Registro Oficial

Registro Oficial No.126- Miércoles 22 de enero del 2020

Miércoles, 22 de enero de 2020

 

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés             

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

                                                                       

Miércoles 22 de enero de 2020 (R. O.126, 22–enero -2020 )

 

 

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA

Y PATRIMONIO:

 

 

 

Págs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM-2019-221 Apruébese el estatuto y otórguese personería jurídica a la Asociación de Artistas Profesionales Julio Jaramillo, domiciliada en el cantón La Joya

de los Sachas, provincia de Orellana

 

MINISTERIO DE GOBIERNO:

 

0160    Levántese  la  situación  a  disposición  en  la  que se  encuentra colocada la señora Subteniente de Policía Carla Ximena Hernández Andino

 

SECRETARÍA DEL AGUA:

 

2019-0342  Deléguense          funciones        y          atribuciones     a el/la   Coordinador/a  General  Administrativo/a Financiero/a    en    Planta    Central    y    a    los Subsecretarios o quien hiciere sus veces

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

 

SENESCYT-2019-139 Expídese  el    Protocolo de preven- ción y atención en casos de conflicto, violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación  sexual  en  los  institutos  superiores

públicosRESOLUCIONES: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD: Deróguense en su totalidad las siguientes normas

técnicas ecuatorianas:

 

 

 

 

 

 

MPCEIP-SC-2019-0295-R    NTE    INEN  1786 (Aceptaciones de pedido. Formatos A4,

Págs.

conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en  las  decisiones  y  políticas  públicas  y  en  el  control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las

A5 y A6. Modelo de impresión) ................   45

 

MPCEIP-SC-2019-0296-R    NTE    INEN  1787 (Notas de entrega. Formatos A4, A5 y A6. Modelo de impresión) ................................         46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. DM-2019-221

 

LA MINISTRA DE CULTURA

Y PATRIMONIO SUBROGANTE Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la  República, establece: “Se  reconoce  y  garantizará  a las personas: (...). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (...)”;

 

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

 

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  establece:  “Las  organizaciones  sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan  a  la  defensa  de  los  derechos  individuales y  colectivos,  la  gestión  y  resolución  de  problemas  y

entidades públicas y de las privadas que presten servicios

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y  organizativas  deberán  garantizar  la  democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley”;

 

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;

 

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado  de  información  de  organizaciones  sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones  sociales  regionales  deberán  registrarse de conformidad con la Constitución”;

 

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;

 

 

Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que  otorgan personalidad jurídica a  las  organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-216 de

8 de noviembre de 2019, Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de Ana María Armijos Burneo, del 10 al 14 de noviembre de 2019.

 

Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada “Asociación de Artistas Profesionales  Julio  Jaramillo  del  cantón  Joya  de  los

Sachas”, se reunieron en Asamblea General Constitutiva el

29 de septiembre de 2019, con la finalidad de constituirla;

 

Que mediante comunicación s/n recibida el 8 de noviembre  de  2019  (trámite  Nro.  MCYP-DGA-2019-

2908-EXT), el(la) señor(a) Raúl Estuardo Zurita Gaibor, debidamente autorizado(a) por la “Asociación de Artistas Profesionales Julio Jaramillo del cantón Joya de los Sachas”, solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;

 

Que    mediante    Memorando    Nro.    MCYP-CGJ-19-

1070-M de 12 de noviembre de 2019, el Coordinador General  Jurídico  emite  el  informe  motivado,  que  da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la “Asociación de Artistas Profesionales Julio Jaramillo del cantón Joya de los Sachas”;

 

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

 

 

 

Nombre:

Asociación de Artistas Profesionales Julio Jaramillo del cantón Joya de los Sachas.

Clasificación:

Corporaciones de primer grado.

Domicilio:

Av. Los Fundadores, km. 1 Vía al Coca (Barrio La Carolina), cantón La Joya de los Sachas, provincia

de Orellana (código postal 220101).

Correo electrónico:

asociaciondeartistasjuliojaramil@yahoo.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundadores:

Nombre

Nacionalidad

Nro. de documento de

identidad

Anangonó Santi Rosa Viviana

ecuatoriana

2200078885

Arroyo Valenzuela Diana Alejandra

ecuatoriana

0401981808

Aveiga Herrera Jimmy Eliéser

ecuatoriana

1720120995

Barragán Barragán Cecilia Alexandra

ecuatoriana

2200345524

Barré Loor Tito Narciso

ecuatoriana

1309114567

Bastidas Jaramillo Ángel Oswaldo

ecuatoriana

1714142815

Benítez Ramos Edwin Fausto

ecuatoriana

1103700116

Caisaguano Perdomo Carmen Juliana

ecuatoriana

1803426756

Cajilema Mendoza Jorge Wilson

ecuatoriana

0603103912

Calero Estrada Willan Gilberto

ecuatoriana

2100135017

Calero Montero Willian Gabriel

ecuatoriana

2200299481

Camacho Rodríguez Cesar Sevastián

ecuatoriana

2100113048

Camacho Rodríguez Olga Temilda

ecuatoriana

2100028857

Campoverde Tandazo Fanny Marisol

ecuatoriana

1711934594

Cashabamba Ases Gustavo Rafael

ecuatoriana

2100535257

Castro Basurto Eduvijes Esperanza

ecuatoriana

1303955718

Castro Mancilla Stalyn Vinicio

ecuatoriana

2100587142

Catagña Vega Luis Fernando

ecuatoriana

2200131213

Ceme Marcillo Johana María

ecuatoriana

2200024053

 

 

Chillogalli Yari Luis Segundo

ecuatoriana

0100842806

Chimbo Campaña Rosa Mariela

ecuatoriana

2100638846

Correa Bravo Maurio Leonel

ecuatoriana

1306743376

Correa Hernández Robinson Leonel

ecuatoriana

2200194583

De La O Choez Gabriel Eduardo

ecuatoriana

0921263158

Erira Rosero Kelly del Pilar

colombiana

1755781364

Erraez Erraez José Leopoldo

ecuatoriana

0700745532

Erraez Romero Edith Noemí

ecuatoriana

2200073969

Espinoza Bélgica Amarilis

ecuatoriana

1203864242

Estrada Carlos Geovanny

ecuatoriana

1711213361

Estrada Jiménez Olinda Judith

ecuatoriana

1707342687

Estrada Jiménez Regulo Gerardo

ecuatoriana

0201051869

Farías Salvatierra Merly Antonia

ecuatoriana

1708426778

Galarza Ortiz Juan Carlos

ecuatoriana

2200399745

García Nastacuás Marcia Ramona

ecuatoriana

1306151588

Garófalo Seis David Mesías

ecuatoriana

2100017421

Gavilánez Portilla Jefferson Ángel

ecuatoriana

2200133433

Gavilánez Portilla Jonathan Joffre

ecuatoriana

2250025687

Gavilánez Portilla Marilin Dayanna

ecuatoriana

2200133409

Hidalgo Remache Viviana Maricela

ecuatoriana

2200296230

Jaya Quezada Ulbio Darío

ecuatoriana

2200099568

Jiménez Quizhpe Ana Lucía

ecuatoriana

1103792980

Jiménez Zavala Sandra Cecibel

ecuatoriana

2200081152

Llori Coquinche Hilda Ibeth

ecuatoriana

2100506381

López Mora Narcisa de Jesús

ecuatoriana

1200804266

Loza Lagos Adriana Marcela

ecuatoriana

2100746789

Lucio Arias Edilberto Mesías

ecuatoriana

2200018295

Macías Mendoza Santo Benito

ecuatoriana

2100246301

Manobanda Vargas Elsa Yesseña

ecuatoriana

2200253744

Manobanda Vargas Lourdes Margarita

ecuatoriana

2200253181

Manzano Arias Mariadmen

colombiana

1123201095

Menéndez Quimis Deysi Jackeline

ecuatoriana

2200548119

Morales Quiroz Aleida Liliana

colombiana

1758669913

Morlote Suárez Rogelio

cubana

1756966584

Morocho Zavala Edwin Oswaldo

ecuatoriana

2200081145

Morocho Zavala Henry Fernando

ecuatoriana

0604263269

Naranjo Vega Alfonso Vitervo

ecuatoriana

0200896983

Navarrete Zambrano Luciana María

ecuatoriana

1313178574

Ninabanda Chimbolema Ana Gloria

ecuatoriana

2100417977

Ninco Lozano Baltazar

colombiana

1758253585

Ordóñez Ordóñez Susana Isabel

ecuatoriana

2100122957

Otuna Eudocia Guillermina

ecuatoriana

1201385752

Peña Gonzaga María Silvia

ecuatoriana

1102925250

Pinos Peña Rosa Angélica

ecuatoriana

2100448287

Portilla Calle Gloria Beatriz

ecuatoriana

0914698394

Portilla Calle Julio Raúl

ecuatoriana

0300750098

Portilla Tapia Jeison Julio

ecuatoriana

2200133417

Ramos Vega Efrén Efraín

ecuatoriana

2200131163

Reascos Reasco Josselin Thalia

ecuatoriana

2200122964

Reascos Reasco Nancy Magaly

ecuatoriana

2100497094

Reascos Reasco Wilson Fabricio

ecuatoriana

2200221121

Reascos Tobar Jorge Aníbal

ecuatoriana

1706229349

Reyes León Alexandra Patricia

ecuatoriana

1202699201

Romero Luna Cinthia Fernanda

ecuatoriana

2100634852

Romero Luna Eleana Katherine

ecuatoriana

2100634894

Sánchez Mazón Marlon Xavier

ecuatoriana

0604549105

Segura Campos Wilian Patricio

ecuatoriana

1717020604

Sigcha Ante Hilda Marlene

ecuatoriana

0501856959

Silvera Alvarado Cristóbal Colón

ecuatoriana

1201483672

Sinmaleza Coloma Ligia Janeth

ecuatoriana

2100264940

Sinmaleza Coloma Pablo Jehoban

ecuatoriana

2100262944

Solarte Rosales Sandra Paola

ecuatoriana

2200425433

Sucumbíos Papa América Tráncito

ecuatoriana

2100471602

Tipán Guamán Galo Vidal

ecuatoriana

1500438534

Tulmo Barba Luis Aníbal

ecuatoriana

1729829885

Tulmo Barba Martha Cecilia

ecuatoriana

2200245070

Valenzuela Rojas Rosa Eulalia

ecuatoriana

0401246988

Vargas Ninabanda Carmen Rosaura

ecuatoriana

2100411798

Vargas Recalde Sandra Patricia

colombiana

1755085683

Véliz Gaibor Mercedes del Carmen

ecuatoriana

2100603170

Véliz Zambrano Virginia Yesenia

ecuatoriana

1717459950

Vera Jiménez Tito René

ecuatoriana

0802472274

Yanangómez Garzón Jorge Leonidas

ecuatoriana

2100631312

Yanangómez Garzón Nilzon Aurelio

ecuatoriana

1500396674

Zambrano Zambrano Betty Liliana

ecuatoriana

2100029160

 

 

 

Zavala Salazar Narciza Olinda

ecuatoriana

0602534166

Zavala Salazar Wilson Faustino

ecuatoriana

2100047725

Zavala Zúñiga Mesías Fernando

ecuatoriana

2200582316

Zurita Erira Jeinson Alejandro

ecuatoriana

2200240014

Zurita Gaibor Carlos Bolívar

ecuatoriana

0200356012

Zurita Gaibor Marcial Riquelmer

ecuatoriana

1705951323

Zurita Gaibor Raúl Estuardo

ecuatoriana

1707587091

Zurita Gaibor Walter Homero

ecuatoriana

1712503166

Zurita Montero Wilmer Fernando

ecuatoriana

2200018188

Zurita Olivares Adrián Noriel

ecuatoriana

2200299192

Zurita Sánchez Briseyda Morelia

ecuatoriana

2200104244

 

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, que dé cuenta de la elección de su directiva.

 

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.

 

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

 

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

 

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

 

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro

Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de noviembre de 2019.

 

f.) Ana María Armijos Burneo, Ministra de Cultura y Patrimonio Subrogante.

 

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 0160

 

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO Considerando:

Que  el artículo 76  de la Constitución de la República del Ecuador determina que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: “(...) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos (...)”;

Que  el artículo 82  de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

 

Que el artículo 154 numeral 1 de la citada norma, dispone que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:

1.  Ejercer  la  rectoría  de  las  políticas  públicas  del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)”;

 

Que el cuerpo legal antedicho en su artículo 188. señala que: “En aplicación del principio de unidad jurisdiccional,

 

 

los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento (...)”;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal  ejercerán  solamente  las  competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que el artículo 63 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, le entrega la rectoría para dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional, al titular del Ministerio del Interior, y el artículo 64, determina las funciones del o la funcionaría titular, entre ellas la contenida en el numeral 4, que le entrega la de “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional”;

 

Que la Disposición Transitoria Novena del Código Orgánico   de   Entidades   de   Seguridad   Ciudadana   y Orden Público establece que: “Los procedimientos administrativos disciplinarios que actualmente se encuentran sustanciándose en los Consejos Policiales, serán resuellos de conformidad con la ley y normativa vigente de cuando se iniciaron hasta su conclusión, respetando los plazos y términos correspondientes. Los procesos de evaluación y ascenso que se encuentran tramitando al momento de publicación del presente Código seguirán su curso de acuerdo a la ley vigente al inicio dichos procedimientos”;

 

Que el artículo 53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, vigente hasta el 18 de diciembre de 2017, manifiesta que: “El personal policial será colocado a disposición, por presunción de mala conducta profesional. Para  que  un  miembro  de  la  institución  sea  colocado en situación a disposición, deben existir suficientes antecedentes que hagan presumir su mala conducta profesional, de acuerdo con lo estipulado en el artículo

54 de esta Ley. Quien haya sido colocado en situación a  disposición  permanecerá  en  ella  hasta  por  sesenta días,  tiempo  durante  el  cual  la  Inspectoría  General debe investigar y presentar las pruebas pertinentes y se practicarán las diligencias solicitadas por el investigado, que permitan a los respectivos Consejos resolver si el inculpado incurrió o no en mala conducta profesional. De probarse mata conducta profesional, declarada por el Consejo respectivo, el investigado será dado de baja sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar, por el contrario, de no comprobarse mala conducta profesional será designado a un cargo cualquiera”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 495 de 31 de agosto de 2018, publicado en el Registro Oficial No. 327 de 14 de septiembre del 2018, artículo segundo, el Licenciado Lenín  Moreno  Garcés, Presidente Constitucional de  la

República del Ecuador, designa a la señora María Paula

Romo Rodríguez como Ministra del Interior;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019 el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese  al  Ministerio  del  Interior  en  “Ministerio de   Gobierno”,   como   entidad   de   derecho   público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019 el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese  al  Ministerio  del  Interior  en  “Ministerio de   Gobierno”,   como   entidad   de   derecho   público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

 

Que   mediante   Acuerdo   Ministerial   Nro.   0294   de

30  de  agosto  de  2017,  el  Mgs.  César  Navas  Vera, Ministro del Interior, acordó: “Artículo 1.- Colocar en Situación  a  Disposición  del  Ministerio  del  Interior, con fecha de expedición de este Acuerdo Ministerial a la señorita Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, sobre la base de la Resolución No. 2017-0619-CS-PN de 05 de julio de 2017 con la que ratifica la Resolución No. 2017-0455- CS-PN de 03 de mayo de 2017 emitida por el H. Consejo Superior de la Policía  Nacional,  por  existir  los  suficientes elementos que hacen presumir su mala conducta profesional, de conformidad a lo establecido en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional”;

 

Que mediante Resolución Nro. 2018-056-CS-PN de 30 de enero de 2018, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, en  uso  de  sus  atribuciones  legales  y  reglamentarias, ha resuelto: “1.- DECLARAR HA LUGAR A MALA CONDUCTA PROFESIONAL de la señorita Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, por  haber  llegado  a  determinarse  responsabilidades en actos que lesionan gravemente el prestigio de la institución y que atenta gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo estipula el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, alcance el correspondiente  Acuerdo  Ministerial,  mediante  el  cual y con fecha de su expedición sea dada de baja de las filas de  la  Institución  Policial  la  señorita  Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, por  habérsele  comprobado  mala  conducta  profesional, de conformidad con el inciso cuarto del Art. 53. en concordancia con los Arts. 65 y 66 literal i) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; que dejará de constar en la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocada”;

 

Que mediante Resolución Nro. 2018-0151-CS-PN de 03 de abril del 2018, el H. Consejo Superior de la Policía

 

 

Nacional, ha resuelto: “1.- Aceptar a trámite el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la señora Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDES ANDINO a la Resolución No. 2018-056-CS-PN de fecha 30 de enero del 2018, para que ante el Consejo de Generales de la Policía Nacional haga valer sus derechos, para lo cual y  previas  las  formalidades  legales  Secretaría  remitirá los documentos de la referida servidora Policial al Organismo de alzada, de conformidad con lo que establece el Art. 55 de la Ley de Personal de la Policía Nacional; debiendo indicar que la señora Oficial no ha solicitado dentro  del  presente  trámite  administrativo  el  Recurso de  Reconsideración  en  la  instancia  de  la  declaratoria de Mala Conducta Profesional, razón por la cual este Organismo en observancia Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, y en concordancia con el Art.

11 del Código Civil, acepta a trámite el pedido realizado por la señora Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO a fin de no violentar sus derechos constitucionales”;

 

Que mediante Resolución Nro. 2018-486-CsG-PN de 10 de septiembre del 2018, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional, resuelve: “1.- NEGAR el Recurso de Apelación planteado por la señorita Subteniente de Policía  CARLA  XIMENA  HERNÁNDEZ  ANDINO; y,  CONFIRMAR,  el  contenido  de  la  Resolución  No.

2018-056-CS-PN, de 30 de enero del 2018, emitida por el  H.  Consejo  Superior  de  la  Policía  Nacional,  en  la que se declara mala conducta profesional de la antes mencionada servidora policial, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y que atenían gravemente la moral y las buenas costumbres, onforme lo manifestado en el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional (...)”;

 

Que  mediante  Resolución  Nro.  2019-052-CsG-PN  de

04 de febrero del 2019, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional, resuelve: “1.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 2018-486-CsG-PN, de fecha 10 de septiembre del 2018, mediante la cual se ha negado el Recurso de Apelación, planteado por la señorita Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO. 2.- ACEPTAR el Recurso de Apelación planteado por la señorita Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO; y, REVOCAR, el contenido de la Resolución No. 2018-056-CS-PN, de 30 de enero del 2018, emitida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, por no haberse configurado los presupuestos jurídicos previstos en el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional (...);

 

Que mediante Resolución Nro. 2019-199-CS-PN de 18 de abril del 2019, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional,  resuelve:  “1-  DISPONER  la  ejecución  del fallo de acuerdo a lo que indica el Art. 60 del Reglamento del Consejo Superior de la Policía Nacional, en virtud, de que el Consejo de Generales de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 2019-052- CsG-PN, adoptada el día 04 de febrero del 2019, en uso de sus atribuciones RESUELVE: “...1.- ACEPTAR el Recurso de Apelación planteado por la señora Subteniente de la Policía CARLA

XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO; y, REVOCAR el contenido de la Resolución No. 2018-056-CS-PN de 30 de enero del 2018, emitida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, por no haberse configurado tos presupuestos jurídicos previstos en el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional (vigente a la fecha de suscitados los hechos investigados)... 2.- SOLICITAR al señor Comandante de la Policía Nacional, se digne alcanzar        el    correspondiente    Acuerdo    Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición se levante la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocada la señora Subteniente de la Policía CARLA XIMENA HERNANDEZ ANDINO, por no habérsele comprobado mala conducta profesional, de conformidad con el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía Nacional, y designarle un cargo dentro de la Planta Orgánica de la Policía Nacional de acuerdo a su grado”;

 

Visto el oficio Nro. 2018-0886-CsG-PN de 09 de mayo de  2019.  mediante  el  cual  el  Comandante General  de la  Policía  Nacional  vista  la  Resolución  emitida  por el  H.  Consejo  Superior  de  la  Policía  Nacional  No.

2019-0199-CS-PN de 18 de abril de 2019, que Acata y Ejecuta el Acto Administrativo resuelto en última instancia por el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional, a través de la resolución Nro. 2019-052-CsG-PN de 04 de febrero del 2019; solicita a la Ministra del Interior, se alcance el correspondiente Acuerdo Ministerial mediante el cual y con fecha de su expedición sea levantada la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocada la señora Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, por no haberse comprobado mala conducta profesional; y,

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- LEVANTAR con fecha de expedición de este Acuerdo Ministerial la Situación a Disposición en la que se encuentran colocada la señora Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 0294 de 30 de agosto de 2017, por no haberse comprobado mala conducta profesional en su contra, sobre la base del contenido de la Resolución Nro. 2019-0199-CS-PN de 18 de abril de 2019, emitida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, en aplicación a lo establecido en el inciso cuarto del artículo

53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional.

 

Artículo  2.-  Disponer  al  Comandante  General  de  la Policía Nacional asigne a la señora Subteniente de Policía CARLA XIMENA HERNÁNDEZ ANDINO, funciones dentro del Orgánico Institucional acorde a los grados y jerarquías que ostentan.

 

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y en el Registro Oficial. De su ejecución encárguese al Comandante General de la Policía Nacional.

 

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.-

 

Dado en Quito, D.M, a 26 de septiembre de 2019.

 

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A. de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a

02 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 2019-0342

 

EL SECRETARIO DEL AGUA Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República establece que a los ministros de Estado les corresponde “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que: “las instituciones del Estado, sus organismos, dependencia, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal  ejercerán  solamente  las  competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, señala que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

 

Que los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, establece el Sistema Nacional Estratégico del Agua, dirigido por la  Autoridad  Única  del  Agua  como  persona  jurídica de derecho público, cuyo titular es designado por la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de Ministra o Ministro de Estado. La Autoridad Única del Agua es responsable de la rectoría, planificación y gestión

de los recursos hídricos y su gestión será desconcentrada en el territorio y será ejercida por la Secretaría del Agua, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, de 15 de mayo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 del mismo mes y año;

 

Que el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “Principio de desconcentración.- La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”,

 

Que el artículo 69 en sus numerales 1 y 4 de la norma ibídem, respectivamente determinan: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias,   incluida   la   de   gestión,   en:   1.   Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente   dependientes,   4.   Los   titulares   de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos”;

 

Que el artículo 71 en sus numerales 1 y 2, ibídem, prescribe: “Efectos de la delegación.- Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante, 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.”;

 

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de  la  Función Ejecutiva establece que: “los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en las leyes especiales.”;

 

Que el artículo 54 de la norma ibídem, establece que: “La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial.”;

 

Que el artículo 55, ibídem establece que: “La delegación de  atribuciones.-  Las  atribuciones  propias  de  las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial”;

 

Que con Decreto Ejecutivo No. 62, de 5 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 63, de 21 de agosto de 2013, se reformó el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cuanto a las denominaciones, facultades y organización administrativa de varios organismos de la Función Ejecutiva, entre ellas la Secretaría del Agua;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 2010-66, de 20 de enero de 2010, el Secretario del Agua, instituyó las

 

 

nueve Demarcaciones Hidrográficas que en su artículo 1 señala: “Establecer y delimitar las nueves demarcaciones hidrográficas en tanto unidades administrativas desconcentradas en lo administrativo y financiero (…)”;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 2014-910 de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 154

Edición Especial de 28 de julio de 2014, el Secretario del Agua, emitió la Reforma y Nueva Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del Agua, que en el numeral 10.5 “Procesos Desconcentrados”, en las atribuciones y responsabilidades de los Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas, en el sub numeral 1, dispuso: “Representar al Secretario, liderar y responsabilizarse de la gestión institucional en la Demarcación Hidrográfica”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 897, de 15 de octubre de 2019, el señor Presidente de la República, designó al Señor Marco Stalin Troya Fuertes, Secretario del Agua;

 

Que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: (…) e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; (…)”;

 

Que el artículo 47 ibidem determina: Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: (…) j) Por acogerse al retiro por jubilación;(…)”;

 

Que el inciso quinto del artículo 81 ibidem prevé: “Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que puedan ascender.”;

 

Que el artículo 128 ibidem señala que: “De la jubilación.- Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las Leyes de Seguridad Social.”;

 

Que el artículo 129 ibidem establece: “Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. (…)”;

Que el artículo 108 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH establecerá los planes de retiro voluntario y de jubilación, dentro de la planificación del talento humano, para  el  año  en  curso  y  el  siguiente  año  del  ejercicio fiscal, la que deberá contar con la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

 

La o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su voluntad de acogerse a los mismos.”;

 

Que el artículo 288 ibidem establece: “De la compensación  por  jubilación  y  retiro  no  obligatorio.- La o el servidor público que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social para la jubilación, podrá presentar voluntariamente su solicitud de retiro de servicio público, solicitud que podrá ser aceptada por la institución de conformidad con el plan aprobado por aquella y se reconocerá al solicitante un estímulo  y  compensación  económica,  de  conformidad a la Disposición General Primera de la LOSEP, en concordancia con los artículos 128 y 129 de la misma ley. Dicha solicitud será aceptada por la institución previa la verificación de la disponibilidad presupuestaria.(…)”;

 

Que  el  último  párrafo  del  artículo  10  del  Acuerdo

Ministerial  No.  MDT-2018-0185,  de  30  de  agosto  de

2018, publicado en el Registro Oficial No. 322, de 07 de septiembre de 2018 establece: “Para el caso de la desvinculación de retiro por jubilación no obligatoria, el pago de esta compensación se suspenderá hasta que exista disponibilidad presupuestaria; ó hasta que la o el servidor cesante cumpla 70 años de edad, en cuyo caso se podrá entregar Bonos del Estado, sin perjuicio de su acceso a la jubilación por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”;

 

Que mediante oficio No. MDT-SFSP-2019-2041, de 20 de noviembre de 2019, la Subsecretaria de Fortalecimiento del Servicio Público, manifiesta en su parte pertinente: “Como parte del procesos del “Programa de Reforma de la Gestión Pública” y con el fin de dar cumplimiento con el pago a los señores jubilados, adjunto sírvase encontrar:

 

1.  Instructivo para el Pago de la Indemnización por Jubilación con Bonos del Estado, el cual puede encontrarse en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en el link: https://www. finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/- Instructivo-pago     Indemnizacio%CC%81n-por- Jubilacio%CC%81n-con-Bonos del Etado.pdf;

 

2.   Convenio Final de Dación de Pago;

 

3.   Resolución Ministerial Nro. 0084, de 13 de junio de

2019;

 

4.  Listado de ex servidores públicos que podrían ser pagados  con  Bonos  del  Estado  siempre  y  cuando exista aceptación expresa de los mismos; y,

 

 

5.   Formato del Banco Central del Ecuador, que debe ser llenado por las instituciones.

 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público es responsabilidad de la Unidad de Administración del Talento Humano de cada institución del Estado, cumplir y hacer cumplir con la normativa correspondiente.”; y;

 

Que mediante memorando No. SENAGUA-SENAGUA-

2019-0233-M, de 27 de noviembre de 2019, el Secretario del Agua solicitó a la Coordinadora General Jurídica, encargada la elaboración del Acuerdo de Delegación, mediante el cual el Coordinador General Administrativo Financiero y los Subsecretarios o la Máxima Autoridad de las Demarcaciones Hidrográficas, suscriban los Convenios de Dación de Pago a nombre y en representación del Secretario del Agua, con las servidoras y servidores que habiéndose acogido a la compensación por jubilación voluntaria, el Ministerio del Trabajo valide y apruebe el pago con Bonos del Estado; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos

154 numeral 1 de la Constitución de la República, 47 del Código Orgánico Administrativo y, 17 y 89 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

Art. 1.- DELEGAR a el/la Coordinador/a General Administrativo/a  Financiero/a  en  Planta  Central  y  a los Subsecretarios o quien hiciere sus veces de las Demarcaciones Hidrográficas en la jurisdicción de su competencia, para que a nombre y representación del Secretario del Agua, suscriban los Convenios de Dación de Pago con las servidoras y servidores que habiéndose acogido a la compensación por jubilación voluntaria, el Ministerio del Trabajo valide y apruebe el pago de dicha compensación con Bonos del Estado.

 

Art. 2.- El/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, así como los Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas, o quien hiciere sus veces, verificarán  para  la  suscripción  de  los  Convenios  de Dación de Pago, que se cumpla con los procedimientos, formalidades legales, la normativa aplicable vigente y las disposiciones de los órganos rectores correspondientes, especialmente, cuando se deba requerir autorización de la autoridad nominadora o de otra instancia administrativa institucional.

 

Art. 3.- El/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a y los Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas responderán administrativa, civil y penalmente por el ejercicio de las funciones delegadas.

 

Disposiciones Generales

 

Los/las Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas, o quienes hicieren sus veces remitirán a la Dirección de

 

Administración de Recursos Humanos de Planta Central los Convenios de Dación de Pago debidamente suscritos a efectos de continuar con los trámites respectivos.

 

De  la  ejecución  del  presente  Acuerdo,  encárguese  a la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Administración de  Recursos  Humanos,  a los Subsecretarios de las Demarcaciones Hidrográficas o quien hiciere sus veces, para su cumplimiento en el ámbito de su competencia.

 

El presente Acuerdo constituirá suficiente título para el ejercicio de la delegación conferida y entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, 10 de diciembre de 2019.

 

f.) Ing. Marco Stalin Troya Fuertes, Secretario del Agua.

 

SECRETARÍA DEL AGUA.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Institución.- Quito, 19 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible, Coordinación General Jurídica.

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SENESCYT-2019-139

 

Agustín Guillermo Albán Maldonado SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

 

Considerando:

 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir…”;

 

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y  quienes  adolezcan  de  enfermedades  catastróficas  o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”;

 

Que el literal b), numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “…se reconoce y garantiza a las personas: (…) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: (…) b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas  adultas  mayores,  personas  con  discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador determina en su artículo 154, lo siguiente: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión…”;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal  ejercerán  solamente  las  competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (…)”;

 

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;

 

Que el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “El Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;

 

Que la Disposición General Trigésima Segunda del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad  e   Innovación,  publicado  en  el  Registro Oficial  Suplemento  Nro.  899,  de  09  de  diciembre  de

2016, determina: “La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, seguirá manteniendo la rectoría, académica, financiera y administrativa sobre los  institutos  y  conservatorios  superiores  públicos  que

no tengan como promotor a una universidad pública; así como la oferta de los cupos que reporten estas instituciones en  el  Sistema  Nacional  de  Admisión  y  Nivelación  de todas aquellas carreras técnicas y tecnológicas que se encontraren registradas en la base de datos del Consejo de Educación Superior con estado vigente”;

 

Que los literales b) y c) del artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010 determina que: “Son instituciones del Sistema de Educación Superior: “(…) b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley; y, c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley”;

 

Que el artículo Art. 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: “Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica, y desarrollará procesos de orientación vocacional y profesional, además de obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución.”;

 

Que el artículo 115 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala que: “Son instituciones de educación superior técnica tecnológica, los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes”;

 

Que el artículo 115.5 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: “Se reconoce en los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes e Institutos Superiores Universitarios públicos, instancias directivas y de gobierno, que serán establecidas y reguladas en el reglamento a esta Ley”;

 

Que el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Las instituciones de educación superior son comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, excepto las siguientes: a) Los institutos técnicos y tecnológicos públicos que serán instituciones desconcentradas adscritas al órgano rector de la política en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación…”;

 

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que: “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología    e    Innovación    de    Educación    Superior,

 

 

designado por el Presidente de la República. Esta Secretaría Nacional contará con el personal necesario para su funcionamiento”;

 

Que el artículo 207.2 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta que: “En el ámbito de las instituciones de educación superior se considera que existe acoso, discriminación y violencia de género, cuando vulnere directa o indirectamente la permanencia y normal desenvolvimiento de la persona afectada, en la institución de educación superior. Estos casos serán conocidos siempre por el Órgano Colegiado Superior, además de las instancias pertinentes de acuerdo a la especialidad de la materia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.”

 

Que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 175 de 05 de febrero de 2018, en su artículo 12 establece respecto de los ámbitos en donde  se  desarrolla  la  violencia  contra  las  mujeres: “Son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes: “(…) 2. Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;

3. Laboral.- Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica…”

 

Que el numeral 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determina que el ente rector de educación superior forma parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y dispone que: “Las distintas entidades públicas y niveles de gobierno, tienen la obligación de articular y coordinar entre sí y con los actores vinculados, acciones de prevención, atención, protección y reparación. En toda actividad, se observará el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas”;

 

Que  el  literal  d)  del  artículo  25  de  la  Ley  Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece dentro de las facultades del ente rector de educación superior, en el marco de dicha Ley: “d) Crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta en la comunidad educativa;(…) f) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones que conforman el Sistema, de los casos de violencia contra las mujeres,

en el ámbito de sus competencias; (…) l) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres ante el sistema de administración de justicia; m) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a favor de las mujeres víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el marco del proceso judicial; (…)p) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, dentro del ámbito de sus competencias…”;

 

Que el Código Orgánico Administrativo, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nro. 31 de 07 de julio de

2017, en su artículo 128 prescribe que el acto normativo: “Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa.”;

 

Que el artículo 130 del Código ibídem dispone: “Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de

2019, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

 

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGES- SFTYT-2019-0134-M, el Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica remite a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, el “Protocolo de Prevención y Atención en Caso de Conflicto, Violencia, Acoso y Discriminación, Basada en Género y Orientación Sexual, en los Institutos Superiores Públicos”, en el mismo que consta la necesidad de expedir un Acuerdo que contenga el protocolo mencionado; y,

 

Que con fecha 05 de diciembre de 2019, la Coordinación General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico de pertinencia respecto de la expedición del Acuerdo que contenga el “Protocolo de prevención y atención en casos de conflicto, violencia, acoso y discriminación en los institutos superiores públicos”.

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

 

Acuerda:

 

Artículo   1.-   Expedir   el   “Protocolo   de   prevención y  atención  en  casos  de  conflicto,  violencia,  acoso  y

 

 

 

discriminación basada en género y orientación sexual en los institutos superiores públicos” (Anexo 1).

 

Artículo 2.- El protocolo que se aprueba a través del presente acuerdo será aplicado obligatoriamente por los Institutos Superiores Públicos.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese a  la  Subsecretaría  General  de  Educación  Superior,  a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y a los Institutos superiores públicos a nivel nacional.

 

Segunda.- De la socialización del “Protocolo de prevención y atención en casos de conflicto, violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual en los institutos superiores públicos” encárguese a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnología y a la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Proceso que deberá realizarse en el plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del presente instrumento.

 

Tercera.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la notificación del presente Acuerdo, a la Dirección de Comunicación, a la Subsecretaría General de Educación Superior, a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica de esta Cartera de Estado, al Consejo de Educación Superior y al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

 

Tercera.- Encárguese a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica de la notificación y del presente Acuerdo, a los institutos superiores públicos a nivel nacional.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia en el plazo de cinco (5) meses, contados a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2019.

 

Notifíquese y publíquese.-

 

f.) Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de

Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

SENESCYT.- ASESORÍA JURÍDICA.- 11 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible.- Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección.

 

ANEXO 1

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE CONFLICTO, VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN, BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS.

 

Diciembre, 2019

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE CONFLICTO, VIOLENCIA, ACOSO

Y DISCRIMINACIÓN, BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS.

 

 

 

Índice Introducción Justificación Título I Generalidades

1.         Ámbito de Aplicación

 

2.         Objetivos

 

2.1.      Objetivo General

 

2.2.      Objetivos Específicos

 

3.         Enfoques

 

4.         Principios de Aplicación

 

5.         Definición de Términos

 

6.         Tipos de Violencia

 

7.         Ámbito en los que se Desarrolla la Violencia.

 

8.         Abordaje de la Violencia

 

Título II

 

Eje de Prevención

 

1.         Prevención

 

1.1.      Estrategias  para  la  Prevención  de  Conflictos, Acoso, Violencia y Discriminación en los Institutos Superiores Públicos

 

1.2.      Acciones para Prevenir Situaciones de Violencia, Acoso Y Discriminación

 

Título III

 

Eje de Atención y Protección

 

Capítulo I

 

1.         Órganos de Activación del Protocolo

 

1.1.      Coordinación de Bienestar Institucional

 

1.2.      Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior

Público

 

 

 

1.3.      Rector del Instituto Superior Público

 

1.4.      Secretaría    de    Educación    Superior,    Ciencia, Tecnología E Innovación

 

Título IV

 

Solución de Conflictos En Institutos Superiores Públicos

 

1.         Mecanismos para la Solución de Conflictos

 

1.1.      Conciliación Institucional

 

1.1.1.   Objetivo General

 

1.1.2.   Objetivo Específico

 

1.1.3.   Tercero Neutral

 

1.1.4.   Parámetros     del     Modelo     de     Conciliación

Institucional

 

1.2.      Prácticas Restaurativas

 

Título V

 

Atención y Protección en Casos de Violencia, Acoso Y Discriminación basada en Género y Orientacion Sexual en Institutos Superiores Públicos

 

Ruta  de  Atención  en  Casos  de  Violencia,  Acoso  y

Discriminación basada en Género y Orientación Sexual

 

1.         Etapa de Detección:

 

1.1.      Detección   de   Casos   de   Violencia,  Acoso   Y Discriminación:

 

1.2.      Indicadores   para   la   Detección   de   Casos   de Violencia, Acoso y Discriminación, Basados en Género y Orientación Sexual.

 

1.3.      Factores  de  Riesgo  Asociados  a  la  Violencia, Acoso Y Discriminación, basados en Género y Orientación Sexual.

 

1.4.      Características de los posibles Agresores

 

1.5.      Denuncia

 

2.         Etapa de Intervención y Atención a Víctimas

 

2.1.      Proceso de Acompañamiento a Víctimas en casos de Violencia, Acoso Y Discriminación basada en Género y Orientación Sexual.

 

2.1.1. Lineamientos     de     Actuación     para     el Acompañamiento de Víctimas en casos de Violencia, Acoso Y Discriminación.

 

2.1.2.   Lineamientos Específicos de Actuación para las y los Estudiantes

 

2.1.3.   Lineamientos Específicos de Actuación para los y las Docentes y Autoridades

2.1.4.  Lineamientos Específicos de Actuación para el Personal de las Coordinaciones de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, para el acompañamiento a las Victimas

 

2.1.5.   Lineamientos  Específicos  de  Actuación  frente a presuntos agresores dentro de la Comunidad Académica

 

2.2.      Conformación   de   la   Comisión   de   Atención y Revisión de casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

2.2.1.   Actuaciones de la Comisión de Atención y Revisión de casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

2.2.2.   Proceso de Indagación

 

2.2.3.   Informe de la Comisión de Atención y Revisión de

Casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

2.3.      Actuación del Órgano Colegiado Superior

 

3.         Etapa de Derivación:

 

4.         Etapa de Seguimiento Interno: Referencias Bibliográficas

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE CONFLICTO, VIOLENCIA, ACOSO

Y DISCRIMINACIÓN, BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS

 

INTRODUCCIÓN

 

Los contextos de las instituciones de educación superior se caracterizan por una elevada complejidad, que tiene su origen tanto en la gran diversidad de actividades y funciones encomendadas como en las características y las relaciones de los diferentes colectivos o sectores que la componen. Dichas actividades se aglutinan en torno a las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad; las cuales dan lugar a una  enorme multiplicidad de  situaciones, interacciones y relaciones en las que se encuentran implicados los miembros de la comunidad académica.

 

Las comunidades de educación superior se componen de cuatro sectores: las autoridades, los estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios; sin olvidar las relaciones externas que se establecen, en diverso grado, con los representantes de la administración o los poderes públicos. (Alcover de la Hera, 2011)

 

La naturaleza humana se caracteriza por la interrelación y en esta es común que surjan conflictos que requieren determinados mecanismos de intervención, para ello, se necesita la aplicación de un sistema disciplinario que determine líneas de acción preventivas y correctivas.

 

 

Es importante entender al conflicto como una situación multidimensional, partiendo de que el individuo es un sujeto en relación y que factores de su desenvolvimiento influyen  en  otros  campos  de  desarrollo  del  mismo, los cuales deben ser abordados desde una perspectiva multidisciplinaria.

 

En relación a la distinción entre conflicto y  violencia, Jares (2001) considera el conflicto como un proceso de incompatibilidad, desacuerdo y oposición entre dos o más partes que perciben metas e intereses opuestos. En cuanto a la violencia existen múltiples tipologías que dificultan su definición. Prieto, Carrillo y Jiménez (2005) la consideran una actitud o comportamiento que constituye violación o arrebato al ser humano de algo que le es esencial como persona, ya sea su integridad física, psíquica, moral, derechos  y  libertades.  Ortega  y  Mora  (2008)  indican que el conflicto es  un  fenómeno natural emergente en la confrontación social de motivos e intereses, mientras que las actitudes violentas no son esporádicas, sino que implican un proceso de desequilibrio en las relaciones, en las que la víctima es dominada por el agresor desarrollando una vulnerabilidad y debilidad relativamente mantenida en el tiempo.

 

Por tanto, los conceptos de conflicto y violencia no deben ser empleados ni entendidos como análogos, ya que suele ser habitual su asociación conceptual y la confusión terminológica (Pareja, 2007). Este autor como otros (Soriano, 2009) destaca que el conflicto es inherente al comportamiento humano, y que su desenlace depende de la gestión: si las estrategias son democráticas el conflicto se desarrollará de forma pacífica, pero si son demasiado agresivas suele transformarse en violencia.

 

Para ONU Mujeres, la prevención de conflictos a largo plazo exige invertir en la creación de culturas de paz y de instituciones formales e informales capaces de resolver los conflictos por vías no violentas, al respecto menciona que  cuando  estalla  un  conflicto,  las  negociaciones  y los procesos de paz formales e informales ofrecen oportunidades cruciales para restaurar el marco político y de seguridad de un país, así como su panorama socioeconómico general.

 

La importancia en la solución de los conflictos radica, en que producto de su agudización negativa, se desencadenan situaciones violentas.

 

En este sentido, se debe puntualizar que toda situación violenta  se  origina  en  las  relaciones  de  poder,  en  las cuales se ejerce sometimiento a la víctima propinándole maltrato psicológico, físico, sexual, explotación, entre otras.  Por  ello,  ante  las  situaciones de  violencia  debe darse una actuación inmediata que garantice la protección del sujeto violentado, tomando en cuenta que el hecho debe ser denunciado ante las autoridades o instituciones competentes, por parte de la persona que conozca del particular,  siendo  que  estas  situaciones  de  violencia no pueden ser sometidas a mediación o conciliación en ningún caso.

 

JUSTIFICACIÓN

 

La violencia, el acoso y la discriminación basada en el género y orientación sexual, es una realidad atravesada

 

por factores interseccionales, como raza, genero, etnia, religión, condición económica, entre otras. Parafraseando lo mencionado por Arboleda, en CNIG 2019, la discriminación de género se expresa en relaciones de desigualdad que colocan a las mujeres en una situación de desventaja, sustentada en una asimétrica distribución de  poder  entre  los  géneros,  relaciones  de  poder  que son naturalizadas. En cambio, la discriminación por orientación sexual se refiere a las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Es decir indica que la discriminación de género es una de las más extendidas en el mundo y, por su pervivencia histórica y “naturalización”, una de las más difíciles de desmontar (Arboleda, 2011, en CNIG, 2019. 18).

 

Según el reporte de muertes violentas de mujeres generado por organizaciones de mujeres y feministas; la Red Nacional de Acogida para mujeres víctimas de violencia; la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); el Instituto Nacional de  Estadísticas  y  Censos  (INEC);  y,  varios  reportajes y  noticias de  medios de  comunicación, entre otros,  se ha llegado a estimar que cada 57 horas, una mujer es violentamente asesinada en el Ecuador.

 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU (INEC, 2019), presentada el 25 de noviembre de 2019, refleja datos estadísticos respecto a la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y la violencia que han vivido durante los últimos 12 meses, indica la encuesta que 65 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida, y 32 de cada

100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en los distintos ámbitos en los últimos doce meses. De igual manera, esta misma herramienta señala que el 64,9% de las mujeres a nivel nacional han sufrido violencia a lo largo de su vida, corresponde al área urbana 65.7% y 62,8% a la rural. La Encuesta, además, visibiliza otros datos entre los que cabe destacar que, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 56,9%.

 

Por otro lado, conforme el estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimientos de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador, realizado por el INEC en el año 2013, se desprende que del total de las personas entrevistadas, aproximadamente el 41% alcanza al menos un año del nivel de instrucción superior universitario y al agrupar el ciclo posbachillerato, superior no universitario, superior universitario y posgrado, se obtiene que el 48,4% de la población entrevistada terminó el bachillerato y se encuentra cursando algún año en niveles superiores. Así también el estudio determina que el promedio de años de estudio, se considera solo a la población de 24 años y más, se tiene un promedio 11,4 años de estudio, resultado relevante al considerar que es un dato superior al promedio de años de estudio a nivel nacional (9,6 años según el Censo de

2010). De las personas que dijeron cursar el nivel superior que comprende: ciclo posbachillerato (técnico), superior no universitario, superior universitario y posgrado, existe un 68,2% de personas LGBTI que no cuenta con un título de nivel superior.

 

En el ámbito de la educación superior ecuatoriana todavía persisten desigualdades relacionadas con el género, aunque ha habido ciertas mejoras. Por una parte, acorde con la tendencia internacional, el porcentaje de mujeres en estudios superiores aumenta: 54,9%, frente al 45,1% de hombres, según datos del 2016. Por otra, subsisten problemas muy serios de acoso sexual y violencia. “(…) La discriminación persistente en mallas curriculares, la falta de servicios de cuidado, el acceso de las estudiantes a cargos de liderazgo, entre otros, es evidente que se requieren mejores diagnósticos, con más datos, y mayor profundidad de los mismos (desglosados por etnia y otras dimensiones, cualitativos, etc.) como base indispensable para avanzar en medidas que favorezcan la igualdad” (Troya, 2016, pág. 210)

 

Al respecto, es necesario mencionar que la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con las Mujeres – CEDAW, manifiesta que la violencia es un obstáculo fundamental para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. La Convención Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y   Erradicar la  Violencia  Contra  la  Mujer  “Convención  de  Belém do Pará”, establece que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres, el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

 

Bajo este marco normativo, se establece como una de las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030 y los Objetivos de  Desarrollo  Sostenible,  pretende  asegurar  que  todos los  estudiantes  adquieran  los  conocimientos  teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

 

En este sentido, es importante señalar que el Plan Nacional de  Desarrollo  2017-2021  establece  como  Objetivo  1, el garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, y en ese marco establece como Política: “1.9: Erradicar toda forma de discriminación, desigualdad  y  violencia,  particularmente  el  machismo y la homofobia, a través de la modificación de patrones sociales  y  culturales  que  las  naturalizan  y  perpetúan, para propiciar un ambiente seguro”.

 

Así también, la Agenda Nacional para la igualdad de las mujeres y personas LGBTI, 2018 – 2021, elaborada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, manifiesta que “es urgente la incorporación del enfoque de igualdad de género en todas las funciones del Estado y niveles

de gobierno, como también, la necesidad de evaluar la consistencia de la política pública y la actuación de toda la institucionalidad.”

 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Agenda Nacional para la igualdad de las mujeres y personas LGBTI, 2018 – 2021, se enmarcan en el objetivo

5 de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas”.

 

Bajo este orden de ideas, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, promulgada mediante Registro Oficial Suplemento Nro.

175 de 05 de febrero de 2018, establece que el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, “(…) es el conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los derechos de las víctimas(…)”.

 

Conforme lo establece la Ley ibídem, el ente Rector de la Educación Superior, entre sus facultades tiene la de crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta en la comunidad académica.

 

En virtud de lo expuesto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación propuso el “Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual  en  las  instituciones  de  educación  superior”,  el cual fue aprobado por el Pleno del Consejo de Educación Superior, mediante Resolución Nro. RPC-SO-20- No.301-

2018 de 23 de mayo de 2018, instrumento que ha tenido un proceso de socialización a nivel nacional, abarcando su difusión al cien por ciento (100%) de las instituciones de educación superior.

 

De las experiencias en la aplicación del instrumento mencionado, nace la necesidad de crear un protocolo que apoye a los procesos de prevención y respuesta de acuerdo a la especificidad y particularidades que presentan los institutos superiores públicos.

 

En este sentido, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educación  Superior,  establece  que:  “Las  instituciones de educación superior son comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal   expuestas   de   manera   científica.   Gozarán de   autonomía   académica,   administrativa,   financiera y  orgánica,  excepto  las  siguientes:  a)  Los  institutos

 

técnicos y tecnológicos públicos que serán instituciones desconcentradas adscritas al órgano rector de la política en  materia  de  educación  superior,  ciencia,  tecnología e  innovación;  b)  Los  institutos  pedagógicos  públicos que serán instituciones desconcentradas adscritas a la Universidad Nacional de Educación; c) Los conservatorios públicos que sean sede o adscritas a la Universidad de las Artes, o a otras instituciones de educación superior públicas con oferta académica afín a este campo de conocimiento (…)”;

 

De igual forma, la Disposición General Trigésima Segunda del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación determina: “La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, seguirá manteniendo la rectoría, académica, financiera y administrativa sobre los institutos y conservatorios superiores públicos que no tengan como promotor a una universidad pública; así como la oferta de los cupos que reporten estas instituciones en el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación de todas aquellas carreras técnicas y tecnológicas que se encontraren registradas en la base de datos del Consejo de Educación Superior con estado vigente”.

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, en relación a la realidad que viven los institutos superiores públicos, ha considerado la necesidad de apoyar a instituciones de educación superior, en la prevención, atención de conflictos y erradicación de la violencia, acoso, discriminación, para lo cual ha elaborado el “Protocolo de prevención y atención en casos de conflictos, violencia, acoso y discriminación en los institutos superiores públicos”.

 

Este instrumento pretende brindar una mirada teórica y procedimental respecto de los conflictos, violencia, acoso y discriminación, con el objetivo de guiar a los miembros de la comunidad académica de los institutos superiores públicos, en la detección y el abordaje de estas situaciones.

 

TÍTULO I GENERALIDADES

 

1.      ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

1.1.   El presente protocolo será de aplicación obligatoria para todos los miembros de la comunidad académica de los institutos superior públicos, para:

 

•          Prevención y solución de conflictos; y,

 

•          Prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual.

1.2.   Los  sujetos de  protección del  presente Protocolo son  los  miembros  de  la  comunidad  académica de los institutos superiores públicos, la cual está comprendida por:

 

•        Estudiantes.

 

•        Docentes.

 

•        Personal administrativo.

 

•        Autoridades.

 

2.      OBJETIVOS

 

2.1.   Objetivo general

 

Crear  estrategias  de  actuación  para  los  miembros  de la comunidad académica de los institutos superiores públicos,  frente  a  situaciones  de  conflicto,  violencia, acoso y discriminación, en estos escenarios educativos, detallando mecanismos de prevención, de aplicación, lineamientos y directrices de intervención para asegurar la convivencia armónica en estas instituciones de educación superior y garantizar la efectiva protección de derechos.

 

2.2.   Objetivos específicos

 

•          Reforzar las relaciones cordiales entre los miembros de los institutos superiores públicos.

 

•          Facilitar   la   prevención   y   detección   temprana de situaciones de conflicto, violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual, en los institutos superiores públicos.

 

•          Definir  estrategias  dentro  de   los   ejes   para   la erradicación de la violencia: prevención, atención, protección y reparación.

 

•          Fortalecer  la  coordinación  interinstitucional  que propenda a garantizar el efectivo ejercicio de derechos.

 

•          Proporcionar     herramientas     de     solución     de conflictos, enmarcadas en mejorar la convivencia intrainstitucional, en los casos permitidos por la Ley.

 

3.      ENFOQUES

 

El presente documento propone el abordaje de las situaciones violentas y conflictivas a través de la aplicación de los enfoques detallados a continuación; los cuales convergen en su aplicación, considerando que los conflictos, la violencia, el acoso y la discriminación se presentan en un aspecto multidimensional:

Enfoque de género

Es una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar los significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro de una matriz heterosexual. Se enfoca en las relaciones sociales y las estructuras de poder. Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y, por lo tanto, es factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles social y culturales asignados a mujeres y hombres, no son naturales.

Este enfoque toma además en cuenta, las diferencias étnicas, de clase, generacional, religiosa, geográfica, por orientación sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida inferiores a los hombres.

Se fundamenta en una visión igualitaria entorno al género. Está enmarcado en contrarrestar las relaciones de poder que se han naturalizado, entre todas las personas que forman parte de la sociedad, busca abordar la importancia e implicancia de incorporar la igualdad de género en relación a los procedimientos de actuación frente a situaciones de conflicto, violencia, acoso y discriminación.

Las instituciones de educación superior, deben estar comprometidas a promover la igualdad de oportunidades, así como a impulsar la transversalización del enfoque de género en los distintos organismos, proyectos y programas que la componen.

Enfoque interseccional

Identifica y valora las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, étnicas, geográficas, físicas y otras que son parte simultánea de la identidad individual y comunitaria de las personas y adecúa a estas realidades las acciones, servicios y políticas públicas destinadas para la prevención y erradicación de la violencia basada en género y orientación sexual y la atención, protección y restitución de derechos de la víctima.

La interseccionalidad propone el análisis de la discriminación como un fenómeno complejo, que permite revelar la existencia de variadas identidades, que combinadas generan diferentes tipos de discriminación. En definitiva, se trata de incorporar una mirada más compleja, rica e interseccional que permita mostrar todas las formas de desigualdades que se dan dentro de la estructura social en contra de la mujer; enfatiza en la necesidad de descripciones y testimonios personales, así como información desagregada de acuerdo con la raza, sexo, etnia, casta, edad, estatus ciudadano y otras formas de identidad.

El enfoque interseccional plantea que no debemos entender la combinación de identidades como una suma que incrementa la propia carga, sino como una que produce experiencias sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo no es mostrar cómo un grupo está más victimizado o privilegiado que otro, sino descubrir diferencias y similitudes significativas para poder superar las discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar sus derechos humanos. (CNIG, 2017)

Enfoque de derechos humanos

Entiende a la persona como un sujeto de derechos sin distingo de su género, etnia, creencia religiosa ni la aplicación de alguna distinción que pretenda quebrantar el goce o ejercicio efectivo de esos derechos. Un enfoque basado en los derechos humanos, entraña prestar atención consciente y sistemáticamente a los derechos humanos, en todos los aspectos del desarrollo programático. Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, cuya base normativa son los estándares internacionales de derechos humanos y que operativamente está dirigido a promover y protegerlos.

Permite revelar cómo los temas de derechos humanos afectan a mujeres y hombres de diferente manera y cómo las relaciones de poder y las discriminaciones de género, afectan el disfrute efectivo de los derechos por parte de los seres humanos.

Enfoque intercultural

Reconoce la existencia de las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el Estado y de las personas extranjeras, respetando todas aquellas expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque no se aceptan prácticas discriminatorias que favorezcan la violencia.

Enfoque de diversidades

Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las diferencias entre las personas.

Respecto al enfoque de diversidades sexuales y de género reivindica la aceptación de comportamientos sexuales, con iguales derechos, libertades y oportunidades, como prácticas amparadas por los derechos humanos. Es la pluralidad de opciones sexuales y manifestaciones de la identidad género, que no se limitan a la heterosexualidad como norma de género y sexual, ni se circunscriben a lo masculino y femenino, como exclusivo de hombres y mujeres, respectivamente.

Es un tema ligado al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que pretenden romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad, propio de la heteronormatividad y la heterosexualidad.

Enfoque de bienestar

Garantiza el estado de satisfacción física y mental de los miembros de la comunidad.

Enfoque intergeneracional

Respeta las opiniones, deseos y libertad de expresión de las personas a lo largo de la vida sin perjuicio de su edad, en especial cuando estas se encuentran en situación de riesgo.

Enfoque inclusivo

Pretende garantizar el derecho a la educación contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, sin importar la diversidad y creando estrategias, tales como acciones afirmativas, que disminuyan o eliminen barreras de ingreso, permanencia y egreso de todas y todos.

 

 

Enfoque pedagógico

Se basa en la idea de una educación superior integral, en la cual todos y todas reciban una formación acorde a sus aptitudes y actitudes y puedan tomar decisiones con fundamento en sus conocimientos.

Enfoque restaurativo

Busca restablecer las relaciones entre los actores de las instituciones de educación superior, en especial entre quienes han participado de situaciones de conflicto, violencia, acoso y discriminación.

 

 

4.   PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

 

a) Igualdad y no discriminación: Se garantiza la igualdad y se prohíbe toda forma de discriminación. Ninguna persona puede ser discriminada, ni sus derechos pueden ser menoscabados.

 

b) Diversidad:     Se     reconoce     la     diversidad, independientemente de la edad y condición, o cualquier otra distinción.

 

c)   Transversalidad: Se respetan los diversos enfoques, a todo nivel y en todo el ciclo de la gestión pública, y privada y de la sociedad, en general se garantiza un tratamiento integral de la temática de violencia, acoso y discriminación.

 

d) Pro – persona: Se aplicará la interpretación más favorable para la efectiva vigencia y amparo de los derechos, para la protección de las personas víctimas o en potencial situación de violencia, acoso y discriminación.

 

e)   Realización progresiva: Se aplica a las obligaciones positivas que tiene el Estado de satisfacer y proteger de manera progresiva los derechos considerados en la Constitución de la Republica y la Ley.

 

f)   Confidencialidad: La persona que denuncia un hecho de acoso, discriminación y violencia debe conocer que la confidencialidad está garantizada de manera estricta. La denuncia llegará a las instancias pertinentes previa autorización de quien la formula. (Flacso, 2017:24). La  revelación  de  cualquier  información  personal debe limitarse a las personas involucradas en los procedimientos y que realmente necesite conocerla. (UNAM, 2016: 5).

 

Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Las mujeres, en consideración a su propio interés, pueden hacer público su caso. Este principio no impedirá que servidores públicos denuncien los actos de violencia de los que lleguen a tener conocimiento, y tampoco, impedirá la generación de estadísticas e información desagregada. (Nacional, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,

2018)

 

g)  Profesionalismo:  Todas  las  personas  involucradas en cualquiera de las etapas previstas en el presente

 

protocolo realizarán un ejercicio profesional y técnico en el tratamiento de la temática bajo un enfoque de género y derechos humanos. (Flacso, 2017: 24).

 

h)  Imparcialidad:   Las   instancias   pertinentes   deben evitar  conjeturas  y   juicios  previos.  En  caso  de conflicto de intereses es preciso facultar la posibilidad de abstención (Flacso, 2017: 24).

 

i)   No re victimización: Ninguna persona será sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no, durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: rechazo, indolencia, indiferencias, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, no credibilidad, culpabilización, negación o falta de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de   instituciones   públicas   y   privadas.   (Nacional, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018).

 

Se garantiza, de igual manera, la no re victimización de personas que hayan sido víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, toda vez que el término implicaría una pauta en la cual la víctima, ya sea de abuso y/o crimen, tendería a tener un mayor riesgo a ser victimizada nuevamente en corto, mediano o largo plazo a lo largo de su vida (Finkelho, Ormeod y Turner, 2007: 479–

502). Además, estudios revelan que la victimización basada en orientación sexual afecta con mayor frecuencia a aquellos jóvenes que son más abiertos con su orientación sexual y que tienen un historial de conductas atípicas de género, desarrollando síntomas que afectan a su salud mental, especialmente reacciones de estrés traumático (D’Augelli, Pilkington y Hershberger, 2002: 148-167).

 

Bajo ese marco, garantizar la no re victimización de personas  que  han  sufrido  discriminación  en  razón de  su  orientación sexual,  guarda  concordancia con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza:

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. (DUDH, 1948).

 

j)  Integralidad:  Se  refiere  a  la  coordinación  y articulación de las diferentes instancias para la atención en los casos de acoso, discriminación y violencia (República de El Salvador, 2011: 9).”

 

k) Atención,  protección  y  acompañamiento:  La persona  afectada  recibirá́  contención  emocional como primera intervención, gestión de medidas de protección en caso de ser necesarias, asesoría gratuita de las áreas involucradas en la temática, así́ como acompañamiento en los trámites respectivos siempre y cuando lo desee (Flacso, 2017: 25).”

 

l)   Derivación, notificación y respuesta efectiva: Los casos que se susciten deberán ser atendidos de manera oportuna en todas las instancias del proceso, hasta su resolución. En los casos en los que la Ley determine, los actos de acoso, discriminación y violencia deberán ser denunciados y derivados al Sistema de Justicia.

 

5.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

a)  Acciones afirmativas o acciones positivas: Medidas positivamente dirigidas a reducir o eliminar las prácticas  discriminatorias  en  contra  de  grupos sociales, históricamente excluidos, como mujeres, pueblos indígenas, montubios y afro-ecuatorianos; niñas, niños y jóvenes; personas de la tercera edad y con discapacidades.

 

El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. En el caso de las mujeres, estas medidas, diseñadas y reconocidas internacionalmente, pretenden salvar los obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad con respecto a los hombres. Implica establecer determinados porcentajes de presencia de mujeres en relación con los hombres, con el fin de paliar su escasa comparecencia en alguna actividad concreta. Suelen aplicarse, sobre todo, para aumentar la participación política de las mujeres.

 

Las acciones afirmativas o positivas son un conjunto de acciones para eliminar la discriminación, basadas en la equidad, como principio ético de la igualdad.

 

La CEDAW reconoce que: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal  encaminadas  a  acelerar  la  igualdad  de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación…   estas   medidas   cesarán   cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. (CNIG, 2017)

 

b)  Acoso: El acoso se produce cuando se ha violado la dignidad de una persona o ha estado sometida a un entorno intimidatorio, hostil, humillante y ofensivo. (Trabajo, 2019)

 

c) Acoso laboral: Constituye todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral.

 

Las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las

circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. (Código del Trabajo, 2019)

 

d)  Acoso  sexual:  La  persona  que  solicite  algún  acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente,  religiosa  o   similar,  sea   tutora  o   tutor, curadora o  curador, ministros de  culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. (Nacional, Código Orgánico Integral Penal , 2019)

 

e)   Ciber acoso: se considera como ciber acoso a todo acto de agresión repetida e intencionada de dañar psicológicamente a  otro,  puede  efectuarse a  través de los recursos tecnológicos como computadoras, celulares, tabletas, iPods, video juegos, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, mediante la inadecuada utilización de los navegadores web, portales de video o en publicaciones digitales de texto (blogs), entre otros transmitiendo mensajes, fotos, videos denigrantes que atentan a la dignidad de la víctima.

 

En cuanto a los hechos de ciber acoso es necesario resaltar que podría darse como resultado de actos violentos iniciados en el mundo físico y llevado al mundo virtual o viceversa, estableciendo una estrecha relación entre los dos medios (físico y virtual) donde se puede llevar a cabo el acto violento. En la actualidad el ciber acoso es cada vez más frecuente debido a las facilidades que las tecnologías brindan a la hora de mantener el anonimato y el ejercicio del control. (Educación, 2019)

 

f)  Confidencialidad:  Es  el  principio  de  reserva, constituye un derecho de todas las personas, de precautelar su privacidad y dignidad, incluye el derecho de las mismas a ser consultadas e informadas sobre hechos que involucren su familia o su entorno. (Educación, 2019).

 

 

Se considera información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y

24 de la Constitución Política de la República.

 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes. (Nacional, LOTAIP, 2004)

 

g)  Conflicto: El conflicto es una actitud de oposición o desacuerdo que puede existir entre personas frente a ideas o cosas, siendo una condición inevitable de las relaciones sociales. La existencia de un conflicto no es necesariamente negativa. El problema estriba en el curso que pueda tomar el mismo (constructivo o destructivo) si no se aplica métodos de solución de conflictos pacíficos, basados en el respeto mutuo y en la mediación escolar que permitan generar una cultura de paz. (Educación, 2019)

 

h) Contención  o  manejo  en  la  crisis:  Es  un procedimiento terapéutico encausado a estabilizar a las personas permitiendo la expresión de sus emociones. (Educación, 2019)

 

i)   Crisis:  Es  un  período  de  alto  riesgo  físico  y/o psíquico, caracterizado por una situación temporal de desequilibrio emocional, cognitivo y conductual, que se manifiesta por una sintomatología variada en donde predominan niveles altos de ansiedad, que impiden al individuo manejar determinadas situaciones con sus mecanismos psicológicos habituales, presenta por ejemplo las siguientes manifestaciones: llanto fácil, nerviosismo, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones. (Pública, 2008)

 

j)   Contravención: Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley. (Cabanellas, 1993).

 

k) Delito: “Acción o conducta típica, antijurídica y culpable que, por ello, es normalmente punible”. Diccionario Jurídico de la Real Academia de la Lengua Española.

 

l)   Denuncia:  Acto  verbal  o  escrito  mediante  el  cual se pone en conocimiento de las autoridades el cometimiento de una presunta infracción con el afán de que sea investigada y sancionada, esta deberá contener firma o huella de responsabilidad.

 

m) Detección: Reconocimiento de una situación violenta.

 

n)  Discriminación: Se entenderá como discriminación a cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basados en la identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos,   encontrarse   en   periodo   de   gestación,

lactancia o cualquier otra, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en los procesos de selección y durante la existencia de la relación laboral.

 

No se considerará como discriminación los criterios de selección de talento humano, basados en el conocimiento técnico específico, experiencia necesaria y además requisitos inherentes para el adecuado desenvolvimiento  de  la  vacante  laboral.  (Trabajo,

2019)

 

o)  Discriminación contra las mujeres en su diversidad.- Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra. (Nacional, LOIPEVCM, 2019)

 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (CEDAW, 2017)

 

p) Entrevista: Recopilación de información para la obtención de datos relevantes sobre un tema puntual, es un acto de comunicación interpersonal.

 

q) Expediente:  Son  los  documentos,  pruebas  o antecedentes relacionados a un caso.

 

r)   IES: Institución de Educación Superior.

 

s)   Infracción penal: Es la conducta típica, antijurídica y  culpable  cuya  sanción  se  encuentra  prevista  en el Código Orgánico Integral Penal, estas pueden constituir delitos o contravenciones. (Nacional, Código Orgánico Integral Penal , 2019)

 

t) Conciliación    institucional:    La   conciliación institucional es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, que ponga fin al conflicto, dentro del ámbito de competencia de la institución.

 

u)  Órganos de activación del protocolo: Son los órganos responsables de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos de la comunidad académica, en el marco del presente Protocolo, siendo los siguientes: Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, órgano colegiado superior del instituto superior público, rector/a del  instituto superior público y Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

v)  Persona  agresora.-  Quien  comete  una  acción  u omisión que implique cualquier forma de violencia. (Nacional, LOIPEVCM, 2019)

 

 

w) Prácticas  Restaurativas:  consisten  en  aquellos mecanismos en los que los actores que forman parte del conflicto participan en la solución de los asuntos derivados del conflicto, las prácticas restaurativas pueden ser preventivas. (ONU, 2006)

 

x)  Relaciones de poder: Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que  determinan  la  imposición  de  la  voluntad  de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres. (Nacional, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2019).

 

y)  Resiliencia: Manifestación de la adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la vida. (Luthar, 2003).

 

z) Revictimización:     Son     nuevas     agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes. (Nacional, LOIPEVCM, 2019)

 

aa) Reparación  integral  de  los  daños.-  La reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido. (Nacional, Código Orgánico Integral Penal , 2019)

 

bb) Coordinación  de  Bienestar  Institucional:  Es  un organismo administrativo dentro de los institutos superiores públicos, encargado de diseñar, promover, organizar, difundir y evaluar políticas de bienestar integral que contribuyan a la formación y desarrollo integral de los estudiantes, profesores, servidores y

trabajadores,  promoviendo  un  ambiente  de  respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual, en un ambiente libre de violencia.

 

La  Coordinación  de  Bienestar  Institucional  tendrá bajo su responsabilidad los siguientes procesos y unidades: Trabajo Social; Atención y Orientación; Becas; Psicología; y, Salud. (SENESCYT, 2019)

 

cc) UPC:  La  Unidad  de  Policía  Comunitaria,  es  una unidad de apoyo de la gestión operativa de la Policía Nacional, dentro de las actividades preventivas de turismo y comunitario, en favor de la seguridad ciudadana y el orden público. (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía Nacional. 14 de mayo de 2019. Registro Oficial Edición Especial 911).

 

dd) Violencia: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. (Convención de Belém do Pará, 1994).

 

ee) Violencia de género: Todo acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) (CNIG, 2017), lo cual incluye no solo a las mujeres sino también los actos de violencia, exclusión y rechazo que se comenten contra personas LGBTI, en razón de su identidad de género y orientación sexual (Garrido, 2015).

 

Cualquier  acción  o  conducta  basada  en  su  género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco- obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. (Nacional, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,

2018).

 

ff) Víctimas: Para efectos de este documento es toda persona que haya sufrido un hecho de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual.

 

6.   TIPOS DE VIOLENCIA

 

Para efectos de aplicación del presente instrumento, se consideran los siguientes tipos de violencia basada en género y orientación sexual:

 

Física

Todo acto que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecten la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias.

Psicológica

Cualquier acción o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.

 

 

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a una persona, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial.

Sexual

Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre la propia vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas.

Virtual

Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, a través de los recursos tecnológicos como computadoras, celulares, tabletas, iPods, video juegos, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, mediante la inadecuada utilización de los navegadores web, portales de video o en publicaciones digitales de texto (blogs), entre otros difundiendo mensajes, fotos, videos denigrantes que atentan a la dignidad de la víctima.

Simbólica

Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmite, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las personas”.

Gineco- obstétrica

Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco- obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico.

 

7.   ÁMBITO EN LOS QUE SE DESARROLLA LA VIOLENCIA.

 

Los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia basada en género y orientación sexual. Están comprendidos, entre otros, los siguientes:

 

Intrafamiliar o doméstico

Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo familiar. La violencia es ejecutada por parte del/la cónyuge, la pareja en unión de hecho, el/la conviviente, ascendientes, descendientes, las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad y las personas con las que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.

Educativo

Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles.

Laboral

Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia

Deportivo

Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva formativa, de alto rendimiento, profesional, adaptada/paralímpica, amateur, escolar o social

Estatal e institucional

Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley

Mediático y cibernético

Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro

 

 

 

En el espacio público o comunitario

Comprende el contexto en el cual la violencia se ejerce de manera individual o colectiva en lugares o espacios públicos, privados de acceso público; espacios de convivencia barrial o comunitaria; transporte público y otros de uso común tanto rural como urbano, mediante toda acción física, verbal o de connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes

 

 

8.   ABORDAJE DE LA VIOLENCIA

 

Es importante considerar que existen dos enfoques de abordaje de la violencia, de acuerdo al estado en el que se determina la problemática:

 

Ex ante

Cuando aún no se ha suscitado un hecho violento y éste puede prevenirse.

Ex post

Cuando ya ha existido un hecho violento y se requieren medidas de acompañamiento, protección, correctivas y de reparación integral.

 

 

TÍTULO II

EJE DE PREVENCIÓN

 

1. PREVENCIÓN

 

El Órgano Colegido Superior y el/la rector/a de los institutos superiores públicos y las Coordinaciones de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de identificar y prevenir los factores de riesgo, a fin de incidir a corto, mediano y largo plazo en las relaciones de desigualdad que se suscitaren en la institución.

 

Para alcanzar este objetivo, se propenderá a mantener un espacio educativo seguro,  que  reconozca la  diversidad y posibilite la convivencia armónica, promoviendo actitudes, habilidades y comportamientos que construyan una convivencia saludable.

 

1.1.Estrategias   para   la   prevención   de   conflictos, acoso, violencia y discriminación en los institutos superiores públicos

 

La Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, o la máxima autoridad de la institución, deberán planificar acciones conjuntas entre quienes forman parte de los institutos superiores públicos, para la prevención de los conflictos y la violencia dentro de los mismos.

 

A su vez, es necesaria la participación activa de las y los estudiantes en la toma de decisiones, promoviendo el respecto de valores y principios, que les permitan involucrarse en la realidad social que los rodea.

 

Para ello se han determinado las siguientes estrategias:

 

a)  Fortalecer la cultura de paz:

 

•          Reforzar  la  formación  en  valores  y  cuestionar  los antivalores mediante actividades de intercambio de experiencias, dinámicas grupales, juegos de roles, etc.

 

•          Impulsar  el  diálogo  y  la  conciliación  como  una alternativa para solución de conflictos menores, en los casos permitidos por la Ley.

 

•          Proponer  estrategias de convivencia armónica y  de respeto a la diversidad mediante talleres, foros o encuentros que tengan enfoque de derechos.

 

b)  Facilitar el autoconocimiento:

 

•          Fortalecer la coeducación en condiciones de igualdad, con  el  objetivo  de  reconocer  las  potencialidades y características individuales, que se encaminen a construir relaciones de paridad desde el respeto a la diferencia.

 

•          Propiciar el autoconocimiento de los miembros de la comunidad académica, identificando sus fortalezas, habilidades y limitaciones, para reforzar la valoración personal de cada uno de ellos, a fin de potencializar su autoestima.

 

•          Reforzar  la  identificación,  el  reconocimiento  y  el manejo de emociones encaminadas a ser expresadas de forma asertiva, propiciando el desarrollo de la inteligencia emocional.

 

•          Colaborar para que los miembros de la comunidad académica identifiquen las experiencias e influencias del entorno que han marcado su vida y que influyen en sus comportamientos, a fin de identificar posibles víctimas y prevenir vulneraciones de derechos.

 

c)   Fomentar y fortalecer las habilidades y capacidades para la solución pacífica de conflictos:

 

•          Reflexionar,   intercambiar   opiniones,   argumentar, comprender y respetar los puntos de vista de cada persona.

 

•          Utilizar  el  diálogo,  la  negociación  y  las  técnicas restaurativas para fortalecer capacidades y habilidades de solución de conflictos, en los casos permitidos por la Ley.

 

•          Establecer acuerdos entre los miembros que integran la comunidad de los institutos superiores públicos, que se enfoquen en una convivencia pacífica.

 

d)  Crear e impulsar las Coordinaciones de Bienestar

Institucional.

 

La Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General establecen la obligatoriedad de contar con una Unidad de Bienestar en cada institución de educación superior.

 

En aquellos casos en los cuales dicha unidad no se encuentre  implementada,  el  Reglamento  General  a la  Ley  Orgánica  de  Educación  Superior  determina que las instituciones podrán desarrollar las funciones que le corresponden, a través de otras unidades de la estructura institucional, o establecer mecanismos de cooperación con entidades públicas o privadas que apoyen en su cumplimiento.

 

Para efectos del funcionamiento de la Coordinaciones de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, se deberá considerar lo siguiente:

 

Ø   La Institución deberá adecuar un espacio que reúna las condiciones de privacidad, iluminación y ventilación adecuadas; y que garantice un ambiente de calidez y confidencialidad.

 

Ø   Conformar un equipo multidisciplinario, con personal profesional  apto  para  brindar  orientación,  atención y procesos terapéuticos a las víctimas de acoso, discriminación y violencia, y cuando sea necesario a familiares y testigos de la misma, con al menos las siguientes características:

 

•          Conozcan la problemática de la violencia de género en especial en contra de las mujeres, así como el marco normativo internacional y nacional, su aplicación y las mejores prácticas para prevenir la violencia de género y contra las mujeres.

 

•          Estén  capacitadas en  la  utilización adecuada de  la perspectiva de género en planeación y programación de estrategias internas.

 

•          Capacidad    para    otorgar    soluciones    viables    y responsables, ante situaciones de violencia.

 

•          Aptitud para la escucha activa y empática.

 

•          Reconocimiento y respeto por la diversidad en todas sus formas.

 

•          Conocimiento  de   pruebas,  técnicas,  dinámicas  y teorías tanto para valorar el daño sufrido como para atenderlo.

 

•          Conocimiento  de  las  secuelas,  trastornos  físicos  y emocionales causados por la violencia en las distintas etapas de la vida.

 

•          Conocimiento de herramientas, técnicas y dinámicas para la detección y potenciación de recursos personales, orientados a generar autonomía y empoderamiento en las mujeres atendidas.

 

•          Creatividad para búsqueda de soluciones.

 

•          Capacidad de trabajo en equipo.

 

1.2.Acciones para prevenir situaciones de violencia, acoso y discriminación

 

a)  Incluir  en  la  construcción  del  Plan  Estratégico  de

Desarrollo Institucional y del Código de Convivencia

Institucional, el enfoque de género, la cultura de paz y el desarrollo de habilidades para la vida y convivencia armónica.

 

b)  Instaurar en la elaboración del Código de Convivencia, acuerdos y consensos sobre todas las formas de relación inherentes de la comunidad académica de manera que se promueva el respeto y la cordialidad entre sus miembros. El código de convivencia deberá transversalizar   el   enfoque   restaurativo   en   todos los procesos, principalmente en la metodología de solución de conflictos.

 

c)   Socializar con la comunidad académica los protocolos a seguir frente a las situaciones de conflictos, violencia, acoso y discriminación.

 

d)  Promover  la  participación  activa  de  los  miembros de  la  comunidad  académica  en  la  implementación de planes, programas y proyectos orientados a la prevención de conflictos y de violencia.

 

e)  Capacitar a los docentes en formas de buen trato, comunicación, participación, maneras de dirigirse a los estudiantes.

 

f) Concienciar a la comunidad académica sobre la violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual, en las instituciones de educación superior, para que apoyen a enfrentar este problema.

 

g)  Motivar  a   los   y   las   estudiantes  la   práctica  de actividades deportivas y culturales.

 

h)  Impulsar el diálogo entre pares, a fin de prevenir y evitar el silencio ante las situaciones violentas.

 

i)   Fortalecer prácticas democráticas y participativas en el aula reconociendo las cualidades de liderazgo.

 

j)  Fomentar el diálogo evitando posturas y actitudes autoritarias.

 

k)  Construcción de nuevas masculinidades.

 

l) Deconstrucción de estereotipos sociales, étnicos, intergeneracionales, culturales, raciales, de diversidad sexual, identidad de género, estado de salud.

 

m) Evitar comentarios ofensivos, machistas o en doble sentido.

 

n) Intervenir de manera inmediata ante conflictos y situaciones de violencia, acoso y discriminación con el fin de detener el proceso violento.

 

TÍTULO III

EJE DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

 

CAPÍTULO I

ÓRGANOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

 

1. ÓRGANOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

 

Los órganos responsables de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos de la comunidad académica, en el marco del presente Protocolo, son los siguientes:

 

 

•          Coordinación de Bienestar Institucional, o quien haga sus veces.

 

•          Órgano   colegiado  superior  del   instituto  superior público.

 

•    Rector/a del instituto superior público.

 

•          Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

1.1.Coordinación de Bienestar Institucional

 

A la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, le corresponde diseñar, promover, organizar, difundir y evaluar políticas institucionales de bienestar que contribuyan a la formación y desarrollo integral de los estudiantes, profesores, servidores, trabajadores y autoridades, promoviendo un ambiente de respeto a los derechos humanos y a la integridad física, psicológica y sexual, en un espacio libre de violencia.

 

Además de las atribuciones establecidas en la Ley; en el marco del presente Protocolo, la Coordinación de Bienestar Institucional tiene las siguientes atribuciones:

 

a) Promover un ambiente de respeto a los derechos humanos y a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad académica.

 

b)  Promover un ambiente libre de todas las formas de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual.

 

c)   Receptar denuncias en el marco del presente Protocolo.

 

d)  Brindar asistencia a quienes denuncian violaciones de derechos.

 

e)   Brindar asistencia urgente protegiendo la integridad y la vida de la persona.

 

f)   Realizar intervenciones en crisis, en caso de evidente estado de alteración.

 

g) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales.

 

h)  Brindar una escucha activa libre de prejuicios.

 

i)   Proporcionar    apoyo     y     contención     emocional evitando la culpabilización, la discriminación y la revictimización.

 

j) Formular e implementar políticas institucionales, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de violencia, acoso y discriminación.

 

k)  Aperturar espacios de expresión y reconocimiento de emociones en torno a los hechos vividos que permitan favorecer la resiliencia (Adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la vida).

l)   Brindar  acompañamiento y  asesoría  a  las  víctimas para la activación del presente Protocolo y de los mecanismos externos de protección de derechos.

 

m) Desarrollar   las    potencialidades   y    capacidades individuales y el autoconocimiento de todos los miembros de la comunidad académica.

 

1.2.Órgano Colegiado Superior del instituto superior público

 

Además de las atribuciones establecidas en la Ley, el Órgano   Colegiado  Superior,  en   calidad  de   máximo órgano de gobierno del instituto, tendrá las siguientes atribuciones, en el marco del presente instrumento:

 

a)  Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad académica.

 

b) Receptar denuncias en  el  marco del  presente instrumento.

 

c)   Conocer todos los casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual.

 

d)  Imponer las sanciones a que hubiere lugar, según lo previsto en la Ley, el Estatuto institucional y demás normativa interna, previo al proceso correspondiente.

 

e)   Proponer o adoptar medidas administrativas internas de protección en cualquier etapa del proceso.

 

f) Solicitar medidas administrativas inmediatas de protección, en cualquier etapa del proceso.

 

g)  Aprobar planes estratégicos de prevención y atención de casos de acoso, discriminación y violencia, de conformidad  a  los  lineamientos  de  la  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación.

 

1.3.Rector del instituto superior público

 

Además de las atribuciones establecidas en la Ley, el Rector del instituto tendrá las siguientes atribuciones, en el marco del presente instrumento:

 

a)  Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad académica.

 

b) Receptar denuncias en  el  marco del  presente instrumento.

 

c) Presentar o iniciar las acciones administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento, con el apoyo de la Coordinación de Bienestar Institucional.

 

d) Presentar  de  forma  obligatoria  las  denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento

 

 

y que se constituyan como una presunta infracción penal.

 

e)   Informar  a  la  Secretaría  de  Educación  Superior, Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  sobre  los  casos de  acoso,  discriminación  y  violencia,  basada  en género y orientación sexual, que se hayan suscitado en la institución, y las medidas adoptadas frente a los mismos.

 

1.4.Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

 

En el marco del presente instrumento, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como órgano encargado de ejercer la rectoría académica, administrativa, financiera y orgánica de los institutos superiores públicos, además de las establecidas en la Ley, tiene las siguientes atribuciones:

 

a)  Brindar una escucha activa libre de prejuicios.

 

b) Receptar denuncias en  el  marco del  presente instrumento.

 

c)   Formar parte de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, basada en género y orientación sexual, a través de la unidad correspondiente.

 

d)  Denunciar los presuntos delitos de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual ante el sistema de administración de justicia, a través de la máxima autoridad o su delegado/a.

 

e)   Aplicar  medidas  de  protección  dentro  del  ámbito de sus competencias, a favor de las víctimas de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual, sin perjuicio de otras medidas que se establezcan por las autoridades competentes.

 

f)   Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los derechos de víctimas de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual dentro del ámbito de sus competencias, a través de las unidades administrativas correspondientes.

 

g)  Brindar asistencia a quienes denuncien violaciones de sus derechos, a través de las unidades administrativas correspondientes.

 

h)  Brindar asistencia urgente protegiendo la integridad y la vida de la persona, a través de las unidades administrativas correspondientes.

 

i)   Realizar intervenciones en crisis, en caso de evidente estado de alteración, a través de las unidades administrativas correspondientes y en coordinación con las instituciones que forman parte del sistema

 

j)  Presentar o iniciar las acciones administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento, a través de la máxima autoridad o su delegado/a.

k)  Proporcionar    apoyo     y     contención     emocional evitando la    culpabilización,    la    discriminación y la revictimización, a través de las unidades administrativas correspondientes y en coordinación con las instituciones que forman parte del sistema.

 

l)  Coordinar y asegurar la apertura de espacios de expresión y reconocimiento de emociones en torno a los hechos vividos que permitan favorecer la resiliencia (Adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la vida), a través de las unidades administrativas correspondientes y en coordinación con las instituciones que forman parte del sistema

 

m) Brindar acompañamiento y asesoría a las víctimas, respecto  de  la  activación  del  presente  Protocolo y de los mecanismos externos de protección de derechos, a través de las unidades administrativas correspondientes         y    en    coordinación    con    las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres.

 

TÍTULO IV

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS

 

1. MECANISMOS  PARA LA SOLUCIÓN  DE CONFLICTOS

 

El rector, vicerrector académico, la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de abordar los conflictos suscitados dentro de los institutos superiores públicos, en el ámbito de sus competencias, a través de la conciliación institucional y las prácticas restaurativas.

 

1.1.Conciliación institucional

 

La   conciliación   dentro   de   los   institutos   superiores públicos es un procedimiento voluntario a través del cual las partes, asistidas por un tercero neutral, procuran llegar a un acuerdo con el objeto de alcanzar una solución a un conflicto.

 

No procederá la conciliación institucional en los siguientes casos:

 

•          Cuando  se  trata  de  casos  de  violencia,  acoso  y discriminación, basada en género y orientación sexual.

 

•          Cuando  se  pueda  afectar  al  interés  público  o  los derechos de terceras personas.

 

•          Cuando  estén   involucrados  derechos  humanos  o fundamentales, es decir, derechos inherentes a la persona.

 

•          Cuando     el     conflicto     verse     sobre     derechos irrenunciables.

 

•          En general, en los casos en los que exista indicios del cometimiento de un delio.

 

•          Otros  casos  en  los que la  Ley o  demás normativa vigente lo prohíba, o se considere que puede causar un perjuicio a las partes.

 

1.1.1.   Objetivo general

 

El  objetivo  general  de  la  conciliación  institucional  es el  fortalecimiento de  las  relaciones  personales  que  se han visto afectadas por la presencia de una situación conflictiva.

 

1.1.2.   Objetivo específico

 

El objetivo específico de la conciliación institucional radica en atender los conflictos que surgen en la convivencia diaria y que no han podido ser solucionados por sus protagonistas, a través del diálogo informal. En consecuencia,  constituye  una  herramienta  al  servicio de un modelo de convivencia positivo y pacífico en los institutos superiores públicos.

 

1.1.3.   Tercero neutral

 

El tercero neutral podrá ser un docente, autoridad o estudiante según sea el caso. Será designado por la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, o por el Órgano Colegiado Superior, en caso de existir conflicto de interés.

 

El tercero neutral deberá cumplir con al menos las siguientes características:

 

•          Capacidad    para    otorgar    soluciones    viables    y responsables, ante situaciones de conflicto.

 

•    Aptitud para la escucha activa.

 

•    Creatividad para búsqueda de soluciones

 

•    Aptitud para la promoción de la cultura de paz.

 

•    Respeto por la confidencialidad.

 

1.1.4.   Parámetros      del       modelo            de        conciliación institucional

 

El modelo de conciliación institucional cumplirá con los siguientes parámetros fundamentales:

 

a) Voluntariedad: La conciliación institucional será procedente siempre y cuando se cuente con la voluntad de las partes involucradas, de someterse al mismo.

 

b)  Imparcialidad: El rol del tercero neutral será el de un sujeto imparcial, que evita decantarse por una u otra de las partes en conflicto.

 

c)   Confidencialidad: Todo aquello que sea expresado en el contexto de la conciliación institucional no puede traspasar ese espacio.

 

d)  Autodeterminación: La solución al conflicto nace del consenso de las partes, con la colaboración del tercero neutral.

e) Seguridad: Confianza de que los procesos son transparentes y neutrales.

 

f)   Transigibilidad:  Refiere a  que  la  materia sobre  la que verse el conflicto sea transigible, y por lo tanto no sea ilícito, imposible o que se oponga a la libertad de las acciones o de conciencia, o que perjudique a un tercero en sus derechos.

 

g)  Legalidad: solo se podrá conciliar en los casos que están permitidos por la Constitución y las leyes.

 

1.2.   Prácticas restaurativas

 

Las prácticas restaurativas buscan reparar el daño causado a personas y relaciones humanas, procurando para ello que exista la decisión voluntaria por parte de las personas que se encuentran involucradas en los conflictos. Estas prácticas son complementarias a la conciliación institucional, y se caracterizan por:

 

•          Permitir afrontar conflictos entre personas entre las que exista desequilibrio de fuerzas o con terceras personas afectadas.

 

•          Ofrecer  herramientas  y  técnicas  que  posibiliten  la prevención, sentido de pertenencia y mejora de las relaciones personales.

 

•          Trabajar   la   empatía,   el   respeto,   la   asertividad, autenticidad y la aceptación de responsabilidades.

 

•          Trabajar de  manera transversal el  razonamiento, la argumentación y la cooperación.

 

•          Utilizar la reflexión personal como puntal básico en el cambio de actitud y los estilos comunicativos.

 

Dentro del ámbito educativo se identifican las siguientes prácticas restaurativas:1

 

a)  Círculo de diálogo: es una herramienta basada en la cohesión de grupo, mediante la cual todos tienen la oportunidad de expresarse y escuchar. Parte de una disposición en círculo del grupo, creando una situación de igualdad y respeto, de intervención voluntaria, confidencialidad y seguridad, y siguiendo unas normas básicas de funcionamiento.

 

Para el efecto, se designará como facilitador de este dialogo, a un/a profesional de la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces.

 

Los enfoques de los círculos de diálogo, dependiendo del objetivo de trabajo, pueden ser los siguientes:

 

•    Fomentar el autoconocimiento.

 

 

 

 

1   De acuerdo al Manual de Prácticas Restaurativas para Docentes, Personal Responsable de la Disciplina y Administradores de Instituciones Educativas (Costello, Wachtel, & Wchtel, 2010),

 

•    Trabajar en la comunicación.

 

•    Trabajar en la colaboración.

 

•    Trabajar en la convivencia.

 

•    Trabajar en el aprendizaje y evaluación.

 

b)  Escucha  activa:  es  la  actividad básica de  relación con el otro. El grado de calidad de la escucha facilita o dificulta el entendimiento y las posibilidades de colaboración mutua, y  determina las  opciones a  la hora de afrontar los conflictos cuando éstos aparezcan.

 

c)   Expresiones afectivas: es la práctica que promueve el   uso    del    lenguaje,    sustituyendo    mensajes culpabilizadores hacia el otro, por mensajes que se expresan desde el yo y que expresan sentimientos generados frente a una situación específica.

 

Suponen incidir en las relaciones “juicio-persona” y “observación-hecho”, es decir, más que juzgar a una persona por un hecho se busca observar el hecho en sí y sus consecuencias, tanto para los ofendidos como para los ofensores.

 

d)  Conversaciones restaurativas: en las conversaciones restaurativas se formulan preguntas que permiten estimular la participación y la responsabilidad, evitando juzgar y culpabilizar.

 

TÍTULO V

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACION SEXUAL EN INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS

 

RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL

 

A  continuación  se   detallan  los  lineamientos  o   ruta de atención y acción efectiva en los casos de acoso, discriminación  y  violencia  en  todos  sus  tipos,  basada en género y orientación sexual, considerando que es imperativa la protección a la víctima, la aplicación del principio de confidencialidad y la observancia de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, en todas las etapas de la ruta.

 

La Ruta de acción en casos de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual, se desarrolla en las siguientes etapas:

 

1.   ETAPA DE DETECCIÓN:

 

1.1.Detección de casos de violencia, acoso y discriminación:

 

Si    algún    miembro    de    la    comunidad   académica, tiene conocimiento de un caso de violencia, acoso o discriminación basada en género y orientación sexual, suscitado dentro o fuera del instituto superior público,

debe informar al personal de la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, al rector, vicerrector académico, o al órgano rector de la política pública en educación superior, como órganos de activación del protocolo, a fin de que se adopten las acciones inmediatas para garantizar la protección a las víctimas.

 

Para la detección, es importante contar con información que permita determinar la existencia de estas situaciones.

 

1.2.Indicadores para la detección de casos de violencia, acoso y discriminación, basados en género y orientación sexual.

 

•          Signos   o   indicadores   físicos:   Marcas,   heridas, moretones, quemaduras, lesiones, fracturas, esguinces, problemas de salud.

 

•          Signos     o     indicadores     de     comportamiento: Somatizaciones, trastornos alimentarios, de sueño, cambios de comportamiento, sentimientos de culpa, fantaseo, desgano, tristeza, mentiras, hiperactividad y nerviosismo.

 

•          Conductas que se identifican en la institución de educación superior: Disminución del rendimiento académico,      falta    de    concentración,    conductas disruptivas, conductas renuentes, cautela respecto al contacto físico, conductas agresivas, comportamientos extremos, conflictos con la autoridad.

 

1.3.Factores de riesgo asociados a la violencia, acoso y discriminación, basados en género y orientación sexual.

 

•          Personales:  No  cumplir  o  sentir  que  no  cumple expectativas    familiares;     presentar     necesidades especiales asociadas o no a la discapacidad; pocas habilidades de interacción social; experiencias de rechazo; humillación o exclusión; uso de drogas, baja autoestima.

 

•          Familiares:   Dificultad   para   establecer   vínculos afectivos con el entorno, antecedentes de violencia familiar,   consumo   de   alcohol,   participación   en actividades   delictivas,    dificultades    económicas, ruptura familiar, aislamiento de la comunidad, delegación de crianza a terceros, historial de posesión o uso de armas.

 

•          Situacionales: Desigualdades sociales y de género; estereotipos de género u orientación sexual; niveles elevados de desempleo o pobreza; fácil acceso al alcohol, tabaco u otras drogas; normas sociales y culturales que fomentan la violencia provenientes de la familia, y naturalización de la violencia.

 

1.4.Características de los posibles agresores

 

•          Agresores  pares:  Carecen  de  empatía;  percepción negativa de sí mismo; falta de control de impulsos; se considera el centro de atención; bajo rendimiento académico; dependencia al  alcohol  u  otras  drogas;

 

 

trastornos de conducta; antecedentes familiares de violencia, acoso y discriminación; actitud desafiante; aparente fuerza física; actitud hostil; líder de grupos con características similares a las suyas.

 

•          Agresores    heterogéneos:    Aparente    sociabilidad funcional; presenta una baja valoración de otro; naturaliza   la   violencia,   acoso   y   discriminación; utiliza el castigo como forma de control; actitudes de superioridad basadas en el género y orientación sexual; poca preocupación por el bienestar de otro.

 

•          Agresores   sexuales:   Pueden   provenir   de   todas las esferas profesionales y estratos sociales, su comportamiento desviado son las mismas que están presentes en la causas que motivan otros trastornos como las conductas antisociales o la depresión, presentan distorsiones cognitivas que le han “ayudado” en la integración y exteriorización de sus impulsos sexuales desviados de diferentes maneras, tendiendo a culpabilizar a algo o a alguien para evitar asumir la responsabilidad y los sentimientos de culpabilidad. (Sanchez,2003)

 

1.5. Denuncia

 

Luego del primer contacto y una vez que se hayan atendido y orientado los requerimientos básicos relativos a la salud y al bienestar emocional de la víctima, se deberá informar a la víctima sobre el proceso de denuncia al interior del instituto y al exterior del mismo, utilizando los canales regulares para casos de violencia basada en género.

 

En este sentido, la orientación va dirigida a recuperar la estabilidad emocional de la víctima procurando disipar el miedo, la vergüenza y la culpa que con frecuencia se presenta en estos casos.

 

En caso de que el hecho sea comunicado por una persona de la comunidad de la institución de educación superior distinta a la víctima, la persona encargada de realizar contención en crisis deberá contactarse de manera inmediata con la víctima, a fin de que ésta reciba atención efectiva, para asegurar su protección e informarle el procedimiento para realizar la denuncia del hecho a nivel interno institucional como externo, si precisa de apoyo y requiere activar alguna ruta de atención en las instancias del Estado o en otras que sean necesarias.

 

La Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, apoyará a la víctima si así lo decide, elaborando la denuncia correspondiente, la cual deberá formalizarse y presentarse ante uno de los órganos responsables de activar el protocolo previstos en el presente instrumento para el inicio de las gestiones internas.

 

La denuncia deberá contener como mínimo la siguiente información:

 

a)  Identificación de la persona que denuncia.

 

b)  Identificación de la víctima.

c)   Identificación del presunto agresor.

 

d)  Descripción o relato de los hechos.

 

e)   Evidencias  que  respalden  los  hechos,  información de los posibles testigos o pruebas de los hechos denunciados, de existir.

 

La ausencia de uno o varios de estos elementos, no constituirá justificación para no receptar la denuncia.

 

Este documento y sus anexos, se presentará ante los órganos responsables de la activación del protocolo, para que se inicie la gestión respectiva.

 

En el caso de que la víctima, luego de ser debidamente informada sobre el procedimiento a seguir, decida no realizar la denuncia, se recomienda que la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, realice un seguimiento periódico a la víctima a fin de garantizar su bienestar.

 

De  identificarse el  posible  cometimiento de  un  delito, de manera obligatoria se deberá realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado.

 

2.   ETAPA DE INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

A nivel institucional se  deben definir las medidas que se van a tomar desde el instituto superior público, y los procesos de acompañamiento que se implementarán con la víctima.

 

Adicionalmente,  de  ser  necesario,  se  deberán  adoptar las medidas internas correspondientes para asegurar la protección de los derechos de las víctimas.

 

No se deberá propiciar ningún tipo de careo o conciliación entre la víctima y el presunto agresor.

 

2.1.Proceso de acompañamiento a víctimas en casos de violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual.

 

Además del trámite administrativo requerido para los casos de violencia, acoso y discriminación registrados dentro de la institución, se requiere un proceso de acompañamiento.

 

El objetivo de este proceso consiste fundamentalmente en proporcionar a la comunidad académica, herramientas que permitan promover la identificación de sus habilidades y capacidades para resolver los problemas personales y relacionales que se suscitan después de la agresión.

 

Inicialmente el acompañamiento deberá realizarse siguiendo estas acciones:

 

•    Brindar una escucha activa libre de prejuicios.

 

•          Proporcionar    apoyo     y     contención     emocional evitando la culpabilización, la discriminación y la revictimización.

 

 

•          Aperturar espacios de expresión y reconocimiento de emociones en torno a los hechos vividos que permitan favorecer la resiliencia (Adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la vida).

 

•          Desarrollar    las    potencialidades    y    capacidades individuales y el autoconocimiento.

 

•          Tomar  contacto  con  la  institución  encargada  de atención inmediata (ECU911)

•    Separar a la presunta persona agresora de la víctima. Los órganos responsables de la activación del protocolo,

deberán mantener una  postura ética sin  encubrir a  los

presuntos agresores bajo ninguna contemplación.

 

Es importante respetar las necesidades de la comunidad académica, brindando asistencia y atención personalizada en un momento oportuno. Se debe procurar brindar una atención completa, garantizando la integridad de las personas que han sido víctimas.

 

2.1.1. Lineamientos    de    actuación    para    el acompañamiento de víctimas en casos de violencia, acoso y discriminación

 

Cuando se ha detectado un caso de violencia, acoso o discriminación es fundamental que las personas que han sido víctimas de la misma se sientan acompañadas por el órgano responsable de activar el protocolo, de acuerdo a las siguientes actividades:

 

Ø Informar a la víctima sobre el derecho a la confidencialidad, al apoyo psicológico, legal, social o de salud y protección.

 

Ø Brindar contención emocional en un contexto de confianza y respeto para ello debe:

 

•    Calmar verbalmente a la víctima.

 

•    Impedir el desborde emocional de sí mismo.

 

•    Establecer una actitud de empatía.

 

•    Mantener contacto visual con la víctima.

 

•    Informar que cuenta y contará con apoyo.

 

•          Explicar a la víctima la situación de vulneración en la que está y lo que se realizará desde la institución para ayudarle, evitando generar falsas expectativas.

 

•          Considerar las características de la víctima antes de emplear un tipo de lenguaje específico.

 

•          Evaluar los riesgos que corre la víctima en el contexto en el que se desarrolla.

 

•          Aclarar con la víctima que el órgano de activación del protocolo a cargo siempre estará dispuesto a escuchar y acompañar a la víctima.

 

•          Propiciar la recuperación de la confianza y autoestima de la persona, favoreciendo sus habilidades sociales, el manejo de sus emociones y las formas de relación asertivas.

 

•    Afianzar la confianza en la víctima y el derecho a decir“NO”.

 

•          Si   se   trata   de   un   caso   de   violencia,   acoso   y discriminación es  necesario  aclarar  que  NO  existe la conciliación o mediación con el presunto agresor o agresora no importa el grado de familiaridad o cercanía que haya tenido en el pasado con la víctima y que no existe posibilidad de un arreglo extrajudicial.

 

•          Se   deben  evitar  juicios  de  valor,  asombrarse  o disgustarse, culpar a la víctima por la situación que está atravesando.

 

•          No es rol del personal de los órganos de activación del protocolo, que aborde el caso avalar o desmentir la situación.

 

2.1.2.   Lineamientos específicos de actuación para las y los estudiantes

 

Las y los estudiantes deberán seguir los siguientes lineamientos, cuando se ha detectado un caso de violencia, acoso o discriminación, en su entorno:

 

•          Propiciar el desarrollo de habilidades para la vida y la postura de denuncia ante los casos de violencia.

 

•          Concientizar  sobre  la  necesidad  de  no  reforzar  la actitud de violencia encubriendo a los presuntos agresores.

 

•    Fortalecer el reconocimiento de derechos y deberes.

 

•          Si el caso lo amerita, generar un círculo restaurativo con el afán de obtener información que ayude a la solución del caso.

 

•          Recordar  los  acuerdos  del  manual  de  convivencia con las y los estudiantes, las y los docentes y las autoridades.

 

•          Garantizar el derecho a la educación de la víctima o presunta víctima de violencia.

 

2.1.3.   Lineamientos específicos de actuación para los y las docentes y autoridades

 

Los y las docentes y las autoridades deberán seguir los siguientes lineamientos, cuando se ha detectado un caso de violencia, acoso o discriminación:

 

•          Capacitarse en el protocolo de actuación y la necesidad de actuar conforme al mismo.

 

•    Recalcar la importancia de la confidencialidad.

 

 

•          Sensibilizar sobre la necesidad de no revictimizar a las personas.

 

•          Abordar,  intervenir  y  dar  seguimiento  de  forma articulada entre docentes y autoridades.

 

•          Fortalecer el conocimiento de los deberes, derechos y responsabilidades de los y las docentes y autoridades frente a las y los estudiantes.

 

2.1.4.  Lineamientos específicos de actuación para el personal de las Coordinaciones de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, para el acompañamiento a las victimas

 

•          Mantener el diálogo en un contexto de confidencialidad, garantizando la absoluta reserva.

 

•          Ofrecer contención emocional a la víctima y recabar información (sin caer en el interrogatorio, peritaje psicológico o proceso terapéutico).

 

•          Propiciar  la  escucha  activa  evitando  toda  acción de crítica o juzgamiento, así como las situaciones discriminatorias.

 

•          Evitar   hacer   preguntas   intimidatorias   o   sugerir respuestas a ciertas preguntas.

 

•          Realizar preguntas abiertas que no encasillen al sujeto víctima de violencia en una sola situación.

 

•          Aclarar que la situación no debe generar sentimientos de culpa ni vergüenza.

 

•          No generar falsos compromisos con las víctimas de violencia.

 

•          Describir  de  forma  objetiva  los  antecedentes  de las víctimas y los presuntos agresores en caso de conocerlos.

 

•          Prestar atención al lenguaje verbal y no verbal de la víctima con el afán de facilitar el acompañamiento.

 

•          Tomar en consideración los deseos de la víctima sobre su accionar ante la situación de violencia, acoso o discriminación.

 

•          Si la víctima lo desea, acompañarla a poner la denuncia en la Fiscalía o en la Unidad Judicial correspondiente.

 

•          Diseñar campañas de concientización y sensibilización sobre la violencia de género al interior de las ITS.

 

•          Garantizar la reinserción escolar de mujeres víctimas de violencia de género.

2.1.5.   Lineamientos  específicos  de  actuación  frente a presuntos agresores dentro de la comunidad académica

 

•          Si  el  hecho  de  violencia  se  ha  cometido  en  la institución y las o los presuntos agresores pertenecen a la misma, es necesario trabajar con ellos para que esta situación no se repita, el tipo de trabajo dependerá de la gravedad del hecho.

 

•    Es importante separar al agresor de la víctima.

 

•          Si las autoridades o los encargados de la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, dentro de la institución, requiere apoyo técnico para abordar el caso deberá realizar acciones coordinadas con el órgano rector de la política pública en educación superior y las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y demás competentes a fin de que brinden el apoyo correspondiente.

 

2.2.      Conformación  de  la  Comisión  de  Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

El respectivo órgano de activación del protocolo, deberá conformar la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, para cada caso específico, en el término máximo de dos (2) días, contados desde la recepción de la denuncia; misma que estará integrada de la siguiente manera:

 

•    Un/a representante de la Coordinación de Bienestar

Institucional o quien haga sus veces;

 

•    Un/a docente del instituto superior público;

 

•          Un/a representante externo/a con experiencia en temas violencia, acoso y discriminación basada en de género y orientación sexual.

 

De manera excepcional, por razones debidamente motivadas que garanticen los principios del debido proceso, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador o al determinarse conflicto de intereses, el órgano de activación del protocolo de oficio o a petición de parte podrá conformar la Comisión de una manera diferente a la detallada anteriormente.

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de oficio a petición de parte, podrá designar a un/a delegado/a para integrar con voz y voto la Comisión.

 

En el caso de que las partes sean quienes solicitan el cambio, se deberá presentar un escrito debidamente motivado al órgano responsable de la activación del protocolo, para que se designe como miembro de la Comisión a un tercero imparcial perteneciente a la comunidad académica o un especialista externo/a.

 

2.2.1.   Actuaciones   de   la   Comisión   de   Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

La Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, tendrá las siguientes responsabilidades:

 

a)  Proponer o designar, según sea el caso a la persona que se encargará de brindar contención y será el/la interlocutor/a directo con la víctima.

 

b) Realizar el proceso de indagación de los hechos denunciados.

 

c)   Recomendar al órgano responsable de la activación del protocolo respectivo, la solicitud de medidas administrativas inmediatas de protección, ante los organismos competentes.

 

d) Proponer  al  órgano  colegiado  superior  de  la institución, la adopción de medidas institucionales internas, conforme a las atribuciones y competencias establecidas en la Ley.

 

e)   Elaborar el informe correspondiente, respecto de los hechos denunciados.

 

f)  Recomendar el inicio de un proceso disciplinario o sancionatorio, dentro de los términos correspondientes.

 

g)  Recomendar posibles acciones preventivas generadas del análisis del caso.

 

2.2.2.   Proceso de indagación

 

El proceso de indagación tendrá una duración máxima de quince días (15) término. Concluido el proceso de indagación, la Comisión presentará ante el órgano colegiado superior el informe correspondiente.

 

La Comisión sesionará tantas veces como sea necesario para recabar información: citando a las personas implicadas, escuchando a las partes, e incorporando documentación o posibles indicios de toda índole que presenten las partes implicadas o terceros que conozcan de  los  hechos  indagados;  tomando  en  consideración los principios del debido proceso establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

 

Durante este proceso, los órganos responsables de la activación del protocolo podrán solicitar las medidas administrativas  inmediatas   de   protección,   o   adoptar las medidas institucionales internas necesarias para salvaguardar  la  integridad  física  y  emocional  de  la persona que ha presentado la denuncia en el entorno de la institución; las cuales podrán ser  recomendadas por la Comisión o por la persona encargada de realizar la contención a la víctima.

 

Los miembros de la comunidad académica deberán prestar todas las facilidades a la Comisión de Atención y Revisión

de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, en el proceso  de  indagación,  atendiendo  sus  requerimientos de manera oportuna e inmediata. Las autoridades de la institución garantizarán que los miembros de la Comisión cuenten con el tiempo y las herramientas necesarias para el desarrollo adecuado y oportuno de sus funciones, en consideración del tiempo establecido para el desarrollo del proceso de indagación.

 

2.2.3.   Informe de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación

 

Concluido el plazo previsto para el proceso de indagación, la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación presentará ante el órgano colegiado superior de la institución, el informe motivado correspondiente, a fin de que dicho organismo adopte las acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa vigente en materia de educación superior.

 

6.2.2.1 Contenido mínimo del Informe

 

El informe elaborado por la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, deberá contener al menos lo siguiente:

 

a) Antecedentes: indicación clara y precisa de los fundamentos de hecho.

 

b) Normativa  aplicable:  fundamentos  de  derecho aplicables al caso.

 

c)   Actuaciones realizadas: descripción de las actuaciones realizadas por la Comisión dentro del proceso de indagación.

 

d) Análisis: valoración de los elementos identificados dentro del proceso de indagación y de la aplicación de la normativa al caso.

 

e)   Conclusiones: identificación de los hechos y existencia de nexo causal.

 

f)  Recomendaciones: sugerencias al órgano colegiado superior de la institución, respecto de:

 

•          Inicio  de  procesos  disciplinarios  o  sancionatorios contra el presunto agresor;

 

•          Acciones   de   protección   a   la   víctima   (medidas administrativas inmediatas de protección, medidas institucionales          internas,      acompañamiento      y seguimiento); y,

 

•    Derivación del caso a las instituciones competentes.

 

g) Anexos:  todo  el  expediente  del  caso  y  la documentación de respaldo receptada dentro del proceso de indagación, debidamente foliada.

 

Los informes de la Comisión tienen el carácter de recomendación.

 

2.3.Actuación del órgano colegiado superior

 

El  órgano  colegiado  superior  deberá  resolver  sobre los hechos denunciados conforme a las competencias atribuidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa aplicable, tomando como insumo el informe elaborado por la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación.

 

Una vez recibido el informe de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Violencia, Acoso y Discriminación, el órgano colegiado superior de la institución deberá sesionar en el término máximo de dos (2) días, para avocar conocimiento de la denuncia presentada.

 

De considerarlo necesario, el órgano colegiado superior podrá solicitar se amplié o aclare, el informe presentado por la Comisión, para lo cual podrá otorgar un término máximo de tres (3) días, contados a partir de la fecha en que se avocó conocimiento.

 

El órgano colegiado superior sesionará tantas veces como sea necesario para emitir un pronunciamiento sobre el caso, dentro del término máximo de cinco (5) días contados a partir de la fecha en la que se avocó conocimiento de la denuncia presentada.

 

La resolución del órgano colegiado superior deberá contemplar al menos lo siguiente:

 

1.   Inicio  de  procesos  disciplinarios  o  sancionatorios contra el presunto agresor, de considerarlo pertinente.

 

2.   Adopción de acciones para la protección de la víctima.

 

3.   Solicitud de medidas administrativas inmediatas de protección.

 

4.   Adopción de medidas institucionales internas.

 

5.   Designación de los responsables del acompañamiento a la víctima y del seguimiento del caso.

6.   Derivación del caso a las instituciones competentes. El/ rector/a del instituto superior público deberá informar

a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología

e Innovación, respecto de la resolución adoptada por el órgano colegiado superior, en el término máximo de tres (3) días.

 

3.   ETAPA DE DERIVACIÓN:

 

Los o las rectores/as u otras personas responsables de instituciones educativas que conozcan de la presunta comisión de un delito tienen la obligación legal de ponerlo en  conocimiento de  las  autoridades competentes, y  de no hacerlo, pueden ser sancionados por omisión de la denuncia, conforme lo establecido en los artículo 277 y

422 del Código Orgánico Integral Penal.

El   Estado   ecuatoriano   faculta   a   quien   haya   sido víctima de acoso, discriminación y/o violencia o tenga conocimiento de un caso, el deber de denunciarlo. La víctima tiene derecho a recibir una protección inmediata, reparación integral, asistencia psicológica, la protección especializada y efectiva, el patrocinio legal gratuito de parte de la Defensoría Pública y la investigación de la Fiscalía General del Estado, para la sanción a quienes tengan responsabilidad.

 

Los casos de violencia, acoso o discriminación basada en género y orientación sexual, se derivarán a las instituciones estatales correspondientes, según los parámetros que a continuación se detallan:

 

a)  Fiscalía General del Estado: Esta institución atiende denuncias de cualquier hecho relativo al presunto cometimiento de un delito de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, contra cualquier persona nacional o extranjera.

 

Las denuncias se pueden presentar en las Fiscalías

Especializadas en violencia de género.

 

En los casos de violencia, acoso o discriminación en los cuales la víctima no haya iniciado ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la autoridad institucional deberá acudir a la Fiscalía correspondiente a fin de presentar la denuncia respaldada por el informe realizado por el personal de la Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces. Es importante recalcar que la denuncia no es opcional, su encubrimiento constituye una infracción penal.

 

b) Defensoría Pública: La Defensoría Pública es un organismo autónomo, que forma parte de la Función Judicial. Su objetivo es otorgar defensores públicos (abogados/as) a las personas que por su condición económica, social o cultural o porque se encuentran en estado de indefensión no pueden contratar servicios de defensa legal privada para garantizar sus derechos. Esta institución proporciona información, orientación y asesoramiento a las víctimas de violencia de género.

 

c)   Defensoría  del  Pueblo:  La  Defensoría del  Pueblo tiene como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país.

 

d)  Juntas Cantonales de Protección de Derechos: Son los organismos encargados de otorgar las medidas administrativas de  protección, a  nivel  cantonal,  en el marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres.

 

e)   Tenientes políticos: Son los funcionarios encargados de otorgar las medidas administrativas de protección, a nivel parroquial, en el marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres.

 

 

f)   Consejo  Nacional  para  la  Igualdad  de  Género: es el organismo encargado de realizar observancia, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI, en las diferentes funciones del Estado e instituciones del sector público

 

4.   ETAPA DE SEGUIMIENTO INTERNO:

 

La Coordinación de Bienestar Institucional o quien haga sus veces, el/la rector/a o vicerrector/a académico/a la autoridad  institucional, el Órgano Colegiado Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, realizarán acciones de seguimiento conforme lo siguiente:

 

4.1 Seguimiento académico

 

El/la vicerrector/a académico/a, realizara seguimiento académico a la víctima de violencia, a fin de garantizar su permanencia en el Sistema de Educación Superior, proceso que deberá ser informado de manera periódica a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

4.2 Seguimiento psicológico

 

La Coordinación de Bienestar Institucional será la encargada de realizar el   seguimiento psicológico a la víctima, asegurando su bienestar integral, en coordinación con  los  organismos competentes del  Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

4.3 Seguimiento    a    medidas    administrativas    de protección internas y externas

 

Corresponde al órgano que haya activado el protocolo designar a una persona encargada de realizar el seguimiento a las medidas que se hubieren otorgado, a favor de la víctima durante todo el proceso ya sean estas de carácter institucional o externas.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro Oficial No. 449.

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (02 de Agosto de

2018). Registro Oficial No. 297.

 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (23 de enero de 2018). Registro Oficial Suplemento No. 175

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (11 de mayo de 2004). Registro Oficial Suplemento 337

 

Alcover de la Hera, C. (2011). Mediación en contextos de educación superior e investigación. En M. Gonzalo Quiroga, & F. Gorjón, Métodos alternos de solución de conflictos (págs. 233 - 248). Madrid: Editorial Dykinson.

Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2017), Glosario Feminista para la Igualdad de Género, Centro de Publicaciones de la PUCE, Quito-Ecuador.

 

Cabanellas de  Torres,  G.  (1993).  Diccionario  Jurídico

Elemental. Editorial Heliasta S.R.L.

 

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Costello, B., Wachtel, J., & Wachtel, T. (2010). Manual de Prácticas Restaurativas para Docentes, Personal Responsable de la Disciplina y Administradores de Instituciones Educativas. Bethlehem: International Institute for restaurative practices.

 

Flores Fernández, Jorge. (Mayo de 2009). Pantallas Amigas. Obtenido de Pantallas Amigas: http://www. pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2018/05/ pantallasamigas-ciberderechos-los-e-derechos-de-la- infancia-en-el-nuevo-contexto-tic-1.pdf

 

Garrido, Rafael (2015), “Las otras víctimas: una mirada reflexiva sobre la violencia de género contra personas LGBTI”, Violencia de género, Coordinadora Ùrsula Straka, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas- Venezuela.

 

Luthar, S. (2003). Prefase. S.S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability. Adaptation in the contest of childhood adversities (pp. xix-xxi). Cambridge, Ru: Cambridge Unversity Press.

 

Ministerio de Salud Pública. (2009). Normas y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. Quito: Ministerio de Salud Pública.

 

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

 

Organización Mundial de la Salud. (2003). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

 

París Albert, S. (2003). Reseña de “Aprender del conflicto. Conflictología y Educación” de Eduard Vinyamata. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 315-328.

 

Sanchez,         C.    (2003).    Perfil    del    agresor    sexual: estudiando las características y sociales de los delincuentes                sexuales      de      nuestras      prisiones. Encontrar              en:        https://journals.copmadrid.org/apj/ art/86109d400f0ed29e840b47ed72777c84

 

ANEXO

 

NORMATIVA VIGENTE APLICABLE

 

En el marco de aplicación del presente instrumento, se observará la siguiente normativa:

Normativa internacional: Declaración de Derechos Humanos

 

 

Artículo 1

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

 

Artículo 2

 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

 

Artículo 3

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

 

Artículo 5

 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 

Artículo 7

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a  igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

 

Artículo 12

 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

 

Artículo 26

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

 

 

Artículo 2      Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

 

La Recomendación General 35 de Comité CEDAW (2017)

 

10.

El Comité considera que la violencia de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales por los cuales la posición subordinada de las mujeres con respecto a los hombres y sus roles estereotipados se perpetúan. A lo largo de su trabajo, el Comité ha dejado claro que esta violencia es un obstáculo fundamental para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para el disfrute de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Convención;

20.

En todas las regiones se han registrado episodios de violencia homofóbica y transfóbica. Esa violencia puede ser física (a saber, asesinatos, palizas, secuestros, violaciones y agresiones sexuales) o psicológica (a saber, amenazas, coacciones y privaciones arbitrarias de la libertad). Estas agresiones constituyen una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género.

 

Convención de Belém do Pará

 

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado;

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e) Tomar las medidas apropiadas incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de comprensión justos y eficaces, y

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índoles que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

 

Opinión consultiva OC24/17 de 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

6.1       La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto.

La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio de ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea a todo el ordenamiento jurídico.

 

Normativa nacional:

 

Constitución de la República del Ecuador

 

 

Artículo 66:

Derechos de libertad

– derecho a la integridad personal

El numeral 3 reconoce y garantiza a las personas: el derecho a la integridad personal, que incluye:

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual,

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, y

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. (…)”

 

Artículo 341: Condiciones para la protección integral

“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.”

Artículo 347: Responsabilidad del Estado

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: (…).6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.”

 

Código Orgánico Integral Penal

 

Artículo 141:

Femicidio

“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”

Artículo 154:

Intimidación

“La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.”

Artículo 166:

Acoso sexual

“La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.”

Artículo 170:

Abuso sexual

“La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.”

Artículo 171:

Violación

“Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente.

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal.

3. La víctima es menor de diez años.

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima.

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo.

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”

 

Artículo 176:

Discriminación

“La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En el parágrafo segundo se señalan los delitos de odio.”

Artículo 177:

Actos de odio

“La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionarán con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones.”

Artículo 178: Violación a la intimidad

“La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley.”

Artículo 277: Omisión            de denuncia

“La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.”

Artículo 422: Deber  de denunciar

“Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley, en especial:

1. La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.

2. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la comisión de un presunto delito.

3. Las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas, por presuntos delitos cometidos en dichos centros.”

 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

 

Artículo 4:

Definiciones

Para efectos de aplicación de la presente Ley, a continuación se definen los siguientes términos:

1. Violencia de género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

2. Daño.- Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento determinado. En este caso el daño implica la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.

3. Estereotipos de género.- Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente.

4. Víctimas.- Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la familia.

5. Persona agresora.- Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia contra las mujeres.

6. Ambito público.- Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y de servicios remunerados, vinculadas a la gestión de lo público.

7. Ambito privado.- Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas; de la economía del cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico.

8. Relaciones de poder.- Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres.

9. Discriminación contra las mujeres.- Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra.

10. Revictimización.- Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes.

 

11. Registro Único de violencia contra las mujeres.- Es un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que consignará los datos de sexo, edad, auto identificación étnica, condición sexo-genérica, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil de la víctima y de la persona agresora, el tipo de violencia, la existencia de denuncias anteriores, sentencia y otros datos adicionales que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos.(…)

13. Masculinidades.- Es la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres. Se aboga por que se ejerzan sin machismo ni supremacía o violencia hacia las mujeres.”

Artículo 9: Derechos de las mujeres

“Las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes:

1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su desarrollo y bienestar;

2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna forma de discriminación, ni tortura;

3. A recibir en un contexto de interculturalidad, una educación sustentada en principios de igualdad y equidad;

4. A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en castellano o en su idioma propio, adecuada a su edad y contexto socio cultural, en relación con sus derechos, incluyendo su salud sexual y reproductiva; a conocer los mecanismos de protección; el lugar de prestación de los servicios de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral; y demás procedimientos contemplados en la presente Ley y demás normativas concordantes;

5. A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación aumentativa, así como apoyo adicional ajustado a sus necesidades, que permitan garantizar sus derechos, cuando tengan una condición de discapacidad;

6. A que se le garanticen la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado;

7. A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y eficaces, de manera inmediata y gratuita para la víctima y sus dependientes con cobertura suficiente, accesible y de calidad;

8. A recibir orientación, asesoramiento, patrocinio jurídico o asistencia consular, de manera gratuita, inmediata, especializada e integral sobre las diversas materias y procesos que requiera su situación;

9. A dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales que se practiquen en los casos de violencia sexual y, dentro de lo posible, escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos;

10. A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad administrativa o judicial competente, y a que su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que la afecte. Se tomará especial atención a la edad de las víctimas, al contexto de violencia e intimidación en el que puedan encontrarse.

11. A recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su edad, su situación de discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran especial atención;

12. A no ser confrontadas, ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores. Queda prohibida la imposición de métodos alternativos de resolución de conflictos en los procesos de atención, protección o penales;

13. A la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, ante las instancias administrativas y judiciales competentes;

14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral.

15. Al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo soliciten;

16. A tener igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones;

17. A una comunicación y publicidad sin sexismo, violencia y discriminación;

18. A una vivienda segura y protegida. Las mujeres víctimas de violencia basada en su género, constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda;

19. A que se respete su permanencia o condiciones generales de trabajo, así como sus derechos laborales específicos, tales como los relacionados con la maternidad y lactancia;

20. A recibir protección frente a situaciones de amenaza, intimidación o humillaciones;

21. A no ser explotadas y a recibir protección adecuada en caso de desconocimiento de los beneficios laborales a los que por ley tengan derecho;

22. A no ser despedidas o ser sujetos de sanciones laborales por ausencia del trabajo o incapacidad, a causa de su condición de víctima de violencia; y,

23. Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.”

 

 

Artículo 10: Tipos de violencia

“Para efectos de aplicación de la presente Ley y sin prejuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia:

a) Violencia física.- Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.

b) Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.

c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación. (…)

e).- Violencia simbólica: es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.”

f) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 12: Ámbitos donde se desarrolla

la violencia contra las mujeres.

“Art. 12.- Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes:

(…) 2. Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad académica de todos los niveles;

3. Laboral.- Comprende el derecho laboral en el que se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en donde la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo, independiente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa de contratar a la víctima, o respetar sus condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia.

4. Deportivo.- Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva formativa, de alto rendimiento, profesional, adaptada/paralímpica, amateur, escolar o social;

5. Estatal e institucional.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley; (…)”

 

Ley Orgánica de Educación Superior

 

 

Artículo 5:

Derechos de las y los estudiantes

“ Son derechos de las y los estudiantes entre otros, el siguiente:

(/…) j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia.”

Artículo 6:

Derechos de los profesores y profesoras e investigadores e investigadoras

“Son derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

(…)b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; (…)”

Artículo 6.1:

Deberes de las y los profesores e investigadores

“Son deberes de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

(…) c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes vigentes; (…)”

Artículo 13:

Funciones del Sistema de

Educación Superior

“Son funciones del Sistema de Educación Superior:

p) Implementar políticas y programas institucionales con el fin de erradicar cualquier forma de violencia;

q) Crear programas de prevención orientados a identificar las diferentes formas de violencia (institucional, sexual, psicológica, física, simbólica, patrimonial- económica, emocional);

r) Capacitar a la comunidad universitaria en temas de violencia escolar, sexual, y de género; y,

s) Establecer mecanismos de denuncia y ulterior reparación en caso de hechos probados. Estos mecanismos podrán ser implementados contra de cualquier integrante de la comunidad universitaria.”

Artículo 86:

Unidad de Bienestar en las instituciones de educación superior

“Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica,  y  desarrollar  procesos  de  orientación  vocacional  y  profesional,  además de obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución.

Entre sus atribuciones, están:

a) Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad universitaria;

b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia;

c) Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos;

d) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales. La unidad de bienestar estudiantil, a través del representante legal de la institución de educación superior, presentará o iniciará las acciones administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento;

e) Implementar programas y proyectos de información, prevención y control del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco;

f) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas;

g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad;

h) Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente excluida y discriminada;

i) Promover la convivencia intercultural; y,

j) Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de las y los estudiantes de la institución.

Las instituciones de educación superior destinarán el personal y los recursos para el fortalecimiento de esta Unidad.”

Artículo 207:

Sanciones para las y los estudiantes, profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, servidoras y servidores y trabajadoras y trabajadores.

“Las instituciones del Sistema de Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores e investigadores, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. Son faltas de las y los estudiantes, profesores e investigadores:

(…)b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas costumbres;

d) Cometer cualquier acto de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;

e) Incurrir en actos u omisiones de violencia de género, sicológica o sexual, que se traduce en conductas abusivas dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar con el propósito o efecto de crear un entorno de desigualdad, ofensivo, humillante, hostil o vergonzoso para la víctima.

 

 

 

(…) Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellas y aquellos estudiantes, profesores e investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. La normativa interna institucional establecerá el procedimiento y los órganos competentes, así como una instancia que vele por el debido proceso y el derecho a la defensa.

La sanción de separación definitiva de la institución, así como lo previsto en el literal e)

precedente, son competencia privativa del Organo Colegiado Superior. (…)”

Artículo 207.2:

Acoso

“En  el  ámbito  de  las  instituciones  de  educación  superior  se  considera  que  existe acoso, discriminación y violencia de género, cuando vulnere directa o indirectamente la permanencia y normal desenvolvimiento de la persona afectada, en la institución de educación superior.

Estos casos serán conocidos siempre por el Órgano Colegiado Superior, además de las instancias pertinentes de acuerdo a la especialidad de la materia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.”

Artículo 211:

Derecho a la defensa

“Para efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, en todos los casos, se respetará el debido proceso y derecho a la defensa consagrados en la Constitución y Leyes de la República del Ecuador.”

 

 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior

 

Artículo 25:

Unidad de Bienestar en las instituciones de educación superior

“Art. 25.- Unidad de bienestar en las instituciones de educación superior.- Las instituciones de educación superior establecerán las unidades de bienestar en sus estatutos y estructura institucional, y asignarán un presupuesto para su implementación, funcionamiento y fortalecimiento.”

Disposición Transitoria

Tercera

“Hasta que las instituciones de educación superior implementen integralmente la unidad de bienestar, referida en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones podrán desarrollar estas funciones a través de otras unidades de la estructura institucional, o establecer mecanismos de cooperación con entidades públicas o privadas que apoyen en su cumplimiento.”

 

SENESCYT.- ASESORÍA JURÍDICA.- 11 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible.- Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección.

 

 

 

 

 

 

 

 

No. MPCEIP-SC-2019-0294-R

Quito, 05 de diciembre de 2019. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

 

Que,  la  Ley  del  Sistema  Ecuatoriano  de  la  Calidad establece: el  Sistema  Ecuatoriano de  la  Calidad, tiene

como  objetivo  establecer  el  marco  jurídico  destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

 

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

 

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 253 del 26 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992, se oficializó con el carácter de OPCIONAL la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN

1785:1992 PEDIDOS. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de  fusión  por  absorción,  modifíquese  la  denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, ha desarrollado un proceso de revisión sistemática de documentos normativos, cuya vigencia sea superior a 5 años desde su publicación en el Registro Oficial;

 

Que, para la ejecución de lo manifestado en el inciso anterior,  se   establecieron  cinco  fases   de  desarrollo: análisis  de  información  socioeconómica  de  acuerdo  a la metodología de ISO, análisis del estado de la técnica (bibliografía y referencia normativa), análisis del ente de control identificado, valoración técnica, y consulta pública a todas las partes interesadas;

 

Que,  mediante  Informe  Técnico  General  No.  INEN- DNO-68 de 07 de agosto de 2019, elaborado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, se emite criterio técnico y  se  recomienda gestionar el  retiro de la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN  1785:1992

PEDIDOS. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que,   mediante   oficio   No.   INEN-INEN-2018-1354- OF de 22 de octubre de 2019, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, solicita a la Subsecretaría de Calidad el retiro de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  1785:1992  PEDIDOS.  FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad de la Subsecretaría de Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. ELI-

0017 de fecha 30 de octubre de 2019, se procedió a la aprobación técnica, y se recomendó continuar con el proceso de eliminación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1785:1992 PEDIDOS. FORMATOS A4, A5

Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo

8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera con el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem que establece: “En relación con el INEN, corresponde al  Ministerio  de  Industrias  y  Productividad;  aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos  de  evaluación  de  la  conformidad,  en el  ámbito  de  su  competencia  (…)”,  en  consecuencia es competente para aprobar la derogación y retiro de la Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE   INEN   1785:1992

PEDIDOS. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No.

599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Derogar en su totalidad la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1785 (Pedidos. Formatos A4, A5 y A6. Modelo de impresión), contenida en el Acuerdo Ministerial No. 253 del 26 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992.

 

ARTÍCULO   2.-   Disponer   al   Servicio   Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, retire de su catalogo de normas técnicas, la Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE   INEN   1785:1992

PEDIDOS.  FORMATOS  A4,  A5  Y  A6.  MODELO

DE IMPRESIÓN, disponible en la página web de esa institución,

 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

05 de diciembre de 2019.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de

Calidad.

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en el Quipux.- Fecha: 10 de diciembre de 2019.- Firma: Ilegible.

 

 

 

 

 

 

 

 

No. MPCEIP-SC-2019-0295-R

Quito, 05 de diciembre de 2019. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

 

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como  objetivo  establecer  el  marco  jurídico  destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

 

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 254 del 26 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992, se oficializó con el carácter de OPCIONAL la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1786:1992 ACEPTACIONES DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de  fusión  por  absorción,  modifíquese  la  denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, ha desarrollado un proceso de revisión sistemática de documentos normativos, cuya vigencia sea superior a 5 años desde su publicación en el Registro Oficial;

 

Que, para la ejecución de lo manifestado en el inciso anterior,  se   establecieron  cinco  fases   de  desarrollo: análisis  de  información  socioeconómica  de  acuerdo  a la metodología de ISO, análisis del estado de la técnica (bibliografía y referencia normativa), análisis del ente de control identificado, valoración técnica, y consulta pública a todas las partes interesadas;

 

Que,  mediante  Informe  Técnico  General  No.  INEN- DNO-68 de 07 de agosto de 2019, elaborado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, se emite criterio técnico y  se  recomienda gestionar el  retiro de la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN  1786:1992

ACEPTACIONES DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5

Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que,   mediante   oficio   No.   INEN-INEN-2018-1354- OF de 22 de octubre de 2019, el Servicio Ecuatoriano

 

de Normalización INEN, solicita a la Subsecretaría de Calidad el retiro de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1786:1992 ACEPTACIONES DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad de la Subsecretaría de Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. ELI-

0018 de fecha 30 de octubre de 2019, se procedió a la aprobación técnica, y se recomendó continuar con el proceso de eliminación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN  1786:1992  ACEPTACIONES  DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera con el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem que establece: “En  relación  con  el  INEN,  corresponde  al  Ministerio de  Industrias  y  Productividad;  aprobar  las  propuestas de  normas  o  reglamentos  técnicos  y  procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar la derogación y retiro de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1786:1992 ACEPTACIONES DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No.

599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO  1.-  Derogar  en  su  totalidad  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1786 (Aceptaciones de pedido. Formatos A4, A5 y A6. Modelo de impresión), contenida en el Acuerdo Ministerial No. 254 del 26 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, retire de su catalogo de normas técnicas, la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1786:1992 ACEPTACIONES

DE PEDIDO. FORMATOS A4, A5 Y A6. MODELO DE IMPRESIÓN, disponible en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.

 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

05 de diciembre de 2019.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de

Calidad.

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en el Quipux.- Fecha: 10 de diciembre de 2019.- Firma: Ilegible.

 

 

 

 

 

 

 

 

No. MPCEIP-SC-2019-0296-R

Quito, 05 de diciembre de 2019. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

 

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como  objetivo  establecer  el  marco  jurídico  destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

 

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de

 

 

Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

 

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 255 del 26 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992, se oficializó con el carácter de OPCIONAL la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN

1787:1992 NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de  fusión  por  absorción,  modifíquese  la  denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

 

Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, ha desarrollado un proceso de revisión sistemática de documentos normativos, cuya vigencia sea superior a 5 años desde su publicación en el Registro Oficial;

 

Que, para la ejecución de lo manifestado en el inciso anterior,  se   establecieron  cinco  fases   de  desarrollo: análisis  de  información  socioeconómica  de  acuerdo  a la metodología de ISO, análisis del estado de la técnica (bibliografía y referencia normativa), análisis del ente de control identificado, valoración técnica, y consulta pública a todas las partes interesadas;

 

Que,  mediante  Informe  Técnico  General  No.  INEN- DNO-68 de 07 de agosto de 2019, elaborado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, se emite criterio técnico y  se  recomienda gestionar el  retiro de

la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN  1787:1992

NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que,   mediante   oficio   No.   INEN-INEN-2018-1354- OF de 22 de octubre de 2019, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, solicita a la Subsecretaría de Calidad el retiro de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1787:1992 NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad de la Subsecretaría de Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. ELI-0019 de fecha 30 de octubre de 2019, se procedió a la aprobación técnica, y se recomendó continuar con el proceso de eliminación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN

1787:1992 NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN;

 

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo

8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera con el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem que establece: “En relación con el INEN, corresponde al  Ministerio  de  Industrias  y  Productividad;  aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos  de  evaluación  de  la  conformidad,  en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar la derogación y retiro de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1787:1992 NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No.

599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO  1.-  Derogar  en  su  totalidad  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1787 (Notas de entrega. Formatos A4, A5 y A6. Modelo de impresión), contenida en el Acuerdo Ministerial No. 255 del 26 de mayo de

1992, publicado en el Registro Oficial No. 014 del 28 de agosto de 1992.

 

ARTÍCULO   2.-   Disponer   al   Servicio   Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio

 

 

de 2011, retire de su catalogo de normas técnicas, la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1787:1992 NOTAS DE ENTREGA. FORMATOS A4, A5 y A6. MODELO DE IMPRESIÓN, disponible en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.

 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 05 de diciembre de 2019.

Documento firmado electrónicamente.

 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de Calidad.

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en el Quipux.- Fecha: 10 de diciembre de 2019.- Firma: Ilegible.

 

 

 

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