «La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado… «;

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. «;

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: «Competencia es la medida dentro de

la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados. «;

Que los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel, excepto la competencia en razón de fuero. Una misma sala o juzgador del primer nivel, podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias. «;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir, modificar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, en sesión del 13 de abril de 2018, acordó tomar medidas de seguridad para jueces y fiscales que incluyan una jurisdicción unificada a nivel nacional con sede en la capital del Ecuador;

Que mediante Memorandos CJ-DNTG-2018-0172-M; y, CJ-DNTG-2018-0173-M, de 17 de abril de 2018, suscritos por el doctor Esteban Morales Moncayo, Director Nacional de Transparencia de Gestión, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), la «CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES Y TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO «; y, los proyectos de resolución respectivos;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2018-1388-M, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorando circulares CJ-DNJ-2018-0089-MC, CJ-DNJ-2018-0091-MC; y, CJ-DNJ-2018-0093-MC, de 17 de abril de 2018, suscritos por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contienen los proyectos de resolución para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADA EN LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO; Y, EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADO EN LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA «; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

10 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADA EN LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO; Y, EL TRIBUNAL

DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADO EN

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO,

CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA

CAPÍTULO I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS

PENALES ESPECIALIZADA EN LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO, CON SEDE EN LA

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA PICHINCHA Y

PRECISAR SU COMPETENCIA

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Los jueces que integran la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón del territorio para conocer, sustanciar y resolver las infracciones cometidas a nivel nacional, de conformidad con la precisión de competencias en razón de la materia establecida en la presente resolución.

Artículo 3.- Los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón de la materia para:

1. Penal: Conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial a excepción de los numerales 4 y 7, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,
2. Constitucional: Conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 4.- Se precisa la competencia de los jueces que integran la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado para conocer, sustanciar y resolver las causas por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en gran escala, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o

biológicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado.

Artículo 5.- Suprimir la competencia de los demás jueces de primer nivel para los delitos cuya competencia se precisa en la presente resolución.

CAPÍTULO II

CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES

ESPECIALIZADO EN LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO, CON SEDE EN LA

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA PICHINCHA Y

PRECISAR SU COMPETENCIA

Artículo 6.- Crear el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 7.- Los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón del territorio para conocer, sustanciar y resolver las infracciones cometidas a nivel nacional, de conformidad con la precisión de competencias en razón de la materia establecida en la presente resolución.

Artículo 8.- Los jueces del Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón de la materia para:

1. Penal: Conforme lo determinado en el artículo 221 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal;
2. Constitucional: Conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 9.- Se precisa la competencia de los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado para conocer, sustanciar y resolver las causas por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en gran escala, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado.

Artículo 10.- Suprimir la competencia de los demás jueces de los Tribunales de Garantías Penales para los delitos cuya competencia se precisa en la presente resolución.

Registro Oficial N° 237 – Suplemento Miércoles 9 de mayo de 2018 – 11

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE

LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE INTEGRAN

LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES

ESPECIALIZADA EN LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO; Y, DEL TRIBUNAL DE

GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADO EN

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA

Artículo 11.- Para la designación de jueces que serán trasladados a la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado y al Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado se realizará una convocatoria abierta para los jueces de la respectiva categoría de la carrera judicial jurisdiccional.

La comisión de análisis de postulaciones elaborará un informe que se pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para la designación de los jueces que integrarán la Unidad y Tribunal especializados. La Comisión estará integrada por:

a. Delegado de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia;

b. Delegado del Pleno del Consejo de la Judicatura;

c. Delegado de la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial; y,

d. Delegado del Fiscal General del Estado.

El Pleno del Consejo de la Judicatura designará a los jueces considerando el informe que emita la comisión, el mismo que observará los siguientes criterios:

a. Evaluaciones de desempeño;

b. Sanciones administrativas;

c. Carta motivada del postulante para integrar el órgano jurisdiccional respectivo;

d. Carga procesal; y,

e. La comisión a través de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión coordinará con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas para la elaboración del informe respectivo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Respecto a las infracciones flagrantes el juez de turno del lugar donde se cometió la infracción exclusivamente calificará la flagrancia y sin más trámite remitirá el proceso a los jueces competentes para su sustanciación.

SEGUNDA- Las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces unipersonales respecto de los delitos cuya competencia se precisa en la presente resolución seguirán siendo conocidas y resueltas por los mismos jueces hasta antes de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Una vez concluida se remitirá al Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado con sede en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Los recursos de apelación y de hecho serán conocidos y resueltos por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

Asimismo, los recursos de apelación de los procesos que se encuentren en conocimiento de los Tribunales de Garantías Penales, serán conocidos por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; Dirección Nacional de Talento Humano; y, la Dirección Provincial de Pichincha.

SEGUNDA- Notifíquese con esta resolución a la Corte Constitucional a efectos de su conocimiento y consideración en el ámbito de sus competencias.

TERCERA- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, salvo la modificación de competencias que entrará en vigencia a partir del lunes 14 de mayo de 2018.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

f.) Gustavo Jalkh Roben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUININDE,

DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS:

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 238 y el Código Orgánico de Organización

12 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

Territorial Autonomía y Descentralización en sus Artículos 5 y 53 consagran la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados;

Que los Artículos 55 literal e) y 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en concordancia con el Artículo 492 ibídem, establece la facultad de los Concejos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de regular, mediante ordenanzas, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

Que el Artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en concordancia con el Artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

Que el artículo 546 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece el Impuesto de Patentes Municipales;

Que los gobiernos descentralizados autónomos están llamados a fortalecer su capacidad fiscal a fin de disponer de mayores recursos económicos para la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que promuevan el desarrollo integral del cantón;

Expide:

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN DE QUININDE.

CAPÍTULO I

HECHO IMPONIBLE Y

SUJETOS DEL IMPUESTO

Art. 1.- HECHO GENERADOR.- El hecho generador del impuesto es el ejercicio permanente de actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.

Art. 2.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de este impuesto es el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé. La determinación, administración, control y recaudación de este impuesto se lo hará a través de la Dirección Financiera Municipal.

Art. 3.- SUJETO PASIVO.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago anual del impuesto, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras domiciliadas o con establecimiento en el cantón Quinindé, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.

Art. 4.- ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE EMPRESAS EXTRANJERAS.- Para la definición de

establecimiento permanente de empresas extranjeras se aplicará lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario.

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE

PATENTES

Art. 5.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PATENTES.- Todas las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en el cantón Quinindé, que inicien o realicen actividades económicas de forma permanente, están obligadas a inscribirse por una sola vez en el Registro de Patente del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se inician esas actividades.

Art. 6.- DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Los obligados a inscribirse en el registro de patentes deben comunicar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos:

a. Cambio de denominación o razón social;

b. Cambio de actividad económica;

c. Cambio de domicilio;

d. Transferencia de bienes o derechos a cualquier título;

e. Cese de actividades definitiva o temporal;

f. Inactividad de la sociedad por proceso de disolución o liquidación;

g. Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios;

h. Cambio de representante legal;

i. La obtención o extinción de la calificación de artesano por parte de las Junta Nacional de Defensa del Artesano; y,

j. Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos consignados en la inscripción.

CAPÍTULO III

ELEMENTOS PARA LA

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

Art. 7.- EJERCICIO IMPOSITIVO.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1° de enero al 31 de diciembre.

Art. 8.- EXENCIONES.- Estarán exentos del impuesto los artesanos calificados como tales por la Junta

Registro Oficial N° 237 – Suplemento Miércoles 9 de mayo de 2018 – 13

Nacional de Defensa del Artesano y los inmersos en los artículos 37 ordinal 5; y, 47 ordinal 4 de la Constitución de la República del Ecuador. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, podrá verificar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los artesanos y de los exentos para fines tributarios.

Art. 9.- REDUCCIÓN DEL IMPUESTO.- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la Municipalidad, el impuesto se reducirá a la mitad. La

reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores.

Art. 10.- BASE IMPONIBLE.- La base imponible es el patrimonio de los sujetos pasivos del impuesto dentro del cantón, correspondiente al penúltimo ejercicio fiscal respecto del año en que corresponde cancelar el tributo.

Art. 11.- TARIFA.- Para liquidar el impuesto de patentes municipales, se aplicará a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla:

NIVELES

MONTO DEL PATRIMONIO

EXCESO HASTA

%POR RANGOS

MÍNIMO

MÁXIMO

1

0.1

4.000,00

0.50%

10.00

20.00

2

4.000,01

8.200,03

0.53%

21.20

43.46

3

8.200,04

17.220,08

0.55%

45.10

94.71

4

17.220,09

37.023,18

0.58%

99.87

214.73

5

37.023,19

81.451,00

0.62%

229.54

504.99

6

81.451,01

183,264.77

0.65%

529.43

1,191.22

7

183,264.78

421,508.97

0.68%

1,246.20

2,866.26

8

421,508.98

843,017.95

0.72%

3,034.86

6,069.72

9

843,017.96

1.264,526.94

0.75%

6,322.63

9,483.95

10

1.264,526.95

1,833,564.07

0.80%

10,116.22

14,668.51

11

1,833,564.08

2.499,999.00

0.85%

15,585.29

21,249.99

12

2,500.000,00

ADELANTE

1.00%

25,000.00

25,000.00

El impuesto máximo causado no excederá de 25.000 dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 12.- PAGO DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDADES.- Durante el primer y segundo año de actividades, los sujetos pasivos del impuesto pagarán el mismo en base al patrimonio que se refleje en su estado de situación financiera inicial, en la proporción que corresponda al cantón Quinindé, el mismo que deberá ser declarado en el proceso de inscripción del Registro de Patentes.

Art. 13.- SUJETOS PASIVOS QUE REALICEN ACTIVIDADES EN MÁS DE UN CANTÓN.- Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán su declaración del impuesto especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor de la base imponible que corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé.

14 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

CAPITULO IV

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Art. 14.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN.- La determinación del impuesto a la patente anual se efectuará por declaración del sujeto pasivo, o actuación del sujeto activo.

Art. 15.- DETERMINACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.- La administración efectuará las determinaciones directa o presuntiva. La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo y/o sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la base imponible del impuesto. La administración realizará la determinación presuntiva cuando no sea posible efectuar la determinación directa.

Art. 16.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR COEFICIENTES.- En la determinación presuntiva se aplicará coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad económica, que serán fijados mediante resolución expedida por el Alcalde que debe dictarse en los primeros días del mes de enero de cada año. En caso de no expedirse una nueva resolución, se mantendrá vigente la última que se haya emitido. Estos coeficientes se fijarán tomando como base la información de los activos y patrimonio declarados por los sujetos pasivos en períodos anteriores, las informaciones que se obtengan de sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se estimen apropiados.

CAPÍTULO V

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

Art. 17.- PLAZO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO.- El impuesto de patentes municipales se declarará y pagará dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se inician las actividades económicas, o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que termina el año cuando se trate de actividades en curso.

Art. 18.- COBRO DE INTERESES.- Para el cobro de intereses sobre el impuesto de patentes municipales, se estará a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

Art. 19.- COBRO DE MULTAS.- Los sujetos pasivos que no presenten su declaración dentro del plazo establecido en el artículo 17 de esta ordenanza, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del valor de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América. Si de acuerdo a la declaración no se hubiere causado impuesto, la multa por declaración tardía será de 30 dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 20.- RESPONSABILIDAD POR LA DECLARACIÓN.- La declaración hace responsable al declarante por la exactitud y veracidad de los datos que contenga.

CAPÍTULO VI

DIFERENCIAS EN DECLARACIONES

Art. 21.- DIFERENCIAS EN DECLARACIONES.-El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, notificará a los sujetos pasivos las diferencias que haya detectado en sus declaraciones que impliquen valores a favor de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé por concepto de impuestos, intereses y multas, y los conminará para que presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias o justifiquen las diferencias notificadas, en un plazo no mayor a veinte días contados desde el día siguiente de la notificación. El sujeto pasivo podrá justificar, dentro del plazo concedido, las diferencias notificadas por la Administración Tributaria con los documentos probatorios pertinentes.

Art. 22.- LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN.- Si el sujeto pasivo, luego de ser notificado con la respectiva comunicación por diferencias en la declaración, no efectuare la correspondiente declaración sustitutiva para cancelar las diferencias establecidas, ni hubiere justificado las mismas en el plazo otorgado, el Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, emitirá la liquidación de pago por diferencias en la declaración, misma que será notificada al sujeto pasivo, y en la cual se establecerán, en forma motivada, la determinación de valores a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé Municipalidad por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos que correspondan.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN SANCIONADOR

Art. 23.- CLAUSURA.- La clausura es el acto administrativo, por el cual el Director Financiero, por sí o mediante delegación, procede a cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos pasivos, cuando estos incurran en cualquiera de los siguientes casos:

a. Falta de declaración por parte de los sujetos pasivos en las fechas y plazos establecidos para el efecto, aun cuando en la declaración no se cause impuesto; pese a la notificación particular que para el efecto hubiere formulado la Administración Tributaria; y,

b. Reincidir en la falta de entrega de información, exhibición de documentos o falta de comparecencia, requerida por la Administración Tributaria; y.

Previo a la clausura, la Dirección Financiera notificará al sujeto pasivo concediéndole el plazo de ocho días para que cumpla con las obligaciones tributarias pendientes o justifique objetivamente su incumplimiento. De no hacerlo, se notificará con la resolución de clausura, que será ejecutada dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación.

Registro Oficial N° 237 – Suplemento Miércoles 9 de mayo de 2018 – 15

La clausura se efectuará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del establecimiento del sujeto pasivo sancionado.

La sanción de clausura se mantendrá por un período máximo de tres días, pudiendo levantarse antes si el sujeto pasivo cumple totalmente con las obligaciones por las que fue sancionado. Si los contribuyentes reincidieren en las faltas que ocasionaron la clausura, serán sancionados con una nueva clausura por un plazo de diez días, la que se mantendrá hasta que satisfagan las obligaciones en mora.

Art. 24.- DESTRUCCIÓN DE SELLOS.- La destrucción de los sellos que implique el reinicio de actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar las acciones legales pertinentes.

Art. 25.- SANCIÓN POR FALTA DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE PATENTES.- Quienes estando obligados a inscribirse en el Registro de Patentes y a la actualización de la información no lo hicieren dentro del plazo señalado en esta ordenanza en los artículos 5 y 6, respectivamente, serán sancionadas con una multa de $ 30 hasta $ 1.500 dólares de los Estados Unidos de América. El funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado facultado para imponer la sanción, graduará la misma considerando los elementos atenuantes o agravantes que existan y además, el perjuicio causado por la infracción. El pago de la multa no exime del cumplimiento del deber formal que la motivó.

Art. 26.- SANCIÓN POR FALTA DE DECLA­RACIÓN.- Cuando al realizar actos de determinación la administración compruebe que los sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales no han presentado las declaraciones a las que están obligados, les sancionará, sin necesidad de resolución administrativa previa, con una multa equivalente al 5% mensual, que se calculará sobre el monto de los impuestos causados correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las actas de determinación, para su cobro y que no excederá del valor de $ 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, por cada declaración que no se hubiere presentado. Si en el proceso determinativo se establece que el contribuyente no causó impuesto, la multa por falta de declaración será de $ 30 dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 27.- SANCIÓN PARA LOS SUJETOS PASIVOS O TERCEROS.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país así como los terceros, que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria no proporcionen o exhiban información, no comparezcan o, no faciliten a los funcionarios competentes las inspecciones o verificaciones tendientes al control o determinación del impuesto dentro del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una multa de $ 30 hasta $ 1.500 dólares de los Estados Unidos de América. El funcionario municipal facultado para imponer la sanción, graduará la misma considerando los elementos atenuantes o agravantes que existan y además, el perjuicio causado por la infracción. El pago de la multa no exime del cumplimiento del deber formal que la motivó.

Art. 28.- RECARGOS.- La obligación tributaria que fue determinada por el sujeto activo, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, causará un recargo del 20% sobre el principal, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES

Art. 29.- DEBERES FORMALES.- Los sujetos pasivos del impuesto de patente están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario, especialmente con los siguientes:

a. Inscribirse en el registro de patentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;

b. Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;

c. Presentar las declaraciones que correspondan;

d. Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca;

e. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo;

f. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas; y,

g. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.

Art. 30.- REQUERIMIENTOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN CON ORGANISMOS DE CONTROL Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.- Para un control efectivo del cumplimiento cabal de los deberes y obligaciones tributarias de los sujetos pasivos del impuesto de patentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, establecerá convenios interinstitucionales y/o formulará requerimientos periódicos de información a los organismos de control y otras fuentes de información, especialmente: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Bancos, Gremios de Profesionales, Cámaras de Producción, etc.

Art. 31.- DEFINICIÓN DE SOCIEDADES.- Para efectos de esta ordenanza el término sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones;el consorcio de

16 – Miércoles 9 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 237

empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.

Art. 32.- RECLAMOS.- Los contribuyentes, responsables, o terceros que se creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación o los sancionados por contravención o falta reglamentaria, podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA- La presente Ordenanza sustitutiva deroga a la Ordenanza que reglamenta la administración de la patente anual municipal en el cantón Quinindé, publicada en el Registro Oficial N° 90 del 17 de diciembre del año 2009.

DISPOSICIÓN GENERAL.- En caso de duda sobre la aplicación contenido y alcance de esta ordenanza; y, lo no previsto en la misma, se aplicarán como normas supletorias, las contenidas en el COOTAD, en el Código Orgánico Tributario y legislación vigente en el Ecuador sobre la materia.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta ordenanza, entrará en vigencia una vez aprobada en forma legal por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé y sea publicada en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Quinindé a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

f.) Sr. Ángel Raúl Torres Córdova, Alcalde (E) del GAD Municipal de Quinindé.

f.) Ab. Richard Mora Álava, Secretario General del GAD Municipal de Quinindé.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN- El suscrito Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, Certifico que la presente, LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN DE QUININDÉ, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del Concejo los días 18 de enero y 26 de enero de 2018, en primera y segunda instancia, respectivamente.

f.) Ab. Richard Mora Álava, Secretario General del GADMCQ.

Quinindé, 26 de enero de 2018.

SECRETARIA.-Al tenor de lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD), remítase al señor Alcalde, original y copia de, LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN DE QUININDÉ

Dada y firmada en la sala de Sesiones del GAD Municipal del cantón Quinindé, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

f.) Sr. Ángel Raúl Torres Córdova, Alcalde (E) del GAD Municipal de Quinindé.

f.) Ab. Richard Mora Álava, Secretario General del GAD Municipal de Quinindé.

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