Registro Oficial

Registro Oficial No.126- Miércoles 22 de enero Suplemento

Miércoles, 22 de enero de 2020

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés             

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

                                                                       

Miércoles 22 de enero de 2020 (R. O.126, 22–enero -2020 )Suplemento

 

SUMARIO:

 

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA DECRETOS:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

 

 

Págs.

 

 

951      Acéptese  la  renuncia  del  señor  Xavier  Adolfo

Santos Sabando, como Gobernador de la Provincia

de Manabí

 

952      Dese de baja del servicio activo de las Fuerzas

Armadas,  al  señor  GRAB.  Zaldumbide  López

Luis Eduardo

953      Créase   la   Capitanía   Mayor   de   Puerto   de

Posorja

 

954      Acéptese  la  renuncia  del  señor  Jorge  Eduardo

Miño Escobar como Gobernador de la Provincia

de Cotopaxi

 

955      Acéptese  la  renuncia  del  señor León  Fernando Ortiz Silva como Gobernador de la Provincia de Bolívar  

 

956      Concédese  el  Indulto  Presidencial  a  favor  del

señor Jefferson Gustavo Yapud Arévalo

 

FE DE ERRATAS:

 

-           A la publicación de la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, la determinación,   administración   y   recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio

2020 - 2021 del Concejo Municipal del Cantón Morona, efectuada en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 189 del lunes 30 de diciembre

de 2019

 

-           A  la  publicación  de  la  Ordenanza  sustitutiva que  regula  la  administración  de  los  catastros de   predios urbanos y rurales, la determinación y  recaudación  de  los  impuestos  prediales  para el bienio 2020 - 2021, emitida por el GADM de Otavalo, efectuada en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 206 del jueves 2 de enero de

2020

 

 

No. 951

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

 

Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece, entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cada provincia, habrá un Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente de la República, dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, actualmente Ministerio de Gobierno;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 498, de 10 de septiembre de 2018, se designó al señor Xavier Adolfo Santos Sabando como Gobernador de la Provincia de Manabí, quien ha presentado su renuncia al mencionado cargo; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Xavier Adolfo Santos Sabando como Gobernador de la Provincia de Manabí, y agradecerle por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

 

Artículo  2.-  Designar  al  señor  Tito  Nilton  Mendoza

Ordóñez como Gobernador de la Provincia de Manabí.

 

Disposición derogatoria. - Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ejecutivo.

 

Disposición final. - Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, 12 de diciembre de

2019.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 952

 

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

 

Considerando:

 

 

Que, el artículo 147 dela Constitución de la República, establece: “Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: “[...] 5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación, y control. [...] 16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial [...]”;

 

 

Que, en inciso segundo del artículo 160 ibídem, contempla que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones;

 

 

Que, el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, dispone que la situación militar se establecerá: “A los Oficiales Generales mediante Decreto Ejecutivo”;

 

 

Que, el artículo 75 ibídem, preceptúa lo siguiente: “El militar tendrá derecho hasta seis meses de disponibilidad, si acreditare por lo menos cinco años de servicio activo y efectivo ininterrumpidos, pudiendo renunciar a todo o parte del tiempo de disponibilidad, para solicitar directamente su baja.”;

 

 

Que, el artículo 87 ibídem, manda que el militar será dado de baja por una de las siguientes causas: “a) Solicitud voluntaria [...]”;

 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 865 de 04 de septiembre de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, coloca en situación de Servicio Activo al de Disponibilidad al señor GRAB. ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS  EDUARDO,  perteneciente  a  la  Fuerza  Terrestre, con fecha 11 de agosto de 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 letra f) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas;

 

 

Que, el señor General de Brigada Zaldumbide López Luis Eduardo, mediante oficio de fecha 18 de octubre de 2019, presenta la solicitud de BAJA, renunciado al tiempo que resta de Disponibilidad, pedido que lo hace al amparo de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas;

 

 

Que, el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre, en sesión ordinaria llevada a cabo 19 de noviembre de 2019, “RESUELVE: Colocar al señor General de Brigada Zaldumbide López Luis Eduardo, en servicio pasivo, mediante la baja, a partir del 30 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 84, 86 y

87 letra a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas

[...]”; y,

 

 

Que, mediante oficio N° EJERCITO-CGFT-2019-1082-OF de 04 de diciembre de 2019, el señor Comandante General de la Fuerza Terrestre, remite al Ministerio de Defensa Nacional, el expediente respectivo mediante el cual se coloca en situación militar de Servicio Pasivo al señor GRAB. ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO, de conformidad a lo señalado en el artículo 87, letra a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral

5 del artículo 147, de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,

 

 

Decreta:

 

 

Art. 1.- Dar de Baja del Servicio Activo de las Fuerzas Armadas,  con  fecha  30  de  octubre  de  2019,  al  señor GRAB. ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO, por solicitud voluntaria y renuncia expresa al tiempo restante de disponibilidad, de conformidad con los artículos 75, 84, 86 y 87 letra a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

 

 

Art. 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia en la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro de Defensa Nacional.

 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de diciembre de 2019.

 

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

 

f.) Oswaldo Jarrín Román, General de División (SP), Ministro de Defensa Nacional.

 

 

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 953

 

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

 

Considerando:

 

 

Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos (...)”;

 

 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley (...)”;

 

 

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”;

 

 

Que,  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  en el Título V de la “Organización Territorial del Estado” Capítulo  Cuarto,  articula  un  régimen  de  competencias, así como aquellas que se ejercen en forma concurrente, para la gestión en la prestación de servicios públicos y

 

 

actividades  de  colaboración  y  complementariedad  entre los   niveles   de   gobierno,   correspondiendo   al   Estado Central la exclusividad, entre otras, atinentes a la defensa nacional, protección interna y orden público, así como el establecimiento de las políticas generales y en forma expresa se indica a los puertos, con todo cuanto ello implica, como en este caso el establecimiento de la Autoridad Marítima Local. Así, les corresponde a los gobiernos regionales autónomos las competencias exclusivas de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal, en tanto no lo asuman las municipalidades; y, a éstas en su cantón, sumado a aplicar el ordenamiento territorial así como controlar el uso del suelo, el tránsito y transporte público en el cantón, a más de delimitar, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de río, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establezca;

 

Que,  el  artículo  24  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen Especial de la Provincia de Galápagos señala: “Sistema de monitoreo de embarcaciones. -  El ministerio rector de la política de defensa, para el control de las actividades que se realicen al interior de la Reserva Marina de Galápagos y del Área Marina de Protección Especial, operará un sistema de monitoreo de embarcaciones, con el objeto de controlar el tráfico marítimo. El ministerio rector de la política de defensa administrará un centro de control para el monitoreo de naves, que funcionará a base de la información que en tiempo real será provista por la Autoridad Marítima Nacional. Dicha información será también utilizada para fines científicos y de gestión ambiental, así como para la administración de la Reserva Marina de Galápagos y el manejo y uso de los recursos naturales existentes dentro de ella. El funcionario de la autoridad Marítima Nacional responsable de entregar la información a la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos y al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, deberá hacerlo de manera obligatoria y su incumplimiento será sancionado con la destitución del cargo”;

 

Que, en el artículo 398 del Código Orgánico Integral Penal define jurisdicción como la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado;

 

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial organiza territorialmente al Estado ecuatoriano en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales;

 

Que, el artículo 1 del Código de Policía Marítima señala: “Establécese en el Litoral de la República las siguientes Capitanías de Puerto: Tres Capitanías Mayores que son: la del Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta, y Cuatro Menores que son: las Capitanías de Puerto de San Lorenzo, Esmeraldas, Bahía de Caráquez y Salinas”;

 

Que, el artículo 4 del Código de Policía Marítima indica: “Las capitanías de puerto tendrán los siguientes límites geográficos: La Capitanía Mayor del Puerto de Guayaquil comprende desde punta Chopoya, por el norte, hasta la

boca del río Tenguel, por el sur, inclusive todos los puertos fluviales del sistema hidrográfico del Guayas; La Capitanía Mayor de Puerto Bolívar, desde la boca del río Tenguel, por el norte, hasta la frontera con el Perú, por el sur; La Capitanía Menor de San Lorenzo, desde la boca del río Mataje, en la frontera con Colombia, por el norte, hasta la punta denominada Vaquería, en el sur (Lat. 01° 12’ 0”Norte, Long. 79° 08’ 30” Oeste), inclusive todo el curso navegable del río Santiago; La Capitanía Menor de Esmeraldas, desde la Punta Vaquería, al Norte, hasta la boca del Cojimíes, por el sur; La Capitanía Menor de Bahía de Caráquez, desde la boca de Cojimíes, por el norte, hasta la boca de Charapotó, por el sur; La Capitanía Menor de Manta, desde la boca de Charapotó, por el norte, hasta Punta Ayampe, por el sur; y La Capitanía Menor de Salinas, desde la Punta de Ayampe, por el norte, hasta Punta Chopoya, por el sur (...)”;

 

Que,  el  artículo  3  de  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y del  Estado  señala: “(...) Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar  al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los  derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales.”;

 

Que,  el  artículo  23  de  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y del Estado establece: “De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador”;

 

Que,  mediante  Decreto  Ejecutivo  No.  1111  del  27  de mayo del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 358 de 12 de Junio del 2008, se creó la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), como un organismo dependiente de la Comandancia General de Marina como autoridad marítima, con el objeto de mantener la seguridad marítima y protección del medio marino, control de la soberanía marítima, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto y la Escuela de la Marina Mercante Nacional, además de ejecutar y controlar el cumplimiento de las políticas y resoluciones dentro del marco de la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 633 de 8 de enero de

2019, Política de Defensa Nacional “Libro Blanco - 2018”, en el Capítulo X: “La Seguridad Marítima y La Antártida”, especifica  que   la   seguridad   marítima   está   concebida como el control efectivo de todo lo asociado al dominio marítimo y que podría afectar a sus intereses marítimos nacionales, en torno a su protección, seguridad, economía y medioambiente. En este sentido, es necesario tener en cuenta las particularidades del medio marítimo fluvial, las

 

actividades que se desarrollan y sobre todo las amenazas y  riesgos  a  la  seguridad,  por  lo  que  se  debe  articular una  adecuada  “Gestión  del  Mar”  que  requiere  procesos de gobernabilidad del Estado en su calidad de Estado Ribereño, Estado de Abanderamiento y de Estado Rector de Puerto, a partir de acciones interinstitucionales capaces de aprovechar su interacción en los espacios acuáticos y de usufructuar sus recursos en forma eficiente, sustentable y sostenible;

 

Que, el Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos, orienta los lineamientos políticos hacia la seguridad de la vida humana en el mar, neutralización de las actividades ilícitas en el mar, el control de la contaminación marino costera y la contribución al desarrollo del Estado; para lo cual se requiere contar con un sistema integrado de vigilancia que incluya no solamente los equipos de radar y video para vigilancia costera, sino también, medios operativos que permitan una reacción inmediata,  sistemas  informáticos  de  red  de  datos  para el  intercambio  de  información  y  acceso  a  portales  web en tiempo real, sistemas de comunicaciones y de geo localización para un eficiente mando y control;

 

Que, el Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios  Acuáticos,  señala  que  la  Dirección  Nacional de Espacios Acuáticos ejerce el control de la actividad marítima y fluvial, a través de las Capitanías de Puerto, priorizando su esfuerzo en la zona contigua, el mar territorial, aguas interiores y los ejes fluviales de los ríos navegables del territorio nacional en donde se realice algún tipo de actividad humana;

 

Que, mediante Acuerdo No. 266 del 13 de septiembre del

2007, publicado en el Registro Oficial No. 180 del 28 de septiembre del 2007, el Ministerio del Ambiente creó el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro;

 

Que, mediante oficio No. MDN-MDN-2019-1720-OF de

15 de noviembre de 2019, el Ministro de Defensa Nacional solicito la expedición del presente Decreto Ejecutivo; y,

 

Que, mediante oficio No. MEF-VGF-2019-3403-O de 3 de diciembre del 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas expidió el correspondiente informe favorable previo.

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Crear la Capitanía Mayor de Puerto de Posorja, la misma que tendrá los siguientes límites geográficos y de jurisdicción: desde el paralelo 02° 30’ 24.5941’’S por el norte, hasta la boca del río Tenguel, por el sur.

 

La Capitanía Mayor de Puerto de Posorja, CAPPOS, tendrá subordinados los retenes navales de Engabao, Playas, El Morro y Puná.

Artículo  2.-  Modificar  los  límites  geográficos  de  las

Capitanías de Salinas y de Guayaquil por los siguientes:

 

Capitanía de Puerto de Salinas. Su jurisdicción comprende desde la punta de Ayampe, por el norte, hasta el paralelo

02°30’24.5941’’S, por el sur;

 

Capitanía Mayor del Puerto de Guayaquil.

 

Su jurisdicción comprende, todos los puertos y ejes fluviales navegables del sistema hidrográfico del Daule, Babahoyo, Guayas y el estero Salado hasta el paralelo 02°

30’ 24.5941’’S, por el sur.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Para la creación de la Capitanía de Puerto Mayor de Posorja y la modificación de los límites geográficos de las Capitanías de Salinas y de Guayaquil se establece un plazo de transición de 30 días.

 

Encarguese de la ejecución del presente Decreto Ejecutivo a los Ministros de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas

 

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de diciembre de 2019.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

 

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

 

 

 

 

No. 954

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

 

 

Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece, entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cada provincia, habrá un Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente de la República, dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, actualmente Ministerio de Gobierno;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 827, de 25 de julio de 2019, se designó al señor Jorge Eduardo Miño Escobar como Gobernador de la Provincia de Cotopaxi, quien ha presentado su renuncia al mencionado cargo; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.-  Aceptar la renuncia del señor Jorge Eduardo Miño Escobar como Gobernador de la Provincia de Cotopaxi, y agradecerle por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

 

Artículo 2.- Designar al señor Héctor Guillermo González

Jara como Gobernador de la Provincia de Cotopaxi.

 

Disposición derogatoria. - Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ejecutivo.

 

Disposición final. - Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de diciembre de 2019.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

 

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. 955

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

 

Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece, entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cada provincia, habrá un Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente de la República, dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, actualmente Ministerio de Gobierno;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 669 de 11 de febrero de 2019, se designó al señor León Fernando Ortiz Silva como Gobernador de la Provincia de Bolívar, quien ha presentado su renuncia al mencionado cargo; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.-  Aceptar la renuncia del señor León Fernando Ortiz Silva como Gobernador de la Provincia de Bolívar, y agradecerle por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

 

Artículo 2.-   Designar al señor   Juan Carlos Camacho

Dávila como Gobernador de la Provincia de Bolívar.

 

Disposición derogatoria. - Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ejecutivo.

 

Disposición final. - Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de diciembre de 2019.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

 

 

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

 

 

 

 

 

No. 956

 

 

Lenín Moreno Garcés PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

 

Considerando:

 

 

Que el número 18 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone entre las atribuciones del Presidente de la República, indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley;

 

 

Que el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal, promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 180 de 10 de febrero de 2014, establece que el Presidente de la República podrá conceder el indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada, si la persona privada de la libertad observa buena conducta en lo posterior al delito;

 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo nro. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas; el cual se reformó a través de Decreto Ejecutivo nro. 861 de 28 de diciembre de 2015, promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 674 de 21 de enero de 2016, instrumento normativo que establece los requisitos y el trámite correspondiente para acceder al indulto presidencial;

 

 

Que el señor Jefferson Gustavo Yapud Arévalo fue sentenciado a cumplir la pena de veinte meses de privación de la libertad, y al pago de una multa que asciende a doce salarios básicos unificados del trabajador en general, impuestas  mediante  fallo  de  la  Unidad  Judicial  Penal con sede en el Cantón Tulcán, en el juicio nro. 04281-

2019-01766; por haberle encontrado responsable de la comisión del delito tipicado y sancionado en el artículo

265 del Código Orgánico Integral Penal, y que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley;

 

Que mediante oficio nro. SNAI-SNAI-2019-0667-O de 20 de diciembre de 2019, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, remite el informe motivado sobre la pertinencia de la concesión del Indulto Presidencial a favor del señor Jefferson  Gustavo  Yapud  Arévalo,  instrumento  que  en lo relacionado, recomienda la concesión del Indulto Presidencial, de conformidad con su atribución establecida en el segundo inciso del artículo 5 del Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas; y,

 

 

Que   el   señor   Jefferson   Gustavo  Yapud  Arévalo,   no resgistra otros procesos penales pendientes de resolución, ha  manifestado  arrepentimiento  por  el  acto  cometido  y ha solicitado disculpas por el mismo, y que se encuentra privado de la libertad desde el 20 de abril de 2019, durante lo cual registra una conducta Óptima.

 

 

En ejercicio de la atribución conferida en el número 18 del artículo 147 de la  Constitución de la República,

 

 

Decreta:

 

 

Artículo 1.-  Concédase el Indulto Presidencial a favor de Jefferson Gustavo Yapud Arévalo, el cual consiste en el perdón de la pena privativa de la libertad, y de la multa que le fueron impuestas.

 

 

Artículo 2.-   De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, encárguese el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

 

 

Este  Decreto  Ejecutivo  entrará  en  vigencia  a  partir  de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de diciembre de 2019.

 

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la

República.

 

 

Quito, 27 de diciembre del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

FE DE ERRATAS Gobierno Municipal del Cantón Morona Oficio Nro. GMCM-ALC-2020-0005-OF MACAS, 06 de enero de 2020

Asunto: FE DE ERRATAS

 

 

Ingeniero

Hugo del Pozo B.

Director

REGISTRO OFICIAL

En su Despacho

 

 

De mi consideración:

 

 

Con el debido comedimiento solicito se sirva disponer la Publicación en el Registro Oficial, la FE DE ERRATAS de la “ORDENANZA QUE REGULA  LA FORMACIÓN DE    LOS    CATASTROS    PREDIALES    URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS  PARA  EL  BIENIO  2020-202  ”,  aprobada por   el   Concejo   Municipal   del   Cantón   Morona,   en sesiones  ordinarias de 04 de diciembre y 18 de diciembre de 2019 , y publicado en el Registro Oficial Edición Especial N° 189 del Lunes 30 de diciembre de 2019 , en vista de que se ha cometido   un error de redacción FE DE ERRATAS , en el Art. 28 donde dice 0.93 /000 (CERO  SESENTA Y OCHO      POR  MIL)  Debe  decir:

0.93   %0   (CERO   NOVENTA  Y   TRES   POR   MIL) Con sentimientos de distinguida consideración.

 

Atentamente,

 

 

f.) Abg. Ruth Elizabeth  Cabrera Salas, Secretaria General de Concejo

FE DE ERRATAS Gobierno Municipal del Cantón Otavalo Oficio Nro. 002-GADMCO-SG-DN-2020

Ingeniero

Hugo Del Pozo

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL Quito.-

En razón de que se ha detectado que la “Ordenanza Sustitutiva que Regula la Administración de los Catastros de Predios Urbanos y Rurales, la determinación y recaudación de los impuestos prediales en el cantón Otavalo para el bienio  2020  -  2021”  publicada  en  la  edición  Especial Nro. 206 de fecha jueves 2 de enero de 2020, contiene un error de redacción o mecanográfico introducido de forma involuntaria, de manera especial y urgente solicito a Usted, se sirva disponer la publicación en el Registro Oficial, de LA FE DE ERRATAS que permita corregir el error que se encuentra en el artículo 27, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Artículo 27, dice:

 

- Determinación del Impuesto Predial.- Para determinar la cuantía del impuesto predial Urbano, se aplicará la tarifa del 0,70 por mil (0,0007) calculado sobre el valor de la propiedad, que regirá para el bienio 2020 -2021.”

 

Artículo 27 debe decir:

 

- Determinación del Impuesto Predial.- Para determinar la cuantía del impuesto predial Urbano, se aplicará la tarifa del 0,75 por mil (0,00075) calculado sobre el valor de la propiedad, que regirá para el bienio 2020 -2021.”

 

Por su gentil y oportuna atención, desde ya le anticipo mi agradecimiento.

 

Atentamente,

 

f.) Abg. José Diego Nogales N., Secretario General del

GADMCO.

 

 

 

 

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