Registro Oficial No.241- Miércoles 08 de julio del 2020

Miércoles, 08 de julio de 2020

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés    
Presidente Constitucional de la República del Ecuador  
Miércoles  08  de julio  de 2020 (R.O. 241, 08– julio -2020)

 

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:

MPCEIP-SC-2020-0177-R Apruébese y oficialícese con el carácter de obligatorio la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) Equipos y sistemas electromédicos

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

NAC-DGERCGC20-00000043 Expídense las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19

NAC-DGERCGC20-00000044 Expídense las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

SB-2020-0572 Refórmese el Libro I “Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado” de la Codificación de las Normas de la SB”, en el Título XVII sustitúyese el Capítulo V.

SB-2020-0574 Refórmese el Libro I “Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado de la Codificación de las Normas de la SB”, en el Título XVII sustitúyese el Capítulo III

Resolución Nro. MPCEIP-SC-2020-0177-R

Quito, 10 de junio de 2020

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y

PESCA

VISTO:

  1. El Oficio Nro. MERNNR-SCAN-2020-0141-OF de 29 de mayo de 2020, mediante el cual la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) comunica a esta Subsecretaría: "(...) esta Cartera de Estado verifica todos los aspectos de Seguridad Radiológica asociados a los equipos generadores de rayos X, previo al ingreso al país, entre ellos tenemos requisitos hacia el importador como poseer detectores de radiación calibrados y áptos para cada tipo de equipo, poseer dosimetría personal, licencias de transporte, garantizar el mantenimiento del equipo a través de una empresa autorizada por esta Autoridad, poseer certificados de libre venta, no permitir ingreso de equipamiento remanufacturado, sino únicamente nuevos, manuales de seguridad radiológica, entre otros";
  2. El Oficio Ibídem, mediante el cual la SCAN sugiere: "(...)que estos requisitos sean solicitados por una sola Entidad Pública, ya que se estaría duplicando las funciones de control, ocasionando un trámite muy burocrático para los Importadores, lo que conlleva demora en entrega de implementos, puesta en marcha de equipos o instalaciones para atención médica o clínica de los ciudadanos, peor aún por los efectos ocasionados por la pandemia Covid-19.(...)";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

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Que, la normativa Ibídem en su artículo 226 señala que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros;

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas;

Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;

Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los “Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”;

Que, la Ley Constitutiva de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, expedida por Decreto Supremo No. 3306, de 8 de marzo de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 798, de 23 de marzo de 1979, en su artículo 5 señala: “El Estado a través de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, controlará toda actividad y tecnología relacionadas con los minerales radiactivos, el uso de radioisótopos y máquinas generadoras de radiaciones ionizantes y, en general, con la seguridad nuclear y seguridad radiológica en todos sus aspectos”;

Que, el literal g) del artículo 10 de la citada Ley, establece como función de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica “Reglamentar lo concerniente a seguridad nuclear y protección radiológica, particularmente en lo relacionado con la producción, adquisición, transporte, importación, exportación, transferencia, utilización y manejo de los materiales fértiles, fisionables y radiactivos, de los readioisótopos importados o producidos en el país y de las máquinas generadoras de radiaciones ionizantes”;

Que, el Decreto Supremo 3640, publicado en el Registro Oficial 891 el 8 de agosto de

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1979, mediante el cual se expidió el Reglamento de Seguridad Radiológica, establece en su Título Cuarto, Máquinas de Rayos X en general, artículo 65.- Ámbito de Aplicación: "Este título regula las disposiciones generales que deben adoptar instituciones y personas para la adquisición y el uso de equipos que generan radiación; igualmente, regula los procedimientos que los importadores deben seguir para la entrega a usuarios de este tipo de fuentes de radiación ionizante. Para los efectos de este Reglamento a tales equipos se les denomina máquinas de Rayos X.";

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala ”(...) Esta ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”;

Que, el inciso primero del artículo 29 Ibídem manifiesta: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas";

Que, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 1290, publicado en Registro Oficial Suplemento 788 de 13 de septiembre de 2012, última modificación 21 de marzo 2016, establece: "La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, será el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los siguientes productos: alimentos procesados, aditivos alimentarios, agua procesada, productos del tabaco, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio (...)"

Que, el inciso cuarto del artículo 10 del Decreto citado, indica que la ARCSA dentro de sus atribuciones y responsabilidades está: "4. Otorgar, suspender, cancelar o reinscribir los certificados de Registro Sanitario de los productos descritos en el artículo 9 del presente Decreto, según la normativa vigente;"

Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del

 

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Ecuador;

Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (...)”;

Que, mediante Resolución No. 14 234 de 11 de julio de 2014 promulgada en el Registro Oficial No. 307 del 08 de agosto de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio el reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 186 “Equipos electromédicos”, el mismo que entró en vigencia el 06 de noviembre de 2014;

Que, mediante Resolución No. 19 099 del 13 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial-Edición Especial No. 302 de 03 de febrero de 2020, se oficializó con el carácter de Obligatorio la Primera Revisión del reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 186 “Equipos y sistemas electromédicos”;

Que, por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca”; serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, el Oficio Nro. MERNNR-SCAN-2020-0141-OF de 29 de mayo de 2020, mediante el cual la SCAN sugiere: "(...)que estos requisitos sean solicitados por una sola Entidad Pública, ya que se estaría duplicando las funciones de control, ocasionando un trámite

 

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muy burocrático para los Importadores, lo que conlleva demora en entrega de implementos, puesta en marcha de equipos o instalaciones para atención medica o clínica de los ciudadanos, peor aún por los efectos ocasionados por la pandemia Covid-19.(...)";

Que, el Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-DTEEMCNP-2020-0154-O de 05 de junio de 2020, mediante el cual la ARCSA indica: "(...)conforme establece el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 1290 dentro de las competencias y responsabilidades de la Agencia no se encuentra la creación o eliminación de partidas o subpartidas arancelarias. (...) la Agencia emite los certificados de registro sanitario de dispositivos médicos únicamente previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución ARCSA-DE-026-2016-YMIH."

Que, en atención a lo solicitado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No renovables, y la Agencia Nacional de Control y Vigilancia Sanitaria, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que manifiesta: “b) Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(...)” ha formulado la Modificatoria 1 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) “Equipos y sistemas electromédicos”, y mediante Oficio Nro. INEN-INEN-2020- 0490-OF de 04 de junio de 2020, solicita a la Subsecretaria de Calidad, proceda con los trámites pertinentes para su oficialización;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad y aprobado por el Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de Revisión Técnica No. REG-0310 de fecha 10 de junio de 2020, se recomendó continuar con los trámites de oficialización de la Modificatoria 1 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) “Equipos y sistemas electromédicos”;

Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “(...) En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (...) f) aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia. (...)”, en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de Obligatorio, la Modificatoria 1 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) “Equipos y sistemas electromédicos”; a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos

 

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técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de Obligatorio la Modificatoria 1 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) Equipos y sistemas electromédicos”, constante en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la MODIFICATORIA 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 186 (1R) “Equipos y sistemas electromédicos” en la página web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- Esta Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 186 (1R), entrará en vigencia el 16 de junio de 2020, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann

SUBSECRETARIO DE CALIDAD

Anexos:

- anexo_i_modificatoria_1_rte_inen_186_1r

 

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ANEXO I

MODIFICATORIA 1 (2020-06-10)

RTE INEN 186 (1R)

“EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS”

1. En el numeral 2. CAMPO DE APLICACIÓN

Donde dice:

2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:

 

Clasificación Código

Designación del producto/mercancía

Observaciones

63.01

Mantas.

 

6301.10.00.00

- Mantas eléctricas

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

85.43

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

 

8543.10.00.00

- Aceleradores de partículas

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

90.18

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centello-grafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

 

 

- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de

 

 

 

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vigilancia de parámetros fisiológicos):

 

9018.11.00.00

- - Electrocardiógrafos

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9018.12.00.00

- - Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica

9018.13.00.00

- - Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética

9018.14.00.00

- - Aparatos de centello-grafía

9018.19.00.00

- - Los demás

9018.20.00.00

- Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos

 

- Los demás instrumentos y aparatos de odontología:

 

9018.49

- - Los demás:

 

9018.49.90

- - - Los demás:

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9018.49.90.10

- - - - Sillones de dentista con equipo dental o cualquier otro aparato de odontología clasificable en esta partida, incorporados

9018.49.90.20

- - - - Equipos dentales sobre

pedestal (basamento)

9018.49.90.90

- - - - Los demás

9018.50.00

- Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología

9018.90

- Los demás instrumentos y aparatos:

 

9018.90.10.00

- - Electromédicos

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9018.90.90.00

- - Los demás

90.19

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respira­torios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

 

9019.10.00.00

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotencía.

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE

9019.20.00.00

- Aparatos de ozonoterapia,

 

10 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

 

 

 

 

 

oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9020.00.00.00

Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible.

 

90.21

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medico-quirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad.

9021.40.00.00

- Audífonos, excepto sus partes y accesorios

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico.

9021.50.00.00

- Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios

90.22

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.

 

 

- Aparatos de rayos X, incluso para médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia:

9022.12.00.00

- - Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de

Aplica a los productos /mercancías citados en el

 

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tratamiento o procesamiento de datos

campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9022.13.00.00

- - Los demás, para uso odontológico

9022.14.00.00

- - Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario

 

- Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radio­grafía o radioterapia:

 

9022.21.00.00

- - Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9022.30.00.00

- Tubos de rayos X

9022.90.00.00

- Los demás, incluidas las partes y accesorios:

9022.90.00.10

- - Mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento

9022.90.00.90

- - Los demás

90.25

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.

 

 

- - - Eléctricos o electrónicos:

 

9025.19.19.00

- - - - Los demás

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9033.00.00.00

Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo 90.

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

94.02

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por

 

 

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ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos.

 

9402.10

- Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes:

 

9402.10.10.00

- - Sillones de dentista

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9402.10.90.00

- - Los demás

9402.90

- Los demás:

 

9402.90.10.00

- - Mesas de operaciones y sus partes

Aplica a los productos /mercancías citados en el campo de aplicación del reglamento técnico RTE INEN 186 (1R); y, se debe tomar en cuenta las exclusiones citadas en este reglamento técnico

9402.90.90.00

- - Los demás y sus partes

9405.10.90.00

- - Los demás

2.3 Este reglamento técnico no aplica a:

2.3.1 Partes implantables de los dispositivos médicos implantables activos cubiertos por la norma ISO 14708-1.

Debe decir:

2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:

 

Clasificación Código

Designación del producto/mercancía

Observaciones

90.18

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centello-grafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

 

 

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 13

 

 

- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos):

 

9018.11.00.00

- - Electrocardiógrafos

 

9018.12.00.00

- - Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica

 

9018.13.00.00

- - Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética

 

9018.14.00.00 

- - Aparatos de centellografía

 

9018.19.00.00

- - Los demás

Aplica a los Equipos y Sistemas Electromédicos utilizados para diagnóstico, tratamiento y/o monitorización de un paciente, objeto de aplicación del RTE INEN 186 (1R)

9018.20.00.00

- Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos

 

 

- Los demás instrumentos y aparatos de odontología:

 

9018.49

- - Los demás:

 

9018.49.90

- - - Los demás:

 

9018.49.90.10

- - - - Sillones de dentista con equipo dental o cualquier otro aparato de odontología clasificable en esta partida, incorporados

Aplica a las unidades dentales que estén o no accionados por energía eléctrica

9018.49.90.20

- - - - Equipos dentales sobre pedestal (basamento)

 

9018.49.90.90

- - - - Los demás

Aplica a los Equipos y Sistemas Electromédicos utilizados para diagnóstico, tratamiento y/o monitorización de un paciente, objeto de aplicación del RTE INEN 186 (1R).

9018.50.00.00

- Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología

 

9018.90

- Los demás instrumentos y aparatos:

 

9018.90.10.00

- - Electromédicos

 

90.25

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y

 

 

 

14 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

 

 

sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí.

 

 

- - - Eléctricos o electrónicos:

 

9025.19.19.00

- - - - Los demás

Aplica a los Equipos y Sistemas Electromédicos usados para diagnóstico, o monitorización de un paciente, objeto de aplicación del RTE INEN 186 (1R)

94.02

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos.

 

9402.10

- Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes:

 

9402.10.10.00

- - Sillones de dentista

Aplica a sillones de dentista que estén o no accionados por energía eléctrica

9402.90

- Los demás:

 

9402.90.10.00

- - Mesas de operaciones y sus partes

Aplica a las mesas de operaciones, tengan o no partes eléctricas, incluidos los transportadores.

 

2.3 Este reglamento técnico no aplica a:

  1. Partes implantables de los dispositivos médicos implantables activos cubiertos por la norma ISO 14708-1.
  2. Los equipos de diagnóstico in vitro que están cubiertos por la serie de la Norma IEC 61010.

2. En el numeral 5. REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO

Donde dice:

5.1 La información de marcado o etiquetado se debe presentar en un lugar visible, grabado o impreso, de forma permanente e indeleble, con caracteres

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 15

claros y fáciles de leer, en idioma español, sin perjuicio de que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.

Debe decir:

5.1 La información de marcado o etiquetado se debe presentar en un lugar visible, grabado o impreso, de forma permanente e indeleble, con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma castellano o inglés, sin perjuicio de que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.

Eliminar el numeral:

5.4.2 Nombre o razón social y el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) del fabricante o del importador (ver nota1).

Nota1: Fabricante para los productos nacionales; importador para productos importados.

3. En el numeral 8. PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)

Donde dice:

  1. Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación sea emitida o reconocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de presentación; o,
  2. Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025 y, tenga alcance para realizar los ensayos que demuestren la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de presentación; o,

Debe decir:

  1. Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación sea emitida o reconocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder 36 meses a la fecha de presentación; o,
  2. Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025 y, tenga alcance para realizar los ensayos que demuestren la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder 36 meses a la fecha de presentación; o,

 

16 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

CERTIFICACIÓN

La DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3.6.4, literal e) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA; el numeral 5.3.2 del Instructivo Institucional de Identificación, Gestión y Evaluación de Documentos y el artículo 63, numeral 6 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos.

Certifica la fidelidad y confiere copias de los documentos adjuntos, según se detalla a continuación:

 

Razón de certificación

Resolución

Número de folios

Fiel copia del original

MPCEIP-SC-2020-0177-R

6

 

La documentación ha sido cotejada con los ejemplares en original que tuve a la vista, mismos que reposan en el SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, a los cuales me remito.

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de junio de 2020.

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 17

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC20-00000043

LA DIRECTORA GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que el artículo 226 de la Carta Magna dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

Que el numeral 2 del artículo 12 del Código Tributario señala que los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles;

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo estableció las condiciones para que los contribuyentes puedan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias y fiscales, en las condiciones ahí definidas;

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de 22 de junio de 2020, se publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19;

Que el primer inciso de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley ibídem, dispone que por efectos del estado de excepción por calamidad pública declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo 2020, para aquellos contribuyentes que solicitaron la Facilidad de Pago con Remisión al que hace referencia el literal b) del artículo 2 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo y que desde enero de 2020 a la fecha de publicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, incumplieron con dos o más cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida, debiéndose activar de oficio la

18 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

facilidad de pago, permitiendo al contribuyente cubrir el total del capital adeudado hasta el mes de septiembre de 2020;

Que el segundo inciso de la Disposición Transitoria ibídem señala que el Servicio de Rentas Internas, establecerá mediante resolución de carácter general, las disposiciones necesarias para su cumplimiento;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; y,

En ejercicio de sus facultades legales.

RESUELVE:

Expedir las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- En atención a lo señalado en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, a través de la presente Resolución se emiten las normas para la activación de oficio de las facilidades de pago con remisión a las que hace referencia el literal b) del artículo 2 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo, respecto de las cuales desde enero de 2020 al 22 de junio de 2020, se hayan incumplido con dos o más cuotas previstas en la respectiva resolución de concesión de facilidades de pago con remisión.

Art. 2.- Activación de Oficio de las Facilidades de Pago con Remisión.- En concordancia con lo señalado en el artículo anterior, se establece la activación de las facilidades de pago con remisión, en aquellos casos en los que desde enero de 2020 al 22 de junio de 2020, se hubiese incumplido con el pago de dos o más cuotas. El pago se realizará conforme lo establecido en el artículo 3 de esta resolución.

Art. 3.- Pago.- Las facilidades de pago con remisión se activarán conforme lo señalado en el artículo anterior, respecto del valor correspondiente al total del capital adeudado, monto que deberá ser pagado hasta el 30 de septiembre de 2020.

El monto antes señalado podrá ser cancelado en un solo pago o en pagos parciales hasta completar la totalidad del mismo, dentro de la fecha señalada en el inciso anterior.

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 19

DISPOSICIONES GENERALES

Única.- Respecto de las facilidades de pago con remisión que se activan conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y en la presente Resolución, se deberán cumplir las normas establecidas en la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000395 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 311 de fecha 23 de agosto de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dictó y firmó electrónicamente la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 23 de junio de 2020.

 
 

Dra. Alba Molina P.

SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 
 

Lo certifico.

20 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC20-00000044

LA DIRECTORA GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que el artículo 226 de la Carta Magna dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

Que el numeral 2 del artículo 12 del Código Tributario señala que los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria estableció las normas aplicables al plan excepcional de pagos respecto de impuestos retenidos o percibidos;

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de 22 de junio de 2020, se publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19;

Que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley ibídem, dispone que por efectos del estado de excepción por calamidad pública declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, para aquellos contribuyentes que solicitaron l plan excepcional de pagos de hasta doce (12) meses, al que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Orgánica Simplificación y Progresividad Tributaria y que a la publicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 incumplieron con algunas de las cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplimiento, debiéndose activar de oficio el plan excepcional otorgado, por un plazo no mayor a 12 meses;

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 21

Que el segundo inciso de la Disposición Transitoria ibídem señala que el Servicio de Rentas Internas, establecerá mediante resolución de carácter general, las disposiciones necesarias para su cumplimiento, así como las nuevas fechas de pago de las cuotas;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; y,

En uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

Expedir las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- En atención a lo señalado en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, a través de la presente Resolución se emiten las normas para la activación de oficio del plan excepcional de pagos de hasta doce (12) meses, establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, a los contribuyentes que hubieran incumplido con alguna de las cuotas mencionadas en la respectiva resolución de concesión del plan excepcional de pagos, al 22 de junio de 2020.

Art. 2.- Activación de oficio del Plan Excepcional de Pagos.- En concordancia con lo señalado en el artículo anterior, se establece la activación de oficio de los planes excepcionales de pago en los que se hubiese incumplido con alguna de las cuotas mencionadas en la respectiva resolución de concesión del plan excepcional de pagos, al 22 de junio de 2020.

En estos casos, el pago se realizará en doce (12) cuotas mensuales iguales, que deberán ser canceladas los días 28 de cada mes, iniciando el 28 de julio de 2020.

Cuando una fecha de vencimiento según lo previsto en el inciso anterior, coincidan con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.

Las tablas en las que se fija el valor de la cuota a pagar estarán disponibles en el portal web institucional www.sri.gob.ec, para lo cual el sujeto pasivo deberá ingresar con su correspondiente usuario y contraseña.

22 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

DISPOSICIONES GENERALES

Única.– Respecto de los planes excepcionales de pago que se activen conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y en la presente resolución, se deberán cumplir las normas establecidas en la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000001 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 118 de 10 de enero de 2020.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dictó y firmó electrónicamente la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 23 de junio de 2020.

 
 

Dra. Alba Molina P.

SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 
 

Lo certifico.

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 23

RESOLUCIÓN Nro. SB-2020-0572

RUTH ARREGUI SOLANO

SUPERINTENDENTA DE BANCOS

CONSIDERANDO:

QUE el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales, y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala como una de las funciones de La Superintendencia de Bancos, calificar a las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como auditores internos, auditores externos, peritos valuadores y calificadoras de riesgo, entre otras;

QUE el ultimo inciso del artículo 62 del código ibídem, dispone que la Superintendencia de Bancos para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que estas puedan alterar o innovar las disposiciones legales, ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

QUE el artículo 244 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, señala que las entidades del sistema financiero nacional tienen la obligación de establecer sistemas de control interno para la prevención de delitos, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo en todas las operaciones financieras;

QUE el artículo 2 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 353 de 23 de octubre de 2016, determina que sus disposiciones son aplicables a todos los trámites administrativos que se gestionen ante los organismos y dependencias de la Administración Pública, entre los que se encuentra la Superintendencia de Bancos;

QUE el artículo 11 de la citada Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, dispone que: "Art. 11.- Entrega de dalos o documentos.- En la gestión de trámites administrativos, las entidades reguladas por esta Ley no podrán exigir la presentación de originales o copias de documentos que contengan información que repose en las bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Dalos Públicos o en bases develadas por entidades públicas (...);

QUE el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, prevé que todo sujeto obligado a reportar debe registrar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento oficial y suplente, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que para su designación haya emitido el organismo de control;

 

24 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

QUE a fin de simplificar el trámite de calificación de oficiales de cumplimiento y automatizar el proceso para la presentación de requisitos ante la Superintendencia de Sancos, es menester reformar las disposiciones contenidas en el libro I "Normas de Control para las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado", titulo XVII *De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos" capitulo V "Norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos", de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos,

QUE mediante Memorando Nro. SB-INRE-2020-0166-M, de 27 de febrero de 2020, la intendencia Nacional de Riesgos y Estudios presenta el requerimiento y propuesta de reforma correspondiente;

QUE mediante Memorando Nro. SB-INJ-2020-0450-M, de 11 de junio de 2020, la Intendencia Nacional Jurídica emite el informe jurídico favorable correspondiente, y

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

En el libro I “Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado”, de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, efectuar la siguiente reforma:

ARTICULO ÚNICO.- En titulo XVII De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", sustituir el capitulo V “Norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos", por el siguiente:

“CAPÍTULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA CALIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SECCIÓN I. - CALIFICACIÓN, REQUISITOS Y REGISTRO

ARTÍCULO 1.- Podrán ser oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, las personas naturales previamente calificadas por este organismo de control que demuestren y acrediten conocimiento y experiencia en materia de prevención de lavado de activos y fin andamiento de delitos como el terrorismo, en las entidades del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos y/o en este mismo organismo de control.

La calificación constituye la autorización que extiende la Superintendencia de Bancos, que habilita al oficial de cumplimiento ofrecer sus servicios a las entidades controladas por este organismo.

ARTÍCULO 2.- Los oficiales de cumplimiento deben ser funcionarios que formen parte de la alta gerencia de la entidad, tener capacidad decisoria y autonomía para desarrollar su

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 25

gestión, de manera que puedan vigilar el cumplimiento del sistema de administración de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.

Para ejercer sus funciones, los oficiales de cumplimiento serán designados por el directorio.

Tratándose de un grupo financiero, los oficiales de cumplimiento titular y suplente, previamente calificados por la Superintendencia de Sancos, podrán ejercer dichos cargos en una, vanas o todas las entidades que conforman el mencionado grupo, en cuyo caso deben ser designados por el directorio de cada una de las entidades del grupo en las cuales van a desempeñarse en tal calidad. En todo caso, la entidad será responsable de que en el ejercicio múltiple de funciones del oficial de cumplimiento no se presente conflicto de intereses o que su gestión se vea disminuida por el tamaño de las entidades o de la complejidad de sus negocios.

Los oficiales de cumplimiento titulares y suplentes, prestarán sus servicios, a tiempo completo, únicamente en la entidad controlada en la que hubiere sido designado y. adicionalmente de ser ese el caso, en las demás entidades del mismo grupo financiero para las cuales fue designado.

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo que precede a los oficiales de cumplimiento que presten sus servicios en entidades de servicios financieros como casas de cambio, almaceneras y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas y compañías de servicios auxiliares, en lo que corresponda al control de la Superintendencia de Bancos, casos en los cuales, el Directorio o quien haga sus veces, podrá designar un oficial de cumplimiento titular a medio tiempo.

En estas entidades, el oficial de cumplimiento suplente podrá desarrollar simultáneamente otra función en la institución, siempre que no lo haga en el área comercial y de operaciones.

Para las excepciones detalladas, tanto en el caso del oficial titular como del suplente, se deberá disponer del pronunciamiento que emita Auditoria Externa en su evaluación de prevención de lavado de activos relativo al riesgo y estructura organizacional de la entidad

Las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, para contratar los servicios de oficiales de cumplimiento, deberán verificar que éstos se encuentren previamente calificados. El incumplimiento de esta disposición será motivo de sanción a las partes contratantes de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero y en la normativa vigente según corresponda.

ARTÍCULO 3.- Para obtener la calificación de oficial de cumplimiento, el interesado deberá presentar a la Superintendencia de Bancos la solicitud de calificación conforme el formulario disponible para el efecto.

La Superintendencia de Bancos calificará corno oficial de cumplimiento a la persona natural siempre que cumpla todos y cada uno de los siguientes requisitos:

3.1. Contar con título universitario de al menos tercer nivel, que se encuentre inscrito en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, SNIESE,

 

26 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

en derecho, economía, administración de empresas, contabilidad, auditoria o carreras afines a banca y finanzas;

Las personas que no cuenten con el título profesional referido, deberán acreditar experiencia equivalente a un tiempo mínimo de seis (6) años en áreas técnicas u operativas de una entidad de los sectores financieros controlado por la Superintendencia de Bancos debiendo acreditar que al menos dos (2) de esos años correspondan al área de lavado de activos;

3.2 Acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en malaria de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, en las entidades del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos y/o en este mismo organismo de control.

3.3. Contar con capacitación complementaria de al menos ciento veinte (120) horas en cursos de capacitación, en materia de prevención de lavado de activos, ciclados en el Ecuador o en el extranjero;

3.4. Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico o quien haga sus veces de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia condenatoria pendiente;

3.5. Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e impedimentos contemplados en la presente norma.

La persona natural interesada será responsable de la veracidad de la información y documentación remitida para el proceso de calificación; y, en caso de verificarse que exista falsedad en su contenido, se negara la solicitud presentada, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

ARTICULO 4.- La Superintendencia de Bancos, una vez admitida a trámite la solicitud, procederá a verificar si la persona interesada cumple o no con los requisitos exigidos.

La Superintendencia de Bancos podrá requerir, motivadamente, cualquier documento o información adicional que sea necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos y la información contenida en la solicitud presentada. Para ello, concederá al solicitante un término de hasta ocho (3) días para que la persona interesada dé cumplimiento a lo requerido, caso contrario archivará la solicitud.

Los documentos otorgados en el extranjero, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español, cuando sea necesario; autenticados o apostillados y de ser el caso registrados de conformidad con la ley.

La Superintendencia de Bancos resolverá sobre la petición de calificación en el plazo máximo de sesenta (60) días contados desde su admisión a trámite, aceptándola o negándola, y la notificará inmediatamente al interesado

La calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión de la resolución de calificación, sin perjuicio de su notificación al interesado.

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 27

Le calificación será otorgada a título personal, es decir no se vinculará a una entidad de los sectores financieros público o privado, por lo que la persona calificada queda facultada para prestar sus servicios en cualquier entidad bajo control de la Superintendencia de Bancos, para lo cual se requerirá la debida designación por parte del directorio de la entidad controlada.

La designación por parte del Directorio de los oficiales de cumplimiento titulares y suplentes a las personas naturales previamente calificadas, serán comunicadas a la Superintendencia de Bancos dentro de las 72 horas posteriores de la sesión respectiva, adjuntando el acta correspondiente. En el mismo plazo deberá informarse al organismo de control la desvinculación de los oficiales de cumplimiento. A partir de dicha comunicación surtirán o no efecto sus actuaciones.

ARTÍCULO 5.- Los oficiales de cumplimiento calificados por la Superintendencia de Bancos, deberán actualizar cada dos (2) años la siguiente información:

5.1. Número telefónico, dirección y correo electrónico;

5.2. Capacitación o formación complementaria de los dos últimos años;

5.3. Experiencia que evidencie los trabajos realizados de los dos últimos años:

5 4. Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico o quien haga sus veces de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia condenatoria pendiente; y

5.5. Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades contempladas en la presente norma

SECCIÓN II.- CONTRATACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES

ARTÍCULO 6.- Las entidades controladas, previo a la vinculación del oficial de cumplimiento y durante su gestión, deberán verificar que no se encuentre incurso en las inhabilidades e impedimentos del artículo 7 de este capítulo.

ARTÍCULO 7.- No podrán actuar como oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, las personas que se encuentren comprendidas en los siguientes casos de inhabilidades e impedimentos:

7.1. Las personas vinculadas por propiedad y/o administración a la entidad a la que se va a prestar el servicio, o con alguna entidad que forma parte del grupo financiero:

7.2. El cónyuge o personas que mantengan unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un director, administrador o principales funcionarios con poder de decisión de la entidad donde se preste el servicio;

7 3. Quienes registren créditos castigados en una entidad de los sectores financiero público o privado, durante los últimos cinco (5) años;

 

28 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

  1. Los que sean empleados o servidores públicos, con excepción de aquellos que vayan a prestar sus servicios como oficial de cumplimiento de alguna entidad del sector financiero público;
  2. Quienes consten en mora como deudoras directos de sus obligaciones por más de sesenta (60) días con cualquiera de las entidades del sistema financiero nacional, y con las entidades de seguridad social.

En caso de que el solicitante, a la fecha de Id solicitud conste en mora en el “Sistema de operaciones activas y contingentes”, pero presente el certificado emitido por la entidad financiera en la cual determine que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones, el mismo servirá como documento habilitante para la calificación;

  1. Quienes no se encuentren al día en sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas;
  2. Quienes registren cheques protestados con multas pendientes de cancelar o cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de disposiciones legales, hasta que se cancele los valores adeudados o se rehabilite en el sistema, en su orden;
  3. Quienes hayan recibido sentencia ejecutoriada por el cometimiento de delitos o hayan sido declarados judicialmente responsables de irregularidades en la administración de entidades públicas o privadas;
  4. Quienes hubieren presentado documentación alterada o falsa para su calificación como oficial de cumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar; y,
  5. Quienes hubiesen sido sancionados por la Superintendencia de Bancos u organismo competente por infracciones graves o muy graves en el sector financiero, durante los últimos quince (15) años, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Las entidades controladas, a través del Auditor Interno, deberán verificar, al menos trimestralmente, que los oficiales de cumplimiento titular y suplente no se encuentren incursos en las prohibiciones de este artículo, caso contrario informarán inmediatamente a la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 8.- El organismo de control mantendrá un registro actualizado de los oficiales de cumplimiento calificados y vinculados a las entidades controladas.

Quedará sin efecto la calificación otorgada en caso de que, por hechos supervenientes, se incumpla con los requisitos previstos en esta norma, a cuyo efecto la Superintendencia de Bancos emitirá la correspondiente resolución, que será notificada al oficial de cumplimiento en la dirección que conste registrada en los archivos institucionales.

ARTÍCULO 9.- En caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento titular, lo reemplazará el oficial de cumplimiento suplente, si estuviere designado, y a falta de éste, temporalmente asumirá estas responsabilidades el representante del Directorio ante el

 

Registro Oficial Nº 241 Miércoles 8 de julio de 2020 – 29

Comité de Cumplimiento hasta que se designe a estos funcionarios en el plazo máximo de treinta días.

La ausencia temporal del oficial de cumplimiento titular o suplente no podrá ser mayor a treinta (30) días, salvo casos justificados y se calculara a partir del primer día de ausencia. Se deberá notificar la ausencia definitiva a la Superintendencia de Bancos dentro del término de tres (3) días contados desde dicha ausencia, y, se designará al nuevo oficial de cumplimiento titular y/o suplente en un término no mayor de treinta (30) días En ausencia de los oficiales de cumplimiento titular y suplente, la responsabilidad de que las políticas de prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos como el terrorismo sean aplicadas adecuada y oportunamente, recae sobre los miembros del directorio, hasta que el nuevo oficial de cumplimiento sea designado.

ARTICULO 10.- Los oficiales de cumplimiento que incurran en las infracciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Prevención. Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y su reglamento general y más normas sobre la materia, están sujetos a las sanciones previstas en el código antes referido y demás normativa aplicable, independientemente de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma de control serán resueltos por la Superintendencia de Bancos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de Bancos a los oficiales de cumplimiento y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma, continuarán en tal condición hasta el 31 de diciembre de 2020.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrara en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito Metropolitano, el 15 de junio de 2020

 

30 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

RESOLUCIÓN Nro. SB-2020-0574

RUTH ARREGUI SOLANO SUPERINTENDENTA DE BANCOS

CONSIDERANDO:

QUE el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales, y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala como una de las fundones de la Superintendencia de Bancos, calificar a las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como auditores internos, auditores externos, peritos valuadores y calificadoras de riesgo, entre otros;

QUE el último inciso del artículo 62 del código ibídem, dispone que la Superintendencia de Bancos para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia;

QUE el artículo 237 del código antes nombrado, determina que la solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público será calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al respecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; que la calificación de riesgo podrá ser realizada por compañías calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, calificadas por los organismos de control; y. que la contratación de estas firmas será efectuada mediante procedimientos de selección, garantizando la alternabilidad;

QUE el artículo 2 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 353 de 23 de octubre de 2018, determina que sus disposiciones son aplicables a todos los trámites administrativos que se gestionen ante los organismos y dependencias de la Administración Pública, entre los que se encuentra, la Superintendencia de Bancos;

QUE el artículo 11 de la citada Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, dispone: "Art. 11.- Entrega de datos o documentos.- En la gestión de trámites administrativos, las entidades reguladas por esta Ley no podrán exigir la presentación de originales o copias de documentos que contengan información que repose en las bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o en bases develadas por entidades públicas (...)*;

QUE a fin de simplificar el trámite de calificación de las Calificadoras de Riesgo y automatizar el proceso para la presentación de requisitos ante la Superintendencia de Bancos, es menester reformar las disposiciones contenidas en el Libro I. "Normas de Control para las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado”, Título XVII

 

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"De las Calificaciones Otorgadas por la Superintendencia de Bancos”, Capitulo III “Normas para la calificación de las firmas calificadoras de riesgo de las entidades de los sectores financiero público y privado", de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos;

QUE mediante Memorando Nro. SB-DTL-2020-0388-M, de 11 de mayo de 2020, la Dirección de Trámites Legales, a cargo del proceso de calificaciones presenta la propuesta de reforma pertinente;

QUE mediante Memorando Nro. SB-INJ-2020-0450-M, de 11 de junio de 2020, la Intendencia Nacional Jurídica emite el informe jurídico favorable correspondiente; y

EN ejercicio de sus facultades legales,

RESUELVE

En el libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado”, de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, efectuar la siguiente reforma:

ARTÍCULO ÚNICO.- En titulo XVII “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", sustituir el capítulo III “Normas para la calificación de las firmas calificadoras de riesgo de las entidades de los sectores financiero público y privado", por el siguiente:

"CAPÍTULO III.- NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS FIRMAS CALIFICADORAS DE RIESGO DE LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO

SECCIÓN I.- ENTIDADES SUJETAS A LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 1.- Las entidades financieras, las subsidiarias y afiliadas, en el país o en el exterior, por decisión del directorio, están obligadas a contratar los servicios de firmas calificadoras de riesgo de prestigio internacional o asociadas con una firma de prestigio internacional, calificadas por la Superintendencia de Bancos en las condiciones y con el alcance definido en el presente capítulo, las que cumplirán con sus funciones, sometidas al sigilo bancario.

Se conceptúa como firma de prestigio internacional, a la que registre una participación significativa en la calificación de entidades financieras a nivel internacional, en por lo menos tres (3) países.

El registro y calificación de la firma, no implica ni certificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia de Bancos, en lo relacionado a los informes que presenten, los que serán de responsabilidad exclusiva de las calificadoras de riesgo y de las entidades de los sectores financieros público y privado.

Obligatoriamente, una entidad de los sectores financieros público y privado, las

 

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entidades integrantes del grupo, subsidiarias y afiliadas, ubicadas en el país o en el exterior, tendrán la misma firma calificadora de riesgo o firmas corresponsales o asociadas con ésta.

El análisis y calificación de riesgo se realizara sobre las entidades de los sectores financieros público y privado, y se deberá incluir un apartado en donde conste el análisis de la información consolidada del grupo financiero

ARTICULO 2.- Se entiende como calificación de riesgo, para efecto del presente capitulo, a la opinión sobre su capacidad para administrar los riesgos, calidad crediticia y fortaleza financiera del grupo financiero, con estados auditados y consolidados del grupo y de la entidad del sector financiero público o privado calificada, para cumplir con sus obligaciones de manera oportuna con los depositantes y público en general. Con este objeto las empresas calificadoras identificarán los riesgos a los que se exponen las entidades sujetas a calificación, que incluirán los riesgos sistémicos existentes dentro del sector financiero público y privado, y analizarán las políticas y procedimientos de administración y gestión de los mismos y su respectivo monitoreo.

Las calificadoras de riesgo calificadas y registradas ante esta Superintendencia de Bancos, clasificarán las calificaciones otorgadas a las entidades financieras de acuerdo a la escala definida en este capítulo.

Para determinar la calificación de riesgo de una entidad financiera, las calificadoras de riesgo deberán utilizar metodologías que sean rigurosas, continuas y sujetas a validación basadas en experiencias de uso y backtesting.

El alcance de la calificación debe considerar tanto la calidad crediticia y fortaleza financiera de la entidad financiera, así como las calificaciones de riesgo de los títulos de deuda emitidos por la entidad

La calificación se realizara exclusivamente de acuerdo con la metodología y escala previamente establecidas por la Superintendencia de Bancos, o, por las metodologías utilizadas por cada firma, previamente evaluadas y autorizadas por este organismo de control.

Cuando la metodología de calificación utilizada sea sujeta de cambios, la calificadora deberá, en forma previa a su utilización, solicitar la autorización a la Superintendencia de Bancos, para lo cual informará sobre su razonabilidad técnica e impacto en Las calificaciones otorgadas en los últimos dos (2) años en las cuales se utilizó la metodología original.

Cuando existan cambios a la metodología, estos cambios y su impacto deberán ser comunicados a las entidades calificadas, dentro de los quince (15) días siguientes a la autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos; o, en forma previa a la utilización de dicha metodología en el proceso de calificación o revisión de la calificación.

Cuando existan cambios a la metodología y éstos generan cambios a las calificaciones previamente otorgadas, las calificadoras deben explicar el cambio metodológico y su impacto en la calificación, el que debe constar en su página web y boletines

 

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mensuales.

En caso de que una calificadora de riesgos realice cambios a su metodología y no solicite autorización a la Superintendencia de Bancos, será sujeta a las sanciones establecidas en este capitulo.

ARTICULO 3.- Las entidades de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias y afiliadas, en el país o en el exterior, estarán sujetas a revisiones trimestrales por lo menos, por parte de las calificadoras autorizadas por la Superintendencia de Bancos, no obstante, la evaluación de la calificación de riesgo, es una actividad de carácter permanente de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del presente capitulo.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, la Superintendencia de Bancos o la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, podrán requerir las calificaciones en una frecuencia menor.

ARTÍCULO 4.- La calificación de riesgo de las entidades de los sectores financieros público y privado, de las subsidiarias y afiliadas, en el país o el exterior, únicamente puede ser realizada por personas jurídicas que se encuentren inscritas en el "Registro de calificadoras de riesgo", que para el efecto llevará la Superintendencia de Bancos, con la especificación de los sectores autorizados a cada uno de ellas: o con firmas corresponsales o asociadas con ésta.

La calificación de las firmas calificadoras de riesgo se emitirá mediante resolución de la Superintendencia de Bancos, la cual deberá ser publicada en el Registro Oficial.

SECCIÓN II.- CALIFICACIÓN, REQUISITOS Y REGISTRO

ARTÍCULO 5.- Para que las personas jurídicas que se dedican a las labores de calificación de riesgo puedan contratar sus servicios con las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, las subsidiarias y afiliadas en el país o en el exterior, deberán ser previamente calificadas por esta, quien para el efecto realizará las investigaciones que estime convenientes.

ARTICULO 6.- Para obtener la calificación como calificadora de riesgo, la interesada deberá presentar la solicitud de calificación conforme el formulario disponible para el efecto.

La Superintendencia de Bancos calificará como calificadora de riesgo a la persona jurídica que cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Que su objeto social establezca que su prestación de servicios as calificadora de riesgo;
  2. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
  3. Encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

 

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6.4 Certificados emitidos por las instituciones en las que naya prestado sus servicios, que sean controladas por la Superintendencia de Bancos y entes reguladores de otros países, que documenten su experiencia en el lapso correspondiente a los últimos cinco (5) años;

Las personas jurídicas recién constituidas que no cumplan con el requisito señalado en el inciso precedente, deberán presentar la documentación de por lo menos tres (3) de sus miembros principales que demuestren su experiencia en el lapso antes señalado:

6.5 Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico o quien haga sus veces, de no se encontrarse registrados en la base de datos de personas con sentencia condenatoria pendiente, de los socios o accionistas, representante legal o apoderado:

6.6 Las firmas extranjeras y/o sus integrantes que realizarán la calificación en el país presentarán la autorización actualizada otorgada por el Ministerio del Trabajo o quien ejerza esas competencias. La firma además presentará el registro correspondiente emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y acompañará la documentación que acredite estar legalmente constituida y autorizada para operar:

6.7 Convenios de asociación o de representación de firmas internacionales, debidamente autenticadas y traducidas, conforme lo dispuesto en la legislación vigente. El acuerdo entre la calificadora local y sus afiliadas o asociadas internacionales debe establecer claramente el nivel de soporte técnico y metodológico que proveerá la firma internacional a la calificadora local, así como también los compromisos en términos de idoneidad e independencia que debe cumplir la calificadora local: el acuerdo debe establecer además la responsabilidad o limitación de responsabilidades de la firma asociada respecto a las acciones que realizará la calificadora local;

6.8 Delegación de poder protocolizado:

6.9 Estructura de propiedad;

6.10 Estructura organizacional y de Gobierno Corporativo:

6.11 Detalle de infraestructura física y tecnológica (software y hardware), aplicables a la actividad;

6.12 Acta de Directorio en la que se aprobó las políticas y procedimientos para identificar, administrar y difundir conflictos de interés, politices y procedimientos de control interno y cumplimiento normativo; políticas de compensación a analistas. técnicos y miembros del comité de calificación que demuestre que las remuneraciones del personal involucrado en el proceso de calificación no afecta la producción de calificaciones independientes y objetivas:

6.13 Código de ética basado en los lineamientos de IOSCO (International Organization of Securities Commissions);

6.14 Certificación Internacional. Auditor Líder ISO 37001- Sistemas Anti Soborno (que se encuentre vigente al momento de la calificación);

6.15 Metodología de calificación de riesgo a ser aplicada; y,

6.16 Declaración de no estar incurso en las incompatibilidades contempladas en esta norma.

 

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El representante legal de la firma calificadora de riesgo será responsable de la veracidad de la información y documentación remitida para el proceso de calificación; y. en caso de verificarse que exista falsedad en lo remitido, la Superintendencia de Bancos negará la calificación solicitada, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 7.- La Superintendencia de Bancos autorizará a las personas naturales para que laboren en las firmas calificadoras de riesgo siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Poseer título de tercer o cuarto nivel, nacional o extranjero, otorgado por centros de estudios superiores autorizados, que se encuentre inscrito en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, SNlESE en administración, contabilidad, auditoria o economía;

Las personas que no cuenten con los títulos señalados, deberán acreditar por lo menos diez (10) años de experiencia en materia bancaria y financiera o en supervisión bancada, con preferencia en manejo de riesgos financieros y metodologías de calificación debidamente demostrada, de todos los miembros del comité de calificación;

  1. Cursos realizados relacionados con calificación de riesgos de por lo menos 40 horas;
  2. De contar con el título académico, debe presentar los certificados que acrediten la experiencia en calificación de riesgos correspondiente a los últimos cinco (5) años;
  3. Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y económico o quien haga sus veces de no encontrarse registrado en la Base de Datos de personas con sentencia condenatoria pendiente; y,
  4. Declaración jurada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e impedimentos contemplados en la presente norma.

La persona natural interesada será responsable de la veracidad de la información presentada, por lo que, en caso de verificarse que exista falsedad en su contenido, se negará la solicitud, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 8.- La Superintendencia de Bancos, una vez admitida a trámite la solicitud, procederá a verificar si la persona jurídica interesada, cumple o no con los requisitos exigidos.

La Superintendencia de Bancos podrá requerir, motivadamente, cualquier documento o información adicional que sea necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos y la información contenida en la solicitud presentada Para elfo, concederá al solicitante un término de hasta ocho (8) días para que se de cumplimiento a lo requerido, caso contrario se archivara la solicitud.

Los documentos otorgados en el extranjero, deberán presentarse debidamente

 

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traducidos al idioma español, cuando sea necesario; autenticados o apostillados y de ser el caso registrados, de conformidad con la ley.

La Superintendencia de Bancos resolverá sobre la petición de calificación en el plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la presentación de toda la documentación requerida para la calificación, aceptándola o negándola, y la notificará inmediatamente al interesado.

La calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de emisión de la resolución de calificación Concluido dicho periodo se deberá solicitar una nueva calificación remitiendo para el efecto la documentación prevista en el artículo 6 de esta norma.

ARTICULO 9.- Las firmas calificadoras de riesgo deberán actualizar cada dos (2) años la siguiente información:

  1. Nombre del representante legal.
  2. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil;
  3. Número telefónico, dirección, correo electrónico;
  4. Listado del personal técnico apto para realizar las labores de calificación de riesgo, indicando el domicilio, nacionalidad, número de cédula de identidad o pasaporte del personal técnico responsable;
  5. Listado de los contratos de calificación y del personal asignado a las entidades de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias o afiliadas, en el país y en el exterior, señalando el nombre de la entidad en la que laboró;
  6. Las firmas calificadoras que tengan vinculación como miembros, asociados o representantes de firmas internacionales, remitirán el certificado actualizado que acredite la vinculación con dichas firmas. Las calificadoras que se vincularen con firmas internacionales dentro del periodo de actualización, deberán remitir la siguiente información de la firma internacional nombre del representante legal. dirección, teléfono, correo electrónico y casilla postal;
  7. Para las firmas y su personal extranjero, deberán remitir copia certificada de la autorización actualizada otorgada por el Ministerio de Trabajo o quien ejerza esas competencias;
  8. 9.6 Informe de evaluación interna de la metodología de calificación de la calificadora, incluyendo explicación de los impactos de dichos cambios;
  9. Listado de los clientes que representan el 5% de los ingresos de la calificadora en el año terminado;
  10. Certificado de haber cumplido con las obligaciones para con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

 

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  1. Certificación Internacional: Auditor Líder ISO 37001- Sistemas Anti Soborno (que se encuentre vigente al momento de la calificación);
  2. Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico o quien haga sus veces, de no se encontrarse registrados en la base de datos de personas con sentencia condenatoria pendiente, de los socios o accionistas, representante legal o apoderado y,
  3. Declaración juramentada de no encontrarse inmerso en las inhabilidades e impedimentos contemplados en la presente norma.

La Superintendencia de Bancos dejará sin efecto la resolución de calificación en el evento de que no se actualice la información mencionada en el plazo establecido.

ARTÍCULO 10.- El organismo de control mantendrá un registro de las firmas calificadoras de riesgo.

Quedará sin efecto la calificación otorgada en caso de que, por hechos supervenientes, se incumpla con los requisitos previstos en esta norma, a cuyo efecto la Superintendencia de Bancos emitirá la correspondiente resolución, que será notificada a la firma calificadora de riesgo en la dirección que conste registrada en los archivos institucionales.

ARTÍCULO 11.- Las firmas calificadoras de riesgo, deberán mantener un comité de calificación de riesgo, que es un órgano técnico, el cual estará constituido por un número impar, de por lo menos tres (3) miembros titulares. El Gerente General de la firma actuará como secretario del comité, y será el encargado de custodiar las actas que deberán estar debidamente foliadas y firmadas por los miembros del comité.

Corresponderá a este comité otorgar las calificaciones a las entidades de los sectores financieros público y privado, para cuyo fin deberá dar cumplimiento a lo establecido en este capítulo y en el reglamento interno de la calificadora.

La firma informará a la Superintendencia de Bancos, de los cambios que se operen en la integración de su personal técnico y directivo. Los nuevos empleados que se asignen a las entidades controladas para el desempeño de la calificadora, cumplirán con los requisitos exigidos en el artículo 7.

Las decisiones sobre la calificación de riesgo se realizarán con la aprobación de la mayoría de los integrantes del comité.

El comité de calificación de riesgos puede estar constituido por los integrantes de los órganos directivos de la firma o por miembros independientes.

En todo caso, el estatuto social determinará los requisitos y forma de elegir de sus miembros.

 

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El o los analistas que realicen el análisis de calificación de riesgo de las entidades de los sectores financieros público y privado, no podrán formar parte del comité de calificación que otorgue la calificación.

SECCIÓN III.- CONTRATACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES

ARTÍCULO 12.- Corresponde al directorio de las entidades controladas nombrar a la calificadora de riesgo de entre las firmas calificadas por la Superintendencia de Bancos y removerla de su función y designar su reemplazo dentro de treinta (30) días de producida su ausencia definitiva.

Las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, para contratar con las calificadoras de riesgo, deberán verificar que estas mantengan vigente su calificación El incumplimiento de esta disposición será motivo de sanción a las partes contratantes de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

La firma calificadora será contratada por el periodo de un (1) año, pudiendo prestar sus servicios a una misma entidad de los sectores financieros público y privado y a las subsidiarias o afiliadas del país o del exterior, por cinco (5} periodos consecutivos Fina Fizado el quinto periodo, la Superintendencia de Bancos analizará técnicamente si conviene al interés público la permanencia de la calificadora de riesgos en la entidad de los sectores financieros público y privado. Sí el análisis determina la no conveniencia, dispondrá su sustitución.

ARTÍCULO 13.- La entidad de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias o afiliadas del país o del exterior, deberán abstenerse de contratar los servicios de calificación de riesgos cuando las firmas calificadoras de riesgo y sus integrantes se encuentren comprendidos en los siguientes casos de inhabilidad:

  1. Las que se hallen vinculadas por propiedad, administración o presunción con cualquier entidad del sector al cual se va a prestar el servicio, o con alguna entidad que forma parte del grupo financiero en el cual cumplirán sus funciones;
  2. Los integrantes que fueren parientes dentro del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad con los administradores, miembros del directorio de la entidad a calificarse, las subsidiarias y afiliadas, en el país y en el exterior;
  3. Los integrantes que se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio;
  4. Las que mantengan re lacran laboral en la entidad de los sectores financieros público y privado en el que van a prestar sus servidos, o de asesoría en la medida que afecte su independencia como calificador de riesgo. La firma no podrá, dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones prestar otra clase de servicios en la entidad calificada.

Las calificadoras de riesgo no podrán prestar servicios de consultaría, análisis y otros a las entidades de los sectores financieros público y privado. Se excluye de esta disposición, a las actividades auxiliares de preparación y suministro de información estadística agregada que tenga relación con su actividad principal;

 

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  1. Las que ejerzan funciones en organismos redores de la política monetaria. crediticia o de control estatal;
  2. Los que sean funcionarios de la Superintendencia de Bancos, o perciban sueldo, honorario o remuneración con cargo al presupuesto de la entidad;
  3. Las que se bailen en mora, directa o indirectamente, con las entidades de los sectores financieros público y privado:
  4. Quienes en el transcurso de los últimos cinco (5) años hubiesen incurrido en el castigo de sus obligaciones por parte de cualesquiera de las entidades de los sectores financieros público y privado, de sus subsidiarias o afiliadas en el país o en el exterior;
  5. Quienes no se encuentren al día en sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas internas:
  6. Las que registren cheques protestados pendientes de justificar;
  7. Las que sean titulares de cuenta corriente cerrada por incumplimiento de disposiciones legales;
  8. Las que hayan recibido sentencia ejecutoriada por el cometimiento de delitos relacionados con irregularidades en la administración de entidades públicas o privadas cuya pena se encuentre pendiente de ejecución;
  9. Que la firma o el representante legal o apoderado, sus socios o accionistas, gerentes y los profesionales de apoyo hayan recibido sentencia ejecutoriada por el cometimiento de las infracciones estipuladas en la Ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; cuya pena se encuentre pendiente de ejecución.
  10. Quienes estuviesen litigando contra la entidad de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias o afiliadas, en el país o en el exterior, a ser calificados;
  11. Las que hayan sido descalificadas por su actuación profesional por parte de los organismos autorizados;
  12. Quienes, en forma permanente durante el último año, hayan sido directores, administradores representantes legales, auditores internos o externos, calificadores de riesgo, comísanos, asesores económicos o legales, o apoderados de entidades que se encuentren en liquidación forzosa;
  13. Quienes hubiesen sido sancionados por la Superintendencia de Bancos por faltas que a criterio de la entidad revistan gravedad;

 

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  1. Las que no tuvieren un representante o apoderado dentro del territorio nacional: y.
  2. Las que hubieren presentado documentación alterada o falsa, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

ARTÍCULO 14.- Las entidades de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias o afiliadas del país o del exterior previo a la firma del contrato con las firmas calificadoras de riesgo deberán verificar que estas y los profesionales que realizarán la calificación no se encuentren incursos en las inhabilidades e impedimentos previstos en los artículos 13 y 19 de este capitulo.

ARTÍCULO 15.- La entidad de los sectores financieros público y privado, las subsidiarias o afiliadas del país o del exterior firmarán los contratos hasta el 28 de febrero de cada año Los contratos deberán contener una cláusula en la que conste expresamente que las partes se comprometen a observar lo dispuesto en el presente capitulo. La falta de dicha cláusula, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Si la entidad financiera no firma el contrato hasta la fecha establecida en el inciso precedente, la Superintendencia de Bancos, aplicará las disposiciones contenidas en el artículo 412 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

El contrato y los documentos habilitantes serán remitidos a la Superintendencia de Bancos, en el plazo de ocho (8) días contados desde la fecha de su suscripción.

En las auditorias in situ que ejecute la Superintendencia de Bancos, verificará que los originales de estos contratos reposen en los archivos de la entidad controlada.

ARTÍCULO 16.- Constituyen documentos habilitantes del contrato:

  1. Acta de Sesión de Directorio en la que se nombra a la firma calificadora de riesgo.
  2. Nómina de los profesionales que realizarán la calificación, señalando el nombre del funcionario responsable del equipo de trabajo
  3. Certificación suscrita por el representante legal de la calificadora de riesgos en la que indique que la firma calificadora y la nómina de profesionales que va a ejecutar el trabajo, no se hallan incursos en las inhabilidades y restricciones detalladas en los articulos 13 y 19 de este capítulo;
  4. Plan de calificación propuesto, enfoque e informe a emitirse: y,
  5. Programación cronológica del proceso de calificación, que muestre diferentes fases de la revisión y resultados a obtener por cada fase.

La Superintendencia de Bancos tendrá la potestad de revisar, en cualquier momento, si existen incumplimientos de lo establecido en los artículos 13 y 19 de este capítulo. De comprobarse inobservancias, el organismo de control podrá ordenar la suspensión del trabajo de la calificadora y disponer se nombre a otra calificadora para realizar la

 

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calificación, en un plazo no mayor a treinta (30) días. El costo de la nueva calificadora será asumido por la entidad financiera. Si se incumpliese con la disposición establecida en este inciso, la Superintendencia aplicará lo previsto en el artículo 412 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO 17.- El trabajo de las calificadoras de riesgo es permanente, pero de producirse un hecho significativo que atente contra la estabilidad de la entidad calificada y que obligue a cambiar la categoría de calificación, la firma deberá comunicar de inmediato el particular al directorio y a la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 18.- Los suscriptores de un contrato de calificación de riesgo, están obligados a comunicar de inmediato a la Superintendencia de Bancos, cualquier causa de incumplimiento que afecte la ejecución de las tareas objeto del contrato en tiempo y forma, o la terminación anticipada del mismo

Para el caso de que una entidad de los sectores financieros público y privado decida dar por terminado, en forma anticipada, el contrato con una firma calificadora de riesgo, deberá obtener previamente la autorización de la Superintendencia de Bancos.

La entidad financiera tendrá un plazo de quince (15) días para contratar a una nueva calificadora de riesgos, caso contrario la Superintendencia de Bancos aplicará las disposiciones contenidas en el artículo 412 del Código Orgánico Monetario y Financiero. El costo de la nueva calificadora será asumido por la entidad financiera.

ARTICULO 19.- Con el objeto de asegurar la independencia indispensable que las firmas calificadoras de riesgo deben tener respecto de las entidades calificadas, las entidades financieras deberán abstenerse de contratar con una calificadora de riesgos en los siguientes casos:

  1. Cuando la firma calificadora y los miembros del comité de calificación mantengan intereses económicos en la entidad de los sectores financieros público y privado, tengan relaciones contractuales con los miembros de su plana directiva o con los principales accionistas y/o administradores;
  2. Cuando la firma calificadora, su representante legal o los miembros del comité de calificación mantengan operaciones de crédito u otras obligaciones directas o indirectas con la entidad de los sectores financieros público y privado que va a calificar;
  3. Cuando la firma calificadora, su representante legal o los miembros del comité de calificación mantengan operaciones de crédito u otras obligaciones directas o indirectas con calificaciones diferentes a "A" en los sectores financieros público y privado;
  4. Cuando exista conflicto de intereses de cualquier naturaleza entre la firma calificadora, su representante legal o los miembros del comité de calificación, y la entidad que se va a calificar; y,
  5. Cuando el representante legal, los miembros del comité de calificación, el responsable de la calificación o cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, con excepción del personal auxiliar, que va a efectuar la calificación de

 

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riesgo, estén vinculados por propiedad, administración o presunción con la entidad a contratar, o con alguna entidad que forme parte del grupo financiero.

Las limitaciones antes indicadas se extienden también para cualquier otra entidad integrante del grupo financiero.

Se exceptúan de lo dispuesto en los numerales anteriores, los créditos que se otorguen a la firma calificadora, a los miembros del comité de calificación o a los empleados de la firma, cuando se trate de créditos provenientes de tarjetas de crédito; y, los créditos hipotecarios para vivienda derivados de procesos de fusión o absorción.

Estos créditos deberán tener calificación "A" mientras subsista el endeudamiento y no podrán ser contratados en condiciones preferentes con respecto a los demás orientes de la entidad de los sectores financieros público y privado.

Con el fin de mantener la independencia que las firmas calificadoras de riesgo deben tener respecto de las entidades calificadas, las calificadoras de riesgo deben establecer un sistema de rotación de analistas de calificación.

Los ingresos obtenidos por la calificación de riesgo que provengan de un mismo cliente o sus empresas vinculadas no podrán exceder al veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos anuales de la sociedad calificadora.

Cualquier otro caso de excepción deberá ser calificado por la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 20.- Las compañías calificadoras de riesgo entregarán a la Superintendencia de Bancos, hasta el 30 de abril de cada año, el informe de calificación de los balances auditados correspondientes al 31 de diciembre del año inmediato anterior, que deberán ser puestos a disposición de la respectiva calificadora de riesgo, hasta el 28 de febrero de cada año, por la entidad financiera que vaya a ser calificada.

Cuando se realice la evaluación de las entidades financieras, en el comité de calificación deberá participar con voto por lo menos un miembro de la calificadora internacional asociada a la firma nacional, quien podrá participar en persona o mediante conferencia telefónica o cualquier otro medio electrónico o audiovisual. Como documento de sustento del acta a la que se refiere el inciso siguiente, el miembro de la calificadora internacional remitirá su voto a Litografiado en original.

Las actas del comité de calificación, debidamente suscritas, deberán ser remitidas a la Superintendencia de Bancos, conjuntamente con el informe referido en el inciso precedente.

La revisión de la calificación a la que hace referencia el tercer inciso del artículo 237 de Código Orgánico Monetario y Financiero, deberá ser entregada a la Superintendencia de Bancos, conforme al siguiente cronograma:

  1. La revisión correspondiente al primer trimestre, hasta el 30 de junio;

 

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  1. La revisión correspondiente al segundo trimestre, hasta el 30 de septiembre, y
  2. La revisión correspondiente al tercer trimestre, hasta el 30 de diciembre.

La información señalada en los numerales anteriores, se entregará a las calificadoras de riesgo dentro de los quince (15) días posteriores al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de cada año.

Las firmas calificadoras de riesgo tendrán acceso en todo tiempo a los registros contables de la entidad de los sectores financieros público y privado a ser calificada, así como de sus oficinas del exterior, subsidiarias y afiliadas en el país y en el exterior, y podrán requerir a sus administradores la información, documentación, análisis y explicaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones La información y documentación entregada por la entidad financiera calificada, servirá para emitir una opinión de la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones con terceros, en base a los informes auditados, los mismos que antes de ser emitidos deben ser revisados y aprobados por la administración de la entidad financiera.

Para la ejecución de las labores de calificación de riesgo, la administración de la entidad financiera adicionalmente, está obligada a entregar al funcionario responsable de la calificación, los informes presentados tanto por el auditor interno como por el auditor externo, los mismos que antes de ser emitidos deben ser revisados y aprobados por la administración de la entidad financiera; y, los oficios de observaciones de las auditorías practicadas por la Superintendencia de Bancos.

Por otro lado, la calificadora deberá levantar información de fuentes alterativas que considere necesario para el análisis, que considerará la información del entorno político y macroeconómico, del mercado y de la competencia, entre otros.

En caso de que la calificadora de riesgo considere que la información presentada por la entidad de los sectores financieros público y privado no es confiable o no reciba dicha información efe manera oportuna y en forma suficiente, deberá comunicar inmediatamente este particular a la Superintendencia de Bancos.

La calificadora de riesgo deberá realizar procedimientos de revisión y contraste de información para asegurar que dicha información es fiable, relevante y suficiente para su análisis.

ARTÍCULO 21.- La calificación de las entidades de los sectores financieros público y privado por parte de las calificadoras de riesgo deberá ser realizada siguiendo los parámetros, modelos de cálculo y métodos de análisis establecidos en la metodología de calificación aprobada por la Superintendencia de Bancos.

La firma calificadora de riesgos debe adoptar medidas internas de control de implementación y uso adecuado de sus metodologías en el proceso de calificación por parte de los miembros del equipo calificador.

La Superintendencia de Bancos podrá en cualquier momento, durante y después del proceso de calificación, revisar si la calificadora siguió los parámetros establecidos en su metodología.

 

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Si la Superintendencia de Bancos detectare que la calificadora de riesgos modificó su metodología de calificación o la inobservó sin causa legal alguna y con el ánimo de beneficiar a una entidad de los sectores financieros público y privado, precederá a descalificar a dicha calificadora y seguirá las acciones legales que considere necesarias.

La calificadora de riesgos deberá mantener sus metodologías de análisis, modelos matemáticos y financieros en ambientes de producción seguros que reduzcan el riesgo de modificación no autorizada.

La calificadora de riesgos deberá mantener un repositorio de información en el cual se mantengan los archivos magnéticos generados a través de sus sistemas de calificación, los papeles físicos y demás papeles de trabajo relacionados con las calificaciones otorgadas, por un lapso mínimo de seis (6) años luego de otorgada la calificación a una entidad financiera.

ARTÍCULO 22.- El informe de calificación de riesgo anual y las revisiones trimestrales del consolidado del grupo, así como el de cada una de sus subsidiarias y afiliadas en el país y en el exterior, deberán proveer a los usuarios de por lo menos, la siguiente información:

  1. Información general:
  1. Nombre de la firma calificadora de riesgo;
  2. Lugar y fecha de otorgamiento de la calificación de riesgo y señalamiento del período de calificación;
  3. Nombre de los analistas y líder del equipo; y, en el informe que se remita a la Superintendencia de Bancos, la nómina de los miembros del comité de calificación;
  4. Categoría de calificación y su respectiva definición, de acuerdo a la establecida en la normativa;
  5. Tendencia de la calificación: y,
  6. Principales eventos de riesgo a ser considerados.
  1. Respecto al grupo financiero:

Apartado en donde conste el análisis de la información consolidada con saldos del grupo, estableciendo una explicación del grupo financiero las empresas que lo componen, la relación de la entidad financiera con el resto de las empresas del grupo y la importancia relativa de la entidad financiera en el grupo.

  1. Respecto a la entidad financiera:
  1. Resumen de aspectos cualitativos y cuantitativos analizados;

 

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  1. Sustento para la calificación;
  2. Análisis económico y político del país y de los países en los cuales la entidad financiera tiene exposiciones de riesgo significativas, estableciendo los potenciales impactos para la entidad;
  3. Análisis de los principales cambios normativos en la industria y potencial impacto en la entidad financiera;
  4. Análisis de la industria y posicionamiento de la entidad dentro de sus segmentos de mercado, principales movimientos en la posición de mercado y tendencias;
  5. Fortalezas y debilidades del Gobierno Corporativo y administración de la entidad;
  6. Análisis financiero, considerando posición actual, movimiento en los últimos tres (3) trimestres y de los últimos dos (2) años, relación con la competencia y principales factores de riesgo estableciendo impacto y probabilidad de ocurrencia;
  7. Composición y volumen de ingresos recurrentes y su capacidad futura de generación; y, rentabilidad (capacidad de generar utilidades a distintos niveles; rentabilidad financiera, rentabilidad operativa, entre otras);
  8. Eficiencia operacional;
  9. Calidad de activos;
  10. Estructura pasiva;
  11. Liquidez y fondeo;
  12. Capital y patrimonio,
  13. Análisis por cada tipo de riesgo, situación de riesgo, escenarios y estructura y modelos de administración;
  14. Riesgo de: crédito, concentración, liquidez, mercado (tasa, precio y tipo de cambio), solvencia: y, operacional (donde deberán ser analizados y calificados de manera individual los factores: procesos, personas, tecnología de la información, eventos externos, servicios provistos por terceros; y, el riesgo legal}; y,
  15. Otros riesgos aplicables para efectuar la calificación del emisor.

En adición al informe final, se debe realizar un resumen ejecutivo, que tratará básicamente lo siguiente: fundamento de la calificación; resumen del análisis financiero; comentarios sobre la administración de riesgo de la entidad de los sectores financieros público y privado; y, opinión sobre la suficiencia patrimonial.

 

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El informe final deberá tener un apartado en el cual se detallen todos los puntos considerados como de observación de riesgo, entendidos como eventos que puedan influenciar el cambio de la categoría de calificación de riesgo en un plazo de seis (6) meses, estableciendo su impacto y probabilidad de ocurrencia En este apartado también se incluirá la información de calificación de riesgo de títulos de deuda que mantiene la entidad, el nombre de la calificadora y su fecha de calificación Además, de una constancia explícita de que el proceso de calificación ejecutado por la firma calificadora, se realizó mediante la metodología de calificación aprobada por la Superintendencia de Bancos.

El informe de calificación de riesgo, el resumen ejecutivo y los parámetros establecidos en la metodología de calificación que se siguieron en el proceso de calificación, se remitirán a la Superintendencia de Bancos, en medios magnéticos e impresos.

ARTÍCULO 23.- Las calificaciones globales para las entidades de los sectores financieros público y privado, son comparables entre las entidades de un sistema y consisten en una combinación de la evaluación del riesgo crediticio con riesgo de desempeño a través de un horizonte intermedio de tiempo. Estas calificaciones indican la probabilidad de recibir el pago oportuno de capital e intereses, y un concepto sobre la vulnerabilidad de la entidad ante eventos negativos que puedan alterar la percepción del mercado en cuanto a la entidad, y por lo tanto la posibilidad de colocar sus valores.

Las calificaciones de las entidades de los sectores financieros público y privado deberán contemplar los riesgos sistémicos existentes dentro del sector financiero, lo cual podría llevar a que ninguna de las entidades financieras dentro de ese sistema alcance la calificación más alta.

Para las calificaciones globales de las entidades financieras emisoras, las calificadoras de riesgo utilizarán la siguiente escala:

  1. AAA - La situación de la entidad financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y ciaras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la entidad, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización:
  2. AA- La entidad es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las entidades que se encuentran en la categoría más afta de calificación:
  3. A.- La entidad es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente La probabilidad de que se presenten problemas significativos es

 

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muy baja, aunque de todos modos iberamente más alta que en el caso de las entidades con mayor calificación;

  1. BBB.- Se considera que claramente esta entidad tiene buen crédito Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo;
  2. BB.- La entidad goza de un buen crédito en al mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un periodo de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo La capacidad de la entidad para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos:
  3. B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la entidad tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de la de entidades con mejor calificación;
  4. C.- Las cifras financieras de la entidad sugieren obvias deficiencias, muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de incertidumbre Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados
    adicionales;
  5. D.- La entidad tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta entidad podrá afrontar problemas adicionales;
  6. E.- La entidad afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza.

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de la respectiva categoría.

ARTÍCULO 24.- La administración de una entidad de los sectores financieros público y privado podrá impugnar la calificación otorgada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del informe Picha impugnación se presentará por escrito ante la empresa calificadora, con copia para la Superintendencia de Bancos.

La calificadora de riesgo tendrá cinco (5) días hábiles para contestar razonadamente la impugnación, después de lo cual remitirá sus resultados a la Superintendencia de Bancos, dentro de los plazos establecidos en el artículo 20.

En caso de no haber un acuerdo entre las partes, la Superintendencia de Bancos podrá exigir una segunda calificación por parte de otra calificadora de riesgos registrada El costo de dicha calificación estará a cargo de la entidad financiera.

ARTICULO 25.- El proceso de calificación de riesgo es de entera responsabilidad de

 

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las empresas calificadoras de riesgos y de las entidades de los sectores financieros público y privado. Por su parte, el organismo de control, conforme lo dispone el cuarto inciso del artículo 237 del Código Orgánico Monetario y Financiero, efectuará la publicación de la calificación después de contestada la impugnación.

En esta publicación no deberá figurar ningún logotipo de la Superintendencia de Bancos, aclarando que esta publicación de ninguna manera significa una validación o aval sobre la calificación.

ARTICULO 26.- Si dentro del proceso de calificación de riesgo y en un mismo periodo, una entidad de los sectores financieros público y privado contrata los servicios con más de una firma calificadora, y sus resultados son diferentes, el Superintendente de Bancos, publicará todas las calificaciones, haciendo constar el nombre de las firmas calificadoras que efectuaron la calificación. Esta publicación deberá observar lo establecido en el artículo anterior.

Igualmente, si cumplido el contrato, la entidad de los sectores financieros público y privado cambia de firma calificadora de riesgo, en la publicación de la calificación de los dos (2) trimestres se hará constar los nombres de las dos firmas calificadoras de riesgo.

SECCIÓN IV.- PROHIBICIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 27.- Las firmas calificadas para ejercer la función de calificación de riesgo, en las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, tienen las siguientes prohibiciones:

  1. Prestar servicios a la entidad calificada o colaborar con ella, de tal manera que dé lugar a presumir que se halla afectada su independencia, dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones;
  2. Delegar o subcontratar funciones relacionadas con el proceso de calificación:
  3. Formar parte de los organismos de administración de la entidad calificada;
  4. Delegar el ejercicio de su cargo;
  5. Representar a los accionistas o socios de las entidades calificadas, en las juntas generales o directorio, según sea el caso;
  6. Revelar datos contenidos en los informes de calificación, o entregar a personas no relacionadas con las funciones de control, información alguna respecto a los negocios o asuntos de la entidad calificada obtenidos en el ejercicio de sus funciones, bajo pena de las sanciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero; y sin perjuicio de las acciones legales a que puede haber lugar y.
  7. Mantener sus oficinas en locales de propiedad de la entidad calificada.

ARTÍCULO 28.- Las funciones de las firmas calificadoras de riesgo son incompatibles

 

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con la prestación de cualquier otro servicio o colaboración con la entidad que se encuentra calificando. Las firmas calificadoras no podrán, dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones como tal, prestar otra clase de servicios a la entidad de los sectores financieros público y privado que haya calificado.

ARTÍCULO 29.- Las firmas calificadoras de riesgo estarán sujetas a las siguientes sanciones:

  1. Observación escrita por parte de la Superintendencia de Bancos, en caso de falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones, por la falta de envió oportuno del informe anual de calificación sus revisiones, los documentos de actualización anual, los datos del personal, los informes de supervisión in situ cambios a las metodologías, informe de independencia, y el informe de control interno y cumplimiento;
  2. Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia, incumplimiento de las normas pertinentes.

Igualmente procede la suspensión temporal cuando el informe respecto al cambio de calificación de riesgo de una entidad de los sectores financieros público y privado a que se refiere el artículo 24 de este capítulo, no se encuentre debidamente sustentado, o éste no haya sido presentado por la firma calificadora de riesgos.

La suspensión y sus efectos recaerán sobre la firma, así como para sus socios o accionistas, el representante legal, gerentes e intervinientes, Si sus informes son los que originaron la suspensión.

La firma calificadora de riesgos a la que se la haya observado por tres ocasiones, en el lapso de un ejercicio económico, en una o más entidades en las que preste sus servicios, será sancionada con la suspensión temporal.

La suspensión temporal será de un mínimo de seis (6) meses y de un máximo de dos (2) años, y,

  1. Descalificación, cuando la Superintendencia de Bancos comprobare que la firma calificadora de riesgo actúe en contra de las disposiciones legales u omita en sus calificaciones hechos relevantes relacionados con la entidad calificada

Además se procederá a la descalificación cuando

i. Se comprobare que la calificadora de riesgos presentó información falsa para ser registrada ante esta Superintendencia.

ii. Haga cambios a su metodología de calificación que incidan en sus resultados y éstos cambios, su impacto y el sustento para realizarlos no hayan sido previamente aprobados por esta Superintendencia y comunicados a las entidades de los sectores financieros público y privado calificadas por dicha calificadora: y,

 

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iii. La calificadora o cualquier empleado o personal relacionado con ésta, divulguen información protegida por sigilo bancario.

Si la firma calificadora de riesgo que habiendo sido sancionada con la suspensión temporal del ejercicio de sus funciones en entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, incurriere en una infracción que amenté una nueva sanción de suspensión temporal, será descalificada.

La descalificación a que se refiere este numeral, se la entenderá de por vida. La descalificación y sus efectos recaerán sobre la firma, así como para sus socios o accionistas, el representante legal, gerentes e intervinientes, si sus informes son los que originaron la descalificación.

En el evento de cumplirse lo presento en los literales b y c. la Superintendencia de Bancos dispondrá que la entidad controlada cambie de firma calificadora, aún antes de (a expiración del respectivo contrato, sin que por tal decisión haya Jugar a reclamación alguna por parte de dicha firma.

ARTÍCULO 30.- De las acciones que procedan se tomará nota al margen de la respectiva calificación que formará parte del registro de firmas calificadoras de riesgo.

ARTÍCULO 31.- La suspensión y la descalificación se emitirán mediante resolución, se enviará para publicación en el Registro Oficial y se darán a conocer a todas las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, y además se informará del particular a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de ser el caso, y en el evento de mantener vinculación con entidades del exterior, se comunicará a tales entidades.

ARTÍCULO 32.- En el caso de la suspensión temporal, cumplido el tiempo de sanción, la rehabilitación de la firma sancionada operará observando lo puntualizado en el artículo 6.

ARTÍCULO 33.- Al personal de la firma calificadora de riesgo que divulgue en todo o en parte la información sometida a sigilo bancario, se le impondrán las sanciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las calificadoras de riesgo, sus directores, representantes legales, miembros del comité de calificación, funcionarios, asesores, miembros del personal de apoyo tienen la obligación de mantener en reserva la información proporcionada por las entidades sujetas a calificación.

Los responsables asumen la reparación del daño que se ocasionara por la divulgación de la información que la entidad de los sectores financieros público y privado sujeta a calificación considere justificadamente que no está obligada a revelar al público, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero.

El proceso de calificación de riesgo de las entidades de los sectores financieros público y privado es reservado y solo podrá intervenir en el mismo el comité de calificación de cada firma calificadora de riesgos.

 

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Las calificadoras de riesgo deberán comunicar a esta Superintendencia, con mínimo dos (2) días de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se reunirá el comité de calificación La Superintendencia de Bancos podrá designar un delegado para que asista a las sesiones de calificación de riesgos, como observador, sin que la presencia de dicho delegado implique que este organismo de control tenga corresponsabilidad en dicha calificación.

De dicha reunión se levantará un acta de lo actuado, que será suscrita por los miembros participantes de la firma y remitido a la Superintendencia de Bancos, junto con el informe de calificación.

SEGUNDA.- La calificadora de riesgos es responsable por la calificación de las entidades de los sectores financieros público y privado que realice.

TERCERA.- La firma calificadora deberá realizar exámenes de supervisión a la entidad de los sectores financieros público y privado calificada por lo menos dos (2) veces al año, con el propósito de conocer in situ el desenvolvimiento de la organización y profundizar en el conocimiento del manejo de la misma, discutiendo con los funcionarios responsables los aspectos relevantes de la información entregada.

CUARTA.- Las calificadoras de riesgo que legalmente estén operando en el país y que se encuentren inscritas en el Registro de Mercado de Valores, para registrarse en la Superintendencia de Bancos, deberán cumplir con lo previsto en el presente capitulo.

QUINTA.- Ante cualquier cambio en la calificación, la calificadora de riesgos comunicará a la Superintendencia de Bancos mediante nota escrita mencionando los factores que determinan el cambio en la calificación.

SEXTA.- Cuando exista una diferencia razonable entre la calificación otorgada por le firma calificadora y la percepción de riesgo que sobre la entidad de los sectores financieros público y privado tenga la Superintendencia de Bancos, el Superintendente requerirá a la entidad calificada que presente una nueva calificación de riesgo respecto de la misma información previa, la que será efectuada por otra firma calificadora designada por el Superintendente, cuyo costo estará a cargo de la entidad controlada. Los resultados se publicarán en la prensa.

SÉPTIMA.- Las firmas calificadoras de riesgo deberán conservar por lo menos por seis (6) años sus papeles de trabajo, debidamente organizados, con el objeto de que la Superintendencia de Bancos pueda realizar cualquier examen sobre los mismos, si lo considera necesario.

OCTAVA.- Con el propósito de garantizar la transparencia en sus actuaciones y permitir a los actores y usuarios del mercado tener su propio criterio, las firmas calificadoras de riesgo publicarán obligatoriamente en su página web la siguiente información;

 

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  1. Información relacionada con la firma:
  1. Estados financieros, en el que conste el nombre del contador y el representante legal, cortados al 30 de junio de cada año, incluyendo un detalle general de ios ingresos operación a les y no operación a les Esta información deberá colocarse en la página web hasta el 15 de julio de cada año.

Adicionalmente, remitirán a la Superintendencia de Bancos, un informe que contenga el porcentaje de los ingresos provenientes de un mismo cliente o sus empresas vinculadas al que pertenezca el cliente, y. el detalle de los honorarios por servicios prestados.

  1. El informe de auditor externo, incluyendo el desglose de los ingresos operacionales y no operación ales Esta información deberá colocarse en la página de web hasta el 30 de abril de cada año;
  2. Código de conducta de la calificadora;
  3. Listado de principales clientes;
  4. Perfil del equipo de trabajo, tanto técnico como del comité de calificación,
  5. Lista y descripción de los servicios que oferta la firma calificadora de riesgo.
  6. Sectores para los cuales está autorizada a emitir calificaciones e incluya los datos de registro en la Superintendencia de Sancos;
  7. Simbología y el significado de cada símbolo de la escala de calificación, tanto de la propia calificadora como la establecida en la regulación actual y, el esquema de homologación entre éstas;
  8. Vinculo a la página web de la firma de prestigio internacional asociada con la firma local;
  9. Resolución del registro y actualización de calificación de la firma calificadora de riesgo otorgada por la Superintendencia de Bancos.
  1. Información relacionada con la calificación a las entidades de los sectores financieros público y privado:
  1. Calificación otorgada en el último año y de sus revisiones trimestrales;
  2. Calificaciones históricas de entidades sujetas a calificación. En caso de cambio de calificación a una entidad, las notas explicativas que motivaron tal cambio; y,
  3. En caso de que la entidad financiera cuente con títulos de deuda emitidos, la calificación de estos títulos deben ser publicados en la misma tabla junto a la calificación global de la empresa, independientemente de quién haya sido el

 

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calificador de dichos títulos; se deberá indicar qué calificadora realizó dicha calificación;

La firma calificadora de riesgo deberá incluir como parte de la publicación, una nota indicando que el proceso de calificación y la calificación asignada es de responsabilidad de la calificadora de riesgo.

La firma calificadora de riesgo podrá publicar en su página web. la calificación de la entidad de los sectores financieros público y privado una vez que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 24 de este capítulo: si no lo ha efectuado en ese periodo, deberá hacerlo en un plazo no mayor a tres (3) días, contados después de la publicación realizada por parte de la Superintendencia de Bancos.

NOVENA.- Las firmas calificadoras de riesgo deben mantener independencia entre si. Se considera que una firma calificadora de riesgo es independiente de otra calificadora de riesgo, cuando no existe relación ni interés entre ellas.

DÉCIMA.- La Superintendencia de Bancos podrá, en cualquier momento que considere necesario, realizar un proceso de supervisión in situ a las calificadoras de riesgos. En caso de que producto de la supervisión in situ revele debilidades en el proceso de calificación que comprometan la calidad de la calificación o que hayan afectado directamente a la calificación, se podré suspender a la calificadora hasta que ésta demuestre, en un plazo de treinta (30) días haber efectuado los correctivos necesarios. Si en el plazo señalado, la firma calificadora no hubiere solucionado las debilidades observadas, la entidad financiera deberá contratar una nueva calificadora, en un plazo no mayor a quince (15) días. El costo de la nueva calificadora será asumido por la entidad financiera. Si se incumpliese con esta instrucción establecida. la Superintendencia aplicará las disposiciones contenidas en el artículo 412 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DÉCIMA PRIMERA.- Los casos de duda en la aplicación del presente capitulo, serán absueltos por la Superintendencia de Bancos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de Bancos a las calificadoras de riesgo y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma, continuarán en tal condición hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDA.- Las personas jurídicas calificadoras de riesgo que al momento de solicitar la renovación de su calificación no posean la Certificación Internacional: Auditor Líder ISO 37001- Sistemas Anti Soborno deberán presentarla en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de emisión de la resolución de calificación (esto es al momento de la actualización de la información), conforme lo contemplado en el artículo 9 de la presente norma.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente norma de control entrará en vigencia a partir su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.”

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la

 

54 – Miércoles 8 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 241

Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito Metropolitano, al 15 de junio de 2020.

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el 15 de junio de 2020.

 

 

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