Derecho Civil en Ecuador: Personas, Bienes y Contratos | Derecho Ecuador

Derecho Civil

Fundamentos del Derecho Civil en Ecuador. Encuentre doctrinas sobre personas, bienes, contratos, obligaciones y el código civil ecuatoriano.

¿En qué circunstancias y para justificar que hechos se podría aceptar la realización de la inspección judicial?

¿Cuál es la diferencia entre la subrogación y la confusión en el Código Civil en cuanto al pago realizado de una obligación por el garante?

¿Es viable o no conceder desistimiento dentro de los juicios de divorcio por causal?

Qué procedimiento debe seguirse en los casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que no existe trámite para estos casos?

¿Cómo procede la indemnización por daño moral?

¿Cuál es la obligación de los operadores de justicia en desarticular la aplicación de estereotipos de género en la resolución de causas?

¿Cuál es el juez que debe conocer los asuntos de contratos de arrendamiento con el Estado, civil o administrativo?

¿Cuál es el procedimiento para la extinción del usufructo, uso y habitación?

¿Cuáles son los pasos para constituir las sociedades civiles y mercantiles?

¿Cuál es el análisis de interpretación y los efectos de la Opinión Consultiva OC 24/17 y del artículo 67 de la Constitución? ¿Matrimonio igualitario?

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: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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