Avisos Judiciales - Derecho Ecuador

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ANULACON DE REVOCATORIA QUEDA ANULADA Por perdida de la libreta de ahorros Cta. N° 8160700100 Nro. Cartola 17664870064 Cliente CHAVEZ GUEVARA, ERIKA-MARIANA del Banco General...

Tamara Garcés Almeida Notaría Sexta Quito D.M. EXTRACTO NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO: Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública, otorgada ante...

LA COMPAÑÍA CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA., INFORMA QUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECIDIÓ INICIAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA, MOTIVO POR...

EXTRACTO QUITO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2.020 NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública otorgada ante...

R. del R. del E. UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO EXTRACTO DE CITACION JUIDICIAL A: herederos presuntos y desconocidos de los extintos...

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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ATUNTAQUI” LTDA., Ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue: SR. ERICK FABRICIO...

ANULACON DE REVOCATORIA QUEDA ANULADA Por perdida de la libreta de ahorros Cta. N° 8457154800 Nro. Cartola 19547200030 Cliente LEDESMA POMA, ALVARO-ALEXIS del Banco General...

17233-2019-02104-OFICIO-03592-2020 Causa Nº 1723320192104 Quito, viernes 23 de octubre del 2020 Señor(es) EXTRACTO PARA LA CITACIÓN POR LA PRENSA Presente. En el juicio Nº 1723320192104,...

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La consolidación de una cultura de paz no depende únicamente de la promulgación de leyes, sino de la adopción efectiva de herramientas que sitúen el diálogo y la autonomía de la voluntad en el centro de la práctica jurídica actual.

El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana cataloga expresamente a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas de acción afirmativa que equiparen sus condiciones de vulnerabilidad.

Una empresa no puede actuar físicamente por sí sola. Detrás de cada contrato, transferencia, reunión o decisión existen socios, administradores, representantes, trabajadores o terceros que intervienen en su nombre.

En la dinámica del Estado constitucional de derechos y justicia, la administración pública tiene el deber primario de responder a las peticiones ciudadanas de manera oportuna, transparente y debidamente fundamentada.

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