Registro Oficial No.520- Viernes 20 de agosto de 2021

Viernes, 20 de agosto de 2021

 

Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

 Viernes  20  de agosto de 2021 (R. O.520, 20–agosto -2021) 

 

 

 

SUMARIO:

Págs.

 

FUNCIÓN EJECUTIVA

 

ACUERDOS:

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y

TRANSICIÓN ECOLÓGICA:

MAAE-2021-031 Modifíquese el Acuerdo Ministerial No. MAAE-026-2020

MAAE-2021-032 Deróguese la transitoria segunda del Acuerdo Ministerial Nro. MAAE- 2020-24 de 31 de agosto de 2020 6

 

 

RESOLUCIONES:

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2021-004 Apruébese el cambio de título o nombre del proyecto, determinado en el artículo primero de la Resolución N° SENESCYT-2021-002 de 25 de febrero de 2021

 

 

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN

INTEGRAL APERSONAS ADULTAS

PRIVADAS DE LA LIBERTAD YA

ADOLESCENTES INFRACTORES - SNAI:

SNAI-SNAI-2021-0035-R Refórmese la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R del 7 de junio de 2020

SNAI-SNAI-2021-0036-R Créase el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria

SNAI-SNAI-2021-0037-R Reincorpórese a las labores de servidor público del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en el grado de Agente de Seguridad Penitenciaria N° 2 al señor Troya Chumo Jorge Alberto

Año III - N° 520- 50 páginas

Quito, viernes 20 de agosto de 2021

 

Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

ACUERDO MINISTERIAL No. MAAE-2021-031

Marcelo Mata Guerrero MINISTRO DEL AMBIENTE Y AGUA

CONSIDERANDO:

Que     el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "(...) Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (...)";

Que     el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)";

Que     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que     el numeral 7 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (...) 7.- Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales";

Que     el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece como uno de los objetivos del régimen de desarrollo: "Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural";

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Que     el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.";

Que    el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone: "Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.";

Que     el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, señala: "La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado";

Que     el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente, dispone: "El Ministerio del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental";

Que     la disposición general segunda del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, señala: "La Autoridad Ambiental Nacional regulará, autorizará y controlará las actividades de pesca y acuacultura dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sitios Ramsar, para lo cual expedirá lineamientos, criterios y requisitos mediante normativa secundaria.";

Que     el artículo 89 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: "Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado.

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En general, se extinguirán los actos administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad accidental a ellos, tales como plazo o condición.

También se podrán extinguir los actos administrativos surgidos como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos que incidan en las instituciones u órganos administrativos sujetos al presente estatuto";

Que     mediante Decretos Ejecutivos No. 1007 de 04 de marzo de 2020 y No. 1028 de 01 de mayo de 2020, se dispuso la fusión del Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, en una nueva Institución, denominada Ministerio del Ambiente y Agua;

Que     mediante Decreto Ejecutivo No. 1268 se designa al señor Marcelo Mata Guerrero como Ministro del Ambiente y Agua;

Que     mediante Acuerdo Ministerial No. MAAE-2020-026 de 07 de septiembre de 2020, se expidieron las delegaciones para los procesos de regularización ambiental de los proyectos acuícolas o camaroneros;

Que     desde la expedición del Acuerdo Ministerial No. MAAE-2020-026 de 07 de septiembre de 2020, en varias mesas de trabajo entre el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, se han presentado dudas sobre la aplicación de la disposición transitoria primera de dicho instrumento; y,

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:

ACUERDA

Artículo 1.- Sustituir la disposición transitoria primera del Acuerdo Ministerial No. MAAE-026-2020, por la siguiente:

"PRIMERA.- En el plazo de 30 días, a partir de la vigencias de este Acuerdo Ministerial que las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable AAAr que se encuentren dentro de las Zonas de Planificación nacional 2, 4, 5 y y, deberán asumir la competencia en materia de regularización y control ambiental de los proyectos establecidos en el Anexo A del presente acuerdo.

Para tal efecto, y una vez que las AAAr asuman estas competencias, las Direcciones Zonales 2, 4, 5 y 7 del Ministerio del Ambiente y Agua, deberán coordinar el traspaso de los expedientes que les corresponda a las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable.

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Los proyectos que intersequen con áreas protegidas o sitios RAMSAR seguirán bajo la regularización y control ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y el Código Orgánico del Ambiente"

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la Unidad correspondiente, la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese al Viceministerio del Agua, la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a las Direcciones Zonales respectivas.

TERCERA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

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Dado en Quito a, 23 de mayo de 2021

 

Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MAAE-2021-032

MARCELO MATA GUERRERO

MINISTRO DEL AMBIENTE Y AGUA

CONSIDERANDO:

Que,    el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes ";

Que,    el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone a las ministras y ministros de Estado: "(...) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...) ";

Que,    el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en fa Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución (…)";

Que,    el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "(...) La administración pública constituye un servicios a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (...)";

Que,   el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "(...) Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas ";

Que,   el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "El

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ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno ";

Que,     el numeral 7 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "(...) El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales (...) ";

Que,     el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que: "(...) La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia (...) ";

Que,    el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo refiere a la competencia como: "(...) La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado ";

Que,    el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: "(...) Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (...)"',

Que,    el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, establece que: "(...) La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional";

Que,     El artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, determina que: "(...) Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda ";

Que,     el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente, dispone que: "(...) El Ministerio del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (...) ";

Que,     el artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua determina que "(...) la Autoridad única del Agua es la entidad que dirige el sistema nacional estratégico del agua, es persona jurídica de derecho público (...) Su gestión será desconcentrada en el territorio (...) ";

Que,     el literal e), numeral 1 del artículo 77 de Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado establece como una de las atribuciones y obligaciones específicas del titular de la entidad: "(...) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...)";

Que,    el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función

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Ejecutiva señala que: "(...) Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones cuando se ausentes en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones u obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado.- (...) El funcionario a quien el ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación (...) ";

Que,    El artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 1007, de 04 de marzo de 2020 dispone: "(...) Fusiónese el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, en una sola entidad denominada Ministerio del Ambiente y Agua (...)";

Que,    Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1268, de 2021 el Presidente Constitucional del República del Ecuador, designó a Marcelo Eduardo Mata Guerreo, Ministro del Ambiente y Agua;

Que,    Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-023 de 28 de agosto de 2020, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Ambiente y Agua; y,

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Deróguese la transitoria segunda del acuerdo ministerial Nro. MAAE- 2020-24 de 31 de agosto de 2020. Los procesos de regularización ambiental que se sustentan en la subsecretaría de calidad ambiental sin perjuicio del tiempo en el cual hayan sido ingresados deben pasar para su gestión a las Direcciones Zonales o Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio de Ambiente y Agua, de igual manera los procesos de control ambiental sin perjuicio del tiempo en el cual hayan ingresado. La subsecretaría de calidad ambiental deberá trasladar los procesos que pertenecen a cada una de la Direcciones Zonales y Parque Nacional Galápagos para el cumplimiento del presente acuerdo que entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación del Registro Oficial.- Regístrese y publíquese

DISPOSICINES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de este acuerdo estará a cargo de la Subsecretaría de Patrimonio Natural a través de la Dirección de Bosques.

SEGUNDA.- De la publicación en el Registro Oficial encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente.

TERCERA.- De la comunicación y publicación en la página web encárguese a la Dirección de Comunicación Social.

CUARTA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la suscripción del mismo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de mayo de 2021. Comuníquese, publíquese y cúmplase.

 

Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

RESOLUCIÓN N° SENESCYT-2021-004

ALDO ALFREDO MAINO ISAÍAS

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación [...]";

Que,    el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: Tocio programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público";

Que,     el artículo 388 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo";

Que,    el artículo 60 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento n.° 899, del 16 de noviembre de 2016, al referirse a los fondos destinados a proyectos de investigación, determina: "Es la asignación de financiamiento no reembolsable asignado a actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, sean públicos, privados, comunitarios o mixtos, que realicen actividades de investigación para

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la ejecución de programas y proyectos orientados al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza.

Un porcentaje de estos recursos se destinarán a financiar proyectos mediante fondos concursables. Estos concursos se guiarán por los principios de transparencia, corresponsabilidad, excelencia, igualdad, eficiencia, progresividad y rendición de cuentas [...]”;

Que,    el artículo 61 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina: "La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación definirá periódicamente y de manera participativa áreas y líneas de investigación, acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales, los fines del Sistema de Educación Superior y las necesidades sociales y del sistema productivo. Dichas líneas serán de obligatorio cumplimiento para los programas y proyectos de investigación financiados por la entidad rectora; las cuales también podrán ser consideradas como referentes de investigación por otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales";

Que,    el artículo 62 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad de Innovación, determina: "Los programas y proyectos de investigación financiados a través de fondos públicos, por su naturaleza, son de interés público y, por ende, se encuentran en beneficio directo de la colectividad, por lo que una vez adjudicado el financiamiento, conforme los procedimientos y principios correspondientes, no será necesaria declaratoria posterior de autoridad competente para la asignación y transferencia de los recursos";

Que,    el artículo 614 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad de Innovación, determina: "La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y otras instituciones públicas competentes crearán y gestionarán programas o proyectos de financiamiento, destinados a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para la ejecución de proyectos de investigación responsable y desarrollo tecnológico, de conformidad con las necesidades y planificación nacional. Estos fondos no son de carácter reembolsable [...]';

Que,    el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial n.° 298 de 12 de octubre de 2010, establece que: "La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designado por el Presidente de la República [...]";

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Que,    el artículo 183 literales a) y g) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece entre las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: "[...] a) Establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior; [...] g) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas internas. [...]";

Que,    el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece en su artículo 99 que "Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. [...]";

Que,    mediante Decreto Ejecutivo N° 34 de 24 de mayo de 2021, el señor Presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, designó a Alejandro Rivadeneira Ribadeneira como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que,    con el objetivo de regular el acceso a los incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico, y a la transferencia de tecnología, previstos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de las personas naturales o jurídicas que formen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se expidió el Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, mediante Acuerdo N° SENESCYT-2018-029 de fecha 23 de abril de 2018;

Que,    el artículo 1 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, con sus posteriores reformas, determina: "Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el acceso a los incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico, y a la transferencia de tecnología, previstos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de las personas naturales o jurídicas, que formen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y que se encuentren registradas o acreditadas ante la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales";

Que,    el artículo 39 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, manda: "Atribuciones del Comité Científico. El Comité Científico tendrá las siguientes atribuciones:

a) Conocerlos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el marco de las convocatorias específicas;

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  1. Evaluar, y de ser el caso, seleccionar a pares externos del registro nacional de investigadores acreditados para la evaluación de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de cada convocatoria específica;
  2. Resolver conflictos, en el caso de existir;
  3. Seleccionar los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de ser financiados, de conformidad con las bases específicas de cada convocatoria; y
  4. Priorizar, de ser el caso, los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de ser financiados, de conformidad con las bases específicas de cada convocatoria";

Que,    el artículo 46 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología determina: "Adjudicación.- La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales o su delegado/a, adjudicará los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, en base a la resolución del Comité Científico.";

Que,    el artículo 59 del Reglamento ibídem, señala: "De los documentos habilitantes. Para la suscripción del convenio de financiamiento de los proyectos de fomento para la investigación, desarrollo tecnológico, y transferencia de tecnología, el/los adjudicatario/s deberán presentar en el plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, los siguientes documentos habilitantes:

  1. Copia certificada del nombramiento de el/la representante legal de la institución adjudicataria, de ser el caso;
  2. Documento por el cual se designa a el/la director/a del proyecto y el/la responsable financiero/a del proyecto, firmado por el representante legal de la institución adjudicataria, de ser el caso;

 

  1. Presentación de garantías, en los casos que se requiera;
  2. Presentación de las contrapartes, en los casos que se requiera;
  3. Convenio en el cual se establezca claramente todos los términos bajo los cuales se ejecutará el proyecto, en el caso de co-ejecución de proyectos de fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología;
  4. Permisos específicos de investigación de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás normativa vigente correspondiente; y

g) Demás requisitos que se soliciten en las bases específicas de cada convocatoria.

La instancia encargada de la investigación y la instancia encargada de la innovación social y transferencia de tecnología de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales podrán prorrogar el plazo para la presentación de los documentos habilitantes para la suscripción del convenio de financiamiento de oficio o a petición de parte debidamente justificada.

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Si transcurrido dicho plazo no se han entregado los documentos, el financiamiento de los proyectos de investigación y transferencia de tecnología quedarán insubsistentes y los adjudicatarios no tendrán derecho a reclamo alguno en contra de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el efecto, el/la Coordinador/a General de Asesoría Jurídica o su delegado deberá dejar constancia de este hecho e informar a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación"

Que,    el 24 de abril de 2018 se emitieron las Bases Específicas de la Convocatoria del Programa Nacional de Financiamiento para Investigación - Inédita, en donde se estableció el proceso de selección de los proyectos susceptibles de financiamiento por parte de la SENESCYT;

Que,    mediante Acuerdo N° SENESCYT-2018-071 de 17 de septiembre de 2018, el entonces Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación resolvió: "Delegar a el/la Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación para que realice la adjudicación a los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico susceptibles de financiamiento y la consiguiente notificación, en el marco de la convocatoria para el financiamiento de proyectos de fomento a la investigación y/o desarrollo tecnológico a través de fondos concursables, dirigida a los actores generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador: "Programa Nacional de Financiamiento para investigación";

Que,    los proyectos susceptibles de financiamiento en el marco de la Convocatoria Inédita, fueron evaluados, seleccionados y priorizados por los Comités Científicos, en las áreas de investigación definidas mediante Acuerdo n.° SENESCYT-2018-028 de 19 de abril de 2018; en el cual, se definen las áreas y líneas priorizadas de investigación para programas y/o proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico;

Que,    mediante Acta No. SDIC-INEDITA-05-2018 de 06 de septiembre de 2018, el Comité Científico para Conocimiento, Evaluación, Selección y Priorización de Proyectos de Investigación en el Área de Salud y Bienestar conformado por la Dra. Martha Fors López, el Dr. Eduardo Rojas Álvarez y la Dra. Sonia Quezada Bolaños, seleccionó y priorizó como proyectos susceptibles de financiamiento a tres proyectos en la modalidad institucional y tres proyectos en la modalidad colaborativa en red, que suman un total de seis proyectos de investigación, conforme a los criterios de evaluación definidos en las Bases Específicas del Programa INÉDITA; determinando adicionalmente: "[...] Por consiguiente, los señores miembros del Comité acogiendo la disposición citada ibídem, seleccionaron aquellos proyectos susceptibles de financiamiento, de entre aquellos que obtuvieron puntajes mayores o iguales al 80%, mismos que se mencionan a continuación:

Tabla 9

 

Nro.

Proyecto de investigación

Miembro 1 Martha Fors

Miembro 2 Eduardo Rojas

Miembro 3 Sonia Quezada

Promedio

1-14

Determinantes nutricionales,

88,17%

73,17%

91,00%

84,11% [...]

 

14

 

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ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar.

 

 

 

 

 

[S]e destinó cuatro millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($4'200.000 USD), para financiar 21 proyectos bajo la Modalidad Colaborativa en Red, distribuidos igualitariamente entre las áreas contempladas en el numeral 5 de las presentes bases, en dicho numeral se contemplan siete (7) áreas de investigación en el marco de la Convocatoria INÉDITA, lo que significa que por área de investigación se destinó seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 600.000 USD) para financiar 3 proyectos de hasta doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($200.000 USD) bajo la Modalidad Colaborativa en Red. [...]

[...] Una vez que los miembros del Comité Científico han conocido, evaluado, seleccionado y priorizado las propuestas de investigación presentadas en el marco de la Convocatoria INÉDITA en el área de Salud y Bienestar, conforme lo estipulado en el Reglamento de incentivos financieros y en las Bases específicas de la Convocatoria, el Comité resuelve unánimemente lo siguiente:

[...] Tercero: Disponer a el/la Subsecretario/a de Investigación Científica, notifique a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación que de los proyectos seleccionados y priorizados por el Comité Científico del área de Salud y Bienestar en la modalidad Colaborativa en Red, queda un remanente de ochenta y ocho mil setecientos noventa con (00/100) dólares de los Estados Unidos de América ($ 88.790,00), en relación a los recursos asignados para esta área y modalidad. [...]".

Que,    conforme se establece en el Informe técnico de remanente INÉDITA de 19 de septiembre de 2018, elaborado por José Luis Gutiérrez, Analista de Orientación y Diseño; Nicolás Malo, Director de Orientación y Diseño (S); y, aprobado por Martha Arízaga, Subsecretaría de Investigación Científica (E), se realizó el análisis correspondiente y se estableció:

"[. .] 3. ANÁLISIS DE LOS REMANENTES EXISTENTES

[...] 3.2. Áreas de investigación sin recomendaciones emitidas por los miembros de Comité Científico

Únicamente en las áreas de "Salud y Bienestar" y "Tecnología de la Información y Comunicación", los miembros de los Comités Científicos, no recomendaron proyectos a ser considerados para la asignación de remanentes existentes.

3.3. Propuesta técnica para la distribución de remanentes económicos [...]

[...] Análisis de los proyectos no recomendados por el Comité

15

 

Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Con base a un análisis de redistribución de recursos por conceptos de remanentes para los proyectos seleccionados en cada área, se evidencia que en el área de Salud y Bienestar, se seleccionaron 6 de 7 proyectos, debido a que los proyectos de la modalidad institucional no obtuvieron puntajes mayores o iguales al 80%, dejando así una mayor cantidad de recursos económicos denominados estos como remanentes.

Por tal motivo, conforme lo estipula la disposición general primera, se recomienda que se considere al proyecto que obtuvo el siguiente mejor puntaje después de los seleccionados por el Comité Científico en la modalidad colaborativa en red, que le corresponde al proyecto que obtuvo el 84,11%, como se detalla a continuación:

Tabla 4. Proyecto de Modalidad Colaborativa en Red

Posición según puntaje

Área

Proyectos

priorizados

por el comité

Director

Género director

Monto

Promedio

de evaluación

Institución ejecutora

Lugar

4

Salud y Bienestar

Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su

relación con el

perfil

metabólico,

inmunológico

y la microbiota intestinal en

niños de edad escolar

Wilma

Bolivia

Freiré

Zaldumbi

de

Mujer

$ 199.975,64

84,11%

USFQ (Universidad Central del Ecuador y Universidad de Cuenca)

Zona 6y9

Elaboración: Dirección de Orientación y Diseño, 2018.

[...] En efecto, en base al análisis técnico y jurídico realizado, guardando concordancia con los criterios establecidos en las bases específicas de la convocatoria, se recomienda que los proyectos que se mencionan a continuación sean los considerados como aptos para la asignación de recursos por concepto de retribución de los remanentes económicos.

Tabla 5. Proyectos recomendados a ser considerados como aptos para la asignación

de recursos por concepto de redistribución de los remanentes económicos

Área

Posición según calificación

Proyecto

Institución ejecutora

Promedio

Monto solicitado

Salud y Bienestar

4

Determinantes

nutricionales,

ambientales, sociales y

su relación con el perfil

metabólico, inmunológico

y la microbiota intestinal

en niños de edad escolar

USFQ

84,11%

$ 199.975,64 [...]

[..] Elaboración: Dirección de Orientación y Diseño, 2018.

[] 4. CONCLUSIÓN

Luego del análisis técnico y jurídico realizado por parte de la Subsecretaría de Investigación Científica, guardando concordancia con los criterios establecidos en las bases específicas de la convocatoria, se recomienda que los proyectos que se mencionan en la tabla Nro. 5 del presente informe, sean los considerados como aptos para la asignación de recursos por concepto de redistribución de los remanentes económicos.

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

El remanente final de treinta y seis mil seiscientos noventa y ocho con (54/100) dólares de los Estados Unidos de América ($ 36.698,54), se recomienda acoger lo estipulado en la disposición general primera de las bases de la convocatoria específica y destinar dicho monto al fondo INÉDITA para el financiamiento de futuras convocatorias.".

Que,     mediante memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0463-MI de 19 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica [E] comunicó a la entonces Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación lo siguiente: "[...] En función de dar cumplimiento a lo estipulado en las Bases específicas de la Convocatoria INÉDITA, en su disposición general primera, [...] Cumplo con remitir a Usted, en calidad de adjunto, un informe técnico en el cual se recomienda que, en caso de asignar los remanentes en el marco de la presente convocatoria, se los redistribuya tomando en consideración los proyectos indicados.";

Que,    tal y como consta en el memorando n.° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0464- Ml de 19 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica [E] informó a la entonces Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación que: "[C]on el objetivo de informar sobre el cumplimiento de las fases de Postulación, Verificación de requisitos, Evaluación, y Selección y priorización de la Convocatoria, y una vez que los Comités Científicos de las siete áreas de investigación suscribieron las Actas en las que se priorizan los proyectos susceptibles de financiamiento, me permito remitir los siete informes técnicos de la ejecución de las fases en mención, con el fin de dar paso a la fase siguiente de adjudicación.".

Que,     con memorando N° SENESCYT-SGCT-2018-0463-MI de 20 de septiembre de 2018, la entonces Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, puso en conocimiento de la Subsecretaría de Investigación Científica [E], en su parte pertinente: "[E]n referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC- 2018-0463-MI, de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual la Subsecretaría de Investigación Científica remite el informe técnico en el marco de la Convocatoria INÉDITA sobre los remanentes resultantes de la selección y priorización de proyectos por parte de los Comités Científicos porcada área de investigación, en el cual se recomienda que, en caso de asignar los remanentes para esta misma convocatoria, se los distribuya tomando en consideración los criterios indicados en el mencionado informe.[...]/[...] Por medio de la presente, dispongo el uso de los remanentes reportados por la Subsecretaría de Investigación Científica mediante informe remitido en el Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0463-MI en el marco de la presente convocatoria INÉDITA, mismo que ascienden al monto de $ 399.973,76, los cuales se distribuirán de conformidad al siguiente detalle:

 

ÁREA

NRO. Y TIPO DE PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTES

MONTO

Salud y Bienestar

1 Colaborativo en Red

$199.975,64 [...]"

 

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Que,     mediante Resolución n.° SENESCYT-2018-011 de 20 de septiembre de 2018, la entonces Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 4 resolvió: "Adjudicar a los proyectos seleccionados por el Comité Científico del Área de Salud y Bienestar, de acuerdo al siguiente detalle: (...)

Por distribución de remanentes para la modalidad Colaborativa en Red.

 

Proyecto de investigación

Institución ejecutora

Institución

Co- ejecutora

Director

del Proyecto

Promedio

Monto de

financiamiento

solicitado a la

SENESCYT

Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico,

inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar

USFQ

UCE- Universidad de Cuenca

Wilma

Bolivia

Freiré

Zaldumbid

e

84,11%

$ 199.975,64

 

Referencia: Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2018-0463-MI

Que,     de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 59 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, de los 7 proyectos adjudicados en el área de Salud y Bienestar, 5 requirieron contar con el permiso de investigación otorgado por el Ministerio de Salud Pública (MSP); mismo que, corresponde ser obtenido previo a la suscripción del convenio;

Que,     el Libro V, Capítulo I de la Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006 contiene las disposiciones concernientes a la Investigación científica en salud, genética y sistema de información en salud; en concordancia a lo cual, el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública expedido mediante Acuerdo Ministerial n.° 00004520 de 13 de noviembre de 2013, en su artículo 18 determina como una de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Inteligencia de la Salud, la aprobación de proyectos de investigación en salud; en el marco de lo cual, la mentada Dirección solicitó a las Instituciones Ejecutoras detalladas en los considerandos precedentes que los títulos o nombres de los proyectos deben reflejar de manera clara y precisa los conceptos más importantes: lugar, población y período en que se realizará la investigación;

Que,     mediante oficio N° MSP-DIS-2019-0123-0 de 02 de abril de 2019, la Directora Nacional de Inteligencia de la Salud comunicó a Wilma Bolivia Freiré Zaldumbide, Directora del Proyecto "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar", en su parte pertinente lo siguiente: "En respuesta al oficio Nro. MSP-DNGA-SG-10-2019-1171-E, en el que Dra. Wilma B. Freiré investigadora principal; remite el protocolo del estudio observacional denominado: "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, innumológico y la microbiota intestinal en niños de 9 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021", codificado

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud (DIS) MSPCURI000285-3; Una vez subsanadas las observaciones emitidas mediante informe técnico, en el oficio Nro. MSP-DIS-2018-0264-O; cumplidos los requisitos mínimos para la evaluación del mismo, y contando además con el criterio favorable de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control y la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, se APRUEBA la versión adjunta del protocolo [...]";

Que,    mediante oficio S/N de 20 de enero de 2021, el Rector de la Universidad San Francisco de Quito - USFQ informó al Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, lo siguiente: "Me permito poner en su conocimiento que el proyecto denominado "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar", adjudicado en la convocatoria INÉDITA, se modificó en su título, quedando de la siguiente manera "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021", con el fin de precisar el rango de edad de los participantes en el estudio, el lugar en donde se realizará el mismo y el periodo de duración del proyecto. Debo informar que este cambio no afecta al objetivo y desarrollo del proyecto. El cambio se realizó por recomendación del Comité de Bioética de la USFQ [...]";

Que,    mediante oficio S/N del 17 de febrero de 2021, el Rector de la Universidad San Francisco de Quito informó a la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, lo siguiente: "[...] Wilma Bolivia Freiré Zaldumbide identificada con cédula 1702559590 Directora del proyecto "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar" favorecido en la convocatoria INÉDITA: "Programa Nacional de Financiamiento para Investigación" ya no se encuentra vinculada a nuestra institución por motivos de su jubilación, es por ello, que el 16 de noviembre de 2020 se notificó que se había nombrado como nueva directora a la doctora Vanessa Isabel Romero Aguilar identificada con cédula 1718928359, Vanessa Isabel Romero ha renunciado como directora del proyecto por asuntos personales, motivo por el cual se eligió como nuevo director del proyecto al profesor del Colegio de Ciencias de la Salud, Jonathan Raymond Guillemot, investigador acreditada por la Senescyt REG-INV-21-04810 [...]";

Que,    mediante Resolución Nro. SENESCYT-2021-002 de 25 de febrero de 2021, el Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó lo siguiente:

"Artículo Primero.- Aprobar el cambio de título o nombre de 5 proyectos, determinados en el artículo 4 de la Resolución n.° SENESCYT-2018-011 de 20 de septiembre de 2018, que requirieron permisos de investigación por parte del Ministerio de Salud Pública, con fundamento en el pronunciamiento experto previamente emitido por parte de los miembros del Comité Científico, de que

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

dicho cambio no altera o afecta el desarrollo ni el objetivo de los proyectos, conforme el siguiente detalle:

[...] Por distribución de remanentes para la Modalidad colaborativa en red:

 

Nombre de Proyecto de investigación que consta en Adjudicación

Institución ejecutora

Nombre de proyecto de investigación modificado por solicitud del MSP

[...] Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar

USFQ

Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021 [...]

 

Fuente: Resolución N° SENESCYT-2018-011, Oficio Nro. MSP-DIS-2019-0123-0 de 02 de abril de 2019."

[...]DISPOSICIÓN REFORMATORIA / ÚNICA.- Sustitúyase los textos contenidos en el artículo 4 de la Resolución n.° SENESCYT-2018-011 de 20 de septiembre de 2018, conforme la siguiente determinación:

[...] "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de edad escolar"

POR:

"Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021";

Que,     mediante oficio Nro. MSP-CGDES-2021-0125-O de 28 de mayo de 2021, el Coordinador General de Desarrollo Estratégico en Salud comunicó al Sr. Jonathan Raymond Guillemot, Director del Proyecto denominado "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021", lo siguiente: "(...) una vez subsanadas las observaciones emitidas mediante el informe técnico que consta en el oficio Nro. MSP-CGDES-2021-0083-O de 23 de abril de 2021; cumplidos los requisitos mínimos para la evaluación del mismo, y contando además con el criterio favorable de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control y con la aprobación de un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos aprobado por el Ministerio de Salud Pública (CEISH-USFQ), se APRUEBA la versión adjunta del protocolo ahora denominado "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2021-2023", codificado actualmente por la DIS como MSPCURI000285-3-Enmienda-1. [...]";

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

Que,    mediante memorando No. SENESCYT-SGCT-SMTT-2021-0238-MI de 07 de junio de 2021, la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (E) puso en conocimiento del Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación el informe técnico N° SIITT-DIC-2021-076 elaborado en la misma fecha, a través del cual, en su parte pertinente concluye y recomienda lo siguiente:

5. CONCLUSIONES

"[...] El proyecto de la USFQ que requería de una enmienda al permiso de investigación por parte del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de la normativa vigente emitida por el ente rector en la materia, realizó la modificación del nombre del proyecto, específicamente en el período de tiempo de ejecución del mismo -2021-2023."

6. RECOMENDACIÓN

Considerando lo antes mencionado, como área técnica se recomienda emitir una resolución favorable respecto al cambio de título o nombre del proyecto de la USFQ que requería de una enmienda al permiso de investigación aprobado anteriormente por parte del Ministerio de Salud Pública; y, debido a fines administrativos y legales, se debe utilizar el nombre de proyecto modificado por el Ministerio de Salud Pública en la última enmienda aprobada al protocolo de investigación.

Que,    mediante memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2021-0224-MI de 07 de junio de 2021, el Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación remitió a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, el informe técnico Nro. SIITT-DIC-2021-076, así como la propuesta de Resolución para su análisis y validación, para poder dar paso a la siguiente fase y emitir el instrumento jurídico correspondiente.

EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los artículos 46 y 59 del Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología; y, el artículo 1 del Acuerdo Nro. SENESCYT-2018-071 de 17 de septiembre de 2018.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el cambio de título o nombre del proyecto, determinado en el artículo primero de la Resolución n°. SENESCYT-2021-002 de veinte y cinco (25) de febrero de 2021, que requirió enmienda al permiso de investigación emitido por parte del Ministerio de Salud Pública, conforme el siguiente detalle:

"Por distribución de remanentes para la Modalidad colaborativa en red:

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

 

Nombre de Proyecto de investigación que consta en Resolución N° SENESCYT-2021-002

Institución ejecutora

Nombre de proyecto de investigación modificado

en enmienda al protocolo de investigación

aprobado por el MSP

Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021

USFQ

Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y

su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la

microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad,

en Quito y Cuenca. 2021-2023

Fuente: Resolución N° SENESCYT-2021-002, Oficio Nro. MSP-CGDES-2021-0125-O de 28 de mayo de 2021.

Artículo Segundo.- Validar y reconocer el contenido de los formatos presentados por la institución ejecutora del proyecto adjudicado, detallado en el artículo primero de la presente Resolución, que hayan sido obtenidos de manera previa a la emisión del oficio Nro. MSP-CGDES-2021-0125-O de 28 de mayo de 2021, con el cual el Ministerio de Salud Pública modificó el nombre de dicho proyecto; a fin de que, se proceda con la suscripción del instrumento legal de financiamiento correspondiente.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA.- Sustitúyase el texto contenido en la disposición reformatoria de la Resolución N° SENESCYT-2021-002 de 25 de febrero de 2021, conforme la siguiente determinación:

> "Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2019-2021"

POR:

"Determinantes nutricionales, ambientales, sociales y su relación con el perfil metabólico, inmunológico y la microbiota intestinal en niños de 9 a 12 años de edad, en Quito y Cuenca. 2021-2023"

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de esta Cartera de Estado.

Segunda.- Encárguese de la notificación de la presente Resolución a la Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo n.° SENESCYT-2018-071 de 17 de septiembre de 2018.

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

Tercera.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución a la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), al director del proyecto; a la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología y Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado.

Cuarta.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. a los catorce (14) días del mes de junio de 2021.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

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"Por Delegación del Secretarlo de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación":

 

Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Resolución Nro. SNAI-SNAI-2021-0035-R

Quito, D.M., 14 de junio de 2021

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 señala los deberes primordiales del Estado, de ahí que los numerales 1 y 8 indican "7. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes;(...) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción";

Que, el artículo 18 numeral 2 de la Constitución de la República, reconoce el derecho "Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.(...)";

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador indica que "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes";

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina, entre las atribuciones que tienen las ministras y ministros de Estado, a más de las establecidas en la ley: "7.- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";

Que, el artículo 201, de la Constitución de la República señala: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. (...)";

Que, el artículo 202 de la Constitución de la República establece que: "El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. (...)"

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación ";

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República, prescribe: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas'''

Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo establece que "El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones (...)";

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo a los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausente en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación";

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Ejecutiva, referente a la delegación señala que: "Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial- Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos";

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 011-2018, del 08 de agosto de 2018, se expidió el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018-2021; este instrumento muestra la situación actual del país en materia de gobierno electrónico, las acciones que serán ejecutadas en tres programas; Gobierno Abierto, Gobierno Cercano y Gobierno Eficaz y Eficiente. En el Capítulo 1. Fundamentos Generales, literal 5. Diagnóstico; se enfatiza que: "Dentro de las iniciativas relevantes que ha implementado el gobierno entorno a la ciberseguridad se encuentra la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)(...)"

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 025-2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 228 del 10 de enero de 2020, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, implemento el esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, en su artículo 1 dispone: "Expedir el Esquema Gubernamental de Seguridad de la información -EGSI- el cual es de implementación obligatoria en las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, (...)";

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 025-2019, recomienda a las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva el uso obligatorio de las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la Información;

Que, el artículo 5 del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información - EGSI, determina como obligación de la máxima autoridad de la institución designar al interior de la Institución, "(...) un Comité de Seguridad de la Información (CSI), que estará integrado por los responsables de las siguientes áreas o quienes hagan sus veces: Talento Humano, Administrativa, Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación Social, Tecnologías de la Información, Unidades Agregadoras de Valor y el área Jurídica participará como asesor (...)";

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno Garcés, en el ejercicio de sus facultades, decretó transformar el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; y, en el Artículo 3 creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) como una

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

"entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por su órgano gobernante", es decir, del Directorio del Organismo Técnico;

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 560 estableció que el órgano gobernante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, es el responsable de "ejercer la rectoría, regulación, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social" el cual se integrará conforme lo dispone el COIP y estará presidido por un delegado del Presidente de la República; siendo, el Director General del SNAI el secretario del órgano gobernante que interviene con voz pero sin voto";

Que, mediante Decreto ejecutivo Nro. 781, de 03 de junio de 2019, el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno Garcés, designa al Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, como Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;

Que, mediante convocatoria realizada el 21 de abril de 2020, por el Ing. Juan Carlos Muñoz Mejía, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicación, se llevó a cabo la reunión con el fin de dar cumplimiento a la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) del SNAI.

Que, de acuerdo al Acta de Reunión Nro. 001 de fecha 22 de abril de 2020, se ha determinado la conformación del Comité de Seguridad de la Información (CSI) del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Que, mediante Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R, de 17 de junio de 2020, el Abg. Edmundo Enrique Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, expidió los lincamientos para la Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, en función del Plan de Optimización y Austeridad del Gasto Público del Gobierno Nacional, mediante Oficio Nro. SNAI-SNAI-2020-0237-O, ha solicitado la aprobación del rediseño e implementación de la Estructura Orgánica del SNAI, en la cual, la Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, asumiría las competencias de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Que, de acuerdo al Acta de Reunión Nro. 004 de fecha 09 de julio de 2020, se ha aprobado la Política de Seguridad para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Que, mediante Resolución SNAI-SNAI-2020-0043-R, de 19 de agosto de 2020, el Abg. Edmundo Enrique Moncayo Juaneda, Director General del SNAI, resuelve Expedir el Reglamento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

Que, mediante oficio Nro. MDT-VSP-2021-0002 del 20 de enero de 2021, el Ministerio de Trabajo aprueba la Estructura Organizacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

Que, la nueva estructura aprobada del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, se ha implementado en la Institución desde el 01 de marzo de 2021, en atención al Oficio MDT-SFSP-2021-0277-0 de 28 de febrero de 2021, mediante el cual se emite autorización para la actualización de la denominación de puestos por implementación de la nueva estructura organizacional.

Que, mediante acta de reunión 009 de 09 de marzo de 2021, el Comité de Seguridad de la Información ha procedido a "7.Designar al nuevo Responsable o Representante del Comité de seguridad de la Información y Oficial de Seguridad de la Información. (...) por mayoría designar como nuevo Responsable del Comité de Seguridad de la Información a la Unidad de Comunicación Social. (...) el Comité designa como Oficial de Seguridad de la Información (OSI) a la Servidora Linda Cepeda por ser quien hace las veces de la extinta Dirección de Servicios, Procesos, Calidad y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa."

Que, mediante Informe Técnico para reforma de la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R "Lincamientos para la seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores" y la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0043-R, "Reglamento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.", de 09 de marzo de 2021, suscrito por el Secretario y el Responsable del Comité de Seguridad de la Información, Ing. Miguel Ángel Paredes y Econ. Linda Cepeda, respectivamente, en su numeral 3 Conclusiones, señala: "En función de los antecedentes expuestos, se concluye en la necesidad de reformar la resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R de 17 de junio de 2020 y Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0043-R del 19 de agosto del 2020; en concordancia a la nueva Estructura Organizacional de la Institución y la designación del Oficial de Seguridad de la Información y de quien presidirá el Comité. (...) Los artículos que se requieren

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reformar son los siguientes Nro.SNAI-SNAI-2020-0025-R (art 4 y art. 6) Nro. SNAI-SNAI-2020-0043 {artA)"

Que, mediante memorando Nro. SNAI-DPISPPP-2021-0286-M de 17 de mayo de 2021, la Econ. Linda Cristina Cepeda Pañora, Directora de Planificación, Procesos, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa-Encargada; Oficial de Segruidad de la Información; solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica reformas a las resoluciones Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI-SNAI, y remite la documentación habilitante para el efecto.

Que, mediante memorando Nro. SNAI-UCS-2021-0083-M 10 de junio de 2021, suscrito por el señor Rommel Mauricio Garzón Quintanilla, Coordinador de Comunicación Social y Responsable del Comité de Seguridad de la Información del SNAI, solicita "(...) se reforme las resoluciones Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R y SNAI-SNAI-2020-0043-R que norman la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (...)"

Que, es importante adecuar las reglas generales para el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, conforme a las políticas de Gobierno; a la nueva estructura organizacional del SNAI aprobada y a lo requerido por el Comité de Seguridad de la Información del SNAI, acorde al Informe Técnico de 09 de marzo de 2021;

Que, la Administración Pública de forma integral y coordinada debe propender a minimizar o anular riesgos en la información así como proteger la infraestructura gubernamental, más aún si es estratégica, de los denominados ataques informáticos precautelando su integridad y confidencialidad.

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, del Decreto Ejecutivo Nro. 781 de 03 de junio de 2019,

RESUELVE:

Reformar la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R del 7 de junio de 2020 en el siguiente sentido:

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 4 de Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R de 17 de junio de 2020, por el siguiente:

Artículo 4.- Conformación del Comité de Seguridad de la Información (CSI).- El Comité de Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, estará integrado por el:

  1. Coordinador de la Unidad de Comunicación Social, o quien hiciere sus veces; o su delegado, en calidad de Responsable de la Seguridad de la Información;
  2. Director de Administración del Talento Humano, o quien hiciere sus veces o su delegado, en calidad de secretario.
  3. Director de Asesoría Jurídica, o quien hiciere sus veces o su delegado, en calidad de asesor jurídico.
  4. Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, o quien hiciere sus veces o su delegado.
  5. Director de Planificación, Procesos, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, quien hiciere sus veces o su delegado.
  6. Director Administrativo, o quien hiciere sus veces o su delegado.
  7. Director Financiero, o quien hiciere sus veces o su delegado.
  8. Director de Diagnóstico y Desarrollo Integral, o quien hiciere sus veces, o su delegado.
  9. Director de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, o quien hiciere sus veces, o su delegado.
  1. Director de Reinserción, Medidas y Penas No privativas de Libertad, o quien hiciere sus veces, o su delegado.
  2. Unidad de Infraestructura y Construcciones o quien hiciere sus veces, o su delegado.
  3. Director de Operativos, Logística y Equipamiento, o quien hiciere sus veces, o su delegado.
  4. Director de Inteligencia e Investigación, o quien hiciere sus veces, o su delegada/o.
  5. Director de Régimen de Carrera, o quien hiciere sus veces, o su delegada/o.
  6. Jefe del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, o quien hiciere sus veces, o su delegada/o.
  7. Director de Medidas Socioeducativas Para Adolescentes Infractores, o quien hiciere sus veces, o su delegada/o.

Los miembros antes mencionados participan con voz y voto en la toma de cualquier decisión en lo concerniente a la Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información.

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 6 de Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0025-R de 17 de junio de 2020, por el siguiente:

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

Artículo 6.- Oficial de Seguridad de la Información.- Como Oficial de Seguridad de la Información (OSI), actuará la o el Director de Planificación, Procesos, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, o quien hiciere sus veces, o su delegado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la respectiva publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- Encárguese a las miembros del Comité de Seguridad de la Información (CSI), la ejecución y aplicación del Reglamento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

TERCERA.- Encárguese a la Unidad de Comunicación Social, la socialización de la presente resolución, y su publicación en el portal web institucional.

CUARTA.- En caso de que existiera un cambio de denominación de las unidades administrativas que conforman el Comité de Seguridad de la Información, las nuevas unidades o denominaciones que hicieren sus veces, se integraran como miembros plenos del Comité de Seguridad de la Información del SNAI sin necesidad de reforma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- En virtud de la aprobación e implementación de la nueva estructura organizacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, vigente desde el 01 de marzo de 2021, se valida por única ocasión todos los actos ejecutadas y actas elaboradas por el Comité de Seguridad de la Información y el nuevo Oficial de Seguridad de la Información desde el 01 de marzo de 2021.

A partir de la suscripción de la presente resolución el Comité y el Oficial de Seguridad de la Información se regirá conforme lo dispuesto en este Instrumento, el Reglamento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información del Servicio nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores y demás normativa vigente aplicable a la materia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.-Deróguese el artículo 4 de la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0043 de 19 de agosto de 2020.

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DISPOSICIÓN FINAL.

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y suscrita en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinte y uno.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Edmundo Enrique Moncayo J.

DIRECTOR GENERAL DEL SNAI

 

Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

Resolución Nro. SNAI-SNAI-2021-0036-R

Quito, D.M., 30 de junio de 2021

 

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA

LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determina los deberes primordiales del Estado. Entre estos deberes se encuentra el garantizar sin discriminación, el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales y garantizar la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República considera a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria y establece que estas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado;

Que, el artículo 51 de la Constitución de la República reconoce como derechos de las personas privadas de la libertad los siguientes: no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho; declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad; contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad; atención de sus necesidades educativa, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas; recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad; y, contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia;

Que, el artículo 83 de la Norma Suprema determina los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, entre los que se encuentran: "1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; (...) 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; (...) 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción; (...)";

Que, los numerales 1 y 3 del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos están orientadas a hacer efectivos el buen vivir y los derechos; y, que el Estado debe garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas públicas y para la prestación de bienes y servicios públicos;

Que, el artículo 201 de la Constitución de la República determina como finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como su protección y la garantía de sus derechos. Además prioriza el desarrollo de sus capacidades para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad;

Que, el artículo 202 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal, contempla la existencia de un organismo técnico encargado de la evaluación de las políticas, administración de centros de privación de libertad y fijación de estándares de cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; este organismo tiene un órgano gobernante o directorio integrado por las autoridades establecidas en el artículo 675 del Código Orgánico Integral Penal;

Que, la Constitución de la República en el artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus

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organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley y tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas Nelson Mándela, aprobadas el 17 de diciembre de 2015 por la Asamblea General en resolución N° 70/175, establecen las condiciones mínimas que deben cumplirse respecto a la privación de libertad de personas en relación con principios básicos de respeto, dignidad, prohibición de tortura y malos tratos, igualdad y no discriminación, seguridad, ingreso a prisión, clasificación y necesidades especiales de alojamiento, personal penitenciario, archivos y registros, alojamiento de los reclusos, disciplina y sanciones, contacto con el mundo exterior, actividades diarias, salud física y mental, inspecciones e investigaciones, traslado, transporte y liberación;

Que, la Regla 74 numerales 1 y 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos señala que "i. La administración penitenciaria seleccionará cuidadosamente al personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de dicho personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2. La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para informar al público";

Que, la Regla 75 numerales 2 y 3 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos indica que "(...) 2. A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Solo los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario. 3. La administración penitenciaria impartirá de manera continua cursos de formación en el empleo con miras a mantener y mejorar los conocimientos y la capacidad profesional del personal después de su incorporación al servicio y durante su carrera profesional";

Que, la Regla 76 numeral 1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos señala que "i. La formación mencionada en el párrafo 2 de la regla 75 comprenderá, como mínimo, los ámbitos siguientes: a) la legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes, así como los instrumentos internacionales y regionales aplicables, cuyas disposiciones deberán regir la labor del personal penitenciario y su interacción con los reclusos; b) los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, incluido el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la prohibición de determinadas conductas, en particular de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) la seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, el empleo de la fuerza y de instrumentos de coerción física, y el control de delincuentes violentos, con la debida consideración al uso de técnicas preventivas y de distensión, como la negociación y la mediación;

d) primeros auxilios, las necesidades psicosociales de los reclusos y la dinámica correspondiente en los entornos penitenciarios, así como servicios de asistencia y atención sociales, incluida la detección temprana de problemas de salud mental";

Que, la Regla 76 numeral 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos señala que, "2. El personal penitenciario encargado de ciertas categorías de reclusos, o el que sea asignado a otras funciones especializadas, recibirá la capacitación especializada que corresponda";

Que, el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal define al Sistema Nacional de Rehabilitación Social como el ''conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, para dar cumplimiento a la finalidad del sistema y para la ejecución penal';

Que, el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal señala que el Sistema Nacional de Rehabilitación

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Social tiene cuatro finalidades: "1. La protección de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la presente Ley, con atención a sus necesidades especiales. 2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad. 3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimiento de su condena. 4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 5. Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado";

Que, el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal indica que el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: "1. Organizar y administrar el funcionamiento del Sistema. 2. Definir la estructura orgánica funcional y administrar los centros de privación de la libertad. 3. Garantizar la seguridad y protección de las personas privadas de la libertad, del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, del personal administrativo de los centros de privación de la libertad, así como de las personas que ingresan en calidad de visitas. 4. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema. 5. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema. El desarrollo de estas atribuciones constará en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. (...)";

Que, el artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal establece como responsabilidad del Estado la custodia de las personas privadas de libertad, así como el responder por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas privadas de libertad;

Que, el artículo 677 del Código Orgánico Integral Penal señala que el "Centro de formación y capacitación penitenciaria estará dirigido y regulado por el Organismo Técnico. Entre otras, sus funciones serán: 1. Elaborar y aplicar el plan deformación y capacitación para las y los aspirantes a integrarse como personal al servicio del Sistema penitenciario. 2. Seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal al servicio del sistema penitenciario.

3. Perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante, al personal de los centros de privación de libertad, en cualquiera de las áreas penitenciarias";

Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público organiza y determina las instituciones de seguridad ciudadana y complementarias de seguridad ciudadana; en este último grupo se ha incluido al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como entidad complementaria de seguridad ciudadana de la Función Ejecutiva, la cual, se somete a un régimen jurídico especial determinado en el COESCOP y en su Reglamento General;

Que, el artículo 23 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que "Los contenidos de la capacitación, formación y especialización promoverán el respeto y garantía a los derechos consagrados en la Constitución, con especial énfasis en la soberanía, equidad de género y en las garantías a los grupos de atención prioritaria. Promoverán la investigación especializada, la prevención y control de la infracción, la gestión de conflictos, priorizando el uso de medios de disuasión como alternativas preferentes al empleo de la fuerza, en el ámbito de sus competencias";

Que, el artículo 25 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que "Las y los servidores de las entidades previstas en este Código participarán en programas de capacitación y entrenamiento continuo, a través de actividades planificadas por cada entidad dentro y fuera del país";

Que, el artículo 26 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que "La formación estará sustentada en el conocimiento de los derechos humanos, de los principios y garantías constitucionales y en una doctrina democrática de la seguridad ciudadana, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. La formación académica de las y los servidores de las entidades previstas en este Código se impartirá a través del sistema nacional de educación superior, por medio de centros acreditados para tal efecto, en coordinación con la autoridad nacional rectora de la educación superior. (...)";

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente de la República en el

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ejercicio de sus facultades, decretó transformar el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; y, en el Artículo 3 creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) como una "entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por su órgano gobernante";

Que, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 560 señala que "El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores ejercerá todas las atribuciones constantes en leyes y demás normativa vigente sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad; así como sobre desarrollo integral de adolescentes infractores; para lo cual contará con la estructura orgánica y personal especializado y diferenciado en ambas áreas". A la vez, en cuanto al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el referido articulo menciona que este es "el órgano de ejecución operativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores";

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 560 en mención, estableció que el órgano gobernante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, es el responsable de "ejercer la rectoría, regulación, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Rehabilitación SociaT el cual se integrará conforme lo dispone el COIP y estará presidido por un delegado del Presidente de la República; siendo, el Director General del SNAI el secretario del órgano gobernante que interviene con voz pero sin voto;

Que, el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019, designó al abogado Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;

Que, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social fue aprobado por el Directorio del Organismo Técnico en la sesión ordinaria N° 3 llevada a cabo el 30 de julio de 2020, y este deroga al anterior Reglamento del Sistema;

Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, al ejercer la Secretaría del Directorio del Organismo Técnico, a través de la máxima autoridad, expidió la resolución correspondiente con el texto aprobado, el cual corresponde a la Resolución N° SNAI-SNAI-2020-0031-R de 30 de julio de 2020, misma que fue publicada en la Edición Especial de Registro Oficial N° 958 de 04 de septiembre de 2020;

Que, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en su artículo 14 señala: "El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores o quien hiciere sus veces, es la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y consecuentemente, constituye el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social";

Que, el artículo 16 numerales 5, 10 y 11 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social indica que, entre las atribuciones del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que actualmente lo ejerce el SNAI, están "(...) 5. Aplicar las políticas aprobadas por el Directorio del Organismo Técnico, orientadas al cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; (...) 10. Administrar y evaluar el funcionamiento del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria; 11. Dirigir la carrera penitenciaria";

Que, el artículo 17 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social indica que "El Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria es parte de la estructura orgánica del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”;

Que, el artículo 18 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que el "Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria tiene por objeto formar, capacitar y especializar permanentemente a

 

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los aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a los servidores públicos del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, y de las demás instituciones vinculadas al Sistema, en conocimientos técnicos, teóricos, prácticos y metodológicos enmarcados en el cumplimiento de los fines del Sistema, en coordinación con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales";

Que, el artículo 19 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, respecto del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria destaca la transversalización de enfoques, razón por la cual, señala: "La formación y capacitación penitenciaria se realizará bajo la transversalización de los enfoques de derechos humanos, prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, género, interculturalidad, intergeneracional, discapacidad, movilidad humana, prevención del delito, seguridad penitenciaria y uso progresivo de la fuerza";

Que, la Corte Constitucional del Ecuador en el Dictamen N° 4-20-EE/20 de 19 de agosto de 2020 emitió dictamen favorable de constitucionalidad respecto de la declaratoria de estado de excepción contenida en el Decreto Ejecutivo N° 1125 de 11 de agosto de 2020 emitido por el Presidente de la República y en el párrafo 76 numeral 5 decidió "Llamar la atención al Presidente de la República para que emprenda la implementación de soluciones estructurales al problema carcelario más allá del estado de excepción". De igual forma, la Corte Constitucional del Ecuador, en el Dictamen N° 6-20-EE/20 de 19 de octubre de 2020, resolvió "Declarar la constitucionalidad del decreto ejecutivo No. 1169 de 10 de octubre de 2020, que contiene la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón a su tipología", al tiempo que, en el párrafo 50 numerales 5 y 6 resolvió "5. Insistir, por segunda ocasión, al presidente de la República para que emprenda acciones para implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país, más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción. 6. Disponer que el presidente de la República, en el término de 20 días contados desde la finalización de la renovación del estado de excepción, remita a esta Corte Constitucional y ala Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario";

Que, mediante Oficio N° PR-SNJRD-2020-0234-OQ de 14 de septiembre de 2020, la entonces Secretaria Jurídica de Presidencia, Dra. Johana Pesantez Benítez, en su calidad de presidenta del Directorio del Organismo Técnico a dicha fecha, dispuso al SNAI elaborar el plan de acción del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esta disposición fue cumplida por el SNAI y se entregó el Plan de Acción del Sistema Nacional de Rehabilitación Social a la Presidencia de la República mediante oficio N° SNAI-SNAI-2020-0639-O de 01 de diciembre de 2020, dentro de los tiempos determinados por la Corte Constitucional;

Que, el Plan de Acción del Sistema Nacional de Rehabilitación Social determina como objetivo general "Promover mecanismos que aseguren el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”; y entre los objetivos específicos se encuentran: a) Implementar la institucionalización del organismo técnico y del Sistema, b) Mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, c) Incrementar la capacidad técnica y de gestión del Organismo Técnico, d) Fortalecer las actividades de tratamiento de las personas privadas de la libertad en régimen cerrado, semiabierto y abierto, y e) Garantizar la seguridad y vigilancia penitenciaria en los Centros de Privación de Libertad. De igual forma, para lograr dichos objetivos, el SNAI propone varias estrategias, entre ellas, en el eje estratégico de gestión del talento humano, propone "Propiciar procesos continuos y permanentes de capacitación, formación y especialización de los servidores";

Que, en cuanto a la capacitación del personal penitenciario, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) considera que "uno de los cinco principales problemas que aquejan a los sistemas penitenciarios en la región es la inadecuada selección y capacitación del personal penitenciario". A la vez, en "en la segunda reunión de autoridades de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre temas de justicia y sistemas penitenciarios, realizada en el 2008, recomendaron a los países miembros la creación de escuelas o institutos penitenciarios con esquemas de capacitación específico para el personal penitenciario".

Que, la realidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social ecuatoriano en cuanto a la capacitación se

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expuso en el Plan de Acción presentado a la Corte Constitucional y en el diagnóstico respecto de este tema se indica: "En el caso del Ecuador, la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social a lo largo de su vida institucional no ha contado con el número suficiente de servidores para cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley, al no contar con un centro de formación y capacitación para el personal penitenciario como lo señala el artículo 677 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); así como procesos continuos y sostenidos de formación y capacitación para los servidores penitenciario. Considerando entre las causas principales el crecimiento acelerado de la población penitenciaria, la falta de asignación de recursos para el ingreso de nuevos servidores penitenciarios, la falta de concursos de mérito y oposición que garanticen la carrera a los servidores de las áreas técnicas y administrativas y mecanismos de seguimiento y prevención en temas de corrupción y aplicación de sanciones disciplinarias";

Que, la Corte Constitucional del Ecuador en el Auto de Seguimiento N° 4-20-EE/21 y acumulado de 03 de marzo de 2021, en el párrafo 51 numeral 3 literal b) "Disponer al presidente de la República que, a través de la doctora Johana Pesantez Benítez, Secretaria General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Este Directorio deberá instalarse en sesión permanente de manera inmediata para que, con base en el Plan de Acción propuesto por el SNAI y con la más amplia participación de los sectores involucrados, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución: (...) b. Diseñe una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social que vive el país con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil";

Que, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N° 365-18-JH/21 y acumulados de 24 de marzo de 2021, en el párrafo 129 literal b) indica que "Esta Corte toma nota de algunas de las medidas para prevenir la violencia dentro de los centros de privación de libertad recomendados por la CIDH y que deben ser considerados por las autoridades: (...) b. Asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal";

Que, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N° 365-18-JH/21 y acumulados de 24 de marzo de 2021, en cuanto al Fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores públicos del sistema nacional de rehabilitación, en el párrafo 295 numeral 3, indica que el SNAI debe "3. Establecer procesos de capacitación y sensibilización sostenidos al personal de los centros de privación de libertad, tanto en las áreas técnicas que les corresponden, como en el enfoque de derechos humanos de las personas privadas de libertad y el uso progresivo de la fuerza. Estos pueden llevarse a cabo en coordinación con la Defensoría del Pueblo, instituciones académicas u organismos de derechos humanos nacionales o internacionales";

Que, el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en la continuación de la sesión ordinaria N° 5 llevada a cabo el 18 de mayo de 2021, aprobó con siete votos a favor, la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social en cumplimiento de la disposición del auto de seguimiento N° 4-20-EE/21 y acumulado de 03 de marzo de 2021. En esta política pública se indica que "La capacitación adecuada del personal es un requisito permanente, desde el momento del ingreso en el servicio hasta la jubilación. Deben proporcionarse las oportunidades para la capacitación continua del personal, de todas las edades y categorías. De este modo, el personal estará actualizado en el manejo de las tecnologías más recientes. También capacitará en campos específicos al personal que trabaja en áreas especializadas, al tiempo que se dará a los más veteranos la oportunidad de desarrollar sus aptitudes de gestión (Coyle, 2009)";

Que, mediante memorando N° SNAI-DTRCR-2021-0173-M de 22 de junio de 2021, el Crnl. (SP) Luis Patricio Pozo Enríquez, Director de Régimen de Carrera del SNAI, solicita al Director General del SNAI, Subrogante, Crnl. (SP) Ángel Zapata Villares, que "se elabore una resolución que permita la legalización del "Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria" del SNAI, mismo que funcionará en las instalaciones de Conoto, cuyas áreas se encuentran en proceso de habilitación"; sin embargo, no adjunta informe alguno que determine características o aspectos técnicos del pedido;

Que, mediante memorando N° SNAI-DTRCR-2021-0180-M de 28 de junio de 2021, el Crnl. (SP) Luis Patricio Pozo Enríquez, Director de Régimen de Carrera solicita al Director de Asesoría Jurídica que, al tener

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sumilla del Director General Subrogante, "se gestione la elaboración de una resolución para la legalización del Centro de Formación y Capacitación, para lo cual adjunto el informe técnico";

Que, el informe técnico N° SNAI-SNAI-2021-035 de 25 de junio de 2021 menciona que "En el Ecuador, la población del país ha crecido desde el año 2010 al 2018 en un 2%, mientras que la población penitenciaria en un 13%6, llegando a un hacinamiento del 33,71%7. (...) En el sistema penitenciario ecuatoriano, las dificultades a las que se ha enfrentado son los cambios a nivel institucional y falta de una escuela o instituto de capacitación y /o formación del personal penitenciario, que no han permitido procesos continuos y sostenidos de formación, capacitación y especialización de los servidores del Sistema Penitenciario, que ha llevado al déficit y falta de profesionalizarían de los servidores encargados de la seguridad penitenciarios. Actualmente, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria tiene 1.653 servidores responsables de la seguridad, vigilancia, custodia de 39.031 personas privadas de Ubertad9, para cumplir con las competencias determinadas en la ley se requieren de 5. 855 en tres turnos de guardia, lo que implica un déficit de 4.202 agentes";

Que, el informe técnico N° SNAI-SNAI-2021-035 de 25 de junio de 2021 en la especificidad del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria indica que con el marco normativo previsto en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público "los servidores del Cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria requieren de la aprobación de cursos de formación, capacitación y especialización, requisitos indispensables para su permanencia y ascenso dentro de la estructura jerárquica. Dentro del Plan de capacitación, formación y especialización para los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, se establecen programas de capacitación continua que comprenden cursos de actualización (programa de actualización penitenciaria permanente) y ascenso obligatorios que deberán cursar todos los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria de manera anual, es decir, 1653, a lo que se suma 500 nuevos agentes de seguridad penitenciaria, que ingresarían anualmente hasta cubrir el déficit";

Que, el informe técnico N° SNAI-SNAI-2021-035 de 25 de junio de 2021, en cuanto a la justificación técnica del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria señala que "los programas de formación, capacitación inicial, continua, cursos de ascenso y especialización son los ejes articuladores de la carrera profesional del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que permita la profesionalizarían y fortalecimiento institucional, para lo cual, el SNAI requiere de una infraestructura para el Centro deformación y capacitación penitenciaria";

Que, en cuanto a los beneficios de contar con el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria el informe técnico N° SNAI-SNAI-2021-035 de 25 de junio de 2021, señala que el SNAI necesita un centro de esta naturaleza porque esto permitirá a) Elevar la calidad de la prestación del servicio y cumplimiento de los fines y competencias establecidos en la Constitución y la ley, a través de la formación, capacitación y especialización de los aspirantes y servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; b) Elevar la confianza de la ciudadanía en las Instituciones del Estado encargados del orden y la Seguridad al contar con un personal profesional y capacitado; c) Cumplir con estándares internacionales sobre la seguridad penitenciaria y la garantía de derechos de las personas privadas de libertad; c) Generar en los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria un sentido de pertenencia institucional; y, d) Cubrir el déficit de los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Además, el informe indica que "se requiere la creación del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, que en su fase inicial funcionaría en las instalaciones de Conocoto (…)";

Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores al constituirse en el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, es la entidad encargada de administrar, gestionar y evaluar los centros de privación de libertad; administrar y evaluar el funcionamiento del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria; y dirigir la carrera penitenciaria, lo que evidencia la necesidad de crear y poner en funcionamiento el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria como un componente del SNAI que permita formar y capacitar a todo el personal, y específicamente a los servidores públicos que ingresen a Sistema Nacional de Rehabilitación Social, tanto a laborar en aspectos administrativos y de tratamiento de las personas privadas de libertad, así como, a los servidores de seguridad penitenciaria;

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Que, la capacitación y formación de los servidores públicos que prestan servicios en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social es vital para que el Sistema pueda cumplir con sus finalidades, y principalmente, pueda rehabilitar a las personas sentenciadas penalmente y garantizar sus derechos, puesto que, los servidores penitenciarios deben comprender la labor que realizan en el marco de un servicio público importante no solo para la protección de derechos y garantías y el desarrollo del país, sino para la seguridad ciudadana e integral;

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución de la República, los artículos 674 y 677 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019 y de los artículos 14, 16 numerales 10 y 11, 17 y 18 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social,

RESUELVE:

Artículo 1.- Crear y poner en funcionamiento el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria como unidad administrativa ejecutora de las actividades de formación, capacitación y especialización permanentemente de los aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, de servidores públicos del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y de servidores públicos que prestan sus servicios en Sistema Nacional de Rehabilitación Social, así como, de servidores públicos de otras instituciones vinculadas al Sistema.

Artículo 2.- El Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria depende administrativamente de la Dirección de Régimen de Carrera y forma parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, o quien hiciere sus veces.

Artículo 3.- La Dirección de Régimen de Carrera del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social es la unidad administrativa responsable de coordinar, articular y ejecutar todos los procesos de capacitaciones que se dispongan al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, incluidos aquellos que se dispongan por parte de autoridades jurisdiccionales, inclusive a los centros de privación de libertad a nivel nacional.

Para el desarrollo de las actividades de capacitación, el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria y la Dirección de Régimen de Carrera coordinará con entidades públicas y/o privadas nacionales, y, para el desarrollo de capacitaciones en derechos humanos, se considerará a las entidades miembros del Directorio del Organismo Técnico que tienen relación con derechos humanos, esto es Defensoría del Pueblo y Secretaría de Derechos Humanos en cumplimiento del artículo 184 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

En caso de que se establezcan convenios o contratos con entidades internacionales, dichas personas jurídicas acreditarán experiencia en la materia y certificaciones bajo los estándares y requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia de educación.

Artículo 4.- Los procesos de capacitación, formación y especialización que imparta el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria deberán contar con el aval de instituciones y/o personas naturales o jurídicas al amparo de la normativa vigente, especialmente cuando se trate de carreras técnicas para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, tanto para aspectos de tratamiento como de seguridad penitenciaria.

Artículo 5.- Las unidades administrativas del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en caso de que deban realizar capacitaciones, las harán a través de la Dirección de Régimen de Carrera.

El Subsistema de Capacitación y Formación de la Dirección de Administración de Talento Humano podrá articular capacitaciones para los servidores públicos del Organismo Técnico del Sistema Nacional de

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Rehabilitación Social tanto de planta central como de los centros de privación de libertad, sin perjuicio de que pueda coordinar acciones con la Dirección de Régimen de Carrera y consecuentemente con el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria.

Artículo 6.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación diseñará y pondrá en funcionamiento la plataforma institucional de capacitaciones del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las capacitaciones en armas, municiones y tecnologías no letales serán coordinadas con la Policía Nacional del Ecuador al amparo de los acuerdos ministeriales vigentes emitidos por el Ministerio rector de seguridad ciudadana y orden público y/o de defensa nacional.

SEGUNDA.- Para efectos de aplicación de esta y otras resoluciones que señalen la frase "entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social" u "Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social", se ratifica que se hace referencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, o quien hiciere sus veces, en virtud de cualquier cambio institucional que se realice conforme la facultad de dirección y organización de la administración pública otorgada constitucionalmente al Presidente de la República.

TERCERA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la respectiva publicación en el Registro Oficial.

CUARTA.- Encárguese a la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, a la Dirección de Régimen de Carrera, a la Coordinación General Administrativa Financiera, a la Dirección Administrativa, a la Dirección Financiera, a la Dirección de Administración de Talento Humano, a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y a la Dirección de Asesoría Jurídica, el seguimiento y ejecución de la presente Resolución.

QUINTA.- La Unidad de Comunicación Social del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, publicará la presente Resolución en la página web institucional.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria iniciará sus funciones en las instalaciones que a la fecha ocupa el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en Conocoto, provincia de Pichincha; sin perjuicio de que a futuro, la sede del Centro pueda trasladarse a otras instalaciones que pertenezcan al Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

SEGUNDA.- La Coordinación General Administrativa Financiera en el plazo de noventa días realizará las gestiones necesarias a fin de equipar el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, así como, para contratar servidores públicos con los respectivos informes al amparo de la normativa vigente.

TERCERA.- La Dirección de Asesoría Jurídica en el término de 180 días determinará la figura legal y realizará las acciones interinstitucionales en el marco de sus competencias para la legalización, administración y legítima ocupación de las instalaciones en el cual inicia sus funciones el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria.

 

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DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintiuno.

 

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Edmundo Enrique Moncayo J.

DIRECTOR GENERAL DEL SNAI

 

Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

Resolución Nro. SNAI-SNAI-2021-0037-R

Quito, D.M., 30 de junio de 2021

 

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA

LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 señala los deberes primordiales del Estado, siendo uno de ellos, conforme el numeral 8 "garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción";

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 147 numeral 5 indica que entre los deberes y atribuciones del Presidente de la República se encuentran "Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control";

Que, el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, como disposiciones en las garantías jurisdiccionales, indica que "4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley";

Que, el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador determina que "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación";

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "A las ministras y ministros de Estados, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión (...)";

Que, el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos (...)";

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado ecuatoriano garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público;

Que, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador se determina: "El orden jerárquico de

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aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior";

Que, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, Reglas Nelson Mándela, aprobadas por la Asamblea General en Resolución N° 70-175 el 17 de diciembre de 2015, en la regla 74.1 recomienda que: "La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios";

Que, el artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal, respecto de la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad señala que: "La seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia del cuerpo de seguridad penitenciaria. La seguridad perimetral es competencia de la Policía Nacional";

Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su artículo 2 numeral 4 literal c) indica que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es una entidad complementaria de seguridad de la Función Ejecutiva;

Que, el artículo 220 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que "la carrera de las entidades complementarias de seguridad constituye el sistema mediante el cual se regula la selección, ingreso, formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia en el servicio de las y los servidores que las integran";

Que, el artículo 264 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es "el órgano de ejecución operativa del ministerio rector en materia de (...) rehabilitación social", y se constituye en una entidad complementaria de seguridad ciudadana;

Que, el artículo 265 del indicado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público determina que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los centros de privación de libertad; y de la seguridad, custodia, vigilancia, traslado a las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad y unidades de aseguramiento transitorio;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público señala que los entes rectores nacionales y locales de las entidades de seguridad ciudadana "expedirán los reglamentos que regulen la estructuración, o reestructuración, según corresponda, de las carreras de personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones (...)";

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público dispone: "En el plazo de un año y por única vez, la respectiva institución rectora nacional de las entidades complementarias de seguridad y el ministerio rector de los asuntos de trabajo determinarán la homologación de perfiles y salarios de las instituciones reguladas en esta Ley. Para ello, los rangos de valoración entre los distintos niveles funcionales y grados que integran las escalas de remuneraciones mensuales unificadas, se establecerán previo estudio técnico por parte del ministerio encargado de los asuntos de trabajo y el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas";

Que, la Disposición Transitoria Quinta del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece: "El Ministerio encargado de los asuntos de trabajo emitirá las directrices para precautelar los derechos de aquellas y aquellos servidores que no cumplan con el perfil establecido para el

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puesto en las carreras reguladas en este Código";

Que, el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional en cuanto a los efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales, señala que "Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación";

Que, el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional indica que "Las jaezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional (...)";

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores; y, en su artículo 4, le asignó todas las atribuciones constantes en leyes y demás normativa vigente sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad, así como sobre desarrollo integral de adolescentes infractores;

Que, de conformidad con el inciso final del artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 560, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es el órgano de ejecución operativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores;

Que, el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019, designó al abogado Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;

Que, mediante Resolución N° MDT-2019-185 de 30 de julio de 2019, el Abg. Andrés Madero Poveda, Ministro de Trabajo, expidió la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas, la Compensación Anual y Aspectos de la Carrera del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria atribuidos por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público al Ministerio del Trabajo;

Que, mediante Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0014-R de 31 de julio de 2019, el Gral. I. (SP) Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, resolvió expedir el Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria;

Que, el Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en su artículo 3 establece que "El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se regirá bajo un régimen jurídico especial"';

Que, el artículo 39 numeral 9 del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria respecto de los derechos de los servidores del referido cuerpo, indica "Desarrollar una carrera profesional en el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria";

Que, el artículo 166 del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria regula la figura de reincorporación y determina que "Los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que hayan sido cesados de la institución no podrán volver al servicio de seguridad y vigilancia Penitenciaria exceptuando los siguientes casos: 1. Si se revirtiere los efectos jurídicos de una sentencia condenatoria ejecutoriada, de conformidad con la Constitución de la República y la ley: y, 2. Por resolución o sentencia ejecutoriada favorable en la correspondiente instancia judicial o administrativa (…)";

Que, mediante Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0022-R de 21 de agosto de 2019, el Gral. I. (SP) Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, resolvió Ingresar con fecha 01 de agosto de 2019, a

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mil cuatrocientos noventa y cinco agentes de tratamiento penitenciario que cumplieron con la disposición transitoria primera del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, a formar parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con base en los informes técnicos remitidos por la Dirección de Administración de Talento Humano;

Que, la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0022-R de 21 de agosto de 2019, en su artículo 2 dispuso que "Las Direcciones d Administración de Talento Humano y Técnica de Régimen de Carrera, sobre la base de lo dispuesto en la Resolución N° MDT-2019-185 de 30 de julio de 2019, ubicarán a los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria listados en los artículos 1 y 2 de esta Resolución, en los correspondientes niveles, roles y grados, según corresponda la instrucción formal y los años de servicio";

Que, mediante Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0023-R de 22 de agosto de 2019, el Gral. I. (SP) Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, resolvió homologar los perfiles y salarios de los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en los niveles, roles y grados previstos en la estructura del referido Cuerpo prevista en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público;

Que, el servidor público de seguridad penitenciaria Troya Chumo Jorge Alberto consta en la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0022-R de 21 de agosto de 2019, por lo que fue ingresado a formar parte del formar parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria con fecha 01 de agosto de 2019;

Que, en cuanto a la homologación de perfiles y salarios del servidor Troy Chumo Jorge Alberto, este consta en la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0023-R de 22 de agosto de 2019, este consta como agente de seguridad penitenciaria 2o;

Que, el ingreso de los servidores denominados agentes de tratamiento penitenciario al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se realizó por única vez sobre la base de las disposiciones legales y reglamentarias y en estricta aplicación de la Resolución N° MDT-2019-185 de 30 de julio de 2019 del Ministerio del Trabajo;

Que, el servidor de seguridad penitenciaria en grado agente de seguridad penitenciaria 2, Troya Chumo Jorge Alberto, en virtud de sus obligaciones y responsabilidades en el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria habría sido sometido a régimen disciplinario con sanción de destitución, conforme consta en el sumario administrativo N° SNAI-CAD-0028-2020 y acción de personal N° A00151;

Que, con sentencia de 01 de junio de 2021 dentro de la acción de protección N° 06282-2021-00626 se dispuso %..) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA", el suscrito Juez Constitucional de la ciudad de Riobamba ACEPTA la demanda de acción de protección planteada por: JORGE ALBERTO TROYA CHUMO portador del cédula de identidad No. 0603585092 en contra de JORGE ANÍBAL NAVARRETE RIVADENEIRA, Director General Subrogante del SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES (SNAI) y/o EDUARDO EDMUNDO MONCAYO, Director General del SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES (SNAI), VALERIA ESTEFANÍA VICUÑA POZO, COORDINADORA DEL CPL CHIMBORAZO NO. 3; MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA SEÑORES: ABG. NELSON JACOBO RAZA MORILLO, ABG. VALERIA BALSECA GUADALUPE, y, ABG. EDISON TÚQUERES MONTERO, dejando sin efecto la resolución expedida dentro del expediente disciplinario por la Comisión de Administración Disciplinaria, de fecha Quito, 18 de enero de 2021, las 16h30 y la acción de personal No. A00151 suscrita por Jorge Aníbal Navarrete Rivadeneira en su calidad de Autoridad Nominadora y Verónica Nathali Sánchez Garzón en su calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera. Se dispone como reparación integral: PRIMERO: El reintegro inmediato de accionante señor: JORGE ALBERTO TROYA CHUMO, a las funciones que venían desempeñando hasta el momento de su destitución, esto es de AGENTE DE SEGURIDAD PENITENCIARA 2 del SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES del CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD CHIMBORAZO No. I, conforme consta de la acción de personal No. 0157 la que se refiere al traslado administrativo del accionante. SEGUNDO: AL HABERSE DISPUESTO EL REINTEGRO INMEDIATO DEL ACCIONANTE A SU PUESTO DE TRABAJO, la parte accionada pague al accionante los valores correspondientes a los sueldos dejados o que deja de percibir a partir de su destitución de su lugar de trabajo objeto de esta demanda. La determinación del monto correspondiente a la reparación económica de ser efectuado a través de un proceso contencioso administrativo observando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como las sentencias de la Corte Constitucional Nros. 004-13-SAN-CC y 011-16-SIS-CC, para lo cual el señor secretario enviara el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Ambato una vez que alcance ejecutoria";

Que, el SNAI apeló la sentencia misma que se encuentra en conocimiento de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Distrito de Chimborazo; sin embargo, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, "La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada";

Que, mediante memorando N° SNAI-DATH-2021-1828-M de 29 de junio de 2021, el Ing. Juan Carlos Guerra Ríos, Director de Administración de Talento Humano Encargado, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica emitir "la respectiva Resolución para reintegrar a la Carrera del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al Señor Troya Chumo Jorge Alberto con cédula de identidad 0603585092, a partir del 1 de julio de 2021";

Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores en cumplimiento de la disposición judicial dictada por una autoridad en una acción de protección, debe aplicar un proceso de incorporación de un ex servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria destituido al puesto y cargo que tenía en la entidad complementaria de seguridad ciudadana;

En cumplimiento de la sentencia dentro de la acción de protección N° 06282-2021-00626 y del artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, y ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019,

RESUELVE:

Artículo 1.- Por cumplimiento de la disposición judicial contenida en la sentencia emitida en la acción de protección N° 06282-2021-00626, reincorporar con fecha 01 de junio de 2021, a las labores de servidor público del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en el grado de Agente de Seguridad Penitenciaria N° 2 al señor Troya Chumo Jorge Alberto, portador de la cédula de identidad N° 0603585092, conforme el siguiente detalle:

 

 

 

APELLIDOS

 

 

 

 

 

 

No.

CÉDULA

Y NOMBRES COMPLETOS DEL SERVIDOR

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NIVEL

ROL

ESCALA OCUPACIONAL

GRADO

RMU

 

 

TROYA

AGENTE DE

 

 

 

 

 

1

0603585092

CHUMO

JORGE

ALBERTO

SEGURIDAD PENITENCIARIA

2o

TÉCNICO OPERATIVO

EJECUCIÓN OPERATIVA

SERVIDOR PÚBLICO 3

9

$ 986,00

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Viernes 20 de agosto de 2021 Registro Oficial N° 520

Artículo 2.- El reintegro del señor Troya Chumo Jorge Alberto portador de la cédula de identidad N° 0603585092, como Agente de Seguridad Penitenciaria N° 2, no constituye ascenso.

Artículo 3.- La Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, a través de las unidades administrativas competentes, realizará las acciones inmediatas para disponer el lugar de trabajo o de ser el caso, el traslado al centro de privación de libertad en el que el señor Troya Chumo Jorge Alberto deba prestar sus servicios. Los análisis se realizarán sobre la base de la normativa vigente y observando la necesidad institucional.

El lugar de prestación de servicios deberá ser comunicado inmediatamente al servidor público Troya Chumo Jorge Alberto.

Artículo 4.- Se ratifica que los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se constituyen en servidores públicos de una entidad complementaria de seguridad ciudadana y que ejercen funciones netamente operativas, independientemente del grado que tengan, en los centros de privación de libertad a nivel nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección de Asesoría Jurídica ejercerá el patrocinio que corresponda y se encuentre pendiente en la causa N° 06282-2021-00626, hasta su conclusión, así como, en el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Ambato una vez que alcance ejecutoria, para la determinación del monto correspondiente a la reparación económica, conforme lo determina el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

SEGUNDA.- La Dirección de Asesoría Jurídica, dará seguimiento y requerirá el cumplimiento de cada una de las disposiciones de la sentencia dentro de la acción de protección N° 06282-2021-00626.

Una vez que se haya cumplido con lo dispuesto en la sentencia dentro de la acción de protección N° 06282-2021-00626, la Dirección de Asesoría Jurídica, preparará y enviará el informe técnico jurídico de cumplimiento, en el marco del ordenamiento jurídico vigente para las acciones de garantías jurisdiccionales.

TERCERA.- La Unidad de Comunicación del SNAI, publicará la presente resolución en la página web institucional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI.

CUARTA.- La Coordinación General Administrativa Financiera y la Dirección de Administración de Talento Humano realizarán, en el ámbito de sus competencias, las gestiones necesarias para los pagos correspondientes al servidor público derivadas de la presente Resolución.

QUINTA.- Encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, a la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, a la Dirección de Administración de Talento Humano, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a la Unidad de Comunicación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI, y al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el seguimiento y ejecución de la presente Resolución.

SEXTA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la respectiva publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

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Registro Oficial N° 520 Viernes 20 de agosto de 2021

ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y suscrita en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintiuno.

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Edmundo Enrique Moncayo J.

DIRECTOR GENERAL DEL SNAI

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