Registro Oficial

Registro Oficial No.685- Miércoles 19 de diciembre de 2018 Edición Especial

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés                                                                                     

 

   Presidente Constitucional de la República del Ecuador                                                                                  

 

Miércoles 19  de diciembre  de 2018 (R. O.685, 19 -diciembre -2018) Edición Especial

 

 

SUMARIO:

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

Cantón Huamboya: Que crea la Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria, y que regula el apoyo a los procesos de producción agropecuaria

Cantón Marcabelí: Sustitutiva a la Ordenanza de administración y regulación del servicio de agua potable y alcantarillado, que establece la estructura tarifaria que fija las tasas por servicios

Cantón Tiwintza: Para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar, y canteras

 

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

HUAMBOYA.

CONSIDERANDO;

Que,      el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la alimentación, así como promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza; para acceder al buen vivir;

Que,       el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador, debe cumplir y hacer cumplir el derecho que tienen las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que señala el artículo 277 de la Constitución del Ecuador, deberá cumplir con los deberes generales para la consecución del buen vivir, tales como: Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que dispone el artículo 278 de la Constitución del Ecuador, para la consecución del buen vivir de las personas y de las colectividades, y sus diversas formas organizativas, le corresponde como parte del Estado: Participar a nivel Cantonal en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles; así como producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que expresa el artículo 320 de la Constitución del Ecuador, debe estimular una gestión participativa, transparente y eficiente; buscando que, la producción, en cualquiera de sus formas, se sujete a los principios y a las normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que señala el artículo 334 de la Constitución del Ecuador, deberá promover el acceso equitativo a los factores de producción, Evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promoviendo su redistribución y eliminando privilegios o desigualdades en el acceso a ellos, desarrollando políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación, impulsando y apoyando el

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desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción para garantizar la soberanía alimentaria y generar empleo y valor agregado;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya de conformidad con lo que establece el artículo 410 de la Constitución de la República del Ecuador debe brindar a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya deberán en su circunscripción territorial realizar la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias;

Que, acogiendo las facultades del artículo 126 de la ley Ibídem, que permite Gestión concurrente de competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio".

Que, en literal b) del artículo 134 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que el fomento de la soberanía alimentaria es competencia de los gobiernos regionales los cuales no han sido creados y ante la necesidad que tiene sus habitantes se prever que lo pueden Implementar coordinadamente los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana;

Que, acorde con el artículo 135 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 263 de la Constitución del Ecuador, el Gobierno Provincial le corresponde ejercer la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias, las mismas que pueden ser delgadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyo territorio sea de vocación agropecuaria, pudiendo Adicionalmente implementar programas y actividades productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y comercialización de bienes rurales, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales;

Que, la facultad de poder delegar la gestión de una competencia a otro nivel de gobierno sin perder su titularidad lo determina el artículo 279 de la ley Ibídem par dicha autorización debe haber un acto normativo del órgano legislativo, para esta delegación las partes

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suscribirán un convenio que contendrán los compromisos y condiciones para la gestión de la competencia.

Que, la disposición Transitoria Décimo Novena faculta para que los gobiernos autónomos descentralizados municipales que al momento que entró en vigencia Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, desarrollaban acciones productivas y agropecuarias puedan mantenerlas en coordinación con el gobierno provincial.

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0008-CNC-2014, publicada en el Registro Oticial No. 413 del 10 de enero de 2015, establece que los GAD municipales podrán mediante ordenanza regular la organización y participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la dinamización de la economía local.

Que, la ley Orgánica de Economía popular y solidaria en su artículo 127 establece que para efectos de dicha ley, serán considerados como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley.

Que, el artículo 133 de la ley antes indicada determina que los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de tomento de la economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas por esta Ley.

Que, al Gobierno Municipal de Huamboya en la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica: la construcción de infraestructura de apoyo a la producción: el impulso de organizaciones económicas' de los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas;

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Que, todos los gobiernos autónomos descentralizados les corresponden establecer programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, asistencia técnica, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micros y pequeños productores;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huamboya tiene como uno de sus objetivos principales el poder concretar acciones que permitan reactivar la producción en nuestro cantón, para de esta manera contribuir a la consecución del Buen Vivir de conformidad con lo que manifiesta la Carta Magna; por lo que considera indispensable ayudar al desarrollo de la economía popular y solidaria.

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAMBOYA, Y QUE REGULA EL APOYO A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL CANTÓN HUAMBOYA.

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Sección la Constitución, ámbito de aplicación, objeto y conformación

Artículo 1: Constitución.- Constitúyase la Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya, como instancia técnica, asesora y operativa, y dependencia integrante del Departamento de Gestión Desarrollo Social y Productividad GAD Municipal; con jurisdicción y competencia en el cantón Huamboya, encargada de organizar, planificar, difundir, apoyar y aplicar planes y proyectos de tipo agropecuario en el cantón Huamboya. Cuyas funciones serán ejercidas en razón de los respectivos convenios de delegación de competencias que con el Gobierno Provincial suscriba el Gobierno Municipal. La Unidad ejecutará y hacer cumplir las disposiciones de esta ordenanza, planes y políticas referentes al fomento agropecuario cantonal.

Artículo 2: Ámbito de aplicación y jurisdicción.- Las disposiciones de la presente ordenanza y campo de acción de la Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya, es para la toda circunscripción del cantón Huamboya.

Artículo 3: Objeto.- Planear, coordinar y ejecutar acciones que permitan asumir en forma concurrente la competencia de fomento de la actividad agropecuaria en el cantón Huamboya, en cumplimiento del convenio de delegación de competencias suscito entre el GAD Provincial de Morona Santiago y el GAD Municipal de Huamboya. Acciones que permitan incrementar la producción, procesamiento, comercialización y competitividad a los procesos productivos ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón Huamboya.

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Artículo 4: Conformación.- Para cumplir con las funciones específicas que se detallen en~iár presente ordenanza, y demás normativa conexa, la Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya contará con el siguiente personal;

  1. 1. Jefe Analista de la Unidad
  2. 2. Bachilleres técnicos agropecuarios
  3. 1. Operador de maquinaria agrícola
  4. 1. Trabajador municipal

El Jefe analista de la Unidad de Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huamboya, constituye el máximo nivel administrativo de la misma, quien como titular del organismo lo representa en sus competencias y atribuciones administrativas, y de gestión en la distribución y ejecución de las funciones y obligaciones de la Unidad, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ordenanza.

Las funciones del Jefe analista de la Unidad de Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria serán las que se establezcan en el instrumento que contenga el orgánico funcional y estructural institucional.

El Alcalde del GAD Municipal, de conformidad con la Ley, procederá a nombrar o designar al Jefe Unidad de Produccióii y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya, quien deberá poseer título de tercer nivel en áreas afines; de igual manera, nombrará o designará dos bachilleres técnicos agropecuarios, quienes deberán tener al menos título de bachiller en agropecuaria o afines y tener conocimiento en la materia. El mismo Ejecutivo deberá nombrar o designar a un operador de maquillaría agrícola, quien deberá poseer licencia profesional correspondiente. Se deberá además asignará a un trabajador municipal, quien servirá de apoyo en las actividades de campo de la Unidad.

Sección 2*

Competencias y funciones de la Unidad

Artículo 5: Competencias y funciones de la Unidad.- La Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya, tiene la competencia concurrente de Planificar, coordinar y ejecutar acciones de fomento en la actividad agropecuaria dentro del cantón Huamboya, en sujeción al artículo 3 de la presente ordenanza, para lo cual tendrá las siguientes funciones:

  1. Difundir normas, lincamientos y procedimientos para la integración y operación de proyectos para el fomento en la actividad agropecuaria en el cantón Huamboya.
  2. Proponer y promover la celebración de convenios interinstitucionales y participar en la realización de programas y proyectos conjuntos, que permitan fortalecer la competitividad de los productores del cantón Huamboya.
  3. Organizar, apoyar y participar en programas para la oportuna comercialización de la producción agropecuaria;

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  1. Organizar, apoyar, participar y promover la celebración de ferias, exposiciones agroindustriales, tanto cantonales como provinciales y nacionales, de manera coordinada con los sectores público y privado para el desarrollo y comercialización de los productos agropecuarios;
  2. Elaborar diagnósticos de la situación actual de la actividad agropecuaria y agroindustrial cantonal y perspectivas;
  3. Coordinar acciones con sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros, para intercambiar información y practicas relativas a programas y sistemas que promuevan y mejoren el desarrollo agropecuario y agroindustrial cantonal;
  4. Proporcionar por intermedio de convenios la asesoría y el apoyo técnico a los procesos productivos que se desarrollen en el cantón, y;

h)    Coordinar con las dependencias municipales correspondientes, para el efectivo ejercicio de sus funciones.

Para que el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Huamboya ejecute acciones en el campo de producción, es menester contar con la resolución del órgano legislativo para que se proceda a la firma del convenio respectivo con las instituciones que son titulares de la competencia, como son:

  1. Gobiernos provinciales;
  2. Gobiernos Parroquiales rurales;
  3. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
  4. Agrocalidad
  5. Ministerio de Acuacultura y Pesca.
  6. Entre otros.

Artículo 6: Del financiamiento.-La Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal de Huamboya financiará sus actividades con:

  1. Los recursos financieros asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huamboya con aporte del presupuesto ordinario para la Unidad;
  2. Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o cualquier tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
  3. Los demás ingresos que la Unidad creen o genere, a partir de su operatividad.

Los recursos recaudados por concepto del numeral 3 del presente artículo deberán ser destinados para la sostenibilidad y continuidad en los provectos de producción y soberanía alimentaria que desarrolle la Unidad.

 

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Los recursos financieros detallados en los numerales anteriores, serán asignados oportCWKQd directamente a las partidas presupuestarias de la Unidad de Producción y Soberanía Alimentaria del GAD Municipal.

CAPÍTULO II DEL APOYO A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Artículo 7: Dependencia municipal responsable.- Corresponde a la Unidad de Soberanía Alimentaria mantener el control y cumplimiento irrestricto de la presente Ordenanza y demás Leyes conexas, a fin de establecer políticas, normas y servicios encaminadas a apoyar y fomentar la producción suficiente y la adecuada dentro del cantón.

Artículo 8: Valor por servicio.- En caso de requerir una contra prestación a cambio del servicio que preste la municipalidad, a través de la Unidad, se crea una tasa de servicios, acorde a la siguiente tabla: (operación de la maquinaria y retribución del agricultor por los servicios prestados)

 

SERVICIO

APORTE MUNICIPAL

APORTE DEL BENEFICIARIO

Alquiler de maquinaria en general

80%

20%

Otorgamiento de especies

100%

Compromiso de retribución a fijarse en acta de entrega y recepción de la especie.

Capacitación a productores y/o asesoría de campo.

Personal profesional

Facilidades a consideración del capacitador.

 

Artículo 9: Unidad de Soberanía Alimentaria presentará a la Dirección Financiera el listado por sector de los servicios a prestar, el mismo que deberá tener como mínimo, los siguientes datos:

  1. Número de Cédula;
  2. Nombre completo y apellidos;
  3. Ubicación;
  4. Zona;
  5. Servicios a prestar; y,
  6. Valor total

Artículo 10: Recaudación de las contraprestaciones: En el caso de tener que cobrar una compensación, contraparte o tasa la Dirección Financiera remitirá la información al Departamento de Tesorería la cual cobrará el valor de la tasa por el servicio prestado e imprimirá el respectivo comprobante.

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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Huamboya, a los quince días del mes de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas. Por reunir los requisitos legales exigidos, de conformidad con lo determinado en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, procedo a sancionar la presente Ordenanza que crea la unidad de producción y soberanía alimentaria del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Huamboya, y que regula el apoyo a los procesos de producción agropecuaria del cantón Huamboya, misma que fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal.- Promúlguese y ejecútese.

Lic. Ramón Martínez Jua Yurangui ALCALDE DEL GAD HUAMBOYA

Proveyó y firmó la presente Ordenanza que crea la unidad de producción y soberanía alimentaria del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Huamboya, y que regula el apoyo a los procesos de producción agropecuaria del cantón Huamboya, que fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal, en la fecha antes señalada.- CERTIFICO.

 

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ

Que, el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador estipula, "el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida";

Que, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dice "La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir";

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos autónomos descentralizados autonomía política, administrativa y financiera, disposición constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Que, el Art. 240 del Constitución de la República determina que, los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el Art. 264 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 4) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley" y el Art. 55 del COOTAD indica: "Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley...".

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización al tratar sobre la facultad normativa, dice: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los... concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 55, literal d), entre las competencias exclusivas de los GADs municipales está la de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades se saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la Ley;

Que, conforme lo dispone el Art. 55 del, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, en el inciso e) menciona la de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; y,

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Que, el Art. 57, literal c) del COOTAD, faculta al Concejo Cantonal la potestad de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas, y contribución especial de mejoras;

Que, el Art. 137 del COOTAD establece que la provisión de los servicios responderá a los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, accesibilidad, regularidad, cantidad y calidad. Los precios serán equitativos, a través de tarifas diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se establecerán mecanismos de regulación y control;

Que, el Art. 566 del COOTAD, manda: "Objeto y determinación de las tasas. - Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza".

Que, el Art. 567 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece: "Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos...".

Que, el Art. 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, indica: "Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: c) Agua potable...".

Que, el Art. 96 de la Ley Orgánica de Salud establece: "Declarase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano".

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida", en su objetivo No. 3, dice: "Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones"; habla sobre la protección de la naturaleza y de sus recursos.

Que, en el registro oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013 se publicó la "Segunda reforma a la ordenanza de administración y regulación del servicio de agua potable y alcantarillado, que establece la estructura tarifaria que fija las tasas por servicios"; y,

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Que, en uso de las atribuciones conferidas por el código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización;

Expide:

"LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA

TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS"

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ordenanza es para administrar, regular y controlar la dotación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí.

Art. 2.- Derecho al agua y alcantarillado sanitario.- Se declara de uso público los sistemas de agua potable y evacuación de desechos líquidos del cantón Marcabelí, facultando su aprovechamiento a las personas naturales y/o jurídicas, con sujeción a las prescripciones de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS SERVICIOS

Art. 3.- Requisitos.- La persona natural o jurídica que deseare obtener los servicios de agua potable y/o alcantarillado para un predio de su propiedad, presentará por escrito la respectiva solicitud, en los formularios valorados correspondientes debidamente llenados, adjuntando la siguiente documentación:

  1. Copia de escritura pública y/o certificado de avalúos y catastros de la entidad donde justifique que el peticionario es dueño del inmueble;
  2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación;
  3. Copia del permiso de construcción o copia de la sentencia de declaratoria de propiedad horizontal debidamente certificada, según el caso;
  4. Certificado de no adeudar al municipio;
  5. Pago del servicio de instalación;
  6. Formulario de solicitud de agua potable;
  7. Formulario de contrato del servicios de agua potable;
  8. Formulario de solicitud del servicio de alcantarillado sanitario;
  9. Copia de planimetría o realizar un croquis a mano de la ubicación del inmueble;

Art. 4.- Requisitos para solicitar reubicación de medidor.- La persona natural o jurídica que necesite reubicar su medidor de agua, tiene que presentar la documentación detallada a continuación:

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  1. Certificado de no adeudar al municipio;
  2. Formulario de solicitud del servicio de agua potable;
  3. Valor de derecho de reubicación USD$ 5,00.

Art. 5.- Requisitos para solicitar suspensión del servicio de agua potable.- La persona natural o jurídica que necesite solicitar la suspensión del servicio de agua potable debe presentar los siguientes documentos:

  1. Certificado de no adeudar al municipio.
  2. Formulario de solicitud del servicio de agua potable.

Art. 6.- Requisitos para solicitar reconexión del servicio de agua potable.- La persona natural o jurídica para solicitar la reconexión del servicio de agua potable, luego de haber sido suspendido, necesita presentar:

  1. Certificado de no adeudar al municipio;
  2. Formulario de solicitud del servicio de agua potable;
  3. Valor de reconexión equivalente al 6% del salario básico unificado.

Art. 7.- Recibida la solicitud, el GAD del Cantón Marcabelí a través del Área de Prestación de Servicios Públicos, realizará la inspección respectiva, elaborando el informe que hará conocer a la o el Alcalde para la aprobación del caso. El resultado será comunicado al interesado en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Art. 8.- Aceptada la solicitud el interesado suscribirá el contrato de concesión de derechos de uso del servicio con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, mismo que se realizará en el formulario que deberá adquirir en recaudaciones, conforme consta de los términos y condiciones establecidos en este título.

Art. 9.- Celebrado el contrato para la concesión del servicio, éste tendrá el carácter de fuerza obligatoria hasta treinta (30) días después de que el propietario o su representante debidamente autorizado, notifique y justifique por escrito al GAD del Cantón Marcabelí, su deseo de no continuar en el uso del servicio.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, a través del Área de Prestación de Servicios Públicos incorporará la información al catastro de abonados donde constarán sus datos de identificación, realizándose la liquidación para el pago oportuno.

Art. 10.- Cuando la acometida de agua potable solicitada sea mayor de %" de diámetro, el interesado presentará conjuntamente con la solicitud, los justificativos técnicos hidráulicos correspondientes que justifiquen un mayor diámetro de acometida y que serán aprobados por el Área de Prestación de Servicios Públicos.

Cuando se trate de condiciones y conexiones especiales de alcantarillado como son los establecimientos de salud, laboratorios, camales, lubricadoras, lavadoras, industrias, talleres de metal, mecánica, talleres automotrices, aserraderos, planteles avícolas y ganaderos, para la autorización de la acometida, deberán contar con sistemas de depuración previa como:

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trampas de lodo y grasas, desechos tóxicos y/o industriales, sistemas de purificación y un pre tratamiento de agua, según el caso.

Todas estas disposiciones y demás requerimientos serán aprobadas a través del Área de Prestación de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí.

Art. 11.- Los gastos de apertura y reparación de calles, mano de obra, materiales, instalaciones etc., tanto de agua y/o alcantarillado, serán por cuenta del abonado, bajo la dirección y supervisión técnica del Área.

CAPÍTULO IIl

DE LAS INSTALACIONES

Art. 12.- Las conexiones domiciliarias tanto de agua potable como de alcantarillado, serán instaladas exclusivamente por el personal del Área de Prestación de Servicios Públicos, desde la tubería matriz de distribución hasta el medidor inclusive, a costa del interesado. El material a emplearse será el establecido y autorizado por el Área de Prestación de Servicios Públicos. En el interior de los domicilios, los propietarios harán las instalaciones de acuerdo con las necesidades sujetándose a los planos aprobados, susceptibles a inspección.

Art. 13.- En caso de observarse defectos en las instalaciones interiores, no se concederá el servicio o se suspenderá la conexión domiciliaria hasta cuando fueren corregidos.

Art. 14.- El uso del medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la realizará exclusivamente el Área de Prestación de Servicios Públicos, una vez cumplidos los requisitos de esta ordenanza.

Art. 15.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para servir a nuevas urbanizaciones particulares, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí exigirá que las dimensiones y clases de tubería a extenderse sean determinadas por estudios técnicos que garanticen un buen servicio, de acuerdo con el futuro desarrollo urbanístico.

Art. 16.-Todo medidor de agua potable llevará un sello de seguridad que ningún usuario podrá abrir o cambiar y será revisado periódicamente por el personal del Área de Prestación de Servicios Públicos.

Si el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor o de las instalaciones hidráulico-sanitarias, deberá solicitar al GAD del Cantón Marcabelí la revisión y/o corrección de los defectos presentados. El valor de estos gastos será imputable al usuario.

Los medidores de agua potable se instalarán en la parte exterior del predio, en un lugar visible con una caja de protección o nicho en la pared frontal de la vivienda que permita la toma de lecturas.

En el caso de alcantarillado se exigirá que la conexión domiciliaria conste de una caja de revisión con una tapa móvil, construida bajo las especificaciones que indique el Área de Prestación de Servicios Públicos.

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Art. 17.- La instalación de tubería para la conexión de aguas lluvias, irrigación o aguas servidas, se realizará de manera que pasen por debajo de las tuberías de agua potable, debiendo dejarse una altura libre mínima de 0.30 metros, cuando ellas sean paralelas y 0.20 metros, cuando se crucen.

Art. 18.- Cuando se produzcan desperfectos en las conexiones domiciliarias, desde las redes de los sistemas de agua potable y/o de alcantarillado hasta el predio, el propietario está obligado a comunicar inmediatamente al GAD del Cantón Marcabelí para la reparación respectiva. El costo de la reparación correrá por cuenta del usuario.

Art. 19.- Desde el momento de ponerse en servicio la conexión de agua potable y/o alcantarillado, es terminantemente prohibido negociar el agua potable y/o el servicio de alcantarillado con terceros.

Cuando se traten de pasos de servidumbre tanto de agua potable como de alcantarillado, estos deberán ser autorizados por la autoridad competente.

Art. 20.- Suspensión del servicio.- Además de los casos señalados, se procederá a la suspensión del agua potable por las siguientes causas;

  1. Incumplimiento del pago de consumo de agua potable por más de dos meses;
  2. A petición justificada del abonado;
  3. Cuando el GAD del Cantón Marcabelí estime conveniente hacer las reparaciones o mejoras en el sistema, no será responsable de cualquier daño que se produjere por la suspensión hecha con previo aviso o sin él, o cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera o lo obligue algún daño imprevisto;
  4. Falta de cooperación del usuario para realizar lecturas del medidor, en dos meses seguidos;
  5. Manipulación de válvulas, cortes, daños, etc., en la red pública de agua potable o en la acometida;
  6. Fraude en el uso del agua o destrucción de medidores;
  7. Utilización del agua con fines diferentes a la consignada en la solicitud del servicio;

Estas suspensiones serán aplicadas sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Capítulo V de esta ordenanza.

CAPÍTULO IV

FORMA Y VALORES DE PAGO

Art. 21.- Responsabilidad del usuario.- Los propietarios de predios o inmuebles son responsables ante el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, por el pago de consumo de agua potable que señale el medidor y el servicio de alcantarillado de acuerdo a la planilla extendida por la entidad de manera mensualizada. En ningún caso se extenderán títulos de crédito a los arrendatarios.

Cualquier reclamo sobre el valor del consumo se receptará en la oficina de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos municipal.

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Art. 22.- Valor derecho de conexión.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí cobrará por derecho de conexión a la red de servicios básicos, el valor establecido por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, de acuerdo a los trabajos que se realicen.

Art. 23.- Inspecciones.- El Área de Prestación de Servicios Públicos inspeccionará los medidores instalados en los predios de los usuarios y en caso de detectarse destrucción o fallas, se exigirá al contribuyente la adquisición de uno nuevo.

Art. 24.- Clases y categorías.- Se establecen las siguientes clases y categorías de tarifas para los abonados del servicio de agua potable del cantón Marcabelí:

a) CATEGORÍA RESIDENCIAL

Pertenecen a esta categoría los inmuebles destinados exclusivamente para vivienda, tiendas de abarrotes, oficinas y más donde el uso del agua potable solo sea para satisfacer necesidades humanas. Las tarifas mensuales de la categoría residencial son las siguientes:

 

CONSUMO MENSUAL (M3)

TARIFA BÁSICA ($m3)

TARIFA

ADICIONAL

($m3)

De 0-10

0,10

-

De 11 - 25

0,10

0,08

De 26 - 45

0,10

0,15

De 46 - 70

0,10

0,20

De 71 - 74

0,10

0,25

De 75 en adelante pasaría a categoría comercia

 

Vale aclarar, que los usuarios de esta categoría, que presenten mensualmente consumos mayores a 75 metros cúbicos pasarán automáticamente a la categoría comercial a ubicarse en el rango que les corresponda de acuerdo al consumo mensual y en caso que el consumo regrese a los rangos establecidos en esta tabla, automáticamente regresará a la categoría; trabajo a realizarlo la o el digitador de lecturas.

b)  CATEGORÍA COMERCIAL.

Pertenecen a esta categoría los inmuebles o predios destinados a actividades comerciales tales como: Restaurantes, lavanderías de ropa, tintorerías, hoteles, baños públicos, piscinas, hosterías, pensiones, centros turísticos, bares, fuentes de soda, cafeterías, clubes, discotecas, centros de recreación y diversión, supermercados, mercados, terminal terrestre, clínicas y otros donde el uso del agua sea constante y sirva para apoyar una actividad comercial.

Las tarifas mensuales de la categoría comercial son las siguientes:

Registro Oficial - Edición Especial N° 685 Miércoles 19 de diciembre de 2018 - 19

 

CONSUMO MENSUAL (M3)

TARIFA BÁSICA ($m3)

TARIFA

ADICIONAL

($m3)

De 0-10

0.15

_

De 11 - 25

0.15

0.20

De 26 - 45

0.15

0.25

De 46 - 70

0.15

0.30

De 71 -100

0.15

0.31

De 101 en adelante

0.15

0.32

 

c) CATEGORÍA INDUSTRIAL

Pertenecen a esta categoría los inmuebles o predios destinados a actividades industriales tales como: Planteles avícolas, porcinos, lavadoras de vehículos y otras dedicadas a la industria donde el agua sea de uso continuo.

Las tarifas mensuales de la categoría industrial son las siguientes:

 

CONSUMO MENSUAL (M3)

TARIFA BÁSICA ($m3)

TARIFA

ADICIONAL

($m3)

De 0-10

0.30

-

De 11 - 25

0.30

0.50

De 26 - 45

0.30

0.55

De 46 - 70

0.30

0.60

De 71 -100

0.30

0.61

De 101 en

adelante

0.30

0.62

 

d) CATEGORÍA OFICIAL O PÚBLICA

Dentro de esta categoría están todas las dependencias del sector público y las entidades que prestan servicios con finalidad social o pública; además los establecimientos educacionales fiscales, particulares y las instituciones de asistencia social, beneficencia, casas comunales y cultos religiosos.

Las tarifas mensuales de la categoría oficial o pública, corresponderán al 50% del consumo residencial. En ningún caso se considerará la exoneración total de las tarifas.

Art. 25.- La Unidad de Prestación de Servicios Públicos establecerá un procedimiento que permita la actualización tarifaria mediante fórmulas que incluya los parámetros más

 

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representativos de la variación de los costos a fin de determinar las nuevas tarifas, las mismas que se fijarán por ordenanza de acuerdo a la siguiente fórmula:

Tap = C (orna) + C (Irep) + C (lexp) + C (Sde)

Dónde:

Tap               Tarifa medio por m3 para agua potable

C (orna) Costo medio por m3 por operación, mantenimiento y administración

C (Irep)      Costo medio por m3 de inversiones por reposición de activos

C (lexp)     Costo medio por expansión del servicio

C (Sde)      Costo medio por m3 por servicio a la deuda

Costo medio del m3 por operación, mantenimiento y administración. Se calculará mediante la expresión:

C (orna) = Com/m3ven

Dónde:

Com             Son todos los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio;

correspondiente a la suma desde el año 1 al n

M3ven          M3 de agua factible de vender; correspondientes a la suma desde el año 1 al n

Costo medio del M3 de inversiones por reposición de activos

C (Irep) =      l/M3ven

Dónde:

I                    Son todos los costos de inversión que por reposición de activos de vida útil

M3ven          M3 factible de vender; correspondientes al periodo de suma desde el año 1 al n

Costo medio del M3 de inversiones por expansión

C (lexp) =      lexp/M3ven

Dónde:

lex                Son todos los costos de inversión por expansión

M3 ven M3 factible de vender; correspondiente al periodo de suma desde el año 1 al n

Costo medio del M3 por servicio a la deuda

C (Sde) = Sde/M3ven

Dónde:

 

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Sde               Son todos los pagos que por servicio a la deuda se tendrán que efectuar

M3 ven M3 factibles de vender; correspondientes al periodo de suma desde el año 1 al n

CARGOS ADICIONALES

Art.- 26.- Costo de emisión.- Al valor de la planilla de consumo en todas las categorías se adicionará un valor correspondiente al concepto "costo de emisión", que será calculado de la siguiente forma:

Costo de emisión = (costo de formato + costo de procesamiento)

Dónde:

Costo de formato = Costo unitario de fabricación del formato utilizado para la impresión de la planilla de consumo {USD. $ 0.05).

Costo de procesamiento = Costo unitario de procesamiento automatizado de cada planilla de consumo, personal involucrado en registro, digitación y procesamiento de datos para cada planilla (USD $0.05)

Art. 27.- Base imponible servicio de alcantarillado sanitario.- La base imponible para la determinación de la tasa del alcantarillado, será el porcentaje obtenido del valor que el usuario pague mensualmente por concepto dé agua potable, sin tomar en cuenta otros conceptos. De acuerdo a la categoría y tarifas vigentes:

Categoría residencial                                                15%

Categoría comercial                                                 20%

Categoría industrial                                                   30%

Categoría oficial o pública                                        10%

La tasa por el servicio de alcantarillado se aplicará únicamente a los contribuyentes que posean estos servicios.

CAPÍTULO V

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art. 28.- El servicio suspendido por orden del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, a través de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, no podrá ser reinstalado sin previo trámite y autorización de la máxima autoridad de esta entidad. El usuario en cuya instalación se practique una reconexión sin autorización incurrirá en una multa del 10% del SBU vigente a la fecha, sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

Art. 29.- Prohíbase las conexiones de las tuberías de agua potable con cualquier otra tubería o depósito de diferente sistema, que altere o pueda alterar la potabilidad del agua. La persona o personas que causaren daño directa o indirectamente incurrirán en falta, con una multa del 15% del salario básico unificado, sin perjuicio de la acción coactiva que tuviere lugar.

 

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Art. 30.- Si se encontrara alguna instalación fraudulenta o clandestina de agua potable y/o alcantarillado, el dueño del inmueble pagará una multa del (15%) del SBU. La reincidencia será penada con una multa del 30% de un SBU, sin perjuicio de la respectiva responsabilidad penal que tuviere lugar

Art. 31.- Prohíbase a todos los usuarios manipular o hacer manipular con personas que no estén autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, las instalaciones del sistema de agua potable y/o alcantarillado o sus partes, por el daño intencional que se ocasionare a las conexiones domiciliarias o por la interrupción fraudulenta de un medidor, a más de las tarifas señaladas en esta ordenanza y del valor correspondiente por concepto de materiales y de mano de obra en caso de daño, deberá pagarse la multa del 10% del salario básico unificado vigente, sin perjuicio de la respectiva responsabilidad penal que tuviere lugar.

Art. 32.- El agua potable que suministra el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí no podrá ser destinada para riego de campos o de huertos, lavado de vehículos en domicilios, abrevadero de semovientes. Solo se permitirá el riego de jardines. En periodo de estiaje o escases de agua queda terminantemente prohibido el uso de agua potable para otros fines que no sea el consumo humano.

La infracción a esta disposición será sancionada con una multa equivalente al 5% del salario básico unificado vigente, en caso de reincidencia la multa se duplicará.

Art. 33.- Ningún propietario o usuario podrá dar por intermedio de un ramal, servicio a otra propiedad vecina y en caso de hacerlo pagará una multa equivalente al 10% del salario básico unificado vigente, sin perjuicio de la acción legal correspondiente. De reincidir se sancionará con el doble de la multa.

Art. 34.- Los abonados que tengan piscinas en sus predios, deben instalar obligatoriamente un sistema de recirculación. La infracción a esta disposición será sancionada con la suspensión del servicio hasta que se instale dicho sistema.

Art. 35.- Solo en caso de siniestros y previa autorización de la máxima autoridad municipal, podrá el personal del Cuerpo de Bomberos, personal militar, hacer uso de válvulas, e hidrantes, bocas de fuego en circunstancias normales. Ninguna otra persona o entidad podrá hacer uso de ellos y si lo hiciera, además del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar, se impondrá una multa del 10% del salario básico unificado vigente.

 

CAPÍTULO VI

DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 36.- La administración, operación, mantenimiento y extensiones de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado del cantón, estarán a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí debidamente representado por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos.

 

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Art. 37.- El Departamento de Servicios y Obras Públicas municipal y la Unidad de Prestación de Servicios Públicos responderán ante la máxima autoridad, por el buen servicio de agua potable del cantón y pasarán trimestralmente un informe sobre las actividades cumplidas ya sea en lo administrativo como en operación, mantenimiento y ejecución de obras.

Art. 38.- El usuario que necesite reportar un daño o solicitar atención de servicio, deberá llenar el formulario gratuito otorgado por la Unidad con la finalidad de obtener la formalidad de datos y dar solución a la petición.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se exceptúa de la prohibición regar huertos, a aquellos programas de huertos familiares y escolares.

SEGUNDA.- En el informe de regulación urbana (línea de fábrica) deberá constar con la revisión y aprobación del Jefe de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos a fin de que autorice o realice recomendaciones para la conexión de los servicios básicos a las redes, todo esto, antes de seguir con el trámite de aprobación de planos de construcción.

TERCERA.- La base de consumo a considerarse será de 0 a 10 metros cúbicos de consumo en cada una de las categorías

CUARTA.- La categoría residencial o domiciliaria tiene rangos de consumo que como máximo es de 75 metros cúbicos, en casos de darse consumos en más de lo indicado, la persona que opera el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, lo ubicará en la categoría comercial.

QUINTA.- Deróguese toda ordenanza o cualquier otra disposición adoptada con anterioridad y se oponga a la presente ordenanza.

SEXTA.- Durante el tiempo que falte por terminar el presente período administrativo 2014-2019, no se dará permiso para acometida de agua potable para el servicio de lavado de vehículos.

SÉPTIMA.- Es obligación del Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Marcabelí, mensualmente pasar una copia del informe de transferencias de dominio que le pasa a Avalúos y Catastros; a la Unidad de Servicios Públicos para que con ello actualice también su sistema, base de datos o catastro.

VIGENCIA

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del mes de septiembre de 2018 y de la publicación en el Registro Oficial; hasta entonces se iniciará una campaña de socialización y difusión de la misma utilizando medios impresos y digitales.

Dada y firmada en la sala de sesiones de la Alcaldía del cantón Marcabelí, a los dos días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

REGULACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS".

 

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

TIWINTZA

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que es deber del Estado: "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la segundad social y el agua para sus habitantes";

Que, el numeral 7 del articulo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deber primordial del Estado Ecuatoriano la protección del patrimonio natural y cultural del pais;

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el más alto deber del Estado es el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; y su inciso tercero prescribe que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales;

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de

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otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Que, el artículo 84 de la Constitución vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano;

Que, el art. 95 de la Constitución de la República, determina que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la torna de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que corresponde a las Ministras y los Ministros de Estado, les corresponde en la esfera de su competencia, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en tanto que el Art. 240 reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, Con lo cual los concejos cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su jurisdicción;

Que, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador otorga competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras.

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que uno ae los objetivos del régimen de desarrollo será, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

 

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Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3. el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, El Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar Integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores do los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles";

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental (...)";

Que, el inciso primero del artículo 398 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (...)";

Que, el principio de competencia previsto en el tercer inciso del articulo 425 de la Constitución de la República del Ecuador se entiende como el conjunto de materias que una norma determinada está llamada a regular por expreso mandamiento de otra que goza de jerarquía superior.

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- determina que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos

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regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; y, dicha facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno;

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización clarifica que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las competencias constitucionales y atribuye al Consejo Nacional de Competencias la facultad para que implemente las nuevas competencias constitucionales.

Que, el artículo 136 del COOTAD, establece que "De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley".

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que el ejercicio de la competencia en materia de explotación de áridos y pétreos se deba observar las limitaciones y procedimientos, así como las regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la Ley. Además, que establecerán y recaudarán la regalía que corresponda, que las autorizaciones para aprovechamiento de materiales pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones del sector público se deba hacer sin costo y que las ordenanzas municipales contemplen de manera obligatoria la consulta previa y vigilancia ciudadana: remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura vial provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos.

Que, el tercer inciso del artículo 141 del Código orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prevé que "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la obra pública...",

Que, así mismo, el Art. 633 del Código Civil determina que el uso y goce de los ríos, lagos, playas y de todos los bienes nacionales de uso público estarán sujetos a las disposiciones de ese código, así como, a las leyes especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten sobre la materia;

Que, el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, dispone que la planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 75 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, prohíbe ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. Prohíbe igualmente contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aéreas, existente en las unidades de manejo;

Que, el artículo 3 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que "el proceso de Gestión Ambiental se orientará según los principios universales del Desarrollo Sustentable,

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contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo";

Que, el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental, establece "el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales";

Que, el artículo 7 de la Ley de Gestión Ambiental, determina que "La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano (...)";

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que "la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado";

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental determina que 'las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental";

Que, el literal b) del artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental, señala como obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia; ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo;

Que, el literal d) del artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental, dispone como obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las Normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;

Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que los concejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución de la República y a la Ley de Gestión Ambiental;

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautorio;

Que, el artículo 21 de la Ley de Gestión Ambiental los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de linea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos;

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planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de participación ciudadana, los cuales incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado, que pueda producir impactos ambientales:

Que, el artículo 34 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que también servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así corno los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1040 del 22 de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial N° 332 del 8 de mayo del 2008, se expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental;

Que, el artículo 142 de la Ley de Minería, precautelando posibles Interferencias en el ejercicio de la competencia exclusiva reconocida constilucionalmente explícitamente prevé que el Ministerio Sectorial "...podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras..."

Que, el Art. 44 del Reglamento a la Ley de Minería establece que, los gobiernos municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado por el Ejecutivo.

Que, se entiende por competencia al derecho que tienen las autoridades públicas para conocer, procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos en razón de la materia, territorio u otro aspecto de especial interés público previsto en la Constitución o la ley y es de orden imperativo, no es discrecional cumplirla o no.

Que, el artículo 4 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece que: "El Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como tai ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en los términos establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y demás normativa secundaría de aplicación";

Que, el numeral 1 del artículo 10, del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece la competencia de las Autoridades Ambientales a nivel de organizaciones de gobierno;

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Que, el artículo 12 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es una herramienta de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y será el único sistema en línea para realizar el proceso de licenciamiento ambiental, el cual será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, el articulo 21 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), señala que el objetivo general de la regularización ambiental es autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud ele los impactos y riesgos ambientales;

Que, el artículo 44 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), prescribe que la Participación Social se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental;

Que, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 411 de 08 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Competencias expidió la regulación para el ejercicio de la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales;

Que, es obligación primordial de los municipios garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de la colectividad, así como el contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primas en los concejos cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a la explotación, uso, y movimiento del material pétreo, arena, arcilla, etc., precautelando prioritariamente las necesidades actuales y futuras de la obra pública y de la comunidad;

Que, es indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; así como a que los ciudadanos sean consultados y sus opiniones sean consideradas en forma previa a realizar actividades de explotación de materiales de construcción;

Que, es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti-técnica de los materiales de construcción que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la contaminación al agua y precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un ambiente sano y acceder al agua en condiciones aptas para el consumo humano, previo su procesamiento;

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Que, el Art. 425 inciso final de la Constitución de la República prescribe que; la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y,

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y sobre la base del Sumak Kawsay, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tiwintza,

Expide:

"ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS

RÍOS, LAGOS, PLAYAS DE MAR, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN

DEL CANTÓN TIWINTZA"

CAPÍTULO I

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO Y EJERCICIO DE LA COMPETENCIA

Art. 1.- Competencia.- El Gobierno Municipal del cantón Tiwintza, es el organismo público competente para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón Tiwintza. Para este efecto, el concejo cantonal aprobará las políticas públicas locales, ordenanzas, en armonía con las políticas públicas dictadas por el ente rector del sector.

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el procedimiento para asumir e implementar la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón Tiwintza y en sujeción a los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo del cantón; en concordancia con las políticas públicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

Se exceptúa de esta ordenanza los minerales metálicos, no metálicos y los libres aprovechamientos.

Art.- 3.- Ámbito.- La presente ordenanza regula las relaciones de la Municipalidad del cantón Tiwintza, con las personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y las de éstas entre si, respecto de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de la jurisdicción cantonal de Tiwintza.

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Mediante este instrumento se establecen y regulan las etapas, requisitos y procedimientos de Regularizaron y Control Ambiental por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Tiwintza, dentro de su jurisdicción territorial

Art. 4.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Municipal del cantón Tiwintza, en ejercicio de su autonomía asume la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales de construcción, en forma inmediata y directa. La regulación, autorización y control de la explotación de materiales de construcción se ejecutará conforme a principios, derechos y obligaciones contempladas en la presente ordenanza y la normativa nacional vigente. La regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos se ejecutará conforme a la planificación del desarrollo cantonal y las normas legales, de la resolución del Consejo Nacional de Competencias y de la presente ordenanza.

En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, conforme prevé el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, tomando en consideración el principio de competencia por tratarse de una competencia exclusiva.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES ESENCIALES

Art. 5.- Material árido y pétreo.- Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio Rector previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico.

Para los fines de aplicación de esta Ordenanza se entenderá por cantera al depósito de materiales de construcción que pueden ser explotados, y que sean de empleo directo principalmente en la industria de la construcción. El volumen de explotación de materiales de construcción será el que se establezca en la autorización respectiva y de acuerdo a la normativa respectiva.

Art. 6.- Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación de la presente ordenanza, las rocas se clasifican como de origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma; de origen sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos ae erosión, como de la precipitación de soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de temperatura o presión, o de ambos a la vez.

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Art. 7.- Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cauce de un rio el canal natural por el que discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico.

El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en tanto que, se denomina lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la que el caudal aumenta.

Art. 8.- Lago.- Para fines de aplicación de la presente Ordenanza, se tiene como lago, a un cuerpo de agua dulce o salada, que se encuentra alejada del mar y asociada generalmente a un origen glaciar o devienen de cursos de agua.

Art. 9.- Playas de mar.- Las playas de mar, consideradas como accidentes geográficos que tienen lugar en inmediata continuación con una masa de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación del Código Civil, se entienden como las extensiones de tierra que las bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas.

Art. 10.- Canteras y materiales de construcción.- Entiéndase por cantera al depósito de materiales de construcción, o macizo constituido por una o más tipos de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y que sean de empleo directo en la industria de la construcción.

De igual modo, se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final, y los demás que establezca el ministerio rector.

CAPÍTULO lll

GESTIÓN DE LA COMPETENCIA

Art. 11.- Gestión.- En el marco del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Tiwintza, ejercerá las siguientes actividades de gestión:

o    Elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para otorgar, conservar y extinguir derechos mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos;

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•     Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros otorgadas dentro de su jurisdicción e informar al ente rector en materia de recursos naturales no renovables;

•     Informar a los órganos correspondientes sobre el desarrollo de actividades mineras ilegales de áridos y pétreos, dentro de su jurisdicción;

•     Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza;

•     Recaudar las regalías y patentes de conservación por la explotación de áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras;

•     Las demás que correspondan al ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en lechos de ríos, fagos, playas de mar y canteras de su jurisdicción.

Art. 12.- Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.- El Gobierno Autónomo Municipal del cantón Tiwintza, a través de su máxima Autoridad ejercerá las potestades de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr).

CAPÍTULO IV

DE LA REGULACIÓN

Art. 13.- Regulación.- Se denominan regulaciones a las normas de carácter normativo o técnicas emitidas por órgano competente que prevean lineamientos, parámetros, requisitos, límites u otros de naturaleza similar con el propósito de que las actividades se cumplan en forma ordenada y sistemátic      vando los derechos ciudadanos y sin ocasionar afectaciones individuales o ci a: la propiedad pública, privada, comunitaria o al ambiente.

Art. 14.- Asesoría Técnica.- Los concesionarios de materiales áridos y pétreos mantendrán un profesional especializado, responsable de garantizar la asistencia técnica y ambiental para su explotación, profesional que asentará en el libro de obra sus observaciones y recomendaciones. Dicho libro podrá ser requerido por la Municipalidad en cualquier momento, y de no llevarse dicho libro o no haberse acatado lo ahí dispuesto, se suspenderá la autorización de explotación hasta que se cumpla con esta disposición.

Art. 15.- Competencia de Regulación.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, las siguientes actividades:

  1. Recular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos,  lagunas, playas de mar y canteras en su respectiva circunscripción territorial.
  2. Expedir normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de abandono y desalojo, las sanciones a invasores de áreas mineras, y la formulación de oposiciones y constitución de servidumbres.
  3. Emitir la regulación local correspondiente para el transporte de materiales áridos y

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pétreos en los iechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en función de las normas técnicas nacionales.

  1. Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las actividades mineras en el ámbito de su competencia.
  2. Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.
  3. Establecer y recaudar las regalías para la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo a lo establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de Minería y sus reglamentos.
  4. Normar el establecimiento de las tasas correspondientes por cobro de servicios y actuaciones administrativas relacionadas con la competencia.
  5. Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la actividad minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad con la ley y normativas vigentes.
  6. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 16.- Denuncias de internación.- Los titulares de derechos mineros para la explotación de áridos y pétreos, que se consideren afectados por la internación de otros titulares colindantes, presentarán la denuncia al gobierno municipal, acompañada de las pruebas que dispongan a fin de acreditar la ubicación y extensión de la presunta internación.

Inmediatamente de recibida la denuncia, la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, iniciará el expediente con la designación de un perito encargado de cuantificar la cantidad de material de construcción extraído por internación; y, fijará fecha para la inspección ocular que permita verificar la existencia de la internación, de cuya diligencia sentará el acta respectiva; de haber méritos ordenará el inmediato cese de las actividades mineras en el sitio de internación. Sobre la base del informe pericial, la Comisaría Municipal dispondrá que el titular minero responsable de la internación pague la indemnización determinada en el informe pericial, el cual podrá ser impugnado en la vía administrativa, solo en et monto cuantificado, impugnación que será resuelta por la autoridad municipal. Las partes podrán llegar a un acuerdo que será aprobado por la Comisaría Municipal o quien haga sus veces.

Para presentar denuncias ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tiwintza, se reconoce la acción popular y podrá presentarse en forma escrita haciendo constar lo siguiente:

a.  Nombres completos del denunciante;

b.  La dirección para notificaciones y correo electrónico. Número de teléfono (No obligatorio)

c.  El hecho que se denuncia y una relación ciara y concreta del asunto;

d.  Puntos de referencia para ubicación;

e.  Cédula de ciudadanía

f.   Firma del denunciante o su huella digital.

Las denuncias también podrán recibirse por medios informáticos y digitales, siempre y cuando, en ellas, consten todos los elementos señalados en el presente Artículo.

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Art. 17.- Orden de abandono y desalojo.- Cuando por denuncia del titular minero, de cualquier persona humana o por informe emanado de autoridad pública llegue a conocimiento de la administración municipal sobre el aprovechamiento de materiales áridos y pétreos no autorizados, o que encontrándose autorizados ocasionen afectaciones ambientales o daños a la propiedad privado o pública, o cuando a pesar ele preceder orden de suspensión temporal o definitiva de las actividades de explotación de áridos y pétreos, siempre que existan méritos técnicos y jurídicos suficientes, la Comisaría Municipal ordenará el inmediato abandono de las actividades mineras y el retiro de maquinaria y equipos; y, si dentro de los tres días siguientes no se hubiese cumplido dicha orden, dispondrá su desalojo, con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.

Art. 18.- invasión de áreas mineras.- Cuando una o más personas invadan áreas mineras concesionadas a particulares o entidades públicas para la explotación de áridos y pétreos u ocupen indebidamente lechos de ríos, playas de mar, lagos o canteras con fines de explotación de áridos y pétreos, la Comisaría Municipal, ordenará el retiro inmediato de las personas invasoras y de equipos o maquinaria de propiedad de los invasores, si no lo hicieren dentro de los tres días siguientes, ordenará su desalojo con la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

Art. 19.- Oposición a concesión de títulos mineros.- Durante el trámite de una autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, los titulares mineros que acrediten se pretenda sobreponer en la superficie otorgada a su favor, los titulares de inmuebles colindantes cuando acrediten que la actividad minera pudiera causarles afectaciones y cualquier persona humana que acredite la inminencia de daños ambientales, podrá oponerse motivadamente al otorgamiento de la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos o de la servidumbre de paso para transportar dichos materiales.

La o el servidor municipal responsable previa verificación y comprobación de las causas que motiven la oposición, adoptará las decisiones que mejor favorezcan al ejercicio de los derechos del titular minero y de los ciudadanos.

Art. 20.- Obras de protección.- Previa a la explotación de los materiales áridos y pétreos se ejecutarán las obras de protección necesarias en el sitio a explotar y en las áreas vecinas, garantizando que no habrá obstrucciones o molestias, peligro o grave afectación ambiental durante su explotación, cuyos diseños deberán incluirse en los planos memorias. En caso de que las obras de protección no se ejecutaren antes de iniciar la explotación, se anulará la autorización.

La Municipalidad por intermedio de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento del interés y seguridad colectiva y la preservación del ambiente, podrá ejecutar las obras e indicciones necesarias, cuando no las hubiere realizado el concesionario, cuyos costos serán de cargo de quien incumplió con esa obligación, con un recargo del veinte por ciento y se hará efectiva la garantía.

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Si durante la explotación se detecta la necsidad de realizar obras de protección, antesde continuar las actividades mineras, el concesionario las ejecutará y de no hacerlo, las ealizará la Municipalidad con un recargo del veinte por ciento y hará efectivas las garantías.

En caso de incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la Mucipalidad del cantón Tiwintza, ordenará la suspensión de las actividades de explotación de materiales de construcción, e informará a la Entidad Ambiental competente.

Art. 21.- Lavado de Materiales.- Las personas autorizadas para el desarrollo de actividades elacionadas con la explotación de materiales áridos y pétreos, no permitirán la salida desde sus instalaciones, de vehículos que transporten material, sin haber sido previamente tendido el material. De igual forma, las ruedas de los vehículos serán lavadas con el fin de no llenar de polvo y tierra, en la travesía a su paso. Del cumplimientode esta obligación, responderán solidariamente el transportista y el titular de la autorización para la explotación, y en caso de incumplimiento se impondrá la sanción respectiva.

Art. 22.- Transporte.- Los vehículos de transporte e materiales áridos y pétreos, deberán utilizar lonas gruesas para cubrirlos totalmente, para evitar la caída accidental de material, así como para reducir el polvo que emiten. Del cumplimiento de esta obligación, responderán solidariamente el transportista y el titular de la autorización para la explotación, yen caso de incumplimiento se impondrá la sanción respectiva.

Art. 23.- De los residuos.- Las personas autorizada para la explotación de materiales áridos y pétreos no deben tener en sus instalaciones residuos tales como: neumáticos, baterías, chatarras, maderas, etc. Así mismo se instalarán sistemas de recogida de aceites y grasas usados, y arquetas de decantación de aceites en los talleres de las instalaciones, siendo preciso disponer del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Muicipal del cantón Tiwintza, para la recogida de estos residuos.

Art. 24.- Áreas prohibidas de explotación.- Las personas humanas o jurídicas, las instituciones públicas o sus contratistas, y aún la propia Municipalidad, no podrán explotar materiales áridos y pétreos existentes en los ríos, playas de mar y canteras que se encuentren ubicadas; a) en las áreas protegidas comprendidas dentro del sistema nacional de áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles; b) dentro de las áreas protegidas y en áreas mineras especiales, otorgadas por los órganos competentes; c) dentro del perímetro urbano o de expansión urbana declarada por la Municipalidad, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial; d) en zonas de alto riesgo que pudieran afectar a las obras o servicios públicos, viviendas, cultivos, o captaciones de agua y plantas de tratamiento en un perímetro mínimo de 200 metros a la redonda, declaradas por resolución motivada del Concejo Municipal, en aplicación del principio de precaución previo informe técnico que así lo acredite, e) en áreas de reserva futura declaradas en el Plan de Ordenamiento territorial; y, f) en áreas arqueológicas destinads a la actividad turística.

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Art. 25.- Prohibición de trabajo de niños, niñas y adolescentes.- En ningún caso, los titulares mineros contratarán, ni permitirán la presencia de niños, niñas y adolescentes que realicen actividades laborales relacionadas con la explotación o transporte ele materiales áridos y pétreos. La inobservancia de esta prohibición será sancionada con una multa equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado y en caso de reincidencia será causa para la revocatoria de la autorización.

Art. 26.- Sistema de registro minero.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces mantendrá un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros y de autorizaciones otorgadas a personas humanas o jurídicas para realizar actividades de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras ubicadas en su jurisdicción, a través del Sistema de Gestión Minera administrada por el organismo rector.

Art. 27.- Calidad de los materiales.- Será obligación de la persona autorizada para la explotación de materiales áridos y pétreos entregar al comprador un informe de calidad del material y su recomendación sobre su utilización en la construcción.

Art. 28.- Representante técnico.- El titular de la autorización contará con un profesional graduado en un centro de educación superior en la especialidad de geología y minas o ambiental, el mismo que actuará como representante técnico y responsable del proceso de explotación y tratamiento.

Art. 29.-Taludes.- La explotación y tratamiento de los materiales áridos y pétreos, no deberá generar taludes verticales, mayores a diez metros de altura, los mismos que finalmente formarán terrazas, que serán forestadas con especies vegetales propias de la zona, para devolverle su condición natural e impedir su erosión, trabajos que serán realizados por las personas autorizadas para la explotación de áridos y pétreos.

Art. 30.- Letreros.- Los titulares de las autorizaciones para explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, conforme a los parámetros de seguridad minera, colocarán obligatoriamente a una distancia no mayor a cincuenta (50) metros del frente de explotación, letreros de prevención que identifique plenamente el área minera. Los letreros deberán contener l nombre de la persona autorizada para la actividad y de la cantera, número de registro municipal, tipo de material que produce.

Art. 31.- Obras de mejoramiento y mantenimiento.- Los titulares de autorizaciones para explotar y tratar materiales áridos y pétreos, deberán realizar obras de mejoramiento y antenimiento permanente de las vías públicas y privadas de acceso en los tramos que corresponda, trabajos que estarán bajo la supervisión de la Coordinación de Áridos y Pétreos, y la Dilección de Obras Públicas Municipales o quien haga sus veces.

Art. 32 Del Pago de Tasas.- Son valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tiwintza, por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias u otros de similar naturaleza.

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CAPÍTULO V

DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL

Art. 33.- Del derecho al ambiente sano.- Los concesionarios de áreas de explotación de materiales áridos y pétreos cumplirán los planes de manejo ambiental e implantarán sus medidas, realizarán sus actividades utilizando técnicas, herramientas y materiales necesarios para evitar los impactos ambientales, de manera que no provoquen derrumbes de taludes por sí mismo o por efectos de la corriente de aguas; no provoquen la profundización o modificación de los cauces de los ríos por efectos de la sobreexplotación, no levanten polvareda durante las labores de extracción o de trituración, ni rieguen sus materiales durante la transportación.

Art. 34.- De la aplicación del principio de precaución.- Siempre que existan criterios técnicamente formulados, las reclamaciones ciudadanas no requerirán acreditar mediante investigaciones científicas sobre las afectaciones ambientales para aplicar el principio de precaución. Pero las meras afirmaciones sin sustento técnico no serán suficientes para suspender las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos. La Unidad ele Gestión Ambiental Municipal o quien haga sus veces, por propia iniciativa o en atención a reclamos ciudadanos realizará la verificación y sustentará técnicamente las posibles afectaciones, que servirán de base para la suspensión de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos.

Art. 35.- Regulación Ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental Competente, la información sistematizada que permite oficializar los impactos socio ambientales que su proyecto obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable.

Todos los proyectos, obra o actividades, referente a áridos y pétreos a desarrollarse en la jurisdicción del cantón, deberán regularizarse ambientalmente, conforme a la normativa y tomando como base la categorización ambiental nacional, establecidos en la normativa ambiental vigente.

Art. 36.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional, deberán regularizarse a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental.

Art. 37.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleada para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.

 

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Además mantendrá un registro de las fichas, licencias, estudios ambientales y auditorías ambientales de cumplimiento e informes ambientales de cumplimiento.

Art. 38.- Del Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública y privada nacional o extranjera u organización que a cuenta propia o a través de terceros, desempeña en el territorio nacional y de forma regular o accidental, una actividad económica o profesional que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos naturales como resultado de sus acciones u omisiones o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación estatal o municipal disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas.

Art. 39.- Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la máxima Autoridad Ambiental Municipal del Cantón Tiwintza, de acuerdo al ámbito de su competencia, que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tai razón el sujeto de control está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.

Art. 40.- De la Participación Social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tiwintza, informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables, dentro de su competencia.

Los propietarios de inmuebles, las organizaciones comunitarias e instituciones colindantes con un área de explotación de materiales áridos y pétreos, o de las riveras, que se consideren afectados en sus inmuebles sin que hayan sido indemnizados por el concesionario, o que existan graves afectaciones ambientales producto de esa explotación, podrán solicitar en forma argumentada a la Municipalidad, la suspensión de la autorización, la nulidad de la concesión o la caducidad según corresponda.

Art. 41.- De la consulta previa.- Las personas humanas o jurídicas de derecho privado que tengan interés en realizar actividades de explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del cantón, bajo sus costas y responsabilidad, informarán documentadamente a las ciudadanas y ciudadanos vecinos del área de interés, dentro de una extensión no menor a un kilómetro desde los límites del área, así como a las autoridades y servidores cantonales y parroquiales, sobre las actividades de explotación previstas: con detallo de cantidades y extención, Ice impactos ambientales, económicos y sociales que ce pudieran generar, las formas de mitigación de esos impactos y los compromisos de remediación; concluirá con una audiencia pública.

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La Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal del Cantón Tiwintza, o quien haga sus veces, será la encargada de acompañar y realizar seguimiento a la consulta previa e informar sobre las opiniones ciudadanas y formalizar los compromisos asumidos en forma conjunta entre la comunidad y los interesados en realizar la explotación de los materiales áridos y pétreos. La Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Planificación de la Municipalidad del Cantón Tiwintza, o quien haga sus veces, asignarán además, el lugar destinado al procesamiento de los materiales de construcción.

Art. 42.- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.- Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la actividad, obra o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el Estudio de Impacto Ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio, en función de los Términos de Referencia que deben ser descargados del sistema SUIA.

El Promotor que presente los Estudios de Impacto Ambiental, a los que se hace referencia, son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos.

Un Estudio de Impacto Ambiental, deberá contener como mínimo lo siguiente:

  1. Resumen Ejecutivo, en un lenguaje sencillo y adecuado, tanto para los funcionarios responsables de la toma de decisiones, como para el público en general;
  2. Marco Legal (artículos dentro de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas aplicables a la actividades a ejecutarse dentro del proyecto)
  3. Descripción del Entorno Ambiental (línea base o diagnóstico ambiental)de la obra, actividad o proyecto propuesto, con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos Términos de Referencia (focalización);
  4. Descripción detallada de la actividad, obra o proyecto propuesto;
  5. Delimitación de las áreas de influencia (se debe tomar en cuenta la extensión superficial del proyecto y los componentes ambientales que se pueden afectar por la actividad, sean estos físicos, bióticos y sociales)
  6. Análisis de alternativas para la actividad, obra o proyecto propuesto;
  7. Identificación y Evaluación de los impactos Ambientales de la actividad, obra o proyecto;
  8. Plan de Manejo Ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo;
  9. Cronograma valorado, mismo que debe contener las actividades del Plan de Manejo Ambiental y de sus diferentes programas con su presupuesto debidamente justificado.
  10. Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del Estudio, incluyendo una breve descripción de su actividad y experiencia, a más de su firma.

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Art. 43.- Garantías.- El Licenciamiento Ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental u otros instrumentos que establezca y/o califique la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), como adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental o contingencias, de conformidad con lo dispuesto en la Normativa Ambiental Nacional Vigente, dicha garantía debe cubrir el 100% del Plan de Manejo Ambiental valorado.

Art. 44.- Emisión de la Licencia Ambiental.- En caso de notificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante o del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post; el Promotor de la actividad, obra o proyecto, solicitará al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tiwintza, la emisión de la Licencia Ambiental, para lo cual, la Dirección de Ambiente o quien haga sus veces, emitirá la respectiva Resolución y Licencia Ambiental, la misma que regirá desde la fecha de suscripción y finalizará al término de la ejecución de la actividad, obra o proyecto para la que le fue otorgada; es decir, la vigencia comprenderá desde la fase de construcción, operación, mantenimiento, hasta la fase de cierre y abandono.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tiwintza, (AAAr), notificará la aprobación del estudio de impacto ambiental al promotor, mediante la emisión de una Resolución que contendrá:

  1. La identificación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que se tuvieron a la vista para resolver;
  2. Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la Resolución;
  3. La opinión fundada de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, y los informes emitidos durante el proceso, de otros organismos con competencia ambiental;
  4. Las consideraciones sobre el proceso de Participación Ciudadana, conforme a los requisitos mínimos establecidos en esta Ordenanza;

5. La calificación del Estudio, aprobándolo y disponiendo se emita la correspondiente Licencia Ambiental.

La licencia ambiental contendrá entre otros: el señalamiento de todos y cada uno de los demás requisitos, condiciones y obligaciones aplicables para la ejecución de la actividad, obra o proyecto propuesto, incluyendo una referencia al cumplimiento obligatorio del Plan de Manejo Ambiental, así como el establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental, u otros instrumentos que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, como adecuados para enfrentar posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental o contingencias relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado.

CAPÍTULO VI

DE LA AUTORIZACIÓN

Art. 45.- Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras,  los contratos de explotación de minera, licencias y permisos.

Las concesiones mineras serán otorgadas por la administración municipal, conforme al ordenamiento jurídico, en forma previa a la autorización para la explotación.

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Art. 46.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos ele derecho minero las personas humanas legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes en el país.

Art.- 47.- De la autorización.- La autorización para la explotación minera de materiales áridos y pétreos se concreta en la habilitación previa para desarrollar actividades de explotación, que no podrán ejercerse sin el expreso consentimiento de la administración Municipal. Es por tanto un acto administrativo que se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de Minería y esta Ordenanza.

Art. 48.- Fases de la actividad Minera.- El ejercicio de la competencia exclusiva establecida en el Art. 264 numeral 12 de la Constitución y artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización relativa a la actividad de explotación de materiales áridos y pétreos comprende las siguientes fases:

  1. Explotación: Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras, destinadas a la preparación y desarrollo de la cantera, así corno la extracción y transporte de los materiales áridos y pétreos.
  2. Tratamiento: Consiste en la trituración, clasificación, corte y pulido de los materiales áridos y pétreos, actividades que se pueden realizar por separado o de manera conjunta.
  3. Cierre de minas: Es el término de las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, con la reparación ambiental respectiva.

En forma previa a otorgar o negar la autorización para ejecutar las fases de explotación y tratamiento, se ejecutará el procedimiento de consulta previa previsto en esta ordenanza.

CAPÍTULO VlI

EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO

Art. 49.- Solicitud de los derechos mineros y autorización para explotación y tratamiento.- La solicitud para obtener derechos mineros y la autorización para explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, será presentada, en el formato diseñado por la municipalidad, a la Coordinación de Áridos y Pétreos, por las personas humanas o jurídicas que obligatoriamente han cumplido los siguientes requisitos:

a.   Estudios de explotación; cuando se trate de nuevas áreas mineras, consistente en la determinación del tamaño y la forma de la cantera, así como el contenido, calidad y cantidad de los materiales áridos y pétreos existentes. Incluye la evaluación económica, su factibilidad técnica, el diseño de su aprovechamiento.

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b.   Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación

c.   Certificado de solvencia económica

d.   Copia de la Licencia Ambiental aprobada;

e.   Si el inmueble en que se va a realizar la explotación no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado;

f.   Memoria Técnica del Proyecto de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos;

g.   Determinación de la ubicación y número de hectáreas a explotarse;

h.   Plano topográfico de la cantera en escala 1:1000 con curvas de nivel a 5 metros, referidas a las coordenada SGW 84 o SIRGAS, en el que se identifiquen las construcciones existentes vecinas al área minera, las cuales solamente podrán estar ubicadas a una distancia no menor de trescientos (300) metros del perímetro de aquella. En el plano constarán las firmas del propietario y del profesional técnico responsable, o del arrendatario de ser el caso;

i.    Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por autorización Municipal para explotación de materiales áridos y pétreos;

j.    Póliza de seguro contra riesgo ambiental y por responsabilidad civil o daños a terceros, a renovarse anualmente durante el período de la Autorización de Explotación y Tratamiento. El monto será establecido por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal la que haga sus veces en atención al riesgo que pueda causar la explotación y tratamiento de los materiales áridos y pétreos. Esta garantía o cualquier otra que determine la Ley será presentada previa aceptación municipal.

Los requisitos previstos en los literales c) e i) no serán necesarios para el trámite de la concesión minera, pero serán obligatorios para otorgar la autorización para la explotación; además de acreditar el cumplimiento de la consulta previa.

Art. 50.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, no se admitirán al trámite correspondiente.

La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces hará conocer al solicitante en el término de setenta y dos horas de los defectos u omisiones de la solicitud y requerirá que lo subsane el peticionario dentro del término de diez días a contarse desde la fecha de la notificación. Si, a pesar de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término señalado, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, sentará la razón de tai hecho y remitirá el expediente para su archivo.

Art. 51.- informe Técnico.- Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las observaciones, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces en el término de quince días, desde la fecha de la recepción de la solicitud, emitirá el respectivo Informe Tico.

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Art. 52.- Resolución.- el Acalde o Alcaldesa o su delegado o delegada, en el término de veinte días de haber emitido el Informe Técnico, concederá o negará motivadamente los derechos mineros y la autorización de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.

Art. 53.- Otorgamiento de los derechos mineros y la autorización.- El Alcaide o Alcaldesa o su delegado/a otorgará la concesión y posterior autorización de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, debidamente motivadas y que en lo principal deberán contener, los nombres y apellidos del peticionario, tratándose de personas humanas, o la razón social de la persona jurídica y su representante legal; la denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar, parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la autorización, plazo; las obligaciones del titular para con la Municipalidad. En caso de no hacerse efectiva la autorización de explotación, en el término de 180 días ésta caducará.

Art. 54.- Reducción, Renuncia, Acumulación, División material, demasía, cesión y transferencia de áreas mineras para áridos y pétreos.- El Alcalde o Alcaldesa o su delegado/a otorgará la autorización para reducción, renuncia, acumulación, división material, demasía, cesión y transferencia de áreas mineras para áridos y pétreos de concesiones constantes en los registros del GAD de los Derechos Mineros en su circunscripción territorial, debidamente motivadas y que en lo principal deberán contener, los nombres y apellidos del peticionario, tratándose de personas humanas, o la razón social de la persona jurídica y su representante legal; la denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar, parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la autorización, plazo; las obligaciones del titular para con la Municipalidad. En caso de no hacerse efectiva la autorización de explotación, en el término de 180 días ésta caducará.

Art. 55.- Protocolización y Registro.- Los derechos mineros y las autorizaciones de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán protocolizarse en una notaría pública e inscribirse en el Registro Minero; el peticionario dentro de los siguientes treinta días ingresará en el Sistema de Gestión Minera de la Agencia de Regulación y Control Minero.

CAPÍTULO VIII

CIERRE DE MINAS

Art. 56.- Cierre de minas.- El cierre de minas de materiales áridos y pétreos consiste en el término de las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas; además de la aplicación del plan de cierre y de ser el caso la reparación ambiental, bajo el control de la autoridad ambiental competente; y se ejercerá bajo la coordinación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y la Coordinación de Áridos v Pétreos o quien haga sus veces.

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CAPÍTULO IX

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS

Art. 57.- Derechos.- El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, garantiza los derechos de los autorizados para realizar la explotación de materiales áridos y pétreos, en concordancia con los principios de la Ley de Minería, en cuanto concierne a los que emanen de las resoluciones de autorización y tratamiento de materiales áridos y pétreos, así como también a los relativos a las denuncias de internación, amparo administrativo, ordenes de abandono y desalojo, de las sanciones a invasores de áreas mineras y a la formulación de oposiciones y constitución de servidumbres.

Art. 58.- Obligaciones.- El Gobierno Municipal velará que las actividades de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos se desarrollen cumpliendo las disposiciones de las leyes pertinentes de conformidad a sus competencias y de la presente Ordenanza en lo que corresponda, en lo referente a obligaciones laborales, seguridad e higiene minero, prohibición de trabajo infantil, resarcimiento de daños y perjuicios, conservación y alteración de hitos demárcatenos, mantenimiento y acceso a registros, inspección de instalaciones, empleo de personal nacional, capacitación de personal, apoyo al empleo local y formación de técnicos y profesionales, plan de manejo ambiental y auditorías ambientales; tratamiento de aguas, acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos, conservación de flora y fauna, manejo de desechos, protección del ecosistema, cierre de operaciones mineras, daños ambientales; información, participación y consulta, procesos de información, procesos de participación y consulta previa, procedimiento especial de consulta a los pueblos, denuncias de amenazas o daños sociales y regalías y patentes de conservación por la explotación de minerales; y, regulaciones especiales sobre la calidad de los materiales áridos y pétreos.

Art. 59.- Duración de la Autorización.- La autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos a favor de quienes hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta Ordenanza no será superior a cinco años, contados de la fecha de su otorgamiento.

Art. 60.- Renovación de las autorizaciones.- Las autorizaciones para la renovación de la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, serán otorgadas por el Alcalde o Alcaldesa o su delegado/a, podrán renovarse por períodos iguales a los de la primera autorización.

Para la relevación de la Autorización, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos:

a. Solicitud de renovación de la autorización para la explotación de áridos y pétreos

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b.   Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación

c.   Copia de la Licencia Ambiental aprobada; y, el informe favorable de la Dirección de Gestión Ambiental o quien haga sus veces.

d.   Si el inmueble en que se va a realizar la explotación no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado;

e.   Memoria Técnica actualizada del Proyecto de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos;

f.   Determinación de la ubicación y número de hectáreas a explotarse;

g.   Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por renovación de la autorización Municipal para explotación de materiales áridos y pétreos;

h.   Póliza de seguro contra riesgo ambiental y por responsabilidad civil o daños a terceros, a renovarse anualmente durante el período de la Autorización de Explotación y Tratamiento. El monto será establecido por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal la que haga sus veces en atención al riesgo que pueda causar la explotación y tratamiento de los materiales áridos y pétreos. Esta garantía o cualquier otra que determine la Ley será presentada previa aceptación municipal.

Art. 61.- inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, no se admitirán al trámite. La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces hará conocer al solicitante de la falta de requisitos u omisiones de la solicitud y ordenará que lo subsane dentro del término de diez días a contarse desde la fecha de la notificación. Si, a pesar de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término señalado, el Alcalde o Alcaldesa o su delegado o delegada en el término de quince días después de la notificación referida en el artículo anterior, sentará la razón de tal hecho y remitirá su expediente para su archivo definitivo y eliminación del Catastro Informático Minero.

Art. 62.- Informe Técnico de Renovación de Explotación.- Si la solicitud cumple los requisitos o se han subsanado las observaciones, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, en el término de cinco días, desde la fecha de la recepción de la solicitud, emitirá el respectivo Informe Técnico de Renovación de Explotación.

Art. 63.- Resolución de Renovación de autorización para la explotación.- El Alcalde o Alcaldesa o su delegado o delegada, en el término de veinte días de emitido el informe técnico de renovación de explotación, expedirá la resolución que acepte o niegue la renovación de la autorización de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.

Art. 64.- Reserva Municipal.- La administración municipal se reserva el derecho para conceder, negar o modificar motivadamente la autorización para la explotación de materiales anaos y pétreos destinados a la construcción. Se reserva igualmente el derecho para fijar las áreas para reubicación de los sitios para la fase del tratamiento de áridos y pétreos.

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Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pertenecientes al sistema nacional de áreas protegidas están sujetas a alta protección y restricciones de uso, esenciales para la estabilización ambiental, la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles están prohibidas.

CAPÍTULO X

DE LA MINERÍA ARTESANAL

Art. 65.- Explotación artesanal.- Se considera explotación artesanal aquella que se realiza mediante el trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de sustento.

El Gobierno Municipal podrá otorgar permisos para realizar labores de explotación artesanal, las que no podrán afectar ni interferir con los derechos que emanan de la titularidad minera. No obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la realización de trabajos de explotación artesanal en el área de su concesión, mediante la celebración de contratos de operación regulados por el Gobierno Municipal, en los cuales se estipulará la obligación de los mineros artesanales de sujetarse a las instrucciones de los concesionarios en cuanto se refiere a normas de seguridad y salud minera, a la estricta observancia de la normativa ambiental minera y al aprovechamiento del recurso minero en forma técnica y racional.

Art. 66.- Naturaleza especial.- Las actividades de minería artesanal, por su naturaleza especial de subsistencia, distintas de la actividad de la pequeña minería y minería a gran escala, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes.

Art. 67.- Plazo de la autorización.- El plazo de duración del permiso para la explotación

artesanal, será de hasta dos años, previo informe técnico, económico, social y ambiental de la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, conforme los procedimientos y requisitos que se establezcan en el instructivo que para el efecto se expida. Se prohíbe en forma expresa el otorgamiento de más de un permiso a una misma persona, para actividades en explotación artesanal.

Art. 68.- Características de la explotación minera.- Las actividades de explotación artesanal se caracterizan por la utilización de aparatos manuales o máquinas destinadas a la obtención de áridos y pétreos, como medio de sustento, cuya comercialización en general permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza, únicamente, dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el correspondiente permiso.

Art. 69.- Derechos y obligaciones de los titulares de la explotación artesanal.- Se entienden por derechos mineros para la explotación artesanal, aquellos que emanan de los permisos otorgados por el Gobierno Municipal, los que tienen el carácter de intransferibles.

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Las obligaciones que consten de manera expresa en los respectivos permisos y sean asumidas por sus titulares deben ser cumplidas por estos, como condición para el goce de los beneficios establecidos en la normativa legal aplicable al régimen especial de explotación artesanal. En consecuencia, su inobservancia o incumplimiento, constituirán causales de extinción de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles, penales o ambientales a las que hubiere lugar.

Art. 70.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad estatal de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los iechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, con el informe técnico, económico y jurídico de la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, podrá adoptar las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la autorización otorgada bajo el régimen de la explotación artesanal, incluyéndose en estas las de modificar el régimen de autorización.

Art. 71.- Autorizaciones para la explotación artesanal.- El Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza, previo a la regularización ambiental, otorgará autorizaciones para la explotación artesanal de materiales áridos y pétreos en áreas que se destinen para el efecto, las que se regirán por un instructivo en el que se estipularán los volúmenes de explotación, las condiciones de extracción, las actividades de remediación, entre otros, que será expedido por la máxima autoridad administrativa municipal.

CAPÍTULO XI

DE LA NATURALEZA, CARACTERIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y CICLO MINERO

Art. 72.- De la naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de pequeña minería, orientadas a promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades laborales, capaces de generar encadenamientos productivos a partir de la activación de las economías locales en los sectores en los que se realiza, como medio para acceder al buen vivir.

Art. 73.- Caracterización de la pequeña minería.- Para los fines de esta ordenanza, se considera pequeña minería aquella que, en razón del área, características del yacimiento, monto de inversiones y capacidad instalada de explotación y beneficio o procesamiento, sea calificada como tal y diferenciada de la minería artesanal o de subsistencia y de otras categorías de la actividad minera, de acuerdo con la normativa aplicable al régimen especial de pequeña minería y minería artesanal.

Art. 74.- El ciclo minero.- El ciclo minero se entiende como el conjunto de operaciones que se realizan ordenadamente bajo el régimen especial de pequeña minería, en yacimientos o depósitos, y que se inician con la gestación del proyecto, estudios de exploración, explotación, el desarrollo, la producción, procesamiento o beneficio, comercialización y el

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cierre de las operaciones del mismo, observando en todo caso los principios de solidaridad, sustentabilidad y del buen vivir,

Art. 75.- Actores del ciclo minero.- Se consideran actores del ciclo minero en el régimen especial de pequeña minería, quienes de manera directa o indirecta están vinculados con la explotación de áridos y pétreos.

Art. 76.- De los sujetos de derechos mineros en pequeña minería.- Son sujetos de derechos mineros, bajo el régimen de pequeña minería, las personas físicas no incursas en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador; y las jurídicas tales como cooperativas, condominios y asociaciones legalmente constituidos, cuyo objeto sea el desarrollo de actividades mineras en este sector.

Art. 77.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El otorgamiento de concesiones mineras para pequeña minería, se realizará de conformidad con los requisitos y trámite que se establecen en el artículo 60 de la presente ordenanza.

Art. 78.- Derechos de trámite.- Los interesados en la obtención de concesiones mineras para pequeña minería, pagarán por concepto del servicio respectivo para la solicitud de concesión minera y por una sola vez, dos remuneraciones básicas unificadas. El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser depositado en las dependencias municipales.

Art. 79.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad estatal de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, con el informe técnico, económico y jurídico de la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, podrá adoptar las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la autorización otorgada bajo el régimen de la explotación de pequeña minería, incluyéndose en estas las de modificar el régimen de autorización.

CAPÍTULO Xli

DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL LIBRE APROVECHAMIENTO PARA OBRAS

PÚBLICAS

Art. 80.- Autorización.- En ejercicio de la competencia exclusiva determinada en la Constitución de la República, previa solicitud directa del representante legal de las entidades públicas o de sus contratistas, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces expedirá la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos de los ríos y uanit:ic)i>, destinados exclusivamente a la construcción de obras publicas, las que podrán explotar libremente en áreas libres o autorizadas, sin costo alguno. Para tal efecto los contratistas deberán acreditar o demostrar que en la oferta, los pliegos, contrato, no se encuentra presupuestado el rubro del material pétreo a utilizar en la obra pública.

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En la resolución de autorización constará la identificación de la entidad pública o del contratista, el lugar donde se extraerá el material con determinación de la cantidad de material y de hectáreas, así como el tiempo de aprovechamiento, la obra pública de destino y las coordenadas. Constará además la obligación de destinar única y exclusivamente a la obra pública autorizada.

Cuando se trate de áreas autorizadas se informará al autorizado, quien no podrá oponerse, pero se realizarán los ajustes necesarios para el cálculo del pago de regalías; la entidad pública o contratista por su parte se ajustará a las actividades previstas en el Estudio de impacto Ambiental del titular de la autorización y responderán por las afectaciones ambientales por ellos provocadas.

Toda explotación de materiales áridos y pétreos para obras públicas deberá cumplir las normas técnicas ambientales y la reposición del suelo fértil si fuere afectado.

Art. 81.- Uso de materiales sobrantes.- Los materiales sobrantes o que por cualquier razón quedaren abandonados por los concesionarios por más de sesenta días y listos para ser transportados, serán dispuestos por la Municipalidad exclusivamente para la construcción de obras públicas, previa cuantificación de esos materiales.

CAPÍTULO XIII

DEL CONTROL

Art. 82.- Del cumplimiento de obligaciones.- El concesionario de materiales áridos y pétreos está obligado a cumplir los deberes y obligaciones previstos en las normas legales para el efecto y esta Ordenanza. La Municipalidad por intermedio de las áreas de la administración, en el ámbito de sus atribuciones ejercerá el debido control de cumplimiento.

Art. 83.- Actividades de control.- La municipalidad en materia de control de la explotación de áridos y pétreos, realizará las siguientes actividades de control:

  1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, en forma previa a su explotación en lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras;
  2. Autorizar el inicio de la explotación de áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagunas, playas de mar y canteras a favor de personas humanas o jurídicas que hubieren obtenido previamente el título minero otorgado por la municipalidad y que cuenten con la licencia ambiental correspondiente;
  3. Autorizar sin costo, el acceso al libre aprovechamiento de materiales áridos y pétreos destinados a la construcción de obras públicas;
  4. Brindar el apoyo técnico al ente rector y al órgano de control y regulación nacional en materia de minería, en el cumplimiento de las actividades que sean de su competencia;
  5. Controlar que las actividades de explotación de áridos y pétreos cuenten con la autorización municipal, la licencia ambiental y cumplan los planes de manejo ambiental,

 

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  1. Imponer las sanciones previstas en la presente ordenanza municipal;
  2. Imponer sanciones a invasores de áreas mineras de explotación de áridos y pétreos, conforme a la presente ordenanza y a la ley;
  3. Disponer el abandono y desalojo, conforme a la presente ordenanza;
  4. Tramitar y resolver las denuncias de internación;
  5. Formular o tramitar oposiciones y constituir servidumbres conforme a la presente ordenanza y al ordenamiento jurídico aplicable;
  6. Acceder a registros e información de los concesionarios para fines de control de cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas en el desarrollo de actividades mineras relacionadas con áridos y pétreos;
  7. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas para fines de control de la actividad minera relacionada con áridos y pétreos;
  8. Otorgar licencias ambientales para explotación de materiales áridos y pétreos;
  9. Otorgar certificados de intersección con relación a áreas protegidas, patrimonio forestal del Estado o bosques protectores;
  10. Controlar el cierre de minas;

 

  1. Controlar que los concesionarios y contratistas eviten la contaminación ambiental; y, utilicen métodos y técnicas adecuadas para minimizar los daños ambientales;
  2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras a fin de que ejecuten sus labores con adecuados métodos y técnicas que minimicen daños al medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente.
  3. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de realizar labores de revegetación y reforestación conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia;
  4. Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición de realizar descargas de desechos de escombros provenientes de la explotación, en ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde existan riesgos de contaminación;
  5. Controlar y realizar el seguimiento encaminado a mitigar, controlar y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados de las actividades de explotación de áridos y pétreos;
  6. Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo a las obligaciones emanadas de los títulos de concesión minera y de la explotación de materiales áridos y pétreos en todas sus fases;
  7. Controlar que los concesionarios mineros de materiales áridos y pétreos actúen conforme al ordenamiento jurídico en materia de patrimonio cultural;
  8. Controlar la seguridad e higiene minera que los concesionarios y contratistas mineros de materiales áridos y pétreos están obligados a observar;
  9. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y contratistas en cuanto a contratar personal ecuatoriano y de mantener programas permanentes de formación y capacitación para su personal, además de acoger a estudiantes para que realicen prácticas sobre la materia;

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  1. Controlar el cumplimiento de la obligación de los concesionarios y contratistas mineros, de contratar trabajadores residentes y de las zonas aledañas.
  2. Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda actividad minera, de conformidad con la normativa nacional y local vigente;
  3. Las demás que establezca la normativa nacional aplicable a la explotación de áridos y pétreos.

Art. 84.- Del control de actividades de explotación.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, con el apoyo de las diferentes dependencias municipales, realizará seguimientos periódicos al concesionario de materiales áridos y pétreos, para determinar las cantidades efectivas de material de construcción extraído y revisará los libros en los cuales se incorporen las observaciones del técnico nombrado por el concesionario.

Art. 85.- Control de la obligación de revegetación y reforestación.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, en el evento de que la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras requiriera de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, controlará el cumplimiento de la obligación de los autorizados, de proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona, preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental.

Art. 86.- Control de la acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces controlará que los autorizados para explotar materiales áridos y pétreos, durante la acumulación de residuos mineros, tomen estrictas precauciones que eviten la contaminación de los lugares donde estos se depositen, cumpliendo con la construcción de instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a largo plazo de conformidad con la autorización municipal.

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, provenientes de la explotación de áridos y pétreos, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación, salvo cuando los estudios técnicos aprobados así lo permitieren y constare en la respectiva autorización municipal, debiendo aplicar el principio de precaución.

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la autorización.

Art. 87.- Control sobre la conservación de flora y fauna.- La Dirección de (Bestión Ambiental Municipal o quien haga sus veces controlará que los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental de la respectiva autorización para explotar áridos y pétreos, contengan información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona, así como la obligación de realizar estudios de monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de impctos en ellas.

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Art. 88.- Del seguimiento a las obras de protección.- La Dirección de Obras Públicas Municipales será la encargada de verificar e informar al Alcalde sobre el cumplimiento en la ejecución de las obras de protección para evitar afectaciones, en caso de incumplimiento dará aviso al Alcalde o Alcaldesa, quien suspenderá la explotación hasta que se ejecuten las obras de protección.

Si se negare o no lo hiciere en el plazo previsto, se hará efectiva la garantía presentada y se procederá a la ejecución de las obras por parte de la Municipalidad, las cuales serán cobradas con un recargo del 20% y se suspenderá definitivamente la autorización de la explotación de materiales pétreos.

Art. 89.- Control del transporte de materiales.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces y la Dirección de Gestión Ambiental o quien haga sus veces de la Municipalidad serán los encargados de verificar el cumplimiento de las normas que aseguren que la transportación de materiales áridos y pétreos tengan las seguridades necesarias para evitar que el material se riegue en las vías públicas, cuyo incumplimiento incurrirá en una multa que oscilará entre una a diez remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general, según la gravedad. La reincidencia será sancionada con el máximo de la multa.

Art. 90.- Otras infracciones.- Las demás infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con una multa de 1 a 20 remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general y en caso de reincidencia, con el doble de este monto, sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva de la autorización de explotación. Si una persona humana o jurídica, pública o privada realiza la explotación de materiales áridos y pétreos sin autorización, el Comisario Municipal informará al ente de control local y a la entidad de control y regulación nacional.

CAPÍTULO XIV

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Art. 91.- Del Control y Seguimiento Ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no.

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.

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Art. 92.- Mecanismos de Control y Seguimiento Ambiental.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:

  1. Monitoreos
  2. Muéstreos
  3. Inspecciones
  4. Informes ambientales de cumplimiento
  5. Auditorías Ambientales
  6. Vigilancia ciudadana

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. Los costos de cualquiera de los mecanismos de control serán a cargo del sujeto de control

Art. 93.- Del ámbito de aplicación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades, obras o proyectos que generen impactos y riesgos ambientales y que tengan o no el correspondiente permiso ambiental.

El seguimiento ambiental se efectuará por medio de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en la presente Ordenanza a las actividades regularizadas o no.

El control y seguimiento ambiental a las actividades regularizadas o no regularizadas, de ser el caso dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente y de las demás acciones legales a las que hubiera lugar; sin perjuicio de la obligación que tiene el sujeto de control de regularizarse.

Art. 94.- Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental, para proyectos, obras o actividades que cuenten con una Licencia Ambiental.- De existir razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al regulado en cualquier momento, que efectué modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental.

Art. 95.- De los Monitoreos.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, medíante reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los muéstreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio-cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la normativa ambiental vigente.

Los monitoreos de los recursos naturales deberán evaluar la calidad ambiental por medio del análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la actividad controlada y deberán ser contrastados con datos de resultados de línea base y con resultados de muéstreos anteriores, de ser el caso.

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Art. 96.- De los Informes Ambiental de Cumplimiento.- Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.

Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.

La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

Art. 97.- De la Periodicidad y Revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.

Art. 98.- De las Auditorías Ambientales.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizados que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad.

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.

Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los siguientes:

  1. Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente;
  2. Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y,
  3. Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la operación.

Art. 99.- Atribuciones del Comisario Municipal o quien haga sus veces.- Previo informe de la Dirección de Gestión Ambiental o de la Coordinación de Áridos y Pétreos o de quien haga sus veces según corresponda, será el encargado de establecer las sanciones pecuniarias cuando hubiere lugar, así como del cumplimiento de la suspensión de las actividades de explotación previa la instauración del debido proceso y a la normativa ambiental vigente. De las multas impuestas comunicará a la Dirección Financiera para la recaudación o pago.

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Art. 100.- Intervención de la fuerza pública.- Notificada la resolución de suspensión temporal o definitiva de la autorización, el Comisario Municipal o quien haga sus veces, con el auxilio de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de ser el caso, hará cumplir tal suspensión, sin que exista lugar a indemnización alguna.

CAPÍTULO XV

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Art. 101.- De la competencia.- Les corresponde al ente encargado del procedimiento sancionador conocer, iniciar y resolver los procedimientos de sanción en primera instancia, en los casos de incumplimiento a la normativa prevista en esta ordenanza.

En segunda instancia le corresponde a la máxima autoridad, conocer y resolver el recurso de apelación.

Art. 102.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El procedimiento administrativo empieza por cualquiera de las siguientes formas:

  1. Denuncia verbal, escrita o por medios informáticos y digitales de cualquier persona que conozca del cometimiento de la infracción; y,
  2. De oficio, por parte de la Autoridad Competente.

Art. 103.- Del contenido del Auto inicial- Se dictará auto inicial con el siguiente contenido:

  1. La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su conocimiento;
  2. La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio para entregar las notificaciones, concediéndole el término de cinco (5) días para que conteste los cargos existentes en su contra; bajo prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de no comparecer.
  3. La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y de que se practiquen las diligencias que sean necesarias;
  4. La designación del Secretario que actuará en el proceso.

e) En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.

Art. 104.- De la citación.- La citación con el auto inicial al infractor se realizará:

a)    Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su presencia.

b)    Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará mediante tres boletas dejadas en el domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su presencia, debiendo dejar sentada la razón actuarial correspondiente,

c)    A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, se citará por tres publicaciones que se harán durante tres días seguidos, en un periódico de amplia

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circulación del lugar. La publicación contendrá un extracto de la providencia inicial. En todo caso se sentará la razón de la forma de citación.

Art. 105.- De la contestación del presunto infractor.- Se le concederá al presunto infractor el término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados.

Art. 106.- De la audiencia.- Con la comparecencia del presunto infractor se señalará día, hora y lugar donde se llevará a efecto la audiencia. En la audiencia se oirá al presunto infractor, que puede intervenir por sí o por medio de su abogado. Se recibirán las pruebas que presenten, las mismas que se agregarán al proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la que firmarán los comparecientes, el Secretario designado en la causa y la autoridad.

La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de anticipación por una sola ocasión.

Art. 107.- del término de prueba.- En la misma audiencia se abrirá un término de prueba por seis (6) días, en el que se practicarán las pruebas solicitadas.

Art. 108.- Del término para dictar la Resolución.- Una vez fenecido el término cié prueba, la autoridad dictará resolución en el plazo de treinta (30) días, misma que podrá ser absolutoria o sancionatoria.

Art. 109.- Del piazo para interponer el Recurso de Apelación.- El plazo para la interposición del Recurso de Apelación será de tres (3) días contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución.

Art. 110.- Del término para dictar la Resolución promovido el recurso de apelación.- La autoridad dictará resolución en el plazo de treinta (30) días.

Art. 111.- Caducidad del procedimiento administrativo sancionador.- El procedimiento administrativo sancionador caducará si luego de treinta días de iniciado, la administración suspende su continuación o impulso, excepto cuando se requiera receptar documentación o informes. El funcionario responsable de la caducidad de un procedimiento sancionador será sancionado de conformidad con la normativa seccional correspondiente y previo expediente disciplinario, además indemnizará los daños y perjuicios ocasionados

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido si el presunto responsable no ha recibido resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en este artículo.

Art. 112.- Prescripción.- Las infracciones y sanciones prescribirán en cinco años, salvo que otra normativa disponga un plazo diferente.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado.

 

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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución en firme.

Art. 113.- Concurrencia de sanciones.- Nadie podrá ser sancionado administrativamente más de una vez y por un mismo hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.

CAPÍTULO XVI

REGALÍAS, PATENTES DE CONSERVACIÓN Y TASAS MUNICIPALES POR EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS Y PÉTREOS

Art.-114.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados, realizados por la administración municipal, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación.

Art. 115.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Art. 116.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo es la persona humana o jurídica que según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable, para el caso de la presente ordenanza los concesionarios o titulares de los derechos mineros.

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva.

Art. 117.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona humana o jurídica obligada a la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras

norenpac

Art. 118- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente, debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a éste.

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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho del último, a repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria.

Art. 119.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley o la presente ordenanza para configurar cada tributo; para el caso de la presente ordenanza el hecho generador constituye el volumen de la explotación, que de manera semestral con anterioridad al 15 de enero y al 15 de julio de cada año, presentarán informes auditados respecto de su producción en el semestre calendario anterior y la contraprestación de servicios prestados.

Art. 120.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.

Art. 121.- Tasa de servicios administrativos por la autorización para explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, tramitará la solicitud de derechos mineros y autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, previo pago del valor equivalente a una remuneración mensual básica unificada del trabajador privado, multiplicado por el número de hectáreas o fracción de hectárea, solicitadas.

Art. 122.- Tasa de remediación de la infraestructura vial.- Créase la tasa de remediación de los impactos a la infraestructura vial, destinada exclusivamente al mantenimiento de las vías urbanas del cantón. El sujeto pasivo de esta tasa será quien tenga los derechos mineros y la autorización municipal para la explotación de los materiales áridos y pétreos descritos en esta ordenanza. El monto de dicha tasa será equivalente al uno (1.0) por mil de una remuneración mensual básica unificada por cada metro cúbico de material transportado. De conformidad con el Código Tributario, las instituciones del Estado y sus contratistas no están exentas del pago de esta tasa.

Art. 123.- Regalías mineras.- Según lo establecido en la Ley de Minería y su Reglamento General el autorizado para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán pagar y entregar al Gobierno Municipal las regalías contempladas en la presente Ordenanza.

El Gobierno Municipal reconoce para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos dentro de su jurisdicción territorial, dos (2) tipos de regalías mineras municipales:

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a.   Regalías Mineras Municipales económicas

b.   Regalías Mineras Municipales en especies

Art. 124.-Cálculo de la Regalía Minera Municipal Económica.- Los autorizados pagarán anualmente por concepto de Regalía Minera Económica el valor calculado sobre el costo de producción en dólares norteamericanos, de acuerdo a la siguiente tabla:

Para calizas regirán la siguientes regalías:

De 1 a 500.000 toneladas métricas de producción por año, 10%;

De 500.001 a 1.500.000 toneladas métricas de producción por año, 20%;

De 1.500.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción por año, 40%;

De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 100%.

Para los demás minerales no metálicos regirán la siguientes regalías:

De 1 a 250.000 toneladas métricas de producción por año, 5%:

De 250.001 a 500.000 toneladas métricas de producción por año, 10%;

De 500.001 a 750.000 toneladas métricas de producción por año, 15%;

De 750.001 a 1.000.000 toneladas métricas de producción por año, 20%;

De 1.000.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción por año, 25%; y.

De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 100%.

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería que no alcancen a los volúmenes mínimos previstos en la tabla anterior de calizas y no metálicos pagarán por concepto de regalía el 3% del costo de producción.

Las tasas serán presentadas por la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces para la aprobación del Concejo Cantonal hasta el 31 de diciembre de cada arlo. Los pagos de la tasa minera económica se hará por la producción en el frente de explotación (cancha mina). Se entenderá como costos de producción todos aquellos costos directos e indirectos incurridos en la fase de explotación hasta el carguío en el frente de explotación

El pago de regalías se hará cada año de manera semestral, las correspondientes al primer semestre hasta el mes de septiembre y las correspondientes al segundo semestre hasta el mes de marzo, de acuerdo a lo declarado en el informe auditado de producción, que reflejará

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el material áridos y pétreos que se ha explotado, el costo de producción y el volumen explotado.

Art. 125.- Patente de conservación para concesión.- Hasta, única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año calendario en curso a la fecha del pago y se pagará de acuerdo con la siguiente escala:

 

ETAPA

% S.B.U x

c/h

Gran y mediana minería

 

Exploración Inicial

2.5

Exploración Avanzada y Evaluación Económica

5

Explotación

10

Pequeña Minería

2

 

En ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará prórroga para el pago de esta patente.

Art. 126.-Recaudación de regalías, patentes, tasas municipales y multas.-Los valores correspondientes a regalías, patentes, tasas mineras municipales y multas, serán recaudados directamente por la Administración Municipal.

La Coordinación de Áridos y Pétreos, la Dirección de Gestión Ambiental o la Dirección de Obras Públicas, o quien haga sus veces, determinarán el monto de la obligación de cada contribuyente que servirá de base para la emisión del título de crédito respectivo. El Tesorero Municipal será custodio del título de crédito y se hará cargo de su recuperación; para lo cual, preferentemente, se utilizará la red del sistema financiero nacional.

El no pago dentro de los treinta días contados a partir de la notificación con el título de crédito dará lugar a la acción coactiva.

La evasión del pago y entrega de tributos municipales, será causal de caducidad de la autorización, sin perjuicio de suspensión temporal o definitiva de la autorización en caso de incumplimiento.

Art. 127.- Tasas Ambientales.- Las tasas por los servicios ambientales que preste el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza, en los procesos de regulación.

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control y seguimiento ambiental de las actividades, obras o proyectos sometidos a los lineamientos de esta Ordenanza, son las que se detallan a continuación:

 

 

TASAS POR SERVICIOS DE 

REGULACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

DERECHO ASIGNADO USD

1.

Emisión del Registro Ambiental

Sin costo

2. 3.

Revisión, Calificación de los Estudios Ambientales exante, y Emisión de la Licencia Ambiental

Revisión. Calificación de los Estudios

Ambientales expost y

Emisión de la Licencia Ambiental

1x1.000, costo Proyecto, mínimo 1000,00

Presentación de la protocolización del presupuesto estimado

1x1000 (uno por mil) sobre el costo

del último año de operación Mínimo

1000,00 (Costos de operaciones de cada

proyecto, representados en los Estados de Resultados individuales.)

 

Presentación del Formularios 101 del Sri casilla 7999

4.

Revisión, Calificación de Inclusión a la Licencia Ambiental. (Reevaluación, Alcance, Adéndum, Estudios Complementarios, Actualización de Estudios Ambientales)

1x1000 (uno por mil) sobre el costo del proyecto Mínimo USD 1000,00

Presentación de la protocolización del presupuesto estimado

5.

Pronunciamiento respecto a Auditorías Ambientales o Examen Especial

10% costo de la elaboración de la  Auditoría y PMA mínimo 200,00

6.

 

Pronunciamiento respecto a actualizaciones o modificaciones de Planes de Manejo Ambiental (PMA)

 

10% costos de la elaboración del PMA, mínimo 100,00

 

7.

Revisión/modificación puntos de monitoreo (valor por punto)

50,00

8.

Pronunciamiento respecto a Programas de Remediación Ambiental

900,00

9.

Pronunciamiento respecto a programas y presupuestos Ambientales Anuales

 

50.00

 

i

10.

Tasa de Inspección diaria TID

El valor de inspección es el costo diario viático profesional de tercer nivel, que se modificará de acuerdo a los valores que establece la norma

 

TID=80,00

 

 

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11.

Tasa Seguimiento Ambiental (TSA)

resultará del siguiente cálculo:

TID: Tasa de inspección diaria

Nt: Número de técnicos TSA=TID*Nt*Nd

Nd: Número de días

Las variables Nt y Nd dependerán de la

naturaleza del proyecto y de ubicación del

mismo

TSA=TID*Nt*Nd

12.

Servicios de Facilitación de Procesos de Participación Social

1500,00+ IVA

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza, observará las normas contenidas en la resolución del Consejo Nacional de Competencias Nro. 004-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015, para la regulación del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.

SEGUNDA.- Una vez suscrita la autorización de explotación de áridos y pétreos y en forma previa a iniciar las actividades de explotación, el autorizado minero y la Municipalidad celebrarán un contrato en el que constarán las obligaciones y deberes de las partes, en los términos y condiciones previstas en la Ley de Minería, su Reglamento General y Especial de Minería y esta ordenanza.

TERCERA.- Cuando por causas naturales se produzca el desvío de las aguas de los ríos o quebradas, la Municipalidad podrá intervenir con sus equipos y maquinaria a fin de encausarlas por el lugar que corresponda, sin que exista lugar a objeción del autorizado o propietario de inmuebles afectados o beneficiarios.

CUARTA.- Con el propósito de mantener un adecuado control del transporte de materiales áridos y pétreos, las personas humanas o jurídicas que los transporten en forma permanente u ocasional, obtendrán un permiso municipal de transporte, que será otorgado por la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces.

QUINTA.- Para la plena ejecución de la presente ordenanza el Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de Tiwintza, se reserva el derecho de emitir los instrumentos legales correspondientes.

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SEXTA.- El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expedirá normas técnicas, manuales, protocolos y otros instrumentos aplicables a la materia regulada por esta ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el plazo de treinta días de suscita esta Ordenanza, deberá crearse o delegarse la Coordinación de Áridos y Pétreos Municipal de Tiwintza, y la Unidad Ambiental o el nivel administrativo que determine el GAD, que tendrá a su cargo la implementación del ejercicio de la competencia exclusiva municipal para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de ríos, playas, lagos, lagunas y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Tiwintza, para lo cual el Alcalde incorporará las modificaciones pertinentes al Reglamento Orgánico Funcional por Procesos y la Dirección Financiera efectuará los ajustes presupuestarios necesarios y suficientes para cubrir los costos que demande.

SEGUNDA.- Los titulares de derechos mineros otorgados por el Ministerio Sectorial a partir de la expedición de la Ley de Minería vigente, para la obtención de la autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, en el plazo de sesenta días de expedida la presente ordenanza, presentarán a este organismo la solicitud de autorización municipal correspondiente, con todos los requisitos establecidos en esta Ordenanza y adicionalmente presentarán los siguientes:

  1. El Título minero concedido por el ministerio sectorial;
  2. Nombre o denominación del área de intervención;
  3. Ubicación del área señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
  4. Número de hectáreas mineras asignadas;
  5. Coordenadas en sistema de información datum WGS 84 o SIRGAS;
  6. Certificación de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones económicas, técnicas, sociales y ambientales.
  7. Declaración juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso dentro de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de...;
  8. Designación del lugar en el que le harán las notificarse al solicitante;
  9. Firma del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda, su asesor técnico y del abogado Patrocinador; y,
  10. Licencia o ficha ambiental, según corresponda, otorgada por la Autoridad Ambiental.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados, no se admitirán al trámite. La Coordinación de Áridos y Pétreos hará conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la  solicitud y solicitará la subsanación dentro del término de diez días contados desde la fecha de la notificación; de no cumplirse con este requerimiento se sentará la razón pertinente y procederá al archivo definitivo del expediente y su eliminación del Catastro Minero Municipal de Tiwinta.

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La Coordinación de Áridos y Pétreos, con los expedientes que cumplan todos los requisitos, en el término de veinte días desde su recepción, emitirá la resolución motivada previa verificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, por la que se acepte o se niegue la solicitud de autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos. La resolución deberá contener, los nombres y apellidos del peticionario, en tratándose de personas humanas, o la razón social de la persona jurídica y su representante legal; la denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar, parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la concesión, tiempo de duración de la misma y la superficie de explotación; y, las obligaciones del titular para con el Gobierno Municipal.

El plazo podrá prorrogarse por una sola vez has sesenta días, mediante resolución administrativa motivada de la máxima autoridad administrativa municipal.

TERCERA.- Los titulares de concesiones para explotar áridos y pétreos otorgadas por el Ministerio Sectorial, antes de la expedición de la vigente Ley de Minería, en el plazo de sesenta días contados a partir de implementación de la competencia por parte del Consejo Nacional de Competencias, presentarán los siguientes documentos

a.    El Título minero concedido por el ministerio sectorial;

b.    Consentimiento del concejo municipal concedido conforme al artículo 264 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; (ojo. Esa Ley ya no existe)

c.    Nombre o denominación del área de intervención;

d.    Ubicación del área señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;

e.    Número de hectáreas mineras asignadas;

f.     Certificación de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones económicas, técnicas, sociales y ambientales.

g.    Declaración juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso dentro de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de

h.    Designación del lugar en el que le harán las notificarse al solicitante;

i.     Firma del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda, su asesor técnico y del abogado Patrocinador; y,

j.     Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental competente.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados, no se admitirán al trámite. La Coordinación de Áridos y Pétreos hará conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la solicitud y requerirá la subsanación dentro del término de diez días contados desde la fecha de la notificación; de no cumplirse con este requerimiento se sentará la razón pertinente y procederá el archivo definitivo del expediente y su eliminación del Catastro Minero Munición

Las solicitudes que cumplan los requisitos señalados, serán autorizadas por la Coordinación de Áridos y Pétreos sin más trámite, observando el principio de seguridad jurídica.

 

Registro Oficial - Edición Especial N° 685 Miércoles 19 de diciembre de 2018 - 69

El plazo podrá prorrogarse por una sola vez has sesenta días, mediante resolución administrativa motivada de la máxima autoridad administrativa municipal.

CUARTA.- La Coordinación de Áridos y Pétreos del GAD Municipal de Tiwintza o quien haga sus veces con apoyo de la Dirección Ambiental Municipal o quien haga sus veces en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la vigencia de la presente ordenanza, realizará el estudio para determinar las actuales concesiones que se encuentren ubicadas en áreas prohibidas por la ley y ésta ordenanza, y las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos no recomendables por cuanto no sea posible mitigar los impactos ambientales causados a los niveles técnicamente permisibles.

Los resultados del estudio serán puestos en conocimiento inmediato de los concesionarios para explotar materiales áridos y pétreos a fin de que enterados de la situación adopten las medidas de cierre de mina o corrijan las afectaciones ambientales.

Una vez implementada la competencia, la municipalidad del cantón Tiwintza, adoptará las medidas que fueren pertinentes para el cierre de las minas o superen las afectaciones ambientales según corresponda.

QUINTA.- Los actuales concesionarios mineros que no tramiten la autorización municipal para explotar y procesar materiales áridos y pétreos, en los términos de la tercera o cuarta disposición transitoria de ésta Ordenanza y que no hubieren obtenido con anterioridad el consentimiento del Concejo Municipal conforme determinó el Art. 264 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, no podrán continuar desarrollando labores de explotación, sin que haya lugar a indemnización de naturaleza alguna.

La Coordinación de Áridos y Pétreos del GAD Municipal de Tiwintza, les concederá 30 días para que cierren y abandonen el área minera, si cumplidos los 30 días no abandonaren, la referida Coordinación expedirá la orden de desalojo, cuya ejecución corresponde a la Comisaría Municipal, con auxilio de la fuerza pública de ser el caso y la municipalidad del cantón Tiwintza, procederá al cierre de la mina con cargo al concesionario, cuyos costos serán recuperados haciendo uso de la acción coactiva si fuere necesario.

Dentro de los siguientes ciento ochenta días contados a partir de la implementación de la competencia por parte del Consejo Nacional de Competencias, el Alcalde informará al concejo municipal sobre el cumplimiento de la presente disposición transitoria.

SEXTA.- La administración municipal solicitará a la Autoridad Ambiental, los Estudios de Impacto Ambiental de las concesiones mineras existentes, a fin de verificar con los técnicos del GAD Municipal el fiel cumplimiento de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, las observaciones serán comunicadas al Ministerio Sectorial a fin de que tome las medidas de control y cumplimiento necesarias hasta que el Consejo Nacional de Competencias implemente el ejercicio de la competencia desarrollada en los términos de la present ordenanza.

 

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SÉPTIMA.- Hasta que el gobierno municipal expida las normas técnicas aplicables al ejercicio de las actividades propias de la explotación de materiales áridos y pétreos, aplicará las reglas expedidas por el órgano rector en esta materia o la Agencia de Regulación y Control Minero, en lo que no se opongan a la presente ordenanza.

OCTAVA.- Los proyectos, obras o actividades que han obtenido y mantienen vigente un permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental y cuyo expediente debe ser entregado al Gobierno Autónomo Municipal de Tiwintza, serán objeto del control y seguimiento ambiental conforme a lo establecido en esta Ordenanza

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La administración municipal difundirá los contenidos de la presente ordenanza, lpor todos los medios de comunicación colectiva de..., a fin de que los actuales concesionarios, las ciudadanas y ciudadanos conozcan las obligaciones y derechos derivados de la presente ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial; en el dominio web de la institución; y, en el Registro Oficial.

TERCERA.- Remítase un ejemplar de este instrumento jurídico a la Asamblea Nacional, conforme lo dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

CUARTA.- Derogase la ORDENANZA QUE NORMA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL CANTÓN TIWINTZA, aprobada por el Gobierno Municipal de Tiwintza, en sesiones realizadas el 4 de abril del 2011 y 15 de diciembre del 2011, y sancionada por el señor Alcalde el 15 de diciembre del 2011.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza, a los 06 días del mes de agosto del 2018. /

 

 

Registro Oficial - Edición Especial N° 685 Miércoles 19 de diciembre de 2018 - 71

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la "ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS, PLAYAS DE MAR, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN TIWINTZA". fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Tiwintza de conformidad al Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en dos debates realizados el 20 de febrero del 2018 y el segundo realizado el 06 de agosto del 2018 respectivamente del cual doy fe.       / ,

 

SANCIÓN.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA.- Al tenor de lo dispuesto en los Artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y las leyes de la república del Ecuador, sanciono favorablemente la "ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS, PLAYAS DE MAR, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN Tiwitnza”. Promúlguese, Santiago, cantón Tiwintza, 07 de agosto del 2018.

 

72 - Miércoles 19 de diciembre de 2018 Edición Especial N° 685 - Registro Oficial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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