Registro Oficial

Registro Oficial No.121- Miércoles 15 de enero del 2020

Miércoles, 15 de enero de 2020

 

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés             

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

                                                                       

Miércoles 15 de enero de 2020 (R. O.121, 15–enero -2020 )

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO:

Apruébese el estatuto y otórguese personería jurídica a las siguientes organizaciones:

DM-2019-199 Asociación de Artistas y Talentos de Posorja - ASODATP., domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

DM-2019-200 Fundación Cultural Amigos de las Artes, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

DM-2019-201 Asociación de Artistas Sonoro, domiciliada en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES:

MERNNR-MERNNR-2019-0068-AM Deléguense atribuciones y responsabilidades a varios servidores

MINISTERIO DE GOBIERNO:

0133...... Dese de baja de las filas de la institución policial, al Subteniente de Policía Paco Santiago Moscoso Pesantez

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00094-2019 Subróguense las funciones de Ministro, al doctor Julio Javier López Marín, Viceministro de Atención Integral en Salud

00095-2019 Créase el Comité Nacional de Contención de Poliovirus y expídese su Reglamento de Funcionamiento

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2019-393 Expídese la Norma para la Gestión del Proceso de Denuncias del Servicio Público

Págs.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT-2019-130 Concédese personería jurídica al “Colegio de Educadores Parvularios – CEP

SENESCYT-2019-132 Cesar en funciones como Miembro Interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al señor Paúl Nelson Arellano

SENESCYT-2019-133 Desígnese como Miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al señor Frank Alexis

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD:

MPCEIP-SC-2019-0289-R Otórguese la designa­ción, al Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV

MPCEIP-SC-2019-0290-R Deróguese la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050 (Keroseno. Determinación del punto de humo

REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO

Y  SEGURIDAD VIAL:

032-DIR-2019-ANT Apruébese el Estudio del Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas Operacionales, Administrativos, Técnicos y Tecnológicos

052-DE-ANT-2019 Deléguese al Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2, suscriba un Convenio Modificatorio al Convenio de Pago con la CNT EP

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y  CONTROL POSTAL:

ARCP-DE-2019-88 Refórmese la Resolución Nro. ARCP-DE-2019-26 de 01 de abril de

Págs.

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL:

CNII-ST-RA-003-2019 Deróguense de manera expresa, varias resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia

EMPRESA PÚBLICA DE FÁRMACOS -ENFARMA EP - EN LIQUIDACIÓN:

ENFARMA EP-LIQUIDACIÓN 2019-21 Declá­rese la nulidad de varios títulos de crédito

Nro. DM-2019-199

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (...). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (...)”;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Registro Oficial Nº 121                                                                                                    Miércoles 15 de enero de 2020 - 3

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución”;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos

establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;

Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada “Asociación de Artistas y Talentos de Posorja - ASODATP”, se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 19 de agosto de 2019, con la finalidad de constituirla;

Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-CZ8-2019-0562-M de 18 de octubre de 2019, el(la) señor(a) Luis Gerónimo Ramírez Jordán solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la “Asociación de Artistas y Talentos de Posorja - ASODATP”;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1009-M de 29 de octubre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la “Asociación de Artistas y Talentos de Posorja - ASODATP”;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio,

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al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda: Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:

Asociación de Artistas y Talentos de Posorja - ASODATP.

Clasificación:

Corporaciones de primer grado.

Domicilio:

Aguirre Irrizari s/n y Abdón Calderón (Barrio 24 de Diciembre), parroquia Posorja, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Correo electrónico:

asodatp2019@hotmail.com.

Fundadores:

Nombre

Nacionalidad

Nro. de documento de identidad

Bernita Aroca Manuel Eduardo

ecuatoriana

0929345619

Casierra Arroyo Mercedes

ecuatoriana

0800487589

Franco Peñafiel Santa Shirley

ecuatoriana

0913444378

Jordán Barrera Sandra María

ecuatoriana

0918415381

Mayorga Meza Lady Mariela

ecuatoriana

0924930696

Meza Tapia Mireya Cristina

ecuatoriana

0906872635

Molina Arquímides Edelberto

ecuatoriana

0801227083

Montero Pérez Diana de Jesús

ecuatoriana

0913340436

Moreira Mora Letty Marilú

ecuatoriana

1310984016

Ortega Orellana Reinaldo Santiago

ecuatoriana

1203326606

Ramírez Jordán Luis Gerónimo

ecuatoriana

0905665857

Ramírez López Yonny Roberto

ecuatoriana

0701835589

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, que dé cuenta de la elección de su directiva.

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período

de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus

Registro Oficial Nº 121                                                                                                   Miércoles 15 de enero de 2020 - 5

normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de octubre de 2019.

f.) Juan Fernando Velasco Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Nro. DM-2019-200

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (...). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (...)”;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución”;

6 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                      Registro Oficial Nº 121

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;

Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada “Fundación Cultural Amigos de las Artes”, se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 17 de septiembre de 2019, con la finalidad de constituirla;

Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-2700-EXT de 25 de octubre de 2019, el(la) señor(a) Oswaldo Patricio Cevallos Morán solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la “Fundación Cultural Amigos de las Artes”;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1011-M de 29 de octubre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la “Fundación Cultural Amigos de las Artes”;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

 

 

 

 

Nombre:

Fundación Cultural Amigos de las Artes.

Clasificación:

Fundaciones.

Domicilio:

La Isla N28-41 y Selva Alegre, parroquia Belisario Quevedo, cantón Quito, provincia de Pichincha (código postal 170521).

Correo electrónico:

fundacionamigosdelarte@gmail.com.

Fundadores:

Nombre

Nacionalidad

Nro. de documento de identidad

Cevallos Márquez María Fernanda

ecuatoriana

1712620572

Cevallos Morán Oswaldo Patricio

ecuatoriana

1703120202

Cevallos Rosales Édgar Numa Patricio

ecuatoriana

1702673300

Registro Oficial Nº 121                                                                                                   Miércoles 15 de enero de 2020 - 7

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, que dé cuenta de la elección de su directiva.

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de octubre de 2019.

f.) Juan Fernando Velasco Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

ro. DM-2019-201

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (...). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (...)”;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y

8 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                      Registro Oficial Nº 12

montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución”;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;

Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada “Asociación de Artistas Sonoro”, se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 24 de octubre de 2019, con la finalidad de constituirla;

Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-2709-EXT de 25 de octubre de 2019, el(la) señor(a) Byron Ronaldo Pelaes Peralta solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la “Asociación de Artistas Sonoro”;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1012-M de 29 de octubre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la “Asociación de Artistas Sonoro”;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

 

Nombre:

Asociación de Artistas Sonoro.

Clasificación:

Corporaciones de primer grado.

Domicilio:

Km. 20 vía al Puyo desde Macas (Sector Veracruz), parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Morona, provincia de Morona Santiago.

Registro Oficial Nº 121                                                                                                   Miércoles 15 de enero de 2020 - 9

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico:

festsonoro@gmail.com.

 

 

Fundadores:

Nombre

Nacionalidad

Nro. de documento de identidad

Bombón Viñanzaca Luis Fernando

ecuatoriana

1804925111

Medina Sharupe Jonathan Pedro

ecuatoriana

1400964746

Merchán Yuma Édgar Ramiro

ecuatoriana

1401277353

Pelaes Peralta Byron Ronaldo

ecuatoriana

0105890735

Sánchez Castro Franklin Ignacio

ecuatoriana

1400769350

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, que dé cuenta de la elección de su directiva.

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de octubre de 2019.

f.) Juan Fernando Velasco Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0068-AM

Sr. Mgs. José Iván Agusto Briones

MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece la atribución de los ministros de Estado de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por

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los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 935 de 19 de noviembre de 2019, el señor Lic. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Magíster José lván Agusto Briones, como Ministro Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, y, Decreto Ejecutivo No. 935 de 19 de noviembre de 2019;

Acuerda:

Art. 1.- Delegar a los servidores que se detallan a continuación, para que a nombre y en representación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ejerzan las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1.1. Viceministro de Hidrocarburos:

  1. Representar al Estado a nivel nacional e internacional en temas de hidrocarburos, en virtud de la normativa vigente y procedimientos previstos para el efecto.
  2. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos No Renovables las políticas, directrices proyectos y objetivos, para el desarrollo, administración y gestión del sector de hidrocarburos;
  3. Impulsar estrategias para promover la innovación científica y tecnológica para el desarrollo del sector de hidrocarburos;
  4. Declarar de utilidad pública o de interés social, de acuerdo con la ley, con fines de expropiación y ocupación inmediata, los inmuebles que se requieran para el desarrollo del sector de hidrocarburos; así como, constituir servidumbres forzosas y necesarias para la construcción y operación de obras relacionadas con el sector;

1.1.5.     Otorgar, administrar y extinguir licencias, concesiones, permisos, títulos habilitantes y autorizaciones para el ejercicio de las actividades del sector de hidrocarburos;

  1. Aprobar los parámetros e indicadores para el seguimiento y evaluación de gestión de las entidades y empresas públicas del sector de hidrocarburos;
  2. Ejercer la coordinación técnica de las entidades dependientes y adscritas al sector de Hidrocarburos;
  3. Actuar como Delegado del Ministro de Energía y Recursos No Renovables en los Directorios de la

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH;

  1. Autorizar la transferencia o cesión a terceros de contratos de exploración, explotación, transporte, refinación e industrialización o sus derechos; así como, las autorizaciones, renovaciones, extinciones de las comercializadoras de derivados de hidrocarburos;
  2. Resolver la declaratoria de caducidad de contratos de exploración y explotación;
  3. Coordinar, articular y dirigir la administración y gestión de la información del sector de hidrocarburos;
  4. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos No Renovables la reglamentación y normativa en lo concerniente al sector de hidrocarburos;

 

  1. Suscribir el informe y los estimados hidrocarburíferos que sirven de base para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del Estado, análisis cuatrianual y parámetros macrofiscales;
  2. Aprobar el informe de las estadísticas hidrocarburíferas y ordenar su publicación en la página web de la institución;

1.1.15.    Ejercer las atribuciones y responsabilidades que le correspondían al Secretario de hidrocarburos, contempladas en las Leyes, Reglamentos, Resoluciones y demás normativa relacionada con el sector de Hidrocarburos;

  1. Actuar como delegado permanente en el Comité de Licitación Hidrocarburífera COLH;
  2. Actuar como delegado del Ministro de Energía y Recursos No Renovables en todos los actos relacionados a la Fusión a llevarse a cabo entre La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador PETROECUADOR EP, y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, para lo cual podrá suscribir convenios, llevar adelante procesos de contratación pública con ese fin, en todas sus fases, incluida la suscripción de contratos y su ejecución.

1.1.18.       Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas en aplicación de la normativa legal y la autoridad competente.

1.2. Viceministro de Electricidad y Energía Renovable:

  1. Representar al Estado a nivel nacional e internacional en temas de electricidad, en virtud de la normativa vigente y procedimientos previstos para el efecto;
  2. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos No Renovables las políticas,

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directrices, proyectos y objetivos, para el desarrollo, administración y gestión del sector de electricidad;

  1. Impulsar estrategias para promover la investigación e innovación científica y tecnológica para el desarrollo del sector de electricidad;
  2. Declarar de utilidad pública o de interés social, de acuerdo con la ley, con fines de expropiación y ocupación inmediata, los inmuebles que se requieran para el desarrollo del sector de electricidad; así como, constituir servidumbres forzosas y necesarias para la construcción y operación de obras relacionadas con el sector;

1.2.5.     Otorgar, administrar y extinguir licencias, concesiones, permisos, títulos habilitantes y autorizaciones para el ejercicio de las actividades del sector de electricidad;

  1. Aprobar los parámetros e indicadores para el seguimiento y evaluación de gestión de las entidades y empresas públicas del sector de electricidad;
  2. Ejercer la coordinación técnica de las entidades dependientes o adscritas al sector Electricidad y Energía No Renovable;
  3. Actuar como delegado del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en los Directorios del Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional ECUAClER, Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, Instituto de Investigación Geológico Energético IIGE;
  4. Resolver la declaratoria de caducidad de concesiones del sector;

 

  1. Coordinar, articular y dirigir la administración y gestión de la información del sector de electricidad;
  2. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos No Renovables la reglamentación y normativa en lo concerniente al sector de electricidad;
  3. Aprobar el informe de las estadísticas que no correspondan a la ARCONEL y ordenar su publicación en la página web de la institución;
  4. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Recursos Naturales No Renovables las políticas y directrices para la ejecución de programas y proyectos de expansión y mejora en generación, transmisión, distribución, comercialización, eficiencia energética y energía renovable; y, la energización de zonas rurales aisladas;
  5. Asesorar a los organismos del sector público y privado en el uso pacífico de la energía atómica, prevención de sus riesgos, contaminación e higiene ambiental;

1.2.15.    Orientar la prestación de servicios para la aplicación de técnicas nucleares, en combinación con instituciones públicas o privadas;

1.2.16. Controlar toda actividad y tecnología relacionadas con los minerales radiactivos, el uso de radioisótopos y máquinas generadoras de radiaciones ionizantes y, en general, con la seguridad nuclear y seguridad radiológica, en todos sus aspectos; y,

1.2.17.       Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la normativa legal y la autoridad competente.

1.3. Viceministro de Minería

  1. Representar al Estado a nivel nacional e internacional en temas de minería, en virtud de la normativa vigente y procedimientos previstos para el efecto;
  2. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos No Renovables políticas, directrices, proyectos y objetivos, para el desarrollo, administración y gestión del sector de minería;
  3. Impulsar estrategias para promover la investigación e innovación científica y tecnológica para el desarrollo del sector de minería;

1.3.4.  Declarar de utilidad pública o de interés social, de acuerdo con la ley, con fines de expropiación y ocupación inmediata, los inmuebles que se requieran para el desarrollo del sector de minería; así como, constituir servidumbres forzosas y necesarias para la construcción y operación de obras relacionadas con el sector;

1.3.5. Otorgar, administrar y extinguir licencias, permisos, títulos habilitantes y autorizaciones para el ejercicio de las actividades del sector de minería;

  1. Aprobar los parámetros e indicadores para el seguimiento y evaluación de gestión de las entidades y empresas públicas del sector de minería;
  2. Ejercer la coordinación técnica de las entidades dependientes y adscritas al sector de la Minería;
  3. Emitir la recomendación al señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables para otorgar, extinguir derechos mineros;
  4. Actuar como delegado del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en los Directorios de la Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI, y de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM;

1.3.10.   Emitir la recomendación al señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables para resolver la declaratoria de caducidad de concesiones del sector;

1.3.11. Coordinar, articular y dirigir la administración y gestión de la información del sector;

 

12 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

  1. Elaborar y proponer para aprobación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la reglamentación y normativa en lo concerniente al sector de minería;
  2. Supervisar y emitir directrices para que se lleven a cabo con normalidad y agilidad todos los trámites que tengan a cargo los Coordinadores Zonales en temas relacionados a Minería, para lo cual deberá implementar todos los instructivos que fuesen necesarios; y

1.3.14.      Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la normativa legal y la autoridad competente.

1.4. Coordinadores Zonales de Minería

1.4.1. Administrar Derechos Mineros;

1.4.2.  Dar trámite y procedimiento a toda petición de concesión o extinción minera u otros derechos mineros, debiendo remitir al Viceministro de Minas informe técnico de procedencia, para que este a su vez recomiende al señor Ministro la concesión o extinción en cuestión.

1.5. Subsecretario de Contratación de Hidrocarburos y Asignación de Áreas.

1.5.1. Suscribir a nombre del Estado Ecuatoriano los contratos y sus modificatorios en las fases de exploración, explotación, industrialización y transporte de Hidrocarburos;

1.6.    Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares

1.6.1. Delegar al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares, Director/a de Licenciamiento y Protección Radiológica, así como a los Responsables de las Oficinas Técnicas de Quito, Guayaquil y Cuenca para que, suscriban las Licencias contempladas en el Reglamento de Seguridad Radiológica.

  1. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares para que, conozca, autorice, tramite y suscriba todos los documentos, lineamientos, actas, resoluciones, informes y demás actos administrativos y de simple administración que sean necesarios para iniciar, continuar, liquidar, cerrar y/o concluir con los diferentes trámites relacionados con las etapas o fases precontractual, contractuales y de ejecución que se requieran dentro de los diferentes procesos de contratación pública donde intervenga el Ministerio como oferente de bienes o servicios, tales como y no solamente presentación de ofertas, preguntas o aclaraciones, actas de negociación, etc.
  2. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares para que, suscriba los contratos de prestación de servicios técnicos en el ámbito de su competencia, en calidad de prestadora, contratista o similares.
  1. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares para que, suscriba todos aquellos documentos necesarios que permitan vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de radiaciones ionizantes de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Salud y en el área médica y no médica.
  2. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares para que, suscriba los convenios que se realicen entre esta Cartera de Estado y las instituciones beneficiarias dentro del Programa de Cooperación Técnica del Organismo de Energía Atómica- OlEA, en el marco de dicha cooperación, con el objeto de coordinar el pago del 5% de los Gastos Nacionales de Participación por asistencia técnica que reciba del OlEA.
  3. El/la Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares en conjunto con el/la Director/a de Licenciamiento y Protección Radiológica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, autorizarán el ingreso al país de equipos nuevos generadores y emisores de radiación ionizante, como mecanismo de optimización de la protección radiológica de los pacientes, considerando que los equipos repotenciados no ofrecen ningún tipo de garantía y se da permanentemente el caso de que no existen repuestos o son escasos y no disponen de manuales por lo que el servicio técnico no es el apropiado.
  4. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares, para que sea el Oficial Nacional de Enlace (NLO por sus siglas en inglés) y lleve la coordinación de la cooperación técnica ante el Organismo Internacional de Energía Atómica.
  5. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares, y/o al Director/a de Aplicaciones Nucleares y Cooperación Técnica para que, suscriban los oficios de los informes de los servicios prestados por los laboratorios de apoyo a la seguridad radiológica.
  6. Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares, y/o al Director/a de Aplicaciones Nucleares y Cooperación Técnica para que, sea el Coordinador Nacional en el Acuerdo Regional de Cooperación para América Latina y El Caribe (ARCAL) (NCR por sus siglas en inglés) y lleve la coordinación de la cooperación técnica en lo que corresponde al Acuerdo.

1.6.10.   Al Subsecretario/a de Control y Aplicaciones Nucleares, y/o al Director/a de Aplicaciones Nucleares y Cooperación Técnica para que sea el asistente del Oficial Nacional de Enlace (NLA por sus siglas en inglés) y lleve la coordinación de la cooperación técnica en el Acuerdo ARCAL.

Art. 2.- Los funcionarios y servidores, en su calidad de Delegados, informarán al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables sobre las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en virtud de la presente delegación, de forma mensal.

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Art. 3.- Los delegados en el ejercicio de sus funciones serán administrativa, civil y penalmente responsables de los actos que realicen, por lo que serán personalmente responsables ante la Contraloría General del Estado y cualquier otra entidad de control, sea en sede administrativa o judicial. Los delegados para emitir dichos actos deberán realizarlos de forma debidamente motivada y, para el caso de resoluciones o acuerdos, estas deberán contener de forma previa los informes técnicos y jurídicos, que mínimo contendrán lo siguiente: Antecedentes, fundamentos legales y/o técnicos, análisis, conclusiones y/o recomendaciones generales y específicas.

Art. 4.- La Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables será la encargada de llevar la numeración y el archivo de todas las resoluciones y acuerdos que se emitan en esta Cartera de Estado así como de brindar la asesoría necesaria.

Art. 5.- De la ejecución de este Acuerdo, se encargarán tantos los funcionarios delegados cuanto la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Art. 6.- Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su Publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga al presente Acuerdo.-Dado en Quito, D.M. , a los 19 día(s) del mes de Diciembre de dos mil diecinueve.

f.) Sr. Mgs. José Iván Augusto Briones, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- 23 de diciembre de 2019.- f.) Secretaria General.

Nro. 0133

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones

establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)”;

Que el inciso segundo del artículo 160 de la norma suprema establece que: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización (...)”;

Que el primer párrafo del artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”;

Que el artículo 63 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “Al ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional”;

Que el numeral 4 del artículo 64 del citado Código, manifiesta que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (...) 4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (...)”;

Que la Disposición Transitoria Novena la norma ejúsdem, estipula, “Los procedimientos administrativos disciplinarios que actualmente se encuentran sustanciándose en los Consejos Policiales, serán resueltos de conformidad con la ley y normativa vigente de cuando se iniciaron hasta su conclusión, respetando los plazos y términos correspondientes. (…)”;

Que la Ley de Personal de la Policía Nacional, vigente hasta el 18 de diciembre de 2017, regula la carrera policial y establece los derechos y obligaciones de sus miembros, y en su Capítulo II Título II contempla la clasificación específica del personal policial por el grado y por la jerarquía, disponiendo en su artículo 18 que en razón del grado el personal se clasifica en: “1. Oficiales: a) Generales (...) b) Superiores (...) c) Subalternos: Capitán de Policía: Teniente de Policía: y, Subteniente de Policía (...)”;

Que el inciso cuarto del artículo 53 da la norma ibídem, dispone que: “El personal policial será colocado a disposición, por presunción de mala conducta profesional. (...) Quien haya sido colocado en situación a disposición, permanecerá en ella hasta por sesenta días, tiempo durante el cual la Inspectoría General debe investigar y presentar las pruebas pertinentes y se practicarán las diligencias solicitadas por el investigado, que permitan

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a los respectivos Consejos resolver si el inculpado incurrió o no en mala conducta profesional. De probarse mala conducta profesional, declarada por el Consejo respectivo, el investigado será dado de baja sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar, por el contrario, de no comprobarse mala conducta profesional será designado a un cargo cualquiera”;

Que el cuerpo legal antedicho en su artículo 54. dispone que: “Constituye mala conducta profesional todo acto ejecutado por un miembro de la Policía que lesione gravemente el prestigio de la Institución o que atente gravemente la moral y las buenas costumbres; así como la reincidencia en el cometimiento de faltas disciplinarias por las que hubiere sido sancionado. Repútase como reincidencia la repetición de las faltas en la vida profesional atento al tiempo y a su gravedad.”;

Que el artículo 65 de la norma ejúsdem, manifiesta que: “La baja, es el acto administrativo ordenado por autoridad competente, mediante el cual se dispone la separación de un miembro de la institución policial, colocándole en servicio pasivo. La baja de los Oficiales Generales y, dentro de los Oficiales Superiores, la de los Coroneles de Policía, se declarará mediante Decreto Ejecutivo; la baja de los demás grados Oficiales Superiores y Oficiales Subalternos, mediante Acuerdo Ministerial; y para el personal de Clases y Policías, por Resolución del Comandante General, previo dictamen de los Consejos respectivos.”;

Que el artículo 66 de la Ley de Personal de la Policía Nacional determina que el personal policial será dado de baja por una de las siguientes causas: “i) Por haberse declarado en su contra mala conducta profesional.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 495 de 31 de agosto de 2018, publicado en el Registro Oficial No. 327 de 14 de septiembre del 2018, artículo segundo, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designa a la señora María Paula Romo Rodríguez como Ministra del Interior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019 el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 8362 de 17 de febrero de 2017, el señor Ministro del Interior (S), acordó: “Artículo 1.- Colocar en Situación a Disposición del Ministerio del Interior, con fecha de expedición de este Acuerdo Ministerial al señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional”;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 8510 de 30 de marzo de 2017, el señor Ministro del Interior (S) acordó: “Artículo 1.- Colocar en Situación a Disposición del Ministerio del Interior, con fecha de expedición de este Acuerdo Ministerial al señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por presunción de mala conducta profesional según consta en el Informe investigativo No. 2016-311-DAI-IGPN por faltas disciplinarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional”;

Que mediante Resolución Nro. 2017-0778-CS-PN de 20 de septiembre de 2017, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, resolvió: “1.- DECLARAR HA LUGAR A MALA CONDUCTA PROFESIONAL del señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y que atenían gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo estipula el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. 2.-SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, alcance el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado mala conducta profesional, de conformidad con el inciso cuarto primera parte del Art. 53, en concordancia con los Arts. 65 y 66 literal i) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; quien dejará de constar en la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocado”;

Que mediante Resolución Nro. 2017-0783-CS-PN de 20 de septiembre del 2017, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, resolvió: “1.- DECLARAR HA LUGAR A MALA CONDUCTA PROFESIONAL del señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y (pie atenían gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo estipula el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. 2.-SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, alcance el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado mala conducta profesional. de conformidad con el inciso cuarto primera parte del Art. 53, en concordancia con los Arts. 65 y 66 literal i) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; quien dejará de constar en la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocado”;

Que mediante Resolución Nro. 2017-0936-CS-PN de 12 de diciembre de 2017, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, resolvió: “1.- NEGAR el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN planteado por el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ; y, consecuentemente, RATIFICAR la Resolución No. 2017-0783- CS-PN, de fecha 20 de

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septiembre del 2017, con la cual se resolvió: “1.-SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición, sea colocado a Disposición del Ministerio del Interior el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por presunción de mala conducta profesional; de conformidad a lo establecido en los Arts. 52, 53 y 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. (...)”;

Que mediante Resolución Nro. 2018-059-CS-PN de 30 de enero de 2018, el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, resolvió: “1. RECTIFICAR la Resolución No. 2017-0936-CS-PN, de 12 de diciembre del 2017, única y exclusivamente en su parte resolutiva numeral 1, en la cual debe constar: “1.- NEGAR el Recurso de RECONSIDERACIÓN planteado por el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ; y, consecuentemente, RATIFICAR la Resolución No. 2017-0783-CS-PN, de 20 de septiembre del 2017, con la cual se resolvió: “1.- DECLARAR HA LUGAR A MALA CONDUCTA PROFESIONAL del señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y que atentan gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo estipula el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional.2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, alcance el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado mala conducta profesional, de conformidad con el inciso cuarto primera parte del Art. 53. en concordancia con los Arts. 65 y 66 literal i) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; quien dejará de constar en la Situación a Disposición del Ministerio del Interior en la que se encuentra colocado (...)”;

Que mediante Resolución Nro. 2018-177-CS-PN de 05 de julio de 2018, el H. Consejo de Superior de la Policía Nacional, resuelve: “1.- DISPONER la ejecución del fallo de acuerdo a lo que indica el Art. 60 del Reglamento del Consejo Superior de la Policía Nacional, en virtud, de que el Consejo de Generales de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 2018-294-CsG-PN, adoptada el día 14 de mayo del 2018, en uso de sus atribuciones RESUELVE: “... 1.- NEGAR el Recurso de Apelación planteado por el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ; y, CONFIRMAR, el contenido de la Resolución No. 2017-0778-CS-PN, de 20 de septiembre del 2017, ratificada mediante Resolución No. 2017-0935-CS-PN, fecha 12 de diciembre del 2017, emitidas por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, en las que se declara mala conducta profesional del antes mencionado servidor policial, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y que atenían gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo manifestado en el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, vigente a la fecha del cometimiento

de los hechos...”. 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado la mala conducta profesional, de conformidad con el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía Nacional, en concordancia con los 54; 65 y 66 literal i) ibídem”;

Que mediante Resolución Nro. 2018-0178-CS-PN de 05 de julio de 2018, el H. Consejo de Superior de la Policía Nacional, resuelve: “1.- DISPONER la ejecución del fallo de acuerdo a lo que indica el Art. 60 del Reglamento del Consejo Superior de la Policía Nacional, en virtud, de que el Consejo de Generales de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 2018-295-CsG-PN, adoptada el día 14 de mayo del 2018, en uso de sus atribuciones RESUELVE: “...1.- NEGAR el Recurso de Apelación planteado por el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ; y, CONFIRMAR, el contenido de la Resolución No. 2017-0783-CS-PN, de 20 de septiembre del 2017, ratificada mediante Resolución No. 2017-0936-CS-PN, fecha 12 de diciembre del 2017, y rectificada mediante Resolución No. 2018-059-CS-PN, de fecha 30 de enero del 2018, emitidas por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, en las que se declara mala conducta profesional del antes mencionado servidor policial, por haber llegado a determinarse responsabilidad en actos que lesionan gravemente el prestigio de la Institución y que atenían gravemente la moral y las buenas costumbres, conforme lo manifestado en el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, vigente a la fecha del cometimiento de los hechos...”. 2.-SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado la mala conducta profesional, de conformidad con el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía Nacional, en concordancia con los 54; 65 y 66 literal i) ibídem.”;

Visto el oficio Nro. 2018-0575-CS-PN de 16 de julio de 2018, el señor Comandante General de la Policía Nacional vista la Resolución Nro. 2018-178-CS-PN de 05 de julio de 2018, emitida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, solicito al señor Ministro del Interior, se emita el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía Paco Santiago Moscoso Pesantez;

Visto el oficio Nro. 2018-0586-CS-PN de 19 de julio de 2018, el señor Comandante General de la Policía Nacional vista la Resolución Nro. 2018-177-CS-PN de 05 de julio de 2018, emitida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, solicito al señor Ministro del Interior, se emita el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual y

 

16 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

con fecha de su expedición sea dado de baja de las filas de la Institución Policial el señor Subteniente de Policía Paco Santiago Moscoso Pesantez;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda:

Artículo 1.- Dar de baja de las Filas de la Institución Policial, con fecha de expedición de este Acuerdo Ministerial al Subteniente de Policía PACO SANTIAGO MOSCOSO PESANTEZ, por habérsele comprobado mala conducta profesional conforme las Resoluciones Nros. 2018-177-CS-PN y 2018-0178-CS-PN, de 05 de julio de 2018, emitidas por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional, en aplicación con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, en concordancia con el artículo 65 y el literal i) del artículo 66 ibídem.

Artículo 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y en el registro oficial. De su ejecución encárguese al Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito DM., a 15 de agosto de 2019.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A. de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a 02 de diciembre de 2019.- f.) Secretaria General.

No. 00094-2019

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…).”;

Que, el Código Orgánico Administrativo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de

2018, dispone: “Art. 82.- Subrogación. Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley.”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Art. 17. DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.”;

Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 901 de 18 de octubre de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 88 de 26 de noviembre de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador designó a la magíster Catalina de Lourdes Andramuño Zeballos como Ministra de Salud Pública;

Que, mediante oficio No. MSP-MSP-2019-2838-O de 17 de diciembre de 2019, la infrascrita Ministra de Salud Pública solicitó autorización al señor Presidente de la República del Ecuador para hacer uso de cinco (5) días de permiso con cargo a vacaciones desde el 23 hasta el 27 de diciembre de 2019; y,

Que, con memorando No. MSP-MSP-2019-0992-M de 19 de diciembre de 2019, la Coordinadora de Despacho Institucional, Encargada, solicitó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica la elaboración del presente Acuerdo Ministerial, informando que la persona que subrogará las funciones del Despacho Ministerial será el Viceministro de Atención Integral en Salud.

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 82 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

Acuerda:

Art. 1.- Disponer la subrogación de las funciones del Despacho Ministerial al doctor Julio Javier López Marín, Viceministro de Atención Integral en Salud, desde el 23 hasta el 27 de diciembre de 2019.

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 20 de diciembre de 2019.

f.) Mgs. Catalina Andramuño Zeballos, Ministra de Salud Pública.

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 17

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 23 de diciembre de 2019.- f.) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

No. 00095-2019

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 1, dispone que es deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, ordena “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”;

Que, el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será la responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que, la Norma Suprema, en el artículo 363, preceptúa entre las responsabilidades del Estado: “1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. (…).”;

Que, del 2 al 13 de mayo de 1988 se realizó en Ginebra – Suiza la 41 Asamblea Mundial de la Salud, a la que asistieron delegados de 166 Estados Miembros, entre ellos el Ecuador, Asamblea en la que se adoptó la Resolución

 

sobre la erradicación mundial de la poliomielitis que marcó la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis;

Que, en la 71 Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra – Suiza el 26 de mayo de 2018, se adoptó la resolución WHA71.16 (2018), con la que se insta a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos para acelerar los progresos en la certificación del confinamiento de los poliovirus, según se especifica en las prescripciones nacionales y en el Plan de Acción Mundial de la OMS para minimizar el riesgo asociado a las instalaciones de almacenamiento de poliovirus después de la erradicación de poliovirus salvajes;

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley, y las normas que dicte para su plena vigilancia serán obligatorias;

Que, el artículo 6 de la Ley Ibídem establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: “(…) 4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios para cumplirlo; (...)”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo 10.1, respecto a las formas de las entidades que integran la Función Ejecutiva preceptúa: “La Función Ejecutiva, además de los organismos definidos y desarrollados en los artículos posteriores, podrá contar de manera general con los siguientes tipos de entidades: (…) c) Comité. -Cuerpo colegiado interinstitucional, cuyas funciones son de coordinación estatal y gubernamental, sobre temas específicos; (…).”;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 901 expedido el 18 de octubre de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 88 de 26 de noviembre de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador designó a la magíster Catalina de Lourdes Andramuño Zeballos como Ministra de Salud Pública;

Que, los grupos que participan en el proceso de certificación de la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial se clasifican de la siguiente manera: a nivel Mundial se denomina Comisión Global Para la Certificación; a nivel regional son las Comisiones Regionales para la Certificación; y, a nivel Nacional es el Comité de Certificación Nacional, razón por la que es preciso crear en el Ecuador este órgano colegiado; y,

Que, con memorando MSP-VGVS-2019-1366-M de 25 de octubre de 2019, la entonces Viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Subrogante, solicitó la elaboración del presente Acuerdo Ministerial.

18 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    egistro Oficial Nº 121

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Acuerda:

CREAR EL COMITÉ NACIONAL DE

CONTENCIÓN DE POLIOVIRUS Y EXPEDIR SU

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

CREACIÓN, OBJETO Y

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Creación.- Créase el Comité Nacional de Contención de Poliovirus con sede en la ciudad de Quito y expídase su Reglamento de funcionamiento.

Art. 2.- Objeto.- El Comité Nacional de Contención de Poliovirus tiene por objeto minimizar el riesgo de reintroducción en la comunidad de los poliovirus procedentes del laboratorio, una vez erradicada la poliomielitis, y de las cepas Sabin, una vez finalizado el uso de la vacuna oral antipoliomielítica.

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Reglamento serán de cumplimiento obligatorio por los miembros del Comité Nacional de Contención de Poliovirus.

CAPÍTULO II

DE LA CONFORMACIÓN Y ATRIBUCIONES

DEL COMITÉ NACIONAL DE CONTENCIÓN DE

POLIOVIRUS

Art. 4.- Conformación.- El Comité Nacional de Contención de Poliovirus, estará conformado por:

  • El/la Director/a Nacional de Vigilancia Epidemiológica o su delegado/a, quien lo presidirá y será el punto focal entre el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis en el Ecuador.
  • El/la Gerente Nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones o su delegado/a, quien será el/la secretario/a.
  • El/la Director/a Técnico del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” o su delegado/a, quien actuará en calidad de vocal.

Los miembros del Comité actuarán con voz y voto y el/la Presidente/a tendrá el voto dirimente.

La designación de los delegados al Comité se realizará al cargo más no a la persona, por lo que si el/la funcionario/a

designado/a se desvincula de la institución, éste/a deberá notificar al Comité Nacional de Contención de Poliovirus el nombre de la nueva persona delegado/a.

Los especialistas y/o expertos en salud pública, epidemiología, microbiología-virología, pediatría o neuropediatría, con trayectoria laboral en instituciones del Estado o de la cooperación internacional que sean invitados a las sesiones del Comité podrán brindar asesoría y participar con voz, sin derecho a voto.

Art. 5.- Atribuciones del Comité.- Serán atribuciones del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, las siguientes:

  1. Elaborar el Reporte Nacional de Contención para presentar a la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación del Virus de la Poliomielitis en el Ecuador;
  2. Elaborar el informe anual: Documentación del Estatus de la Erradicación de la Polio en el País;
  3. Elaborar y/o actualizar el Plan Anual de Contención de Poliovirus y presentarlo a la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación del Virus de la Poliomielitis en el Ecuador, para su aprobación;
  4. Elaborar y/o actualizar el Plan Anual de Mitigación de Riesgo de Poliovirus, y presentarlo a la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación del Virus de la Poliomielitis en el Ecuador, para su validación;
  5. Presentar informes a la Comisión Nacional de Certificación para la Erradicación de Poliovirus en el Ecuador, usando las directrices emitidas desde la OMS/OPS, para el seguimiento del cumplimiento de las actividades del Plan Nacional de Contención;
  6. Planificar las actividades para la Contención de Poliovirus a fin de evitar su reintroducción a través de laboratorios;
  7. Preparar el inventario nacional de las instalaciones con materiales infecciosos y potencialmente infecciosos de WPV/VDPV/OPV/Sabin;
  8. Elaborar el modelo de encuesta para los laboratorios de acuerdo a los lineamientos emitidos por la OPS, que debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Certificación para la Erradicación de Poliovirus en el Ecuador, previo al envío a los laboratorios;
  9. Validar la base de datos de los laboratorios, previo al envío de la Encuesta Nacional a los laboratorios mediante comunicación oficial;
  10. Realizar la Encuesta Nacional de Laboratorios o instalaciones, cuando sea necesario;
  11. Orientar a los responsables de los laboratorios de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 19

Complementaria como responder a la Encuesta Nacional de Laboratorios;

  1. Visitar los laboratorios que tengan material potencialmente infeccioso y orientar sobre las alternativas que tienen para la disposición final del material potencialmente infeccioso;
  2. Emitir a las instituciones que dispongan de material potencialmente infeccioso (MPI) las orientaciones para minimizar el riesgo en las instalaciones que obtienen, manipulan o almacenan materiales potencialmente infecciosos de poliovirus;
  3. Coordinar y apoyar a las instituciones que deseen trasladar los materiales infecciosos y potencialmente infecciosos de WPV/VDPV/OPV2/Sabin2, a las instalaciones esenciales de poliovirus;
  4. Informar a las autoridades nacionales acerca de la necesidad inminente de establecer medidas de contención de los poliovirus;
  5. Realizar el análisis de riesgo tanto para el componente de inmunizaciones como para vigilancia epidemiológica a nivel nacional;
  6. Preparar las medidas de contención de los poliovirus; y,
  7. Otras que el Comité Nacional de Contención de Poliovirus le asignen.

Art. 6.- Atribuciones del/la Presidente/a.- Son atribuciones del Presidente del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, las siguientes:

a.   Actuar en representación del Ecuador y cumplir las actividades conforme a los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud en este tema;

b.   Convocar, a través de la secretaría, a las sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros del Comité;

c.   Suscribir, conjuntamente con el/la secretario/a, las actas y resoluciones aprobadas por el Comité;

d.   Entregar a los miembros del Comité, junto con la convocatoria, la documentación a tratar en las sesiones convocadas;

e.   Conducir las sesiones del Comité;

f.    Coordinar las actividades para un buen desempeño del Comité;

g.   Coordinar las actividades con la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis en el Ecuador y ser el referente para la coordinación con la OMS/OPS;

h.   Solicitar a las instituciones que correspondan, el análisis y pronunciamiento respecto a los datos de vigilancia, prevención y control sobre poliomielitis;

i.    Garantizar y supervisar el cumplimiento de las actividades planificadas de conformidad con el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y la Fase Final.

j.    Realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos en las sesiones; y,

k.   Otras que el Comité Nacional de Contención de Poliovirus le asignen.

Art. 7.- Atribuciones del/la Secretario/a.- Son atribuciones del/la secretario/a del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, las siguientes:

a.   Convocar, por disposición del/la Presidente/a, a las sesiones del Comité;

b.   Verificar la conformación del quórum para la instalación de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

c.   Coordinar las actividades administrativas, en conjunto con el/la Presidente/a del Comité.

d.   Mantener actualizados los archivos físicos y digitales de lo actuado por el Comité.

e.   Elaborar y suscribir las actas de las sesiones, conjuntamente con el/la Presidente/a.

f.    Facilitar el acceso a la documentación con autorización del/la Presidente/a.

g.   Elaborar y socializar las resoluciones y actas del Comité Nacional de Contención de Poliovirus;

h.   Organizar las actas y registros en orden cronológico y distribuirlas para conocimiento y observaciones de los miembros del Comité, previo a su firma, en los cinco (5) días hábiles posteriores a la realización de la sesión; y,

i.    Otras que el Comité Nacional de Contención de Poliovirus le asignen.

Art. 8.- Sesiones.- El Comité Nacional de Contención de Poliovirus sesionará de manera ordinaria una vez cada tres (3) meses; y, de manera extraordinaria cuando el/ la presidente/a lo considere pertinente o por solicitud de uno o más miembros del Comité Nacional de Contención de Poliovirus. Dichas sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial o virtual.

Art. 9.- Convocatorias.- El/la Presidente/a conjuntamente con el/la secretario/a del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, convocarán a sus miembros de forma escrita a las sesiones ordinarias, con por lo menos el término de dos (2) días de anticipación a la fecha de la sesión; y, a

20 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

las sesiones extraordinarias con el término de un (1) día de anticipación a la fecha de la sesión, anexándose la documentación que se señale en el orden del día.

La convocatoria deberá contener:

a.   Fecha, lugar y hora en la cual sesionará el Comité Nacional de Contención de Poliovirus.

b.   Orden del día.

c.   Informes técnicos y demás documentos relacionados al orden del día que serán analizados en la sesión.

El orden del día de las convocatorias a sesiones ordinarias podrá ser modificado por decisión de la mayoría de los miembros del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, el mismo día de la sesión. El orden del día en las convocatorias a sesiones extraordinarias no podrá ser modificado.

Art. 10.- Quórum.- El Comité Nacional de Contención de Poliovirus se instalará con la presencia de al menos dos (2) miembros, siendo obligatoria la presencia del/la presidente/a.

Se permitirá la participación a distancia (de manera virtual) de los miembros cuando su ausencia sea debidamente justificada ante la presidencia del Comité Nacional de Contención de Poliovirus. Para la participación a distancia deberá existir comunicación bidireccional ininterrumpida en tiempo real y que la identidad del participante sea establecida de forma inequívoca.

Art. 11.- Resoluciones.- Las resoluciones del Comité se adoptarán con la simple mayoría de los miembros presentes en la sesión. En caso de empate, se ampliará la discusión luego de lo cual se procederá a una nueva votación. De no llegar a un consenso en la segunda votación se aplicará el voto dirimente del/la Presidente/a del Comité para aprobar la respectiva Resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Los miembros del Comité Nacional de Contención de Poliovirus, previo al inicio de sus actividades, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y declaración de no tener conflicto de interés.

DISPOSICIÓN FINAL

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 23 de diciembre de 2019.

f.) Mgs. Catalina Andramuño Zeballos, Ministra de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 23 de diciembre de 2019.- f.) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

Nro. MDT-2019-393

Abg. Andrés Vicente Madero Poveda

MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”;

Que, el inciso 1 del numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará, las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio”;

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”;

Que, el numeral 23 de artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”;

Que, el numeral 8 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como un deber y responsabilidad de los ecuatorianos, el denunciar y combatir los actos de corrupción;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano (…)”;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a las Ministras y Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la Ley: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 21

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia (…)”;

Que, el literal k) del artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que entre las competencias del Ministerio del Trabajo, consta el atender las denuncias y quejas ciudadanas en función de la prestación de servicio públicos;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, establece que las máximas autoridades tienen la competencia normativa para regular los asuntos internos de sus ministerios;

Que, el artículo 140 del Código Orgánico Administrativo, al referirse a las subsanaciones, establece que cuando alguno de los actos de la persona interesada no reúna los requisitos necesarios, la administración pública le notificará para que, en el término de diez días, subsane su omisión;

Que, el artículo 187 del Código Orgánico Administrativo, determina: “La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento, de un órgano administrativo, la existencia de un hecho que puede constituir fundamento para la actuación de las administraciones públicas. La denuncia por infracciones administrativas expresará la identidad de la persona que la presenta, el relato de los hechos que pueden constituir infracción y la fecha de su comisión y cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables”;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina que los Ministros de Estado tienen la competencia para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la República, Señor Licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al Señor Abogado Andrés Vicente Madero Poveda, como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0169-A, publicado en el Registro Oficial Nro. 143, de 19 de diciembre de 2017, se emitió la Norma que Regula la Presentación de Quejas y Denuncias ante el Ministerio del Trabajo, la cual en su artículo 3 señala que las quejas y denuncias, se las realizarán en la plataforma informática habilitada en la página web institucional del Ministerio del Trabajo, y a través del código QR que se encuentra habilitado en los adhesivos colocados en las diferentes Instituciones Públicas en la misma página web el usuario externo encontrará los manuales de uso e instructivos, que serán de aplicación obligatoria;

Que, el literal c) del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, señala como

atribución del Sr. Ministro de Trabajo: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, es necesario actualizar el procedimiento para la recepción y trámite de denuncias, conforme las disposiciones del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, además de fomentar un proceso ordenado que propenda las herramientas necesarias para le presentación de denuncias en esta Cartera de Estado; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 1) del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

EXPEDIR LA NORMA PARA LA

GESTIÓN DEL PROCESO DE DENUNCIAS DEL

SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO Y APLICACIÓN

Art. 1.- Del objeto.- La presente norma tiene por objeto regular los requisitos y el procedimiento de las denuncias presentadas ante el Ministerio del Trabajo, sobre presuntos actos u omisiones originados por funcionarios y/o servidores públicos en las instituciones del Estado, en materia de desarrollo organizacional, talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios, en armonía con la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, su Reglamento General y demás normativa conexa.

Art. 2.- Del ámbito.- Las disposiciones de la presente norma son de aplicación obligatoria para la Dirección de Control del Servicio Público, para las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, las Unidades de Administración del Talento Humano – UATH o quien hiciere sus veces y todas las personas naturales que se consideren afectadas sobre presuntas acciones u omisiones originadas en las instituciones determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP.

Así mismo, las denuncias que se generen sobre las empresas públicas, en relación a lo determinado en el literal a) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas – LOEP, serán atendidas por la Dirección de Control del Servicio Público y las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo.

En el caso de las denuncias relacionadas con los literales b) y c) del artículo mencionado en el presente párrafo, serán gestionadas a través de las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público del Ministerio del Trabajo.

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Se excluye de la aplicación de la presente norma, a los servidores públicos que se encuentren amparados bajo el régimen de leyes específicas.

Art. 3. Principios.- Los principios que rigen los procedimientos de presentación, recepción y gestión de las denuncias son los contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente.

CAPÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES Y

COMPONENTES DEL PROCESO PARA

PRESENTAR UNA DENUNCIA

Art. 4.- Del Ministerio del Trabajo.- En función de las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, corresponde a la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, realizar en el ámbito de la gestión de denuncias, lo siguiente:

  1. Receptar y tramitar las denuncias que presenten todas las personas naturales;
  2. Velar por la legalidad dentro de la Administración Pública;
  3. Realizar el archivo de los procesos de las denuncias conforme a la norma vigente;
  4. Emitir los oficios de respuesta con el análisis al denunciante y a la UATH institucional, de ser el caso; y,
  5. Registrar la información relacionada con la gestión de denuncias.

Art. 5.- De la Unidad de Administración del Talento Humano - UATH.- Las Unidades de Administración de Talento Humano, tienen la responsabilidad de cumplir con lo siguiente:

  1. Remitir y atender los requerimientos de información solicitados por la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, derivados de las denuncias ingresadas, por medio de un informe técnico el cual deberá ser debidamente motivado;
  2. Informar al Ministerio del Trabajo sobre las gestiones emprendidas por la UATH, a fin de subsanar las acciones u omisiones que hayan generado la denuncia;
  3. Cumplir con las recomendaciones y observaciones que se desprendan de los expedientes generados y/o resueltos por la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, y reportar los resultados obtenidos;

 

  1. En el caso de que el denunciante sea servidor público, la UATH de la institución a la que pertenece, garantizará que se cumpla el debido proceso y que no exista discriminación de ninguna índole por el hecho de denunciar presuntas acciones u omisiones originadas en las instituciones del Estado que revelen ilegalidad o ineficiencia; y,
  2. Determinar las responsabilidades y ejecutar el régimen disciplinario de ser el caso a los servidores públicos responsables.

Art. 6.- De la denuncia.- Para efectos de la presente norma, se entenderá como denuncia al requerimiento a través del cual, se pone en conocimiento del Ministerio del Trabajo la presunta acción u omisión de un acto originado en las instituciones del Estado en materia de desarrollo organizacional, talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios. La denuncia necesariamente debe ser presentada por el interesado. No se admitirán las denuncias presentadas por terceros y que sean personas que no estén directamente vinculadas con la situación denunciada; de verificar este particular, se procederá al archivo de la misma.

Art. 7.- Garantías específicas para aquellos que presentan una denuncia.- El Ministerio del Trabajo garantizará a las partes el cumplimiento del debido proceso de la gestión en relación a la denuncia planteada por parte del denunciante, bajo los siguientes parámetros:

  1. Acceso a un proceso gratuito, justo y no discriminatorio;
  2. Disponer de la información en cualquier momento con relación al estado de su denuncia presentada ante el Ministerio del Trabajo;
  3. Notificación del trámite con los resultados de su denuncia; y,
  4. Las que fueren aplicables conforme a la Constitución de la República del Ecuador.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 8.- De la recepción de las denuncias.- Las denuncias deberán ser receptadas, a través de los siguientes medios:

a)   Por medio digital a través de correo electrónico creado para el efecto o con el Sistema Único de Trabajo – SUT. En el caso del sistema SUT, se podrá acceder mediante la página web del Ministerio del Trabajo o con el código QR que se encuentra habilitado en los adhesivos colocados en las diferentes instituciones públicas. La Dirección de Contacto Ciudadano, canalizará los requerimientos a través del sistema de gestión de denuncias REDMINE y las remitirá a las Direcciones correspondientes de ser pertinente, considerando el artículo 2 de la presente norma; y,

 

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b)   Por medio físico a través de las ventanillas de atención ciudadana de la Planta Central y de las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público ubicadas a nivel nacional. Las denuncias serán registradas por la Dirección de Secretaría General en el Sistema de Gestión Documental Quipux y las remitirá a las Direcciones pertinentes, según la jurisdicción a la que corresponde la denuncia.

En caso de que el denunciante sea una persona con discapacidad, el Ministerio del Trabajo prestará las facilidades para que presente su denuncia.

En todos los casos se cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 9 de la presente norma, en armonía con la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 9.- De la presentación de la denuncia.- La denuncia deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Nombres y apellidos completos de la persona denunciante;
  2. Número de cédula de identidad o ciudadanía y/o pasaporte del denunciante;
  3. Datos de la relación contractual con la institución denunciada, de ser el caso;
  4. Dirección domiciliaria, número de teléfono y correo electrónico;
  5. Determinación de la institución denunciada;
  6. Detalle de la relación clara y concisa de los hechos originados en las instituciones del Estado, relativos al acto u omisión que presuman ilegalidad o ineficiencia en materia de desarrollo organizacional, talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios;
  7. En caso de requerir una aclaratoria, se podrá solicitar al denunciante que complete la información necesaria, misma que deberá ser respondida dentro del término de diez (10) días contados a partir de su notificación. En caso de no precisar o completar todos los requisitos establecidos, se procederá al archivo de la denuncia; y,

h)   Anexos de la documentación que sustente la denuncia planteada, en caso de poseerla.

En el caso de que la denuncia sea anónima, no podrá ser atendida, ya que para su presentación, debe cumplir todos los parámetros establecidos en la presente norma, en armonía con la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 10.- De la reserva de la información.- Los servidores públicos que conozcan o tengan bajo su responsabilidad el proceso de denuncias en el Ministerio del Trabajo, guardarán absoluta reserva en el manejo de la información sobre asuntos que hayan llegado a su conocimiento por el desempeño de sus actividades; y, no podrán difundir, divulgar, ni aprovechar en modo alguno

la información sujeta a la gestión de denuncias para fines cometidos, trabajos o intereses, que no sean relacionados a sus funciones.

En el caso de que los servidores públicos incumplieren con lo dispuesto en este artículo, incurrirán en responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público y demás normativa pertinente.

Art. 11.- De la confidencialidad.- En el caso de que el denunciante solicite la confidencialidad de lo declarado en la denuncia, aceptará que la información considerada como confidencial únicamente se refiere a la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; así como, los datos referentes a salud y vida sexual, en concordancia con el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador.

En el caso de que los servidores públicos incumplieren con lo dispuesto en este artículo, incurrirán en responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público y demás normativa pertinente.

Art. 12.- De la excusa.- Los servidores públicos a cargo de la tramitación de la denuncia correspondiente, deberán excusarse de conocer o resolver una denuncia cuando:

  1. Exista conflicto de intereses;
  2. Sea cónyuge del denunciante o denunciado;
  3. Mantenga unión de hecho con el denunciante o denunciado; y/o,
  4. Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes.

La excusa se presentará por los servidores públicos pertenecientes a la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, mediante memorando a su Director, a fin de que sea reasignado el trámite a otro servidor; y, en caso de que dichos servidores no hayan comunicado se aplicará el respectivo régimen disciplinario.

Art. 13.- Del trámite de la denuncia.- La Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, realizarán el siguiente trámite:

1.   Una vez que el trámite haya sido asignado formalmente a la dirección correspondiente, se realizará el análisis pertinente y se solicitará a la institución denunciada que remita un informe con los argumentos técnicos y legales respectivos, ante lo cual, la entidad tendrá la obligación de emitir la respuesta dentro del término de diez (10) días. En caso de no requerir el descargo de la UATH, se remitirá la respuesta al denunciante;

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  1. En el caso de que la institución no dé atención a lo solicitado, se remitirá una insistencia a la petición inicial otorgando un término de cinco (5) días para la contestación;
  2. Si la respuesta de la UATH institucional no contiene la información y la documentación suficiente y pertinente para el análisis de la denuncia, la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, procederán a solicitar a la institución las aclaraciones respectivas, otorgándole el término de tres (3) días para su respuesta;
  3. Con base a la información y documentación recibida y recabada, la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, realizará el análisis respectivo y elaborará el oficio de respuesta dirigido al denunciante, dentro del término de doce (12) días, mismo que será suscrito por la Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público o las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo; y,
  4. En caso de determinar incumplimientos a las políticas, normas e instrumentos técnicos; así como, la falta de la entrega de información por parte de la UATH institucional, la Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público o las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, comunicará a la máxima autoridad de la entidad y a la Contraloría General del Estado para que establezcan las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

Art. 14.- Del archivo de la denuncia.- Las denuncias se archivarán cuando concurran las siguientes causas:

  1. Por ser anónima, de conformidad con el artículo 9, de la presente norma;
  2. Cuando la información de la denuncia no sea clara y precisa, de conformidad con el literal g) del artículo 9; así como, lo establecido en el artículo 140 del Código Orgánico Administrativo;
  3. Por denuncias de personas naturales que no estén directamente vinculadas con la situación denunciada, de conformidad al artículo 6, de la presente Norma; y,
  4. Mediante un desistimiento a la denuncia, en aplicación al artículo 18, de la presente Norma.

Art. 15.- Del informe de respuesta.- El informe de respuesta a la denuncia presentada, contendrá lo siguiente:

  1. Antecedentes;
  2. Base legal;
  3. Acciones efectuadas de ser el caso;
  4. Análisis técnico debidamente motivado; y,

5. Anexos de ser el caso.

Art. 16.- De la notificación de la respuesta.- La Dirección de Control del Servicio Público o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, serán los encargados de comunicar los resultados del análisis de la denuncia al interesado a través de los medios físicos y digitales, contemplados en la normativa legal vigente.

Art. 17.- Del traspaso de la denuncia.- Cuando la denuncia sea de competencia de otras dependencias del Ministerio del Trabajo u otras instituciones del Estado, se remitirá la misma al órgano competente con copia al denunciante, para que se dé el trámite correspondiente.

Art. 18.- Del desistimiento de la denuncia.- Los denunciantes durante el proceso podrán manifestar la voluntad de desistir de su denuncia por escrito o a través del correo electrónico registrado, por lo que la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo procederá a archivarla.

CAPÍTULO IV

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y LA

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA

DENUNCIA

Art. 19.- De las acciones correctivas.- La UATH institucional deberá reportar las acciones correctivas realizadas respecto a las observaciones encontradas por la Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo conforme lo establecido en el artículo 13 de la presente norma.

Art. 20.- De la organización documental.- La Dirección de Control del Servicio Público y/o las Unidades del Servicio Público de las diferentes Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, mantendrá organizada la documentación relacionada con el proceso de las denuncias, de conformidad a la Norma Técnica de Gestión Documental, Archivo y su Metodología.

Para lo cual, cada servidor público será el custodio y responsable de los expedientes que forman parte del proceso de la denuncia y en caso de incumplimiento se establecerá las acciones administrativas correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección de Control del Servicio Público del Ministerio del Trabajo deberá presentar a la Subsecretaría competente, un informe bimensual motivado de las denuncias en proceso, archivadas y desistidas, hasta el quinto día de cada mes.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en el presente acuerdo ministerial, se observará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Con la entrada en vigencia de la presente norma, se deroga del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0169-A, publicado mediante Registro Oficial Nro. 143, de 19 de diciembre de 2017, únicamente lo que se refiere a denuncias, en todo lo demás surte sus efectos.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Norma Técnica entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 de diciembre de 2019.

f.) Ab. Andrés Vicente Madero Poveda, Ministro del Trabajo.

No. SENESCYT-2019-1 30

Agustín Guillermo Albán Maldonado

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 13 consagra: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.”;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 154 numeral uno, dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 dispone que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias

y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 dispone que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350 establece que “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 385, establece que “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 señala que: “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)”;

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales “b)” y “j)” establece: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;” y, “Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley.”;

Que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899, de 09 de diciembre de 2016, en su artículo 7, señala que: “(…) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y

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la innovación. En todo lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 28 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 de 1998, el Presidente de la República delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro I del Código Civil;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536, de 18 de marzo de 2002, establece como parte de las atribuciones y deberes del Presidente de la República en su artículo 11 literal “k)”: “Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica (…)”;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto de las Secretarías en su artículo innumerado segundo, posterior al artículo 17-2., contempla que son: “Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.”;

Que el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales” expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 3 define a las organizaciones sociales sin fines de lucro como: “(…) aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras.(…)”;

Que el artículo 7 del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, dispone que: “Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento”;

Que el artículo 12 del “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, establece los documentos a ser presentados por el representante de la organización para la aprobación del estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 818 de fecha 03 de julio de 2018, Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Acta de Asamblea General Constitutiva, celebrada el 17 de marzo de 2019, los miembros fundadores del Colegio de Educadores Parvularios -CEP expresaron su voluntad de constituir la mencionada organización social sin fines de lucro y aprobaron el proyecto de Estatuto;

Que mediante oficio s/n de fecha 02 de mayo de 2019, ingresado en la Unidad de Gestión Documental y Archivo de esta Cartera de Estado con trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-3753-E de 06 de mayo de 2019, el señor Ramiro Adrián Tenorio Tupiza, a nombre y en representación del “Colegio de Educadores Parvularios - CEP”, solicitó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la mencionada organización;

Que mediante oficio No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2019-0219-O de 24 de junio de 2019, la Directora de Asesoría Jurídica solicitó al “Colegio de Educadores Parvularios

- CEP”, se realice correcciones al Acta Constitutiva y al Estatuto de la organización;

Que mediante oficio s/n de 02 de julio de 2019, ingresado en la Unidad de Gestión Documental y Archivo de esta Cartera de Estado con trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-5606-E de 02 de julio de 2019, el señor Ramiro Adrián Tenorio Tupiza, a nombre y en representación del “Colegio de Educadores Parvularios

- CEP”, remitió el Acta Constitutiva y el proyecto de Estatuto de la organización social con las correcciones solicitadas constantes en oficio No. SENESCYT-CGAJ- DAJ-2019-0219-O de fecha 24 de junio de 2019;

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2019-0232-M de 13 de agosto de 2019, la Directora de Asesoría Jurídica solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se emitan informes técnicos que permitan determinar si el ámbito de acción, objetivos y fines del “Colegio de Educadores Parvularios -CEP” se encuentran enmarcados dentro de las atribuciones de cada Subsecretaría;

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGCT-2019-0273-MI de 23 de agosto de 2019, la Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación remitió el Informe Técnico No. SDIC-2019-567-CT, en el cual se determinó que “(….) el ámbito de acción, los fines y los objetivos de COLEGIO DE EDUCADORES PARVULARIOS –CEP tienen que ver con la investigación científica; implementar y desarrollar un centro de investigación; y, difundir los conocimientos profesionales por medio de debates, foros, conferencias, publicaciones técnicas y otros medios, por lo tanto SI están relacionado con las atribuciones y responsabilidades de esta Subsecretaría General”;

Registro Oficial Nº 121                                                                                                 Miércoles 15 de enero de 2020 - 27

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0228-MI de 27 de agosto de 2019, la Subsecretaría General de Educación Superior remitió el Informe Técnico No. SFA-DFAG-ITJ-2019-026, se concluye que: “(…) que los fines y objetivos del Colegio de Educadores Parvularios - CEP” se enmarcan en el ámbito de atribuciones de la Subsecretaria General de Educación Superior“;

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2019-0551-MI de fecha 19 de noviembre de 2019, el Coordinador General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico favorable para la expedición del Acuerdo para la concesión de personalidad jurídica y aprobación del Estatuto del “Colegio de Educadores Parvularios - CEP”.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Acuerda:

Artículo 1.- Conceder la personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro al “Colegio de Educadores Parvularios – CEP”, en calidad de Corporación de primer grado; organización que tendrá su domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cuyo ámbito de acción, fines y objetivos no se oponen al ordenamiento jurídico vigente, al orden público, ni a las buenas costumbres y se encuentran en el ámbito de competencias de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dicha organización se regirá por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil ecuatoriano, el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017, su Estatuto, los reglamentos internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de su ámbito de acción, fines y objetivos y demás normativa pertinente.

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto del “Colegio de Educadores Parvularios - CEP”.

Artículo 3.- Registrar en calidad de miembros fundadores del “Colegio de Educadores Parvularios – CEP”, a las siguientes personas:

 

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA DE IDENTIDAD

ANDRADE CAMACHO MARIA ELIZABETH

1720828761

 

HURTADO CADENA LUIS GUILLERMO

1002051702

MAIFREN QUIÑÓNEZ XIOMARA DEL PILAR

0802698498

TENORIO TUPIZA RAMIRO ADRIAN

1713364873

GAVILANES MANCERO ESTEFANNY VANESSA

1723343545

HIDROVO GOMEZ KATHERINE ALEJANDRA

1716168990

Artículo 4.- Disponer que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, registre en la base de datos a su cargo el presente Acuerdo con el que inicia la existencia legal del “Colegio de Educadores Parvularios – CEP”.

Artículo 5.- Disponer que de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, el “Colegio de Educadores Parvularios - CEP”, dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, remita a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la nómina del órgano directivo definitivo, conforme al periodo establecido en su Estatuto, para su respectivo registro, para lo cual se deberá adjuntar la convocatoria a la Asamblea y el acta de la Asamblea en la que conste la elección del órgano directivo, certificada por el secretario de la organización.

Artículo 6.- Encargar a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la notificación del presente Acuerdo de otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación del Estatuto del “Colegio de Educadores Parvularios - CEP”.

Artículo 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019.

Notifíquese y publíquese.

f.) Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SENESCYT.- ASESORÍA JURÍDICA.- 11 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible.- Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección.

28 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                   Registro Oficial Nº 121No. SENESCYT-2019-132

Agustín Guillermo Albán Maldonado

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen como atribuciones y deberes del Presidente de la República, definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.”;

Que el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2.

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.”;

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, dispone que: “ La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)”;

Que los literales a) y j) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior señalan como funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la ley;

Que la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que durante los cinco años posteriores a su promulgación, no se creará en el país ninguna nueva institución de educación superior, con excepción de la Universidad Nacional de Educación “UNAE”, la Universidad Regional Amazónica, la Universidad de las Artes, y una Universidad de Investigación de Tecnología Experimental;

Que en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 144 de 16 de diciembre de 2013, se publicó la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; mediante la cual se crea la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece que: “(…) una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 2

Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, deroga el Decreto Ejecutivo Nro. 255 de 27 de diciembre de 2017 y delega al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación, a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de las Artes, y Universidad Nacional de Educación UNAE;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, ecnología e Innovación;

Que mediante Resolución RPC-SO-12-No.056-2012, de 11 de abril de 2012, el Pleno del Consejo de Educación Superior, resolvió expedir el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas;

Que mediante Resolución RPC-SO-02-No.012-2018, de 10 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de Educación Superior reformó el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, en lo que respecta a la composición y funcionamiento de las comisiones gestoras;

Que la Disposición Transitoria Cuarta de la codificación del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, determina que la Comisión Gestora se integrará, entre otros, por: “(…) Durante el período de transición, se ejecutarán todos los procesos necesarios para concluir y consolidar la institucionalización de las mismas; de igual manera, se cumplirán las diferentes acciones requeridas para su plena operatividad. El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. (…) La Comisión Gestora se integrará conforme lo siguiente: 1. De uno a tres profesionales académicos, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior para ser Rector o Vicerrector Académico de una universidad o escuela politécnica. Al menos uno de ellos deberá cumplir los requisitos para ser Rector. Podrán ser gestores internos o externos a la institución. 2. Al menos un profesional académico, quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior para ser autoridad académica de una universidad o escuela politécnica.

odrán ser gestores internos o externos a la institución. (…) Los integrantes de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción…”;

Que mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018-010, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2019-049, de 27 de mayo de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que mediante memorando SENESCYT-SGES-SFA-2019-0457-M, de 19 de noviembre de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 555, de 08 de noviembre de 2018, la Subsecretaría General de Educación Superior remitió el informe de evaluación del señor Paúl Arellano, miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,

Que la Coordinación General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico en el que considera procedente la expedición del Acuerdo de cesación de funciones del señor Paúl Nelson Arellano, como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Decreto Ejecutivo No. 555, de fecha 08 de noviembre de 2018:

Acuerda:

Artículo 1.- Cesar en funciones como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al señor Paúl Nelson Arellano.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Segunda.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y a las Subsecretarías Generales de esta Cartera de Estado, para los fines pertinentes.

Tercera.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado, la respectiva notificación del presente Acuerdo.

30 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019.

Notifíquese y publíquese.

f.) Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SENESCYT.- ASESORÍA JURÍDICA.- 11 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible.- Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección.

No. SENESCYT-2019-133

Agustín Guillermo Albán Maldonado

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen como atribuciones y deberes del Presidente de la República, definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.”;

Que el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.”;

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, dispone que: “ La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (…)”;

Que los literales a) y j) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior señalan como funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la ley;

Que la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que durante los cinco años posteriores a su promulgación, no se creará en el país ninguna nueva institución de educación superior, con excepción de la Universidad Nacional de Educación “UNAE”, la Universidad Regional Amazónica, la Universidad de las Artes, y una Universidad de Investigación de Tecnología Experimental;

Que en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 144 de 16 de diciembre de 2013, se publicó la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; mediante la cual se crea la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, como una institución de educación

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 31

superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece que: “(…) una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, deroga el Decreto Ejecutivo Nro. 255 de 27 de diciembre de 2017 y delega al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación, a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de las Artes, y Universidad Nacional de Educación UNAE;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, designó al señor Agustín Guillermo Albán Maldonado, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Resolución RPC-SO-12-No.056-2012, de 11 de abril de 2012, el Pleno del Consejo de Educación Superior, resolvió expedir el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas;

Que mediante Resolución RPC-SO-02-No.012-2018, de 10 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de Educación Superior reformó el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, en lo que respecta a la composición y funcionamiento de las comisiones gestoras;

Que la Disposición Transitoria Cuarta de la codificación del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión

de Universidades y Escuelas Politécnicas, determina que la Comisión Gestora se integrará, entre otros, por: “(…) Durante el período de transición, se ejecutarán todos los procesos necesarios para concluir y consolidar la institucionalización de las mismas; de igual manera, se cumplirán las diferentes acciones requeridas para su plena operatividad. El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. (…) La Comisión Gestora se integrará conforme lo siguiente: 1. De uno a tres profesionales académicos, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior para ser Rector o Vicerrector Académico de una universidad o escuela politécnica. Al menos uno de ellos deberá cumplir los requisitos para ser Rector. Podrán ser gestores internos o externos a la institución. 2. Al menos un profesional académico, quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior para ser autoridad académica de una universidad o escuela politécnica. Podrán ser gestores internos o externos a la institución. (…) Los integrantes de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción…”;

Que mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018-010, de 23 de febrero de 2018, el Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2019-049, de 27 de mayo de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2019-132, de 19 de noviembre de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que mediante memorando SENESCYT-SGES-SFA-2019-0458-M, de 19 de noviembre de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 555, de 08 de noviembre de 2018, la Subsecretaría General de Educación Superior remitió el informe de validación de perfiles para la conformación de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, suscrito por el Subsecretario General de Educación Superior;

Que la Coordinación General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico en el que considera procedente la expedición del Acuerdo de designación del señor Frank Alexis, PhD, en calidad de miembro interno de la Comisión Gestora de Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,

32 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

Que es necesario designar a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Decreto Ejecutivo No. 555, de fecha 08 de noviembre de 2018:

Acuerda:

Artículo 1.- Designar como miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a la siguiente persona:

En calidad de miembro interno:

1. Frank Alexis.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Segunda.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y a las Subsecretarías Generales de esta Cartera de Estado, para los fines pertinentes.

Tercera.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado, la respectiva notificación del presente Acuerdo.

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019.

Notifíquese y publíquese.-f.) Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SENESCYT.- ASESORÍA JURÍDICA.- 11 de diciembre de 2019.- f.) Ilegible.- Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Nro. MPCEIP-SC-2019-0289-R

Quito, 05 de diciembre de 2019

LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 establece que “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que la Designación de Organismos de Evaluación de la Conformidad es atribución del Ministerio de Industrias y Productividad, de acuerdo con la Ley 76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010;

Que el artículo 12 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, sustituido por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, dispone que para la ejecución de las políticas que dictamine el Comité Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad tendrá entre otras, la siguiente atribución: “e) Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la conformidad u otros órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando éstos no existan en el país. Los organismos designados no podrán dar servicios como entes acreditados en temas diferentes a la designación”;

Que el artículo 25 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, vigente mediante Decreto 756, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 450 de 17 de mayo de 2011, establece que el Ministro de Industrias y Productividad en base al informe presentado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano –OAE-resolverá conceder o negar la Designación; y, dispone que transcurridos los dos años, el OEC podrá solicitar la Renovación de Designación por una vez, siempre y cuando se evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de Designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el OAE, y se hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el OAE para el alcance en cuestión;

Que en el artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se establecen las obligaciones que los Organismos Evaluadores de la Conformidad designados deben cumplir;

Que el Decreto Ejecutivo N° 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 387 del 13 diciembre de 2018, en su artículo 1 decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 33

Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”.

Que en la normativa Ibídem en su artículo 3 se dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”.

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de conceder o negar la Designación al organismo de evaluación de la conformidad solicitante.

VISTOS

  1. Mediante Oficio s/n de 14 de febrero de 2019, el señor Ing. Fabián Espinoza, en su calidad de Director Ejecutivo de CCICEV, remitió a la Subsecretaría de Calidad del MPCEIP, el documento denominado “Solicitud de Designación/Renovación de Designación como organismo evaluador de la conformidad”, en el que solicita se sirva a proceder a la evaluación de este organismo de Evaluación de la Conformidad a fin de obtener la Designación.
  2.  Mediante oficio N° MPCEIP-DDIC-2019-0002-O de 19 de febrero de 2019, el Sr. Gunar Llanos, Director de Desarrollo de Infraestructura de la Calidad del MPCEIP, informó al Mgs. Carlos Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del SAE, que el laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares – CCICEV, a través de su Director Ejecutivo, requiere obtener la Designación, para realizar ensayos de determinación del comportamiento de combustión de materiales interiores, por lo que se solicita verificar la existencia de OEC Acreditados o en proceso de Acreditación en el país para el alcance requerido.

3.  Mediante Oficio Nro. SAE-DAL-2019-0127-OF, de

20 de febrero de 2019, el Esp. Walter Pérez, Director de Acreditación en Laboratorios del SAE, informó al Sr. Gunar Llanos, Director de Desarrollo de Infraestructura de la Calidad del MPCEIP, lo siguiente: “(…) se informa que no existen laboratorios acreditados o en proceso de acreditación (…)”.

4.  Mediante oficio N° MPCEIP-DDIC-2019-0004-O, de 20 de febrero de 2019, el Sr. Gunar Llanos, Director de Desarrollo de Infraestructura de la Calidad del MPCEIP, remite los documentos legales y técnicos del laboratorio

de la compañía CCICEV, al Esp. Walter Pérez, Director de Acreditación en Laboratorios del SAE, para continuar con el proceso de Designación.

5. Mediante oficio Nro. SAE-DAL-2019-0140-OF, de 26 de febrero de 2019, el Espc. Walter Fernando Pérez, Director de Laboratorios del SAE, informó al Ing. Eugenio Fabián Espinoza Director Ejecutivo del CCICEV, la propuesta del equipo evaluador y los términos para el proceso de Designación del Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV.

  1. Mediante Informe de Evaluación para la Designación de Organismos de Inspección, Certificación y Laboratorio, signado con Nro. L 19-003-D, suscrito por el evaluador líder, relativo a la implementación de la Norma INEN ISO/IEC 17025:2018, “Evaluación de la Capacidad Técnica para designación como Laboratorio de Ensayos”, conforme a lo determinado en el Procedimiento de Evaluación para el Reconocimiento o Designación, el técnico evaluador concluye: “(…) Continuando con el proceso de designación y cumplimiento con el PO08 del SAE “Designación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”, el CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES CCICEV, deberá presentar al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, evidencias del cierre efectivo de las No Conformidades detectadas en la evaluación (…)”.
  2. Mediante oficio Nro. EPN-CCICEV-2019-1118-O de 18 de noviembre de 2019, el Ing. Eugenio Fabián Espinoza Director Ejecutivo del CCICEV, remitió las evidencias adicionales solicitadas para el cierre efectivo de las no conformidades, constantes en el informe técnico L 19-003D detectadas en la evaluación para la Designación.
  3. Mediante informe técnico para la decisión signado con Nro. SAE L 19-003D.2, de 27 de noviembre de 2019, conforme a lo determinado en el Procedimiento de Evaluación para el Reconocimiento o Designación, el equipo evaluador concluye: “(…) 6. VALORACIÓN FINAL: Otorgar la Designación al laboratorio Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, tal como consta en el anexo I”.
  4. Mediante memorando Nro. SAE-DAL-2019-0450-M, de 28 de noviembre de 2019, el Espc. Walter Fernando Pérez, Director de Acreditación en Laboratorios del SAE, remite informe técnico para el proceso de designación del Laboratorio Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, a la Mgs. Miriam Janneth Romo, Coordinadora General Técnica del SAE, concluyendo: “(...) Mediante Informe para la decisión con código SAE L 19-003D.2, con fecha 27 de noviembre de 2019, el equipo evaluador recomienda la DESIGNACIÓN de Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, tal como consta en el Anexo I(...) Adicional se

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informa que Ing. Edwin Giovanny Farinango Quispe con CI. 1720999406 es responsable de Calidad y el Ing. Diego Luis Lincango Tite, con CI. 1716285711 es Responsable Técnico de Laboratorios de Emisiones y Revisión Vehicular”.

  1. Mediante memorando Nro. SAE-CGT-2019-0247-M, de 03 de diciembre de 2019, la Mgs. Miriam Janneth Romo Orbe, Coordinadora General Técnica del SAE, indicó al Mgs. Carlos Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del SAE, “(…) acogiendo la recomendación del Memorando Nro. SAE-DAL-2019-0450-M, de fecha 28 de noviembre de 2019; conforme los antecedentes contenidos en los documentos antes señalados, me permito RECOMENDAR a usted, se emita el informe correspondiente a fin de que la autoridad competente decida sobre el reconocimiento para la DESIGNACIÓN de Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, tal como consta en el Anexo I del informe para la Designación SAE L19-003D.2, con fecha 27 de noviembre de 2019, adicional se informa que el Ing. Edwin Giovanny Farinango Quishpe con CI.1720999406 es Responsable de Calidad y el Ing. Diego Luis Lincango Tite, con CI. 1716285711 es Responsable Técnico de Laboratorio de Emisiones y Revisión Vehicular; para lo cual, en adjunto físico se anexa el expediente con la documentación respectiva (...)”
  2. Mediante memorando Nro. SAE-DAJ-2019-0413-M, de 04 de diciembre de 2019, el Abg. Oswaldo Patricio Muriel, Director de Asesoría Jurídica, informó al Mgs. Carlos Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del SAE, lo siguiente: “(...) Por lo expuesto, de conformidad a la evaluación para designación del laboratorio constante en el informe para la Designación del SAE Nro. SAE L 19-003D.2, como consta en los memorandos Nro. SAE-DAL-2019-0450-M, de 28 de noviembre de 2019 y Nro. SAE-CGT-2019-0247-M, de 03 de diciembre de 2019, una vez que se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente y acogiendo el criterio de la Coordinación General Técnica del SAE, es factible recomendar a la Dirección Ejecutiva la suscripción del informe técnico, elevando a conocimiento del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MIPCEIP, la oportunidad y cumplimiento para la designación del Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV”.

6. En el informe presentado mediante Oficio Nro. SAE-SAE-2019-0632-OF, de fecha 05 de diciembre de 2019, el Mgs. Carlos Martín Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, recomienda al Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, “Otorgar la designación al Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, en el alcance solicitado como consta en el Anexo 1, adjunto a este informe”.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR la DESIGNACIÓN al Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, en el alcance que se detalla a continuación:

ALCANCE PARA DESIGNACIÓN:

CATEGORÍA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Ensayos en Vehículos eléctricos y automotores

 

PRODUCTO O

MATERIAL A ENSAYAR

ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS

MÉTODO DE ENSAYO (Método interno y método de referencia)

Vehículos Eléctricos

Carga de Batería Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-CBB

Vehículos Eléctricos

Recarga de Batería (Sistemas de Regeneración) Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-RSR

Vehículos Eléctricos

Autonomía de Vehículos Eléctricos Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-AUT

Vehículos Automotores

Aceleración en plano

Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-ACPL

Vehículos Automotores

Arrancabilidad en pendiente Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-APD

Método de referencia: Método de referencia UNE-26-358-88

Vehículos Automotores

Capacidad de ascenso Cumple/No cumple

CCICEV-04-00-02-CAS

Vehículos Automotores

Radio de Giro

Cumple/No

cumple

CCICEV-04-00-02-RG

 

ARTÍCULO 2.- La DESIGNACIÓN otorgada al Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones

Registro Oficial Nº 121                                                                                                 Miércoles 15 de enero de 2020 - 35

Vehiculares CCICEV, mediante la presente Resolución tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de suscripción, conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; pudiendo el Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, solicitar la renovación de la designación por una vez, siempre y cuando evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el SAE, y si hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el SAE para el alcance en cuestión.

ARTÍCULO 3.- Disponer al SAE que transcurrido un año de haber otorgado la presente designación, realice la evaluación de seguimiento a fin de verificar si este Organismo mantiene las condiciones bajo las cuales le fue otorgada esta Designación, cuyo informe será remitido a la Subsecretaría de Calidad.

ARTÍCULO 4. El Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

“1. Mantener en todo momento las condiciones en base a las cuales se concedió la designación;

  1. Facilitar información actualizada, en relación con el alcance técnico designado;
  2. No utilizar la designación de manera que pueda perjudicar la reputación del organismo designante o del SAE.
  3. Informar inmediatamente al MPCEIP, sobre cualquier modificación relativa al cumplimiento de las condiciones que permitieron la designación;
  4. Ser responsables de los resultados de los ensayos y de los certificados de evaluación de la conformidad emitidos respectivamente y, para el caso de los Organismos de Certificación de Productos y de Inspección, ser responsable de los resultados de los ensayos de los productos que hayan sido certificados;

6.     Cobrar las tarifas previamente notificadas al MPCEIP para la actividad de evaluación de la conformidad designada, en el caso de OECs que hayan recibido o cuenten con recursos provenientes del Estado, estos deben solicitar previamente la respectiva aprobación del MPCEIP; y, (lo resaltado es mío)

7. Otras que se señalen en la Ley, el presente reglamento, o las resoluciones dictadas por el MPCEIP o el Comité Interministerial de la Calidad.”

ARTÍCULO 5.- El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca procederá a excluir al Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones

Vehiculares CCICEV, del Registro de LABORATORIOS DESIGNADOS si incurriere en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones propias de la Designación otorgada mediante esta Resolución.

ARTÍCULO 6.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación en el Registro oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 05 de diciembre de 2019.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de Calidad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en el Quipux.- Fecha: 12 de diciembre de 2019.- Firma: Ilegible.

No. MPCEIP-SC-2019-0290-R

Quito, 05 de diciembre de 2019.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

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Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, mediante Resolución No. 13 283 del 08 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 75 del 06 de septiembre de 2013, se oficializó con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, ha desarrollado un proceso de revisión sistemática de documentos normativos, cuya vigencia sea superior a 5 años desde su publicación en el registro oficial;

Que, para la ejecución de lo manifestado en el inciso anterior, se establecieron cinco fases de desarrollo: análisis de información socioeconómica de acuerdo a la metodología de ISO, análisis del estado de la técnica (bibliografía y referencia normativa), análisis del ente de control identificado, valoración técnica, y consulta pública a todas las partes interesadas;

Que, mediante Informe Técnico General No. INEN-DNO-69 de 07 de agosto de 2019, elaborado por el

Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, se emite criterio técnico y se recomienda gestionar el retiro de la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO;

Que, mediante oficio No. INEN-INEN-2018-1354-OF de 22 de octubre de 2019, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, solicita a la Subsecretaría de Calidad el retiro de la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad de la Subsecretaría de Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. ELI-0014 de fecha 30 de octubre de 2019, se procedió a la aprobación técnica, y se recomendó continuar con el proceso de eliminación de la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO;

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera con el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem que establece: “En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar la derogación y retiro de la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Derogar en su totalidad la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050 (Keroseno. Determinación del punto de humo), contenida en la Resolución No. 13 283 del 08 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 75 del 06 de septiembre de 2013.

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 37

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, retire de su catalogo de normas técnicas, la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1050:2013 KEROSENO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE HUMO, disponible en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 05 de diciembre de 2019.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de Calidad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en el Quipux.- Fecha: 12 de diciembre de 2019.- Firma: Ilegible.

No. 032-DIR-2019-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”;

Que, el artículo 226 de la Carta Magna señala que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector (…)”;

Que, el artículo 21 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que: “El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial;

Que, el numeral 22 del artículo de 29 del mismo cuerpo legal, determina que: “Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 22. Disponer la creación, control y supervisión de los registros nacionales sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial”

Que, el numeral 2, del artículo 29 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece dentro de una de las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito la siguiente: “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”;

Que, el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina que: “El Director Ejecutivo de la ANT tiene a su cargo la gestión administrativa, financiera, técnica y la coordinación con los demás organismos encargados del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte, este Reglamento y las demás normas aplicables.”;

Que, el numeral 6 del artículo 16 del Reglamento ibídem, establece que adicional a las competencias atribuidas al Director Ejecutivo de la ANT en el artículo 29 de Ley Orgánica de Transporte, será: “6. Diseñar y mantener el sistema informático que permita emitir reportes, certificaciones, y conservar una base de datos actualizada de los registros nacionales.”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, establece el Principio de Eficacia, y determina que: “Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.”;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-PD-2019-0111 de 23 de enero de 2019, la Dirección de Planificación,

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solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la remisión del informe técnico que determine la factibilidad de implementar la automatización y sistematización de los procesos institucionales, basados en la capacidad tecnológica actual;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTI-2019-0190-DTI de 30 de enero de 2019, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones da contestación al Memorando Nro. ANT-PD-2019-0111 de 23 de enero de 2019, y emite su informe de factibilidad de automatización y sistematización de procesos y servicios institucionales, en el cual indica que: “En la Agencia Nacional de Tránsito, existen procesos y servicios institucionales que no están integrados o automatizados. Sin embargo, debido a que el sistema actual AXIS 4.0 fue implementado en el año 2013, de acuerdo con la normativa y la tecnología vigente a esa fecha, ha generado que actualmente existan varios procesos y servicios institucionales que no están integrados al sistema actual. Debido a los cambios de normativa, y nuevas regulaciones existentes a partir de la implementación del sistema Axis 4.0, y que no se contemplaron en su diseño, se pudo determinar que en el año 2018, se generaron más de 11.156 solicitudes de soporte técnico al sistema, lo cual produjo una carga laboral insostenible en esta Dirección, que tuvo que ser gestionada mediante la creación del área de incidentes del sistema actual, para que se resuelvan o se gestionen. Por el constante crecimiento de la información almacenada en el sistema actual, la sobrecarga de sus bases de datos, incidentes de fallas en el sistema, falta de funcionalidades no definidas e incidentes de seguridad, y la infraestructura en donde se ejecuta. En el periodo 2018, se tuvo una alta tasa de interrupción del servicio, lo cual afectó a nivel nacional (ANT y GADs). Hardware e Infraestructura. La Agencia Nacional de Tránsito, cuenta con dos centros de datos (Housing CNT EP (RENTA) – SITIO PRINCIPAL y Edificio Matriz – SITIO ALTERNO), donde se encuentran instalados, configurados y operando sus sistemas de procesamiento, almacenamiento, respaldos y virtualización, mismos que permiten a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones proveer a sus usuarios internos, externos y ciudadanía en general de los servicios de la ANT. Sin embargo, al momento dichos sistemas de procesamiento, almacenamiento, respaldos y de virtualización presentan las siguientes novedades que atentan a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios de información conforme a la normativa legal vigente y recomendaciones realizadas por las entidades que control: Algunos de los servidores, Sistemas Base de Datos, sistemas de almacenamiento y de respaldo se encuentra sin garantías técnicas y sin soporte del fabricante. Existen equipos de hardware y software para la gestión de la infraestructura tecnológica que están tecnológicamente descontinuados. La mayor parte de la infraestructura principal en donde se ejecuta el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito se encuentra al límite de sus capacidades operacionales. Por lo que concluyendo: “(…) para la implementación de los nuevos procesos y servicios, y con el fin de dar continuidad al Ciclo de Mejora Continua de la Agencia Nacional de Tránsito, se deberá desarrollar un Sistema Informático, que integre la atención de las necesidades y procesos

institucionales descritas en la documentación adjunta, así como el levantamiento de procesos por cada Dirección y área dueña de los procesos y servicios. Algunos de los sistemas de procesamiento, almacenamiento y respaldos que posee la Agencia Nacional de Tránsito tanto en su sitio principal (centro de datos CNT EP) como su sitio alterno (centro de datos del edificio Matriz ANT) no cuentan con la capacidad para gestionar un nuevo sistema debido a que ya se encuentran saturados, han excedido su vida útil o están fuera del periodo de garantía.”;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-PD-2019-0170 de 31 de enero de 2019, la Dirección de Planificación, solicitó a la Dirección de Estudios y Proyectos: “generar una estudio para solventar la necesidad de sistematizar y automatizar los procesos y servicios institucionales.”(Sic);

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DEP-2019-0270 de 3 de junio de 2019, la Dirección de Estudios y Proyectos, presentó el informe denominado: “ESTUDIO DEL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, en el cual concluye: “1. Se han identificado un total de 152 procesos con 511 sub procesos, en la prestación de los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito a sus usuarios en el ámbito del tránsito, transporte y seguridad vial a nivel nacional. La Agencia Nacional de Tránsito tiene al momento automatizado 5 procesos y 10 sub procesos de los 152 procesos identificados en el presente informe.” (…) “3. Tras el levantamiento efectuado, se pudo determinar que la tramitología y procesos actualmente establecidos en el transporte terrestre, se pudo observar la necesidad de contar con una herramienta tecnológica integral que agrupe la información y los servicios del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Adicionalmente, las instituciones involucradas en el proceso de transporte terrestre proporcionan información sensible a la Agencia Nacional de Tránsito por lo que es necesario contar con una base de datos consolidada y segura para evitar la alteración de datos, errores en los registros, clonaciones y demás vulnerabilidades de un sistema que no está controlado, sistematizado ni consolidado. 4. De la información remitida por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación se determina que la Agencia Nacional de Tránsito cuenta con 18 sistemas con los que se atiende al público y con una base de datos con la que las demás entidades públicas realizan procesos relacionados al tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.” (…) “6. Del análisis realizado en sus informes técnicos ANT-DTI-00172-2019 y ANT-DTIC-CINF-PC001, de 29 de enero de 2019 y 29 de octubre de 2018 emitidos por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, señala que no existen factibilidades de sistematizar y automatizar los procesos y servicios institucionales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento y el usos de varios sistemas, por tanto es necesario contar con una base de datos consolidada y un sistema integral que permita sistematizar y automatizar los procesos y servicios institucionales. 7. El SINET presenta problemas de interoperabilidad y de

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conexión con la plataforma única. 8. La Agencia Nacional de Tránsito como ente regulador del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial brinda servicios a la ciudadanía, siendo a su vez fuente de información para otros actores como Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Sistema de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Aduanas, Ministerio de Salud, SPPAT, entre otros, en tal razón los servicios brindados deben ser sistematizados, pero como se puede evidenciar en el análisis presentado no todos los procesos se encuentran en el sistema operado actualmente por la ANT ni integrados entre las diversas instituciones, en tal virtud existen procesos que toman tiempos excesivos, y por lo tanto no se puede brindar un servicio de calidad a los usuarios. 9. No existe un sistema tecnológico que permita almacenar toda la información generada de los trámites relacionados con el transporte terrestre y que a su vez brinde información verídica y oportuna para la correcta operación de la tramitología y para la toma de decisiones de las autoridades. 10. Es necesario vincular los sistemas y procesos de las diferentes entidades y actores, que permiten la gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, dando interoperabilidad entre ellos para incrementar la eficiencia y seguridad operacional. 11 Es de gran importancia para la institucionalidad del sector transporte y siendo este un pilar fundamental del Pacto Nacional por la seguridad vial contar con una herramienta tecnológica que permita registrar las diferentes operaciones del sector del transporte terrestre, mantener estos registros de forma segura, vincular la tramitología que se realiza de acuerdo a las competencias en las diferentes instituciones en un solo sistema y brindar información confiable y oportuna a las autoridades para toma de decisiones.” y Recomienda: “1. Se recomienda generar un sistema que permita vincular los sistemas y procesos de las instituciones involucradas en el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, mediante la actualización y renovación de la infraestructura tecnológica de esta institución, para lo cual se deberá automatizar y sistematizar los procesos y servicios que oferta la ANT, garantizando una oportuna atención ante el incremento de los potenciales usuarios. 2. El sistema propuesto será la plataforma de registros y contemplará la implementación de una solución única integrada para la ANT que permita: -Implementar una solución tecnológica de integración, validación y homologación, que integre todos los registros; de los sistemas que están operando actualmente. -Brindar un sistema eficiente para la prestación de servicios que entreguen resultados específicos para la optimización de procesos. -Habilitar una plataforma de gestión interna de la ANT que permita realizar los trámites de manera eficiente y oportuna. 3. La implementación de una plataforma estandarizada, segura y escalable de registro, facilitaría la tramitología y permitiría brindar un servicio ágil y eficiente a los usuarios, alineados al Objetivo número 2 del Eje 3 del Plan de Nacional de Desarrollo y a la Intervención Emblemática 2, que señala: “El Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, cuyas propiedades y características garanticen el cumplimiento de sus derechos, así como

 

las necesidades y expectativas ciudadanas.”;. 4. Que previo a implementar la nueva herramienta de registro se analice la figura de contratación como Gestión delegada, en tal caso se requerirá la emisión de las viabilidades técnica, jurídica y económica. El informe será elaborado por la Dirección de Estudios y Proyectos con apoyo, revisión y aprobación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS), En el caso del informe económico, serán elaborados por la Dirección de Estudios y Proyectos revisado y aprobado por la Dirección de Planificación. De igual forma el informe jurídico, será elaborado por la Dirección de Contracción Pública y aprobada por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Institución.”;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2019-0064-M de 17 de junio de 2019, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, remite a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito el informe denominado: “ESTUDIO DEL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL” a fin de ponerlo a consideración de Directorio;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar el Estudio del Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas Operacionales, Administrativos, Técnicos y Tecnológicos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, haciendo énfasis en:

  1. El sistema integral vinculará los procesos operaciona-les, administrativos, técnicos y tecnológicos, además de los sistemas de las instituciones involucradas en el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
  2. El sistema integral deberá sistematizar y automatizar los procesos, y procedimientos de la Agencia Nacional de Tránsito garantizando un servicio oportuno y atención de calidad a los usuarios.
  3. El sistema integral permitirá un ciclo transaccional continuo, con actualización tecnológica permanente que garantice la sostenibilidad de la gestión de la Agencia Nacional de Tránsito.
  4. El sistema integral contará con protección, respaldo y mecanismos de control para garantizar seguridad informática y transparencia de la información.Artículo 2.- Autorizar la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante un sistema informático que permita vincular los sistemas y procesos de las instituciones a cargo del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, a nivel nacional.

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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Disponer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito ejecute las acciones necesarias, a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 2 de esta Resolución.

SEGUNDA: Para la efectiva implementación de lo previsto en la presente resolución, la Subdirección Ejecutiva se encargará de la coordinación necesaria con las áreas técnicas y de apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito.

TERCERA: Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito notificar el contenido de la presente resolución a la Subdirección Ejecutiva, Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y, a la Dirección de Comunicación Social para su socialización y comunicación a nivel nacional.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 21 días del mes de junio del 2019, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio.

f.) Ing. Paul Hernández Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

f.) Mgs. Álvaro Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Secretario del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

LO CERTIFICO:

f.) Joan Correa Paredes, Directora de Secretaría General, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 01 a 03 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Fecha: 06 de septiembre de 2019.- Hora: 10:49.-f.) Abg. Joan Correa Paredes, Directora de Secretaría General.

No. 052-DE-ANT-2019

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Considerando:

Que, el artículo 266 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, artículo 233 de la Carta Magna establece: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADs;

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito: “(…) 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (…)”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la administración del sector público el de eficacia: “Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito de sus competencias”;

Que, el artículo 69 del COA señala: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (...)”;

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Que, el artículo 71 del Código ibídem establece como efectos de la delegación: “(…) 1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.-La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: “En aplicación a los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcance”;

Que, con memorando Nro. ANT-TS-2019-0730-M de 02 de diciembre de 2019, el Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2 solicitó al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo: por directrices de cierre del ejercicio fiscal del año 2018, el Ministerio de Finanzas, cerró el módulo de bienes del sistema administrativo e-SIGEF, lo que imposibilitó que la de Dirección Administrativa no pueda realizar el respectivo registro en el eSByE, quedando pendiente el pago de las 17.430 SIMCARDS. Por lo expuesto, Señor Director, me permito solicitar gentilmente un Modificatorio al Convenio de Pago entre la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT y la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P; por cambio en el aval y la certificación presupuestaria cuyo ítem asignado es el 730813 denominado Repuestos y Accesorios, con la finalidad de poder cumplir con la obligación pendiente de pago (…)”, siendo autorizado por el Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo, mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX en memorando Nro. ANT-TS-2019-0730-M de 02 de diciembre de 2019.

Que, mediante Resolución No. ANT- NACDSGRDI18-0000080 de 18 de septiembre de 2018, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al Msc. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el numeral 1 del 69 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con la normativa reglamentaria;

Resuelvo:

Artículo 1.- Delegar al Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2, suscribir en representación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el siguiente instrumento:

“Convenio Modificatorio al Convenio de Pago entre la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ANT y la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, suscrito el 06 de diciembre de 2018”.

Artículo 2.- El Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2, verificará las condiciones técnicas y económicas que sustentan la suscripción del Convenio de Pago referido en el artículo 1 de la presente Resolución y solicitará el pago a la Dirección Financiera.

Artículo 3.- La Dirección Financiera, previo al pago verificará el cumplimiento de la norma legal vigente.

Artículo 4.- El Mgs. Andrés Aníbal Riofrío Córdova, Gerente de Proyecto 2, dará seguimiento e informará de la ejecución de la presente delegación a la máxima autoridad de esta Institución.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE:

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 03 de diciembre de 2019.

f.) Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 1 a 1 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Fecha: 19 de diciembre de 2019.- Hora: 08:36.-f.) Abg. Joan Correa Paredes, Directora de Secretaría General.

Nro. ARCP-DE-2019-88

EL DIRECTOR EJECUTIVO, ENCARGADO, DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

Considerando:

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé que todo órgano con potestad normativa

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tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano

0  de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución;

Que, el numeral 6 del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones”;

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

Que, el Estado ecuatoriano, como suscriptor del Convenio Postal Universal, ha acordado establecer y garantizar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) ratificado en las actas de Ginebra de 2008;

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 31 del 7 de julio 2017 se expidió el Código Orgánico Administrativo - COA, estableciendo en su artículo

1  que: “Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público”;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo - COA, señala que: “Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley”;

Que, la Ley General de los Servicios Postales publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 603 de 07 de octubre de 2015 crea en su artículo 8: “(…) la Agencia de Regulación y Control Postal, como un organismo técnico-administrativo especializado y desconcentrado, adscrito al Ministerio rector del sector postal, con personalidad

jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio (…) encargada de regular y controlar a los operadores postales, así como también de velar el cumplimiento de las políticas y directrices dictadas por el Ministerio rector de los servicios postales. (…) La Agencia de Regulación y Control Postal contará con un Directorio y una Directora o Director Ejecutivo”;

Que, el numeral 5 del artículo 9 de la Ley referida, establece las atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Postal, señalando: “Otorgar, renovar, cancelar o negar el Permiso de operación Postal, la Autorización de Operación del Servicio Postal Universal y la Concesión de Operación del Servicio Postal Universal y recaudar los valores que correspondan por estos títulos habilitantes”;

Que, los numerales 1, 5, y 8 del artículo 13 de la Ley Ibídem, determinan las atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal, estableciendo: “1. Ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia de Regulación y Control Postal; (…) 5. Expedir los reglamentos, normas técnicas y manuales para la regulación, control y desarrollo de la prestación del servicio postal; y, 8. Otorgar, renovar, cancelar o negar los permisos de operación postal y autorizaciones y concesiones para la operación del Servicio Postal Universal (SPU)”;

que corresponde a la Función Ejecutiva ejercer las siguientes atribuciones “(…) h) Regulación.- Es la facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los agentes regulados”;

Que, el inciso tercero del artículo 81 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo –ERJAFE- establece: “En la expedición de actos normativos será necesario expresar la norma legal en que se basa. No será indispensable exponer consideraciones de hecho que justifiquen su expedición”;

Que, en el Registro Oficial Nro. 854 de 04 de octubre de 2016, se publicó el Reglamento General a la Ley General de los Servicios Postales, que en el inciso segundo del artículo 10 dispone: “(…) La Agencia de Regulación y Control Postal es la única autoridad competente para otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios postales. Otras autoridades competentes, tales como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o la Agencia Nacional de Tránsito no podrán exigir la obtención de títulos habilitantes, permisos o autorizaciones, que no sean exclusivamente aquellos necesarios en el ámbito de sus competencias”;

Que, el artículo 36 del mismo Reglamento señala: “Toda persona que preste servicios postales o realiceuno o

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más procesos de los indicados en el artículo 15 de la Ley General de los Servicios Postales, deberá obtener un título habilitante de conformidad con el ordenamiento jurídico”;

Que, el Capítulo VII del Reglamento mencionado trata sobre los títulos habilitantes, y establece que el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal es el competente para otorgar los títulos habilitantes de permiso, autorización y concesión, y señala que el procedimiento se determinará en la normativa que emita la Agencia para el efecto;

Que, mediante Resolución Nro. 53-DE-ARCP-2016 de 15 de noviembre de 2016, publicada en Suplemento del Registro Oficial Nro. 902 de 14 de diciembre del 2016, la Agencia de Regulación y Control Postal expidió el Reglamento de Títulos Habilitantes, con el objetivo de regular el otorgamiento, renovación, cancelación o negación de los títulos habilitantes para la prestación de los servicios postales;

Que, mediante Resolución Nro. DIR-ARCP-03-2018-005 de 28 de diciembre de 2018 el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Postal, designó al magister Javier Gómez Benavides como Director Ejecutivo, Encargado, de la Entidad;

Que, con Resolución Nro. ARCP-DE-2019-26 de 01 de abril de 2019, publicada en Suplemento del Registro Oficial Nro. 471 de 18 de abril de 2019, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal Reforma el Reglamento de Títulos Habilitantes de la Entidad;

Que, mediante Resolución Nro. ARCP-DE-2019-40 de 07 de junio de 2019 se Reforma el Reglamento de Recaudación de Ingresos de la Agencia de Regulación y Control Postal y en su Disposición Reformatoria elimina el literal c) del artículo 1 del Reglamento de Títulos Habilitantes;

Que, con Memorando Nro. ARCP-DR-2019-0051-M de 12 de diciembre de 2019 dirigido a la Subdirectora de Gestión Técnica, la Directora de Regulación remite el Informe Técnico de pertinencia para reformar el Reglamento de Títulos Habilitantes;

Que, mediante Memorando Nro. ARCP-SGT-2019-0108-ME de 12 de diciembre de 2019 dirigido al Director Ejecutivo, Encargado, la Subdirectora de Gestión Técnica remite el Informe Técnico de pertinencia de reforma al Reglamento de Títulos Habilitantes para aprobación; autoridad que mediante sumilla inserta en el mismo documento aprobó y dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica el trámite correspondiente; y,

El Director Ejecutivo, Encargado, en ejercicio de las atribuciones y facultades legales establecidas en el numeral 5 del artículo 13 de la Ley General de los Servicios Postales.

Resuelve:

Art. 1.- Reformar el Reglamento de Títulos Habilitantes, expedido mediante Resolución Nro. 53-DE-ARCP-2016 de 15 de noviembre de 2016 publicado en Suplemento del Registro Oficial Nro. 902 de 14 de diciembre del 2016; y, reformado con Resolución Nro. ARCP-DE-2019-26 de 01 de abril de 2019, publicado en Suplemento del Registro Oficial Nro. 471 de 18 de abril de 2019, de la siguiente manera:

•     Se reforma el artículo 9 por el siguiente:

“Art. 9.- Aseguramiento de los envíos postales.

Para indemnizar a los usuarios, el operador postal deberá contar con un mecanismo que asegure la respectiva indemnización, a través del cual cumplirá su obligación de protección al usuario en caso de requerirlo.

El aseguramiento de envíos deberá cumplir como mínimo:

  1. Los riesgos de los envíos postales, desde su origen hasta su destino y garantizará el pago de indemnizaciones a los usuarios del Servicio postal.
  2. Los envíos postales con valor declarado en la gestión de los servicios de admisión, clasificación, distribución y entrega, con excepción de aquellas prohibiciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente; y,
  3. La cobertura de este mecanismo de protección deberá incluir los envíos postales que procesen los Agentes Postales Autorizados.

La Agencia de Regulación y Control Postal podrá realizar el seguimiento y control que estime necesario para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este artículo”.

•     Se reforma el artículo 40 por el siguiente:

“Art. 40.- Requisitos para obtener el permiso de operación postal. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, o de la economía popular y solidaria, podrán solicitar el permiso de operación postal a la Agencia de Regulación y Control Postal, para lo cual deberán cumplir con lo siguiente:

  1. Solicitud de permiso de operación;
  2. Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año fiscal anterior a la fecha de la solicitud, que consta en la declaración del impuesto a la renta, y un detalle de ingresos provenientes de la actividad postal, en caso de realizar varias actividades económicas; y,
  3. No tener obligaciones pendientes con el Estado.

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d) Contrato de adhesión

El interesado deberá contar con un registro de firma electrónica para la presentación de la solicitud del permiso de operación postal, los formularios e información que se solicita”.

•     Se reforma el artículo 42 por el siguiente:

“Art. 42.- Validación de la información presentada.

La Agencia de Regulación y Control Postal una vez recibida la solicitud revisará y validará si la información es completa y consistente, en caso de no serlo, se notificará al solicitante para que la complete o aclare en el término de diez (10) días, en caso de no hacerlo se negará el permiso de operación postal.

Una vez que la información presentada esté completa, la Agencia de Regulación y Control Postal la evaluará en un término de hasta quince (15) días, cumplido este término, la Agencia de Regulación y Control Postal emitirá, a través de cualquier mecanismo legal, un Aviso de Pago al aspirante en el que conste el valor a cancelar por concepto del permiso de operación postal.

El solicitante deberá realizar el pago y presentar su comprobante original a la Agencia de Regulación y Control Postal en un término máximo de quince (15) días tras haber sido comunicado con el aviso de pago por parte de la Agencia de Regulación y Control Postal; caso contrario se negará el permiso de operación postal.

Las empresas públicas están exentas de realizar el pago previo al otorgamiento del permiso de operación postal; sin embargo, la Agencia de Regulación y Control Postal notificará la obligación de presentar la o las pólizas de seguro.

La Dirección técnica responsable, remitirá a la máxima autoridad el informe técnico de validación de la información que contendrá la recomendación de otorgar o negar el permiso de operación de servicios postales en régimen de libre competencia”.

•     Se reforma el artículo 51 por el siguiente:

“Art. 51.- Cancelación de los permisos de operación postal.- La cancelación es el acto administrativo mediante el cual la Agencia de Regulación y Control Postal de manera unilateral da por terminado el título habilitante, misma que operará en los siguientes casos:

  1. Por constatación de que el operador postal consignó datos falsos;
  2. Por no cumplir las obligaciones de pago establecidas por la Agencia de Regulación y Control Postal, de acuerdo a los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente;
  1. Por quiebra o insolvencia del operador postal;
  2. Por sentencia ejecutoriada por la cual el operador postal se vea impedido de prestar el servicio postal;
  3. Por suspensión de los servicios y actividades previstos en el título de operación postal, por decisión del operador, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
  4. Por las demás previstas en el Régimen Sancionador de la Agencia de Regulación y Control Postal y el ordenamiento jurídico vigente.

La Agencia de Regulación y Control Postal en caso de identificar que se ha incurrido en alguna de estas causales, notificará al operador indicando que se ha iniciado un proceso de cancelación del permiso de operación postal.

El operador postal tendrá un término de quince (15) días, a partir de la notificación, para subsanar o presentar los descargos correspondientes, de ser el caso.

La Agencia de Regulación y Control Postal, analizará la información presentada por el operador postal, en un término de quince (15) días, de ratificarse la existencia de la causal o causales de cancelación del permiso de operación postal, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal notificará a través de cualquier mecanismo legal, con la resolución de cancelación del título habilitante.

Si el operador postal justifica o subsana la causal o causales de cancelación, se archivará el proceso de cancelación del permiso de operación postal”.

•     Se reforma el artículo 60 por el siguiente:

“Art. 60.- Vigencia y renovación de la licencia. La licencia de funcionamiento de las oficinas postales tendrá vigencia de cinco (5) años y podrá renovarse llenando el formulario correspondiente en el término de hasta treinta (30) días antes de su vencimiento. En caso de no hacerlo se inhabilitará la oficina postal una vez terminado el plazo de la licencia”.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 16 de diciembre de 2019.

f.) Mg. Javier Gómez Benavides, Director Ejecutivo, Encargado, Agencia de Regulación y Control Postal.

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 5

Nro. CNII-ST-RA-003-2019

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

Considerando:

Que, el Art. 156 de la Constitución de la República del Ecuador define a los Consejos como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y les asigna atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República señala que los Consejos Nacionales para la Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado; estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo;

Que, la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los Consejos Nacionales de Niñez y Adolescencia, (...), se constituirán en Consejos Nacionales para la Igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución;

Que, el 7 de julio de 2014, se publica en el Registro Oficial Suplemento No. 283 la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y Movilidad Humana, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno, para los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos y aquellos que sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su Artículo 4, dispone que estas entidades son organismos de derecho público con personería jurídica, y que forman parte de la Función Ejecutiva;

Que, el objeto de la Ley es “establecer el marco institucional y normativo de los Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador”;

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad las funciones que tendrán los Consejos Nacionales para la Igualdad para ejercer las atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas;

Que, las disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, reforman y derogan algunas de las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, encargándose a los ministerios rectores, secretarías, consejos y gobiernos autónomos descentralizados la emisión de ciertos instrumentos jurídicos y políticas públicas para la garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes;

Que, el 25 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial No. 521, de 12 de junio de 2015, se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante el cual se norma la organización de los Consejos;

Que, el ex Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia -CNNA tenía sus cimientos con la expedición del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicado por ley Nro. 100. Registro Oficial Nro. 737, de 3 de enero de 2003;

Que, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, dentro de sus funciones y atribuciones, a través de su Pleno, expidió un sinnúmero de actos normativos, para el cumplimiento de sus funciones;

Que, con Decreto 434 de 14 de junio de 2018, se reforma el Decreto 319 de 20 de febrero de 2018; y, se designa al/la Ministro/a de Inclusión Económica y Social como representante de la Función Ejecutiva al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;

Que, mediante Resolución Nro. CNII-PR-001-2019 de 10 de octubre de 2019, se designa a Francisco Cevallos Tejada, como Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;

En uso de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 12 numeral 5 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad:

Resuelve:

Artículo 1.- Derogar de manera expresa, las resoluciones emitidas en su momento por el Pleno del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, por no estar apegadas a las finalidades y funciones del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a saber:

  1. NRO. 28 CNNA-2005 - DIRECTRICES GENERALES PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES DE ATENCIÓN.
  2. NRO. 001 CNNA-2007 - REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
  3. NRO. 006 CNNA-2008 - SE DISPONE QUE EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A TRAVÉS

46 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficia Nº 121

DE SUS ORGANISMOS, ASUMA SU RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA EN LOS ALBERGUES CANTONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DIFERENCIADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

  1. NRO. 016 CNNA-2008 - REGLAMENTO DE TRABAJOS PROHIBIDOS PARA ADOLESCEN­TES EN CAPACIDAD LEGAL DE TRABAJAR BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA O POR CUENTA PROPIA.
  2. NRO. 031-CNNA-2008 - DIRECTRIZ PARA CONFORMAR CONSEJOS CANTONALES DE LA NIÑEZ.
  3. NRO. 032-CNNA-2008 - MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
  4. NRO. 006 CNNA-2009 - DIRECTRIZ DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
  5. NRO. 016-CNNA-2009 - ADHESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A LO DISPUESTO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN RELACIÓN AL INGRESO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS A LAS CORRIDAS DE TOROS.
  6. NRO.002-CNNA-2011- REGLAMENTO ELECCIÓN REPRESENTANTES AL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
  7. NRO. 006 CNNA 2011 - REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
  8. NRO. 008 CNNA 2011 - DIRECTRICES QUE REGULAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS AGENCIAS INTERMEDIARIAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR.
  9. NRO. 001-CNNA-2011 - REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y COMUNITARIAS AL CNNA.
  10. NRO. 002-CNNA-2011 – REGLAMENTO ELECCIÓN REPRESENTANTES AL CONSEJO DE NIÑEZ Y ADOLESCNECIA.
  11. NRO. 003CNNA2011-SE – INICIA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y COMUNITARIAS.
  12. NRO. 02-CNNA-2012 - REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE PROGRAMAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
  1.  NRO. 0006-CNNA-2012 - SE CREAN NUEVE COMITÉS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE ACUERDO A NUEVE ZONAS ADMINISTRATIVAS DE PLANIFICACIÓN.
  2. NRO. 0007-CNNA-2012 - SE AUTORIZA UN MÁXIMO DE NUEVE ENTIDADES INTERMEDIARIAS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL PARA QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN EL ECUADOR.
  3. NRO. 006-CNNA-2013 - SE CREAN NUEVE COMITÉS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE ACUERDO A NUEVE ZONAS ADMINISTRATIVAS DE PLANIFICACIÓN.
  4. NRO. 008-CNNA-2013 - REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE AFECTEN EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo 2.- Deróguese las demás resoluciones de igual o menor jerarquía que se interpongan al normal funcionamiento del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional expedidas por el Ex Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de diciembre de 2019.

f.) Francisco Cevallos Tejada, Secretario Técnico, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

CNII.- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL.- Copia certificada.-

Nombre:... Firma: Ilegible.

No. ENFARMA EP-LIQUIDACIÓN 2019-21

Abg. María Cecilia Vargas Costales

LIQUIDADORA

EMPRESA PÚBLICA DE FÁRMACOS-

ENFARMA EP EN LIQUIDACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: “Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias

Registro Oficial Nº 121                                                                                                  Miércoles 15 de enero de 2020 - 47

y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Constitución de la República dispone: “Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”(…);

Que, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas manifiesta: “Constituye patrimonio de las empresas públicas todas las acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que posean tanto al momento de su creación como en el futuro”;

Que, los numerales 1, 3, 4 y 7 del artículo 59 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: “Art. 59.-ATRIBUCIONES DEL LIQUIDADOR.- Incumbe al liquidador de una empresa pública: 1. Representar a la empresa pública, legal, judicial y extrajudicialmente, para los fines de la liquidación; (…) 3. Realizar las operaciones empresariales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la empresa; (…) 4. Recibir, llevar y custodiar los libros y correspondencia de la empresa pública y velar por la integridad de su patrimonio; 7. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la empresa, otorgando los correspondientes recibos o finiquitos”;

Que, el primer inciso del artículo 261 del Código Orgánico Administrativo señala: (…)”Las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley”(…);

Que, el artículo 268 del Código Orgánico Administrativo determina que: “Cuando se requiera emitir títulos de crédito por obligaciones a favor de la administración pública, estos deberán reunir los siguientes requisitos: …6. La fecha desde la cual se devengan intereses. 7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión …La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 181 de 21 de diciembre 2009, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador decretó: “Artículo 1.- Crear la empresa pública de Fármacos denominada ENFARMA E P, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1103 de 30 de junio de 2016, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador decretó: “Artículo 1.- Disponer la extinción de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA E P, previo el correspondiente proceso de liquidación, que deberá efectuarse en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas”;

Que, mediante Acta No. SE-2017-001 de 28 de marzo de 2017, el Directorio Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP – en Liquidación procedió a nombrar a la Abg. Cecilia Vargas como Liquidadora de la empresa pública antes mencionada;

Que, mediante Resolución No. ENFARMA EP-LIQUIDACIÓN 2018-30 de 15 de octubre del 2018, se expidió y aprobó el “Reglamento para el Ejercicio de la Ejecución Coactiva de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación”;

Que, los literales f) y g) del artículo 7 del Reglamento para el Ejercicio de la Ejecución Coactiva de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación señala que, el Ejecutor de Coactivas de la empresa tendrá las siguientes competencias, atribuciones y obligaciones: (…)”f) Declarar de oficio o a petición de parte la nulidad de los actos del procedimiento coactivo, de acuerdo a lo establecido en las leyes para el ejercicio de la acción coactiva; y reiniciarlos cuando haya desaparecido la causal o motivo que generó su nulidad; G) Continuar con el procedimiento de ejecución coactiva cuando sus actos procesales hayan sido declarados nulos o se haya suspendido su ejecución de conformidad con este Reglamento;

Que, el artículo 18 del Reglamento para el Ejercicio de la Ejecución Coactiva de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación determina que: “Cuando se requiera emitir títulos de crédito por obligaciones a favor de la administración pública, estos deberán reunir los siguientes requisitos: …6. La fecha desde la cual se devengan intereses. 7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito”;

Que, mediante memorando No. ENFARMA EP-JF-2019-0686-M, de 29 de julio de 2019, la Jefa Financiera de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación, recomendó a la máxima autoridad de la empresa, la declaratoria de nulidad de los títulos de crédito No. 0002-2019-FC-ENFARMA-EP; 0005-2019 FC ENFARMA EP; 0006-2019 FC ENFARMA; 0007-2019 FC ENFARMA; 0008-2019 FC ENFARMA; 0009-2019 FC ENFARMA; 0010-2019 FC ENFARMA; 0011-2019 FC ENFARMA; 0012-2019 FC ENFARMA; 0013-2019 FC ENFARMA; 0014-2019 FC ENFARMA; 0018-2019 FC ENFARMA, 0019-2019 FC ENFARMA y 0026-2019 FC ENFARMA, emitidos en el año 2019 en contra del Hospital General Riobamba, la Unidad de Atención Ambulatoria de El Tena, el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital León Becerra-Milagro, el Hospital General-Milagro, el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López, el Hospital General-Babahoyo, la Unidad de Atención Ambulatoria Daule, el IESS Hospital de Chone, El IESS Hospital de Portoviejo, el Hospital General-San Francisco, el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Cotocollao y el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo, para lo cual adjuntó el informe respectivo;

48 - Miércoles 15 de enero de 2020                                                                                                    Registro Oficial Nº 121

 

Que, mediante sumilla inserta en el memorando ENFARMA EP-JF-2019-0686-M, de 29 de julio de 2019, la señora Liquidadora de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación, dispuso: “GAJ: Favor preparar Resolución y continuar con el trámite, coordinar con el GAF y la JF. Gracias”; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el número 3 del artículo 59 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Reglamento para el Ejercicio de la Ejecución Coactiva de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación;

Resuelve:

Art. 1.- Declarar la nulidad de los títulos de crédito No. 0002-2019-FC-ENFARMA-EP; 0005-2019 FC ENFARMA EP; 0006-2019 FC ENFARMA; 0007-2019 FC ENFARMA; 0008-2019 FC ENFARMA; 0009-2019 FC ENFARMA; 0010-2019 FC ENFARMA; 0011-2019 FC ENFARMA; 0012-2019 FC ENFARMA; 0013-2019 FC ENFARMA; 0014-2019 FC ENFARMA; 0018-2019 FC ENFARMA, 0019-2019 FC ENFARMA y 0026-2019 FC ENFARMA, emitidos en el año 2019, en contra del Hospital General Riobamba, la Unidad de Atención Ambulatoria de El Tena, el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital León Becerra-Milagro, el Hospital General-Milagro, el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López, el Hospital General-Babahoyo, la

Unidad de Atención Ambulatoria Daule, el IESS Hospital de Chone, El IESS Hospital de Portoviejo, el Hospital General-San Francisco, el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Cotocollao y el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo.

Art. 2.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguese a la Jefatura Financiera de la Empresa Pública ENFARMA EP en Liquidación.

Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Art. 4.- Disponer a la Jefatura Administrativa, realice las acciones pertinentes, a fin de proceder con la publicación del presente instrumento en el Registro Oficial.

Art. 5.- Encárguese a la Coordinación de Despacho la notificación y difusión del presente instrumento.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de julio de 2019.

Cúmplase y Notifíquese.-f.) Abg. María Cecilia Vargas Costales, Liquidadora, Empresa Pública de Fármacos –ENFARMA EP En Liquidación.

 

 

 

 

 

 

 

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