Registro Oficial

Registro Oficial 216- Miércoles 03 de junio del 2020

Miércoles, 03 de junio de 2020

 

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés    
Presidente Constitucional de la República del Ecuador  
Miércoles 03 de junio  de 2020 (R. 216, 03– junio -2020)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A Amplíense los plazos de vigencia de las autorizaciones de funcionamiento hasta la fecha de finalización del año lectivo 2020 - 2021 en los regímenes escolares de Costa-Galápagos y Sierra-Amazonia

RESOLUCIONES:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

SDH-SDH-2019-0031-A-R Déjese sin efecto la Resolución N° SDH-SDH-2019-0029-R de 05 de noviembre de 2019

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN

DE RIESGOS Y EMERGENCIAS:

SNGRE-007-2020 Dispónese a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, el control, monitoreo, seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Técnica "Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales"

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

036-2020 Refórmense las resoluciones 047-2017, publi­cada en el Suplemento al Registro Oficial N° 1003 de 12 de mayo de 2017 y 216-2017, publicada en el Registro Oficial N° 160 de 15 de enero de 2018

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152 Expídese la Norma de control para el cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales

 

Págs.

SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT-IGJ-2020-0153 Expídese la Norma de control sobre los principios y lineamientos de educación financiera

 

ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLEN MINISTRA DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador prescriben que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que: "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (...)";

Que, el artículo 45 de la Norma Constitucional dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a la salud integral, a la educación, entre otros;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, el artículo 344 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador prevé: "El Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional de educación a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema";

Que, el artículo 389 de la Norma Constitucional prevé: "El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad";

Que, el artículo 2 literal d) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, establece como uno de los principios generales de la actividad educativa: "(...) d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla

(...)";

Que, el artículo 14 de la LOEI determina: "(...) En ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (...)”;

 

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Que, el artículo 25 de la LOEI manda: "La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República";

Que, el artículo 22 de la LOEI determina entre las competencias de la Autoridad Educativa Nacional: "(…) n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente Ley y su reglamento (...) t. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y demás normativa que rige el Sistema Nacional de Educación; u. Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación; v. Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, los asuntos no contemplados en la presente Ley y su reglamento (...)";

Que, el artículo 132 literal c) de la LOEI prescribe como una de las prohibiciones a los representantes legales y directivos de las instituciones educativas :"(…) c) Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin contar con la autorización de funcionamiento correspondiente”;

Que, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural manda: "Para efecto de la presente Ley se considera como caso fortuito y fuerza mayor lo previsto en el Código Civil";

Que, el artículo 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación determina: "Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y modalidades son otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para el efecto.";

Que, el artículo 95 del citado Reglamento General determina que: "La Autoridad Educativa Zonal concederá la autorización de creación y funcionamiento inicial a las instituciones educativas que cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley, en el reglamento y en la normativa específica que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional (...);

Que, el artículo 97 del Reglamento General a la LOEI establece que: "Las instituciones educativas deben renovar la autorización de funcionamiento cada cinco (5) años. Para obtener la renovación del permiso de funcionamiento, además de cumplir con los mismos requisitos establecidos para la creación de un establecimiento educativo, se acreditará el cumplimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.";

Que, el artículo 98 del citado Reglamento General prevé: "Se prohíbe a los promotores, a los representantes legales y a las autoridades de instituciones educativas, prestar el servicio en cualquier nivel y modalidad sin contar con la previa autorización de funcionamiento emitida por la Autoridad Educativa Zonal o teniéndola caducada. La autoridad o funcionario del nivel desconcentrado que conozca del quebrantamiento, además de adoptar las acciones conducentes para que esta infracción sea sancionada administrativamente de conformidad con la Ley y este reglamento, debe denunciar de inmediato estos hechos ante la Fiscalía para que inicie las acciones penales a las que hubiere lugar.'";

 

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Que, el artículo 30 del Código Civil prevé: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc";

Que, los artículos 11 y 50 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen el interés superior del niño como un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como, dispone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, respetando la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual;

Que, el artículo 206 del Código Orgánico Administrativo manda: "En aquellos casos en que medie una situación de emergencia, en referencia a acontecimientos catastróficos, la continuidad en la provisión de los servicios públicos, situaciones que supongan grave peligro para las personas o el ambiente o de necesidades que afecten el orden interno o la defensa nacional, debidamente motivada, el órgano competente puede emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en este Código. Este acto administrativo contendrá la determinación de la causal y su motivación, observando en todo caso los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad. Cuando el acto administrativo en situaciones de emergencia de algún modo afecte derechos individuales, la Administración requerirá autorización judicial que, de ser concedida, fijará los límites materiales y temporales.";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer Guillen como Ministra de Educación;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00059-A de 06 de julio de 2016, la Autoridad Educativa Nacional dispuso a las Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, del Distrito de Guayaquil y, Coordinaciones Zonales otorgar las renovaciones de las autorizaciones de funcionamiento de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema Nacional de Educación, de conformidad a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00053-A de 12 de agosto de 2019, fue expedida la normativa para la autorización de creación y renovación de funcionamiento de las Instituciones Educativas públicas, particulares y fiscomisionales con menos de 120 estudiantes;

Que, mediante memorando No. MINEDUC-SEEI-2020-00250-M de 18 de febrero de 2020, la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva socializa el Instructivo para la autorización de creación y funcionamiento, renovación del permiso de funcionamiento y ampliación de servicios educativos extraordinarios de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 126-2020 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria y dispuso acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional, decisión que fuere a su vez complementada con la disposición de restricción personal salvo gestiones laborales o de provisión de insumos a partir del día martes 17 de marzo de 2020;

 

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Que, mediante Resolución de 02 de abril de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispuso: "(...) a. Prorrogar la suspensión de la jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector público y sector privado, hasta el domingo 12 de abril de 2020.- b. Desde el 13 de abril, existirá un semáforo con distintos niveles de restricción, se categorizará a las provincias en: rojo, naranja o verde (...)";

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A, de 03 de abril de 2020, la Autoridad Educativa Nacional, dispuso la suspensión de clases en todo el territorio nacional para todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares del régimen Sierra -Amazonia 2019-2020, en todas sus jornadas y modalidades, hasta el 30 de abril de 2020;

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, mediante sesión de 19 de abril de 2020, resolvió postergar el inicio de clases para el régimen Costa y Galápagos 2020-2021;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00024-A de 19 de abril de 2020, la Autoridad Educativa Nacional dispuso: "Artículo Único.- Postergar el inicio de clases del régimen Costa y Galápagos previsto en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A de 03 de abril de 2020, para todas las instituciones educativas de sostenimiento público, fiscomisional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas, incluida la de Bachillerato Internacional. La Autoridad Educativa Nacional dispondrá el inicio de clases para el régimen Costa y Galápagos con base en las resoluciones que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional expida respecto de la situación de la emergencia sanitaria declarada en el país.";

Que, mediante Resolución de 04 de mayo de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional resolvió: "(...) 2. Autorizar al Ministerio de Educación el inicio del año lectivo en el Régimen Costa - Galápagos, con fecha 18 de mayo de 2020, para aquellas instituciones educativas públicas, particulares o fiscomisionales que lo soliciten expresamente. La solicitud debe ser dirigida al Ministerio de Educación, a nombre de su comunidad educativa, se deberá incluir al menos la siguiente información: a. Acuerdo económico con los padres, madres y representantes de la institución; b. Constancia de estar preparados para brindar una educación en modalidad abierta virtual, basada en el modelo pedagógico nacional establecido por el Ministerio de Educación, con énfasis en el apoyo emocional, así como garantizar el acceso y preparación de todos sus estudiantes y docentes; c. Contar con el respaldo de inicio de clases de toda su comunidad educativa. Para esto, deberán contar con una comunicación que demuestre dicho respaldo, ya sea suscrita por el comité de padres, madres y representantes legales de esa institución, por la mayoría de estos o por cualquier mecanismo que compruebe la anuencia de su comunidad educativa";

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A de 07 de mayo de 2020, expidió disposiciones relacionadas con el inicio del año lectivo para el régimen Costa-Galápagos 2020-2021;

Que, con Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00029-A de 13 de mayo de, 2020, se reforma el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A de mayo de 2020, sustituyendo el texto del artículo 3: "Disponer a todas las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas, del régimen Costa-Galápagos 2020-2021, que inicien el año lectivo el 18 de mayo de 2020, culminarán el 26 de febrero de 2021; y, las instituciones educativas que inicien el año lectivo el 01 de junio de 2020, concluirán el 12 de marzo de 2021";

 

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Que, mediante memorando No. MINEDUC-CGP-2020-00780-M de 11 de mayo de 2020, la Coordinadora General Planificación remitió a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, un Informe Técnico debidamente motivado, mediante el cual justifica la necesidad de que a través de un Acuerdo Ministerial la Autoridad Educativa Nacional disponga la ampliación de los plazos de vigencia de los permisos de funcionamiento de instituciones educativas de todos los sostenimientos que debido a la emergencia sanitaria no han podido continuar con el trámite correspondiente para obtener la renovación de las autorizaciones de funcionamiento, informe que ha sido revisado por la Subsecretaría de Apoyo Seguimiento y Regulación de la Educación y la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva; y, mediante sumilla inserta en el citado memorando la señora Ministra dispuso proceder;

Que, por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y dado el impacto económico y social, por la restricción de movilidad de las personas ha impedido que el personal técnico del Ministerio de Educación así como a las autoridades de las instituciones educativas puedan presentar oportunamente los requisitos para renovar los permisos de funcionamiento descritas en del artículo 92 del Reglamento General a la LOEI, capítulo VII "De La Autorización De Creación y Funcionamiento de las Instituciones Educativas", sobre todo en lo referentes a informes técnicos que requiere necesariamente de verificaciones in situ;

Que, es deber del Ministerio de Educación garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del sistema nacional de educación dictando las medidas pertinentes que garanticen la continuidad del servicio educativo de las instituciones educativa; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 22 literales t), u) y v) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo.

ACUERDA:

Artículo 1.- Ampliar los plazos de vigencia de las autorizaciones de funcionamiento hasta la fecha de finalización del año lectivo 2020 - 2021 en los regímenes escolares de Costa-Galápagos y Sierra-Amazonia, de las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares, cuyas autorizaciones fenecieron o están por fenecer y que por motivos de las restricciones establecidas en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria no han podido realizar el trámite para la obtención de la respectiva renovación de funcionamiento o de la autorización de ampliación del servicio educativo.

Artículo 2.- Previo al vencimiento del plazo establecido en el artículo precedente, las instituciones educativas que se beneficien con lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial, deberán realizar el trámite correspondiente para obtener la renovación de autorización de funcionamiento o de ampliación del servicio educativo, observando para el efecto el procedimiento y los requisitos determinados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La ampliación del plazo de vigencia de las autorizaciones que se disponen a través del presente instrumento, mantiene las condiciones previamente aprobadas mediante la resolución expedida por el nivel zonal correspondiente, sin embargo las instituciones educativas podrán solicitar la ampliación de nuevos servicios educativos, conforme lo

 

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establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y la normativa secundaria que la Autoridad Educativa Nacional expida para el efecto.

SEGUNDA.- Responsabilícese a la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito de Guayaquil, Coordinaciones Zonales de Educación y Direcciones Distritales de Educación, la socialización e implementación del presente Acuerdo Ministerial.

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Planificación el seguimiento y control del cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.

QUINTA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social, la publicación del presente instrumento en la página web del Ministerio de Educación y su socialización a través de las plataformas digitales de comunicación institucional.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado en Quito, D.M., a los 15 día(s) del mes de Mayo de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLEN MINISTRA DE EDUCACIÓN

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 9

Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0031-A-R Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Mgs, Cecilia del Consuelo Chacón Castillo SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que,    el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;

Que,     el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria";

Que,     en los numerales 1, 9, 10 y 15 del artículo 57 de la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos; 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización;

Que,     el artículo 76 de la Constitución de la República determina que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá entre otras las siguientes garantías básicas: i. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones;

Que,     el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

 

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Que,    el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo determina que por el principio de imparcialidad e independencia, los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general;

Que,    el artículo 104 del Código Orgánico Administrativo establece que es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad. El acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente. La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento;

Que,    en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 339, publicado en el Registro Oficial 77 de 30 de noviembre de 1998, el Señor Presidente Constitucional de la República, delegó a los ministros de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el artículo 584 del Código Civil (actualmente 565 y siguientes);

Que,    mediante Decreto Ejecutivo 691, publicado en el Registro Oficial No. 522, segundo suplemento de 15 de junio de 2015, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en el seno de la respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo e) respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación;

Que,    mediante Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de 27 de octubre 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas;

Que,    mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que,    el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que,    con Decreto Ejecutivo No, 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que,    mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos,.delegó al Señor Coordinador/a General de Asesoría Jurídica la suscripción de oficios correspondientes al registro de directivas, certificaciones, inclusión y salida de miembros de las iglesias, Corporaciones y Fundaciones,

 

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que eran competencia de la Subsecretaría de Movimientos, Organizaciones y Actores Sociales y Políticos de la extinta Secretaría Nacional de Gestión de la Política; además, el emitir copias certificadas de los documentos que reposan en los expedientes administrativos de las organizaciones transferidas a la Secretaría de Derechos Humanos;

Que,     el Movimiento Indígena de Tungurahua, fue creado mediante Acuerdo Nro. 1550, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social, con domicilio en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua;

Que,    mediante Resolución No, SNGP-SPI-2019-0332-RE de 04 de junio de 2019, suscrita por el señor Luis Alberto Andrango, Subsecretario de Plurinacionalidad e Interculturalidad, se registró e inscribió el Consejo Directivo del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua, con sede en Atocha, para un período de tres años a partir del 11 de marzo de 2019 al 10 de marzo de 2022, en la cual consta los siguientes miembros directivos: Presidente, Carlos Isau Moreta Muzo; Vicepresidente, Simón Jinde Iza; Secretario de Actas y Comunicaciones, Segundo Vidal Punguil Guato; Tesorera, Eulalia Verónica Cashabamba Tipantiza; Prosecretaria, Roció Evette Morales Sánchez; Dirigente de Educación y Cultura, Manuel Mesías Quingatuña Ganctno; Dirigente de Tierras y Recursos Naturales, Fausto Masías Córdova Arias; Dirigente de la Mujer y la Familia, Marcia Elvira Aucapiña Guato; Dirigente de Proyectos, Fanny Edith Córdova Arias; Dirigente de Juventud, Eugenia del Pilar Guerra Pérez; Dirigente de Salud, Lilia Justina Ronquillo Jácome; Dirigente de Política Organizativa, Miguel Ángel Cashabamba de la Cruz; Dirigente de Relaciones Públicas, Ornar Joselo Aldas Yanchapanta; esto, a pesar que la directiva electa para el período Agosto 2016 - Agosto 2019, aún se encontraba vigente;

Que,     con oficio sin número de 23 de julio de 2019, los señores José Núñez y Santos Villamar, Presidente del MIT-A y Presidente de la FENOCIN, respectivamente, ingresado en la ex Secretaría Nacional de Gestión de la Política, con trámite Nro, SNGP-DAD-2019-2448-EXT, del 23 de julio de 2019, informa que los señores Carlos Moreta Muzo, Simón Jinde y Miguel Cashabamba y otros, habrían sido expulsados de las organizaciones provinciales y nacionales, por lo que solicitan se anule la Resolución SNGP-SPI-2019-Q332-RE de 04 de junio de 2019, ya que el supuesto nombramiento se realizó sin consultar a las bases, usurpando fundones del Directorio vigente;

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0029-R de 05 de noviembre de 2019, la magíster Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, declaró la nulidad de la Resolución No, SNGP-SPI-2019-0332-RE de 04 de junio de 2019, tomando en cuenta que la directiva electa para el período Agosto 2016 - Agosto 2019, aún se encontraba vigente, sin que haya acto administrativo de la autoridad competente que la haya anulado;

Que,     mediante petición de 07 de noviembre de 2019, el Señor Carlos Isau Moreta Muzo, apeló la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0029-R de 05 de noviembre de 2019, suscrita por la magister Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos y presentó acción de protección en la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, en contra de la Secretaria de Derechos Humanos (Juicio No. 18334201904668);

 

12 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

Que,     mediante Resolución de miércoles 4 de diciembre del 2019, las 16h47, emitida por el señor Paco Vinicio Miranda Martínez, Juez de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, dentro de la referida acción de protección propuesta por el señor Carlos Isau Moreta Muzo, dejó sin efecto la Resolución No. SDH-SDH-2019-0029-R, de fecha 05 de noviembre del 2019, suscrita por la magister Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos; y, dejó a salvo la posibilidad de que la Secretaria de Derechos humanos, pueda de ser el caso, dictar una nueva resolución observando el debido proceso y legítimo derecho a la defensa; y,

Que,     en acatamiento a lo dispuesto por el Señor Juez de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, es necesario dejar sin efecto la Resolución No. SDH-SDH-2019-0029-R, de fecha 05 de noviembre del 2019.

En uso de las atribuciones constitucionales y legales:

RESUELVE:

PRIMERO: Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Señor Juez de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, mediante Resolución de miércoles 4 de diciembre del 2019, las 16h47; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución No. SDH-SDH-2019-0029-R, de fecha 05 de noviembre del 2019, suscrita por la magister Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, a fin de que surtan los efectos de Ley; y,

SEGUNDO: Disponer al Señor Coordinador de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos, que notifique a las partes interesadas, sobre la decisión adoptada por el Señor Juez de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, a fin de que surtan los efectos legales pertinentes y se continúe con el trámite respectivo.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese.-

RAZÓN: Siento como tal que el documento que antecede en cuatro fojas útiles, es igual al original que reposa con firma autógrafa en el archivo de esta Cartera de Estado, y que corresponde a la Resolución Nro. SDH-SDH-201 9-0031-A-R de 09 de diciembre de 2019, conforme se presenta en la Dirección Administrativa.

Quito D.M., 20 de enero de 2020

 

Ing. Soraya del Pilar Arévalo Serrano DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

 

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 13

RESOLUCIÓN Nro. SNGRE-007-2020

MARÍA ALEXANDRA OCLES PADILLA

DIRECTORA GENERAL SERVICIO NACIONAL l>r GESTIÓN I)L RIESGOS Y EMERGENCIAS

CONSIDERANDO:

Que,  en el artículo 154 numeral I de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley. Les corresponde: l, Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su carga y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)":

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del lidiador establece, que: "Las instituciones del listado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer electivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece, que: "La administración pública constituye un servido a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación".

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador establece, que: "El ejercicio de las competencias exclusivas HO excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintas niveles de gobierno":

Que,  el artículo 264 numeral 13, de la Constitución de la República del lidiador establece, que: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (...). Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”;

Que,  el tercer inciso del artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador indica, que: "(...) el sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura físico y deporte, hábitat y vivienda, culturo, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte ":

Que,  en el artículo 389 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos está compuesto

 

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por las unidades de gestión de riesgo de indas los instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El listado ejercerá la rectoría a través del organismo técnica establecido en la ley (…), 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos ":

Que, en el artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador dispone Que: "Los riesgos se gestionarán bajo el principia de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instilaciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad":

Que,  en el artículo 397 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad";

Que,  en el artículo 54 y 84 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y el Gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano tienen como son I unciones Promover el desarrollo sustentadle de su circunscripción territorial, para garantizar la realización del buen vivirá través de la implementación de políticas públicas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho mareo, prestar los servicios públicos y construir la obra publica distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad, participación y equidad. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del distrito metropolitano, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres:

Que. en el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone que: "Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- la gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la  ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial":

Que, cu el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del lisiado, señala que el; "Sistema de Control. Fiscalización y Auditoría del Estado: Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de

 

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Control, Fiscalización y Auditoria del Estado, tuya aplicación propenderá a que: 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo: 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad: 3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propia sistema de control interno; y. 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.";

Que,  en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contrataría General del Estado, señala: "Alcance y Ejecución de la Auditoria Gubernamental.- El control externo que realizara la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante la auditoria gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoria. La auditoria gubernamental realizada por la Contraloría General del Estada, consiste en un sistema integrada de asesoría, asistencia y prevención de nesgas que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La auditoria gubernamental, no podrá modificar las resoluciones adoptados por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor, de conformidad con la ley.";

Que,  en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contrataría General del Estado, señala: "Examen Especial- Como parte de la auditoria gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará bis técnicas y procedimientos t/e auditoria, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas especificas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”;

Que,  en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contrataría General del Estado, señala: "Las recomendaciones de auditoria, una ve: comunicadas a las instituciones del Estado y ti sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serón objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estada.";

Que,  en el literal d) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado de los órganos ejecutores dispone que; "De la gestión de riesgos.- La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir V mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.";

 

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Que, en el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone que: "La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde: a) identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano: b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; ci Asegurar que las instituciones publicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión: di Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción: el Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la cooperación internacional en este ámbito) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior; g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones y dudada) los para la gestión de riesgos; y, h) Coordinar la cooperación de la avada humanitaria e información para enfrentar situaciones emergentes y o desastres derivados de fenómenos naturales, socionaturales o antrópicos a nivel nacional e internacional”;

Que, en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y  del Estado dispone que: "Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado. Un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen consecuencias negativas. Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del fiambre, incluidas las tecnológicas";

Que, en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone que: "El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, cuyas competencias son: a. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; b. Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio de Coordinación de Seguridad, para la aprobación del Presidente de la República: c. Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema; d. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos; e. Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los recursos necesarios para la adecuada y oportuna gestión: f Fortalecerá los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, en las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución de medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y minimizar su impacto en la población; y, g. Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de la investigación científica, para identificar los riesgos existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el estudio de vulnerabilidades".;

 

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Que,  en el artículo 11 numeral 11.2.3 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, señala que la misión de la Subsecretaría de Reducción de Riesgos es: "Proponer y aplicar políticas, normas y estándares da reducción de riesgos: desarrollar soluciones estructurales y fortalecer las capacidades con los aclares del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos medíante la participación de los aclares del Sistema para minimizar el impacto potencial de las eventos adversos de origen natural y antrópico en procura de saciedades Resilientes":

Que,  en el artículo 11 numeral 11.2.3 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, señala que entre las atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Reducción de Riesgos son: "1. Proponer y aplicar políticas de reducción de riesgos y evaluar su cumplimiento y resultados; 2. Coordinar la implementación de procesos de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y ciudadanía; X Fortalecer la cultura de gestión de riesgos en la ciudadanía, incorporando los enfoques de género, generacional, intercultural, discapacidades y movilidad humana: 4. Coordinar la construcción de agendas de reducción de riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); 5. Promover la armonización y complementariedad de las políticas de los GAD, para la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo local y ordenamiento del territorio; 6, Coordinar y ejecutar obras de infraestructura para la reducción de riesgos: 7. Dirigir la creación de las unidades de gestión de riesgos en los GAD e instituciones públicas: 8. Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyen a la reducción de riesgos en el sistema; 9. Regular contenidos, procedimientos e instrumentos aplicados en los procesos de capacitación de gestión de riesgos: 10. Las demás atribuciones y responsabilidades que determine la máxima autoridad":

Que,  en el artículo 11 numeral 11.4.1.1 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, señala que es misión de la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos: " Coordinar, planificar, dirigir y controlar en la zona, las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de las personas frente a eventos adversos y fortalecer capacidades encaminadas a la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias y desastres; con los adores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos";

Que, en el artículo 11 numeral 11.4.1,1 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, señala que las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos son las siguientes; "1. Representar a la institución por delegación de la máxima autoridad, ante las entidades y organismos del Estado y demás instituciones en la respectiva zona: 2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normas y directrices en la zona, e informar periódicamente al nivel central; 3, Supervisar los avances, la intervención y el impacto de las acciones de gestión de riesgos en las provincias que conforman la zona; 4, Participar en las instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial; 5. Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas, financieras y de tálenlo humano de la sede zonal; 6. Aprobar y disponer la tramitación y pagos de las adquisiciones, abastecimiento, conservación y utilización de los bienes muebles, materiales, vehículos, equipos, suministros y titiles de oficina, en base a las leyes, normas, reglamentos pertinentes

 

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y planes operativas zonales: 7. Coordinar a nivel zonal la operación de los organismos de respuesta y voluntariado frente a emergencias y desastres: 8. Coordinar acciones con el Comité de Gestión de Riesgos y la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos: 9. Coordinar con los adores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en la zona, la provisión de información relacionada a la evolución de los eventos adversos, emergencias y desastres: 10. Administrar el presupuesto zonal en conformidad con los programas y proyectos establecidos en la planificación anual: 11. Coordinar con otras instituciones públicas zonales, la inclusión de la gestión de riesgos en todos los niveles de planificación con énfasis en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial: 12. Coordinar y participar de los procesos de elaboración, ejecución e implementación de las agendas de reducción de riesgos: 13. Supervisar y gestionar el cumplimiento del plan anual de contratación zonal: 14. Coordinar con los actores del SNDGR la adecuada entrega de asistencia humanitaria en lozana, bajo los estándares y protocolos establecidos: 15. Crear y mantener las relaciones institucionales con los actores locales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en su jurisdicción para receptar y proporcionar información relacionada a la Gestión de Riesgos: 16. Las demás atribuciones y responsabilidades que determine la máxima autoridad’': ":

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1046-A. de fecha 26 de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 345, de 26 de mayo de 2008, se reorganiza la Dirección Nacional de Defensa Civil, y se crea la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, adquiriendo por este mandato, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos demás instrumentos normativos que hasta ese momento le correspondían a la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la Secretaría General del COSENA, en materia de Defensa Civil:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 42. de 10 de septiembre de 2009, publicado en el Registro Oficial Nro. 31, de 22 de septiembre de 2009, la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos, pasa a denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que ejercerá sus competencias y funciones de manera independiente, descentralizada y desconcentrada;

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 103 de 20 de Octubre de 2009, publicado en Registro Oficial Nro. 58 de 30 de Octubre de 2009, se reforma el Decreto Ejecutivo Nro. 42, por el cual se le da el rango de Ministro (a) de listado al Secretario (a) Nacional de Gestión de-Riesgos:

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 62 de 05 de agosto de 2013, se reforma el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, añadiendo a continuación del artículo 16. el articulo innumerado, organizando a la Función Ejecutiva en Secretarías, entre ellas la Secretaría de Gestión de Riesgos:

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 534. de 03 de octubre de 2018, se transformó a la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; y, designó a la señora María Alexandra Ocles Padilla, como Directora General::

 

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Que,  mediante Resolución Administrativa Nro. SGR-044-2015, de fecha 01 de septiembre de 2015; suscrita por la Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria del Gestión de Riesgos. Resolvió: “Art. Acoger el contenido de la Normativa Técnica "Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales", elaborado, revisado y validado por la Dirección de Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos. Art. 2.- Encargar a la Dirección de Políticas v Estándares en Gestión de Riesgos, notificar r socializar el contenido de la presente resolución a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de lodo el país y demás actores relacionados en el proceso”;

Que,  mediante Informe General Nro. DRl-DPGY-SGR-Al-0013-2018, referente al Examen Especial al "Cumplimiento de la Creación. Conformación Organizacional y Funcionamiento de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Ecuador", la Contrataría General del Estado recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos, lo siguiente: ’7. Dispondrá a través de Resolución a la Subsecretario de Reducción de Riesgos. que se encargue del control, monitoreo, seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en la Normativa Técnica '‘Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales, a fin que la entidad como ente rector cumpla con las atribuciones otorgadas (...)”;

 Que, mediante memorando Nro. SNGRE-SNGRE-2020-0008-M, de 15 de enero de 2020, dirigido al Coordinador General de Asesoría Jurídica, doctor Héctor Fabián Samaniego Ocaña, suscrito por la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. María Alexandra Ocles Padilla, se dispone: " (...) a la Coordinación General de Asesoría Jurídica elabore resolución para disponer a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos que, en trabajo conjunto con las Coordinaciones Zonales de Gestión de Riesgos, se encargue del control, monitoreo, seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en la Normativa Técnica correspondiente”;

Que,  mediante memorando Nro. SNGRE-AJ-2020-0062-M, de 24 de enero de 2020, dirigido a la Máxima Autoridad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Coordinación General de Asesoría Jurídica remite para legalización la resolución administrativa Nro. SNGRE-007-2020, a través de la cual, se dispone a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, el control, monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la Normativa Técnica "Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en las Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales".

Con las antecedentes expuestos, en el ejercicio de las facultades legales y atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador:

RESUELVE.

Articulo 1.- Disponer a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, de acuerdo a sus competencias y atribuciones, en conjunto con las Coordinaciones Zonales de Gestión de Riesgos, se encargue del control, monitoreo, seguimiento y cumplimiento á lo dispuesto en la Norma Técnica "Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en

 

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los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales"*, contenida en la Resolución Administrativa Nro. SGR-044-2015, di: Pecha 01 de .septiembre de 2015.

Artículo 2.- Disponer a la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, informe a la Dirección General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, sobre el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 3.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el Registro Oficial y en el portal web del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Artículo 4.- Vigencia la presente Resolución entrará en vigora partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dudo y firmado en cuatro ejemplares, en el despacho del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en el camón Samborondón al día veinticuatro del mes de enero del dos mil veinte.

EJECÚTESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

 

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RESOLUCIÓN 036-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CONSIDERANDO:

Que     el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”;

Que     el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, al igual que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen: "El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial";

Que     el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: "Las notarías y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social (...)";

Que  el artículo 38 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:

"CONFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL- Integran la Función Judicial y se denominan, en general, servidores de las Función Judicial: (...) Las notarías y los notarios y los demás servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en los órganos auxiliares de la Función Judicial";

Que     el artículo 264 numeral 9 literal a) y numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecen: " FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde: (...) 9. Fijar y actualizar: a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales; (...) 10. Expedir, modificar, derogar e interpretar (...), los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (...)";

Que     el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, preceptúa: "NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia. Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales. /El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e imparcial.";

 

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Que     el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "RÉGIMEN LEGAL- El Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y reglamentarias.";

Que     el artículo 303 del Código Orgánico de la Función Judicial, manda: "TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES.- Es atribución del Consejo de la Judicatura establecer, modificar o suprimir, mediante resolución las tasas por servicio notarial, fijar sus tarifas y regular sus cobros. (...)";

Que     el artículo 334 numeral 3 (sustituido por el artículo 59 de la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial Suplemento 517, de 26 de junio de 2019), del Código Orgánico General de Procesos, dispone: "Procedencia. Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes: (...) 3. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, cuando haya hijos dependientes y que su situación en cuanto a tenencia, visitas y alimentos no se encuentre resuelta previamente";

Que     el artículo 340 (sustituido por el artículo 59 de la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial Suplemento 517, de 26 de junio de 2019) del Código Orgánico General de Procesos, manda: "Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento. El divorcio o la terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes y que su situación en cuanto a tenencia, visitas y alimentos no se encuentre resuelta previamente, se sustanciará ante la o el juez competente.”;

Que     el artículo 107 del Código Civil, prescribe: "Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos.”;

Que     el artículo 226 literal a) del Código Civil, determina que la Unión de Hecho termina: "a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante una jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia.”;

Que     el artículo 18 numeral 22 (Sustituido por la Disposición Reformatoria Tercera de la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial Suplemento 517, de 26 de junio de 2019) de la Ley Notarial, dispone: "Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la Ley, y de haber hijos dependientes, cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por Juez competente.”;

Que     el Pleno del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018), en sesión de 11 de abril de 2017, mediante Resolución 047-2017, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 1003, de 12 de mayo de 2017, resolvió: "APROBAR LOS SIGUIENTES FORMULARIOS: FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO; FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO ACUERDO; FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE NUEVO DÍA Y HORA PARA AUDIENCIA DE

 

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CONCILIACIÓN EN EL TRÁMITE DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO; Y, FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE NUEVO DÍA Y HORA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL TRÁMITE DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO ACUERDO";

Que     el Pleno del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018), en sesión de 30 de noviembre de 2017, mediante Resolución 216-2017, publicada en el Registro Oficial No. 160, de 15 de enero de 2018, resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL";

Que     el artículo 81 del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, establece: "Divorcio por mutuo consentimiento.- Para el divorcio por mutuo consentimiento, se fija una tarifa equivalente al treinta y nueve por ciento (39%) de un Salario Básico Unificado, en este valor no se encuentra incluida la tarifa por la declaración juramentada y el reconocimiento de firmas establecidos en la ley notarial. / En este valor está incluida la protocolización del trámite realizado.";

Que     el artículo 82 del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, instituye: "Terminación de unión de hecho.- Por la terminación de unión de hecho se fija una tarifa equivalente al treinta y nueve por ciento (39%) de un Salario Básico Unificado, en este valor no se encuentra incluida la tarifa por la declaración juramentada y el reconocimiento de firmas establecidos en la ley notarial. / En este valor está incluida la protocolización del trámite realizado.";

Que     mediante Memorandos: CJ-DNDMCSJ-2019-0385, de 9 de julio de 2019; y, CJ-DNDMCSJ-2019-0906-M, de 20 de diciembre de 2019, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remitió el análisis e informe jurídico sobre las reformas incorporadas a los artículos 334 numeral 3 y 340 del Código Orgánico General de procesos; y, numeral 22 del artículo 18 de la Ley Notarial; y, los formularios anexos 1 y 2 de la Resolución 047-2017, que acogen las reformas introducidas por la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos;

Que     de conformidad a las reformas incorporadas a los artículos 334 numeral 3 y 340 del Código Orgánico General de Procesos; y, numeral 22 del artículo 18 de la Ley Notarial; es necesario reformar los formularios anexos 1 y 2 de la Resolución 047-2017, correspondientes a: "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO" y "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO ACUERDO"; además de reformar los artículos 81 y 82 del Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial, eliminando el texto: "en este valor no se encuentra incluida la tarifa por la declaración juramentada y el reconocimiento de firmas establecidas en la ley notarial";

Que   el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-0648-M, de 21 de enero de 2020, suscrito por la Dirección General, quien remite los memorandos: CJ-DNDMCSJ-2019-0906-M, de 20 de diciembre de

 

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2019, suscrito por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y CJ-DNJ-2020-0020-M, de 6 de enero de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, los cuales contienen los: "Formularios anexos 1 y 2 sobre el Divorcio por Mutuo Consentimiento y Terminación de Unión de Hecho ante notario público.", el proyecto de resolución y el informe técnico, respectivamente, para reformar la Resolución 047-2017, mediante la cual se aprobaron, entre otros, los formularios: "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO; y FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO ACUERDO"; y reformar la Resolución 216-2017, mediante la cual se expidió el: "REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numerales 9 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial;

RESUELVE:

REFORMAR LAS RESOLUCIONES 047-2017 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (PERÍODO 2013-2018), APROBÓ ENTRE

OTROS, LOS FORMULARIOS: "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO; Y FORMULARIO ÚNICO PARA

PETICIÓN DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO

ACUERDO"; Y 216-2017 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA (PERÍODO 2013-2018) EXPIDIÓ EL "REGLAMENTO DEL

SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Artículo 1.- Reformar el artículo 81 del REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, expedido mediante Resolución 216-2017, al siguiente tenor:

"Art. 81.- Divorcio por mutuo consentimiento.- Para el divorcio por mutuo consentimiento, se fija una tarifa equivalente al treinta y nueve por ciento (39%) de un Salario Básico Unificado. En este valor está incluida la protocolización del trámite realizado.";

Artículo 2.- Reformar el artículo 82 del REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, expedido mediante Resolución 216-2017, por el siguiente texto:

"Art. 82.- Terminación de unión de hecho.- Por la terminación de unión de hecho se fija una tarifa equivalente al treinta y nueve por ciento (39%) de un Salario Básico Unificado. En este valor está incluida la protocolización del trámite realizado.";

Artículo 3- Sustituir los formularios anexos 1 y 2 de la Resolución 047-2017, que se refieren a: "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO" y "FORMULARIO ÚNICO PARA PETICIÓN DE TERMINACIÓN

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 25

DE LA UNIÓN DE HECHO POR MUTUO ACUERDO", respectivamente, por los formularios 1 y 2 que forman parte de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General; la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC'S; y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinte.

 

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30 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

 

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-INGINT-INR-IGJ-2020-0152 CATALINA PAZOS CHIMBO INTENDENTE GENERAL TÉCNICA

CONSIDERANDO:

Que,    desde el 26 de abril de 2017, la República del Ecuador es miembro del "Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales" y se comprometió a adoptar los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio automático de información sobre cuentas financieras;

Que,    el 29 de octubre de 2018, la República del Ecuador suscribió la Convención Multilateral Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAM) y el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras; adhesión del país que constituye un avance en la lucha contra el lavado de activos, la evasión y elusión fiscal, en la cual la cooperación entre países es fundamental;

Que,    el 14 de mayo de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante Dictamen No. 7- 19-TI/19 publicado en el Registro Oficial Edición Constitucional No. 90 de 03 de junio de 2019, declaró que la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 12 de septiembre de 1997, se adecúa al marco constitucional;

Que,    el 07 de agosto de 2019, el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador se pronunció resolviendo la aprobación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal; y el 15 de agosto de 2019, el Presidente Constitucional de la República emitió el Decreto No. 855 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 21 de 20 de agosto de 2019, con el cual ratificó todo el contenido de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal;

Que,    en el marco del referido Foro Global, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobó el estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información sobre cuentas financieras, el cual insta a los miembros del Foro Global a obtener información de las cuentas financieras de no residentes para sujetarla al intercambio automático de información;

Que,    el primer inciso del artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero previene: "Ámbito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 35

organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.'";

Que,    el inciso primero del artículo 242 del aludido Código Orgánico determina: "Entrega de información. Las entidades del sistema financiero nacional están obligadas a entregar la información que les sea requerida por los organismos de control y el Servicio de Rentas Internas, de manera directa, sin restricción, trámite o intermediación alguna, en las condiciones y forma que estas entidades lo disponga, exclusivamente para fines de sugestión";

Que,    el numeral 3 del artículo 354 del Código ibídem señala que no se aplicarán las disposiciones sobre sigilo y reserva, respecto de cualquier información requerida por los organismos de control y el Servicio de Rentas Internas, en el ámbito de su competencia;

Que,    el artículo 444 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que las entidades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del sector financiero solidario;

Que,    el literal b) del artículo 151 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, determina entre las atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, dictar las normas de control;

Que,    el inciso primero de la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de 2017, establece: "El Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos y cualquier otro órgano de regulación y/o control, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán la normativa secundaria necesaria para la implementación de las acciones o cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al "Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales", especialmente respecto de la aplicación de normas y procedimientos de comunicación de información y debida diligencia, aceptadas internacionalmente";

Que,  el segundo inciso del artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno,

 

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establece. "Las instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las organizaciones del sector financiero popular y solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que no cumplan cabal y oportunamente con la entrega de la información requerida por cualquier vía por el Servicio de Rentas Internas, serán sancionadas con una multa de 100 hasta 250 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general por cada requerimiento. La Administración Tributaria concederá al menos 10 días hábiles para la entrega de la información solicitada.";

Que,     mediante resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045 de 23 de septiembre de 2019, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 51, de 01 de octubre de 2019, el Servicio de Rentas Internas expidió las normas y el procedimiento para la implementación efectiva del estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información sobre cuentas financieras; y aprobó el anexo de cuentas financieras de no residentes, a ser utilizado para el reporte de información por parte de las entidades obligadas;

Que,     la resolución mencionada determina los sujetos obligados a reportar la información de cuentas nuevas y preexistentes; los plazos, periodicidad, valores y forma de su presentación; y, se refiere a la información sujeta a reporte respecto de activos mantenidos en cuenta, que pertenezcan a personas naturales y sociedades no residentes en el país, la cual debe presentarse a través del Anexo CRS, conforme al detalle descrito en dicha norma;

Que,     la resolución ibídem exige a las entidades del sistema financiero obligadas a reportar, la aplicación de procedimientos de debida diligencia respecto de cuentas nuevas y preexistentes de personas naturales y jurídicas; así como, contempla los casos en los que procede auto certificación de información a cargo del titular de la cuenta;

Que,    en cumplimiento de lo previsto en la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera corresponde a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expedir la normativa secundaria necesaria para la implementación de las acciones o cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al "Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales"; entre las cuales se contempla la normativa sobre debida diligencia que deben observar las entidades del sector financiero popular y solidario bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a fin de cumplir los estándares internacionales de intercambio de información;

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 37

Que,    conforme consta en el literal c) del artículo 1 de la Resolución No. SEPS-IGJ-IGS-IGD-IGJ-2020-003 de 28 de febrero de 2020, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria delegó al Intendente General Técnico para que en el ámbito de su competencia, dicte las normas de control; y,

Que,    mediante acción de personal No. 733 de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión Encargado, delegado por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS

DERIVADAS DE LA ADHESIÓN DEL ECUADOR AL FORO GLOBAL SOBRE

TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA FINES

FISCALES

SECCIÓN I ÁMBITO Y OBJETO

ARTÍCULO 1: Ámbito.- Las disposiciones de la presenten norma se aplicarán a las entidades del sector financiero popular y solidario que se encuentren obligadas a presentar el Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes (Anexo CRS) determinadas en la resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045 de 23 de septiembre de 2019, emitida por el Servicio de Rentas Internas y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 51, de 01 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2: Objeto.- La presente resolución tiene como objeto normar el cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, por parte de las entidades del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SECCIÓN II REQUERIMIENTOS

ARTÍCULO 3: Requerimientos.- Las entidades obligadas requerirán a sus socios/clientes que identifiquen como reportables (sean en cuentas nuevas o preexistentes), una autorización expresa por la cual faculten la entrega de su información financiera a los organismos de control y al Servicio de Rentas Internas en el marco del cumplimiento de

 

38 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

acuerdos o convenios internacionales de intercambio de información ratificados por el Ecuador y sus respectivos protocolos de entendimiento o acuerdos entre autoridades competentes, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

A fin de identificar la residencia fiscal de los sujetos reportables, las entidades financieras obligadas deberán requerir a sus clientes un formulario de auto certificación de residencia fiscal emitido por el Servicio de Rentas Internas, que contenga la declaración directa del titular de la cuenta.

Si la entidad financiera obligada determina que la verificación de la residencia se debe realizar mediante la obtención de un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente, el mismo que deberá estar vigente al período fiscal de apertura de la nueva cuenta.

La auto certificación o el certificado de residencia emitido por autoridad competente del titular de la cuenta, se obtendrá de manera previa a su apertura.

SECCIÓN III

SUPERVISIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 4: Supervisión y control.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de sus competencias, procederá a realizar procesos de supervisión in situ/extra situ, según su planificación operativa anual, a fin de determinar el efectivo cumplimiento de las disposiciones contempladas en la presente norma.

En caso de detectarse incumplimiento, o si dichos incumplimientos son notificados por la Administración Tributaria, este organismo de control, en el ámbito de sus competencias, aplicará las sanciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO 5: Control Interno.- El auditor interno de la entidad o quién haga sus veces, verificará el cumplimiento de esta norma.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma, serán absueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Las entidades deberán observar las disposiciones que en el ámbito de su competencia emita la Administración Tributaria.

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 39

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 DE MAYO DE 2020.

 

40 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT-IGJ-2020-0153

CATALINA PAZOS CHIMBO INTENDENTA GENERAL TÉCNICA

CONSIDERANDO:

Que,    el inciso primero del artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: "Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.”;

Que,    el numeral 25 del artículo 66 de la Carta Magna reconoce el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

Que,    el inciso primero del artículo 213 de la Norma Suprema, en la parte pertinente señala: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general...”;

Que,    el inciso final del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: "La superintendencia, para el cumplimiento de estas funciones, podrá expedir todos los actos y contratos que fueren necesarios. Asimismo, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”;

Que,    el inciso segundo del artículo 74 ibídem determina que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria tendrá las funciones determinadas en el artículo 62 del mencionado Código, excepto los numerales 18 y 19. El numeral 10 del artículo citado se aplicará reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen capital ilimitado;

Que,    mediante resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGD-IGJ-2020-003 de 28 de febrero de 2020, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, dictar las normas de control dentro del ámbito de su competencia; y,

Que,    mediante Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión Encargado, delegado por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico, a la economista Catalina Pazos Chimbo.

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 41

En ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL SOBRE LOS PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE

EDUCACIÓN FINANCIERA

SECCIÓN I

ÁMBITO Y OBJETO

Artículo 1.- Ámbito. Las disposiciones de esta resolución se aplicarán de manera obligatoria a las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2, y 3 y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y opcional para las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5.

Artículo 2.- Objeto. La presente resolución tiene por objeto promover, a través de las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, el conocimiento por parte de socios, clientes y usuarios, de sus derechos y obligaciones, de los productos y servicios financieros, su uso, beneficios y riesgos, creando conciencia sobre el adecuado uso de los recursos, el endeudamiento responsable, la planificación y la previsión financiera, fomentando la confianza en el sistema financiero nacional y al mismo tiempo su estabilidad.

La presente norma establece las definiciones, principios y lineamientos que las entidades del sector financiero popular y solidario deberán considerar al desarrollar e implementar iniciativas y programas de educación financiera.

SECCIÓN II

DEFINICIONES

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Inclusión Financiera: Acceso y utilización de productos y servicios financieros de calidad por parte de personas naturales y jurídicas capaces de elegirlos de manera informada. Los productos y servicios financieros deben ofrecerse de manera transparente sostenible y responder a las necesidades de la población;

b)  Educación Financiera: Proceso por el cual los socios, clientes, usuarios y proveedores financieros adquieren o mejoran su conocimiento y comprensión sobre los diferentes productos y servicios financieros, sus beneficios y riesgos; sus derechos y obligaciones, para tomar decisiones responsables e informadas, que le permitirán mejorar su bienestar económico;

Por medio de la educación financiera se espera que las personas obtengan al menos los siguientes beneficios:

 

42 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

i.     Mejorar su comprensión de los productos y servicios financieros a lo largo de las distintas etapas de su vida.

ii.   Adquirir mayor conocimiento para identificar los riesgos y oportunidades financieras.

iii.   Adquirir habilidades para mejorar la toma de decisiones.

iv.   Impulsar hábitos de ahorro y de planificación de gastos.

  1. Iniciativa de Educación Financiera: Son las acciones, y gestión de materiales o recursos, que coadyuven a mejorar la comprensión de socios, clientes y usuarios sobre los productos y servicios financieros, a desarrollar sus habilidades, aptitudes y la confianza necesaria para tomar decisiones en materia financiera, a través, principalmente, de seminarios, capacitaciones, conferencias, mesas de trabajo, talleres, sitios web, folletos, manuales, libros o guías que aborden esta temática;
  2. Programa de Educación Financiera: Es el proceso educativo que responde a una planificación y política de corto, mediano o largo plazo de formación financiera, que debe ser implementada por las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas para la vivienda;
  3. Formador de Educación Financiera: Es la persona especializada encargada de impartir los conocimientos por medio de una metodología estructurada de enseñanza en los distintos tópicos de educación financiera;
  4. Medición de Impacto: Se refiere al proceso en el cual se determina si existen cambios en el bienestar económico de las personas que han sido parte de un determinado programa o iniciativa de educación financiera; y,

g)  Grupo objetivo: Corresponde al grupo de la población al cual se dirigen las iniciativas o programas de educación financiera.

SECCIÓN III

PRINCIPIOS

Artículo 4.- Principios. Los programas e iniciativas para la educación financiera que desarrollen o implementen las cooperativas de ahorro y crédito, y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, deberán estar orientados, al menos, por los siguientes principios:

  1. Principio 1. Estar orientados a desarrollar aptitudes en sus socios, clientes o usuarios que permitan incrementar su bienestar económico y mejorar su calidad de vida;
  2. Principio 2. Ser implementados considerando el interés de los socios, clientes o usuarios previa la utilización de un producto y servicios financieros o en la toma de decisiones financieras;
  3. Principio 3. La información debe ser veraz, actual, relevante, completa, clara, y de fácil comprensión, y difundida por medios de comunicación disponibles y apropiados y que sean accesibles para los socios, clientes o usuarios;

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 43

  1. Principio 4. Conocer las necesidades y barreras de los socios, clientes y usuarios a quienes van enfocados los programas e iniciativas de educación financiera;
  2. Principio 5. El contenido de los programas de educación financiera debe estar orientado a proveer conceptos claves y ejemplos ilustrativos al público al que se pretende llegar y deben ser dirigidos por formadores de educación financiera que cuenten con la debida formación; y,
  3. Principio 6.- Tener en cuenta el marco legal y regulatorio.

SECCIÓN IV

DE LAS INICIATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Artículo 5.- Lincamientos generales. Las iniciativas y programas de educación financiera que desarrollen o implementen las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, deberán considerar los siguientes lincamientos:

  1. El lenguaje deberá ser sencillo, completo, pedagógico, actualizado y adecuado a las características del público objetivo;
  2. Serán equitativos, considerando todos los segmentos de la población, e incluirán los beneficios, riesgos y desventajas de las distintas decisiones financieras; y,
  3. Los formadores, deben contar con los conocimientos para ello, demostrando capacitación periódica en programas de formadores sobre el tema.

Artículo 6.- Contenidos. Las iniciativas y programas de educación financiera podrán enfocarse en las distintas temáticas propias del manejo del dinero y el bienestar económico, considerándose relevantes, los siguientes contenidos:

1.- Principios Cooperativos: Definiciones y conceptos que contribuyan al conocimiento del sector financiero popular y solidario, desarrollándose con base a los principios cooperativos:

  1. Adhesión voluntaria y abierta;
  2. Gestión democrática por parte de los socios;
  3. Participación económica de los socios;
  4. Autonomía e independencia;
  5. Educación, formación e información;
  6. Colaboración entre cooperativas; y,
  7. Interés por la comunidad.

2.- Ahorro e inversión: Conceptos, instrumentos básicos de ahorro e inversión, relación riesgo-retorno, planificación de ahorro para las distintas etapas de la vida;

3.- Planificación y presupuesto familiar: Conceptos, instrumentos básicos para la elaboración de presupuestos familiares, su seguimiento, cumplimiento, y evaluación;

4.- Endeudamiento responsable: Conceptos, instrumentos básicos, capacidad de endeudamiento, y desventajas del sobreendeudamiento;

 

44 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

5.- Productos y servicios financieros: Conceptos de cuenta básica, cuenta de ahorros, certificados de aportación, servicios financieros digitales; enfocándose en el acceso y el uso de los productos y servicios dependiendo de las necesidades de los usuarios. En cada producto o servicio se abordarán sus beneficios, costos y riesgos, la seguridad de la información, los derechos y las obligaciones de los usuarios y los seguros relacionados con los productos financieros ofertados, derechos y obligaciones de los asegurados, riesgos cubiertos, exclusiones; y,

6.- Otros contenidos que permitan transmitir conocimientos y dotar de herramientas a los socios, clientes y usuarios orientadas a mejorar su bienestar económico.

Artículo 7.- Planificación, seguimiento y evaluación de iniciativas o programas de educación financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, previo a estructurar y desarrollar las iniciativas o programas de educación financiera, deberán contar con un diagnóstico que sirva de base para establecer el fundamento, objetivos, diseño del programa de educación financiera y los mecanismos de evaluación.

Las iniciativas o programas de educación financiera deberán ser aprobados, evaluados y monitoreados continuamente por el consejo de administración para ir analizando sus resultados y avances, de tal forma que, de ser necesario, sean replanteados si no cumplen con las necesidades identificadas. Dicho consejo deberá también aprobar el presupuesto anual para la ejecución del programa de educación financiera.

Las evaluaciones de las iniciativas o programas permitirán conocer al menos los siguientes aspectos:

  1. Adquisición de conocimientos financieros;
  2. Modificación de actitudes ante situaciones financieras;
  3. Medición de conductas adquiridas; y,
  4. Opinión de los participantes para revisar la eficiencia y eficacia de la iniciativa o programa.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda deberán enviar a esta Superintendencia dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año y de acuerdo a los formatos incluidos en el Anexo No. 1 de esta norma, la información relativa a las iniciativas o programas de educación financiera realizados en el año fiscal anterior.

SEGUNDA.- Los programas de educación financiera deberán ser continuos. Los consejos de administración de las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda deberán evaluar al final de cada ejercicio económico, el programa de educación financiera implementado a fin de determinar si se han cumplido los objetivos.

TERCERA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá verificar el cumplimiento de los programas de educación financiera así como solicitar en cualquier momento, información relativa a las iniciativas o programas de educación financiera.

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 45

 

CUARTA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma serán resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese en la página web de esta Superintendencia.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 DE MAYO DE 2020.

Anexo No. 1

Información estandarizada para todas las entidades que realicen iniciativas o programas de educación financiera. Esta información será remitida anualmente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a través de los canales establecidos. Debe llenarse ambas fichas por cada programa o iniciativa que la entidad financiera desarrolle.

 

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Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 47

 

48 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

 

Registro Oficial N° 216 Miércoles 3 de junio de 2020 - 49

 

50 - Miércoles 3 de junio de 2020 Registro Oficial N° 216

 

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