Registro Oficial No. 327- Miércoles 11 de noviembre de 2020

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés    
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 11 de noviembre de 2020 (R.O.327, 11 – noviembre -2020)

SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDO:
MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES:
MERNNR-MERNNR-2020-0050-AM Foméntese la institucionalización de la prestación de servicios y administración por procesos
ACUERDO INTERMINISTERIAL:
MINISTERIOS DE GOBIERNO, 
DE TURISMO Y DE SALUD:
00010    Regularícese el horario y aforo máximo de los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo, así como el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro de dichos establecimientos
INSTRUMENTO INTERNACIONAL:
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:
CBF-MREMH-2020-020 Convenio Básico de Funcionamiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera "Fundación Amigos de las Américas
SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES
INFRACTORES - SNAI:
SNAI-SNAI-2020-0052-R Deróguense las Resoluciones Nro. SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, publicada en el Registro Oficial Nro. 173 de 31 de marzo de 2020, y SNAI-SNAI-2020- 0051-R de 09 de septiembre de 2020
 
Págs.
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y EMERGENCIAS:
SNGRE-041-2020 Acógese el contenido del "Procedimiento para Sensibilización en Prevención de Riesgos de Desastres, versión 1.0 - FDC-SNGRE-PR-02" 36
SNGRE-045-2020 Acógese el Informe Técnico Nro. SNGRE-DMEVA-2020-013, de 16 de junio de 2020
SNGRE-046-2020 Acógese el contenido del "Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres
FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 
Y CONTROL SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:
SB-DTL-2020-1002 Califíquese como auditora interna a la ingeniera en contabilidad y auditoría contadora pública autorizada, Evelin Paola Solano Pulgarín
ACUERDO Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0050-AM

SR. ING. RENE ORTIZ DURAN
MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 53 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la, empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica del Servicio Público, faculta al Ministerio del Trabajo emitir las normas técnicas para la certificación de la calidad del servicio, para los organismos, instituciones y entidades que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley, a través de los parámetros de: cumplimiento de objetivos y metas institucionales alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo; evaluación institucional que contempla la evaluación de usuarios y/o clientes externos; y, cumplimiento de normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo;
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 138 establece la conformación y funcionalidad de los Comités de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendrán la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional, los cuales tendrán la calidad de permanentes y se conformarán de acuerdo a lo determinado en el presente Reglamento;
Que, el Plan Nacional de Desarrollo "Toda Una Vida" 2017 - 2021, publicado en el Registro Oficial No. 71, de 04 de septiembre de 2017, dentro de su contenido establece en el Eje 3 "Más Sociedad, mejor Estado" el Objetivo 7 "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía" que incluye la política 7.5 "Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública", cuya meta es "Aumentar del 6,6 a 8 el índice de percepción de calidad de los servicios públicos";
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 457 publicado en el Registro Oficial No. 924 de 02 de abril de 2013, el señor Ministro de Recursos Naturales No Renovables establece el compromiso de institucionalizar la administración por procesos;
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 1573 publicado en el Registro Oficial No. 739 de 22 abril del 2016, el Secretario Nacional de la Administración Pública, expidió la Norma Técnica Prestación de Servicios y Administración por Procesos, cuyo artículo 2 señala: "[...] será de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva. Las demás instituciones del Estado, podrán tornar como referencia esta Norma, para su gestión y prestación de sus servicios, en conformidad con los principios constitucionales de la administración pública.";
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0081, publicado en el Registro Oficial No. 245, de 21 de mayo de 2018, el Ministerio del Trabajo expidió la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público , cuyo artículo 1 señala: "[...] La presente Norma Técnica tiene como objeto establecer los lincamientos, políticas, normas y procedimientos de carácter técnico y operativo para evaluación, certificación y mejora de la calidad de los servicios públicos en las instituciones del Estado", y a la vez el artículo 2 indica"[...] Las disposiciones de esta Norma Técnica son de cumplimiento obligatorio para las instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, en concordancia con el artículo 1 de su Reglamento General";;
Que, mediante actualización del 20 de julio 2018, la Dirección de Calidad en el Servicio Público del Ministerio del Trabajo, expidió la Guía Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia, en el que se determina, entre los Actores del Proceso de Mejora Continua, al Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;
Que, mediante actualización del 26 de julio 2018, la Dirección de Calidad en el Servicio Público del Ministerio del Trabajo, expidió el Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, en el que se señala los lincamientos y directrices para incrementar la calidad y la eficacia de la gestión de planes, programas, proyectos, servicios y procesos de los servicios públicos; y, el nivel de madurez en la gestión de las instituciones públicas de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva";
Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0111 suscrito el 6 de mayo de 2020, el Ministerio del Trabajo, expide la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios, con la finalidad de asegurar que las entidades provean productos y/o servicios, orientados a garantizar los derechos de los usuarios y satisfacer sus necesidades, requerimientos y expectativas, facilitando además el cumplimiento de sus obligaciones; optimizar la eficiencia de las entidades a través del mejoramiento continuo e innovación de sus procesos y servicios institucionales; e, incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos de las entidades.
Que, de conformidad con la situación actual del Ministerio y la nueva estructura creada como consecuencia del proceso de fusión, han incrementado la prestación de servicios que otorga esta entidad, en este sentido es necesario actualizar las disposiciones con el objeto de alcanzar la misión institucional y la mejora continua.
En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la
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Constitución de la República del Ecuador y artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
ACUERDA:
Artículo 1. Fomentar la institucionalización de la Prestación de Servicios y Administración por Procesos.
Artículo 2. Alcance.- El presente acuerdo tiene como alcance a todos los servidores y servidoras que laboran en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Artículo 3. Objeto.- El presente Acuerdo tiene como objeto institucionalizar la calidad de Prestación de Servicios que otorga el Ministerio con valores y principios éticos que satisfagan los intereses de los clientes.
Artículo 4. Designación.- Se designa al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica como líder del proceso de mejora continua del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Artículo 5. Integración.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, funcionará en calidad de permanente, y estará integrado por:
1.    La autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá:
2.    El Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica;
3.    Titulares de las unidades administrativas que dependen directamente de la autoridad nominadora, responsables de los macro procesos ministeriales;
4.    El Director de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio.
5.    El Director de Administración del Talento Humano.
El Secretaria del Comité será designado por el Presidente del Comité de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional.
Artículo 6. De las atribuciones del Comité.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional tendrá las siguientes atribuciones:
1.    Aprobar y remitir a la máxima autoridad institucional la planificación de las autoevaluaciones elaboradas por la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica;
2.    Promover el desarrollo de las autoevaluaciones de la institución, de acuerdo a los lincamientos establecidos en la Guía Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia;
3.    Definir el alcance de la autoevaluación;
4.    Aprobar la conformación del equipo de proceso de mejora continua que incluirá a los autoevaluadores;
5.    Conocer y analizar los resultados de las autoevaluaciones y difundirlos en el nivel territorial correspondiente;
6.    Conocer y analizar el informe de evaluación externa enviado por el Ministerio del Trabajo;
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7.    Garantizar el avance de la implementación del plan para la mejora de la gestión;
8.    Coordinar con los organismos rectores en el ámbito de su competencia la implementación del plan para la mejora a la gestión;
9.    Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad ministerial para asegurar la conveniencia, adecuación eficacia y alineación de la dirección estratégica con la misión y visión del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables;
10. Proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.
Artículo 7. Atribuciones de la autoridad nominadora o su delegado:
1.    Conformar el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;
2.    Aprobar la planificación de las autoevaluaciones, remitido por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;
3.    Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia de conformidad a lo establecido en la Norma Técnica;
4.    Aprobar y remitir el informe de resultados de autoevaluación al Ministerio del Trabajo;
5.    Conocer el informe de resultados de la evaluación externa y aprobar el plan para la mejora de la gestión;
6.    Manifestar un alto nivel de compromiso para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia MECE;
7.    Aprobar el informe de resultados de autoevaluación de la implementación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia MECE;
8.    Oficializar el informe de resultados de autoevaluación a la institución rectora;
9.    Aprobar el Plan de Mejoramiento;

10.    Monitorear el avance del Plan de Mejoramiento;
11.    Liderar las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad Ministerial;
12.    Establecer el compromiso institucional para la prestación de servicios y administración por procesos;
13.    Patrocinar los proyectos que se desprendan de la prestación de servicios y administración por procesos.
Artículo 8. De las atribuciones del Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica:
1.    Elaborar la planificación de la autoevaluación y poner a conocimiento para su revisión y aprobación por parte del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional y la máxima autoridad;
2.    Estructurar y dirigir el equipo de proceso de mejora continua de acuerdo al alcance definido por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;
3.    Ejecutar el proceso de autoevaluación previamente validado por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional y aprobado por la máxima autoridad o su delegado;
4.    Elaborar el informe de resultados de la autoevaluación;
5.    Presentar a la máxima autoridad o su delegado y al Comité de Gestión de la Calidad
 
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de Servicio y Desarrollo Institucional el informe de resultados de la autoevaluación, a fin de que se remita al Ministerio del Trabajo para la correspondiente postulación del nivel de madurez;
6.    Coordinar el proceso de evaluación externa ejecutado por el Ministerio del Trabajo a través de su red de evaluadores;
7.    Coordinar el proceso de diseño a partir del informe de autoevaluación e implementación del plan para la mejora de la gestión sobre la base del informe de evaluación externa;
8.    Presentar informes mensuales a la máxima autoridad o su delegado sobre los avances de la ejecución del plan para la mejora de la gestión y remitir al Ministerio del Trabajo junto con sus respectivas evidencias para seguimiento del mismo.
Artículo 9. De las atribuciones del Director de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio:
1.    Asesorar y supervisar la aplicación de metodologías y herramientas para la prestación de servicios y administración por procesos; y,
2.    Monitorear el cumplimiento de los objetivos relacionados con la prestación de servicios y administración por procesos.
Artículo 10. De las atribuciones de los titulares de las Unidades Administrativas que son responsables de la entrega del servicio:
Establecer controles, lincamientos, políticas y procedimientos del proceso/servicio;
Supervisar el desempeño del proceso/servicio;
Identificar y definir oportunidades de mejora, acciones preventivas y correctivas para el proceso/servicio;
Implementar proyectos de mejora;
Coordinar las mejoras con las áreas que estén involucradas en el proceso/servicio;
Mantener actualizada la información y documentación del proceso/servicio;
Garantizar la calidad de la ejecución de los procesos/servicios; y,
Demás responsabilidades definidas en la Norma Técnica de Prestación de Servicios
y Administración por Procesos.
Artículo 11. Equipo de apoyo.- Cada una de las Unidades Administrativas ministeriales deberán nombrar un servidor para conformar el equipo denominado "Delegados de la Calidad para la mejora de la Gestión Institucional", el cual será coordinado por el responsable de la Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio.
Artículo 12. Delegación.- Los miembros del Comité podrán delegar mediante memorando su representación, los delegados serán permanentes para garantizar que las resoluciones que se adopten se cumplan con carácter de obligatorio.
Artículo 13. De las sesiones del Comité. - El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, se reunirá de forma ordinaria con una periodicidad trimestral y de manera extraordinaria cuando lo convoque el Presidente o a petición de alguno de sus integrantes.
En caso debidamente justificado ante la autoridad competente los miembros del comité
 
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podrán delegar su representación.
El Secretario convocará con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la respectiva sesión, acompañando el orden del día en el que constará los puntos a tratarse y sus documentos de respaldo de ser el caso. Esta convocatoria se la realizará a través de los correos electrónicos.
Artículo 14. Quórum, Votación y Resoluciones. - El Comité podrá sesionar y adoptar resoluciones con la asistencia de por lo menos el sesenta (60) por ciento de sus miembros, el voto será obligatorio, debiendo cada miembro definirlo en forma afirmativa o negativa, las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple de los asistentes y tendrán plena validez y eficacia desde el momento en que sean acordadas, sin perjuicio de la aprobación del acta correspondiente, su texto será redactado y aprobado dentro de la misma sesión para su trámite de ejecución, si se produjera un empate, el Presidente ejercerá el voto dirimente.
Artículo 15. Actas.- Lo tratado y resuelto en la sesión constará en un acta numerada en orden secuencial, el acta incluirá el texto de las resoluciones, y deberá estar firmada por todos los asistentes, siendo obligación del Secretario mantenerla bajo custodia, el secretario remitirá las resoluciones adoptadas en las sesiones a los respectivos correos electrónicos de los integrantes del Comité.
Artículo 16. De las atribuciones del Secretario del Comité: Son atribuciones del Secretario del Comité:
1.    Efectuar las convocatorias a los miembros del Comité, dar fe de lo actuado;
2.    Elaborar las actas de las sesiones y suscribirlas con el Presidente del Comité;
3.    Notificar con las actas mediante correos electrónicos a los integrantes del Comité;
4.    Administrar la documentación del Comité; y,
5.    Realizar el seguimiento del cumplimiento de resoluciones adoptadas en el Comité.
DISPOSICIONES GENERALES:
Primera: La sostenibilidad de la administración por procesos y la calidad de los servicios ministeriales se los garantizará mediante la operación de un sistema de gestión de calidad y la ejecución de los planes de mejora para la gestión ministerial.
Segunda: Los Servidores Públicos y nivel jerárquico superior priorizarán:
1.    su participación y contribución a las actividades que demande la mejora de los procesos que gestionen;
2.    la gestión y asignación de los recursos que se requieran.
DEROGATORIA:
Deróguese expresamente el Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0041-AM de 17 de diciembre de 2018.
DISPOSICIÓN FINAL:
 
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El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución se encargará el titular de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Octubre de dos mil veinte.
Documento firmado electrónicamente
SR. ING. RENE ORTIZ DURAN 
MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
 
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ACUERDO INTERMINISTERIAL NO. 00010

María Paula Romo Rodríguez 
MINISTRA DE GOBIERNO

Rosa Enriqueta Prado Moncayo 
MINISTRA DE TURISMO

Juan Carlos Zevallos López 
MINISTRO DE SALUD
Considerando:
Que el artículo 32 de la Constitución de la República expresa que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, específicamente su numeral 4 prescribe el deber de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como el numeral 7 establece el deber de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir;
Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece, entre las atribuciones de las ministras y ministros de Estado: " 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión";
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador instituye que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";
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Que el numeral 1 del artículo 261 de la Constitución de la República otorga la competencia exclusiva al Estado central sobre las políticas de protección interna y orden público;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
Que el artículo 277 de la Constitución de la República establece los deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir, entre los cuales constan: "1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades...”; y "3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento";
Que conforme lo previsto en el artículo 359 de la Norma Suprema: "El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y, propiciará la participación ciudadana y el control social";
Que el artículo 360 la Constitución de la República prevé que la a Red Pública Integral de Salud es parte del Sistema Nacional de Salud conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad;
Que el artículo 361 de la Constitución de la República prescribe que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que el artículo 389 de la Constitución de la República dispone que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 4, prescribe que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias;
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Que según el artículo 15 de la Ley de Turismo el Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, el que tendrá, entre otras, la atribución de planificar la actividad turística del país;
Que el artículo 7 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público dispone: "En el marco de las competencias y funciones específicas reguladas por este Código, las actividades de las entidades de seguridad tendrán los siguientes fines: 1. Contribuir, de acuerdo a sus competencias, a la seguridad integral de la población velando por el cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantías de las personas, garantizando el mantenimiento del orden público y precautelando la paz social; 2. Prevenir la comisión de infracciones; (...) 5. Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos adversos; y, 6. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico";
Que el artículo 29 del Código Orgánico Administrativo determina "Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva".
Que el artículo 31 del Código Orgánico Administrativo establece el Derecho fundamental a la buena administración pública así: "Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código";
Que el artículo 39 del Código precitado dispone que las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente;
Que el artículo 43 del Código Orgánico Administrativo determina que sus normas son de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público, de conformidad con la Constitución;
Que el artículo 45 del precitado Código señala que la Administración Pública central comprende, entre otras entidades, los Ministerios de Estado y sus entidades adscritas o dependientes;
Que el literal b) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina que, al Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, a través de la Policía Nacional, le corresponde la rectoría y ejecución de la protección interna, el mantenimiento y control del orden público;
Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.3.2.3 del artículo 10 del Estatuto Sustitutivo al
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Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Gobierno, actualmente denominado Ministerio de Gobierno, la gestión de control y orden público de esta entidad tiene como misión, coordinar, articular y disponer el cumplimiento de políticas, operativos y otros mecanismos autorizados por la autoridad competente, en materia de prevención, control y orden público; y realizar su monitoreo;
Que según lo dispuesto en los numerales 4.2.1.1.1 y 4.2.1.1.3 del artículo 10 del Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno, tanto las Intendencias Generales de Policía como las Comisarías Nacionales de Policía tienen atribuciones y responsabilidades inherentes al control y orden público;
Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 623, de 21 de diciembre de 2018, establece que el Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, a través de las Intendencias Generales de Policía de la jurisdicción correspondiente, otorgará el Permiso Anual de Funcionamiento de los locales y establecimientos donde se prestan servicios de alojamiento de huéspedes, permanentes o transeúntes, restaurantes, o en general lugares donde se consuman alimentos y/o bebidas alcohólicas, que no estén regulados por la Ley de Turismo y su reglamento;
Que mediante Resolución Nro. 0001-CNC-2016 de 11 de marzo de 2016, el Consejo Nacional de Competencias estableció las facultades y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su circunscripción territorial; dentro de la cual, en el artículo 11 numeral 2, se establece que los GAD municipales y metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, y con sujeción a la normativa nacional vigente, tendrán la atribución de regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, en coordinación con la Autoridad Nacional Competente;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 2018-053, de 17 de septiembre del 2018, el Ministerio de Turismo expidió el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 69, de 25 de febrero de 2019, el Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno, cumpliendo con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo Nro. 623 de 21 de diciembre de 2018, expidió el Reglamento para la Intervención de las y los Intendentes Generales de Policía, Subintendentes de Policía y Comisarios de Policía del País;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 495, de 31 de agosto de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 327 de 14 de septiembre 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor licenciado Lenin Moreno Garcés, designó como titular del Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno, a la doctora María Paula Romo
 
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Rodríguez;
Que mediante Decreto Ejecutivo 591, de 3 de diciembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor licenciado Lenin Moreno Garcés, designó como titular del Ministerio de Turismo a la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1018, de 21 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al doctor Juan Carlos Zevallos López como Ministro de Salud Pública;
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Director General, declaró a la enfermedad por coronavirus COVID-19 como pandemia global.
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00057-2020, de 13 de septiembre de 2020, el Ministro de Salud Pública dispuso la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, a fin de mantener las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud en la población ante la crisis sanitaria existente, así como la atención permanente de los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria provocada por el SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población;
Que la Corte Constitucional del Ecuador, en el dictamen No. 5-20-EE/20 de 24 de agosto de 2020, al calificar la constitucionalidad de la renovación del Estado de Excepción declarada por el Presidente Constitucional de la República en Decreto Ejecutivo No. 1126 de 14 de agosto de 2020, decidió: "3. Disponer a las autoridades estatales que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, desarrollen e implementen coordinadamente las acciones idóneas para enfrentar la pandemia mediante herramientas ordinarias, una vez que fenezca el estado de excepción. El COE Nacional y los COE seccionales constituyen las instancias técnicas que deberán propiciar planes y estrategias de contención y recuperación de la crisis sanitaria, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades públicas correspondientes";
Que considerando que es necesario regular los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel nacional, así como el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con la finalidad de mantener el distanciamiento social, cumplir con las medidas de bioseguridad y prevenir la proliferación de los contagios por COVID-19, para la contención y recuperación de la emergencia sanitaria, y propender a la reactivación económica en el escenario de la "nueva normalidad";
En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:
 
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ACUERDAN:
Artículo 1.- Regular el horario y aforo máximo de los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo, así como el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro de dichos establecimientos, mientras dure la pandemia por COVID-19, según la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de resguardar el derecho a la salud, de conformidad al siguiente cuadro:

    Horario extraordinario    Horario extraordinario
Tipo de establecimientos    de funcionamiento y aforo    de funcionamiento y aforo
    No turísticos    Turísticos
Establecimientos no turísticos de la Categoría 1 (incluyendo los vespertinos y nocturnos).
Establecimientos turísticos y no turísticos de la Categoría 2 del Acuerdo Ministerial Nro. 0069    Fase 1:
Lunes a sábado: 14:00 a 24:00 Aforo máximo del local: 30 %.    Fase 1:
Lunes a jueves:
14:00 a 24:00
Viernes y sábados:
14:00 a 01:00
Aforo máximo del local:
30 %.

    Fase 2:
Lunes a sábado: 14:00 a 01:00 Aforo máximo del local: 50 %.    Fase 2:
Lunes a jueves:
14:00 a 24:00
Viernes y sábados:
14:00 a 02:00
Aforo máximo del local:
50 %.

    Fase 3:
Lunes a sábado: 14:00 a 02:00 Aforo máximo del local: 75 %.    Fase 3:
Lunes a jueves:
14:00 a 24:00
Viernes y sábados:
14:00 a 03:00
Aforo máximo del local: 75%

    En todos los casos se deberá cumplir estrictamente con el distanciamiento social de, al menos, 2 metros entre usuarios y entre mesas.    En todos los casos se deberá cumplir estrictamente con el distanciamiento social de, al menos, 2 metros entre usuarios y entre mesas.
 
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    Se prohíbe el funcionamiento los días domingos.    Se prohíbe el funcionamiento los días domingos.
Establecimientos de categoría 7 del Acuerdo Ministerial Nro. 0069 (canchas deportivas, billares sin venta de licor u otros de similar naturaleza).    Lunes a domingo: 08:00 a 24:00
Para las canchas deportivas, respecto de los asistentes que no se encuentren realizando actividad física, el aforo será:
Fase 1: Aforo máximo del local: 30 %.
Fase 2: Aforo máximo del local: 50 %
Fase 3: Aforo máximo del local: 75 %
Sin venta o consumo de bebidas alcohólicas ni de moderación.    NO APLICA
Artículo 2.- El cambio en los horarios de funcionamiento y aforo serán analizados mensualmente por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo, de conformidad con las competencias y recomendaciones sanitarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Los indicadores de vigilancia epidemiológica y de provisión que servirán de base para decidir el cambio de la fase serán:
a)    Número acumulado de casos confirmados en las cuatro últimas semanas, a nivel provincial.
b)    Promedio del porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y UCI destinadas a pacientes con COVID-19, acumulado en las dos últimas semanas, a nivel provincial.
Los indicadores y su análisis serán presentados a las autoridades firmantes de este Acuerdo o sus delegados en cada zona y distrito de salud en los primeros diez (10) días del siguiente mes.
Artículo 3.- Los propietarios y administradores de los establecimientos detallados en el artículo 1 del presente Acuerdo, y que se encuentran bajo en control del Ministerio de Gobierno y del
 
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Ministerio de Turismo, respectivamente, deberán cumplir con las medidas biosanitarias, aplicar los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Autoridad Sanitaria Nacional, así como garantizar el mantenimiento de la distancia social, la utilización de mascarillas, y las restricciones atinentes al aforo máximo autorizado, a fin de evitar la proliferación de contagios, tanto para los usuarios como para los trabajadores del establecimiento y los funcionarios encargados del control.
Artículo 4.- En los locales que fuere aplicable, según lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial, se considerará como horario límite para expendio y consumo de bebidas alcohólicas una hora antes del cierre del establecimiento.
Artículo 5.- Las Intendencias, Subintendencias o Comisarías Nacionales de Policía, respectivamente, ejercerán las atribuciones y responsabilidades contempladas en el Título V del Acuerdo Ministerial Nro. 0069, en lo que atañe a la autorización de espectáculos públicos, atendiendo a las disposiciones y recomendaciones de seguridad de los organismos competentes tanto en materia de salud, como de gestión de riesgos, de acuerdo al comportamiento de la pandemia.
En todos aquellos casos en que la competencia para el otorgamiento de la autorización para un espectáculo no recaiga en las Intendencias, Subintendencias o Comisarías Nacionales de Policía, serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales los competentes y responsables del otorgamiento de dicha autorización bajo las normas que les rigen.
Artículo 6.- El Ministerio de Gobierno, a través de las Intendencias, Subintendencias y Comisarías Nacionales de Policía, se encargará de la vigilancia y control del cumplimiento de las restricciones establecidas en el presente instrumento, así como de la aplicación de las respectivas sanciones, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 0069; sin perjuicio del control que ejerzan y sanciones que impongan otras autoridades en el ámbito de sus competencias.
Artículo 7.- Será responsabilidad de los propietarios y administradores de los establecimientos descritos en el presente instrumento adoptar todas las acciones indispensables para el cumplimiento efectivo de las medidas de bioseguridad, en especial el uso obligatorio de mascarilla, excepto en actividades deportivas cardiovasculares, la higiene de manos, el distanciamiento social de al menos 2 metros y la desinfección de superficies; así como las restricciones atinentes al aforo máximo autorizado, a fin de evitar la proliferación de contagios, tanto para los usuarios como para los trabajadores del establecimiento y los funcionarios encargados del control.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA- En el marco de lo dispuesto en el presente Acuerdo, las
 
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Intendencias Generales de Policía efectuarán los controles de establecimientos categorizados en el Acuerdo Ministerial No. 0069 y de ser el caso impondrán las sanciones establecidas en su normativa. El horario y demás parámetros previstos en el Acuerdo Ministerial No. 0069 para cada una de las categorías se acoplarán a los señalados en el presente Acuerdo, mientras dure su vigencia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga el Acuerdo Interministerial Nro. 1470 publicado en el Registro Oficial 233 de 12 de julio de 2010 y sus reformas.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de septiembre del 2020
 
 
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CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA "FUNDACIÓN
AMIGOS DE LAS AMÉRICAS"
Convenio N° CBF-MREMH-2020-020
Comparecen a la suscripción del presente instrumento, por una parte, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, debidamente representado por el Embajador Arturo Cabrera Hidalgo, Viceministro de Relaciones Exteriores, y, por otra parte, la Organización no Gubernamental Extranjera (ONG) "FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS", persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de la legislación de los Estados Unidos, debidamente representada en el Ecuador por el Señor Adam Chandler Shreeve, en su calidad de Representante Legal. Las partes mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico de Funcionamiento al tenor de las siguientes cláusulas:
ARTÍCULO 1 ANTECEDENTES
1.1.    Mediante Oficio S/N, recibido en Cancillería el 17 de agosto de 2020, el Representante Legal de "FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS" en Ecuador, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento.
1.2.    Con Resolución N° 0000138, de 2 octubre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización no Gubernamental Extranjera "FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS".

ARTÍCULO 2 
OBJETO DEL CONVENIO
Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización no Gubernamental Extranjera "FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS", que desarrolla actividades de cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
ARTÍCULO 3 O
BJETO DE LA ORGANIZACIÓN
3.1    De conformidad con su estatuto, la organización tiene como tiene como propósito: "(...)esta Corporación se organiza con fines de dar apoyo al buen funcionamiento de cualquier objetivo o empresa exclusivamente médica, científica, educativa o de beneficencia, y en particular: Una iniciativa periódica de programas finitos que permitan a los estudiantes y otros voluntarios durante los intermedios de estudio o trabajo participar, atender a las necesidades espirituales y físicas de sus amigos en toda América de manera personal e inmediata en la tradición de amor fraternal cristianos (...)".
3.2    En tal virtud, la Organización no Gubernamental "FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS", se compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y económica no reembolsable, de conformidad con las necesidades de los diferentes sectores a los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado ecuatoriano.
 
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ARTÍCULO 4 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 La Organización podrá desarrollar sus programas, proyectos y actividades de cooperación con la participación de entidades del sector público y/o privado, con finalidad social o pública, que necesiten de cooperación técnica no reembolsable y/o asistencia económica, en las siguientes áreas de intervención, a nivel nacional:
-    Desarrollo Social Comunitario.
4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades:
-    Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional a entidades públicas y privadas ecuatorianas relacionadas;
-    Formación de talento humano ecuatoriano a través de la cooperación técnica, organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador y/o en el exterior;
-    Dotación con carácter de no reembolsable de maquinarias, herramientas, materiales y/o equipos necesarios en las intervenciones que realice la organización y en general bienes fungibles o no fungibles necesarios para la realización de proyectos específicos;
-    Intercambio de conocimientos e información técnica, económica y/o social con entidades públicas y privadas ecuatorianas;
-    Voluntariado para el desarrollo comunitario en el ámbito social y cultural;
-    Investigación social en beneficio de las entidades públicas y privadas que intervienen en la gestión de la ONG en el país.

ARTÍCULO 5 
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
La Organización deberá:
a)    Ejecutar programas y proyectos dentro de los ámbitos de intervención contemplados en este convenio.
b)    Promover el desarrollo sostenible, para lo cual estructurará sus planes de trabajo alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y territoriales; y, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, según corresponda.
c)    Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según corresponda.
 
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d) Planificar programas y proyectos con participación de los actores territoriales y las comunidades, y promover la armonización con organizaciones no Gubernamentales nacionales y/o internacionales, así como con organismos de cooperación, que trabajen en las mismas áreas temáticas y área geográfica de influencia.
e) Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los programas y proyectos planificados.
f)    Remitir anualmente a la o las carteras de estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades en el país, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un informe de rendición de cuentas de los programas, proyectos y actividades de la organización. Igualmente se presentarán informes finales de programas y proyectos a las entidades señaladas así como a las entidades públicas nacionales o locales con las que haya trabajado en dichas intervenciones, así como a sus poblaciones o comunidades beneficiarías.
g)    En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada, deberá presentar los certificados sobre la licitud del origen de dichos fondos, según corresponda.
h) Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana los cambios y reformas efectuados en la Organización respecto a: cambio o sustitución de representante legal, cambio de la o el apoderado, reformas estatutarias, domicilio y datos de contacto.
i)     Cumplir con las recomendaciones establecidas en los documentos de no objeción a sus actividades en el país, emitidos por la o las Carteras de Estado e informar a las entidades rectoras así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
j) Presentar anualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana información relacionada con su talento humano nacional y extranjero, tanto de nómina, como voluntarios y expertos, que trabajen en la Organización o en sus proyectos; su periodo de trabajo en el país y las funciones que desempeñan. En caso de personal, expertos o voluntarios extranjeros, es responsabilidad de la organización la gestión del visado respectivo, exclusivamente para estas personas.
k) En el caso de bienes importados por la Organización, ésta deberá presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un documento técnico que justifique y respalde que las donaciones están contempladas en el plan operativo, considerando: tipo de donaciones, licitud, donantes, beneficiarios, entidades de coordinación y justificación en términos socioeconómicos.
I) Remitir, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, información inherente a su gestión para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la cooperación internacional.
m) Implementar el plan operativo plurianual conforme lo aprobado, y notificar, inmediatamente, con el debido respaldo documental, las modificaciones en la planificación presentada, extensión del tiempo de ejecución del proyecto, modificaciones presupuestarias no contempladas en un inicio, cambio de fuentes de financiamiento, así como el detalle de nuevas intervenciones que lleve a cabo la Organización.
n) Mantener actualizada la información en la página web de la organización respecto a los programas, proyectos y actividades ejecutadas en el país, así como evaluaciones relativas a su gestión. La información deberá estar publicada en idioma español y deberá reflejar los resultados y efectos en los beneficiarios.
 
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o)     Establecer y actualizar un domicilio en el Ecuador, para efectos del presente convenio para notificación, control y seguimiento de sus actividades por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
p)     Cumplir con las obligaciones laborales, seguridad social y prevención de los riesgos de trabajo de su personal. La organización tendrá responsabilidad frente a terceros de todo aquello que pueda derivar de estas contrataciones durante el ejercicio de las actividades del personal.
q)     Promover la contratación prioritaria de personal ecuatoriano para la coordinación y ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.
r)     Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el país.
s)     Reportar mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información requerida conforme los términos previstos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.
t)     Promover la continuidad y sostenibilidad de sus acciones, para lo cual deberá transferir capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas y proyectos conforme la estrategia prevista para el efecto.
u)     Una vez finalizada su gestión en el país, la Organización deberá entregar al MREMH y a la/s Cartera/s de Estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades, un informe final que contenga los resultados de su intervención en Ecuador, las acciones, programas, proyectos, estudios e investigaciones
v)     Ceder los derechos de propiedad intelectual que se generen en el marco de la implementación de los programas, proyectos y actividades relativos al presente convenio a la contraparte ecuatoriana, según corresponda.
w) Observar, respetar y cumplir la ética en la investigación científica y manejo en elementos de biodiversidad, así como lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.
x)     Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.
y)     Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuando la ONG decida retirarse del territorio ecuatoriano, para lo cual deberá presentar una estrategia de salida que deberá incluir una propuesta de transferencia de capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas o proyectos. Los bienes muebles e inmuebles que posea la organización deberán ser transferidos a los beneficiarios de los proyectos o a un socio local.

ARTÍCULO 6 
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:
6.1    Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a sus programas, proyectos y actividades.
 
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6.2    Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas - SUIOS.
6.3    Realizar el seguimiento correspondiente de las actividades autorizadas para el funcionamiento de la Organización en el país.

ARTÍCULO 7 
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
7.1    El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo que le habilita su estatus migratorio.
7.2    La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la organización.
7.3    El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, de conformidad con este convenio y la normativa nacional vigente, deberá obtenerla visa que corresponda, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos para la misma.
7.4    La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios
7.5    La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al ordenamiento jurídico del Ecuador.
7.6    La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el traslado, retorno, instalación, manutención y seguros pertinentes del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios.
7.7    En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de origen.

ARTÍCULO 8 
PROHIBICIONES
8.1    Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193 de 23 octubre 2017, se prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su personal autorizado para trabajar en el país, no podrá realizar actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así como cualquier otra actividad que no le sea permitida de acuerdo a su categoría migratoria.
8.2    Se le prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar recursos a personas naturales o entidades privadas internacionales para la adquisición de terrenos en dichas áreas, de conformidad con lo previsto en el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador.
 
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8.3     En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.

ARTÍCULO 9
 INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA
9.1    El representante de la Organización en el Ecuador presentará durante el primer trimestre de cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lo siguiente: un plan operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y proyectos ejecutados durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos programas y proyectos; ficha de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la organización el año anterior; informes de evaluación de los programas y proyectos; e, informes de auditoría externa de sus actividades en el Ecuador, según lo establecido en la propuesta de evaluación y auditoría presentadas por la organización y aprobadas por el MREMH, previo a la suscripción del presente instrumento.
9.2    El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y en la Ley de Régimen Tributario Interno estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio y a las normas de la legislación ecuatoriana.

ARTÍCULO 10 
ACTIVIDADES AUTORIZADAS
La Organización no Gubernamental está autorizada para:
a)    Abrir cuentas corrientes o de ahorros, mantener fondos y depósitos en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda extranjera en entidades bancarias que efectúen actividades en la República del Ecuador, de conformidad con la legislación ecuatoriana vigente.
b)    Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos, los que no podrán perseguir fines de lucro.
c)    Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11 
RÉGIMEN TRIBUTARIO
La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador.

ARTÍCULO 12 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente convenio, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la mediación, y se conviene en lo siguiente:
 
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Toda controversia o diferencia relativa a este convenio, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la Jurisdicción Ordinaria.
12.2 Si las controversias persisten y se firmara un acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita por las partes al convenio de mediación, las partes se sujetarán a la legislación contenciosa administrativa que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito, conforme los procedimientos y jueces determinados por la legislación nacional.

ARTÍCULO 13 
NOTIFICACIONES
13.1    Para efectos de notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Dirección: Jerónimo Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto.
Ciudad: Quito
Teléfono: (02) 299-3200
Correo electrónico: [email protected]
Página Web: www.cancilleria.gob.ec
FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS
Dirección: Avenida Amazonas N32-227 y Avenida República
Ciudad: Quito
Teléfono: 0983372375
Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.amigosinternational.org
13.2    Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente con la denominación: FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS AMÉRICAS, y deberán ser suscritas por su representante legal o apoderado en el Ecuador.

ARTÍCULO 14 
VIGENCIA
14.1    El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
14.2    No existirá renovación automática del Convenio. Sin embargo, la ONG extranjera podrá presentar una solicitud con todos los documentos habilitantes, con 180 días de anticipación al vencimiento del Convenio, para la suscripción de un nuevo instrumento.
14.3    El presente Convenio, podrá prorrogarse hasta por un (1) año, por una sola ocasión, por decisión expresa de las partes, a través de la firma de un adendum y bajo el procedimiento establecido para el efecto.
 
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ARTÍCULO 15 
TERMINACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio terminará en los siguientes casos:
15.1    Por vencimiento de plazo estipulado en este convenio.
15.2    Por solicitud expresa de la ONG.
15.3    Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre de 2017: "Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador".
15.4    Por denuncia motivada por parte de un tercero que, luego de la correspondiente sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG. Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad competente.
Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el
 
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 27
Resolución Nro. SNAI-SNAI-2020-0052-R 
Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020
SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD Y A ADOLESCENTES
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República en su artículo 1 define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 establece los deberes primordiales del Estado. Entre estos deberes se encuentra el garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;
Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República prescribe que los "derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte";
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República considera a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria, estableciendo que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; para lo cual, el Estado prestará especial protección a las personas con condición de doble vulnerabilidad;
Que, el artículo 51 numeral 5 de la Constitución de la República determina como derecho de las personas privadas de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas;
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República prescribe los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, en cuyos numerales 1 y 8 indica que "i. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. (...) 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción";
Que, el artículo 85 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos están orientadas a hacer efectivos el buen vivir y los derechos; y, que el Estado debe garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas públicas y para la prestación de bienes y servicios públicos;
Que, el artículo 201 de la Constitución de la República determina como finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección y garantía de sus derechos. Además prioriza el desarrollo de sus capacidades para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad;
Que, el artículo 202 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal, contempla la existencia de un organismo técnico encargado de la evaluación de las políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; este organismo tiene un órgano gobernante o directorio integrado conforme lo dispone el artículo 675 del Código Orgánico Integral Penal;
Que, el artículo 203 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina como una directriz del Sistema Nacional de Rehabilitación Social "2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanol, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación";
 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la República prescribe que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley";
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República señala que "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus junciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 364 indica que "Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos";
Que, el Código Orgánico Integral Penal reconoce como derecho de las personas privadas de libertad el derecho a la salud, y el artículo 12 numeral 11 en su último inciso establece que "En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de personal calificado para el efecto";
Que, el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal define al Sistema Nacional de Rehabilitación Social como el "conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, para dar cumplimiento a la finalidad del sistema y para la ejecución penar;
Que, el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal señala que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene cuatro finalidades: 1. Proteger los derechos de las personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales; 2. Desarrollar las capacidades de las personas privadas de libertad que les permitan ejercer derechos y cumplir responsabilidades al recuperar la libertad; 3. Rehabilitación integral de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de la condena; y, 4. Reinserción social y económica de las personas privadas de libertad;
Que, el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal, indica que el Organismo Técnico es responsable de definir la estructura orgánica funcional y administrar los centros de privación de libertad, así como, fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema;
Que, el artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal establece como responsabilidad del Estado la custodia de las personas privadas de libertad, así como el responder por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas privadas de libertad;
Que, el artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal indica que las medidas cautelares personales y las penas privativas de libertad y apremios se cumplirán en centros de privación de libertad. Para el efecto, determina que estos centros de privación de libertad son de dos tipos: a) centros de privación provisional de libertad; y, b) centros de rehabilitación social. Los primeros son aquellos en los que permanecen "personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia"; y, los segundos son aquellos en los que "permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada";
Que, el artículo 701 del Código Orgánico Integral Penal indica que "El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes: 1.
 
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Laboral 2. Educación, cultura y deporte 3. Salud 4. Vinculación familiar y social 5. Reinserción. El desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social";
Que, el tratamiento en salud a las personas privadas de libertad, de conformidad con el artículo 705 establece que "Los centros de privación de libertad brindarán programas de prevención, tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos en lugares apropiados para este efecto";
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República dispuso la transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos, y creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, responsable de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por el órgano gobernante, es decir, por el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;
Que, la parte considerativa de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización indica que "la
prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas debe basarse fundamentalmente en la implementación de políticas públicas en materias de educación y salud, en el marco de una legislación que propicie y facilite la aplicación de dichas políticas, habida cuenta de que es deber ineludible e inexcusable del Estado el atender estas áreas, privilegiando en ellas la inversión estatal";
Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización en su artículo 3 declaró de interés nacional
"las políticas públicas que se dicten para enfrentar el fenómeno socio económico de las drogas, así como los planes, programas, proyectos y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes, precautelando los derechos humanos y las libertades fundamentales, mediante la participación social y la responsabilidad pública y privada, en procura del desarrollo humano, dentro del marco del buen vivir o Sumak Kawsay";
Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización en su artículo 5 establece los derechos en el marco de la prevención del uso y consumo de drogas e indica en sus literales c), d) y g) los siguientes derechos:
"(...) el Estado garantizará el ejercicio de los siguientes derechos: (...) c- Salud.- Toda persona en riesgo de uso, que use, consuma o haya consumido drogas, tiene derecho a la salud, mediante acciones de prevención en sus diferentes ámbitos, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, respetando los derechos humanos, y a recibir atención integral e integrada que procure su bienestar y mejore su calidad de vida, con un enfoque bio-psico social, que incluya la promoción de la salud, d.- Educación.- Toda persona tiene derecho a acceder a un proceso formativo educativo, con orientación sistémica y holística, encaminado al fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades en todas las etapas de su vida. En las comunidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, será prioritario, el conocimiento y aplicación de la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de los riesgos y daños asociados. (...) g.-No discriminación y estigmatización.- Las personas no podrán ser discriminadas ni estigmatizadas, por su condición de usuarias o consumidoras de cualquier tipo de drogas";
Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización define a la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas como "el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes sociales, en el marco del buen vivir";
 
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Que, los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establecen acciones específicas de prevención en los ámbitos de salud y de educación que deben ser cumplidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y por las autoridades del Sistema Nacional de Educación, respectivamente;
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización indica tres mecanismos para la prevención integral del fenómeno, que son: "1.- Acciones para la prevención del uso y consumo de drogas; 2.- Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y 3.- Reducción de riesgos y daños";
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización indica que el para disminuir la influencia, uso, demanda y riesgos asociados en el uso y consumo de drogas, "será obligación primordial del Estado dictar políticas y ejecutar acciones inmediatas encaminadas a formar sujetos responsables de sus actos y fortalecer sus relaciones sociales, orientadas a su plena realización individual y colectiva";
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización indica que "es obligación primordial no privativa del Estado prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y problemáticas de drogas", y que, "La Autoridad Sanitaria Nacional autorizará, regulará, controlará y planificará la oferta territorializada de los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación";
Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización en su artículo 20 respecto de la reducción de riesgos y daños refiere que "El Estado promoverá un modelo de intervención que incluya estrategias en áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, que tenga como finalidad disminuir los efectos nocivos del uso y consumo de drogas, y los riesgos y daños asociados, a nivel individual, familiar y comunitario. Las acciones de reducción de riesgos y daños contarán con información técnica oportuna que promueva una educación sanitaria adecuada";
Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización en el artículo 18 indica que "Los establecimientos públicos y privados de salud, conforme a la normativa y modalidades de tratamiento establecidos por la autoridad sanitaria nacional, brindarán el servicio para tratar los problemas de salud causados por el uso o consumo de drogas, los cuales contendrán estrategias, programas y acciones tendientes a la atención integral y articulada para las diferentes fases de la relación del sujeto con las drogas y con su entorno social, a través de prácticas saludables que permitan fortalecer la calidad de vida de las personas. El tratamiento de las personas en situaciones de uso o consumo de drogas será únicamente profesional y especializado, los establecimientos públicos y privados que presten el servicio de tratamiento deberán cumplir las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. El área social de los prestadores de servicios de tratamiento deberá contar con servicios de apoyo familiar, formación en habilidades sociales, formación laboral, tutoría laboral, formación académica y tutoría escolar";
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 376 de 23 de abril de 2018, el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, suprimió la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, y dividió las atribuciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública asumió la responsabilidad de "ejercer la asesoría, gestión, seguimiento y evaluación respecto de la aplicación y ejecución de las políticas públicas emitidas por el Comité Interinstitucional";
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 14 de noviembre de 2018, el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI;
 
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Que, en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 560 se dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores ejerza todas las atribuciones constantes en leyes y demás normativa vigente sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad, así como sobre desarrollo integral de adolescentes infractores;
Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 560 en mención, estableció que el órgano gobernante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, es el responsable de "ejercer la rectoría, regulación, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social" el cual se integrará conforme lo dispone el COIP y estará presidido por un delegado del Presidente de la República; siendo, el Director General del SNAI el secretario del órgano gobernante que interviene con voz pero sin voto;
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 781, de 3 de junio de 2019, el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno Garcés, designa al Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, como Director General del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de libertad y a Adolescentes Infractores;
Que, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social fue aprobado por el Directorio del Organismo Técnico en la sesión ordinaria N° 3 llevada a cabo el 30 de julio de 2020, y este deroga al anterior Reglamento;
Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, al ejercer la Secretaría del Directorio del Organismo Técnico, expidió la resolución correspondiente con el texto aprobado, el cual corresponde a la Resolución N° SNAI-SNAI-2020-0031-R de 30 de julio de 2020;
Que, el artículo 178 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que el eje de salud es uno de los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad;
Que, el artículo 215 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social indica que "La política pública de salud integral en los centros de privación de libertad la define el ente rector de salud que es el responsable de desarrollar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades de promoción, prevención y tratamiento de la salud integral de las personas privadas de libertad, incluyendo huelgas de hambre, ideación suicida, intentos autolíticos, trastornos mentales graves, consumo problemático de alcohol y otras drogas; así como, las prestaciones complementarias derivadas de esta atención (...)"',
Que, el artículo 224 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, indica que "Esta modalidad de servicio brinda atención a personas privadas de libertad con trastornos mentales graves y consumo problemático de alcohol y otras drogas, de forma especializada, para lo cual, la entidad responsable de salud, contará con personal profesional de salud mental formado en la temática. Los servicios de atención ambulatorio intensivo, cuenta con un equipo multidisciplinario, con habilidades y capacidades técnicas, que brindan servicios en terapia individual, grupal, familiar, multifamiliar, ocupacional, según la necesidad particular de cada participante, garantizando una atención especializada e integral, con planes de tratamiento individualizado de las personas privadas de libertad usuarias del servicio";
Que, el artículo 235 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social indica que "(...) En el caso de las personas privadas de libertad con problemas de adicción, la entidad rectora de salud pública emitirá a la máxima autoridad del centro un informe respecto a los avances de las personas privadas de libertad que se encuentran en proceso de rehabilitación por adicciones";
Que, el artículo 52 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social indica que "La política pública laboral se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de trabajo, justicia y derechos humanos. Esta área se encargara de promover el desarrollo de las personas privadas de
 
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libertad a través de formación y certificación laboral. El trabajo de la persona privada de libertad será remunerada conforme lo establece el código integral penal";
Que, considerando las disposiciones constitucionales, las adicciones son un problema de salud pública que es atendido de manera específica y prioritaria bajo los lineamientos del ente rector de salud y bajo las políticas del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, o quien hiciere sus veces;
Que, mediante Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, el Gral. I. (SP) Abg. Edmundo Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI declaró al "Centro de Privación de Libertad Azogues como Centro de Rehabilitación Social Azogues en el cual se brindará el servicio exclusivo de tratamiento y rehabilitación a personas privadas de libertad consumidoras problemáticas de alcohol, drogas y otras sustancias catalogadas sujetas a fiscalización";
Que, la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, establece que "El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores podrá prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seguimiento y monitoreo a personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas, a través de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para lo cual, se requerirá la presentación de un proyecto que será validado por la entidad rectora en salud pública y los informes técnicos del eje de salud de la Dirección Técnica de Régimen Cerrado o quien hiciere sus veces, para la elaboración del convenio de cooperación que corresponda";
Que, la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, establece una serie de acciones para celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas que atiendan las adicciones, bajo los lineamientos específicos determinados por el Ministerio de Salud Pública. Para el efecto, la Resolución en referencia otorgó tiempos específicos a ser cumplidos, así como la necesidad de informes claros respecto del tratamiento, rehabilitación, seguimiento y monitoreo de personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas, enfatizando que se debe tomar en consideración el Modelo de Atención de Salud en Contextos de Privación de Libertad, y las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente respecto de tratamiento de adicciones;
Que, ha transcurrido el tiempo previsto en la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019 y no se han ejecutado por parte de las áreas competentes, las acciones dispuestas en la mencionada Resolución;
Que, al haberse producido efectos jurídicos para terceros derivados de la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, los cuales causaron efectos extemporáneos a los inicialmente dispuestos, es necesario adoptar acciones para dar continuidad a los procesos de tratamiento de las personas privadas de libertad, considerando su condición de grupo de atención prioritaria y especialmente, las situaciones de mayor vulnerabilidad;
Que, el Director General del SNAI, Gral. I. Abg. Edmundo Moncayo Juaneda, expidió la Resolución N° SNAI-SNAI-2020-0051-R de 09 de septiembre de 2020;
Que, es imprescindible que la atención en salud, salud mental y tratamiento de adicciones en los centros de privación de libertad, se adecué a las normas específicas dispuestas por la autoridad sanitaria nacional;
Que, para evitar la inseguridad jurídica es necesaria la coordinación interinstitucional que permita adecuar acciones en beneficio del tratamiento de salud y manejo de adicciones de las personas privadas de libertad, considerando los principios de la privación de libertad, las finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y los principios de la administración pública;
Que, la coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la ejecución del eje de tratamiento de salud,
 
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conforme se desprende del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, es vital para el establecimiento de lineamientos de tratamiento en las modalidades ambulatorias o aquellas específicas para el tratamiento de adicciones; y, que el Ministerio como ente rector de salud pública y miembro del Directorio del Organismo Técnico puede apoyar en el tratamiento de adicciones y asesoramiento, más aun cuando la dependencia a drogas, alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización aquejan a la población privada de libertad ecuatoriana;
Que, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores no tiene rectoría del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sino, únicamente las competencias de gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por el Directorio del Organismo Técnico; y que, de acuerdo con el RUC institucional la actividad principal es la administración de prisiones y prestación de servicios correccionales; y,
Que, los actos administrativos y normativos deben responder a los principios que rigen la administración pública, y, considerando que la resolución SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, no ha sido aplicada debidamente desde su suscripción, pero ha causado efectos jurídicos para terceros,
En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere la normativa legal vigente, del principio de legalidad y del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019,
RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R de 15 de noviembre de 2019, publicada en el registro oficial N° 173 de 31 de marzo de 2020.
Artículo 2.- Derogar la resolución N° SNAI-SNAI-2020-0051-R de 09 de septiembre de 2020.
Artículo 3.- Habilitase el Centro de Privación de Libertad Azogues como un centro de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que recibirá personas privadas de libertad de mínima y media seguridad, o aquellas dispuestas en tipología de centros, sin perjuicio de los mecanismos y acciones en salud existentes o que pudieren implementarse en el marco de la normativa vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La Subdirección Técnica de Rehabilitación Social, la Dirección Técnica de Régimen Cerrado y la Dirección de Servicios Procesos Calidad y Gestión del Cambio y Cultura Organizacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI, levantarán los procesos y documentos técnicos para la implementación de atención en tratamiento de adicciones en los centros de privación de libertad, en coordinación y bajo la asesoría técnica del Ministerio de Salud Pública, como ente rector de salud pública y miembro del Directorio del Organismo Técnico, sea a través de grupos de autoayuda de narcóticos anónimos, servicio ambulatorio o ambulatorio intensivo, abordaje psicoterapéutico de prevención, atención y seguimiento, o cualquier otra figura que se creare para el efecto, bajo las recomendaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública.
SEGUNDA.- La Subdirección Técnica de Rehabilitación Social, la Dirección Técnica de Régimen Cerrado y la Dirección de Servicios Procesos Calidad y Gestión del Cambio y Cultura Organizacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI, solicitarán el apoyo técnico y direccionamiento para las modalidades de atención para tratamiento de adicciones al Ministerio de Salud Pública, conforme la normativa vigente en atención de adicciones; y, determinarán técnicamente el centro o centros de privación de libertad que brinden este tratamiento específico, sea por parte
 
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del Ministerio de Salud Pública, o por otra entidad pública o privada, bajo las disposiciones y lineamientos del Ministerio de Salud Pública.
En caso de que se brinde el tratamiento por personas naturales o jurídicas externas al Ministerio de Salud Pública, las áreas técnicas determinadas en esta disposición presentarán los informes, aspectos de atención, protocolos, proyectos, y demás documentos necesarios, para efectuar el tratamiento de adicciones en contextos de privación de libertad.
TERCERA.- Las áreas del SNAI tanto sustantivas como adjetivas, sobre la base de los informes técnicos para habilitación de centros específicos que brinden el tratamiento a adicciones en contextos de privación de libertad, gestionarán los permisos y autorizaciones interinstitucionales que correspondan, en el marco de la protección de derechos a las personas privadas de libertad.
CUARTA.- El centro de privación de libertad Azogues, sin perjuicio del nombre que tendrá de acuerdo a las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social o de la tipología de centro que emita el Organismo Técnico del Sistema, dada la intervención en infraestructura, podrá, previo informe técnico, prestar el servicio de tratamiento de adicciones como actividad adicional a la de rehabilitación social y custodia de personas privadas de libertad, siempre y cuando cuente con el aval técnico, directrices y lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Para su habilitación, se solicitará y coordinará los aspectos técnicos para la dotación de médicos y personal sanitario al centro, considerando que es un centro de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
QUINTA.- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores podrá prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seguimiento y monitoreo a personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas, a través de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para lo cual, se requerirá la presentación de un proyecto que será validado por la entidad rectora en salud pública y los informes técnicos del eje de salud de la Dirección Técnica de Régimen Cerrado o quien hiciere sus veces, para la elaboración del convenio de cooperación que corresponda. El programa o modelo de tratamiento a presentarse deberá contar con el aval y contenidos técnicos y terapéuticos que coadyuven y permitan atender integralmente la conducta adictiva de las personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas.
Las personas naturales o jurídicas que presten los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seguimiento y monitoreo a personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas, aplicarán obligatoriamente las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente respecto de tratamiento de adicciones, planes, parámetros y directrices de la entidad rectora en salud y las disposiciones del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, incluidas las normas de seguridad en los centros de privación de libertad.
SEXTA.- Los traslados de personas privadas de libertad para tratamiento de adicciones a centros de privación de libertad que presten los servicios de atención y tratamiento de adicciones y consumo problemático de alcohol y otras drogas, se tramitarán como traslados por salud, pero considerarán obligatoriamente las condiciones de seguridad de las personas privadas de libertad, el nivel de seguridad y la infraestructura del centro sin perjuicio de cumplir con las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
SÉPTIMA.- Los criterios para la inclusión y exclusión de personas privadas de libertad con consumo problemático de alcohol y otras drogas en la modalidad de ambulatoria intensiva en contextos de privación de libertad se sujetarán a los lineamientos emitidos por la entidad rectora de salud pública.
OCTAVA.- En consideración de la definición como estado laico, se propenderá que la atención para manejo de adicciones se mantenga neutral y laica, a fin de evitar afectaciones a la libertad de religión y creencias.
Las personas privadas de libertad, en virtud de los derechos contenidos en el artículo 12 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, son libres de practicar las creencias con las que se identifiquen, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad.
 
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NOVENA.- Las personas naturales o jurídicas que pretendan brindar apoyo en el tratamiento de adicciones conforme los lincamientos y disposiciones del Ministerio de Salud Pública no podrán tener vínculos de parentesco con personas privadas de libertad. Para el efecto, no podrán suscribirse convenios con parientes hasta por el cuarto grado de consanguinidad y/o afinidad de personas privadas de libertad, ni con cónyuges o convivientes de personas privadas de libertad.
DÉCIMA.- La Dirección de Asesoría Jurídica realizará los convenios de cooperación necesarios para el funcionamiento del servicio de adicciones, en el marco de la presente Resolución. Para el efecto, se estará a lo dispuesto en el memorando N° SNAI-DAJ-2019-0384-M de 05 de agosto de 2019.
DÉCIMA PRIMERA.- Encárguese a la Subdirección Técnica de Rehabilitación Social, a la Dirección Técnica de Régimen Cerrado y a la Dirección de Servicios Procesos Calidad y Gestión del Cambio y Cultura Organizacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI el seguimiento y ejecución de la presente Resolución.
DÉCIMA SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la respectiva publicación en el Registro Oficial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- La Coordinación General Administrativa Financiera en el plazo de sesenta días contados a partir de la suscripción de esta Resolución, realizará todas las gestiones para organizar el objeto, plazos y obligaciones del convenio suscrito el SNAI y cualquier institución o entidad pública o privada al amparo de la Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0028-R, y de ser necesario, se elaborará los instrumentos que permitan una adenda modificatoria del convenio, a fin de que dicho acuerdo de voluntades se sujete a las disposiciones de esta Resolución.
En relación con el o los convenios existentes relacionados con la Resolución N° SNAI-SNAI-0028-R, dentro del plazo previsto en esta Disposición, se remitirá los documentos originales de los convenios e informes técnicos con las respectivas firmas de responsabilidad, a la Dirección de Asesoría Jurídica para el registro correspondiente, independientemente de la fecha en que se hubieren suscrito y/o celebrado.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada y suscrita en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de septiembre de dos mil veinte.
Documento firmado electrónicamente
Abg. Edmundo Enrique Moncayo J. DIRECTOR GENERAL DEL SNAI
 
 
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RESOLUCIÓN Nro. SNGRE-041-2020
MGS. ROMMEL ULISES SALAZAR CEDEÑO DIRECTOR GENERAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República, establece que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; y que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través del organismo técnico establecido en la ley;
Que, el artículo 390 de la Constitución de la República, determina que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico; y que, cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;
Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, establece que la gestión de riesgos, que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley; y que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial;
Que, el literal d) del Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, cuya rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que, la Secretaría de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y que, en el ámbito de su competencia le corresponde entre otros, identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; así como también, coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior;
Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen aplicación en todo el territorio nacional, además que, el proceso de gestión de riesgos incluye el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-natural o antrópico;
 
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Que, el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, estipula que se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado, señalando que un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen consecuencias negativas; y que, un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas;
Que, el artículo 18 del Reglamento Ibídem, determina que el Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, cuyas competencias comprende, entre otras: Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y, adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 62, de 05 de agosto de 2013, la Función Ejecutiva se organizó en Secretarías, entre ellas se señala a la Secretaría de Gestión de Riesgos;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 534, de 03 de octubre de 2018, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la transformación de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, y designó a la señora María Alexandra Ocles Padilla, como Directora General, con rango de Ministro de Estado;
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-CGPGE-2020-0281-M, de 25 de marzo de 2020, el Mgs. Diego Cabrera Bowen, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, remitió a la señora María Alexandra Ocles Padilla, entonces Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para institucionalización, el "Procedimiento para sensibilización en prevención de riesgos de desastres, versión 1.0 - FDC-SNGRE-PR-02", con sus respectivos anexos, elaborado por la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, revisado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; y, aprobado por la Subsecretaría de Reducción de Riesgos;
Que, mediante sumilla "AUTORIZADO", de fecha 07 de mayo de 2020, insertada en el memorando Nro. SNGRE-CGPGE-2020-0281-M, la señora María Alexandra Ocles Padilla, entonces Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, autorizó lo solicitado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1048, de 11 de mayo de 2020, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Mgs. Rommel Ulises Salazar Cedeño, como Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;
Que, para continuar trabajando de manera articulada, trasversal, holística y con un enfoque prospectivo en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de gestión de riesgos y emergencias, con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizados de Gestión de Riesgos, es necesario oficializar el "Procedimiento para sensibilización en prevención de riesgos de desastres, versión 1.0 - FDC-SNGRE-PR-02", cuya finalidad es incrementar la concienciación pública acerca de la preparación, identificar y reducir sus riesgos, así como hacer frente a emergencias y desastres dentro de las poblaciones más vulnerables del país, con el objetivo de reducir el impacto y niveles de afectación en la población.;
En ejercicio de la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador.
 
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RESUELVE:
Artículo 1.- ACOGER el contenido del "Procedimiento para Sensibilización en Prevención de Riesgos de Desastres, versión 1.0 - FDC-SNGRE-PR-02", elaborado por con sus respectivos anexos, elaborado por la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, revisado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; y, aprobado por la Subsecretaría de Reducción de Riesgos.
Artículo 2.- INSTITUCIONALIZAR en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el "Procedimiento para Sensibilización en Prevención de Riesgos de Desastres, versión 1.0 - FDC-SNGRE-PR-02", con sus respectivos anexos, remitidos mediante memorando Nro. SNGRE-CGPGE-2020-0281-M, de 25 de marzo de 2020, suscrito por el Mgs. Diego Cabrera Bowen, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica.
Artículo 3.- ACEPTAR las actualizaciones que se realicen a los documentos anexos del procedimiento, solicitadas por la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, y debidamente autorizadas por la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, sin que sea necesario expedir una nueva resolución o modificar la presente, previa notificación de no afectación al procedimiento por parte de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, para que, de acuerdo con sus competencias, atribuciones y responsabilidades, realice la socialización de esta resolución, a todas las áreas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Artículo 5.- ENCARGAR a la Dirección de Administración de Recursos Humanos de este Servicio Nacional, de acuerdo con sus competencias, atribuciones y responsabilidades, la aplicación, control y monitoreo del procedimiento que se institucionaliza mediante la presente resolución.
Artículo 6.- PUBLICAR el contenido de esta Resolución en el Registro Oficial y en el portal web del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la misma que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
 
Mgs. Rommel Ulises Salazar Cedeño
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Dado y firmado en Samborondón, el 22 de mayo de 2020. Publíquese, socialícese y cúmplase.
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 39
 
PROCEDIMIENTO PARA
SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRES
FDC-SNGRE-PR-02
[Versión 1.0]
 
40 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
 
 
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión    Descripción del cambio    Fecha de Actualización
0.1    Emisión inicial    20/02/2020
0.2    Emisión por regularización de observaciones dadas por la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad    19/03/2020
0.3    Emisión por regularización de observaciones dadas por la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos    20/03/2020
1.0    Emisión final luego de aprobación de la Subsecretaría de Reducción de Riegos    -
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 41
CONTENIDO
PROPÓSITO    
ALCANCE    
MARCO LEGAL    
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS    
LINEAMIENTOS GENERALES    
DETALLE DE ACTIVIDADES    
DIAGRAMA DE FLUJO    
ANEXOS    
 
42 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
PROPÓSITO
Establecer bajo un enfoque de administración por procesos las actividades para la sensibilización en prevención de riesgos de desastres, de forma articulada con los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el territorio, con la finalidad de incrementar la concientización pública acerca de la preparación, identificar y reducir sus riesgos, así como hacer frente a emergencias y desastres dentro de las poblaciones más vulnerables del país, con el objetivo de reducir el impacto y niveles de afectación en la población.
ALCANCE
Este procedimiento se aplicará en Matriz y Coordinaciones Zonales del SNGRE, y abarca el conjunto de actividades requeridas desde la disposición para dar inicio al    proceso de sensibilización en prevención de riesgos de desastres hasta la aprobación del informe de evaluación y control de las fases de sensibilización.
MARCO LEGAL
■    Constitución de la República de Ecuador
■    Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres
■    Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
■    Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
■    Amenaza: Es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales.1
■    Amenaza Natural: Asociada predominantemente a procesos y fenómenos naturales.2
■    Amenazas Antropógenas o de origen humano: Son las inducidas de forma total o predominante por las actividades y las decisiones humanas.3
■    Concientización / Sensibilización pública: El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse
1    Glosario de Términos y Conceptos de la Gestión del Riesgo de Desastres para los Países miembros de la Comunidad Andina, Perú, 2018, pág. 5
2    ídem, pág.5
3    ídem, pág.5
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 43
individual y colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas.4
Desastre: Es una interrupción grave en el funcionamiento de la comunidad en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos con las condiciones de exposición y de vulnerabilidad.5
Eventos Peligroso: Es la manifestación o materialización de una o varias amenazas en un período de tiempo específico.5
Exposición: Situación en la que se encuentran las personas, las infraestructuras, las viviendas, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados en zonas expuestas a amenazas.7
Riesgo de Desastres: Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta.8
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado.
SNDGR: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias.
LINEAMIENTOS GENERALES
1. El(a) Analista de la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos (Coordinación Zonal) para la identificación y priorización de localidades, podrá tomar como referencia el método de identificación de nivel de recurrencia de eventos peligrosos según se establece en el documento SNGRE-FDC-LIN-01 "Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)" y en el Mapa de Cantones Expuestos a Eventos Peligrosos o aplicar formato (N.R.E.P.) Nivel de Recurrencia de eventos peligrosos generados por la Dirección de Análisis de Riesgos de la Institución.
4    Terminología sobre Gestión de Riesgos de Desastres y Fenómenos Amenazantes, Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, Colombia, 2017 pág. 23
5    Glosario de Términos y Conceptos de la Gestión del Riesgo de Desastres para los Países miembros de la Comunidad Andina, Perú, 2018, pág. 10
6    Ibídem, pág. 13
7    ídem, pág. 13
8    Ibídem, pág. 19
 
44 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
2.    El(a) Analista de la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos (Coordinación Zonal) deberá realizar el cronograma para el desarrollo de actividades de sensibilización acorde a la temporalidad de eventos y según características del territorio, tomando en consideración que las campañas por época lluviosa deberán realizarse desde el mes de octubre hasta el mes de abril (Medidas de prevención ante deslizamiento, inundación), mientras que las campañas de prevención de Incendios Forestales serán desde Junio hasta Octubre (Medidas de prevención ante incendios forestales, sequía) y la prevención del uso de pirotecnia desde noviembre a diciembre ("No a la Pirotecnia"); en cada uno de estos casos se debe sumar las amenazas según localidad tales como sismo, aguaje, oleaje, tsunami y erupción volcánica.
3.    Los responsables del procedimiento para sensibilización en prevención de riesgos de desastres deberán trabajar de manera articulada con los actores del SNDGR con la finalidad de coordinar con estos la identificación y participación de las instituciones educativas, instituciones públicas, privadas y comunidades expuestos a riesgos desastres, en las diferentes actividades de sensibilización.
4.    Toda actualización requerida por el(a) Director(a) de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos en el presente documento o en los formatos del mismo deberá ser autorizada por el(a) Subsecretario(a) de Reducción de Riesgos y comunicada al(a) Coordinador(a) General de Planificación y Gestión Estratégica para que a través del(a) Director(a) de Servicios, Procesos y Calidad se realice el registro y control correspondiente.
5.    Los responsables del procedimiento para sensibilización en prevención de riesgos de desastres deberán observar las normativas vigentes aplicables para realizar las actividades descritas en el presente documento.
DETALLE DE ACTIVIDADES

N°    Rol    Actividad    Descripción    Documento y/o Registro
1.    Director(a) de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Disponer inicio
del proceso de
sensibilización en
prevención de
riesgos de
desastres    Dispone a las Direcciones Zonales del SNGRE el inicio del proceso de sensibilización pública en prevención de riesgos de desastres.    Correo electrónico
institucional
enviado
2.    Director(a) Zonal
de Gestión de
Riesgos    Recibir solicitud y
disponer inicio
de priorización
de localidades a
intervenir    Dispone se realice la priorización de localidades a intervenir.    Correo electrónico
institucional
enviado
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 45

N°    Rol    Actividad    Descripción    Documento y/o Registro
3.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Identificar y priorizar
localidades a intervenir    Identificar los cantones que presentan mayor recurrencia de eventos peligrosos y aquellos que se encuentran beneficiados por algún proyecto emblemático (Proyecto habitacional Toda una Vida, SAT, entre otros).    Correo electrónico
institucional
enviado
Mapa de cantones
expuestos a eventos peligrosos
Formato de
identificación de
amenazas
FDC-SNGRE-FO-07
Listado de
cantones
priorizados
4.    Analista de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Verificar
priorización de
localidades a
intervenir    Verifica que la priorización haya sido desarrollada correctamente cumpliendo con los criterios establecidos.    No aplica
5.    Analista de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    ¿Existen observaciones?    Revisa la priorización. Si tiene alguna observación continúa con el numeral 4.1, caso contrario continúa con el numeral 4.2.    No aplica
5.1.    Analista de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Solicitar regularización de las observaciones    Solicita la regularización de las observaciones encontradas en la priorización.    Correo electrónico
institucional
enviado
5.1.1.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Realizar ajustes y
enviar
priorización de
actividades    Realiza los ajustes en la priorización y envía para verificación. Continúa con el numeral 3.    Correo electrónico
institucional
enviado
FDC-SNGRE-FO-07
Listado de
cantones
priorizados
5.2.    Analista de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Comunicar conformidad de priorización de
localidades    Comunica la conformidad de la priorización de localidades realizada.    Correo electrónico
institucional
enviado
 
46 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327

N°    Rol    Actividad    Descripción    Documento y/o Registro
6.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Coordinar con actores del SNDGRdel territorio la
determinación
del público
objetivo    Coordina con los actores del SNDGR la identificación y participación de las instituciones educativas, instituciones públicas, privadas y comunidades expuestas a riesgos de desastres.    SPC-SNGRE-FO-32
Acta de reunión
firmada
FDC-SNGRE-FO-08
Listado de
instituciones o
comunidades a
sensibilizar
7.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Elaborar
cronograma de
fechas y
localidades    Elabora un cronograma de fechas y localidades a intervenir en base las fechas de temporalidad a sensibilizar.    Correo electrónico
institucional
enviado
FDC-SNGRE-FO-09 Cronograma de
fechas y
localidades de
intervención
8.    Director(a) Zonal
de Gestión de
Riesgos    Revisar y aprobar documentación    Revisa que la documentación esté correcta y aprueba en caso de no encontrar observaciones. Remite mediante correo electrónico
institucional los listados y cronograma a Director de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos.    FDC-SNGRE-FO-07
Listado de
cantones
priorizados
FDC-SNGRE-FO-08
Listado de
instituciones o
comunidades a
sensibilizar
FDC-SNGRE-FO-09 Cronograma de
fechas y
localidades de
intervención
9.    Director(a) Zonal
de Gestión de
Riesgos    Socializar
cronograma con
actores del
SNDGR    Socializa cronograma con actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.    Correo electrónico
institucional
enviado
FDC-SNGRE-FO-09 Cronograma de
fechas y
localidades de
intervención
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 47

N°    Rol    Actividad    Descripción    Documento y/o Registro
10.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Determinar las
estrategias a
implementar
para
sensibilización    Determinar la o las herramientas que se utilizaran en la sensibilización en base al público objetivo al que va a estar dirigido.    No aplica
11.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Ejecutar sensibilización
acorde a cronograma establecido    Desarrollar la sensibilización acorde al cronograma aprobado.    Verificables en físico
12.    Analista de la
Unidad de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos
(Coordinación
Zonal)    Realizar registro
de eventos
ejecutados y
generar informe
de sensibilización    Registrar en la matriz de datos la información de los participantes y actividades realizadas dentro de la sensibilización y continuar con el registro de información en GPR.    Matriz de datos de
eventos de
sensibilización
FDC-SNGRE-FO-10
Informe del
indicador número
de personas
sensibilizadas
13.    Analista de
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Elaborar y enviar
informe de
sensibilización    Realizar una evaluación mensual, sobre el cumplimiento de las fases establecidas durante el proceso.    Correo electrónico
institucional
enviado
Plantilla No. 1
Informe de
evaluación y
control de
indicadores
14.    Director(a) de Fortalecimiento y
Desarrollo de
Capacidades en
Gestión de Riesgos    Revisar y aprobar
informe de
evaluación y
control de fases
de sensibilización    Revisa y aprueba el informe de evaluación y control de fases de sensibilización. Finalmente remite informe a Direcciones zonales para su verificación y toma de acciones de mejora.    Correo electrónico
institucional
enviado
Plantilla No. 1
Informe de
evaluación y
control de
indicadores
 
48 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
 
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 49
ANEXOS
Formatos
■    FDC-SNGRE-FO-07: Listado de cantones priorizados
■    SPC-SNGRE-FO-32: Acta de reunión
■    FDC-SNGRE-FO-08: Listado de instituciones o comunidades a sensibilizar
■    FDC-SNGRE-FO-09: Cronograma de fechas y localidades de intervención
■    FDC-SNGRE-FO-10: Informe del indicador número de personas sensibilizadas
Plantillas
■    Plantilla No. 1 Informe de evaluación y control de indicadores
 
50 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
INDICADOR: CANTONES PRIORIZADOS

CANTONES PRIORIZADOS
1. DATOS GENERALES
COORDINACIÓN ZONAL:
FECHA DE REPORTE:
2. CANTONES PRIORIZADOS » Indicar los cantones priorizados para el proceso de sensibilización
Provincia    Cantón    Número de eventos    Nivel de Priorización
        El número deberá colocarse en base a los datos de la matriz de eventos peligrosos generada por
DMEVA o Mapa de Cantones expuestos a Eventos Peligros.    Dentro de la priorización debemos
considerar:
Los Cantones que presentan mayor exposición y afectación por recurrencia de eventos peligrosos.
a)    Si el número de eventos peligrosos presentes en territorio es mayor a 400 (ALTA).
b)    Si el número de eventos peligrosos esta entre 101 y 400 (MEDIA).
c)    Si el número de eventos peligros es menor a 100 (BAJA)
Sin dejar de lado la consideración de Zonas que se encuentran beneficiadas por proyectos de alto impacto como SAT tsunami, Cotopaxi, proyectos habitacionales Plan Toda una Vida.
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 51

            
            
            
            
            
            
            
TOTAL DE CANTONES PRIORIZADOS:
1. ANEXO
• Colocar mapa de cantones priorizados (opcional)
A los    días del mes de    del 2020, firman para constancia.
 
 
52 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
ACTA DE REUNIÓN
Página 1 de 2

FECHA:        HORARIO:        LUGAR DE REUNIÓN:    
ORGANIZADOR:    
PARTICIPANTES:    
TIPO DE REUNIÓN:    REUNIÓN INTERNA        REUNIÓN EXTERNA    
TEMA:    
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:    
ANTECEDENTES:    
DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Resumen):    
ACUERDOS Y COMPROMISOS:    RESPONSABLES/FECHAS DE ENTREGA.
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 53
ACTA DE REUNIÓN
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54 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
INDICADOR: Instituciones y comunidades priorizadas

Instituciones y comunidades priorizadas
1. DATOS GENERALES
COORDINACIÓN ZONAL:
FECHA DE REPORTE:
PERÍODO DE REPORTE:
2. CANTONES PRIORIZADOS »Indicar los cantones priorizados para el proceso de sensibilización
Provincia    Cantón    Parroquia    Público Objetivo    Actores Responsables
            Nombre de la
institución o
comunidad priorizada
para el proceso de
sensibilización en base
al listado remitido por
la institución
responsable( por
ejemplo si son
instituciones
educativas el ministerio
de educación debe remitir el listado de sus instituciones a priorizar)    Se deberá colocar los actores que son responsables de las instituciones o comunidades priorizadas.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 55
INDICADOR: Instituciones y comunidades priorizadas
 
 
56 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
 
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 57

INFORME DEL INDICADOR NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
1. DATOS GENERALES
TIPO DE EVENTO:    Sensibilización
NOMBRE DEL EVENTO: indicar el nombre general de la sensibilización
 
COORDINACIÓN ZONAL:     1     MES DE REPORTE:       Ene     FECHA DE REPORTE:
FACILITADOR(ES):
2. PARTICIPANTES »Indicar el número de personas que asistieron al evento, actividad o capacitación, institución o comunidad a la que pertenecen
PROVINCIA    CANTÓN    PARROQUIA    PÚBLICO OBJETIVO    NOMBRE    TEMÁTICA    TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
SUCUMBÍOS    SUCUMBÍOS.    0    Institución Privada    Fuerzas Especiales "53 Rayo"    Plan Familiar de Emergencias    28
SUCUMBÍOS    SUCUMBÍOS.    0    Institución Educativa    Unidad Educativa Especial 3 de    Plan Familiar de Emergencias    57
SUCUMBÍOS    SUCUMBÍOS.    0    Institución Educativa    Unidad Educativa 27 de febrero    Plan Familiar de Emergencias    36
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0
TOTAL DE PARTICIPANTES:  121    
3. DESCRIPCIÓN »Escribir una descripción de la actividad, evento o taller realizado (apertura, desarrollo, cierre) y un resumen de los principales resultados  acuerdos, compromisos e inquietudes de los participantes
Descripción de actividades desarrolladas (apertura, desarrollo, cierre)


Acuerdos y compromisos


 
58 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
Principales inquietudes de los participantes

4. DOCUMENTOS DE SOPORTE »Marque con una "x" el casillero según corresponda
    Solicitud de la actividad, evento y/o capacitación        Invitación a evento (feria, casa abierta)
    Informe del evento        Registro de asistencia
    Certificado de Constancia        Otros
Nota: Estos documentos reposan en la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos
5. ANEXOS
• Cuatro (4) fotos relevantes del evento con pie de foto la color y en formato JPG)
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 59
Informe Nro.SNGRE-MMMZ-001-2020 RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES GPR DE LAS COORDINACIONES ZONALES
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

NOMBRE INDICADOR:    PERÍODO DE REPORTE:
FRECUENCIA:    META:    PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:
ANALISTA RESPONSABLE SEGUIMIENTO:    RESULTADO:    

DESCRIPCIÓN
El indicador "Número de personas sensibilizadas para la Reducción de Riesgos de Desastres" se refiere a (detallar la descripción del indicador, del proceso que deben realizar las Zonales para su cumplimiento)
EVALUACIÓN DEL PROCESO

N°    FASE    CUMPLE    NO 
CUMPLE    OBSERVACIONES
1    Identificación y priorización de localidades a intervenir            
2    Gestionar con los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos del territorio y determinar el público objetivo            
3    Elaboración de Cronograma de fechas y localidades a intervenir según las amenazas            
4    Determinar las estrategias a utilizar en la sensibilización.            
5    Desarrollo y registro de las actividades de Sensibilización            
RESULTADOS NACIONALES
En el presente informe se dan a conocer los resultados obtenidos en este indicador a nivel nacional y desagregados por cada una de las Coordinaciones Zonales, durante el mes de enero (aquí se especificará de acuerdo al período de reporte del indicador del que se es responsable)
Incluir gráfica al respecto que provee la tabla dinámica de la base de datos respectiva
 

60 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
 
Fuente: Base de datos (nombre de la base)
Breve descripción y análisis del resultado representado en la gráfica
RESULTADOS POR COORDINACIÓN ZONAL
Se presenta a continuación los resultados obtenidos por cada Zonal versus la meta establecida a cada una de ellas.
Incluir gráfica al respecto que provee la tabla dinámica de la base de datos respectiva
 
Fuente: Base de datos (nombre de la base)

 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 61
Breve descripción y análisis de la información representada en la gráfica (Resultado vs Meta)
CONCLUSIONES
Conforme al proceso metodológico diseñado para la ejecución y cumplimiento de este indicador a nivel nacional, se concluye lo siguiente:
(Describir los inconvenientes que se dieron para el cumplimiento del indicador en la zona que lo hubiere, inconsistencias, errores, entre otras:
•    El
•    Xxxx
•    Xxxx
RECOMENDACIONES
Se recomienda a los(as) Coordinadores(as) Zonales, Responsables del cumplimiento de este indicador en territorio, lo siguiente:
Describir las mejoras y retroalimentación que se puede brindar a las CZ para el cumplimiento del indicador efectivamente:
•    Fortalecer la
•    Xxx
•    Xxxx
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por    Revisado por
    
    
Analista de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades    Director de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades
Fecha: 10/03/2020    Fecha: 10/03/2020
 
62 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
RESOLUCIÓN Nro. SNGRE-045-2020
MGS. ROMMEL ULISES SALAZAR CEDEÑO DIRECTOR GENERAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece que, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República, establece que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; y que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través del organismo técnico establecido en la ley;
Que, el artículo 390 de la Constitución de la República, determina que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico; y que, cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;
Que, el numeral 5 del artículo 397 de la Constitución de la República, contempla que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad;
Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, establece que la gestión de riesgos, que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley; y que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial;
Que, el literal d) del Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, cuya rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos;
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 63
Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que, la Secretaría de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y que, en el ámbito de su competencia le corresponde entre otros, identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; así como también, coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior;
Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen aplicación en todo el territorio nacional, además que, el proceso de gestión de riesgos incluye el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-natural o antrópico;
Que, el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, estipula que se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado, señalando que un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen consecuencias negativas; y que, un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas;
Que, el artículo 18 del Reglamento Ibídem, determina que el Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, cuyas competencias comprende, entre otras: Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y, adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 62, de 05 de agosto de 2013, la Función Ejecutiva se organizó en Secretarías, entre estas la Secretaría de Gestión de Riesgos;
Que, mediante Resolución Nro. SGR-039-2014, de 03 de junio de 2014, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, misma que contempla la creación de Coordinaciones Zonales de Gestión de Riesgos y la eliminación de las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos;
Que, el artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, establece la facultad de "... Liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades frente a los efectos negativos de emergencias y desastres de origen natural o antrópicos, mediante medidas estructurales y no estructurales que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos adversos; así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres...”;
Que, el numeral 11.2.5 del artículo 11 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, establece que la misión de la Gestión de Monitoreo de Eventos Adversos, es: "Coordinar acciones de monitoreo y seguimiento que permitan presentar información consolidada y ordenada de los eventos adversos, con el fin de generar escenarios para la toma de decisiones de manera directa a las autoridades competentes y complementariamente a los demás actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”;
 
64 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
Que, mediante Resolución Nro. SGR-142-2017, la entonces Secretaría de Gestión de Riesgos, expidió el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, cuyos numerales 3.1 y 3.2, definen e la emergencia como "C/« evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales", y se establece la calificación de eventos o situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del grado de afectación o posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a población afectada.
Que, el numeral 3.4.3 del Manuel del Comité de Operaciones de Emergencias COE, determina que el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la competencia exclusiva de declarar los diferentes estados de alerta de las distintas amenazas (de origen natural o antrópico/antropogénico), en cualquier ámbito territorial, con base en la información proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o internacionales, o por las entidades responsables del monitoreo, de acuerdo a la amenaza, debidamente autorizados por la Secretaría de Gestión de Riesgos; teniendo la declaratoria de estado de alerta carácter oficial, debiendo disponer de los canales de difusión necesarias que permitan la rapidez, claridad, oportunidad y coherencia para el conocimiento de la población, estructuras gubernamentales, instituciones y organizaciones;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 534, de 03 de octubre de 2018, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la transformación de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, dirigido por un Director/a General con rango de Ministro de Estado;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1048, de 11 de mayo de 2020, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Mgs. Rommel Salazar Cedeño, como Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-DMEVA-2020-0094-M, de 16 de junio de 2020, el Ing. Diego Ripalda López, Director de Monitoreo de Eventos Adversos, remitió a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Informe Técnico Nro. SNGRE-DMEVA-2020-013, de 16 de junio de 2020, elaborado por el Ing. Alan Javier Mite León, Analista de Monitoreo de Eventos Adversos 2, y aprobado por el Ing. Diego Ripalda López, Director de Monitoreo de Eventos Adversos, para establecer el Nivel de Alerta Amarilla en zonas afectadas por la caída de ceniza durante el incremento de actividad del volcán Sangay, en cuyas conclusiones y recomendaciones establece:
CONCLUSIONES:
El IGEPN indica que el escenario más probable es el de una actividad eruptiva continua, alternando fases de mayor actividad eruptiva con fases de menor actividad, esto corresponde a una continuidad en la emisión del flujo de lava, desarrollándose eventos de caída de ceniza asociados a la actividad explosiva. Esto sumado a la dirección y velocidad del viento, que en esta época del año es típicamente fuerte y dirigido hacia el occidente, se puede presentar eventos de caída de ceniza en las poblaciones ubicadas en su trayectoria más frecuente.
El IGEPN destaca la posibilidad de tener incrementos puntuales en la tasa de emisión de lava, es decir que en pocas horas existan incrementos de caída de ceniza, y luego retornar a una actividad más pulsátil. Se indica que en base a los datos disponibles, este es el escenario más probable a corto plazo y representa la actividad típica del volcán en los últimos 100 años de actividad.
La mayor frecuencia de eventos de caída de ceniza entre el 09 y 13 de junio de 2020, se dieron en los siguientes territorios: Provincia de Chimborazo: cantón Alausí: parroquias Tixán y Guasuntos; cantón Guamote: parroquias Palmira y Cebadas; cantón Chunchi: parroquia Gonzol; cantón Riobamba: parroquias: Flores, San Luis, Calpi, Cacha, Licto y Pungalá. Estos eventos fueron registrados por el SNGRE y se constata que es el territorio más afectado por los recientes eventos durante la semana anterior.
RECOMENDACIONES
Por lo antes expuesto se recomienda acoger las indicaciones del IGEPN, con base al escenario más probable y debido a las condiciones meteorológicas de dirección y velocidad del viento de la época, se recomienda establecer
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 65
el NIVEL A ALERTA AMARILLA, en la provincia de Chimborazo, debido a la alta frecuencia de caída de ceniza y una mayor exposición a la actividad eruptiva del volcán Sangay, con el fin de tomar las medidas necesarias, en caso de darse una erupción.
Con la definición de este nivel de alerta, el SNGRE notificará a instituciones, GAD y responsables territoriales de la toma de decisiones en caso de emergencias y desastres. El presidente del COE notificar a los componentes del Comité de Operaciones de Emergencia con responsabilidad en la preparación y respuesta de acuerdo a la amenaza acogiendo las recomendaciones del SNGRE ".
Que, mediante sumilla "CAJ: Preparar resolución", insertada en el memorando Nro. SNGRE-DMEVA-2020-0094-M, de 16 de junio de 2020, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, dispuso a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, la elaboración del presente instrumento;
Que, de conformidad con la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, son funciones del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre; y , realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;
En ej ercicio de la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador.
RESUELVE
Artículo 1.- ACOGER el Informe Técnico Nro. SNGRE-DMEVA-2020-013, de 16 de junio de 2020, elaborado por el Ing. Alan Javier Mite León, Analista de Monitoreo de Eventos Adversos 2, y aprobado por el Ing. Diego Ripalda López, Director de Monitoreo de Eventos Adversos, para establecer el Nivel de Alerta Amarilla en zonas afectadas por la caída de ceniza durante el incremento de actividad del volcán Sangay.
Artículo 2. DECLARAR el NIVEL DE ALERTA AMARILLA, en la provincia de Chimborazo, debido a la alta frecuencia de caída de ceniza y una mayor exposición a la actividad eruptiva del volcán Sangay, con el fin de tomar las medidas necesarias, en caso de darse una erupción.
Artículo 3.- DISPONER al Comité de Operaciones de Emergencia Provincial y a todos los Comités de Operaciones de Emergencias Cantonales de la provincia de Chimborazo, presididos por el Gobernador de la provincia y Alcaldes de cantones, respectivamente, que procedan en el ámbito de sus jurisdicciones y que se mantengan en estado de alerta y operativos, para realizar acciones inmediatas que se requieran para proteger a la ciudadanía, así como para afrontar cualquier acción negativa que se pudiere generar por la alta frecuencia de caída de ceniza y una mayor exposición a la actividad eruptiva del volcán Sangay; y, las demás que se requieran en razón de la Alerta Amarilla declarada mediante el presente instrumento. Para el efecto, procederán con la revisión y de ser el caso con la actualización de los planes de contingencia.
Artículo 4.- DISPONER al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que en el ámbito de sus respectivas competencias continúen monitoreando y generando información de manera permanente respecto de los acontecimientos descritos en el Informe Técnico Nro. SNGRE-DMEVA-2020-013, de 16 de junio de 2020.
Artículo 5.- DISPONER a la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, continúe monitoreando y generando información de manera permanente, sobre cualquier acontecimiento relacionado con la Alerta Amarilla declarada en la presente resolución.
 
66 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
Artículo 6- DISPONER a todas las Instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, de acuerdo con sus competencias, ejecutar todas las acciones necesarias e indispensables de conformidad al Manual del Comité de Operaciones de Emergencias, en el nivel de Alerta Amarilla.
Artículo 7- DELEGAR a la Subsecretaría General de Gestión de Riesgos, la supervisión de las acciones que se desarrollen en tomo al presente instrumento.
Artículo 8.- NOTIFICAR al Gobernador de la provincia de Chimborazo y a los Alcaldes y responsables territoriales de la toma de decisiones en caso de emergencias y desastres, de todos los cantones y parroquias de la precitada provincia, el contenido de la presente Resolución.
Artículo 9- PUBLICAR el contenido de esta Resolución en el Registro Oficial y en el portal web del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la misma que entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho de la Dirección General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en Samborondón, el 16 de junio de 2020.
Publíquese, socialícese y cúmplase.
 
Mgs. Rommel Ulises Salazar Cedeño
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 67
RESOLUCIÓN Nro. SNGRE-046-2020
MGS. ROMMEL ULISES SALAZAR CEDEÑO DIRECTOR GENERAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República, establece que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; y que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través del organismo técnico establecido en la ley;
Que, el artículo 390 de la Constitución de la República, determina que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico; y que, cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;
Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, establece que la gestión de riesgos, que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley; y que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial;
Que, el literal d) del Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, cuya rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo;
 
68 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que, la Secretaría de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y que, en el ámbito de su competencia le corresponde entre otros, identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; así como también, coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior;
Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen aplicación en todo el territorio nacional, además que, el proceso de gestión de riesgos incluye el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-natural o antrópico;
Que, el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, estipula que se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado, señalando que un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen consecuencias negativas; y que, un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas;
Que, el artículo 18 del Reglamento Ibídem, determina que el Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, cuyas competencias comprende, entre otras: Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; y, adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 62, de 05 de agosto de 2013, la Función Ejecutiva se organizó en Secretarías, entre ellas se señala a la Secretaría de Gestión de Riesgos;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 534, de 03 de octubre de 2018, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la transformación de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-SRR-2020-0071-M, de 12 de marzo de 2020, el Ing. Luis Rosero Castillo, Subsecretario de Reducción de Riesgos, solicitó a la máxima autoridad institucional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, oficializar el "Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres", elaborado por la Dirección de Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos;
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 69
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1048, de 11 de mayo de 2020, el señor Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Mgs. Rommel Salazar Cedeño, como Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-SRR-2020-0137-M, de 18 de junio de 2020, el Ing. Luis Rosero Castillo, Subsecretario de Reducción de Riesgos, solicita al Mgs. Rommel Salazar Cedeño, Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, autorizar la oficialización del documento mencionado a través de la respectiva Resolución y derogar la Resolución No. SGR-056-2018, en la cual se oficializó la primera versión del "Glosario de términos de Gestión de Riesgos de Desastres -Guía de consulta";
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-SNGRE-2020-0413-M, de 30 de junio de 2020, el Mgs. Rommel Salazar Cedeño, Director General del Servicie Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en atención al memorando SNGRE-SRR-2020-0137-M, emite la autorización para la oficialización de] "GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADO A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES";
Que, mediante memorando Nro. SNGRE-SRR-2020-0147-M, el Dr. Eduardo Mauricio Espinel Lalama, Subsecretario de Reducción de Riesgos, solicita a la Abg. Nancy Cristina Romero Mena, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, realizar la oficialización del documento mencionado a través de la respectiva Resolución y derogar la Resolución No. SGR-056-2018, en la cual se oficializó la primera versión del "Glosario de términos de Gestión de Riesgos de Desastres -Guía de consulta";
Que, para continuar trabajando de manera articulada, trasversal, holística y con un enfoqué prospectivo en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de gestión de riesgos y emergencias, con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizados de Gestión de Riesgos, es necesario oficializar el "Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres", cuya importancia resalta en impulsar el uso de términos su aplicación desde la reducción, preparación, respuesta y recuperación, de los efectos que causan las emergencias o el impacto del evento peligroso que sobrepasa nuestro nivel de respuesta al cual denominamos desastre dentro del territorio; En ejercicio de la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador:
RESUELVE:
Artículo 1.- ACOGER el contenido del "Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres", elaborado por la Dirección de Políticas y Estándares de este Servicio Nacional.
Artículo 2.- APROBAR e INSTITUCIONALIZAR en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres.
 
70 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
Artículo 3.- DISPONER a todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en virtud de sus competencias, atribuciones y responsabilidades, la aplicación del "Glosario de Términos Asociados a la Gestión de Riesgos de Desastres", oficializado mediante la presente resolución.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para que, de acuerdo con sus competencias, atribuciones y responsabilidades, a través de la Dirección de Fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades, realice la difusión del precitado Glosario a las Coordinaciones Zonales de esta institución.
Artículo 5.- ENCARGAR a las Coordinaciones Zonales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, para que, a través de las Unidades de Gestión de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades, realice la difusión y socialización a los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Artículo 6.- DISPONER a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, socializar con todas las áreas de esta institución, el "Glosario de Términos Asociados a la Gestión de Riesgos de Desastres", que se oficializa y que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación de esta resolución en el Registro Oficial.
Artículo 7.- DEROGAR la Resolución Nro. SGR-056-2018, de 04 de junio de 2018, mediante la cual se oficializó la primera versión del "Glosario de Términos de Gestión de Riesgos de Desastres-Guia de consulta".
Artículo 8.- PUBLICAR el contenido de la presente Resolución en el Registro Oficial y en el portal web institucional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Dada y firmada en el Despacho del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en el cantón Samborondón, en el cantón Samborondón, el 14 de julio de 2020.
 
Mgs. Rommel Ulises Salazar Cedeño
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Publíquese, socialícese y cúmplase.
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 71
 
Toda ana Vida
 
72 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
 
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 73
Apoyo Técnico:
Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de Gestión de Riesgos
Dirección de Análisis de Riesgos
Dirección de Asistencia Humanitaria
Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Dirección de Operaciones
Dirección de Gestión de la Información
Colaboración
Subsecretaría de Cambio Climático - Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Junio 2020 Samborondón, Ecuador
ÍNDICE
1.    INTRODUCCIÓN    
2.    TÉRMINOS GENERALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES    
3.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
4.    ANEXOS    
 
74 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
1. INTRODUCCIÓN
Desde la Institucionalización de la Gestión de Riesgos en el Ecuador en el año el 2008, se viene trabajando de manera articulada, trasversal, holística y con un enfoqué prospectivo en el fortalecimiento de las política pública y su estandarización eficiente y eficaz, a través de la generación de Herramientas como el GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADO A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES cuya importancia resalta en impulsar el uso de términos su aplicación desde la reducción, preparación, respuesta y recuperación, de los efectos que causan las emergencias o el impacto del evento peligroso que sobrepasa nuestro nivel de respuesta al cual denominamos desastre dentro del territorio.
El glosario contiene la compilación de reconocidas fuentes del nivel nacional e internacional que generalmente han sido aceptados y adaptados por varios países y organizaciones sobre el marco de la gestión del riesgo de desastres, y sus definiciones ajustadas de manera conceptual y gráfica, a la interpretación técnica en términos, de las causas que produce cada evento, sus efectos y consecuencias que define a las entidades competentes en ejecutar la gestión administrativa la respuesta ante la materialización de estas amenazas como eventos peligrosos, sus efectos y eventos posteriores, con el fin de reducir su impacto social, estructural, económico y ambiental y buscar el retorno a la normalidad.
El empoderar el uso del GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADO A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES y crear una armónica coordinación del lenguaje, de manera sencilla de fácil interpretación y aplicación dentro de la gestión de riesgos de desastres, y sus prospectiva desde lo local a lo global, permite de forma integrada y normada, articular el conocimiento y acciones de construcción de documentos técnico que fortalezcan nuestros planes proyectos y programas, bajo una estrategias para el desarrollo sostenible y resiliente, con los diferentes actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y su proyección de integración global.
 
Registro Oficial N° 327 Miércoles 11 de noviembre de 2020 - 75
2. TÉRMINOS GENERALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
A  Acción humanitaria: Conjunto de acciones emprendidas para ayudar, proteger y defender a las personas afectadas por un desastre: sus vidas y sus medios de subsistencia. Los objetivos de la acción humanitaria son salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y mantener la dignidad humana durante y después de las crisis provocadas emergencias, desastres y catástrofes, así como prevenir y fortalecer la preparación ante esas situaciones (ONU, 2019, pág. 15).
Adaptabilidad: Capacidad de una persona o comunidad de acoplarse, solucionar problemas y afrontar los cambios, aprovechando las condiciones positivas y resistiendo las consecuencias negativas (USAID/OFDA, 2007, pág. 4).
Adaptación al cambio climático: Proceso de adaptación al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. (IPCC, 2014, pág. 5).
Adaptación basada en ecosistemas (AbE): Se define como la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación. La AbE integra el manejo sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para proveer servicios que permiten a las personas desarrollar capacidad de resiliencia y reducir la vulnerabilidad (Lhumeau, A., Cordero, Doris (UICN), 2012, pág. 1).
Afectados: Las personas que resultan perjudicadas, directa o indirectamente, por un suceso peligroso:
•    Afectados directos: Se considera directamente afectado a aquel que ha sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud; los que han sido evacuados, desplazados, reubicados y que a la vez han enfrentado daños parciales o totales en los medios de vida o sus bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales impactados por el evento peligroso (ONU, 2016, pág. 11).
•    Afectados indirectos: son los que no recibieron el impacto del evento peligroso, pero han sufrido consecuencias, distintas o añadidas a los efectos directos, y que al cabo de un tiempo existen alteraciones parciales en sus medios de vida o cambios en la economía, las infraestructuras vitales, los servicios básicos, el comercio o el trabajo, o consecuencias sociales, sanitarias y psicológicas (ONU, 2016, pág. 11).
Agenda de Reducción de Riesgos (ARR): Es una metodología que caracteriza, los mecanismos que deben ser utilizados por parte de la administración gubernamental, los cuales concreta las prioridades de acción en un territorio para reducir los riesgos actuales, y evitar o mitigar el impacto ante la ocurrencia de nuevos eventos
 
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peligrosos, de modo que se proteja y mantenga operativos los elementos esenciales del territorio para su funcionamiento.
Alerta temprana: Conjunto de capacidades para generar y difundir información de alerta que sea clara, oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones se preparen y actúen en forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños (ONU, 2009, pág. 33).
Albergado: Persona que por decisión de la autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de alojamientos temporales por razón de eventos peligrosos en cursos o inminentes.
Alerta: Es un estado declarado de atención, con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento o suceso peligroso. La declaración de alerta debe ser clara, comprensible, accesible, difundida por el máximo de medios; inmediata, sin demora, procedente de fuentes oficiales.
•    Estado de Alerta: Situación o etapa de la amenaza que es declarado exclusivamente por el organismo técnico rector de gestión de riesgo, con la finalidad de comunicar la probable ocurrencia de una emergencia o desastre, para que los organismos operativos de emergencia activen sus procedimientos de acción preestablecidos.
Alojamiento temporal: Es un servicio que se activa como respuesta ante una emergencia o desastre para proveer protección y servicios a personas damnificadas que se han visto forzadas a abandonar sus viviendas. Se definen las siguientes modalidades:
•    Albergues temporales: Es una infraestructura existente calificada, para recibir a las personas afectadas o damnificadas por eventos peligrosos, en la cual se brinda agua, alimentación y servicios básicos; la permanencia es de hasta 60 días (USAID/OFDA, 2007, pág. 4).
•    Alquiler para familias en emergencia: Son viviendas alquiladas por la acción de incentivos económicos temporales, públicos o privados, a favor de la población damnificada por eventos peligrosos (USAID/OFDA, 2007, pág. 5).
•    Campamentos temporales: Es un alojamiento que se implanta y activa en un terreno amplio ante la falta de infraestructura previa, donde se recibe a las familias afectadas ante eventos peligrosos. Cuentan con carpas familiares, agua, alimentación y servicios básicos. La permanencia es de hasta 6 meses (USAID/OFDA, 2007, pág. 5).
•    Familias de acogida: La modalidad de familia de acogida es cuando las personas afectadas o damnificadas ante un evento peligroso se alojan temporalmente en la vivienda de familiares, amigos o allegados, hasta que puedan retornar a su vivienda o cuenten con otra opción de alojamiento o recuperación (USAID/OFDA, 2007, pág. 5).
 
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•     Refugio: Es un espacio donde las personas desplazadas por una amenaza buscan techo temporal independientemente de si cuentan o no con asistencia por parte del gobierno o la comunidad internacional. Puede ser considerado como un sitio de paso, hasta que el peligro haya cedido o se activen otras opciones de alojamiento temporal (USAID/OFDA, 2007, pág. 5).
Amenaza: Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales (ONU, 2016, pág. 19).
Amenaza natural: Asociada predominantemente a procesos y fenómenos naturales (ONU, 2016, pág. 20).
Amenazas antropógenas o de origen humano: Son las inducidas de forma total o predominante por las actividades y las decisiones humanas. Este término no abarca la existencia o el riesgo de conflictos armados y otras situaciones de inestabilidad o tensión social que están sujetas al derecho internacional humanitario y la legislación nacional (ONU, 2016, pág. 20).
Amenazas socio-naturales: Combinación de factores naturales y antropogénicas, como la degradación ambiental y el cambio climático (ONU, 2016, pág. 20).
Análisis de riesgo: Proceso de comprender la naturaleza del riesgo para determinar su nivel a través de la identificación de riesgo, es la base para la evaluación de riesgos y las decisiones sobre las medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta. Incluye la estimación del riesgo.
Análisis de la situación: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en la realidad analizada. El diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a los que está expuesto por la eventual ocurrencia de un evento.
Asistencia humanitaria: Acción orientada a proteger la vida y las condiciones básicas de subsistencia de las personas que han sufrido los impactos de eventos peligrosos, y que se ejecutan según las normas establecidas por el ente rector. La asistencia humanitaria operará mientras duren los efectos directos del evento sobre las personas. Será equitativa y guardará neutralidad e imparcialidad.
Asistencia internacional en caso de desastres: En el caso de emergencias y desastres se entenderá como asistencia humanitaria internacional al apoyo específico que de parte de los actores de cooperación internacional se facilita para la atención de la población afectada por un desastre, en base a la solicitud del Gobierno Nacional y respondiendo a un análisis de las necesidades, durante la fase de respuesta y recuperación. Esta asistencia responderá a los criterios de subsidiariedad establecidos en la Constitución y por tanto solo será gestionada por el ente rector de la gestión de riesgos y el ente rector de cooperación internacional del estado de manera conjunta.
 
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Aviso: Comunicación clara y concisa realizada por los especialistas en el monitoreo de amenazas, advierte sobre posibles riesgos, notifica hechos que deben ser registrados o anuncia posibles sucesos probables que se presentarían si se materializan las condiciones monitoreadas. Este aviso ha de ir acompañado de recomendaciones en medidas de prevención y protección.
Ayuda Humanitaria: Ayuda que busca salvar vidas y aliviar el sufrimiento de una población afectada por la crisis. La asistencia humanitaria debe prestarse de conformidad con los principios humanitarios básicos de humanidad, imparcialidad y neutralidad, como se establece en la Resolución 46/182 de la Asamblea General. Además, la ONU trata de prestar asistencia humanitaria con pleno respeto a la soberanía de los Estados. La asistencia se puede dividir en tres categorías: asistencia directa, asistencia indirecta y apoyo a la infraestructura, que tienen un grado decreciente de contacto con la población afectada (ONU, 2019, pág. 88).
C Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor  medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo (Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 2014, pág. 130).
Capacidad: Combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de desastres y reforzar la resiliencia (ONU, 2016, pág. 12).
Catástrofe: Suceso donde resultan insuficientes los medios y recursos del país, siendo necesario e indispensable la ayuda internacional para responder a ello.
Centro de acopio: Es una infraestructura utilizada para la cadena logística de asistencia humanitaria en la cual se almacenan, concentran y se despachan los bienes e insumos que requiere la población.
Centro de Transito Temporal: Son espacios generados para la atención básica a la población en movilidad humana con necesidades específicas o altos niveles de vulnerabilidad para continuar su tránsito, retomar su plan migratorio. Todas las actividades de las instituciones en un CTT están destinadas a orientar a las personas en movilidad humana a recuperar su autonomía y mejorar su situación migratoria. El enfoque de atención, así como la misión primordial de los CTT y cualquiera actividad relacionada es la de proteger los derechos de la población en movilidad humana. Con el fin de garantizar una respuesta de manera coordinada, complementaria y subsidiaria, se han establecido tres niveles de coordinación: Administración, Coordinación y Gestión.
 
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Comunidad: Grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y establecen vínculos espontáneos de solidaridad construidos en el tiempo. Esta interacción hace posible que se generen elementos de identidad que favorecen la cohesión y el auto reconocimiento del grupo. Los intereses de la comunidad se sobreponen a los intereses particulares para el logro de objetivos comunes. Por su parte, una comunidad vulnerable es aquella que, ante un evento extremo, puede recibir mayor afectación, debido a factores como la localización y a la incapacidad para implementar acciones de prevención y adaptación orientadas la recuperación de sus medios de subsistencia en el corto plazo (ONU/SNGRE, 2017, pág. 19).
Concientización: El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas (ONU, 2009, pág. 11).
Comité: Es un conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada y son quienes elegidos democráticamente por los habitantes de la comunidad y actúan en representación de un colectivo.
Comité Comunitario de Gestión de Riesgos: Es el organismo comunitario del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que se estructura y funciona en una comunidad y que tiene definida un área geográfica de acción específica.
Comité de Operaciones de Emergencia (COE): Son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la respuesta en situaciones de emergencia y desastre.
Cooperación internacional en la gestión de riesgos: Las organizaciones de cooperación internacional debidamente registradas en el Ecuador por la entidad que ejerce la rectoría de la cooperación internacional, podrán apoyar al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de conformidad con las disposiciones y lineamientos que para el efecto emita la entidad rectora de gestión de riesgos durante los procesos de Identificación, Prevención y Reducción de Riesgos.
Comando de incidentes: Es el elemento del Sistema de Comando de Incidentes responsable de la gestión general del incidente y está formado por el Comandante del incidente (puede ser una estructura de comando única o unificada) y por cualquier personal de apoyo asignado. (FEMA, 2010)
Crisis Humanitaria: Refiere la aparición de necesidades humanitarias, es decir, necesidades básicas del ser humano para la preservación de su vida, liberad y seguridad, como causales de una "emergencia compleja". (Emilio González González, 2015, pág. 95)
Cultura de prevención: Es la acción resiliente por parte de las autoridades, los organismos que trabajan en el plano de las emergencias y sus ciudadanos, como clave de la transformación de sus territorios para un desarrollo sostenible.
 
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D Damnificado: Persona afectada íntegramente por el impacto directo de un peligroso en los servicios básicos, comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que no puede continuar con su actividad normal. No tiene la capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio, requieren atención integral para su recuperación. Todos los damnificados son objeto de asistencia humanitaria (PMA/SNGRE, 2018, pág. 36).


Declaratoria de emergencia: Proclamación oficial de una situación extraordinaria, excepcional o poco común, mediante la cual se transfieren facultades legislativas para que se enfrenten daños que rebasan la capacidad financiera y operativa local, con esto, se puede acceder a recursos adicionales para atender la emergencia y sus consecuencias.

Desarrollo de capacidades: Es el proceso por el cual las personas y las organizaciones fortalecen el conocimiento, las capacidades, las habilidades y los recursos desarrollan sistemáticamente sus capacidades a lo largo del tiempo para alcanzar objetivos sociales y económicos (ONU, 2016, pág. 12).

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación, promueve el desarrollo económico, la equidad social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades (ONU/SNGRE, 2017, pág. 28).

Desarrollo Territorial: El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio (ONU, 2019).

Desastre: Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales (ONU, 2016, pág. 13).

E Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN): Metodología y herramienta de recolección de datos en el área afectada para el posterior procesamiento de información cualitativa y cuantitativa, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento peligroso. Destinado a evaluar las necesidades que se valorarán en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de
 
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gobierno, donde se definirán las acciones a ejecutarse en los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción (USAID/OFDA, 2007, pág. 12).
Elementos esenciales: Infraestructuras o elementos estratégicos que permiten el funcionamiento del territorio, tales como: vías, sistemas de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, edificios que albergan funciones importantes de gobierno, zonas de concentración comercial entre otras; los mismos que requieren ser protegidos por su importancia y para garantizar el funcionamiento normal de una sociedad o comunidad; y sobre los cuales los actores encargados del territorio puedan actuar tanto para su administración en tiempo normal como también para su gestión en caso de emergencia.
El nivel de importancia de elementos esenciales depende de varios criterios: cobertura, especificidad, concentración y dependencia (Escuela de Administración para Desastres y Gestión de Riesgos / Universidad Estatal de Bolívar; Florent Demoraes, 2012; 2005, pág. 23;22).
Elementos en riesgo: Son aquellos que pueden ser afectados por un evento peligroso, tales como población, viviendas, estructuras, actividades económicas, entre otras. (Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional, 2015, pág. 5).
Emergencia: Es un evento peligroso de origen natural o antrópico que pone en peligro a las personas, los bienes o la continuidad de los servicios en la comunidad y que requieren una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales.
Escala de Mercalli: Escala de intensidad sísmica. Evalúa los daños sísmicos en un determinado lugar. Se divide en 12 grados (Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional, 2015, pág. 5).
Escenario de afectación: Es un análisis técnico que describe, de manera general, las condiciones probables de daños y pérdidas que pueden sufrir la población y los medios de vida, ante la ocurrencia de eventos de origen natural, socio natural o antrópico teniendo en cuenta su intensidad, magnitud y frecuencia, así como las condiciones de vulnerabilidad que incluyen la fragilidad, exposición y resiliencia de los elementos que conforman los territorios como: población, infraestructura, actividades económicas, entre otros.
Escenarios Climáticos: Representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas internamente coherente definido explícitamente para investigar las posibles consecuencias del cambio climático antrópico, y que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. (Panel Gubernamental para el Cambio Climático, 2014, págs. 127-141)
Escenario básico de impacto: Conjunto coherente de variables y suposiciones de contexto que permiten analizar las posibles afectaciones de un evento peligroso y dan soporte a la ejecución de planes de acción, disminuye las incertidumbres y no prevé lo que sucederá, sino que describe situaciones posibles. Es el punto de partida para la respuesta y de forma dinámica permite ajusfar los valores de sus
 
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variables en función de las evaluaciones de daños realizadas (Banco Mundial, 2017, pág. 2).
Los estados de excepción: Son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración (LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO, 2009, pág. 10).
Evacuación: Traslado temporal de personas, animales u otros, a lugares más seguros antes, durante o después de un evento peligroso con el fin de protegerlos (ONU, 2016, pág. 19).
Evacuado: Personas que han salido de una zona insegura y se encuentran en una zona. La evacuación tiene lugar por:
•    Declaratoria de Alerta Naranja hecha por la autoridad competente,
•    Por la inminencia de un evento peligroso anunciada por competente autoridad,
•    Por la ocurrencia de un evento peligroso segura.
Evaluación Inicial de Necesidad (EVIN): Es una herramienta que nos permite unificar criterios y evidenciar de forma precisa e inmediata las necesidades de la población afectada; obteniendo información estadística concisa para conocer afectaciones, damnificados, e instalaciones estratégicas que nos ayudan a definir el camino adecuado para brindar asistencia humanitaria que dignifica y permite una recuperación mucho más rápida.
Evaluación de amenazas: Es la valoración endógena en un territorio mediante el cual se determina la posibilidad que un fenómeno físico se manifieste en un determinado grado de severidad, causando un evento peligroso en su área geográfica determinada (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2019).
Evaluación del riesgo de desastres: Es un proceso con enfoque cualitativo o cuantitativo usado para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de desastres mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que conjuntamente podrían causar daños a las personas, los bienes, los servicios, los medios de vida y el medio ambiente del cual dependen (ONU, 2016, pág. 15).
Evento o suceso peligroso: Es la manifestación o materialización de una o varias amenazas en un período de tiempo específico (USAID/OFDA, 2007, pág. 13).
Exposición: Situación en que se encuentran las personas, infraestructuras, viviendas, capacidades de producción, recursos económicos, sociales, ambientales y otros activos humanos que por su localización puede ser riesgo para la manifestación de un evento peligroso (ONU, 2016, pág. 19).
 
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F Factores subyacentes del riesgo de desastre: Procesos o condiciones, a menudo relacionados con el desarrollo, que influyen en el nivel de riesgo de desastres al incrementar los niveles de exposición y vulnerabilidad o reducir la capacidad (ONU, 2016, pág. 25).
Frecuencia: Medida de probabilidad expresada como el número de ocurrencias de un evento en un tiempo dado (Management, ISSMGE TC32 -Technical Committee on Risk Assessment and, 2004, pág. 3).
G Gestión correctiva del riesgo de desastres: Un proceso que  pretende reducir los niveles de riesgo existentes en la sociedad o en un subcomponente de la sociedad, producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones entre otras cosas (Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación de Desastres, 2010, pág. 29).
Gestión del cambio climático: Tiene por objeto coordinar las acciones del Estado, los sectores productivos y la sociedad civil en el territorio mediante acciones de mitigación, que busquen reducir su contribución al cambio climático; y de adaptación, que le permitan enfrentar los retos actuales y futuros asociados a la mayor variabilidad climática, reducir la vulnerabilidad de la población y la economía ante ésta, promover un mayor conocimiento sobre los impactos del cambio climático e incorporarlo en la planificación del desarrollo (ONU/SNGRE, 2017, pág. 28).
Gestión de información durante emergencias y desastres: Conjunto de acciones relacionadas con la identificación, sistematización, consolidación, análisis y presentación de información para los tomadores de decisión, gestores técnicos y operativos. Uno de los principales resultados de la gestión de la información es la identificación de situaciones que podrían generar emergencias o desastres, ante las cuales los tomadores de decisión pueden activar planes y movilizar los recursos requeridos.
Gestión de Desastres: Organización, planificación gestión de recursos y aplicación de medidas de preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres (ONU, 2016, pág. 14).
Gestión del riesgo de desastres: Es la aplicación de políticas y estrategias de reducción con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres (ONU, 2016, pág. 16).
Gestión prospectiva del riesgo de desastres: Conjunto interactivo de acciones y decisiones que tratan de evitar la aparición de riesgos de desastres nuevos o mayores. Se centran en abordar los riesgos de desastres que podrían surgir en el
 
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futuro si no se establecieran políticas de reducción del riesgo de desastres (ONU, 2016, pág. 16).
Gobernanza del riesgo de desastres: Sistema de instituciones, políticas, marcos legales y otros mecanismos diseñados para guiar, coordinar y supervisar la gestión del riesgo de desastres y áreas relacionadas con políticas públicas y privadas (ONU/SNGRE, 2017, pág. 20)
Grupos de trabajo: Espacio de coordinación e integración interinstitucional para la implementación técnica, que se desarrolla a todo nivel (cantonal, provincial, nacional), para integrar las acciones necesarias en la ejecución de acciones para la seguridad y control en emergencias y desastres; y las tareas de primera respuesta (búsqueda, rescate y salvamento), todas ellas enmarcadas en el apoyo a las actividades de respuesta y atención humanitaria establecidas por las MTT y aprobadas por el plenario. De forma permanente, acoge los requerimientos del componente de Toma de Decisiones e Implementación Técnica, identifica las restricciones para así, brindar la atención y solucionar los problemas que se presenten informando a la Plenaria a nivel nacional.
Grupos prioritarios: Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privados, La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 30).
I Impacto del desastre: Es el efecto total de un suceso peligroso o un desastre, incluidos los efectos negativos y positivos, los impactos económicos, humanos y ambientales; puede incluir la muerte, lesiones, enfermedades y otros efectos negativos en el bienestar físico, mental y social (ONU, 2016, pág. 13).
Informe de Situación (Situation Report): Definido como SITREP por sus siglas en ingles de Situation Report, es un documento oficial que se publica y actualiza periódicamente, el cual consolida información específica del evento peligroso, las necesidades generales y las acciones de respuesta ejecutadas. Toda esta información es recopilada por parte de todos los actores generadores durante el desarrollo de una emergencia o desastre.
Infraestructuras vitales: Conjunto de estructuras físicas, instalaciones, redes y otros activos que proporcionan servicios indispensables para el funcionamiento social y económico de una comunidad o sociedad (ONU, 2016, pág. 13).
Intensidad sísmica: Escala subjetiva que mide los efectos de un sismo sobre las personas, las edificaciones y la naturaleza. Se utiliza generalmente la escala de Mercalli modificada (Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional, 2015, pág. 9).
 
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Impactos de cambio climático: Efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la interacción de los cambios climáticos o fenómenos climáticos peligrosos que ocurren en un lapso de tiempo específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. (Panel Gubernamental para el Cambio Climático, 2014, págs. 127-141)
L Logística de emergencia: En situaciones de emergencia es la movilización de personal, equipos, accesorios, herramientas, suministros y ayuda humanitaria de emergencia para el trabajo del personal operativo y la atención de la población afectada. (SNGRD, 2017, pág. 34).
M Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias y  desastres, el fortalecimiento de la institucionalidad y el SNDGR, la preparación para la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación (ONU/SNGRE, 2017, pág. 34).
Medidas estructurales: Comprende toda construcción material o la aplicación de técnicas de ingeniería con el objetivo de reducir o evitar el posible impacto de las amenazas y lograr la resistencia y resiliencia en estructuras o sistemas (ONU, 2016, pág. 25).
Medidas no estructurales: Son las que no llevan construcciones materiales y se sirven de conocimientos, prácticas o disposiciones para reducir los riesgos de desastres y sus efectos, en particular mediante políticas y leyes, la concienciación pública, la capacitación y la educación (ONU, 2016, pág. 25).
Medios de vida: Los medios de vida son las actividades que realizan las familias para satisfacer sus necesidades y el uso de recursos para desarrollar estas actividades. (Unión Internacional para La Conservación De La Naturaleza (Priscila Prado Beltrán), 2012, pág. 7).
Mesas técnicas de trabajo: Mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas específicos. (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2014, pág. 50).
Mitigación: Disminución o reducción al mínimo de los efectos adversos de un suceso peligroso a través de la implementación de medidas estructurales y no estructurales (USAID/OFDA. 2007. pág. 15)
 
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Monitoreo de amenazas y eventos peligrosos: Proceso sistemático que permite la observación, evaluación y retroalimentación de información de diversas situaciones relacionadas con el comportamiento de las amenazas o desencadenamiento de eventos peligrosos, obteniendo como resultado la consolidación de datos de afectaciones y las acciones generadas por los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020, pág. 148).
P Pérdidas económicas: Impacto económico total, compuesto de  pérdidas económicas directas y pérdidas económicas indirectas (ONU, 2016, pág. 18).
Pérdidas económicas directas: Valor monetario de la destrucción total o parcial de los activos físicos existentes en la zona afectada. Las pérdidas económicas directas son casi equivalentes a los daños físicos (ONU, 2016, pág. 18).
Pérdidas económicas indirectas: Disminución del valor económico añadido a consecuencia de las pérdidas económicas directas y/o los impactos humanos y ambientales (ONU, 2016, pág. 18).
Plan: Conjunto de decisiones explícitas y coherentes para asignar recursos a propósitos determinados (Universidad De Guanajuato, Facultad de Arquitectura, Departamento de postgrados, Maestría de Planeamiento Urbano Regional (Velia Ordaz y Gloria Saldaña), 2005, pág. 25).
Plan de Respuesta Humanitaria: Proporcionan la base de evidencia y el análisis de la magnitud de la crisis e identifican las necesidades humanitarias más urgentes. Pueden utilizarse para comunicar el alcance de la respuesta ante una emergencia a los donantes y al público, y servir así como un propósito secundario para la movilización de recursos (ONU, 2019, pág. 72).
Plan de emergencia: Consiste en la definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno peligroso. Consiste en una propuesta normada de organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación a la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc. Determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir en la atención y establece el sistema de coordinación de las instituciones, los recursos y medios tanto públicos como privados necesarios para cumplir el objetivo propuesto (Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil Dominicana, 2010, pág. 4)
 
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Plan de evacuación: Corresponde a las acciones de preparación para que la respuesta que permite que las personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, institución educativa, establecimiento comercial, entre otras.) puedan realizar una salida ordenada, rápida y segura, con el fin de proteger la vida (ONU/SNGRE, 2017, pág. 34).
Plan de contingencia: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios de efectos definidos (Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil Dominicana, 2010, pág. 4)Pág. 4 del apéndice de terminología.
Plan de gestión de riesgos de desastres: Es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres (ONU/SNGRE, 2017, pág. 20).
Plan de preparación y respuesta: Modelo de gestión que establece las normas, componentes, acciones, responsabilidades, a los actores involucrados en la gestión del riesgo de desastres intervenir y dar respuestas oportunas, eficaces y apropiadas a posibles sucesos peligrosos concretos o situaciones de desastre emergentes que puedan suponer una amenaza para la sociedad o el medio ambiente (USAID/OFDA, 2007, pág. 16).
Plan de reducción de riesgos: Un documento que elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos trazados (ONU, 2009, pág. 22).
Planificación de contingencias: Proceso de gestión que analiza los riesgos de desastres y establece con antelación las disposiciones necesarias para dar respuestas oportunas, eficaces y apropiadas (ONU, 2016, pág. 13).
Preparación ante desastres: Conocimientos y capacidades que desarrollan los gobiernos, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder y recuperarse de forma efectiva de los impactos de desastres probables, inminentes o presentes (ONU, 2016, pág. 22).
Prevención de riesgos: Actividades y medidas encaminadas a evitar los riesgos de desastres existentes y nuevos (ONU, 2016, pág. 22).
Pronóstico: Una declaración certera o un cálculo estadístico de la posible ocurrencia de un evento o condiciones futuras en una zona específica (USAID/OFDA, 2007, pág. 17).
Protección Civil: Subsistema para la preparación, protección y asistencia de personas afectadas por una emergencia o desastre, que es parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Puesto de mando unificado (PMU): Organización de carácter temporal que facilita la coordinación interinstitucional en la respuesta ante las emergencias. Está
 
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compuesto por los miembros de las instituciones que participan en la atención de las emergencias, autorizados para tomar decisiones (PMA/SNGRE, 2018, pág. 42).
Punto de encuentro: Se refiere a un lugar ubicado fuera del área objeto de evacuación para huir de la amenaza. No tiene que coincidir necesariamente con la zona de seguridad.
Los puntos de encuentro son puntos guía a los cuales las personas afectadas tratan de llegar temporalmente, con la intención de protegerla vida contra la amenaza. Son puntos de paso para desplazarse a las zonas de seguridad, alojamientos temporales, etc., por lo que se establecerán sobre los trayectos de las rutas de evacuación y cerca de los lugares que quedan fuera del alcance de las áreas objeto de evacuación (Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA, 2020)
R Reconstrucción: Reedificación a mediano y largo plazo, incluye la restauración sostenible de infraestructuras vitales resilientes, servicios, viviendas, instalaciones y medios de vida necesarios para el pleno funcionamiento de una comunidad o sociedad afectada por un desastre, siguiendo los principios del desarrollo sostenible y de "reconstruir mejor", con el fin de evitar o reducir el riesgo de desastres en el futuro (ONU, 2016, pág. 23).
Reconstruir mejor: Uso de las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de un desastre para aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades mediante la integración de medidas de reducción del riesgo de desastres en la restauración de la infraestructura física y los sistemas sociales, y en la revitalización de los medios de vida, economía y medio ambiente (USAID/OFDA, 2007, págs. 17-18).
Recuperación: Restablecimiento o mejora de los medios de vida y la salud, así como de los bienes, sistemas y actividades económicas, físicas, sociales, culturales y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por un desastre, siguiendo los principios del desarrollo sostenible y de "reconstruir mejor", con el fin de evitar o reducir el riesgo de desastres en el futuro (ONU, 2016, pág. 23).
Reducción del riesgo de desastres: La reducción del riesgo de desastres está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible (ONU, 2016, pág. 17).
Registro único de damnificados: Es una herramienta para registrar a los hogares afectados por el desastre, como herramienta de focalización de programas sociales destinados a fomentar la recuperación social y económica de la población damnificada (Rodolfo Beazley, 2017, pág. 13).
 
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Rehabilitación: Restablecimiento de los servicios e instalaciones básicos para el funcionamiento de una comunidad o sociedad afectada por un desastre (ONU, 2016, pág. 23).
Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas (ONU, 2016, pág. 23)
Respuesta: Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente después de un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los impactos en la salud, velar por la seguridad pública y atender las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada (ONU, 2016, pág. 23).
Riesgo de desastres: Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta (ONU, 2016, pág. 15).
Riesgo aceptable: Corresponde al nivel de las pérdidas potenciales que una sociedad o comunidad consideran aceptable, según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales existentes. El riesgo aceptable aporta con criterios para evaluar y definir las medidas estructurales y no estructurales que se necesitan para reducir los posibles daños a la población (ONU, 2009, pág. 30).
Ruta de evacuación: Es el camino diseñado y señalizado que garantiza la rápida evacuación de la población de las zonas de peligro/amenaza conduciéndolas hacia las zonas seguras, estas rutas pueden ser primarias y secundarias (caminos que se conectan con la ruta primaria que los conduce a zonas seguras (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2015, pág. 10).
s Salas de Situación y Monitoreo (SSM): Red interconectada de componentes que ejecutan flujos de información y de comunicación a nivel nacional, estructurado y se retroalimentado por fuentes oficiales con el objetivo de emitir alertas oportunas y presentar información actualizada que se genera por una emergencia o desastre para la optimización de decisiones y acciones oportunas por parte de las autoridades.
Servicio de emergencia: El conjunto de agencias especializadas con la responsabilidad y los objetivos específicos de proteger a la población y los bienes en situaciones de emergencia (ONU, 2009, pág. 32).
Servicios esenciales: Para el manejo de desastres o catástrofes corresponden a aquellos que deben protegerse o recuperarse con prioridad, por ser claves para que el Estado central maneje los desastres o catástrofes. Incluye los siguientes servicios: gestión de riesgos, seguridad interna y externa, atención de la salud, servicio de
 
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registro civil, identificación y cedulación, telecomunicaciones y los que presta el ministerio de finanzas.
Simulación: Es un ejercicio de escritorio que recrea una situación hipotética de desastre frente al cual los participantes deberán tomar decisiones basadas en la información que reciben durante el ejercicio ( Organización Panamericana de la Salud, 2010, pág. 7).
Simulacro: Ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética de emergencia. Los participantes enfrentan situaciones recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales, implica la movilización y operación real de personal y recursos materiales ( Organización Panamericana de la Salud, 2010, pág. 19).
Sistema de alerta temprana (SAT): Sistema integrado de vigilancia, previsión y predicción de amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, actividades, sistemas y procesos de comunicación y preparación que permite a las personas, comunidades, gobiernos, las empresas y otras partes interesadas adoptar las medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres con antelación a sucesos peligrosos.
Sistemas de Alerta Temprana de Amenazas Múltiples
Abordan varias amenazas o varios impactos de tipos similares o diferentes en contextos en los que los sucesos peligrosos pueden producirse de uno en uno, simultáneamente, en cascada o de forma acumulativa con el tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos relacionados entre sí. Un sistema de alerta temprana de amenazas múltiples con capacidad para advertir de una o más amenazas aumenta la eficiencia y coherencia de las alertas mediante mecanismos y capacidades coordinada y compatible, en los que intervienen múltiples disciplinas para una identificación de amenazas actualizada y precisa y para la vigilancia de amenazas múltiples.
Sistema de Comando de Incidentes (SCI): Es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo ((USAID/OFDA/LAC), 2007, pág. 57).
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR): Es el conjunto de entidades, políticas, normas, principios, acciones, protocolos, programas y herramientas coordinadas del sector público y privado, con el objeto de prevenir, reducir y mitigar riesgos; brindar una adecuada respuesta ante emergencias, desastres o catástrofes; y, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de un evento peligroso.
Susceptibilidad: Es la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado espacio geográfico (CONAE, OEA/DSS, 2008, pág.2).
 
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T Transferencia del riesgo: Proceso por el que se trasladan de manera formal o informal de una parte a otra las consecuencias financieras de un riesgo concreto, en virtud de lo cual un hogar, una comunidad, una empresa o una autoridad del Estado obtendrán recursos de la otra parte después de un desastre a cambio de prestaciones de carácter social o económico (ONU, 2016, pág. 24).
U Unidad de Gestión de Riesgos (UGR): Son estructuras de asesoría y coordinación, cuyos mecanismos aseguran que la gestión de riesgos de desastres se transversalice en la planificación, organización y  gestión de las instituciones públicas y privadas en los ámbito local, regional y nacional, con la finalidad de que los planes de todas las dependencias y unidades operen previniendo riesgos futuros, reduciendo los riesgos existentes, asegurando la continuidad de los servicios que ofrecen y mejorando sostenidamente el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades en los ámbitos territoriales.
Urgencia: La aparición imprevista o inesperada, en lugar o actividad cualesquiera, de un evento o problema de causa diversa y gravedad variable que genere la necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia.
USAR (Grupo): Equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas adoptado las siglas USAR para todos los equipos que desarrollen tareas de Búsqueda y Rescate en áreas Urbanas. Aunque se ha centralizado en el trabajo en estructuras colapsadas, comprende otras disciplinas de trabajo, involucrando los eventos con materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate con cuerdas, espacios confinados, entre otras (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, 2014, pág. 11).
V Víctima: Persona afectada que ha sufrido daño en su salud e integridad física o mental provocado por un evento peligroso, requiere básicamente atención en salud (PMA/SNGRE, 2018, pág. 45).
Violencia Basada en Género: Violencia ejercida en contra de una persona por razones de género o sexo. Incluye acciones que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de acciones de esta naturaleza, coerción, u otras privaciones de libertad. A pesar de las víctimas de la violencia basada en el género pueden ser mujeres, hombres, niños y niñas, las mujeres y las niñas son las víctimas principales debido a su estado de subordinación en muchas sociedades (ONU, 2019, pág. 94).
 
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Voluntario de Protección Civil: Sus siglas son VPC. Es la persona natural acreditada como tal por la institución que actúa sin afán de lucro, presta sus servicios de manera gratuita, sin ningún vínculo laboral; se activa en las diferentes fases de la gestión de riesgos, en coordinación y bajo las directrices del ente rector.
Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas (ONU, 2016, pág. 25).
Z Zona Segura: Zona identificada y adecuadamente señalizada, con baja exposición y susceptibilidad ante una amenaza determinada.
Zona de Riesgo: Son terrenos que no son adecuados para el asentamiento de viviendas por constituir zonas de potencial riesgo por las características del suelo, cercanía de ríos o cuerpos de agua, cercanía a elementos de transmisión eléctrica u otras similares o aquellas carentes de higiene y salubridad Las zonas de riesgo pueden ser destinadas a área de reforestación, área de protección ambiental (Promoción y Capacitación para el Desarrollo y Konrad Adenauer Stiftung (Betty Soria del Castillo), 2011, pág. 34).
Zonas de alto riesgo mitigable: aquellas en las que la presencia de una amenaza específica puede producir altas pérdidas, que es viable evitar mediante obras de protección. Estas zonas se deben convertir en zonas de tratamiento especial por riesgo. Es preciso asignarles la máxima prioridad para la elaboración de un análisis detallado de los riesgos y el diseño y ejecución de medidas de protección. Se debe procurar, además, que tengan baja densidad de población y viviendas livianas, para que no aumente su vulnerabilidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005, pág. 39)
Zonas de alto riesgo no mitigable: partes del territorio en las que la presencia de una amenaza puede provocar altas pérdidas y no es posible realizar obras de protección, o en las que estas no son viables en términos económicos o sociales. Deben convertirse en zonas de protección, de uso forestal exclusivo. No se debe permitir ninguna actividad o solo aceptar la presencia humana restringida y regulada para uso recreativo de baja densidad, con el respaldo de un sistema de alerta temprana. En ocasiones es necesario prever obras de defensa, que eviten que esta zona afecte a otras áreas por el mecanismo de encadenamiento. Cuando existen asentamientos humanos en zonas de alto riesgo no mitigable se debe formular un programa de reubicación de las familias en riesgo y de conversión del área en zona de protección con las características descritas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005, pág. 39).
 
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3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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4. ANEXOS
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Los principios que rigen y orientan las actividades dentro de la gestión de riesgos en el Ecuador son los siguientes:
•    De autoprotección: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para reducir su exposición y sensibilidad ante las amenazas y de mejorar su capacidad de afrontamiento y recuperación ante emergencias y desastres.
•    De igualdad: Todas las personas tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro.
•    De protección: Todos los residentes en el Ecuador deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, frente a posibles fenómenos peligrosos o desastres.
•    De participación: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.
•    De pluriculturalidad: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma.
•    Equidad de género: Ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones y tratamiento, teniendo en cuenta las características particulares de cada uno.
•    Del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, municipales, provinciales y sectoriales cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito de la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
 
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•    De subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias y responsabilidades directas referentes a la gestión de riesgos así como de su materialización en un desastre. La subsidiariedad impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas no tengan los medios para enfrentar el riesgo y/o su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. Esto no releva de su responsabilidad a las autoridades territoriales respecto a sus competencias.
•    De concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las entidades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.
•    De precaución: La falta de certeza no debe utilizarse como razón para postergar o negar la adopción de medidas de protección en materia de gestión de riesgos. Se aplica en una situación en la que la información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico.
•    De eficiencia: Los recursos públicos asignados para la gestión de riesgos deben responder a los criterios de protección de la vida humana, resiliencia de las comunidades, y complementariedad con otras inversiones. Las acciones de asistencia humanitaria a cargo de las entidades obligadas a prestarla para los diversos eventos peligrosos deben brindarse con la celeridad establecida en los protocolos vigentes.
•    De coordinación: La coordinación de competencias es entendida como la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y alcanzar los fines para lo que fue establecido el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos.
 
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•    De responsabilidad: Quienes sean generadores de emergencias y/o desastres por acción u omisión deberán responder por sus efectos, según su grado de responsabilidad, de conformidad con la Constitución de la República y la normativa aplicable.
•    De información oportuna: Es obligación de las autoridades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre los riesgos y sus factores, sobre las emergencias y desastres, sobre los procesos de rehabilitación y reconstrucción y sobre las donaciones recibidas y entregadas.
•    De transversalidad: Todas las instituciones públicas y privadas deben incorporar obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo de desastres en su planificación y operación.
 
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RESOLUCIÓN NoSB-DTL-2020-1002
MARCELO GUSTAVO BLANCO DÁVILA DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES
CONSIDERANDO:
QUE mediante comunicaciones de 29 septiembre y 08 de octubre de 2020, la Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contadora Pública Autorizada, Evelin Paola Solano Pulgarín, con cédula de ciudadanía No. 171798636-6, solicita la calificación como auditora interna para las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos;
QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que entre las funciones de la Superintendencia de Bancos, está la calificación de los auditores internos;
QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los impedimentos para los auditores internos;
QUE el artículo 3 del capítulo II "Norma de control para la calificación de los auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado, del título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos que deben cumplir para obtener la calificación como auditor interno;
QUE el inciso séptimo del artículo 4 del capítulo II antes citado, establece que la calificación como auditor interno tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión de la resolución de calificación.
QUE la documentación ingresada a la Superintendencia de Bancos por los canales virtuales oficiales para el presente trámite es de responsabilidad exclusiva de la parte interesada, entendiéndose que es auténtica y no carece de alteración o invalidez alguna.
QUE la Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contadora Pública Autorizada, Evelin Paola Solano Pulgarín, reúne los requisitos exigidos en la norma reglamentaria pertinente; y, no registra hechos negativos registro de datos crediticio RDC.
QUE mediante memorando No. SB-DTL-2020-0947-M de 15 de octubre de 2020, se ha emitido informe favorable para la calificación solicitada; y,
 
102 - Miércoles 11 de noviembre de 2020 Registro Oficial N° 327
EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2019-280 de 12 de marzo del 2019; y, resolución No. ADM-2019-14239 de 30 de abril del 2019,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contadora Pública Autorizada, Evelin Paola Solano Pulgarín, con cédula de ciudadanía No. 171798636-6, para que pueda desempeñarse como auditora interna en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la presente resolución de calificación tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la fecha de notificación.
ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el registro de auditores internos y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el quince de octubre del dos mil veinte.
 
LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el quince de octubre del dos mil veinte.
 
 

 

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