Registro Oficial

Registro Oficial No.359- Miércoles 31 de octubre del 2018

Miércoles, 31 de octubre de 2018

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés                                                                                     

 

   Presidente Constitucional de la República del Ecuador                                                                                  

 

Miércoles  31  de octubre  de 2018 (R. O.359, 31 -octubre -2018)

 

 

SUMARIO:

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FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO:

DM-2018-024 Legalícese la comisión de servicios con remuneración en el exterior de la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural

DM-2018-032 Déjese sin efecto el Acuerdo Ministerial No. DM-2017-027, de 11 de julio de 2017

DM-2018-036 Declárese al "Festival Internacional de Músicas Afro", como política pública anclada al cumplimiento délos objetivos y metas del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015 – 2024

DM-2018-040 Reconócese la trayectoria cultural del actor Antonio Ordóñez, Director Teatral y de Teatro Ensayo

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

0113       Subróguese el magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, las funciones de Ministro  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

SENESCYT, 2018-052 Refórmese el Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos - "EMPEC"

SENESCYT-2018-054 Refórmese el Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017

SENESCYT, 2018-057 Otórguese personería jurídica de derecho privado y sin fines de lucro a la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil "AEIC", con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha

SENESCYT, 2018-058 Desígnense a varias personas como miembros del Órgano Colegiado de los Derechos Intelectuales

Págs.

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

-               Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco

RESOLUCIONES:

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR:

CDE-EP-CDE-EP-2018-0001-R Apruébese el Plan Anual de la Política Pública en ejercicio fiscal (PAPP) 2018

CDE-EP-CDE-EP-2018-0002-R Apruébese la Reforma Integral del Manual de Puestos y Perfiles

CDE-EP-CDE-EP-2018-0003-R Apruébese el Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Asociatividad

CDE-EP-CDE-EP-2018-0007-R Apruébese e impleméntese la tarifa de USD SO. 75 (setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América) más IVA, por concepto del servicio adicional denominado "Acuse de Recibo" para los servicios postales a nivel local y nacional

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS:

SCVS-INS-2018-0034 Déjese sin efecto las modificaciones al catálogo único de cuentas para las Compañías de Seguros y Reaseguros contenidas en la Resolución No. SCVS-INS-2017-0037 del 7 de diciembre del 2017

FE DE ERRATAS:

-             A la publicación de la Ordenanza de aplicación del tarifario para emisión de permisos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, para el control de los establecimientos comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de servicios y otros de orden

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económico que opere dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, efectuada en la Edición Especial del Registro Oficial 547 de 19 de septiembre de 2018

N° DM-2018-024

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que: "las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (...)”;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. ";

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público ";

Que el artículo 30 de la precitada Ley, en concordancia con los artículos 45, 46 y 47 de su Reglamento General, norma la declaratoria en comisión de servicios con remuneración al exterior de los servidores públicos;

Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051, con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: "Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a

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la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través del sistema informático para viajes al exterior de la Presidencia. (...)”;

Que mediante oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-0 de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: "(...) a todas las entidades que conforman la Administración Pública central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (...) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), a fin de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (...) ";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Decreto No. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: "Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público" (...) Artículo 15.- Viajes al exterior.- Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia.

La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior";

Que mediante oficio n° 10/2017/ ARIN/ DAF-IPHAN, el señor Leonardo Martins Prudente, Asesor de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura, Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, invitó a la señora Isabel Rohn, Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, "a participar como representante de Ecuador en la V Reunión del Comité Técnico e Patrimonio y Turismo de MERCOSUR (COMPAT) día 6 de noviembre

de 2017 y de la XV Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR-CPC, a realizarse en los días 8, 9 y 10 de noviembre, en la ciudad de Marceió (...) Informamos que el IPHAN cubrirá sus costos de viaje (boletos aéreos, hotel, transporte y alimentación en la ciudad de Marceió (...) Informamos que el IPHAN cubrirá sus costos de viaje (boletos aéreos, hotel, transporte y alimentación) para todo el conjunto de los eventos programados para el período del 6 al 11 de noviembre de 2017. ";

Que con memorando Nro. MCYP-SPC-17-0441-M, de 11 de octubre de 2017, la magíster Isabel Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, comunicó a la magister Lucía Pazmiño Castro, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, lo siguiente: 'En el marco de las actividades preparatorias para llevar a cabo la XI reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural de MERCOSUR-XV CPC (...) Brasil cubrirá los costos de viaje de un representante por país para participar en la semana de eventos en Marceió, Brasil del 6 al 11 de noviembre de 2017. ";

Que mediante "Informe Justificación", de 27 de octubre de 2017, la magister Isabel Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, señala: "(...) Objetivo de Encuentro: Aportar en el debate sobre la interplataforma UNASUR MERCOSUR sobre la categoría de patrimonio cultural, así como los temas de interés de los países partes sobre la protección y gestión del patrimonio cultural, así como los temas de interés de los países partes sobre la protección y gestión del patrimonio cultural. (...) Resultados esperados.- Posicionar el accionar referente al patrimonio cultural a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio en los organismos internacionales frente a los debates internacionales. Tomar contacto técnico y político para futuros intercambios de información, conocimiento y herramientas técnicas. "

Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-0318-2017, de 27 de diciembre de 2017, la Directora de Administración del Talento Humano, Encargada, señaló: "Análisis Técnico (...) La Mgs. Isabel Monserrat Rohn Bazurto. Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la página Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http:// viaje.administracionpublica.gob.ec/frame.php), adjunta la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.

La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada por la Mgs. Isabel Monserrat Rohn Barurto. que se detalla a continuación:

  1. Invitación al evento y/o requerimiento de viaje;
  2. Memorando Nro. MCYP-SPC-17-0441 -M;
  3. Itinerario del viaje;
  4. Detalle de la agenda a cumplir;

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  1. Informe de Justificación del viaje;
  2. Informe de Justificación de Ingreso Extemporáneo

Esta Dirección en base a los justificativos técnicos expuestos, procede a elaborar el informe técnico correspondiente, para lo cual se tomó en consideración la autorización del señor Ministro, a favor de la indicada funcionaría quien se trasladó a la Ciudad de Marceió-Brasil, a cumplir con las actividades programadas. (...) CONCLUSIONES: La Dirección de Administración de Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, emite informe técnico de validación para el ingreso del viaje de la Mgs. ISABEL MONSERRAT ROHN BAZURTO. Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, quien participó en la "XV Reunión De La Comisión De Patrimonio Cultural Del Mercosur-CPC", del 04 al 12 de noviembre de 2017 (incluido ida y retorno), (...) FINANCIAMIENTO: La Organizadora Anfitriona, asumió los gastos relacionados a transporte aéreo, alojamiento, alimentación y movilización durante los días de realización del evento. ":

Que mediante "Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Ingreso Extemporáneo" Nro. 59929 de 24 de enero de 2017, la señora Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, justificó el ingreso extemporáneo de viaje de la magister Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, a la Ciudad de Fortaleza-Brasil señalando lo siguiente: "(...) dado que Brasil remitió la documentación oficial recién el 1 de noviembre, se ingresó el 30 de octubre al Sistema de solicitudes de Viajes al exterior" documentos preliminares; sin embargo, ya fue considerado como extemporáneo, por lo que el trámite fue devuelto. En este sentido, se procederá a ingresar nuevamente al Sistema este informe que justifica el retraso en el ingreso del trámite. ";

Que con memorando Nro. MCYP-DATH-18-0068-M de 31 de enero de 2018, la Directora de Administración de Talento Humano, Encargada solicitó a la Coordinación General Jurídica, la revisión de la documentación y expedición de Acuerdo Ministerial de legalización de viaje al exterior de la funcionaria Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios con remuneración en el exterior entre los días 04 al 12 de noviembre de 2017, de la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, quien participó en la "XV Reunión De La Comisión De Patrimonio Cultural del Mercosur-XV CPC", en la ciudad de Fortaleza - Brasil.

Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Artículo 3.- Ordenar que, la funcionaria Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, presente un informe de misión con los resultados logrados al Despacho Ministerial de esta Institución.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 15 de febrero de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.-

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

N° DM-2018-032

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. ";

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación ";

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura establece: "Le corresponde al Ministerio de cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de

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Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias"

Que, el artículo 26 de la norma ibídem determina: "De los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. La entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes deberes y atribuciones: (...) f) Dictar la normativa, Reglamentos, instructivos, directrices y otros instrumentos de regulación y co9ntrol para las entidades organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura, para garantizar la calidad de los servicios culturales";

Que el artículo 145 de la Ley Orgánica de Cultura establece: "De la naturaleza jurídica de las Orquestas Sinfónicas. Las orquestas sinfónicas son entidades operativas desconcentradas con autonomía administrativa y financiera, adscritas al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, que funcionan bajo un mismo modelo de gestión, con iguales obligaciones y derechos".

Que el artículo 130 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura determina: 'Del Director Ejecutivo.-Es iapersona encargada de la operación administrativa de la orquesta y su representante legal, judicial y extrajudicial. Será designado según establece la ley y la normativa correspondiente.

Que el Ministerio de Cultura fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero del mismo año, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 1507, de 08 de mayo de 2013, cuya misión radica en fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que consta de la nota marginal inserta en la hoja de vida del señor Edgar Vinicio Peña Yagual, por el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, la disposición de elaborar el presente acuerdo.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación contenida en el Acuerdo Ministerial No. DM-2017-027, de 11 de julio de 2017; y agradecer a la señora María José Zurita, por la gestión realizada.

Artículo 2.- Designar al ingeniero Edgar Vinicio Peña Yagual, como Director Ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, quien actuará conforme a las atribuciones, funciones y competencias establecidas en la normativa legal.

Artículo 3.- Ordenar al delegado que se designa a través del presente acto, informe por escrito a este despacho con una periodicidad trimestral y cuando la autoridad lo solicite sobre las acciones cumplidas.

Artículo 4.- Encargar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, la notificación con el contenido del presente Acuerdo Ministerial a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y al delegado.

Artículo 5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 01 de marzo de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Nro. DM-2018-036

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 22, expresa: "Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría ";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ";

Que, el mismo cuerpo legal, en su artículo 377, establece: "El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la

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diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. ";

Que, son responsabilidades del Estado, de acuerdo al artículo 380 de la norma suprema, "(...) 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. (...)”;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el Registro Oficial No. 913 de 30 de diciembre de 2016, "Los derechos culturales serán garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las cuales implementarán las acciones de orden técnico, administrativo, financiero y legal correspondientes, de conformidad con la Ley. ";

Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley ibídem, las entidades, organismos e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la promoción y desarrollo de industrias culturales creativas;

Que, el artículo 23 de la citada Ley, señala que el Sistema Nacional de Cultura "Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales.";

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura establece: "Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias";

Que, la ley citada, en su artículo 110, establece: "De su naturaleza y líneas de financiamiento. Créase el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, de

conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, de carácter no reembolsable, a los creadores, productores y gestores culturales, de conformidad a la normativa que se emita para el efecto, buscando el fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad, con criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad. El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá las siguientes líneas de financiamiento: (...) c) Otras líneas de financiamiento que podrán ser establecidas por el ente rector de la cultura, destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio u otros, conforme a sus competencias;" (lo resaltado fuera del texto original);

Que mediante Resolución No. 68/237 "Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes" aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2013, se proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de establecer tres ejes temáticos que son: "reconocimiento, justicia y desarrollo";

Que el 18 de noviembre de 2014, con Resolución No. 69/16 las Naciones Unidas emite el "Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes", en el que se estableció: C. Objetivos del Decenio Internacional, (...) "El Decenio se centrará en los objetivos específicos siguientes: "(...)b) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades; (...)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 915, de 16 de febrero de 2016, el Presidente Constitucional declaró como política nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015-2024;

Que mediante Informe Técnico de Viabilidad, elaborado por el Especialista de la Subsecretaría de Emprendimientos Artes e Innovación, Carlos Arboleda López, revisado por la Directora de Gestión Pública de la Subsecretaría de Emprendimientos Artes e Innovación, Gabriela Montalvo Armas y aprobado por el Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, Gabriel Cisneros, se indicó: "(...) En vista de todo lo expuesto, se determina que el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICAS AFRO se alinea con los intereses institucionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cuanto a la puesta en valor del patrimonio intangible y actores culturales, estrategias de formación de públicos y a la gestión de las artes musicales. De igual manera, se alinea con el cumplimiento del objetivo específico b)del Decenio Afrodescendiente: Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades ", (...) Desde la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación se recomienda se solicite a quien corresponda la elaboración de un Acuerdo Ministerial con el objeto de: Declarar al Festival Internacional de Músicas Afro como emblemático

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y de ejecución prioritaria, con base en los acuerdos internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y Decreto Ejecutivo 915, sobre el Decenio Afrodescendiente. Encargar a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación la ejecución del mismo, con base en las competencias y atribuciones establecidas en el Art.25 de la Ley Orgánica de Cultura. Asignar los recursos necesarios para su ejecución, provenientes del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, basados en el Art.110 de la Ley Orgánica de Cultura ";

Que mediante memorando No. MCYP-SEAI-2018-0171-M de 26 de febrero de 2018, el Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, solicitó al señor Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, lo siguiente: "En atención a su petición verbal, con base en las competencias y atribuciones asignadas a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación y, enmarcado en el Decreto Ejecutivo N° 915, con fecha 16 de febrero de 2016, en el que se declara política nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con Resolución 68/237, me permito solicitar se designe a quien corresponda la elaboración de un Acuerdo Ministerial con el siguiente objeto: Declarar al Festival Internacional de Músicas Afro como emblemático y de ejecución prioritaria, con base en los acuerdos internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y Decreto Ejecutivo 915, sobre el Decenio Afrodescendiente. Encargar a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación la ejecución del mismo, con base en las competencias y atribuciones establecidas en el Art.25 de la Ley Orgánica de Cultura. Asignar los recursos necesarios para su ejecución, provenientes del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, basados en el Art.110 de la Ley Orgánica de Cultura. Envío adjunto el correspondiente Informe Técnico de Viabilidad;

Vista la nota marginal en el memorando No. No. MCYP-SEAI-2018-0171-M de 26 de febrero de 2018, en el que el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, indicó: "V/B ";

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias

Acuerda:

Artículo 1.-Declarar al "Festival Internacional de Músicas Afro" con carácter de INTERÉS CULTURAL NACIONAL, como política pública anclada al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015-2024; a través de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales; el incentivo de la libre creación, producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, lo que contribuye de manera efectiva a fomentar la interculturalidad de la nación.

Artículo 2.- Disponer a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación la implementación y ejecución del proyecto de Interés Cultural Nacional denominado "Festival Internacional de Músicas Afro".

Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, la elaboración de las bases técnicas para la Convocatoria Pública Nacional, para la operativización del Festival Internacional de Músicas Afro.

Artículo 4.- Disponer al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, la tramitación para la asignación de los recursos necesarios para la ejecución del Festival Internacional de Músicas Afro, provenientes del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, dentro de las competencias otorgadas a esta Cartera de Estado, dentro de la tercera línea de financiamiento determinadas en el Ley Orgánica de Cultura.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese de su ejecución al Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

Dado en el Despacho Ministerial, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 07 de marzo de 2018.

f.) Raúl Alfredo Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.-

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-040

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 22 de la Constitución de la República, establece que "/as personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría";

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que "fas ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (...) ";

Que el artículo 154 numeral 1 de la Norma Suprema, establece que: 'A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

8 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. ";

Que el artículo 377 de la precitada Norma dispone que "el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales (...) Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales";

Que el artículo 380 de la Constitución de la República, establece las responsabilidades del Estado respecto a la cultura, como parte del régimen del buen vivir; específicamente a "Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas (...) y Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.”;

Que el artículo 3 literal c de la Ley Orgánica de Cultura, expedida el veintisiete de diciembre de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 913, de 30 de diciembre de 2016, señala "Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de valor agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad de las identidades que la constituyen;";

Que el artículo 4 de la norma ibídem establece que la Diversidad Cultural: "Se concibe como el ejercicio de todas las personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas ";

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado(...)”;

Que el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 05, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del

ámbito cultural, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, conforme consta en el Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que en este año el Teatro Ensayo cumple 55 años de trayectoria ininterrumpida, conforme a la visión de llegar a todos los rincones del Ecuador y de generar nuevos públicos en torno a las obras de literatura ecuatoriana y mundial, las cuales han sido una tendencia de creación del teatro ensayo, se propuso desarrollar el "FESTIVAL TEATRO ENSAYO: MÁS DE MEDIO SIGLO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN. LOJA 2018";

Que el Festival "Teatro Ensayo, más de medio siglo de Creación y Difusión. Loja 2018" pretende celebrar la existencia y permanencia del Teatro Ensayo fundado en 1963 -1964, con la llegada del técnico de la UNESCO Fabio Paccioni, invitado por el creador y entonces presidente de la CCE Benjamín Carrión, quien hace 55 años ve nacer un movimiento teatral que se inicia a partir del grupo llamado Los Tzántzicos, constituido por jóvenes creadores y poetas que insurgen en la literatura nacional y que a su alrededor organizan cursos y talleres de formación teatral del que luego nacerá el reconocido Teatro Ensayo;

Que en 1966 sus integrantes pasan a conformar el Teatro Popular de carácter profesional así, los estudiantes de la escuela, acceden al Teatro Ensayo, que sobre lo manifestado, casi desde sus inicios cuenta con la dirección de Antonio Ordóñez;

Que desde hace cincuenta y cinco años Teatro Ensayo lleva una actividad ininterrumpida, teniendo alrededor de 105 obras producidas, que recorrieron y recorren el territorio ecuatoriano llegando a los lugares más escondidos;

Que en la larga trayectoria del Teatro Ensayo han sido integrantes doscientos ochenta actores y que dadas las características de la agrupación que ha sustentado sus prácticas en un trabajo eminentemente colectivo, la experiencia ha sido casi en todos los casos de una participación creativa con una gran aporte en todos y cada una de las cientos dos producciones;

Que en Informe Técnico de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación se determina que "Antonio Ordóñez es un baluarte dentro de la cultura ecuatoriana y de esta manera es necesario reconocer más de medio siglo de su carrera y que desde su primera obra junto al teatro Tzántzico: 'Réquiem por la lluvia', hasta su última, El demonio en el fondo de los ojos'. El actor ha demostrado su vocación por la poesía. Desde el momento en que Ordóñez fue director impulsó el funcionamiento del Teatro Ensayo en el Ecuador, continuando su actividad a pesar de las precarias condiciones de trabajo y, sobre todo, la falta de financiamiento, una constante que, a decir de él, se mantiene hasta estos tiempos. Y es la perseverancia del actor lo que hace memorable su obra";

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 9

Que con nota marginada inserta en el Memorando Nro. MCYP-SEAI-2018-0208-M de 7 de marzo de 2018, en mi calidad de Ministro de Cultura y Patrimonio solicité a la Coordinación General Jurídica la elaboración del presente instrumento;

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador.

Acuerda:

Artículo 1.- Reconocer la Trayectoria Cultural del Actor y Director Teatral Antonio Ordóñez y de Teatro Ensayo, por su más de medio siglo de carrera artística, por su importancia en el fomento y promoción de las artes escénicas dentro y fuera del Ecuador como un aporte constante para fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales .

Artículo 2.- El reconocimiento conferido no constituye el otorgamiento de beneficios o gratificación económica alguna.

Artículo 3.- Encárguese la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 16 de marzo de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. -

Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. 0113

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, vigente desde el 07 de julio de 2018, dispone: "Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior (...) ";

Que el segundo inciso del artículo 17 del Estatuto Régi­men jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: "Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello .sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delgado ";

Que la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;

Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;

Que a través del oficio Nro. MREMH-DSNU-2018-0530-O de 12 de septiembre de 2018, el Director del Sistema de Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pone en conocimiento que la Presidencia de la República ha confirmado la participación del señor Ministro de Economía y Finanzas al Debate General de la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas AGNU; y,

Que mediante memorando Nro. MEF-MINFIN-2018-0278-M de 20 de septiembre de 2018, el señor Ministro de Economía y Finanzas, comunicó al Coordinador General Administrativo Financiero que, en referencia al memorando Nro. MEF-MINFIN-2018-0276-M de 18 de septiembre de 2018, suscrito por la Coordinadora del Despacho, que cumplirá agenda de trabajo en las ciudades de Washington y Nueva York, Estados Unidos de Norte América, del 22 al 27 de septiembre de 2018, para asistir al Debate General de la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas AGNU, y adicionalmente se trasladará a la ciudad de Boston del 7

10 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

al 29 de septiembre de 2018, para sumarse a las actividades del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 17 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 82 del Código Orgánico Administrativo, 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del Reglamento General a la invocada Ley,

Acuerda:

Artículo. 1.- El magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, subrogará las funciones de Ministro de Economía y Finanzas del 23 al 29 de septiembre de 2018, inclusive.

Artículo 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 21 de septiembre de 2018.

f.) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.-

Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de Certificación y Documentación.- FECHA: 11 de octubre de 2018.- f.) Director de Certificación y Documentación, Ministerio de Economía y Finanzas.- 2 fojas.

No. SENESCYT, 2018-052

Augusto Barrera Guarderas

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 13 consagra: "El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria ";

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82, establece: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes";

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que: "Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación

e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. ";

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (...). Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación

(...)”;

Que la Constitución de la República en su artículo 350, establece que "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo ";

Que la Constitución de la República en su artículo 385, establece que "El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir";

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 dispone que: "La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (...)”;

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 11

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales "b)" y "j)" dispone: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;" y, "Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley. ";

Que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899, de 09 de diciembre de 2016, en su artículo 7, dispone que: "(...) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. En todo lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (...) ";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 28 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 de 1998, el Presidente de la República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro I del Código Civil;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536, de 18 de marzo de 2002, establece como parte de las atribuciones y deberes del Presidente de la República en su artículo 11 literal "kj": "Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las júndaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica (...) ";

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto de las Secretarías en su artículo innumerado, después del artículo 17-2., contempla que son: "Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Publica. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado. ";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 05 de agosto del 2013, publicado en el Registro Oficial 63 de 21 de agosto del 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de fecha 08 de octubre de 2013 se reforma el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que el "Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales" reformado y codificado, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, en su artículo 3 define a las organizaciones sociales como: "(...) el conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de fecha 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Adrián Augusto Barrera Guarderas como Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017, en su artículo 7 establece que: "Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento";

Que mediante Acuerdo No. 2016-060, de 06 de abril de 2016, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció la personalidad jurídica y aprobó el Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatoriano s-"EMPEC ";

Que mediante Acuerdo No. 2016-232, de 28 de diciembre de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 989 de 21 de abril de 2017, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expidió el Instructivo para la Aplicación de la Codificación y Reforma del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas;

Que mediante oficio s/n, suscrito por el señor Roberto Poveda Páez, en calidad de Secretario de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos-"EMPEC", ingresado con trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-6617-E, solicitó la aprobación de las reformas al Estatuto de la mencionada Asociación, conforme lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales

12 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

y Ciudadanas, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, normativa vigente a la fecha de la petición realizada; y,

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2018-0382-MI de 20 de junio de 2018, el Coordinador General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico favorable para que se aprueben las reformas al Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos - "EMPEC", y, después de observado el cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente a la fecha de petición del trámite, garantizado de esta manera el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, recomendó se disponga la elaboración del respectivo Acuerdo.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar las reformas al Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos- "EMPEC", las cuales fueron discutidas y aprobadas en sesión de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 07 de abril de 2017.

Artículo 2.- Disponer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017, la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos-"EMPEC", remita el proyecto de codificación del estatuto.

Artículo 3.- Disponer que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, registre en la base de datos a su cargo el presente Acuerdo con el que se reforma el Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos - "EMPEC".

Artículo 4.- Encargar a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la aprobación de la codificación de las reformas al Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos- "EMPEC".

Artículo 5.- Encargar a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la notificación del presente Acuerdo de aprobación de reformas al Estatuto de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos- "EMPEC".

Artículo 6.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte (20) días del mes de junio de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible.-Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

No. SENESCYT-2018-054

Adrián Augusto Barrera Guarderas

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación ";

Que el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de sus autoridad y establece para estas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la de "Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones ";

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 13

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 298, de 12 de Octubre del 2010, establece que: "La Secretarla Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las Instituciones del Sistema de Educación Superior (...) ";

Que el artículo 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899, de 09 de diciembre de 2016; establece que: "(...) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las Instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que Integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la Innovación. (...)”;

Que el artículo 8 del Código Ibídem, establece los deberes y atribuciones de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, SENESCYT;

Que la Ley Orgánica del Servicio Público confiere facultades y atribuciones a la máxima autoridad de la Institución, las mismas que pueden ser delegables;

Que el artículo 99 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536, de 18 de marzo de 2002, establece que: "Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior".

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 62, de 05 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 63, de 21 de agosto de 2013; el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, reformó el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que cambia de nombre a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 131, de 08 de octubre de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 105, de 21 de octubre del 2013; el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, reformó el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que cambia de nombre a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del

Ecuador, Lenin Moreno, designa al Dr. Augusto Barrera Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 76, de 11 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno, dicta las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, en las cuales, en su artículo 16, determina que: "La máxima autoridad de la entidad, o su delegado, autorizará la movilización Interna de los funcionarlos que se trasladan para cumplir con las funciones derivadas de su cargo o para asistir a reuniones de trabajo y/o eventos de capacitación deberá estar plenamente justificada. Se preferirá el uso de herramientas Informáticas como vídeo conferencias en el caso que la situación lo amerite ";

Que el literal a) del artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 372, de 24 de septiembre de 2015, establece que será responsabilidad de la Coordinación de Gestión de la Información: "Administrar el Sistema de Información de Educación Superior del Ecuador y el Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del país ";

Que el artículo 16.1 del Acuerdo No. 2015-006, de fecha 23 de enero del 2015, establece que: "La activación electrónica de las credenciales se realizará a través de la recepción de un link de activación al correo Institucional del usuario autorizado. Dicho link permitirá al usuario autorizado, Ingresar su clave de acceso y activarla, creando su propia contraseña y aceptando un acuerdo de responsabilidad y confidencialidad electrónico sobre el manejo de las credenciales de acceso al SNIESE ";

Que el numeral 1 del artículo 10 del Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de fecha 24 de noviembre del 2017, estipula que es atribución de la Coordinación de Gestión de la Información: "Suscribir en unidad de acto las actas de entrega-recepción de los usuarios y claves en forma personal, solicitadas por las Instituciones de educación superior, y hacer entrega de las mismas ";

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGI-2018-0278-M, de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por el Coordinador de Gestión de la información, se solicitó la reforma del artículo 10 del Acuerdo No. SENESCYT-2017-246 para permitir viabilizar el uso seguro y eficiente de las credenciales de acceso al Sistema SNIESE;

Que con fecha 02 de julio de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica emitió informe jurídico en el que considera pertinente la reforma del numeral 1 del artículo 10 del Acuerdo No. SENESCYT-2017-246; y,

Que según la nueva estructura operativa asignada, por el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

14 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

de esta Cartera de Estado, a la Coordinación de Gestión de la Información se determina que existe una imposibilidad física, por parte de funcionarios públicos, para suscribir las actas de entrega - recepción de manera personal debido a que resultaría en un desplazamiento a lo largo del territorio nacional, significando considerables gastos financieros para la institución; y, que es necesario armonizar la normativa interna institucional a los presupuestos establecidos en las de Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, publicadas mediante Decreto Ejecutivo No. 135, fecha 11 de septiembre de 2017.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:

Acuerda:

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL

ACUERDO NRO. SENESCYT-2017-246, DE 24 DE

NOVIEMBRE DE 2017

Artículo Único.- Sustitúyase el numeral 1 del artículo 10 por el siguiente:

"Suscribir las actas de entrega-recepción de los usuarios, solicitadas por las instituciones de educación superior, y hacer entrega de las mismas ".

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encárguese a la Coordinación de Gestión de la Información de esta Cartera de Estado, de la ejecución del presente Acuerdo.

Segunda.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la notificación y la correspondiente publicación del presente Acuerdo.

Tercera.- Notifíquese con el presente Acuerdo a la Coordinación de Gestión de la Información.

Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos (02) días del mes de julio de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f) Ilegible.-Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

No. SENESCYT, 2018-057

Adrián Augusto Barrera Guarderas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que la Constitución de la República en el artículo 66, numeral 13 consagra: "El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria";

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82, establece: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes";

Que la Constitución de la República en su artículo 154, numeral uno, dispone que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. ";

Que la Constitución de la República en su artículo 226, dispone que "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución ";

Que la Constitución de la República, respecto a la administración pública, en su artículo 227, dispone que "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que la Constitución de la República en su artículo 350, establece que "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo ";

Que la Constitución de la República en su artículo 385, establece que "E7 sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir";

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 15

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 dispone que: "La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. [...]"',

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 literales "b)" y "j)" dispone: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia;" y, "Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva y la presente Ley. ";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 28 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 de 1998, el Presidente de la República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro I del Código Civil;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536, de 18 de marzo de 2002, establece como parte de las atribuciones y deberes del Presidente de la República en su artículo 11 literal "]&)": "Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica [...]";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 05 de agosto del 2013, publicado en el Registro Oficial 63 de 21 de agosto del 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de fecha 08 de octubre de 2013 se reforma el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que el "Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 16 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 739 publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, en su artículo 3 define a las organizaciones sociales como: "[...] el conjunto deformas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos";

Que el "Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y ciudadanas" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 16 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 739 publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, en su el artículo 8 establece que: "Las instituciones competentes del Estado para otorgar la personalidad jurídica de las organizaciones sociales sinfines de lucro, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento ";

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de fecha 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, designó a Adrián Augusto Barrera Guarderas como Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que el "Reglamento para el Otorgamiento de Persona­lidad Jurídica a las Organizaciones Sociales" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, deroga expresamente el Decreto Ejecutivo No. 16 de 4 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 del 20 de los mismos mes y año, y el Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto de 2015, publicado en el Registro Oficial 570 de 21 de agosto de 2015 ; así como toda norma de igual o inferior jerarquía que se oponga al mismo;

Que mediante oficio s/n de 12 de junio de 2017, ingresado a través de trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-7315-E, el señor Josué Sotomayor Pazmiño en calidad de en calidad de Presidente Provisional de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil, solicitó a esta Cartera de Estado el reconocimiento de la personalidad jurídica y la aprobación del estatuto de la mencionada corporación, al amparo de lo contenido en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y ciudadanas" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 16 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 739 publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, normativa vigente a la fecha de la petición realizada;

Que mediante oficios No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2017-0166-O de 20 de junio de 2017 y SENESCYT-CGAJ-DAJ-2017-0252-O de 07 de noviembre de 2017 la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado solicitó realizar correcciones a la documentación presentada a fin de continuar con el trámite de concesión de personalidad jurídica a la corporación en mención;

Que mediante oficio s/n, ingresado a través de trámite No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-18828-E de 26 de diciembre de 2017, la señorita Emily Johanny Vera Aguiño ingresó a manera de alcance documentación de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil, entre la cual se encuentra el Estatuto corregido de la organización;

16 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0010-M de 08 de enero de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó a la Subsecretaría General de Educación Superior y a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, emitir un informe técnico que permita determinar si el ámbito de acción, los objetivos y fines de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil se encuentran enmarcados en el ámbito de atribuciones de las mismas;

Que mediante Informe Técnico No. 1006-ITJ-01-01-2018 de 21 de junio de 2018, remitido mediante memorando No. SENESCYT-SFA-DFAP-2018-0079-M de 21 de junio de 2018, la Subsecretaría de Formación Académica de Posgrado sostiene que: "(...) se concluye que los fines y objetivos de la "Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil" se encuentran enmarcados en el ámbito de atribuciones de la Subsecretaría General de Educación Superior";

Que mediante Informe Técnico No. SDIC-2017-490-CT, de 08 de enero de 2018 recibido en esta dirección el 01 de marzo de 2018, y remitido mediante memorando No. SENESCYT-SGCT-2018-0092-MI de 02 de febrero de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica concluye que "(...) los fines y objetivos de la "Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil", no se enmarcan en las políticas de esta Subsecretaría (...) "; y,

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2018-0411-MI de 05 de julio de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, emitió el Informe Jurídico Favorable para la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil y, después de observado el cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente a la fecha de petición del trámite, garantizado de esta manera el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, recomendó se disponga la elaboración del respectivo Acuerdo.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 del "Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar la personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro a la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil "AEIC", entidad que tendrá su domicilio en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito; y que se regirá por las disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil ecuatoriano, el "Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de

23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, su Estatuto y los reglamentos internos que se pudieran dictar para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil sin modificación alguna.

Artículo 3.- Disponer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 "Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales" expedido a través del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, dentro del plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, se remita a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la nómina del órgano directivo conforme al periodo establecido en su Estatuto y la dirección donde la organización realizará sus actividades, para su respectivo registro.

Artículo 4.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil, a las siguientes personas:

1.

ANGEL JOSUE SOTOMAYOR PAZMIÑO

0706114253

2.

EMILY JOHANNY VERA AGUIÑO

0954546933

3.

KLEBER JAVIER ORDOÑEZ VELECELA

0923761266

4.

DIANA YOMIRA MEJIA HERRERA

0950524942

5.

ERICK FABIAN MORAN SELLAN

0951669613

6.

FRANK DARWIN GUACHO QUIROZ

0952267268

7.

NADDY ELIZABETH NICOLA AURIA

0941234155

8.

JOSE ALEXIS PITA PITA

0952033892

9.

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALVARADO

0929044956

10.

NINIBETH CAROLINA BUSTAMANTE LOZANO

1726137886

11.

ANDREA MARIA GUIRACOCHA LANDETTA

0926800764

Artículo 5.- Disponer que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, registre en la base de datos a su cargo el presente Acuerdo con el que inicia la existencia legal de la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil.

Artículo 6.- Notifíquese el presente Acuerdo de aprobación del Estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica a la Asociación Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil.

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 17

 

Artículo 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los cinco (05) días del mes de Julio de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Adrián Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. -COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible.-Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

No. SENESCYT, 2018-058

Adrián Augusto Barrera Guarderas

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Considerando:

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (...). Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. ";

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, establece que: "La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de

educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior";

Que el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899, de 09 de diciembre de 2016; establece que la Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales: "(...) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (...) La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (...) Adicionalmente contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. (...)”;

Que el primer inciso del artículo 597 ibídem; establece que: "Las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales serán susceptibles de impugnación conforme los recursos administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento jurídico. Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. (...) En sede administrativa los recursos serán tramitados ante un cuerpo colegiado especializado que formará parte de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, las atribuciones y organización de este órgano se hará de conformidad con lo previsto en el respectivo reglamento. ";

Que el artículo 2 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1432 de 23 de mayo de 2017, publicado mediante Suplemento del Registro Oficial No. 9 de 7 de junio de 2017 y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018,n publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, establece que: "El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), organismo técnico, gestor del conocimiento, adscrito a la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, contará en su estructura interna con al menos los siguientes órganos: (...) 6. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. (...)”;

 

18 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el señor Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al Dr. Adrián Augusto Barrera Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356, de 3 de abril de 2018, publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 224, de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 356 de

3              de abril de 2018, dispone que: "El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, contará con al menos seis miembros, de libre nombramiento y remoción, titulares y sus suplentes, que serán designados de la siguiente manera: a) Tres miembros y sus suplentes designados por el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, b) Tres miembros y sus suplentes designados por el titular del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Para la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos que son de su competencia, se conformará mediante sorteo un tribunal de tres miembros para cada caso. ";

Que el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, dispone que: "Para ser designado miembro del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, se requerirá: a) Tener título de abogado, legalmente reconocido y registrado en el país; y, b) Haber ejercido la profesión o la docencia universitaria en áreas afines con la gestión de los conocimientos o derechos intelectuales, durante al menos

4 años.";

Que mediante Resolución No. 002-2018-DG-NT-SENADI, de 13 de julio de 2018, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), expidió en base a sus atribuciones el Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencia s del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;

Que mediante Resolución No. 007-2018-DG-NT-SENADI, de 19 de julio de 2018, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), designó a los miembros principales y suplentes que conformarán el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales electos por la mencionada Cartera de Estado;

Que mediante memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2018-0102-MI, de 19 de julio de 2018, se solicitó la elaboración del respectivo Acuerdo para la designación de los miembros principales y alternos elegidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que conformarán el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales;

Que con fecha 19 de julio de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emitió informe jurídico en el cual considera pertinente la emisión del Acuerdo para la designación, por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de los miembros que conformarán el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior y el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 356 de 03 de abril de 2018.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar como miembros del Órgano Colegiado de los Derechos Intelectuales, por pare de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a las siguientes personas:

En calidad de miembros principales:

1.- Glenda Patricia Andrade Baroja

2.- Verónica Vanesa Saltos Cisneros

3.- Luis Ernesto Vergara Dueñas

En calidad de miembros suplentes:

1.- Luisa Sujey Torres Armendáriz

2.- Susana Jamileth Vásquez Zambrano

3.- Angela Cristina González Camacho

Artículo 2.- Los miembros del Órgano Colegiado de los Derechos Intelectuales tendrán las atribuciones y responsabilidades constantes en la Ley y en el Decreto Ejecutivo de creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Artículo 3.- Disponer, que en virtud de lo expresado en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo No. 356 de 03 de abril de 2018, publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, de que existe disponibilidad presupuestaria, y con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos que presta el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, hasta que se culminen las gestiones relativas a la creación e implementación de los puestos de los miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, las partidas presupuestarias de los vocales del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales sean ocupadas por las personas designadas como miembros principales en el artículo 1 del presente Acuerdo.

Artículo 4.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la Presidencia de la República del Ecuador, al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y a los miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales designados en este Acuerdo.

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 19

Artículo 4.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado, la respectiva notificación del presente Acuerdo.

Artículo 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2018.

Notifíquese y publíquese.

f.) Adrián Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación

Fe de Erratas

En el Acuerdo No. SENESCYT, 2018-058, de 19 de julio de 2018, consta un error en el artículo 1, en el nombre de un miembro suplente, en donde consta: "(...) 2.- Susana Jamileth Vásquez Zambrano.", siendo lo correcto: "2.-Jamileth Susana Vázquez Zambrano".

Quito, 26 de julio de 2018.

f.) Dr. Galo Torres Gallegos, Coordinador General de Asesoría Jurídica.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- 05 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible.-Fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Coordinación.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN

DEL COMERCIO ILÍCITO DE

PRODUCTOS DE TABACO

Preámbulo

Las Partes en el presente Protocolo,

Considerando que el 21 de mayo de 2003, la 56.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó por consenso el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que entró en vigor el 27 de febrero de 2005;

Reconociendo que el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es uno de los tratados de las Naciones Unidas que más rápidamente ha sido ratificado y es un instrumento fundamental para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud;

Recordando el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en el que se afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social;

Decididas asimismo a priorizar su derecho a proteger la salud pública;

Profundamente preocupadas por el hecho de que el comercio ilícito de productos de tabaco contribuye a propagar la epidemia de tabaquismo, que es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública, y exige respuestas eficaces, adecuadas e integrales, nacionales e internacionales;

Reconociendo además que el comercio ilícito de productos de tabaco socava las medidas relacionadas con los precios y las medidas fiscales concebidas para reforzar la lucha antitabáquica y, por consiguiente, aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco;

Seriamente preocupadas por los efectos adversos que el aumento de la accesibilidad y la asequibilidad de los productos de tabaco objeto de comercio ilícito tienen en la salud pública y el bienestar, en particular de los jóvenes, los pobres y otros grupos vulnerables;

Profundamente preocupadas por las desproporcionadas consecuencias económicas y sociales que tiene el comercio ilícito de productos de tabaco en los países en desarrollo y los países con economías en transición;

Conscientes de la necesidad de desarrollar capacidad científica, técnica e institucional que permita planificar y aplicar medidas nacionales, regionales e internacionales adecuadas para eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco;

Reconociendo que el acceso a los recursos y las tecnologías pertinentes es de suma importancia para mejorar la capacidad de las Partes, en particular de los países en desarrollo y los países con economías en transición, para eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco;

Reconociendo también que las zonas francas, si bien son creadas para facilitar el comercio legal, se han utilizado para facilitar la globalización del comercio ilícito de productos de tabaco, tanto en relación con el tránsito ilícito de productos objeto de contrabando como en la fabricación de productos de tabaco ilícitos;

Reconociendo asimismo que el comercio ilícito de productos de tabaco debilita a las economías de las Partes y afecta negativamente a su estabilidad y seguridad;

Conscientes también de que el comercio ilícito de productos de tabaco genera beneficios financieros que se utilizan para financiar una actividad delictiva transnacional que interfiere en los objetivos de los gobiernos;

20 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Reconociendo que el comercio ilícito de productos de tabaco debilita la consecución de los objetivos sanitarios, supone una carga adicional para los sistemas de salud y ocasiona a la economía de las Partes una merma de sus ingresos;

Teniendo en cuenta el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en el que las Partes convienen en que, a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional;

Subrayando la necesidad de estar alerta ante cualquier intento de la industria del tabaco para socavar o desvirtuar las estrategias destinadas a combatir el comercio ilícito de productos de tabaco, así como la necesidad de estar informadas de las actuaciones de la industria tabacalera en perjuicio de esas estrategias;

Conscientes de que el artículo 6.2 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco alienta a las Partes a que prohíban o restrinjan, según proceda, la venta y/o la importación por los viajeros internacionales de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana;

Reconociendo además que el tabaco y los productos de tabaco en tránsito internacional o trasbordo encuentran vías para llegar al comercio ilícito;

Teniendo en cuenta que una acción eficaz para prevenir y combatir el comercio ilícito de productos de tabaco requiere un enfoque internacional integral de todos los aspectos de ese comercio, y una estrecha cooperación al respecto, en particular, cuando proceda, el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación;

Recordando y poniendo de relieve la importancia de otros acuerdos internacionales pertinentes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia ,Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, así como las obligaciones que las Partes en esas convenciones tienen de aplicar cuando proceda las disposiciones pertinentes de estas al comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación, y alentando a las Partes que aún no hayan pasado a ser Partes en esos acuerdos a que consideren la conveniencia de hacerlo.;

Reconociendo la necesidad de una mayor cooperación entre la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de Aduanas y otros organismos, según proceda;

Recordando el artículo 15 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en el que las Partes reconocen, entre otras cosas, que la eliminación de todas las formas

 

de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando y la fabricación ilícita, es un componente esencial del control del tabaco;

Teniendo en cuenta que el presente Protocolo no pretende abordar cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, y

Convencidas de que complementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco con un protocolo detallado será un medio poderoso y eficaz de contrarrestar el comercio ilícito de productos de tabaco y sus graves consecuencias,

Convienen en lo siguiente:

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

Artículo 1

Términos empleados

  1. Por «intermediación» se entiende la actuación corno agente para terceros, por ejemplo en la negociación de contratos, compras o ventas a cambio de unos honorarios o una comisión.
  2. Por «cigarrillo» se entiende un cilindro de tabaco picado para fumar, envuelto en papel destinado para ese fin. Se excluyen productos regionales concretos como bidis, anghoon y otros similares que pueden envolverse en papel u hojas. A los efectos del artículo 8, la definición también comprende los cigarrillos hechos con picadura fina liados por el propio fumador.
  3. Por «decomiso», término que abarca la confiscación, cuando proceda, se entiende la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.
  4. Por «entrega vigilada» se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de estos.
  5. Por «zona franca» se entiende una parte del territorio de una Parte en el que las mercancías allí introducidas se consideran generalmente corno si no estuviesen dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los derechos y los impuestos a la importación.

 

  1. Por «comercio ilícito» se entiende toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad.
  2. Por «licencia» se entiende el permiso otorgado por la autoridad competente tras la presentación de la preceptiva solicitud u otro documento a esa autoridad.

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8.    a) Por «equipo de fabricación» se entiende la maquinaria destinada a ser usada, o adaptada, únicamente para fabricar productos de tabaco y que es parte integrante del proceso de fabricación.1

b) En el contexto del equipo de fabricación, «sus partes» significa toda parte identificable que sea específica del equipo de fabricación utilizado en la fabricación de productos de tabaco.

9.             Por «Parte» se entiende, a menos que el contexto indique otra cosa, una Parte en el presente Protocolo.

  1. Por «datos personales» se entiende toda información relativa a una persona física identificada o identificable.
  2. Por «organización de integración económica regional» se entiende una organización integrada por varios Estados soberanos a la que sus Estados Miembros han traspasado competencia respecto de una diversidad de asuntos, inclusive la facultad de adoptar decisiones vinculantes para sus Estados Miembros en relación con dichos asuntos.2

12. La «cadena de suministro» abarca la elaboración de productos de tabaco y equipo de fabricación y la importación o exportación de productos de tabaco y equipo de fabricación; si es pertinente, una Parte podrá decidir ampliar la definición para incluir una o varias de las actividades mencionadas a continuación:

  1. venta al por menor de productos de tabaco;
  2. cultivo comercial de tabaco, excepto por 10 que respecta a los cultivadores, agricultores y productores tradicionales en pequeña escala;
  3. transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco o equipo de fabricación, y
  4. venta al por mayor, intermediación, almacena­miento o distribución de tabaco y de productos de tabaco o equipo de fabricación.

13. Por «productos de tabaco» se entienden los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé.

14. Por «seguimiento y localización» se entiende la vigilancia sistemática y recreación, por las autoridades competentes o cualquier otra persona que actúe en su nombre, de la ruta o la circulación de los ítems a lo largo de la cadena de suministro, tal como se indica en el artículo 8.

1     Siempre que sea posible, las Partes podrán incluir una referencia al Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas.

2     Cuando proceda, nacional o interno se referirá igualmente a las organizaciones de integración económica regional.

Artículo 2

Relación entre este Protocolo y otros acuerdos e instrumentos jurídicos

  1. Las disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que se aplican a sus protocolos se aplicarán al presente Protocolo.
  2. Las Partes que hayan concertado algún tipo de acuerdo como los mencionados en el artículo 2 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco notificarán esos acuerdos a la Reunión de las Partes por conducto de la Secretaría del Convenio.
  3. Nada de lo dispuesto en este Protocolo afectará a los derechos y las obligaciones de una Parte dimanantes de cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional en vigor para dicha Parte que esta considere más favorable para conseguir la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.
  4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de las Partes con arreglo al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Artículo 3

Objetivo

El objetivo del presente Protocolo es eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, de conformidad con los términos del artículo 15 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

PARTE II: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 4

Obligaciones generales

1. Además de observar las disposiciones contenidas en el artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, las Partes deberán:

  1. adoptar y aplicar medidas eficaces para controlar o regular la cadena de suministro de los artículos a los que se aplique el presente Protocolo a fin de prevenir, desalentar, detectar, investigar y perseguir el comercio ilícito de dichos artículos, y deberán cooperar entre sí con esta finalidad;
  2. tomar todas las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para potenciar la eficacia de las autoridades y los servicios competentes, incluidos los de aduana y policía, encargados de prevenir, desalentar, detectar, investigar, perseguir y eliminar todas las formas de comercio ilícito de los artículos a que se refiere el presete Protocolo;

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  1. adoptar medidas eficaces para facilitar u obtener la asistencia técnica y el apoyo financiero así como el fortalecimiento de la capacidad y la cooperación internacional necesarios para alcanzar los objetivos del presente Protocolo, y velar por que las autoridades competentes tengan a su disposición e intercambien de forma segura la información a que se refiere el presente Protocolo;
  2. cooperar estrechamente entre sí, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídico y administrativo, para potenciar la eficacia de las medidas relativas al cumplimiento de la ley destinadas a combatir las conductas ilícitas, incluidos delitos penales, tipificadas como tales de acuerdo con el artículo 14 de este Protocolo;
  3. cooperar y comunicarse, según proceda, con las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes por lo que respecta al intercambio seguro3 de la información a que se refiere el presente Protocolo con la finalidad de promover su efectiva aplicación, y

j) cooperar, con arreglo a los medios y recursos de que dispongan, a fin de obtener los recursos financieros necesarios para aplicar efectivamente el presente Protocolo mediante mecanismos de financiación bilaterales y multilaterales.

2. En el cumplimiento de las obligaciones que han asumido en virtud del presente Protocolo, las Partes velarán por la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera.

Artículo 5

Protección de datos personales

Al aplicar el presente Protocolo, las Partes protegerán los datos personales de los particulares, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, con arreglo al derecho interno y tomando en consideración las normas internacionales sobre protección de datos personales.

PARTE III: CONTROL DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Artículo 6

Licencias, sistemas equivalentes de aprobación o control

1. Para lograr los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco y equipo de fabricación,

3     El intercambio seguro de información entre dos Partes es resistente a la intercepción y la falsificación. Dicho de otro modo, la información que intercambian dos Partes no puede ser leída ni modificada por otra Parte.

cada Parte prohibirá la realización de cualquiera de las actividades siguientes por una persona física o jurídica, a menos que haya sido otorgada una licencia o una autorización equivalente (en adelante «licencia»), o haya sido establecido un sistema de control, por la autoridad competente de conformidad con la legislación nacional:

  1. elaboración de productos de tabaco y equipo de fabricación, y
  2. importación o exportación de productos de tabaco y equipo de fabricación.

2.             Cada Parte procurará que se conceda una licencia, en la medida que considere apropiado, y cuando las actividades siguientes no estén prohibidas por la legislación nacional, a cualquier persona física o jurídica que se dedique a 10 siguiente:

  1. venta al por menor de productos de tabaco;
  2. cultivo comercial de tabaco, excepto por lo que respecta a los cultivadores, agricultores y productores tradicionales en pequeña escala;
  3. transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco o equipo de fabricación, y
  4. venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o distribución de tabaco y de productos de tabaco o equipo de fabricación.

3.             A fin de contar con un sistema eficaz de concesión de licencias, cada Parte deberá:

  1. establecer o designar una o varias autoridades competentes encargadas de expedir, renovar, suspender, revocar y/o cancelar las licencias, con arreglo a las disposiciones del presente Protocolo y de conformidad con su legislación nacional, para realizar las actividades enumeradas en el párrafo 1;
  2. exigir que las solicitudes de licencia contengan toda la información preceptiva acerca del solicitante, que deberá comprender, siempre que proceda:

i)    si el solicitante es una persona física, información relativa a su identidad, incluidos los datos siguientes: nombre completo, razón social, número de inscripción en el registro mercantil (si lo hubiere), número de registro fiscal pertinente (si lo hubiere) y cualquier otra información útil para la identificación;

ii) si el solicitante es una persona jurídica, información relativa a su identidad, incluidos los datos siguientes: nombre legal completo, razón social, número de inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de constitución, sede social y domicilio comercial principal, número de registro fiscal pertinente, copia de la escritura de constitución o documento equivalente, sus filiales comerciales, nombre

 

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de sus directores y de los representantes legales que se hubieren designado, incluida cualquier otra información útil para la identificación;

iii) domicilio social exacto de la unidad o las unidades de fabricación, localización de los almacenes y capacidad de producción de la empresa dirigida por el solicitante;

iv) datos sobre los productos de tabaco y el equipo de fabricación a los que se refiera la solicitud, tales como descripción del producto, nombre, marca registrada, si la hubiere, diseño, marca, modelo o tipo, y número de serie del equipo de fabricación;

v) descripción del lugar en que se instalará y utilizará el equipo de fabricación;

vi) documentación o declaración relativa a todo antecedente penal;

vii) identificación completa de las cuentas bancarias que se tenga intención de utilizar en las transacciones pertinentes y otros datos de pago pertinentes, y

viii) indicación del uso y del mercado de venta a que se destinen los productos de tabaco, prestando particular atención a que la producción o la oferta de productos de tabaco guarde proporción con la demanda razonablemente prevista;

  1. vigilar; y recaudar, cuando proceda, las tasas que se fijen en concepto de licencias y considerar la posibilidad de utilizarlas en la administración y aplicación eficaces del sistema de concesión de licencias, o con fines de salud pública o en cualquier otra actividad conexa, de conformidad con la legislación nacional;
  2. tomar medidas apropiadas para prevenir, detectar e investigar toda práctica irregular o fraudulenta en el funcionamiento del sistema de concesión de licencias;
  3. adoptar medidas tales como el examen periódico, la renovación, la inspección o la fiscalización de las licencias cuando proceda;

j) establecer, cuando proceda, un plazo para la expiración de las licencias y la preceptiva reno­vación ulterior de la solicitud o la actualización de la información de la solicitud;

g)   obligar a toda persona física o jurídica titular de una licencia a notificar por adelantado a la autoridad competente todo cambio de su domicilio social o todo cambio sustancial de la información relativa a las actividades previstas en la licencia;

h) obligar a toda persona física o jurídica titular de una licencia a notificar a la autoridad competente, para que adopte las medidas apropiadas, toda adquisición o eliminación de equipo de fabricación,

y

i) asegurarse de que la destrucción de ese equipo, o de sus partes, se lleve a cabo bajo la supervisión de la autoridad competente.

  1. Cada Parte se asegurará de que no se otorgue ni se transfiera una licencia sin que se haya recibido del solicitante la información apropiada que se especifica en el párrafo 3 y sin la aprobación previa de la autoridad competente.
  2. A los cinco años de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Reunión de las Partes se asegurará en su siguiente periodo de sesiones de que se lleven a cabo investigaciones basadas en la evidencia para determinar si existen insumos básicos fundamentales para la elaboración de productos de tabaco que puedan ser identificados y sometidos a un mecanismo de control eficaz. Basándose en esas investigaciones, la Reunión de las Partes estudiará las medidas oportunas.

Artículo 7

Diligencia debida

1.              Cada Parte, de conformidad con su legislación nacional y con los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, requerirá lo siguiente de toda persona física o jurídica que participe en la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación:

  1. que apliquen el principio de diligencia debida antes del inicio de una relación comercial y durante la misma;
  2. que vigilen las ventas de sus clientes para asegurase de que las cantidades guardan proporción con la demanda de esos productos en el mercado de venta o uso al que estén destinados, y
  3. que notifiquen a las autoridades competentes cualquier indicio de que el cliente realice actividades que contravengan las obligaciones dimanantes del presente Protocolo.

2.             La diligencia debida conforme al párrafo 1, según proceda y de conformidad con su legislación nacional y con los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, comprenderá entre otras cosas exigencias referentes a la identificación del cliente, como la de obtener y actualizar información relativa a lo siguiente:

a)   verificación de que la persona física o jurídica esté en posesión de una licencia de conformidad con el artículo 6;24 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

  1. si el cliente es una persona física, información relativa a su identidad, incluidos los datos siguientes: nombre completo, razón social, número de inscripción en el registro mercantil (si 10 hubiere) y número de registro fiscal pertinente (si hubiere lugar), así como la verificación de su identificación oficial;
  2. si el cliente es una persona jurídica, información relativa a su identidad, incluidos los datos siguientes: nombre completo, razón social, número de inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de constitución, domicilio de la sede social y domicilio comercial principal, número de registro fiscal pertinente, copia de la escritura de constitución o documento equivalente, sus filiales comerciales, y nombre de sus directores y de cualquier representante legal que se hubiera designado, incluidos el nombre de los representantes y la verificación de su identificación oficial;
  3. descripción del uso y el mercado de venta al que estén destinados el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación, y
  4. descripción del lugar en el que será instalado y utilizado el equipo de fabricación.

3. La diligencia debida conforme al párrafo 1 podrá comprender exigencias referentes a la identificación del cliente, como la de obtener y actualizar información relativa a lo siguiente:

  1. documentación o una declaración sobre los antecedentes penales, y
  2. identificación de las cuentas bancarias que se tenga intención de utilizar en las transacciones.

4. Cada Parte, sobre la base de la información proporcionada en el subpárrafo (c) del párrafo 1, adoptará todas las medidas necesarias para que se cumplan las obligaciones dimanantes del presente Protocolo, que pueden comprenderla exclusión de un cliente dentro de la jurisdicción de la Parte, según se defina en la legislación nacional.

Artículo 8

Seguimiento y localización

1. Con objeto de mejorar la seguridad de la cadena de suministro y ayudar en la investigación del comercio ilícito de productos de tabaco, las Partes convienen en establecer dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor un régimen mundial de seguimiento y localización que comprenda sistemas nacionales y/o regionales de seguimiento y localización y un centro mundial de intercambio de información adscrito a la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y accesible a todas las Partes, que permita a éstas hacer indagaciones y recibir información pertinente.

 

  1. Cada Parte, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, establecerá bajo su control un sistema de seguimiento y localización de todos los productos de tabaco que se fabriquen o importen en su territorio, teniendo en cuenta sus propias necesidades nacionales o regionales específicas y las mejores prácticas disponibles.
  2. Con miras a posibilitar un seguimiento y una localización eficaces, cada Parte exigirá que determinadas marcas de identificación únicas, seguras e indelebles, como códigos o estampillas, (en adelante denominadas marcas de identificación específicas) se estampen o incorporen en todos los paquetes y envases y cualquier embalaje externo de cigarrillos en un plazo de cinco años, y que se haga lo mismo con otros productos de tabaco en un plazo de 10 años, ambos plazos contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo para esa Parte.

4.1            Para los fines del párrafo 3 y en el marco del régimen mundial de seguimiento y localización, cada Parte exigirá que la información siguiente esté disponible, de forma directa o mediante un enlace, a fin de ayudar a las Partes a determinar el origen de los productos de tabaco y el punto de desviación cuando proceda, así como a vigilar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su situación legal:

  1. fecha y lugar de fabricación;
  2. instalación de fabricación;
  3. máquina utilizada para la elaboración de los productos de tabaco;
  4. turno de producción o momento de la fabricación;
  5. nombre, número de factura/pedido y comprobante de pago del primer cliente no vinculado al fabricante;
  6. mercado previsto para la venta al por menor;
  7. descripción del producto;

h) todo almacenamiento y envío;

i) identidad de todo comprador ulterior conocido, y

j) ruta prevista, fecha y destino del envío, punto de partida y consignatario.

  1. La información a que se refieren los apartados a), b), g) y, cuando se disponga de ella, f) formará parte de las marcas de identificación específicas.
  2. Cuando en el momento del marcado no se disponga de la información referida en el apartado f), las Partes exigirán la inclusión de esa información de conformidad con el párrafo 2 (a) del artículo 15 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

5. Cada Parte exigirá, dentro del plazo fijado en el presente artículo, que la información a que se refiere el párrafo 4

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quede registrada en el momento de la producción o en el momento del primer envío por cualquier fabricante o en el momento de la importación en su territorio.

  1. Cada Parte se asegurará de que la información registrada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 sea accesible para dicha Parte mediante un enlace a las marcas de identificación específicas exigidas conforme a los párrafos 3 y 4.
  2. Cada Parte se asegurará de que la información registrada de conformidad con el párrafo 5, así como las marcas de identificación específicas que permitan que esa información sea accesible conforme a lo dispuesto en el párrafo 6, queden consignadas en un formato establecido o autorizado por esa Parte y por sus autoridades competentes.
  3. Cada Parte se asegurará de que la información registrada de conformidad con el párrafo 5 sea accesible para el centro mundial de intercambio de información cuando se le solicite, con sujeción al párrafo 9, a través de una interfaz electrónica estándar segura con el punto central nacional y/o regional pertinente. El centro mundial de intercambio de información confeccionará una lista de las autoridades competentes de las Partes y la pondrá a disposición de todas las Partes.
  4. Cada Parte o la autoridad competente:

 

  1. tendrá oportuno acceso a la información a que se refiere el párrafo 4 previa solicitud al centro mundial de intercambio de información;
  2. solicitará dicha información solo cuando sea necesario a efectos de detección o investigación de un comercio ilícito de productos de tabaco;
  3.  no retendrá información injustificadamente;
  1. responderá a las solicitudes de información en relación con el párrafo 4, de conformidad con su derecho interno, y
  2. protegerá y considerará confidencial, por mutuo acuerdo, toda información que se intercambie.

 

  1. Cada Parte exigirá que se aumente y amplíe el alcance del sistema de seguimiento y localización hasta el momento en que se hayan abonado todos los derechos y los impuestos pertinentes y, según corresponda, se hayan cumplido otras obligaciones en el punto de fabricación, importación o superación de los controles aduaneros o fiscales.
  2. Las Partes cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, de mutuo acuerdo, para compartir y desarrollar las mejores prácticas en materia de sistemas de seguimiento y localización, lo que supone, entre otras cosas:

a)   facilitar el desarrollo, la transferencia y la adquisición de mejores tecnologías de seguimiento y localización, incluidos conocimientos teóricos y prácticos, capacidad y competencias;

 

  1. apoyar los programas de capacitación y creación de capacidad destinados a las Partes que manifiesten esa necesidad, y
  2. seguir desarrollando la tecnología para marcar y escanear los paquetes y envases de productos de tabaco a fin de hacer accesible la información a que se refiere el párrafo 4.

 

  1. Las obligaciones asignadas a una Parte no serán cumplidas por la industria tabacalera ni delegadas en esta.
  2. Cada Parte velará por que sus autoridades competentes, al participar en el régimen de seguimiento y localización, mantengan con la industria tabacalera y quienes representen sus intereses tan solo las relaciones que sean estrictamente necesarias para aplicar el presente artículo.
  3. Cada Parte podrá exigir a la industria tabacalera que asuma todo costo vinculado a las obligaciones que incumban a dicha Parte en virtud del presente artículo.

Artículo 9

Mantenimiento de registros

  1. Cada Parte deberá exigir, según proceda, que todas las personas físicas y jurídicas que intervengan en la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación mantengan registros completos y precisos de todas las transacciones pertinentes. Esos registros deberán permitir el inventario completo de los materiales utilizados en la producción de sus productos de tabaco.
  2. Cada Parte deberá exigir, según proceda, a las personas en posesión de licencias de conformidad con el artículo 6 que, cuando les sea solicitada, proporcionen a las autoridades competentes la información siguiente:

 

  1. información general sobre volúmenes, tendencias y previsiones del mercado, y demás información de interés, y
  2. el volumen de las existencias de productos de tabaco y equipo de fabricación en posesión del titular de una licencia o bajo su custodia o control que se mantengan en reserva en almacenes fiscales y aduaneros en régimen de tránsito o trasbordo o régimen suspensivo desde la fecha de la petición.

3. Con respecto a los productos de tabaco y el equipo de fabricación vendidos o fabricados en el territorio de una Parte para la exportación, o en tránsito o trasbordo o en régimen suspensivo por el territorio de esa Parte, cada Parte deberá exigir, según proceda, a los titulares de licencias de conformidad con el artículo 6, que proporcionen cuando se les solicite a las autoridades competentes del país de partida (en forma electrónica cuando exista la infraestructura) y en el momento de la salida de las mercancías de su ámbito de control, la información siguiente:

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  1. la fecha del envío desde el último punto de control físico de los productos;
  2. los datos concernientes a los productos enviados (en particular marca, cantidad, almacén);
  3. las rutas de transporte y destino previstos del envío;
  4. la identidad de la[s] persona[s] física[s] o jurídica[s] a la[s] que se envían los productos;
  5. el modo de transporte, incluida la identidad del transportista;
  6. la fecha de llegada prevista del envío a su destino previsto, y
  7. el mercado previsto para su venta al por menor o uso previsto.

4. Cuando sea viable, cada Parte exigirá que los comerciantes minoristas y los cultivadores de tabaco, exceptuados los cultivadores tradicionales que no operen sobre una base comercial, lleven registros completos y precisos de todas las transacciones pertinentes en las que intervengan, de conformidad con su legislación nacional.

5. A efectos de la aplicación del párrafo 1, cada Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole que sean eficaces para exigir que todos los registros:

  1. se conserven durante un periodo de por lo menos cuatro años;
  2. estén a disposición de las autoridades competentes, y
  3. se ajusten al formato que exijan las autoridades competentes.

 

  1. Cada Parte, según proceda y con arreglo a la legislación nacional, establecerá un sistema de intercambio con las demás Partes de los datos contenidos en todos los registros que se lleven de conformidad con el presente artículo.
  2. Las Partes se esforzarán por cooperar entre sí y con las organizaciones internacionales competentes para compartir y desarrollar progresivamente mejores sistemas de mantenimiento de registros.1

Artículo 10

Medidas de seguridad y prevención

1. Cada Parte, cuando proceda y de conformidad con su legislación nacional y con los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, requerirá a todas las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 6 que tomen las medidas necesarias para prevenir la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos, en particular, entre otras cosas, mediante lo siguiente:

 

a)      notificando a las autoridades competentes:

i) la transferencia fronteriza de dinero en efectivo en las cantidades que estipulen las leyes nacionales o los pagos en especie transfronterizos,

ii) toda «transacción sospechosa», y

b)   suministrando productos de tabaco o equipos de fabricación únicamente en cantidades que guarden proporción con la demanda de esos productos en el mercado previsto para su venta al por menor o para su uso.

  1. Cada Parte, cuando proceda y de conformidad con su legislación nacional y con los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, requerirá que los pagos de las transacciones realizadas por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 6 solo se puedan efectuar en la moneda y por el importe que figure en la factura, y únicamente mediante modalidades legales de pago de las instituciones financieras situadas en el territorio del mercado previsto, y que no se utilice ningún otro sistema alternativo de transferencia de fondos.
  2. Las Partes podrán exigir que los pagos que realicen las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 6 por materiales utilizados para manufacturar productos de tabaco en su ámbito de jurisdicción solo se puedan efectuar en la moneda y por el importe que figure en la factura, y únicamente mediante modalidades legales de pago de las instituciones financieras situadas en el territorio del mercado previsto, y que no se utilice ningún otro sistema alternativo de transferencia de fondos.

4. Cada Parte velará por que toda contravención de lo dispuesto en el presente artículo sea objeto de los procedimientos penales, civiles o administrativos apropiados y de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, incluida, según proceda, la suspensión o revocación de la licencia.

Artículo 11

Venta por internet, medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología

1. Cada Parte exigirá que todas las personas jurídicas y físicas que realicen cualquier transacción relativa a productos de tabaco por internet u otros modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier otra nueva tecnología cumplan con todas las obligaciones pertinentes estipuladas en el presente Protocolo.

2. Cada Parte considerará la posibilidad de prohibir la venta al por menor de productos de tabaco por internet u otros modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier otra nueva tecnología.

Artículo 12

Zonas francas y tránsito internacional

1. Cada Parte implantará, en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo para

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esa Parte, controles eficaces de toda fabricación y de todas las transacciones relativas al tabaco y los productos de tabaco, en las zonas francas, utilizando para ello todas las medidas pertinentes contempladas en el presente Protocolo.

  1. Además, se prohibirá que en el momento de retirarlos de las zonas francas los productos de tabaco estén entremezclados con otros productos distintos en un mismo contenedor o cualquier otra unidad de transporte similar.
  2. Cada Parte, de conformidad con la legislación nacional, adoptará y aplicará medidas de control y verificación respecto del tránsito internacional o transbordo, dentro de su territorio, de productos de tabaco y equipo de fabricación de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo, a fin de impedir el comercio ilícito de esos productos.

Artículo 13

Ventas libres de impuestos

  1. Cada Parte implantará medidas eficaces para someter cualesquiera ventas libres de impuestos a todas las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, teniendo en cuenta el artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
  2. No más de cinco años después de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Reunión de las Partes se asegurará en su siguiente periodo de sesiones de que se lleven a cabo investigaciones basadas en evidencias para determinar el alcance del comercio ilícito de productos de tabaco relacionados con las ventas libres de impuestos de esos productos. Basándose en esas investigaciones, la Reunión de las Partes estudiará las medidas adicionales oportunas.

PARTE IV: INFRACCIONES

Artículo 14

Conductas ilícitas, incluidos delitos penales

1. Cada Parte adoptará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como ilícitas con arreglo al derecho interno las siguientes conductas:

  1. fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación contraviniendo lo dispuesto en el presente Protocolo;
  2. i) fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables o sin exhibir las estampillas fiscales que corresponda, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas;

ii)   cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación no previsto en el apartado

b) i);

c)   i) cualquier otra forma de fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas;

ii) vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco fabricado ilícitamente, productos de tabaco falsificados, productos con estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito;

  1. mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean durante el recorrido a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros;
  2. entremezclar productos de tabaco con productos que no lo sean contraviniendo el artículo 12.2 del presente Protocolo;
  3. utilizar Internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología para la venta de productos de tabaco o equipo de fabricación en contravención del presente Protocolo;
  4. en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia de conformidad con el artículo 6;

h) obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación;

i) i) hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a un funcionario público u otra persona autorizada que esté cumpliendo sus obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, a menos que ello se haga en el ejercicio del derecho a la no autoincriminación;

ii) hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a la descripción, cantidad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación o a cualquier otra información especificada en el Protocolo para:

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  1. evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables, o
  2. entorpecer las medidas de control destinadas a la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación;

iii) no crear o llevar los registros previstos en el presente Protocolo o llevar registros falsos, y

j) blanquear el producto de conductas ilícitas tipificadas como delitos penales con arreglo al párrafo 2.

  1. Cada Parte determinará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, cuáles de las conductas ilícitas enunciadas en el párrafo 1 o cualquier otra conducta relacionada con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación contraria a las disposiciones del presente Protocolo se considerarán delito penal y adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esa determinación.
  2. Cada Parte informará a la Secretaría del presente Protocolo de cuáles de las conductas ilícitas enumeradas en los párrafos 1 y 2 ha determinado que constituyen un delito penal con arreglo al párrafo 2, y pondrá a disposición de la Secretaría copias de su legislación, o una descripción de esta, en la que se da efecto al párrafo 2, así como de toda modificación ulterior de esa legislación.
  3. Con miras a fomentar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos penales relacionados con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación, se alienta a las Partes a revisar su legislación nacional en materia de blanqueo de capitales, asistencia jurídica mutua y extradición, teniendo presentes los convenios internacionales pertinentes de los que sean Partes, a fin de velar por que sean eficaces en la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 15

Responsabilidad de las personas jurídicas

1.             Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas que hayan incurrido en las conductas ilícitas, incluidos delitos penales, tipificadas en el artículo 14 de este Protocolo.

  1. Con sujeción a los principios jurídicos de la Parte correspondiente, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
  2. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a las personas físicas que hayan incurrido en las conductas ilícitas o cometido los delitos penales tipificados con arreglo a las leyes y reglamentos nacionales y al artículo 14 de este Protocolo.

Artículo 16

Procesamiento y sanciones

1.             Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con la legislación nacional, para asegurarse de que se impongan sanciones penales o de otro tipo eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas multas, a las personas físicas y jurídicas que sean consideradas responsables de las conductas ilícitas, delitos penales incluidos, tipificadas en el artículo 14.

  1. Cada Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales previstas en su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por las conductas ilícitas, delitos penales incluidos, tipificadas con arreglo al artículo 14, a fin de maximizar la eficacia de las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de dichas conductas ilícitas, delitos penales incluidos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de que ello tenga también un efecto disuasorio.
  2. Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo afectará al principio de que queda reservada al derecho interno de cada Parte la descripción de las conductas ilícitas, delitos penales incluidos, tipificadas en este Protocolo y de los medios jurídicos de defensa u otros principios jurídicos que determinen la legalidad de una conducta, y de que tales conductas ilícitas, delitos penales incluidos, deben ser perseguidas y sancionadas de conformidad con ese derecho.

Artículo 17

Pagos relacionados con incautaciones

Las Partes deberían considerar la posibilidad de adoptar, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para que las autoridades competentes puedan exigir al productor, fabricante, distribuidor, importador o exportador de tabaco, productos de tabaco y/o equipo de fabricación que hayan sido incautados, el pago de una cantidad proporcional al monto de los impuestos y derechos no percibidos.

Artículo 18

Eliminación o destrucción

Todo tabaco, producto de tabaco o equipo de fabricación decomisado será destruido, mediante métodos respetuosos con el medio ambiente en la medida de lo posible, o eliminado de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 19

Técnicas especiales de investigación

1. Si así lo permiten los principios básicos de su ordenamiento jurídico interno, cada Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones que prescriba su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega controlada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras

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técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación.

  1. A efectos de investigar los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14, se alienta a las Partes a que celebren, cuando sea necesario, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar las técnicas a que se refiere el párrafo 1 en el contexto de la cooperación en el plano internacional.
  2. De no existir acuerdos o arreglos como los mencionados en el párrafo 2, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y en ella se podrán tener en cuenta, cuando sea necesario, arreglos financieros y entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por las Partes interesadas.
  3. Las Partes reconocen la importancia y la necesidad de la cooperación y la asistencia internacionales en esta esfera y cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales a fin de dotarse de la capacidad necesaria para alcanzar los objetivos del presente artículo.

PARTE V: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 20

Intercambio de información general

1.             Con el fin de alcanzar los objetivos del presente Protocolo, como parte del instrumento de presentación de informes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, las Partes presentarán información pertinente, con arreglo al derecho interno, y cuando proceda, acerca, entre otras cosas, de lo siguiente:

  1. en forma agregada, pormenores sobre incautaciones de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, cantidades, valor de las mercancías incautadas, descripción de los productos, fecha y lugar de fabricación, e impuestos evadidos;
  2. importaciones, exportaciones, tránsito, ventas gravadas o libres de impuestos, y cantidades o valor de la producción de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación;
  3. tendencias, métodos de ocultación y modos de actuación utilizados en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, y
  4. cualquier otra información pertinente que acuerden las Partes.

2.             Las Partes cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes a fin de crear capacidad para recopilar e intercambiar información.

3. Dicha información será considerada por las Partes confidencial y para uso exclusivo de ellas salvo que la Parte informante manifieste lo contrario.

Artículo 21

Intercambio de información sobre el cumplimiento de la ley

1.             Con arreglo al derecho interno o a lo dispuesto en cualquier tratado internacional aplicable, cuando proceda, las Partes intercambiarán, por iniciativa propia o a petición de una Parte que justifique debidamente que tal información es necesaria a efectos de detectar o investigar el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, la información siguiente:

  1. registros de las licencias concedidas a las personas físicas o jurídicas de que se trate;
  2. información para la identificación, vigilancia y enjuiciamiento de personas físicas o jurídicas implicadas en intercambios comerciales ilícitos de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación;
  3. antecedentes de investigaciones y enjuicia­mientos;
  4. registros del pago de importaciones, exportaciones y ventas libres de impuestos de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, y
  5. pormenores sobre incautaciones de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación (incluida información de referencia de casos cuando proceda, cantidades, valor de las mercancías incautadas, descripción de los productos, entidades implicadas, fecha y lugar de fabricación) y modus operandi (incluidos medios de transporte, ocultación, rutas y detección).

2.             La información recibida de las Partes en virtud de este artículo se utilizará exclusivamente con el fin de alcanzar los objetivos del presente Protocolo. Las Partes pueden estipular que dicha información no se transfiera sin el acuerdo de la Parte que la proporcionó.

Artículo 22

Intercambio de información: confidencialidad y protección de los datos

  1. Cada Parte designará la autoridad competente a la que se deberán facilitar los datos a que se hace referencia en los artículos 20, 21 y 24, y notificará a las Partes dicha designación por conducto de la Secretaría del Convenio.
  2. El intercambio de información en virtud del presente Protocolo estará sujeto al derecho interno en lo referente a la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda la información confidencial que se intercambie.

 

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Artículo 23

Asistencia y cooperación: capacitación,

asistencia técnica y cooperación en asuntos

científicos, técnicos y tecnológicos

  1. Las Partes cooperarán entre sí y/o a través de las organizaciones internacionales y regionales competentes para proporcionar capacitación, asistencia técnica y ayuda en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar los objetivos del presente Protocolo, según decidan de común acuerdo. Esa asistencia puede abarcar la transferencia de conocimientos especializados o de tecnología apropiada en ámbitos tales como la recopilación de información, el cumplimiento de la ley, el seguimiento y la localización, la gestión de la información, la protección de los datos personales, la aplicación de medidas de interdicción, la vigilancia electrónica, el análisis forense, la asistencia judicial recíproca y la extradición.
  2. Las Partes podrán celebrar, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o de cualquier otra índole con el fin de fomentar la capacitación, la asistencia técnica y la cooperación en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición.

3.             Las Partes colaborarán, cuando proceda, en la investigación y el desarrollo de medios que permitan determinar el origen geográfico exacto del tabaco y los productos de tabaco incautados.

Articulo 24

Asistencia y cooperación: investigación y persecución de infracciones

  1. Las Partes, de conformidad con su derecho interno, tomarán todas las medidas necesarias, cuando proceda, para reforzar la cooperación mediante arreglos multilaterales, regionales o bilaterales en materia de prevención, detección, investigación, persecución y aplicación de sanciones a las personas físicas o jurídicas que se dediquen al comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación.
  2. Cada Parte velará por que las autoridades reguladoras y administrativas, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y otras autoridades dedicadas a combatir el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación (incluidas las autoridades judiciales cuando su derecho interno lo autorice) cooperen e intercambien información pertinente a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta las condiciones prescritas en su derecho interno.

Artículo 25

Protección de la soberanía

1. Las Partes cumplirán las obligaciones asumidas en virtud del presente Protocolo de manera coherente con

los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así corno de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

2. Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo autoriza a Parte alguna a ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Articulo 26

Jurisdicción

1. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14 cuando:

  1. el delito se corneta en su territorio, o
  2. el delito se corneta a bordo de un buque que enarbole su pabellón o en una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito.

2.             Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 25, una Parte también podrá establecer su jurisdicción sobre tales delitos penales cuando:

  1. el delito se corneta contra esa Parte;
  2. el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio, o
  3. el delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al artículo 14 y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión dentro de su territorio de un delito tipificado con arreglo al artículo 14.

 

  1. A los efectos del artículo 30, cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos penales tipificados en el artículo 14 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
  2. Cada Parte podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos penales tipificados en el artículo 14 cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y la Parte no lo extradite.

 

  1. Si una Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otra u otras Partes han iniciado investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esas Partes se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
  2. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, el presente Protocolo no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidas por las Partes de conformidad con su derecho interno.

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Artículo 27

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Cada Parte adoptará, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, medidas eficaces para:

  1. mejorar los canales de comunicación entre las autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14;
  2. garantizar una cooperación efectiva entre las autoridades y los organismos competentes, la aduana, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley;
  3. cooperar con otras Partes en la realización de indagaciones en casos específicos en lo referente a los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14:

i) la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas relacionadas;

ií) la circulación del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos, y

iii) la circulación de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

  1. proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;
  2. facilitar una coordinación efectiva entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de funcionarios de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre las Partes interesadas;

j)     intercambiar información pertinente con otras Partes sobre los medios y métodos concretos empleados por personas físicas o jurídicas en la comisión de tales delitos, inclusive, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades, y

g)   intercambiar información pertinente y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas cuando proceda con miras a la pronta detección de los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14.

2. Con miras a dar efecto al presente Protocolo, las Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando esos acuerdos o arreglos ya existan, de modificarlos en consecuencia. A falta de tales acuerdos o arreglos entre las Partes interesadas, estas podrán considerar el presente Protocolo como base para la cooperación mutua en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos contemplados en el presente Protocolo. Cuando proceda, las Partes harán pleno uso de los acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, a fin de intensificar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Las Partes se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente al comercio ilícito transnacional de productos de tabaco realizado con tecnologías modernas.

Artículo 28

Asistencia administrativa recíproca

1. En consonancia con sus respectivos sistemas jurídico y administrativo, las Partes deberán intercambiar, ya sea a petición de los interesados o por iniciativa propia, información que facilite la adecuada aplicación de la legislación aduanera u otra legislación pertinente para la prevención, detección, investigación, persecución y represión del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación. Las Partes considerarán dicha información confidencial y de uso restringido, salvo que la Parte que la transmita declare lo contrario. Esa información podrá versar sobre lo siguiente:

  1. nuevas técnicas aduaneras y de otra índole para hacer cumplir la ley que hayan demostrado su eficacia;
  2. nuevas tendencias, medios o métodos de participación en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación;
  3. artículos reconocidos como objeto de comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación, así como datos detallados sobre esos artículos, su envasado, transporte y almacenamiento, y los métodos utilizados en relación con ellos;
  4. personas físicas o jurídicas reconocidas como autoras de alguno de los delitos tipificados como tales de acuerdo con el artículo 14, y
  5. cualesquiera otros datos que ayuden a los organismos designados para evaluar los riesgos a efectos de control y otros fines de cumplimiento de la ley.

Artículo 29

Asistencia jurídica recíproca

1. Las Partes se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos

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y actuaciones judiciales relacionados con los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14 de este Protocolo.

  1. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes de la Parte requerida con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables con arreglo al artículo 15 del presente Protocolo en la Parte requirente.
  2. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

 

  1. recibir testimonios o tomar declaraciones;
  2. presentar documentos judiciales;
  3. efectuar inspecciones e incautaciones, y embargos preventivos;
  4. examinar objetos y lugares;
  5. facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

j)     entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g)   identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

h)   facilitar la comparecencia voluntaria de personas en la Parte requirente, y

i)    cualquier otro tipo de asistencia que no sea contraria al derecho interno de la Parte requerida.

4. El presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

5.             Los párrafos 6 a 24 se aplicarán, con arreglo al principio de reciprocidad, a las solicitudes que se formulen con arreglo a este artículo siempre que no medie entre las Partes interesadas un tratado o acuerdo intergubernamental de asistencia judicial recíproca. Cuando las Partes estén vinculadas por un tratado o acuerdo intergubernamental de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado o acuerdo intergubernamental, salvo que las Partes convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 6 a 24 del presente artículo. Se insta encarecidamente a las Partes a que apliquen estos párrafos cuando faciliten la cooperación.

 

  1. Las Partes designarán una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a la respectiva autoridad competente para su ejecución. Cuando alguna región o territorio especial de una Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, la Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñe la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de esta. En el momento de la adhesión a este Protocolo o de su aceptación, aprobación, confirmación oficial o ratificación, cada Parte notificará al Jefe de la Secretaría del Convenio el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente se transmitirán por conducto de las autoridades centrales designadas por las Partes. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las Partes convengan en ello, por conducto de organizaciones internacionales apropiadas, de ser posible.
  2. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para la Parte requerida, en condiciones que permitan a dicha Parte determinar su autenticidad. En el momento de la adhesión a este Protocolo o de su aceptación, aprobación, confirmación oficial o ratificación, cada Parte comunicará al Jefe de la Secretaría del Convenio el idioma o idiomas que sean aceptables para ella. En situaciones de urgencia, y cuando las Partes convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
  3. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

 

  1. la identidad de la autoridad que hace la solicitud;
  2. el objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
  3. un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
  4. una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que la Parte requirente desee que se aplique;
  5. de ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada;

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f)     la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación, y

g)   las disposiciones del derecho interno aplicables al delito penal en cuestión y la sanción que conlleve.

  1. La Parte requerida podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
  2. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno de la Parte requerida y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
  3. La Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento de la Parte requerida, la información o las pruebas proporcionadas por esta para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de 10 dispuesto en el presente párrafo impedirá que la Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, la Parte requirente 10 notificará a la Parte requerida antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará a la Parte requerida. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, la Parte requirente informará sin demora a la Parte requerida de dicha revelación.
  4. La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si la Parte requerida no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato a la Parte requirente.

13. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de una Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otra Parte, la primera Parte, a solicitud de la otra, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio de la Parte requirente. Las Partes podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial de la Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial de la Parte requerida.

14. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

  1. cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;
  2. cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses fundamentales;
  3. cuando el derecho interno de la Parte requerida prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste
 

hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

  1. cuando la solicitud entrañe un delito en el que la pena máxima en la Parte requerida sea inferior a dos años de reclusión u otras formas de privación de libertad o si, a juicio de la Parte requerida, la prestación de la asistencia supondría para sus recursos una carga desproporcionada en relación con la gravedad del delito, o
  2. cuando el acceso a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la Parte requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

 

  1. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
  2. Las Partes no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca prevista en el presente artículo.
  3. Las Partes no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también comporte aspectos fiscales.
  4. Las Partes podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, la Parte requerida podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno de la Parte requerida.
  5. La Parte requerida cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera la Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. La Parte requerida responderá a las solicitudes razonables que formule la Parte requirente respecto al estado de tramitación de la solicitud. La Parte requirente informará sin demora a la Parte requerida cuando ya no necesite la asistencia solicitada.
  6. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte requerida si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.
  7. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 14 o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 20, la Parte requerida consultará a la Parte requi­rente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si la Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, esa Parte deberá observar las condiciones impuestas.

22. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud, serán sufragados por la Parte requerida,

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a menos que las Partes interesadas hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

23. En caso de recibir una solicitud, la Parte requerida:

a)   facilitará a la Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general,

y

b)   podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar a la Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos-que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no sean de acceso público.

24.           Cuando sea necesario, las Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 30

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14 del presente Protocolo, cuando:

  1. la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio de la Parte requerida;
  2. el delito penal por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno de la Parte requirente y al de la Parte requerida, y
  3. el delito sea punible con una pena máxima de prisión u otra forma de privación de libertad de al menos cuatro años o con una pena más grave a menos que las Partes interesadas hayan convenido un periodo más breve en virtud de tratados bilaterales y multilaterales u otros acuerdos internacionales.

 

  1. Cada uno de los delitos penales a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.
  2. Si una Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otra Parte con la que no le vincule ningún tratado de extradición, podrá considerar el presente Protocolo como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos penales a los que se aplique el presente artículo.

 

  1. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos penales a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.
  2. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno de la Parte requerida o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.
  3. Las Partes, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos penales a los que se aplique el presente artículo.
  4. La Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, y que no lo extradite en relación con un delito penal al que se aplique el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligada, previa solicitud de la Parte que pida la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter similar con arreglo a su propio derecho interno. Las Partes interesadas cooperarán entre sí, particularmente en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

 

  1. Cuando el derecho interno de una Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a esa Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando esa Parte y la Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 7.
  2. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional de la Parte requerida, ésta, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud de la Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno de la Parte requirente.

 

  1. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos penales a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno de la Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
  2. Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo podrá interpretarse como la imposición de una obligación

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 35

de extraditar si la Parte requerida tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento perjudicaría al estatus de esa persona por cualquiera de estas razones.

12. Las Partes no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también comporte aspectos fiscales.

  1. Antes de denegar la extradición, la Parte requerida, cuando proceda, consultará a la Parte requirente y le facilitará el trámite de audiencia así como la oportunidad de fundamentar adecuadamente sus alegaciones.
  2. Las Partes procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. Cuando las Partes estén vinculadas por un tratado o un acuerdo intergubernamental existente, se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que las Partes convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 1 a 13.

Artículo 31

Medidas para garantizar la extradición

1. Con sujeción a su derecho interno y sus tratados de extradición, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

  1. Las medidas tomadas con arreglo a lo establecido en el párrafo 1 serán notificadas, de conformidad con el derecho interno, de manera oportuna y sin demora, a la Parte requirente.
  2. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 tendrá derecho a:

a)   ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente, y

b)      ser visitada por un representante de dicho Estado. PARTE VI: PRESENTACIÓN DE INFORMES

Artículo 32

Presentación de informes e intercambio de información

1. Cada Parte presentará a la Reunión de las Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, informes periódicos sobre la aplicación del presente Protocolo.

 

  1. El formato y el contenido de esos informes serán determinados por la Reunión de las Partes. Los informes formarán parte del instrumento de presentación de informes periódicos sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
  2. El contenido de los informes periódicos a que se hace referencia en el párrafo 1 se determinará teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

 

  1. información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adoptadas para aplicar el Protocolo;
  2. información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación del Protocolo y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos;
  3. información, según proceda, sobre la ayuda financiera y técnica suministrada, recibida o solicitada para actividades relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, y
  4. la información especificada en el artículo 20.

En caso de que ya se estén recogiendo datos pertinentes en el marco del mecanismo de presentación de informes a la Conferencia de las Partes, la Reunión de las Partes no duplicará estas actividades.

  1. La Reunión de las Partes, de conformidad con los artículos 33 y 36, estudiará posibles mecanismos para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a petición de las mismas, a cumplir con las obligaciones estipuladas en este artículo.
  2. La presentación de informes en virtud de los artículos a que se refiere el párrafo anterior estará sujeta a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se comunique o se intercambie.

PARTE VE: ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS FINANCIEROS

Articulo 33

Reunión de las Partes

  1. Por el presente se establece una Reunión de las Partes. El primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes será convocado por la Secretaría del Convenio inmediatamente antes o inmediatamente después de la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes siguiente a la entrada en vigor del presente Protocolo.
  2. Ulteriormente, la Secretaría del Convenio convocará los periodos de sesiones ordinarios de la Reunión de las Partes inmediatamente antes o inmediatamente después de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes.

36 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

  1. Se celebrarán periodos de sesiones extraordinarios de la Reunión de las Partes en cuantas ocasiones esta lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría del Convenio haya comunicado a las Partes la solicitud, esta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
  2. El Reglamento Interior y el Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se aplicarán, mutatis mutandis, a la Reunión de las Partes en el presente Protocolo, a no ser que la Reunión de las Partes decida otra cosa.
  3. La Reunión de las Partes examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo y tomará las decisiones que sean necesarias para promover su aplicación efectiva.
  4. La Reunión de las Partes establecerá la escala y el mecanismo de contribuciones señaladas de carácter voluntario de la Partes destinadas al funcionamiento del presente Protocolo, así como otros posibles recursos necesarios para su aplicación.
  5. En cada periodo de sesiones ordinario, la Reunión de las Partes adoptará por consenso un presupuesto y un plan de trabajo para el ejercicio financiero que finalice con el siguiente periodo de sesiones ordinario, que serán distintos del presupuesto y plan de trabajo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

Artículo 34

Secretarla

  1. La Secretaría del Convenio será la secretaría del presente Protocolo.
  2. Las funciones de la Secretaría del Convenio concernientes a su papel como secretaría del presente Protocolo serán las siguientes:

 

  1. organizar los periodos de sesiones de la Reunión de las Partes y de cualesquiera órganos subsi­diarios, grupos de trabajo u otros órganos que establezca la Reunión de las Partes, y prestarles los servicios necesarios;
  2. recibir, analizar, transmitir y suministrar retro información a las Partes interesadas y a la Reunión de las Partes sobre los informes recibidos por la Secretaría del Convenio de conformidad con este Protocolo, y facilitar el intercambio de información entre estas;
  3. facilitar apoyo a las Partes, en particular a las que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación, la comunicación y el intercambio de información, requerida de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y asistencia en la determinación de los recursos disponibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Protocolo;

 

  1. preparar informes sobre sus actividades realizadas en el marco de este Protocolo bajo la orientación de la Reunión de las Partes, para su presentación a ésta;
  2. asegurar, bajo la orientación de la Reunión de las Partes, la necesaria coordinación con las  organizaciones     intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes;
  3. concertar, bajo la orientación de la Reunión de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funciones como secretaría de este Protocolo;
  4. recibir y examinar las solicitudes de las organizaciones intergubernamentales y no guber­namentales que deseen ser acreditadas como observadores en la Reunión de las Partes, velando por que no estén asociadas a la industria tabacalera, y someter las solicitudes una vez examinadas a la consideración de la Reunión de las Partes, y

h) desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en este Protocolo y las que determine la Reunión de las Partes.

Artículo 35

Relaciones entre la Reunión de las Partes y las organizaciones intergubernamentales

Para prestar cooperación técnica y financiera a fin de alcanzar el objetivo del presente Protocolo, la Reunión de las Partes podrá solicitar la cooperación de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales competentes, incluidas instituciones de financiación y desarrollo.

Artículo 36

Recursos financieros

  1. Las Partes reconocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo del presente Protocolo, así como la relevancia del artículo 26 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco con miras a alcanzar los objetivos del Convenio.
  2. Cada Parte prestará apoyo financiero a sus actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del Protocolo, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
  3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, Subregiónales y otros canales multilaterales para financiar el fortalecimiento de la capacidad de las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición a fin de alcanzar los objetivos del presente Protocolo.

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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, se alienta a las Partes a que, con arreglo a la legislación y a las políticas nacionales, y cuando proceda, utilicen para alcanzar los objetivos fijados en el presente Protocolo cualquier producto del delito decomisado en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación.

5. Las Partes representadas en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y las instituciones de financiación y desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que faciliten asistencia financiera a las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición para ayudarlas a cumplir las obligaciones asumidas en virtud del presente Protocolo, sin limitar los derechos de participación en esas organizaciones.

6. Las Partes acuerdan lo siguiente:

  1. a fin de ayudar a las Partes a cumplir las obliga­ciones asumidas en virtud del presente Protocolo, se deben movilizar y utilizar en beneficio de todas ellas, en especial de las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición, todos los recursos pertinentes, actuales y potenciales, disponibles para actividades relacionadas con los objetivos de este Protocolo, y
  2. la Secretaría del Convenio informará a las Partes que sean países en desarrollo y a las Partes con economías en transición, previa solicitud, sobre las fuentes de financiación disponibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de este Protocolo.

 

  1. Las Partes podrán exigir a la industria tabacalera que asuma cualquier costo vinculado a las obligaciones que les incumban para alcanzar los objetivos de este Protocolo, en cumplimiento del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
  2. Las Partes se esforzarán, de conformidad con su derecho interno, por lograr la autosuficiencia en la financiación de la aplicación del Protocolo, en particular mediante la implantación de impuestos y otros gravámenes a los productos de tabaco.

PARTE VIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 37

Solución de controversias

La solución de controversias entre Partes respecto de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo se regirá por el artículo 27 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

PARTE IX: DESARROLLO DEL PROTOCOLO

Artículo 38

Enmiendas al presente Protocolo

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo.

2. Las enmiendas al Protocolo serán examinadas y adoptadas por la Reunión de las Partes. La Secretaría del Convenio comunicará a las Partes el texto del proyecto de enmienda al Protocolo al menos seis meses antes de la reunión en la que se proponga su adopción. La Secretaría del Convenio comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los signatarios del Protocolo y, a título informativo, al Depositario.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier enmienda al Protocolo. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso la enmienda será adoptada por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes presentes que emitan un voto a favor o en contra. La Secretaría del Convenio comunicará toda enmienda adoptada al Depositario, y éste la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.

4.             Los instrumentos de aceptación de las enmiendas quedarán en poder del Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 entrarán en vigor, para las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de por lo menos dos tercios de las Partes.

5.             Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes el nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya entregado al Depositario el instrumento de aceptación de las enmiendas en cuestión.

Artículo 39

Adopción y enmienda de los anexos del presente Protocolo

  1. Cualquiera de las Partes podrá proponer anexos y enmiendas a los anexos del presente Protocolo.
  2. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros materiales descriptivos relacionados con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos o administrativos.
  3. Los anexos y enmiendas del presente Protocolo se propondrán, adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 38.

PARTE X: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40 Reservas

No podrán formularse reservas a este Protocolo

Artículo 41

Denuncia

1. En cualquier momento, transcurrido un lapso de dos años desde la fecha de entrada en vigor del Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación escrita dirigida al Depositario.

 

38 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

  1. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en dicha notificación.
  2. Se considerará que toda Parte que denuncie el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco denunciará asimismo el presente Protocolo, con efecto a partir de la fecha de denuncia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Artículo 42-

Derecho de voto

  1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, cada Parte tendrá un voto.
  2. Las organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo, y viceversa.

Artículo 43

Firma

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todas las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra el 10 y el 11 de enero de 2013, y posteriormente, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 9 de enero de 2014.

Artículo 44

Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión

  1. El Protocolo estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a la confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones de integración económica regional que sean Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Quedará abierto a la adhesión a partir del día siguiente a la fecha en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
  2. Las organizaciones de integración económica regional que pasen a ser Partes sin que lo sea ninguno de sus Estados miembros quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incumban en virtud del Protocolo. En el caso de las organizaciones que tengan uno o más Estados miembros que sean Partes, la organización y sus Estados miembros determinarán sus respectivas responsabilidades en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud del Protocolo. En esos casos, la organización y los Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el Protocolo.

3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el Protocolo. Esas organizaciones comunicarán además al Depositario toda modificación sustancial del alcance de su competencia, y el Depositario la comunicará a su vez a las Partes.

Artículo 45

Entrada en vigor

  1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que haya sido depositado en poder del Depositario el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.
  2. Respecto de cada Parte en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que ratifique, acepte, apruebe, confirme oficialmente el Protocolo o se adhiera a él una vez satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1, el Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación oficial.
  3. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 46

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Protocolo.

Artículo 47

Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es compulsa del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 28 de septiembre de 2018.- f.) Ilegible.

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 39

Nro. CDE-EP-CDE-EP-2018-0001-R

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que, el artículo 280 de la Carta Magna establece: "El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores";

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Norma Suprema prescribe que: "El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas ( )";

Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas manifiesta: "Art. 2.- OBJETIVOS.- Esta Ley tiene los siguientes Objetivos: ( )2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado del Planificación Participativa.";

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: "DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado ( )";

Que, la Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 200-02, dispone lo siguiente: "Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema

de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de Planificación. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes mencionada. Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación permanente. El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en general. ";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 324 de 14 de abril de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., como Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha;

Que, mediante acción de personal No. 07604 de 23 de enero de 2018, fue designado como Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador el Ingeniero Luis Gabriel Mayorga Ruiz.

Que, mediante Resolución de Directorio No. DIR-CDE EP-005-2018 de 24 de enero de 2018, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., aprobó el Presupuesto General 2018 de la Empresa Pública Correos de Ecuador CDE E.P.;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE. E.P., en su artículo 37 establece: "Gerencia General ( ) 2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ( ) 2.21 Suscribir las resoluciones administrativas de la Empresa Pública Correos del ecuador CDE E.P. ( )";

40 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que, mediante Memorando Nro. CDE-EP-DPLE-2018-0015-M de 25 de enero de 2018, la economista Sandra Julieta Rodríguez Romero, Directora de Planificación Empresarial solicitó al tecnólogo Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General, Subrogante que "autorice y disponga a la Gerencia Nacional Jurídica la elaboración de la respectiva Resolución de aprobación de la Programación Anual de la Política Pública del ejercicio fiscal 2018 de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE. E.P., misma que se encuentra conforme a los documentos adjuntos para el efecto ";

Que, mediante Memorando Nro. CDE-EP-DPLE-2018-0015-M, el tecnólogo Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General Subrogante, autorizó, a través de sumilla constante en el referido documento proceder con la elaboración de la resolución respectiva a la Gerencia Nacional Jurídica;

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando que antecede, la Gerencia Nacional Jurídica procede con la elaboración de la presente resolución.

En uso de las facultades legales la Gerencia General:

Resuelve:

Art. 1. Aprobar el Plan Anual de la Política Pública en ejercicio fiscal (PAPP) 2018 de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE. E.P., conforme al anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2. Disponer a las distintas Unidades Administrativas de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., ejecuten el Plan de la Política Pública PAPP 2018.

Art. 3. Encárguese el cumplimiento y ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Planificación Empresarial de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., quien deberá realizar el monitoreo, seguimiento, evaluación y reporte periódicamente sobre los niveles de ejecución de la planificación.

Art. 4. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General (S).

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- El presente documento es fiel copia del original, que reposa en S.C.Q.-Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre de 2018.

Nro. CDE-EP-CDE-EP-2018-0002-R

Quito, D.M, 08 de febrero de 2018

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR LA GERENCIA GENERAL

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece: "Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ";

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Constitución de la República dispone: "Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. (...) ";

Que, el primer inciso del artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: 'Art. 4.- DEFINICIONES -Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. ";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas manda: "Art. 16.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL TALENTO HUMANO.- La Administración del Talento Humano de las empresas públicas corresponde al Gerente General o a quien éste delegue expresamente. ";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 324 Decreto Ejecutivo No. 324 de 14 de abril de 2010 publicado en el Registro Oficial No. 184 de 3 de mayo del 2010, se creó la Empresa Pública Correos del Ecuador, como el Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador; persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha;

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: "Art. 20.- PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Los sistemas de administración del talento humano que desarrollen las empresas públicas estarán basados en los siguientes principios: 1. Profesionalización y capacitación permanente del personal, mediante el manejo de un Plan de Capacitación y fomento de la investigación científica y tecnológica acorde a los requerimientos y consecución

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 41

de objetivos de la empresa; 2. Definición de estructuras ocupacionales, que respondan a las características de especificidad por niveles de complejidad, riesgos ocupacionales, responsabilidad, especialización, etc.; 3. Equidad remunerativa, que permita el establecimiento de remuneraciones equitativas para el talento humano de la misma escala o tipo de trabajo, fijadas sobre la base de los siguientes parámetros: funciones, profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia [ ]";

Que, a través de Resolución de Directorio No. DIR CDE EP-020-2016, de fecha 29 de septiembre de 2016, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador, aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-E.P.;

Que, Oficio CDE-EP-DTH-2017-0006-O del 31 de enero de 2017, la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., consultó a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas-EMCO EP: "1.- ¿El Manual de Puestos y Perfiles de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. deberá ser aprobado por la Gerencia General, el Directorio y/o la Dirección de Talento Humano de la empresa? 2.- ¿La Lista de Asignación de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. deberá ser aprobada por la Gerencia General, el Directorio y/o la Dirección de Talento Humano de la empresa? ";

Que, mediante documento No. EMCOEP-GDEO-005-2017 del 6 de febrero de 2017, remitido en respuesta al Oficio CDE-EP-DTH-2017-0006-O del 31 de enero de 2017, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - EMCO EP, señaló: "( ) Una vez analizado el Estatuto Orgánico por Procesos de CDE EP, en lo referente a las atribuciones del Directorio y la Gerencia General, y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 16 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP, en el cual indica que la Administración del Talento Humano le corresponde al "( ) Gerente General o a quién este delegue expresamente ( ) ", es procedente que los proyectos de: Manual de Cargos y Perfiles y Lista de Asignación, sean elevados a nivel de Gerencia General para su conocimiento, y aprobación de ser el caso, pues forma parte de sus atribuciones y competencias el conocer y aprobar lo concerniente a materia de Talento Humano.

()";

Que, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., mediante Resolución No. DIR CDE EP-02-2018 de fecha 23 de enero de 2018, designó al señor Luis Gabriel Mayorga Ruíz, como Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.;

Que, mediante Memorando Nro. CDE-EP-GNAF-2018-0043-M, de 06 de febrero de 2018, el Gerente Nacional Administrativo Financiero (E), solicitó Sr. Tlgo. Luis Gabriel Mayorga Ruiz Gerente General (S), "( ) designar a quien corresponda, la elaboración de la RESOLUCIÓN de APROBACIÓN de la "REFORMA INTEGRAL DEL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-E.P." acorde al ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-E.P. aprobado mediante Resolución de Directorio No. DIR CDE EP-020-2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, de conformidad al ANEXO 1 y respectivo informe técnico adjunto.", informando además que mediante Memorando 2018-DF-P-CER-TH-001-CDE-EP de fecha 29 de enero de 2018 el Director Financiero comunica "( ) una vez que se cuenta con el presupuesto 2018 aprobado, existe la disponibilidad presupuestaria para cubrir con la reforma integral del Manual de Puestos y Perfiles de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-EP ( ) ";

Que, mediante sumilla inserta en Memorando Nro. CDE-EP-GNAF-2018-0043-M, el Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. dispuso al Gerente Nacional Jurídico "Autorizado ";

En uso de las facultades legales;

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar la REFORMA INTEGRAL DEL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-E.P., adjunto a la presente Resolución en el Anexo 1.

Art. 2.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución, a la Dirección Nacional de Talento Humano de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, estableciendo un término de treinta (30) días para la implementación de la estructura ocupacional a nivel nacional, contados a partir de la expedición de la misma.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General (S).

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- El presente documento es fiel copia del original, que reposa en S.C.Q.-Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre de 2018.

Nro. CDE-EP-CDE-EP-2018-0003-R

Quito, D.M., 06 de marzo de 2018

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR GERENCIA GENERAL CONSIDERANDO:

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "[...] El sector público comprende: [...] 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado [...]".

42 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ";

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Constitución de la República, dispone: "El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la Prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. [...]";

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, define: "las empresas públicas que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. (...) ".

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala: "Organización empresarial. Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas: 1. El Directorio; y, 2. La Gerencia General. Las empresas contarán con las unidades requeridas para su desarrollo y gestión.";

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: "Deberes y atribuciones del Gerente General- El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: [...]8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley "PA

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que: "Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaría, en el marco de las disposiciones del artículo 316 de la Constitución de la República. [...]"',

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: "Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, las empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, entendida ésta como la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas

estratégicas, conformar empresas de economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere pertinente conforme a lo dispuesto en los Arts. 315 y 316 de la Constitución de la República.

Las empresas públicas ecuatorianas podrán asociarse con empresas estatales de otros países, con compañías en las que otros Estados sean directa o indirectamente accionistas mayoritarios. En todos estos casos se requerirá que el Estado ecuatoriano o sus instituciones hayan suscrito convenios de acuerdo o cooperación, memorandos o cartas de intención o entendimiento.

En general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el inciso anterior deberán ser aprobados mediante resolución del Directorio en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente.

Las inversiones financieras y en los emprendimientos en el exterior serán autorizadas por el respectivo Directorio de la Empresa Pública ";

Que, mediante Decreto Ejecutivo 324 de 14 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., cuyo objeto consta en el artículo 2 en el cual se determina: "[...] El objeto de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP comprende lo siguiente: l. Proporcionar, mantener y promover la calidad del servicio público de admisión, curso y entrega de los envíos de correspondencia a nivel nacional e internacional, venta de productos postales y en especial la prestación del Servicio Postal Universal. 2. Recaudar y realizar los pagos que demanden las instituciones del Estado o empresas públicas, a través del sistema de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador, siempre que se refiere al pago del Bono de Desarrollo Humano o similares, entrega de remesas de migrantes y recaudar a través de sus ventanillas los pagos por servicios básicos provistos por el Estado, de conformidad con la ley. 3. Recibir de sus clientes el pago de los productos actuales y futuros que ofrece la Empresa Pública Correos del Ecuador, en dinero en efectivo, con tarjetas de crédito debidamente emitidas por el sistema financiero nacional o a través de otros medios de pago válidos de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 4. Realizar emisiones de sellos postales de beneficencia en cuyo valor inicial se incluirá el adicional que se destine a este efecto, mismo que no será considerado como parte de los recursos económicos de Correos del Ecuador y será entregado a las instituciones que solicitaron la emisión de beneficencia una vez que se ha comercializado todo el tiraje de dicha emisión. 5. Implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios postales para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas. 6.

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 43

Acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades y gozará de capacidad asociativa, entendida esta como facultad empresarial para asociarse en consorcios y alianzas estratégicas. 1. Realizar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos civiles o comerciales, fideicomisos, inversiones, comisiones, podrá asumir cualquier forma asociativa, para el cumplimiento de su objeto social. 8. Prestar servicios de soporte, consultorio, asesoría en materia postal";

Que, el Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador, en el numeral 9 del artículo 11 establece como atribución del Gerente General de la Empresa Pública Correos del Ecuador: "9. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la Empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas ";

Que, en el referido Reglamento se determinan las atribuciones del Directorio en el artículo 4 numeral 25: "[...} Aprobar alianzas estratégicas previa presentación de los informes de sustentación correspondientes por parte del Gerente General. Cuando se trate de otro tipo de modalidades asociativas, el Directorio autorizará el inicio del proceso precontractual, previa presentación por parte del Gerente General de los informes técnicos, financieros, legales, de análisis de riesgos y ambientales, de ser el caso ";

Que, el 16 de febrero de 2018, el Directorio de la Empresa Correos del Ecuador CDE E.P., mediante Resolución No. DIR-CDE EP-07-2018, conoció y aprobó el "Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.", el cual en la Disposición General Primera determina que: "[...} El Gerente General expedirá la normativa interna respectiva, a fin de instrumentar el contenido del presente Reglamento, en un plazo máximo de treinta días ";

Que, mediante informe jurídico de marzo de 2018, la Gerente Nacional Jurídico [S] concluyó: "De conformidad con la normativa citada y en uso de sus atribuciones se remite al Gerente General el "INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ", para aprobación y difusión, de considerarlo pertinente [...]".

Que, mediante sumilla inserta en el informe citado en el considerando anterior la Gerencia General de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., dispuso: "APROBADO GERENCIA NACIONAL JURÍDICA, ELABORAR RESOLUCIÓN";

La Gerencia General de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativa aplicable;

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar el Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. constante en el anexo 1 que adjunto y forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2.- Encárguese de la difusión y aplicación del referido instructivo a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación.

f.) Tlgo. Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General, (S).

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- El presente documento es fiel copia del original, que reposa en S.C.Q.-Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre de 2018.

Nro. CDE-EP-CDE-EP-2018-0007-R

Quito, D.M., 15 de marzo de 2018

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR GERENCIA GENERAL (S)

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 280 de la Carta Magna establece: "El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores";

44 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Norma Suprema prescribe que: "El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas ( )";

Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas manifiesta: "Art. 2.- OBJETIVOS.-Esta Ley tiene los siguientes Objetivos: ( )2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado del Planificación Participativa. ";

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: "Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado ( )";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 324 de 14 de abril de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., como Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha;

Que, mediante acción de personal No. 07604 de 23 de enero de 2018, fue designado como Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador el Tecnólogo Luis Gabriel Mayorga Ruiz;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE. E.P., en su artículo 37 establece: "Gerencia General ( ) 2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ( ) 2.21 Suscribir las resoluciones administrativas de la Empresa Pública Correos del ecuador CDE E.P. ( )";

Que, mediante Informe Técnico para la creación del servicio adicional "acuse recibo" para todos los Servicios Corporativos remitido por la Gerencia Nacional de Operaciones, se solicitó al Gerente General la elaboración de la respectiva Resolución para la implementación del cobro del servicio adicional de "Acuse de Recibo" para los clientes corporativos del sector público y privado a fin de potenciar la oferta de los servicios postales a nivel local y nacional;

Que, mediante Memorando Nro. CDE-EP-GNN-2018-0065-M, de 14 de marzo de 2018, el doctor Orlando Arturo Mendoza Mendoza, Gerente Nacional De Negocios, Encargado, solicitó al tecnólogo Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General, Subrogante se sirva dar: "la aprobación del Informe Técnico para implementar la tarifa del servicio adicional, denominado "Acuse de Recibo", dirigido a todos los clientes corporativos del sector público y privado respecto para el envío de correspondencia masiva menores a 2 kls. Esto con la finalidad, de iniciar el trámite para la elaboración de la respectiva Resolución y este servicio forme parte del portafolio vigente de Productos y Servicios de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.";

Que, mediante comentario inserto en el Memorando Nro.CDE-EP-GNN-2018-0065-M, de 14 de marzo de 2018, el tecnólogo Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General Subrogante solicitó proceder con la elaboración de la resolución respectiva a la Gerencia Nacional Jurídica;

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando que antecede, la Gerencia Nacional Jurídica procede con la elaboración de la presente resolución; y,

En uso de las facultades legales la Gerencia General:

Resuelve:

Art. 1. Aprobar e implementar la tarifa de USD $0.75 (SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, por concepto del servicio adicional denominado "Acuse de Recibo" para los servicios postales a nivel local y nacional que presta la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP.

Art. 2. Encargar el cumplimiento y ejecución de la presente Resolución a la Gerencia Nacional de Operaciones de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-E.P.

Art. 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Documento firmado electrónicamente.

Tlgo. Luis Gabriel Mayorga Ruiz, Gerente General, Subrogante.

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- El presente documento es fiel copia del original, que reposa en S.C.Q.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretaría General.-Fecha: 24 de septiembre de 2018.

Registro Oficial N° 359 Miércoles 31 de octubre de 2018 - 45

No. SCVS-INS-2018-0034

Suad Manssur Villagrán

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS

Considerando:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332, de fecha 12 de septiembre de 2014, tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;

Que el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras;

Que el artículo 9 de la Ley General de Seguros establece que las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, para su constitución, organización y funcionamiento se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las nonas que para el efecto dicte la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

Que es preciso que la política contable de las compañías de seguros respeten la revelación adecuada del principio "esencia económica", el que el elemento ahorro o "saldo a favor del asegurado" de forma que se reconozca su condición de acreencia a favor del asegurado y que como tal se debe realizar las reservas correspondientes establecidas por mandato legal y por prudencia financiera.

Que mediante memorando No SCVS-INS-2018-0056-M del 14 de agosto del 2018, la Intendencia Nacional de Seguros recomienda dejar sin efecto la resolución SCVS-INS-2017-037 del 7 de diciembre del 2017; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto las modificaciones al catálogo único de cuentas para las Compañías de Seguros y Reaseguros contenidas en la resolución No. SCVS-INS-2017-0037 del 7 de diciembre del 2017.

ARTÍCULO 2.- Cualquier duda sobre la aplicación de esta resolución será resuelta por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍCULO 3.- La presente resolución será de aplicación obligatoria a partir de su suscripción.

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, el catorce de agosto del dos mil diez y ocho.

f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

FE DE ERRATAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Píllaro, 17 de octubre de 2018

Oficio No 669-AGADMSP-2018

Ingeniero

Hugo del Pozo Barrezueta

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL

Quito.-

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo, junto con los deseos de éxitos en las labores diarias desempeñadas.

Al mismo tiempo en relación a la ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL TARIFARIO PARA EMISIÓN DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO DE PÍLLARO, PARA EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUS­TRIALES, PROFESIONALES, ARTE SÁNALES, FINANCIEROS, DE SERVICIOS Y OTROS DE ORDEN ECONÓMICO QUE OPERE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que se encuentra publicada en el Registro Oficial No 547-Edición Especial, de fecha miércoles 19 de septiembre de- 2018, me permito indicar que por un error involuntario no se ha adjuntado para la publicación de la misma las dos últimas hojas del anexo 1.

Por los antecedentes indicados, solicito a Usted que mediante una fe de erratas se publique el faltante del Anexo 1 de la Ordenanza citada, con la finalidad de poder aplicar la misma legalmente.

Por la atención a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente

f.) MSC. Patricio Sarabioa Rodríguez, Alcalde.

 

46 - Miércoles 31 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 359

 

7

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN

 

3,00%

6,00%

9,00%

ALMACENAMIENTO

 

 

 

ÚNICA

PEQUEÑO

0 a 30m2

MEDIANO

31 a 100m2

GRANDE

101 m 2 en adelante

1

DEPÓSITO DE HUEVOS

 

3,00%

6,00%

9,00%

2

GASOLINERA (POR SURTIDOR)

6,00%

 

 

 

3

CENTROS DE ACOPIO (LECHE, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS)

 

3,00%

6,00%

9,00%

4

DEPÓSITOS Y DISTRIBUIDORAS DE GLP

 

10,00%

15,00%

25,00%

5

VENTA DE LLANTAS

 

6,00%

9,00%

12,00%

6

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

 

6,00%

9,00%

12,00%

7

OTROS DEPÓSITOS Y DISTRIBUIDORAS

 

3,00%

6,00%

9,00%

PERMISOS OCASIONALES

 

ÚNICA

PEQUEÑO

0 a 30m2

MEDIANO

31 a 100m2

GRANDE

101m2 en adelante

1

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE

 

5,00%

15,00%

25,00%

2

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN ESTABLECIMIENTOS

 

5,00%

15,00%

25,00%

3

FESTIVIDADES PARROQUIALES Y BARRIALES

10,00%

 

 

 

HIDROELÉCTRICAS

 

ÚNICA

PEQUEÑO

0 a 30m2

MEDIANO

31 a 100m2

GRANDE

101 m2 en adelante

1

REPRESA HIDROELÉCTRICA

 

30.00%

 

 

 

CONCECIONARIOS MINEROS

 

 

 

ÚNICA

PEQUEÑO

0 a 30m2

MEDIANO

31 a 100m2

GRANDE

101 m 2 en adelante

1

CONCESIONARIAS MINERAS

 

10.00%

20.00%

30.00%

             

 

 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 

ÚNICA

PEQUEÑO

0 a 30m2

MEDIANO

31 a 100m2

GRANDE

101 m2 en adelante

1

VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

 

3.00%

6.00%

9.00%

2

FARMACIA VETERINARIA

 

3.00%

6.00%

9.00%

3

VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

 

3.00%

6.00%

9.00%

4

VENTA DE BALANCEADOS

 

3.00%

6.00%

9.00%

5

VENTA DE GRANOS SECOS

 

3.00%

6.00%

9.00%

6

VENTA DE NICHOS EN CEMENTERIOS PPRIVADOS

 

10.00%

20.00%

30.00%

7

ALQUILER DE DISFRACES

 

3.00%

6.00%

9.00%

8

ALQUILER DE MOLINOS

 

3.00%

6.00%

9.00%

9

VENTA DE CDS

 

3.00%

6.00%

9.00%

10

PLANTAS EMBOTELLADORAS

 

10.00%

20.00%

30.00%

11

CEVICHERÍAS, MARISQUERÍAS

 

3.00%

6.00%

9.00%

12

ELABORACIÓN DE QUESOS

 

3.00%

6.00%

9.00%

13

OTROS NO ESPECIFICADOS PEQUEÑOS

3.00%

 

 

 

14

OTROS NO ESPECIFICADOS MEDIANOS

10.00%

 

 

 

15

OTROS NO ESPECIFICADOS GRANDES

25.00%

 

 

 

16

JUEGOS MECÁNICOS

2.00%

 

 

 

 

 

 

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