Registro Oficial

Registro Oficial No. 138- Martes, 12 de Diciembre de 2017

Martes, 12 de diciembre de 2017

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Martes, 12 de Diciembre de 2017 R. O. 138, 12-diciembre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio del Ambiente: Dirección Provincial del Ambiente de Cañar:

 

Ejecutivo:

Resoluciones       

 

068

Apruébense la auditoría, declaración y estudio de impacto ambiental de los siguientes proyectos:

 

“Construcción de la Vía: San Carlos a la Comunidad de Yanayacu, ubicada cantón y provincia de Cañar”

               

082

“Estación de Servicio Cecilia La Troncal”, ubicada en el cantón Troncal, provincia del Cañar

               

002

Estación de Servicio Rocío 2”, ubicada en el cantón Biblián, provincia del Cañar

               

003

Estación Servicio Reina de la Nube”, ubicada en el cantón Azogues, provincia del Cañar

               

05

“Regularización de las Actividades de Pequeña Minería Baños del Inca, ubicado en el cantón y provincia de Cañar”

               

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE:

               

COSEDE-DIR-2017-028

Actualícese la Metodología de Riesgo para la Evaluación de las Empresas de Seguros Privados

               

Servicio de Rentas Internas:

               

DZ4-DZORDRI17-00000003

Deléguense atribuciones y competencias a las siguientes personas:

 

Jefe (a) Zonal del Departamento de Cobro de la Dirección Zonal 4

               

PEO-JURRDRI17-00000478

Jefe Provincial de Cobro, de la Dirección Provincial de El Oro

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena

               

198-2017

Otórguese el nombramiento de Defensor Público al abogado Robayo Villalba Édgar Israel, elegible de la Resolución 017-2016, de 3 de febrero de 2016, para la carrera defensorial en la provincia de Zamora Chinchipe

 

 

Judicial y Justicia Indígena

               

199-2017

Déjese sin efecto los nombramientos provisionales y las terminaciones de nombramientos provisionales no ejecutados en el Anexo 1 y 2 de la Resolución 133-2017

               

200-2017

Otórguense nombramientos provisionales y dense por terminados los nombramientos provisionales de los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado

               

202-2017

Ajústese la remuneración mensual unificada del cargo de Juez de Corte Nacional de Justicia

               

Fiscalía General del Estado:

               

050-FGE-2017

Transfiérese de dominio, mediante donación, un inmueble al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro

               

051-FGE-2017

Transfiérese mediante donación, varios bienes al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF)

               

052-FGE-2017

Transfiérese mediante donación, varios bienes al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF)

               

053-FGE-2017

Transfiérese mediante donación, varios bienes al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF)

               

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:

 

Transparencia y Control Social        

SCVS-INC-DNCDN-2017-0034

Modifíquese la Resolución No. SCVS-DNCDN-2015-011 de 23 de julio de 2015

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza           

 

-Cantón Santiago de Píllaro: De funcionamento de la sección de desarrollo social

 

CONTENIDO

 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

N° 068

 

Melvin Alvarado Ochoa

DIRECTOR PROVINCIAL

DEL AMBIENTE DEL CAÑAR

 

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y en el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

 

Que, el articulo 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

 

Que, el articulo 276 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo  19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas  o mixtas y los proyectos de inversión públicos o  privados que pueden causar impactos ambientales,  deben previamente a su ejecución ser calificados, por  los organismos descentralizados de control conforme  el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio  rector será el precautelatorio;

 

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, dispone  que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo  ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,  otorgada por el Ministerio del Ramo;

 

Que, de conformidad con el Articulo 28 de la Ley de  Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene  derecho a participar en la gestión ambiental, a través de  los mecanismos de participación social, entre los cuales  se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de asociación;

 

Que, de acuerdo a lo establecido al Artículo 29 de la Ley  de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de  las instituciones del Estado que puedan producir impactos  ambientales;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°1040 publicado  en el Registro Oficial N° 332 del 08 de mayo de 2008,  el Presidente Constitucional de la República, expide  el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de  Participación Social establecidos en la Ley de Gestión  Ambiental;

 

Que, el artículo 75 de la Ley Forestal y de Conservación  de Áreas Naturales y Vida Silvestre, prohíbe contaminar el  medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra  la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en  las unidades de manejo, dentro del patrimonio de áreas  naturales;

 

Que, a través del Acuerdo Nº 268 expedido por el  Ministerio del Ambiente, el 29 de agosto de 2014 y  publicado en el Registro Oficial Nº 359 de 22 de octubre  de 2014, la Ministra del Ambiente, delega a los Directores  Provinciales, proceder con la emisión y suscripción de  Licencias Ambientales;

 

Que, el 12 de abril de 2015, a través del Sistema Único  de Información Ambiental (SUIA), el Sr. José Benavides  Naranjo, Presidente del GAD Parroquial de Chontamarca,  solicita la emisión del Certificado de Intersección con  el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques  Protectores y Patrimonio Forestal del Estado del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA  COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código  MAE-RA-2015-129912.

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-DPACÑ-2015-02002 del 12 de abril de 2015, el Ministerio  del Ambiente, emite el Certificado de Intersección del  proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS  A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR”, código  MAE-RA-2015-129912, el cual determina que dicho  proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional  de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio  Forestal del Estado. Las coordenadas UTM WGS84 del  proyecto son las siguientes:

 

 

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

698583

9730395

2

698529

9731005

3

698286

9730992

 

4

697967

9731098

5

697877

9731278

6

697667

9731361

7

697529

9731729

8

697165

9731894

9

696760

9731878

10

696392

9731891

11

696121

9731859

12

695906

9731702

13

695617

9731189

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto  Ejecutivo N°1040 publicado en el Registro Oficial N°332 de 08 de mayo de 2008, y con lo que establece el Acuerdo  Ministerial N°066 publicado en el Registro Oficial Nº 36  de 15 de julio de 2013, en el local de la Casa Comunal de  Yanayacu, cantón Cañar, el día 03 de julio de 2015, se llevó  a cabo la Difusión Pública de la Declaración de Impacto  Ambiental del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA:  SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU,  UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA,  PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE  CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912 ;

 

Que, con fecha 23 de septiembre de 2015, a través del  Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el  Sr. José Benavides Naranjo, remite para su revisión y  pronunciamiento respectivo, la Declaración de Impacto  Ambiental (DIA), del proyecto “CONSTRUCCIÓN  DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD  DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA  DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL  CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-DPACÑ-2015-02626 del 02 de octubre de 2015,  esta Dependencia Ministerial emite observaciones a  la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARL OS A LA  COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código  MAE-RA-2015-129912;

 

Que, con fecha 13 de octubre de 2015, a través del  Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el  Sr. José Benavides Naranjo, remite para su revisión  y pronunciamiento respectivo, las correcciones a la  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA  COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código  MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA￾DPACÑ-20 15-02652 del 28 de octubre de 2015,  está Dependencia Ministerial emite observaciones a  la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA  COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código  MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA￾DPACÑ-2015-02666 del 15 de diciembre de 2015,  está Dependencia Ministerial emite observaciones a  la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA  COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA  PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE  AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código  MAE-RA-2015-129912;

 

Que, con fecha 08 de abril de 2016, a través del  Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el  Sr. José Benavides Naranjo, remite para su revisión y pronunciamiento respectivo, las correcciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RADPACÑ-2016-02683 del 13 de junio de 2016, está Dirección Provincial emite observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAERA- 2015-129912;

 

Que, con fecha 31 de agosto de 2016, a través del Sistema Único de Información Ambiental ( SUIA), el Sr. José Benavides Naranjo, remite para su revisión y pronunciamiento respectivo, las correcciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RADPACÑ-2016-02695 del 29 de septiembre de 2016, está Dirección Provi ncial emite observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAERA- 2015-129912;

 

Que, con fecha 04 de octubre de 2016, a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el Sr. José Benavides Naranjo, remite para su revisión y pronunciamiento respectivo, las correcciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912;

 

Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RADPACÑ-2016-02703 del 12 de noviembre de 2016, y sobre la base del Informe Técnico N° MAEU CACÑ-2016-0840, de fecha 11 de noviembre de 2016, está Dependencia Ministerial, emite un pronunciamiento favorable a la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO EN

 

LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912;

 

Que, con fecha 25 de noviembre de 2016, a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el Sr. José Benavides Naranjo, con la fina lidad de continuar con  el proceso de obtención de la Licencia Ambiental Categoría  III del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN  CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU,  UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA,  PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE  CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912, adjunta la  siguiente documentación:

 

Comprobante de depósito, cuyo número de referencia  es 731057198, por un valor de USD 160,00 (ciento  sesenta dólares con 00/100), por concepto de la tasa  de Pago por Control y Seguimiento Ambiental (PCS)  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del  Proyecto.

 

Comprobante de depósito, cuyo número de referencia  es 731059957, por un valor de USD 652,40 (Seis  cientos cincuenta y dos dólares con 40/100), costo  correspondiente al pago por remoción de cobertura  vegetal, en concordancia con el Acuerdo Ministerial  MAE No. 076 Registro Oficial No. 766 del 14 de  agosto de 2013 y Acuerdo Ministerial MAE No. 134  Registro Oficial No. 812 del 18 de octubre de 2012.

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral  1 del Acuerdo Ministerial Nº 268, en concordancia  con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1. Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental  del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN  CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU,  UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA,  PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE  CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912, mediante  Oficio Nro. MAE-SUIA-RA-DPACÑ-2016-02703 del  12 de noviembre de 2016 e Informe Técnico No. MAE￾UCACÑ-2016-0840, remitidos mediante el Sistema Único  de Información Ambiental (SUIA) y sobre la base de las  coordenadas establecidas en el Certificado de Intersección.

 

Art.2. Otorgar la Licencia Ambiental Categoría III, para la  ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA:  SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE YANAYACU,  UBICADO EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA,  PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE  CAÑAR” código MAE-RA-2015-129912.

 

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren  para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán  a constituir parte integrante de la Declaración de Impacto  Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, del proyecto  aprobado, mismo que deberá cumplirse estrictamente, caso  contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de  la Licencia Ambiental, conforme establece la Normativa  Ambiental Vigente.

 

Notifíquese con la presente Resolución al Sr. José  Benavides Naranjo, Presidente del GAD Parroquial de  Chontamarca, y publíquese en el Registro Oficial por ser  de interés general.

 

De la aplicación de esta Resolución encárguese a la  Dirección Provincial del Cañar del Ministerio del  Ambiente, a través de la Unidad de Calidad Ambiental.

 

Comuníquese y publíquese,

 

Dado en Azogues, a 07 de diciembre de 2016.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente del Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO  “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA: SAN CARLOS  A LA COMUNIDAD DE YANAYACU, UBICADO  EN LA PARROQUIA DE CHONTAMARCA,  PERTENECIENTE AL CANTÓN Y PROVINCIA DE  CAÑAR”.

 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad  Ambiental Nacional, en cumplimiento de las disposiciones  contenidas en la Constitución de la República del Ecuador  y en la Ley de Gestión Ambiental, relacionadas con la  preservación del medio ambiente, la prevención de la  contaminación ambiental y la garantía del Desarrollo  Sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental  Categoría III al proyecto ““CONSTRUCCIÓN DE  LA VÍA: SAN CARLOS A LA COMUNIDAD DE  YANAYACU, UBICADO EN LA PARROQUIA DE  CHONTAMARCA, PERTENECIENTE AL CANTÓN  Y PROVINCIA DE CAÑAR”, para que en sujeción a  la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada,  proceda a la ejecución del proyecto.

 

En virtud de lo expuesto, el Presidente del GAD Parroquial  de Chontamarca, se obliga a lo siguiente:

 

Cumplir estrictamente con lo señalado en el Estudio  de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo  Ambiental aprobados.

 

Realizar el monitoreo interno y seguimiento a  las medidas contempladas en el Plan de Manejo  Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al  Ministerio del Ambiente.

 

Utilizar en la ejecución de sus operaciones, procesos  y actividades, tecnologías y métodos que mitiguen y  en la medida de lo posible, prevengan los impactos  negativos al ambiente.

 

Presentar al Ministerio del Ambiente, al primer  año a partir de la emisión de la Licencia Ambiental  y posteriormente cada dos años hasta el cierre y  abandono del proyecto, un Informe de Auditoría  Ambiental de Cumplimiento, conforme establece  el Art. 269 del Texto Unificado de Legislación  Secundaria del Ministerio del Ambiente.

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del  Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los  procesos de monitoreo, control y seguimiento del Plan  de Manejo Ambiental aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración de  la actividad, el pago por servicios administrativos de  gestión y calidad ambiental por seguimiento y control  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo  Ministerial No. 083-B, publicado en el Registro  Oficial No.387 de 04 de noviembre de 2015.

 

Mantener vigente la garantía de fi el cumplimiento del  Plan de Manejo Ambiental, hasta el abandono de las  operaciones.

 

Cumplir con la normativa ambiental nacional y local  vigente.

 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental  es desde la fecha de su expedición hasta el término o  abandono de las operaciones.

 

El incumplimiento de las disposiciones y requisitos  determinados en la Licencia Ambiental causará la  suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo  establecido en la legislación que la rige; se la concede a  costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos a  terceros.

 

La presente Licencia Ambiental, se rige por las  disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, normas del  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio  del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por  el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva.

 

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el  Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

Dado en Azogues, a 07 de diciembre de 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

N° 082

 

Melvin Alvarado Ochoa

DIRECTOR PROVINCIAL

DEL AMBIENTE DE CAÑAR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay,  y declara de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66, de la Constitución de la  República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y libre de contaminación y armonía con la  naturaleza;

 

Que, el numeral 4 del artículo 276, de la Constitución de la  República del Ecuador señala como uno de los objetivos  del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la  naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable  que garantice a las personas y colectividades el acceso  equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,  y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del  patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo  19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas,  privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos  o privados que puedan causar impactos ambientales,  deben previamente a su ejecución ser calificados, por los  organismos descentralizados de control, conforme con  el Sistema Único de Manejo Ambiental; cuyo principio  rector será el precautelatorio;

 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo  ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,  otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo  determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través  de los mecanismos de participación social, entre los cuales  se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector  público y privado;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de  las instituciones del Estado; que pueda producir impactos  ambientales;

 

Que, de acuerdo a la primera Disposición Transitoria  del Título IV del Libro VI del Texto Unificado de  Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E.  N°3516, R.O. N°2, del 31 de marzo de 2003, establece  que: “Las actividades o proyectos que se encuentren en  funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto  ambiental aprobado deberán presentar una auditoría  ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones  ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control.  La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de  manejo ambiental. La AA Inicial o EsIA Expost cubre la  ausencia de un EsIA”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1040, publicado  en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008,  el Presidente Constitucional de la República, expide  el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de  Participación Social establecidos en la Ley de Gestión  Ambiental;

 

Que, a través del Acuerdo N°268 expedido por el  Ministerio del Ambiente, el 29 de agosto de 2014 y  publicado en el Registro Oficial N°359 de 22 de octubre  de 2014, la Ministra del Ambiente, delega a los Directores  Provinciales, proceder con la emisión y suscripción de  Licencias Ambientales;

 

Que, mediante Oficio P&S-COM-2009-183, del 03  de marzo del 2009, el Sr. Sucre Nevárez, Presidente  Ejecutivo de Petróleos y Servicio, solicita al Ministerio  del Ambiente, la emisión del Certificado de Intersección  con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques  Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para el  proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA  TRONCAL”, ubicada en la parroquia La Troncal, cantón  La Troncal, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio 0694-2009-DNPCA-MAE del 11  de junio de 2009, el Ministerio del Ambiente, otorga el  Certificado de Intersección al proyecto “ESTACIÓN  DE SERVICIO CECILIA (LA TRONCAL)”, ubicada  en la parroquia La Troncal, cantón La Troncal,  provincia del Cañar, manifestándose que este proyecto  NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas  Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del  Estado. Las Coordenadas UTM WGS 84 del Proyecto es  la siguiente:

 

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

684081

9732548

 

Que, mediante Oficio PYS-PE-2011-463, del 15 de julio  de 2011, el Sr. Sucre Nevárez R. Presidente Ejecutivo de  la Comercializadora de Petróleos y Servicios, remite al  Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia para  la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2010, para su revisión  y análisis, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la parroquia La  Troncal, cantón La Troncal, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPC-2011-0470 del 19  de agosto de 2011, el Ministerio del Ambiente, aprueba los  Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo  2009-2010 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la parroquia La  Troncal, cantón La Troncal, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio PYS-PE-2011-955, del 13 de  diciembre de 2011, el Sr. Sucre A. Nevárez R, Presidente  Ejecutivo de Petróleos y Servicios, remite al Ministerio  del Ambiente, para su revisión y análisis, la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo  2009-2010 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la parroquia La  Troncal, cantón La Troncal, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPC-2012-0062 del 19  de enero de 2012, el Ministerio del Ambiente, observa la  Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2010 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la  parroquia La Troncal, cantón La Troncal, provincia del  Cañar;

 

Que, mediante Oficio PYS-OC-2012-699 del 20 de  julio de 2012, el Sr. Sucre A. Nevárez R. Presidente  Ejecutivo de Petróleos y Servicios, remite al Ministerio  del Ambiente, para su revisión y análisis, la respuesta a  las observaciones realizadas a la Auditoría ambiental  de cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2010  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA  TRONCAL, ubicada en la parroquia La Troncal, cantón  La Troncal, provincia del Cañar; de la misma manera  solicitaremos lo siguiente para los fines legales del caso  para constancia sello y firmo como si fuese en la misma  situación de los medios de verificación  

 

Que, mediante Oficio PyS-C006-003-2012, del 28 de  junio de 2012, la Sra. Magdalena Cárdenas V. Supervisora  de Petróleos y Servicios Austro, remite al Ministerio del  Ambiente, para su revisión y análisis, el pago de tasas para  la aprobación de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2010 del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”,  ubicada en la parroquia La Troncal, cantón La Troncal,  provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPCAÑ-2012-0766 del  27 de agosto de 2012, el Ministerio del Ambiente, aprueba  la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2010 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la  parroquia La Troncal, cantón La Troncal, provincia del  Cañar;

 

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto  Ejecutivo No.1040, publicado en el Registro Oficial No.  332 del 08 de mayo de 2008 y el Instructivo al Reglamento  de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social,  establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 066, publicado  en el Registro Oficial 36 del 15 de julio de 2013, en  las oficinas de la Estación de Servicio CECILIA LA  TRONCAL, ubicada en la Av. 25 de Agosto 15-35 y Calle  San Gabriel, del cantón LA TRONCAL, a las 13H00, del  día 17 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la Difusión  Pública de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2010 del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”,  ubicada en la parroquia La Troncal, cantón La Troncal,  provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio PYS-OC-2013-402, del 12 de abril  del 2013, el Sr. Sucre A. Nevárez R. Presidente Ejecutivo  de Petróleos y Servicios, remite al Ministerio del  Ambiente, para su revisión y análisis, la documentación  referente al Registro Generador de Desechos Peligrosos  de la “Estación de Servicio Cecilia La Troncal”, ubicada  en la parroquia La Troncal, cantón La Troncal, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2012-0570  del 23 de mayo de 2013, el Ministerio del Ambiente,  emite el Registro Generador de Desechos Peligrosos No.  05-13-DPACÑ-026, con código de Declaración Anual  05-13-DPACÑ-DA-026 y código de Manifiesto Único  05-13-DPACÑ-M-026 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la  parroquia La Troncal, cantón La Troncal, provincia del  Cañar;

 

Que, mediante Oficio PYS-OC-2013-1168 del 10 de  diciembre de 2013, Sr. Sucre A. Nevárez R. Presidente  Ejecutivo de Petróleos y Servicio, emite los pagos  respectivos para la obtención de la Licencia Ambiental  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA  TRONCAL”, ubicada en la parroquia La Troncal, cantón  La Troncal, provincia del Cañar, adjuntando la siguiente  información:

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  257177997 realizado en el Banco Nacional de  Fomento, Cuenta Corriente No. 0010000793 del  MAE por la cantidad de USD 160,00 (ciento sesenta  00/100 dólares de los Estados Unidos de América),  por concepto de la tasa de seguimiento ambiental.

 

Comprobante de depósito con referencia No.  257178880, realizado en el Banco Nacional de  Fomento, cuenta corriente No. 0010000793 del  MAE por la cantidad de USD 500,00 (quinientos con  00/100 dólares de los Estados Unidos de América),  correspondiente al 1X1000 del costo de operación del  último año.

 

Póliza de Seguros No: 0001761 de fi el cumplimiento  al Plan de Manejo Ambiental por la Cantidad de USD  10.700,00 (diez mil setecientos 00/100 dólares de los  Estados Unidos de América), emitida por la compañía  de Seguros y Reaseguros S.A. SWEADEN.

 

Que, mediante Oficio PYS-OC-2013-1168, del 10 de  diciembre de 2013, Sr. Sucre A. Nevárez R. Presidente  Ejecutivo de Petróleos y Servicio, presenta el reajuste  mediante comprobante de depósito con referencia Nro.  324010015 realizado en el Banco Nacional de Fomento,  Cuenta Corriente No. 0010000793 del MAE por la  cantidad de USD 1.750,10 (mil setecientos cincuenta  con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América)  correspondiente al 1 X 1000 del costo de operación del  último año, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la parroquia La  Troncal, del cantón La Troncal, provincia del Cañar; En uso de las atribuciones establecidas en el numeral  1 del Acuerdo Ministerial Nº 268, en concordancia  con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1. Aprobar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2010 del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA TRONCAL”,  ubicada en la parroquia La Troncal, del cantón La Troncal,  provincia del Cañar;

 

Art. 2. Otorgar la Licencia Ambiental al Proponente  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA  TRONCAL”, ubicada en la parroquia La Troncal, del  cantón La Troncal, provincia del Cañar;

 

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren  para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán  a constituir parte integrante de la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental correspondiente  al periodo 2009-2010 del proyecto aprobado, los mismos  que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se  procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia  Ambiental.  

 

Notifíquese con la presente Resolución al Representante  Legal de la “ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA  TRONCAL” y publíquese en el Registro Oficial, por ser  de interés general.

 

De la aplicación de esta resolución encárguese la Dirección  Provincial del Ambiente de Cañar a través de la Unidad de  Calidad Ambiental.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Azogues, 30 de diciembre de 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente del Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

“ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA LA

TRONCAL”, UBICADA EN LA PARROQUIA LA

TRONCAL, CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA

DEL CAÑAR

 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad  Ambiental Nacional en cumplimiento de sus  responsabilidades establecidas en la Constitución de la  República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar  el interés público en lo referente a la preservación del  Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y  la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente  Licencia Ambiental al Proyecto “Estación de Servicio  CECILIA LA TRONCAL”, ubicada en la parroquia La  Troncal, cantón La Troncal, Provincia del Cañar, para que  en sujeción a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  y Plan de Manejo Ambiental aprobado, proceda a la  ejecución del proyecto en los periodos establecidos.

 

En virtud de lo expuesto, el Gerente Propietario, se obliga  a:

 

Cumplir estrictamente lo señalado en la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo  Ambiental aprobados.

 

Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de  monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo  establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo  al Reglamento Ambiental para las Operaciones  Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE, expedido  mediante Decreto Ejecutivo No.1215.

 

Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías  Ambientales de Cumplimiento, de conformidad con  lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento  Sustitutivo al Reglamento Ambiental para la  Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE,  expedido mediante Decreto Ejecutivo No.1215.

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del  Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto  los procesos de monitoreo, control, seguimiento,  y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración  del proyecto, el pago por servicios administrativos de  gestión y calidad ambiental por seguimiento y control  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo  Ministerial No. 083 B, publicado en 08 de junio de  2015

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel  nacional y local.

 

Mantener vigente la Póliza de Fiel Cumplimiento al  Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del  proyecto. En el siguiente caso de los dos miembros de  la comunidad serán los mismos que se ele parecerá en  los dos medios

 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental  es desde la fecha de su expedición hasta el término de la  ejecución del proyecto.

 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones  determinados en la Licencia Ambiental causará la  suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo  establecido en la legislación que la rige; se la concede a  costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de  terceros.

 

La presente Licencia Ambiental se rige por las  disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y Normas  del Texto Unificado de la Legislación Ambiental  Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de  acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el  Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

 

Comuníquese y publíquese.

 

 

Dado en Azogues, 30 de diciembre de 2016.

 

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente del Cañar.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

No 002

 

Melvin Alvarado Ochoa

DIRECTOR PROVINCIAL

DEL AMBIENTE DE CAÑAR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay,  y declara de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66, de la Constitución de la  República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y libre de contaminación y armonía con la  naturaleza;

 

Que, el numeral 4 del artículo 276, de la Constitución de la  República del Ecuador señala como uno de los objetivos  del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la  naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable  que garantice a las personas y colectividades el acceso  equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,  y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del  patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo  19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas,  privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos  o privados que puedan causar impactos ambientales,  deben previamente a su ejecución ser calificados, por los  organismos descentralizados de control, conforme con  el Sistema Único de Manejo Ambiental; cuyo principio  rector será el precautelatorio;

 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo  ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,  otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo  determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través  de los mecanismos de participación social, entre los cuales  se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector  público y privado;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de  las instituciones del Estado; que pueda producir impactos  ambientales;

 

Que, de acuerdo a la primera Disposición Transitoria  del Título IV del Libro VI del Texto Unificado de  Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E.  N°3516, R.O. N°2, del 31 de marzo de 2003, establece  que: “Las actividades o proyectos que se encuentren en  funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto  ambiental aprobado deberán presentar una auditoría  ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones  ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control.  La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de  manejo ambiental. La AA Inicial o EsIA Expost cubre la  ausencia de un EsIA”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1040, publicado  en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008,  el Presidente Constitucional de la República, expide  el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de  Participación Social establecidos en la Ley de Gestión  Ambiental;

 

Que, a través del Acuerdo N°268 expedido por el  Ministerio del Ambiente, el 29 de agosto de 2014 y  publicado en el Registro Oficial N°359 de 22 de octubre  de 2014, la Ministra del Ambiente, delega a los Directores  Provinciales, proceder con la emisión y suscripción de  Licencias Ambientales;

 

Que, mediante Oficio No. DINAPA-H-195-2000 2000160,  del 27 de marzo del 2000, la SUBSECRETARIA DE  PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO  DE ENERGÍA Y MINAS, aprueba el ESTUDIO DE  IMPACTO AMBIENTAL para la “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 28 de julio del 2008,  se solicita al Ministerio del Ambiente, la emisión del  Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de  Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio  Forestal del Estado, para el proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. 6896-08 DPCC/MA del 04 de  septiembre del 2008, el Ministerio del Ambiente, otorga el  Certificado de Intersección al proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar; manifestándose que  este proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional  de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio  Forestal del Estado. Las Coordenadas UTM WGS 84 del  Proyecto son las siguientes:

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

734317

9700931

2

734333

9700942

3

734364

9700934

4

734380

9700896

5

734352

9700905

6

737359

9700920

7

734330

9700927

 

Que, mediante Oficio S/N, del 21 de marzo del 2011,  el Ing. Marcelo espejo, CONSULTOR AMBIENTAL, remite al Ministerio del Ambiente, los Términos de  Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental  de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011,  para su revisión y análisis, del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPC-2011-0201 del 02  de mayo del 2011, el Ministerio del Ambiente, aprueba  los Términos de Referencia para la elaboración de la  Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 24 de junio de 2011, el Arq.  Jorge Washington Toledo Reyes, PROPIETARIO, remite  al Ministerio del Ambiente, para su revisión y análisis, la  Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2011-0476 del 23  de agosto del 2011, el Ministerio del Ambiente, observa  la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 12 de septiembre del 2011,  el Ing. Marcelo Espejo, CONSULTOR AMBIENTAL,  remite al Ministerio del Ambiente, para su revisión y  análisis, las observaciones de la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2011-0715 del  01 de noviembre del 2011, el Ministerio del Ambiente,  observa por segunda ocasión la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 14 de noviembre del 2011,  el Sr. Jorge Washington Toledo Reyes, PROPONENTE,  remite al Ministerio del Ambiente, para su revisión y  análisis, el segundo alcance de la Auditoría Ambiental  de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2011-0912 del  14 de diciembre, el Ministerio del Ambiente aprueba la  Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N del 10 de marzo del 2012, el Sr.  Jorge Washington Toledo Reyes, PROPONENTE, solicita  al Ministerio del Ambiente los requisitos para la obtención  de la Licencia Ambiental mediante la Auditoría Ambiental  de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio MAE-DPACÑ-2012-0391 del 20 de  abril del 2012, se remite los requisitos para la obtención  de la Licencia Ambiental mediante la Auditoría Ambiental  de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto  Ejecutivo No.1040, publicado en el Registro Oficial  No. 332 del 08 de mayo de 2008, en las oficinas de la  “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la  parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia del Cañar,  ubicadas en la Av. Alberto Ochoa y Francisco Calderón,  a las 08H00, del día 14 de agosto del 2012, se llevó a  cabo la Difusión Pública de la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio MAE-DPACÑ-2012-0875 del 16 de  octubre del 2012, se aprueba el Proceso de Participación  Social de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del  periodo 2009-2011 de la “ESTACIÓN DE SERVICIO  ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián, cantón  Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2013-0770 del  24 de julio del 2013, el Ministerio del Ambiente, notifica a  la señora Blanca Eloisa Toledo Aguilar para que continúe  con el proceso de regulación ambiental del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la  parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 23 de octubre del 2013,  señora Blanca Eloisa Toledo Aguilar, PROPIETARIO,  emite los requisitos para la obtención de la Licencia  Ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián, cantón  Biblián, provincia del Cañar, presentando los respetivos  pagos: Comprobante de Depósito con Referencia No. 349100263,  realizado en el Banco Nacional de Fomento, Cuenta  Corriente No. 0010000793 del MAE por la cantidad de  USD 320,00 (trescientos veinte 00/100 dólares de los  Estados Unidos de América), por concepto de la tasa de  seguimiento ambiental. Comprobante de Depósito con Referencia No. 349103067,  realizado en el Banco Nacional de Fomento, Cuenta  Corriente No. 0010000793 del MAE por la cantidad de  USD 500,00 (quinientos con 00/100 dólares de los Estados  Unidos de América), correspondiente al 1X1000 del costo  de operación del último año.

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2013-1074 del  25 de noviembre del 2013, el Ministerio del Ambiente  solicita justificar el pago del 1X1000 del costo de operación  de último año, mínimo 500, mediante la presentación del  Formulario 102 de la

 

Declaración de Impuesto a la Renta  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 11 de diciembre de 2013, Sr.  Arq. Jorge Washington Toledo, PROPIETARIO, presenta  el formulario 102, referente a DECLARACIÓN DEL  IMPUESTO A LA RENTA, del proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2014-0095  del 23 de enero de 2014, el Ministerio de Ambiente,  solicita hacer un reajuste al valor del 1X1000 del costo  de operación del último año, de acuerdo con Declaración  Juramentada, referida al Ejercicio Fiscal correspondiente  al año 2012, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián, cantón  Biblián, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 31 de marzo del 2015, la  señora Blanca Eloisa Toledo Aguilar, PROPIETARIA,  presenta el reajuste al valor del 1X1000 del costo de  operación del último año, de acuerdo con Declaración  Juramentada, referida al Ejercicio Fiscal correspondiente  al año 2012, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián, cantón  Biblián, provincia del Cañar;

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  530630554, realizado en el Banco Nacional de  Fomento, Cuenta Corriente No. 0010000793 del MAE  por la cantidad de USD 804,67 (ochocientos cuatro  67/100 dólares de los Estados Unidos de América),  por concepto de reajuste al valor del 1X1000 del costo  de operación del último año.

 

Que, mediante Oficio S/N, del 28 de diciembre del 2015,  la señora Blanca Eloisa Toledo Aguilar, PROPIETARIA,  presenta la Póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo  Ambiental por la cantidad de USD 4.600,00 (cuatro mil  seiscientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de  América), emitido por SWEADEN compañía de seguros  y reaseguros del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián, cantón  Biblián, provincia del Cañar;

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral  1 del Acuerdo Ministerial Nº 268, en concordancia  con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1. Aprobar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la  parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia del Cañar;

 

Art. 2. Otorgar la Licencia Ambiental al Proponente  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar;

 

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren  para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán  a constituir parte integrante de la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto aprobado, los mismos  que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se  procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia  Ambiental.

 

Notifíquese con la presente Resolución al Representante  Legal de la ““ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”,  ubicada en la parroquia Biblián, cantón Biblián, provincia  del Cañar; y publíquese en el Registro Oficial, por ser de  interés general.

 

De la aplicación de esta resolución encárguese la Dirección  Provincial del Ambiente de Cañar a través de la Unidad de  Calidad Ambiental.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Azogues, 02 de febrero 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

““ESTACIÓN DE SERVICIO ROCIO 2”, UBICADA

EN LA PARROQUIA BIBLIÁN, CANTÓN BIBLIÁN,

PROVINCIA DEL CAÑAR

 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad  Ambiental Nacional en cumplimiento de sus  responsabilidades establecidas en la Constitución de la  República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar  el interés público en lo referente a la preservación del  Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental  y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la  presente Licencia Ambiental al Proyecto “ESTACIÓN DE  SERVICIO ROCIO 2”, ubicada en la parroquia Biblián,  cantón Biblián, provincia del Cañar, para que en sujeción  a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de  Manejo Ambiental aprobado, proceda a la ejecución del  proyecto en los periodos establecidos.

 

 

En virtud de lo expuesto, el Gerente Propietario, se obliga  a:

 

Cumplir estrictamente lo señalado en la Auditoria  Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo  Ambiental aprobados.

 

Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de  monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo  establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones  Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE, expedido  mediante Decreto Ejecutivo No.1215.Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías  Ambientales de Cumplimiento, de conformidad con  lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento  Sustitutivo al Reglamento Ambiental para la  Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE,  expedido mediante Decreto Ejecutivo No.1215.

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del  Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto  los procesos de monitoreo, control, seguimiento,  y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración  del proyecto, el pago por servicios administrativos de  gestión y calidad ambiental por seguimiento y control  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo  Ministerial No. 083-B, publicado en el Registro Oficial  – Edición Especial No. 387 del 04 de noviembre  de 2015, que modificó los valores estipulados en el  Ordinal V, Articulo 11, Titulo II del Libro IX del Texto  Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio  del Ambiente.

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel  nacional y local.

 

Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento  al Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del  proyecto.

 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental  es desde la fecha de su expedición hasta el término de la  ejecución del proyecto.

 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones  determinados en la Licencia Ambiental causará la  suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo  establecido en la legislación que la rige; se la concede a  costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de  terceros.

 

La presente Licencia Ambiental se rige por las  disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y Normas  del Texto Unificado de la Legislación Ambiental  Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de  acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

 

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el  Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

 

Comuníquese y publíquese.

 

 

Dado en Azogues, 02 de febrero de 2017.

 

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

N° 003

 

Melvin Alvarado Ochoa

DIRECTOR PROVINCIAL

DEL AMBIENTE DE CAÑAR

 

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay,  y declara de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66, de la Constitución de la  República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y libre de contaminación y armonía con la  naturaleza;

 

Que, el numeral 4 del artículo 276, de la Constitución de la  República del Ecuador señala como uno de los objetivos  del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la  naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable  que garantice a las personas y colectividades el acceso  equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,  y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del  patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo  19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas,  privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos  o privados que puedan causar impactos ambientales,  deben previamente a su ejecución ser calificados, por los  organismos descentralizados de control, conforme con  el Sistema Único de Manejo Ambiental; cuyo principio  rector será el precautelatorio;

 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo  ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,  otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo  determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través  de los mecanismos de participación social, entre los cuales  se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector  público y privado;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de  las instituciones del Estado; que pueda producir impactos  ambientales;

 

Que, de acuerdo a la primera Disposición Transitoria  del Título IV del Libro VI del Texto Unificado de  Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E. N°3516, R.O. N°2, del 31 de marzo de 2003, establece que: “Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA Inicial o EsIA Expost cubre la ausencia de un EsIA”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008, el Presidente Constitucional de la República, expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, a través del Acuerdo N°268 expedido por el Ministerio del Ambiente, el 29 de agosto de 2014 y publicado en el Registro Oficial N°359 de 22 de octubre de 2014, la Ministra del Ambiente, delega a los Directores Provinciales, proceder con la emisión y suscripción de Licencias Ambientales;

 

Que, mediante Oficio No. DINAPA-H-637-2000 2000565 23 de agosto del 2000, el DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, aprueba el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para la “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 28 de julio del 2008, el Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, solicita al Ministerio del Ambiente, la emisión del Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para el proyecto “ ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. 7082-08 DPCC/MA del 10 de septiembre del 2008, el Ministerio del Ambiente, otorga el Certificado de Intersección al proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;, manifestándose que este proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. Las Coordenadas UTM WGS 84 del Proyecto son las siguientes:

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

738922

9696054

2

738908

9696133

3

738956

9696125

4

738961

9696096

 

Que, mediante Oficio S/N, del 21 de marzo del 2011, el Ing. Marcelo Espejo, CONSULTOR AMBIENTAL, remite al Ministerio del Ambiente, los Términos de  Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011, para su revisión y análisis, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPC-2011-018 del 26 de abril del 2011, el Ministerio del Ambiente, aprueba los Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 24 de junio de 2011, el Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, remite al Ministerio del Ambiente, para su revisión y análisis, la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2011-0542 del 16 de septiembre del 2011, el Ministerio del Ambiente, observa la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 12 de octubre del 2011, el Ing. Marcelo Espejo, CONSULTOR AMBIENTAL, remite al Ministerio del Ambiente, para su revisión y análisis, el alcance de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2011-0721 del 01 de noviembre del 2011, el Ministerio del Ambiente, observa por segunda ocasión la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 28 de noviembre del 2011, el Ing. Marcelo Espejo, CONSULTOR AMBIENTAL, remite al Ministerio del Ambiente, para su revisión y análisis, el segundo alcance de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPC-2012-0015 del 07 de enero del 2012, el Ministerio del Ambiente aprueba la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N del 10 de marzo del 2012, el Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, PROPIETARIO,  solicita al Ministerio del Ambiente los requisitos para la  obtención de la Licencia Ambiental mediante la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo  2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto  Ejecutivo No.1040, publicado en el Registro Oficial  No. 332 del 08 de mayo de 2008, en las oficinas de la  “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”,  ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues,  provincia del Cañar, ubicadas en la Av. Monsalve Pozo  Av. Che Guevara, a las 12H00, del día 13 de agosto del  2012, se llevó a cabo la Difusión Pública de la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo  2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio MAE-DPACÑ-2012-0871 del 16 de  octubre del 2012, se aprueba el Proceso de Participación  Social de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del  periodo 2009-2011 de la “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N del 16 de septiembre del 2013,  remite a esta Cartera de Estado los requisitos para la  obtención de la Licencia Ambiental mediante la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo  2009-2011 del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2013-1073 del  25 de noviembre del 2013, el Ministerio del Ambiente  solicita justificar el pago del 1X1000 del costo de operación  de último año, mínimo 500, mediante la presentación  del Formulario 102 de la Declaración de Impuesto a la  Renta del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA  DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón  Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 16 de septiembre de 2013,  Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, emite  los pagos respectivos para la obtención de la Licencia  Ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  335357156, realizado en el Banco Nacional de  Fomento, Cuenta Corriente No. 0010000793 del MAE  por la cantidad de USD 320,00 (trescientos veinte  00/100 dólares de los Estados Unidos de América),  por concepto de la tasa de seguimiento ambiental.

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  335356149, realizado en el Banco Nacional de  Fomento, Cuenta Corriente No. 0010000793 del  MAE por la cantidad de USD 500,00 (quinientos con  00/100 dólares de los Estados Unidos de América),  correspondiente al 1X1000 del costo de operación del  último año.

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2013-1073 del  25 de noviembre de 2013, esta Cartera de Estado, solicita  presentar el formulario 102, referente a DECLARACIÓN  DEL IMPUESTO A LA RENTA, del proyecto “ESTACIÓN  DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la  parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 11 de diciembre de 2013,  el Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, presenta  el formulario 102, referente a DECLARACIÓN DEL  IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS DEL 2012,  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE  LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón  Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2015-0160  del 12 de febrero de 2015, el Ministerio de Ambiente,  solicita ingresar la Declaración Juramentada, referida al  Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014, del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”,  ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues,  provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 19 de mayo de 2015, el  Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, presenta  la Declaración Juramentada, referida al Ejercicio Fiscal  correspondiente al año 2014, para que se disponga el valor  que se tiene que reajustar con respecto al pago del 1X1000  del costo de operación del último año del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”,  ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues,  provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2015-0642  del 24 de junio de 2015, el Ministerio del Ambiente,  solicita hacer un reajuste al valor del 1X1000 del costo  de operación del último año, de acuerdo con Declaración  Juramentada, referida al Ejercicio Fiscal correspondiente  al año 2014, del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 09 de diciembre de 2015,  el Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, presenta  el reajuste al valor del 1X1000 del costo de operación  del último año, de acuerdo con Declaración Juramentada,  referida al Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014,  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE  LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón  Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2016-0158 del  01 de febrero de 2016, el Ministerio de Ambiente, solicita  actualizar la Garantía Bancaria del proyecto “ESTACIÓN  DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en la  parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

Que, mediante Oficio S/N, del 18 de febrero de 2016, el  Sr. Nelson León Sarmiento, PROPIETARIO, presenta la  Garantía Bancaria No: 870300961 de fi el cumplimiento  al Plan de Manejo Ambiental por la cantidad de USD  3.300,00 (tres mil setecientos con 00/100 dólares de  los Estados Unidos de América), emitido por el Banco  Internacional del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO  REINA DE LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues,  cantón Azogues, provincia del Cañar;

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral  1 del Acuerdo Ministerial Nº 268, en concordancia  con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1. Aprobar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  correspondiente al periodo 2009-2011 del proyecto  “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”,  ubicada en la parroquia Azogues, cantón Azogues,  provincia del Cañar;

 

Art. 2. Otorgar la Licencia Ambiental al Proponente  del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE  LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón  Azogues, provincia del Cañar;

 

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren  para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán  a constituir parte integrante de la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental correspondiente  al periodo 2009-2011 del proyecto aprobado, los mismos  que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se  procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia Ambiental.  

 

Notifíquese con la presente Resolución al Representante  Legal de la “ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE  LA NUBE”, ubicada en la parroquia Azogues, cantón  Azogues, provincia del Cañar; y publíquese en el Registro  Oficial, por ser de interés general.

 

De la aplicación de esta resolución encárguese la Dirección  Provincial del Ambiente de Cañar a través de la Unidad de  Calidad Ambiental.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Azogues, 15 de febrero de 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

“ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”,

UBICADA EN LA PARROQUIA AZOGUES,

CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR

 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad  Ambiental Nacional en cumplimiento de sus  responsabilidades establecidas en la Constitución de la  República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar  el interés público en lo referente a la preservación del  Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental  y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la  presente Licencia Ambiental al Proyecto “ESTACIÓN  DE SERVICIO REINA DE LA NUBE”, ubicada en  la parroquia Azogues, cantón Azogues, provincia del  Cañar, para que en sujeción a la Auditoría Ambiental de  Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental aprobado,  proceda a la ejecución del proyecto en los periodos  establecidos.

 

En virtud de lo expuesto, el Gerente Propietario, se obliga  a:

 

Cumplir estrictamente lo señalado en la Auditoría  Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo  Ambiental aprobados.

 

Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de  monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo  establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo  al Reglamento Ambiental para las Operaciones  Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE, expedido  mediante Decreto Ejecutivo No.1215.

 

Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías  Ambientales de Cumplimiento, de conformidad con  lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento  Sustitutivo al Reglamento Ambiental para la  Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE,  expedido mediante Decreto Ejecutivo No.1215.

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del  Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto  los procesos de monitoreo, control, seguimiento,  y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración  del proyecto, el pago por servicios administrativos de  gestión y calidad ambiental por seguimiento y control  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo  Ministerial No. 083-B, publicado en el Registro Oficial  – Edición Especial No. 387 del 04 de noviembre  de 2015, que modificó los valores estipulados en el  Ordinal V, Articulo 11, Titulo II del Libro IX del Texto  Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio  del Ambiente.

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel  nacional y local.

 

Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento  al Plan de Manejo Ambiental durante la vida útil del  proyecto.

 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental  es desde la fecha de su expedición hasta el término de la  ejecución del proyecto.

 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones  determinados en la Licencia Ambiental causará la  suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo  establecido en la legislación que la rige; se la concede a  costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de  terceros.

 

La presente Licencia Ambiental se rige por las  disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y Normas  del Texto Unificado de la Legislación Ambiental  Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de  acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Azogues, 15 de febrero de 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

N° 05

 

Melvin Alvarado Ochoa

DIRECTOR PROVINCIAL

DEL AMBIENTE DE CAÑAR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay,  y declara de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66, de la Constitución de la  República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y libre de contaminación y armonía con la  naturaleza;

 

Que, el numeral 4 del artículo 276, de la Constitución de la  República del Ecuador señala como uno de los objetivos  del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la  naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable  que garantice a las personas y colectividades el acceso  equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo,  y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del  patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo  19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas,  privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos  o privados que puedan causar impactos ambientales,  deben previamente a su ejecución ser calificados, por los  organismos descentralizados de control, conforme con  el Sistema Único de Manejo Ambiental; cuyo principio  rector será el precautelatorio;

 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo  ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,  otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo  determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través  de los mecanismos de participación social, entre los cuales  se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,  propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector  público y privado;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la  Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica  tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de  las instituciones del Estado; que pueda producir impactos  ambientales;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1040, publicado  en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008,  el Presidente Constitucional de la República, expide  el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de  Participación Social establecidos en la Ley de Gestión  Ambiental;

 

Que, a través del Acuerdo N°268 expedido por el  Ministerio del Ambiente, el 29 de agosto de 2014 y  publicado en el Registro Oficial N°359 de 22 de octubre  de 2014, la Ministra del Ambiente, delega a los Directores  Provinciales, proceder con la emisión y suscripción de  Licencias Ambientales;

 

Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de  fecha 07 de abril de 2015, y publicado mediante Edición  Especial del Registro Oficial Nro. 316 de 04 de mayo  de 2015, indica que los proyectos, obras o actividades  constantes en el catálogo expendido por la Autoridad  Nacional Ambiental, deberán regularizarse a través del  SUIA, en el que determinará automáticamente el tipo de  permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o  Licencia Ambiental;

 

Que, mediante Oficio No. 039-EWOA-CA-13 de fecha 12  de julio del 2013, subido al sistema el 27 de julio de 2013,  el Sr. Angel Urgiléz, solicita la emisión del Certificado de  Intersección; a través del Sistema Único de Información  Ambiental (SUIA) del Proyecto “REGULARIZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA  BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN  CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;  

 

Que, mediante Mediante Oficio MAE-SUIA￾DNPCA-2013-18219, subido al Sistema el 29 de agosto  del 2013, el Ministerio del Ambiente emite el Certificado  de Intersección, manifestando que dicho Proyecto  NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas  Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora  (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Las  Coordenadas UTM WGS 84 del Proyecto son las  siguientes:

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

733490

9719803

2

733490

9719003

3

733890

9719003

 

4

733890

9719803

5

733190

9719803

6

733190

9719903

7

733090

9719903

8

733090

9720203

9

733390

9720203

10

733390

9719803

 

Que, mediante Oficio S/N, del 12 de octubre de 2013,  subido al sistema el 23 de noviembre del 2013, el Sr. Angel  Urgiléz, solicita la revisión de los Términos de Referencia  para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”

 

Que, mediante Oficio No. MAE-SUIA-DPACÑ-2013-0081  del 19 de diciembre de 2013, esta Cartera de Estado,  aprueba los Términos de Referencia para la elaboración  del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de  Manejo Ambiental del proyecto “REGULARIZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA  BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN  CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, la Difusión Pública del Estudio de Impacto Ambiental  Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;  se llevó a cabo en el Centro Comunal de Coyoctor,  a las 10H00 del día viernes 20 de marzo de 2015, de  conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1040,  publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo  de 2008 y el Instructivo al Reglamento de Aplicación de  los Mecanismos de Participación Social establecidos en el  Acuerdo 066 publicado en el Registro Oficial 36 del 15 de  julio de 2013;

 

Que, el día 04 de junio de 2015, se sube al sistema el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPACÑ-2015-0646 del  25 de junio de 2015, esta Cartera de Estado, observa el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo  Ambiental del proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS  DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR,  PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, el 02 de agosto de 2015, se sube al sistema el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, el Plan de Manejo  Ambiental y la respuesta a las observaciones del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPACÑ-2015-0806 del  06 de agosto de 2015, esta Cartera de Estado, observa el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo  Ambiental del proyecto: “REGULARIZACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS  DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR,  PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, el 27 de noviembre de 2015, se sube al sistema el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, el Plan de Manejo  Ambiental y la respuesta a las observaciones del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPACÑ-2015-1281 del  10 de diciembre de 2015, esta Cartera de Estado, observa  el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de  Manejo Ambiental del proyecto “REGULARIZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA  BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN  CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, el 05 de abril de 2016, se sube al sistema el Estudio  de Impacto Ambiental Ex Post, el Plan de Manejo  Ambiental y la respuesta a las observaciones del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPACÑ-2016-0827 del  01 de junio de 2016, esta Cartera de Estado, observa el  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo  Ambiental del proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS  DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR,  PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, el 04 de julio de 2016, se sube al sistema el Estudio  de Impacto Ambiental Ex Post, el Plan de Manejo  Ambiental y la respuesta a las observaciones del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”;

 

Que, mediante Oficio No. MAE-DPACÑ-2016-1228  del 26 de agosto de 2016, esta Cartera de Estado, emite  pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto  Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental del  proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA,  UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE  CAÑAR”;

 

Que, el 19 de diciembre de 2016, se suben al Sistema Único  de Información Ambiental (SUIA), los pagos respectivos  para la obtención de la Licencia Ambiental del proyecto  “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO  EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”,  adjuntado la siguiente información:

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  698844135, realizado en BAN Ecuador B.P., Cuenta  Corriente No. 3001174975 del MAE por la cantidad  de USD 500,00 (quinientos con 00/100 dólares de  los Estados Unidos de América), correspondiente al  1X1000 del costo de operación del último año.

 

Comprobante de Depósito con Referencia No.  688845968, realizado en BAN Ecuador B.P., Cuenta  Corriente No. 3001174975 del MAE por la cantidad  de USD 160,00 (ciento sesenta con 00/100 dólares de  los Estados Unidos de América), por concepto de la  tasa de seguimiento ambiental.

 

La GARANTÍA No. 409 de fiel cumplimiento del  Plan de Manejo Ambiental, por la cantidad de USD  6.600,00 (seis mil seiscientos con 00/100 dólares  de los Estados Unidos de América), emitida por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral  1 del Acuerdo Ministerial Nº 268, en concordancia  con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental para el Licenciamiento Ambiental del proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”.

 

Art. 2. Otorgar la Licencia Ambiental para la operación del proyecto: “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”, que explotará materiales de construcción (arena, piedra y graba), en el lecho del río Cañar, cuyo código de la Concesión Minera denominada Baños del Inca es 102818.

 

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto aprobado, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia Ambiental.

 

Notifíquese con la presente Resolución al Titular de la Concesión Minera Baños de Inca, proponente del proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR” y publíquese en el Registro Oficial, por ser de interés general.

 

 

De la aplicación de esta resolución encárguese la Dirección Provincial del Ambiente de Cañar a través de la Unidad de Calidad Ambiental.

 

 

Comuníquese y publíquese. Dado en Azogues, a 07 de febrero del 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del Ambiente de Cañar.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

“REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO

EN EL CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”

 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental al Proyecto “REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA BAÑOS DEL INCA, UBICADO EN EL CANTÓN  CAÑAR, PROVINCIA DE CAÑAR”, para que en  sujeción al Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y el  Plan de Manejo Ambiental, proceda a la ejecución del  proyecto.

 

En virtud de lo expuesto, el Titular Minero de la Concesión  Baños del Inca, se obliga a:

 

Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio  de Impacto Ambiental Ex Post y el Plan de Manejo  Ambiental aprobado.

 

Realizar el monitoreo y seguimiento a las medidas  contempladas en el Plan de Manejo Ambiental  aprobado.

 

Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y  actividades, tecnologías limpias y métodos que  atenúen, y en medida de lo posible prevengan los  impactos ambientales.

 

Presentar al Ministerio del Ambiente, al primer  año a partir de la emisión de la Licencia Ambiental  y posteriormente cada dos años hasta el cierre y  abandono de la actividad minera, una Auditoría  Ambiental de Cumplimiento, conforme establece el  Art. 53 del Reglamento Ambiental para Actividades  Mineras vigente.

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del  Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto  los procesos de monitoreo, control, seguimiento  y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración  del proyecto, el pago por servicios administrativos de  gestión y calidad ambiental por seguimiento y control  al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo  Ministerial No. 083-B, del 08 de julio de 2015.

 

Presentar anualmente hasta el primero de diciembre  de cada año, el programa y presupuesto ambiental del  año siguiente, y hasta el treinta y uno de enero de cada  año el informe ambiental de actividades cumplidas  en el año inmediato anterior, según lo establece los  Artículos 44 y 45 del Reglamento Ambiental para  Actividades Mineras.

 

Mantener vigente la garantía presentada para la  ejecución del proyecto durante toda su vida útil,  siendo de su entera responsabilidad la actualización  oportuna de este documento.

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel  nacional y local.

 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental  es desde la fecha de su expedición hasta el término de la  ejecución del proyecto.

 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones  determinados en la Licencia Ambiental causará la  suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo  establecido en la legislación que la rige; se la concede a  costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de  terceros.

 

La presente Licencia Ambiental se rige por las  disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y Normas  del Texto Unificado de la Legislación Ambiental  Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de  acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el  Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

Comuníquese y publíquese. Dado en Azogues, a 07 de febrero del 2017.

 

f.) Melvin Alvarado Ochoa, Director Provincial del  Ambiente de Cañar.

 

No. COSEDE-DIR-2017-028

 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL

SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ

Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

 

Considerando:

 

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y  Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del  Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014,  establece que la Corporación del Seguro de Depósitos,  Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE  es una persona jurídica de derecho público, no financiera,  con autonomía administrativa y operativa;

 

Que los numerales 3, 4 y 10 del artículo 80 del Código  ibídem establecen entre las funciones de la Corporación  del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo  de Seguros Privados administrar el Fondo de Seguros  Privados y los recursos que lo constituyen; pagar el seguro  de seguros privados; y, cubrir los riesgos de las empresas  del seguro privado legalmente constituidas en el país que  entren en liquidación forzosa;  Que el numeral 9 del artículo 85 del Código Orgánico  Monetario y Financiero señala que es función del  Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos,  Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados dictar las  normas administrativas y expedir los manuales operativos  que regirán su funcionamiento;

 

Que el artículo 89 del Código invocado, dispone que los  miembros del Directorio, el Gerente General y demás  funcionarios de la Corporación del Seguro de Depósitos,  Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados deberán  observar, en todo momento, los principios de prudencia  y reserva y guardar el secreto profesional respecto de  la información que manejen en el cumplimiento de sus  funciones específicas;

 

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y  Financiera expidió las Normas Generales del Fondo de  Seguros Privados, mediante Resolución No. 174-2015-S  de 21 de diciembre de 2015, reformada con Resoluciones  Nos. 284-2016-S y 325-2017-S de 30 de septiembre de  2016 y 27 de enero de 2017, respectivamente;

 

Que con Resolución No. COSEDE-DIR-2017-009 de 8 de  mayo de 2017, el Directorio de la Corporación del Seguro  de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros  Privados aprobó el Reglamento de Gestión del Fondo de  Seguros Privados, en cuyos artículos 64 y 65 se establece  la forma de emisión de informes de análisis de riesgos y el  informe de cobertura respectivamente;

 

Que mediante Resolución No. COSEDE-DIR-2017-016  de 30 de mayo de 2017, el Directorio de la Corporación  del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de  Seguros Privados, aprobó la Metodología de Riesgo para  la evaluación de entidades de las empresas de seguros del  sistema de seguros privados;

 

Que la Disposición Transitoria de la Resolución No.  COSEDE-DIR-2017-016 de 30 de mayo de 2017,  establece que antes de que finalice el período de carencia  del Fondo de Seguros Privados, la Gerencia General  dispondrá la primera actualización de la metodología de  riesgo para la evaluación de las empresas de seguros del  sistema de seguros privados;

 

Que mediante Memorando No. COSEDE-CTRS-2017- 0170-M de 24 de octubre de 2017, la Coordinación  Técnica de Riesgo Sistémico de la entidad presenta el  informe técnico reservado No. CTRS-MET-2017-004, que  contiene la propuesta de actualización de la Metodología  de Riesgo aplicada a la evaluación de empresas de Seguros  Privados;

 

Que mediante Memorando No. COSEDE-CPSF-2017- 247-M de 25 de octubre de 2017, la Coordinación Técnica  de Protección de Seguros y Fondos remite el Informe  Jurídico en el cual, sobre la base de la normativa vigente,  señala que el Directorio es competente para aprobar la  actualización de la Metodología de riesgo aplicada a la  evaluación de las empresas de seguros privados;

 

Que mediante memorando No. COSEDE-COSEDE- 2017-143-MEMORANDO de 25 de octubre de 2017, la  Gerencia General remite a la Presidenta del Directorio los  informes técnico y jurídico, citados en los considerandos  precedentes y el respectivo proyecto de resolución, a fin  de que sean puestos a conocimiento y aprobación del  pleno del Directorio;

 

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de  Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros  Privados, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de  2017, conoció y aprobó la actualización de la Metodología  de Riesgo aplicada a la Evaluación de Empresas de  Seguros Privados;

 

En ejercicio de sus atribuciones,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar la actualización de  la Metodología de Riesgo para la Evaluación de las  Empresas de Seguros Privados, contenida en el Informe  Técnico Reservado No. CTRS-MET-2017-004 de 23 de  octubre de 2017, emitido por la Coordinación Técnica de  Riesgo Sistémico de la entidad, mediante Memorando No.  COSEDE-CTRS-2017-0170-M de 24 de octubre de 2017.

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Se realizará al menos una  revisión anual de las metodologías de riesgo aplicadas a  la evaluación de entidades del sector financiero privado  y de las entidades del sector financiero popular y  solidario aprobadas mediante Resolución No. COSEDE￾DIR-2017-010 y de la metodología de riesgo para la  evaluación de las empresas de seguros del sistema de  seguros privados.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese la  Resolución No. COSEDE-DIR-2017-016 de 30 de mayo  de 2017, contentiva de la Metodología de riesgo para la  evaluación de entidades de las empresas de seguros del  sistema de seguros privados.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará  en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin  perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada en el Distrito  Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de octubre  de 2017.

 

f.) Dra. Lorena Freire Guerrero, Presidenta del Directorio.

 

La doctora Lorena Freire Guerrero, en su calidad de  Presidenta del Directorio de la Corporación del Seguro  de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros  Privados, proveyó y firmó la Resolución que antecede,  conforme fuera aprobada por el Directorio de la COSEDE  en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2017, en  el Distrito Metropolitano de Quito.

 

LO CERTIFICO:

 

f.) Dra. Nelly Arias Zavala, Secretaria del Directorio.

 

CERTIFICO: Que la copia fotostática íntegra de la  resolución que antecede es fiel copia a su original,  que reposa en los archivos físicos del Directorio de la  Corporación del Seguro de Depósitos, Fondos de Liquidez  y Fondo de Seguros Privados del Ecuador.

 

Quito, 16 de noviembre de 2017.

 

f.) Dra. Nelly Arias, Secretaria del Directorio.

 

No. DZ4-DZORDRI17-00000003

 

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN

Firma Electrónica, Facilidades de Pago

 

EL DIRECTOR ZONAL 4 DEL  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador, prescribe: “Las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una  potestad estatal ejercerán solamente las competencias y  facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la  ley (…)”;

 

Que, el artículo 227 de la norma invocada determina  que la administración pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige, entre otros, por los principios  de eficacia, eficiencia, coordinación, planificación y  transparencia;

 

Que, mediante Ley No. 41, publicada en el Registro  Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, se creó al  Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y  autónoma, con personalidad jurídica de derecho público,  patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede  principal en la ciudad de Quito;

 

Que, el artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de  Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206  de 02 de diciembre de 1997, establece que el Director  Zonal 4 del Servicio de Rentas Internas ejercerá dentro  de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código  Tributario le asigna al Director General del Servicio  de Rentas Internas, excepto las de absolver consultas,  resolver recursos de revisión y emitir actos normativos;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DNHRSGE16-00000225, emitida el 01 de junio de 2016,  la Dirección General del Servicio de Rentas Internas,  designa al Abogado Blamir Joel Alcívar Cedeño, para  cumplir las funciones de Director Zonal 4, del Servicio de  Rentas Internas;

 

Que, el artículo 69 de la Codificación del Código  Tributario señala que las autoridades administrativas que  la ley determine están obligadas a expedir resolución  motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda  consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio  de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos  o quienes se consideren afectados por un acto de la  Administración Tributaria;

 

Que, el artículo 76 del mismo Código determina, que las  competencias en materia tributaria pueden ser ejercidas  mediante delegación o sustitución, en los casos prescritos  en la Ley;

 

Que, los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén  que las atribuciones propias de las diversas entidades  y autoridades de la Administración Pública Central e  Institucional serán delegables en las autoridades u órganos  de inferior jerarquía, excepto las que se encuentran  prohibidas por ley o por decreto y que los delegados  únicamente podrán a su vez delegar sus competencias  cuando exista autorización expresa para el efecto;

 

Que, conforme lo previsto en el artículo 1, numeral 4, literal  a) de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000383 y  sus reformas, publicada en el Suplemento del Registro  Oficial No. 838 de 12 de septiembre de 2016, el  Director General de la entidad delegó el conocimiento y  resolución de las peticiones que se formularen ante esta Administración Tributaria, facultándose a los delegados la posibilidad de delegar estas competencias, excepto la de resolver los reclamos y las clausuras;

 

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos servidores de la Dirección Zonal 4, con el fin de mejorar la atención al contribuyente, desconcentrando las funciones que estos tienen asignadas;

 

Que, es necesario instaurar procedimientos ágiles en la Administración Tributaria, para dotar de mayor transparencia, eficacia y eficiencia la atención de peticiones y solicitudes presentadas por los sujetos pasivos; y,

 

En ejercicio de la facultad que le confiere la ley,

 

Resuelve:

 

Artículo 1. Delegar a quien desempeñe las funciones de Jefe (a) Zonal del Departamento de Cobro de la Dirección Zonal 4 del Servicio de Rentas Internas, la competencia para resolver acerca de las solicitudes de facilidades de pago ingresadas a través del portal web institucional.

 

Artículo 2.- Lo dispuesto en esta resolución no implica pérdida de facultad alguna por parte del Director Zonal 4 del Servicio de Rentas Internas.

 

Disposición General Única.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Publíquese. Dado en Portoviejo, a los dieciséis días del mes de octubre del 2017.

 

Dictó y firmó la resolución que antecede, el Abogado Blamir Joel Alcívar Cedeño, Director Zonal 4 del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Portoviejo, a los

 

Lo certifico.

 

f.) Ing. Jorge Párraga Acosta, Secretario Zonal 4, Servicio de Rentas Internas.

 

No. PEO-JURRDRI17-00000478

 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; las administraciones públicas deben organizarse y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir, de esta forma, los principios de eficiencia, calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación  del Servicio de Rentas Internas dispone que los directores  regionales y provinciales ejercerán, dentro de su respectiva  jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna  al Director General del Servicio de Rentas Internas, con  excepción de la absolución de consultas, el conocimiento  y resolución de recursos de revisión y la expedición de  resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio  para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que, el artículo 69 de la Codificación del Código  Tributario señala que las autoridades administrativas que  la ley determine están obligadas a expedir resolución  motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda  consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio  de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos  o quienes se consideren afectados por un acto de la  Administración Tributaria;

 

Que, los artículos 75 y 76 de la codificación ibídem  disponen que la competencia administrativa se ejerza por  los órganos que la tengan atribuida, salvo los casos de  delegación o sustitución previstos por las leyes;

 

Que, el artículo 77 de la mencionada codificación  establece que cuando una ley atribuya competencia a una  administración tributaria, sin determinar la autoridad que  ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente  para conocer de los reclamos;

 

Que, el artículo 25 en concordancia con el numeral 2 del  artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de  Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como  facultad de los directores provinciales la establecidas  para los directores regionales, entre otras, las de dirigir,  organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio  de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la  estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;

 

Que, los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén  que las atribuciones propias de las diversas entidades  y autoridades de la Administración Pública Central e  Institucional serán delegables en las autoridades u órganos  de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren  prohibidas por ley o por decreto y que los delegados  únicamente podrán a su vez delegar sus competencias  cuando exista autorización expresa para el efecto;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DNRRSGE14-00904 emitida el 31 de octubre de 2014, la Directora General del  Servicio de Rentas Internas nombró a la Ing. RAQUEL  XIMENA GUZMÁN RECALDE en las funciones de  Director Provincial de El Oro del Servicio de Rentas  Internas;

 

Que, la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de  Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC-DGERCG14-00313, publicada en el Registro Oficial No.  134 de 30 de mayo de 2014, establece la conformación  de direcciones zonales y provinciales que permitan una  debida gestión tributaria y atender las necesidades de los  contribuyentes, responsables y terceros;

 

Que, a las direcciones regionales originalmente  establecidas en el Servicio de Rentas Internas, actualmente  corresponden las direcciones zonales. Dichas zonas  constituyen una instancia de actuación desconcentrada  que se conforma, primordialmente, por la unión de varias  provincias. La denominación de zonal corresponde a lo  dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 357, publicado  en el Registro Oficial No. 205 de 02 de junio de 2010,  por el cual se establecieron las zonas administrativas de  planificación;

 

Que, mediante Resolución No. NAC￾DGERCGC16-00000383, el Director General de la entidad  delegó varias de sus atribuciones al Director Provincial  de El Oro y dispuso la aplicación del artículo 77 de la  Codificación del Código Tributario, facultándose a los  delegados la posibilidad de delegar estas competencias,  excepto la de resolver los reclamos y las clausuras;

 

Que, de conformidad con las atribuciones y  responsabilidades otorgadas al Director Provincial de El  Oro, está la de dirigir, organizar, coordinar y controlar  la gestión operativa y administrativa de la Dirección  Provincial, constante en el literal e) del numeral 5.1.1.,  Título V del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional  por Procesos, publicado en el Registro Oficial 134 de 30  de mayo de 2014;

 

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los  distintos servidores de la Dirección Provincial de El Oro  del Servicio de Rentas Internas, con el fin de mejorar la  atención al contribuyente, desconcentrando las funciones  que estos tienen asignadas;

 

Que, es necesario instaurar procedimientos ágiles en la  Administración Tributaria, para dotar de eficiencia a la  atención de peticiones y solicitudes presentadas por los  sujetos pasivos; y,

 

En ejercicio de la facultad que le confiere la ley,

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- Delegar a quien desempeñe las funciones  de Jefe Provincial de Cobro, la atribución para suscribir  con su sola firma, dentro del ámbito de su competencia,  lo siguiente:

 

Títulos de crédito u órdenes de cobro, cuyo valor de  emisión sea igual o menor a USD 10.000,00 (Diez mil  dólares de los Estados Unidos de América);

 

Providencias, oficios y resoluciones que deban emitirse  en atención a solicitudes o peticiones de facilidades de  pago por un monto que no exceda los USD 10.000,00  (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) y  que no requieran de garantía, así como su archivo por  falta de cumplimiento de requisitos;

 

Resoluciones de facilidad de pago de aquellas  solicitudes ingresadas a través del portal web  institucional;

 

Resoluciones, providencias o contestaciones  relacionadas a las solicitudes de compensación de  deudas tributarias por parte de los contribuyentes, así  como de las efectuadas de oficio;

 

Oficios mediante los cuales se certifica la existencia,  pago o estado de deudas tributarias;

 

Resoluciones, providencias o contestaciones  relacionadas con la baja o rectificación de los  documentos mencionados en los numerales anteriores;

 

Comunicaciones relacionadas con el control de deuda,  cobranza persuasiva y/o cobranza coactiva;

 

Requerimientos de pago, comunicaciones tendientes a  solicitar información, anexos, garantías y aquellas en  las cuales se solicite la concurrencia del contribuyente  a las dependencias del Servicio de Rentas Internas;

 

Oficios de respuesta a trámites; y,

 

Oficios Circulares relativos a gestión de cobro.

 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución No. PEO-JURRDRI16-00000252, publicada en el Registro Oficial  892 de 29 de noviembre de 2016.

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su  publicación en el Registro Oficial. Publíquese, notifíquese  y cúmplase.

 

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, la Ing.  Raquel Guzmán Recalde, Directora Provincial de El Oro  del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Machala,  a 10 de noviembre de 2017.

 

 

Lo certifico.

 

f.) Ing. Jhonny A. Valencia Zambrano, Secretario  Provincial de El Oro (S), Servicio de Rentas Internas.

 

 

No. 198-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone: “El Consejo de la Judicatura  es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y  disciplina de la Función Judicial.

 

(…) La Defensoría Pública y la Fiscalía General del  Estado son órganos autónomos de la Función Judicial…”;

 

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución  de la República del Ecuador, establece: “2. La Función  Judicial gozará de autonomía administrativa, económica  y financiera…”;

 

Que el artículo 176 de la Constitución de la República  del Ecuador, señala: “Los requisitos y procedimientos  para designar servidoras y servidores judiciales  deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,  impugnación y control social; se propenderá a la paridad  entre mujeres y hombres.”;

 

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del  Ecuador, manifiesta: “La Función Judicial se compone  de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley  determinará su estructura, funciones, atribuciones,  competencias y todo lo necesario para la adecuada  administración de justicia.”;

 

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador, prevén: “Serán funciones del  Consejo de la Judicatura, además de las que determine la  ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento  y modernización del sistema judicial (…); y, 5. Velar por  la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

 

Que el artículo 191 de la Constitución de la República del  Ecuador, contempla: “La Defensoría Pública es un órgano  autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el  pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por  su estado de indefensión o condición económica, social  o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa  legal para la protección de sus derechos.

 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico,  oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio  y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en  todas las materias e instancias.

 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de  forma desconcentrada con autonomía administrativa,  económica y financiera; estará representada por la  Defensora Pública o el Defensor Público General y  contará con recursos humanos, materiales y condiciones  laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del  Estado.”;

 

Que el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la  Función Judicial, manifiesta: “Las servidoras y servidores  de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial,  de acuerdo a la siguiente clasificación: 5. Quienes prestan  sus servicios como defensores públicos pertenecen a la  carrera de la defensoría.”;

 

Que el artículo 43 del Código Orgánico de la Función  Judicial, indica: “Quienes pertenecen a las carreras  judicial, fiscal o de la defensoría pública se rigen por  las nomas que establecen este Código, el Estatuto  Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los  reglamentos...”;

 

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prevé: “Los que aprobaren el curso de  formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en  los concursos de oposición y méritos y sin embargo no  fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles  que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará  a quienes conforman el banco de elegibles, en estricto  orden de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban  reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento  o contingencia.

 

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

 

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de  elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el  reglamento respectivo…”;

 

Que el artículo 73 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prescribe: “Los resultados de los concursos  y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la  Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades  nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar,  para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido  el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de  promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,  mínima y máxima, correspondiente.

 

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma  categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes  que hayan obtenido los puntajes que siguen al primero.”;

 

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, determina: “El Consejo de la Judicatura es el  órgano único de gobierno, administración, vigilancia  y disciplina de la Función Judicial, que comprende:  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos…”;

 

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código  Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno  del Consejo de la Judicatura le corresponde: “1. Nombrar  y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas  y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y  de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer  nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores  Distritales, a la Directora o al Director General,  miembros de las direcciones regionales, y directores  nacionales de las unidades administrativas; y demás  servidoras y servidores de la Función Judicial; (...); y,  10. Expedir, (…) resoluciones de régimen interno, con  sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,  funcionamiento, responsabilidades, control y régimen  disciplinario; particularmente para velar por la  transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

 

Que el inciso cuarto del artículo 289 del Código Orgánico  de la Función Judicial, señala: “Las y los fiscales y las  defensoras y defensores públicos deberán reunir los  mismos requisitos y observar los procedimientos exigidos  para el ingreso de una jueza o juez y estarán sometidos  al régimen de carrera fiscal o de la defensoría según  corresponda.”;

 

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  expresa: “Para desempeñar un puesto público se requiere  de nombramiento o contrato legalmente expedido por la  respectiva autoridad nominadora.”;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  11 de mayo de 2015, mediante Resolución 107-2015,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  508, de 26 de mayo de 2015, resolvió: “EXPEDIR EL  INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS  Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y  CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS  CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA  DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA  DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL”;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante  publicación en el Suplemento del Registro Oficial No.  520, de 11 de junio de 2015, convocó a los profesionales  del derecho a participar en el: “Concurso de Méritos,  Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social,  para acceder a uno de los cupos de formación inicial  de la Escuela de la Función Judicial para la Carrera  Defensorial a nivel nacional”;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  3 de febrero de 2016, mediante Resolución 017-2016,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.  690, de 15 de febrero de 2016, resolvió: “APROBAR  EL INFORME FINAL DEL SEGUNDO CICLO DEL  CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA  DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y, DECLARAR  ELEGIBLES A LOS POSTULANTES DE ESTE CURSO”;

 

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de  17 de agosto de 2017, mediante Resolución 142-2017,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.  74, de 7 de septiembre de 2017, resolvió: “OTORGAR  UN NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR PÚBLICO AL  ABOGADO GÁLVEZ ANGULO CRISTIAN MIGUEL,  ELEGIBLE DE LA RESOLUCIÓN 017-2016 DE 3 DE  FEBRERO DE 2016, PARA LA CARRERA

 

DEFENSORIAL  EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”;

 

Que mediante Oficio s/n de 30 de agosto de 2017, el abogado Cristian Miguel Gálvez Angulo, manifiesta:  “…Debo hacer conocer que actualmente vengo  desempeñando el cargo de Secretario en la Fiscalía 1 del  cantón Centinela del Cóndor (…) no puedo aceptarlo por  encontrarme laborando en la Fiscalía General del Estado  de Zamora…”;

 

Que mediante Memorando CJ-SG-PCJ-2017-1016, de  28 de septiembre de 2017, el doctor Andrés Segovia  Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura,  informa al doctor Tomás Alvear Peña, Director General  del Consejo de la Judicatura, que: “El Pleno del Consejo  de la Judicatura en sesión ordinaria celebrada el 28 de  septiembre de 2017(…)”, conoció los memorandos que  contienen la excusa del abogado Cristian Miguel Gálvez  Angulo, quien fue nombrado Defensor Público; y resolvió  por unanimidad: “i) No aceptar las excusas presentadas  al cargo de Defensor Público…”

 

Que mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5215, de  23 de octubre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy  Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano,  pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  el informe técnico referente a: “… la emisión de un (1)  nombramiento para Defensor Público en la provincia  de Zamora Chinchipe”; y, el proyecto de resolución  correspondiente;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el  Memorando CJ-DG-2017-5182, de 27 de octubre de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-1240,  de 25 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Paola  Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría  Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para:  “La emisión de un (1) nombramiento de defensor público  para la provincia de Zamora Chinchipe”; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

OTORGAR UN NOMBRAMIENTO DE

DEFENSOR PÚBLICO AL ABOGADO ROBAYO

VILLALBA ÉDGAR ISRAEL, ELEGIBLE DE LA

RESOLUCIÓN 017-2016, DE 3 DE FEBRERO DE

2016, PARA LA CARRERA DEFENSORIAL EN LA

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

 

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico contenido en el  Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5215, de 23 de octubre  de 2017, referente a la emisión de un nombramiento de  defensor público para la provincia de Zamora Chinchipe,  suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora  Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Otorgar un (1) nombramiento de defensor  público

 

al abogado Robayo Villalba Édgar Israel, para la  carrera defensorial en la provincia de Zamora Chinchipe,  elegible que consta en la Resolución 017-2016, de 3 de  febrero de 2016, conforme la descripción del siguiente  cuadro:

 

 

CÉDULA

 

APELLIDOS

 

NOMBRES

 

PUNTAJE

PROVINCIA ASIGNADA

RES. 017-2016

PROVINCIA DE DESIGNACIÓN

1716657968

ROBAYO VILLALBA

ÉDGAR ISRAEL

90,32

CARCHI

ZAMORA CHINCHIPE

 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- La notificación al mencionado profesional la realizará la Defensoría Pública una vez que el ingreso del abogado Robayo Villalba Édgar Israel, al sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN), se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Finanzas.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta  de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  aprobó esta resolución el treinta de octubre de dos mil  diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

No. 199-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone: “El Consejo de la Judicatura  es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y  disciplina de la Función Judicial.”;

 

(…) La Defensoría Pública y la Fiscalía General del  Estado son órganos autónomos de la Función Judicial”;

 

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de  la República del Ecuador, prevé: “2. La Función Judicial  gozará de autonomía administrativa, económica y  financiera.”;

 

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del  Ecuador, manifiesta: “La Función Judicial se compone  de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley  determinará su estructura, funciones, atribuciones,  competencias y todo lo necesario para la adecuada  administración de justicia.”;

 

Que el numeral 2 del artículo 40 del Código Orgánico  de la Función Judicial, establece: “Las servidoras y los  servidores de la Función Judicial se clasifican en: (…)  2. Temporales: Aquellos que han sido designados para  prestar servicios provisionales en un puesto vacante; para  reemplazar a una servidora o a un servidor de la Función  Judicial que se halle suspenso en sus funciones mientras  no se dicte resolución en firme sobre su situación; para  sustituir a una servidora o a un servidor durante el tiempo  que estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a  programas de formación o capacitación; en caso de que  se hubiese declarado con lugar la excusa o recusación  de la jueza o juez; o si se requiera atender necesidades  extraordinarias o emergentes del servicio de justicia.”;

 

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prescribe: “El Consejo de la Judicatura es el  órgano único de gobierno, administración, vigilancia  y disciplina de la Función Judicial, que comprende:  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos…”; 

 

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código  Orgánico de la Función Judicial, determinan que al Pleno  del Consejo de la Judicatura le corresponde: “1. Nombrar  y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas  y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y  de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer  nivel, Fiscales Distritales, agentes fi scales y Defensores  Distritales, a la Directora o al Director General,  miembros de las direcciones regionales, y directores  nacionales de las unidades administrativas; y demás  servidoras y servidores de la Función Judicial (…); y,10.  Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente  el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto  Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los  reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de  régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley,  para la organización, funcionamiento, responsabilidades,  control y régimen disciplinario; particularmente para  velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial.”;

 

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  establece: “Para desempeñar un puesto público se  requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido  por la respectiva autoridad nominadora…”;

 

Que el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de  Servicio Público, dispone: “Para el ejercicio de la  función pública los nombramientos podrán ser: b)  Provisionales…”;

 

Que el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio  Público, expresa: “El subsistema de planificación del  talento humano es el conjunto de normas, técnicas y  procedimientos orientados a determinar la situación  histórica, actual y futura del talento humano, a fin de  garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en  función de la estructura administrativa correspondiente.”;

 

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  indica: “Las Unidades de Administración del Talento  Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la  planificación del talento humano, en función de los planes,  programas, proyectos y procesos a ser ejecutados…”;

 

Que el artículo 16 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del Servicio Público, señala: “Entiéndase  por nombramiento el acto unilateral del poder público  expedido por autoridad competente o autoridad  nominadora mediante la expedición de un decreto,  acuerdo, resolución, acta o acción de personal que otorga  capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio  público.”;

 

Que el literal b) del artículo 17 del Reglamento General  a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: “Los  nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto  en la función pública pueden ser: (…) b) Provisionales:  Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los  puestos…”;

 

Que el literal c) del artículo 18 del Reglamento General  a la Ley Orgánica del Servicio Público, menciona: “Se  podrá expedir nombramiento provisional en los siguientes casos: c.- Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un servidor o una persona que no sea servidor siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el puesto.”;

 

Que el artículo 1 de la Resolución MRL-2014-0018, de 4 de febrero de 2014, suscrito por el doctor José Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales a la fecha, resolvió: “Expedir el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Fiscalía General del Estado e incluirlo en el Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público que administra el Ministerio de Relaciones Laborales…”;

 

Que el numeral 5 del literal B. 2.1 del Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 249, de 9 de diciembre de 2016, suscrito por la economista Madeleine Abarca Runruil, Ministra de Finanzas (s) indica: “5. Las entidades no podrán realizar reformas al distributivo de remuneraciones mensuales unificadas por creación de puestos, contratos de servicios ocasionales, revisión a la clasificación y valoración de puestos y demás movimientos de personal que involucren recursos financieros adicionales, si la entidad no cuenta con la asignación y disponibilidad presupuestaria institucional suficiente a nivel de masa salarial, que cubra estos requerimientos, según el Artículo No. 115 del COPLAFIP.”;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de julio de 2017 mediante Resolución 133- 2017, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 64, de 24 de agosto de 2017, resolvió: “OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y DAR POR TERMINADO NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”;

 

Que con Memorando CJ-SG-PCJ-2017-1010, de 28 de septiembre de 2017, el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura, informa que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2017, conoció el proyecto de resolución para: “Dejar sin efecto los nombramientos provisionales y las terminaciones de nombramientos provisionales de los servidores de la Fiscalía General del Estado no ejecutados en el anexo 1 y 2 de la Resolución 133-2017, (…)”; y, decidió que la Dirección General en coordinación con las áreas que correspondan, soliciten a todos los servidores nombrados que constan en dicho informe que presenten por escrito “su motivación para no aceptar su nuevo cargo”;

 

Que mediante Oficio CJ-DNTH-SA-2017-519, de 2 de octubre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, solicitó a la Fiscalía General del Estado, remita de manera urgente un informe en el que “…se adjunte los documentos por escrito del personal que no aceptó su nuevo cargo.”; y, en atención a lo señalado mediante Oficio FGE-DTH-2017-013771-O, de  16 de octubre de 2017, suscrito por la economista Ana Cristina Avilés Riascos, Directora de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, pone en conocimiento de la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el informe técnico No. 233-FGE-DTH-2017, de 12 de octubre de 2017, el cual contiene “el análisis efectuado junto con los respaldos del personal que no aceptó su nuevo cargo”;

 

Que mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5257, de 25 de octubre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe técnico No. DNTH-SNATH-0532-2017, de 20 de octubre de 2017, referente a “Dejar sin efecto los nombramientos provisionales y las terminaciones de nombramientos provisionales de los servidores de la Fiscalía General del Estado no ejecutados en el anexo 1 y 2 de la Resolución 133-2017”; y el proyecto de resolución respectivo;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-5172, de 27 de octubre de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-1252, de 26 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para: “DEJAR SIN EFECTO LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LAS TERMINACIONES DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO NO EJECUTADOS EN EL ANEXO 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 133-2017…”; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

DEJAR SIN EFECTO LOS NOMBRAMIENTOS

PROVISIONALES Y LAS TERMINACIONES

DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

NO EJECUTADOS EN EL ANEXO 1 Y 2 DE LA

RESOLUCIÓN 133-2017, MEDIANTE LA CUAL

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIÓ: “OTORGAR NOMBRAMIENTOS

PROVISIONALES Y DAR POR TERMINADO

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LOS

SERVIDORES JUDICIALES DE LA FISCALÍA

GENERAL DEL ESTADO”

 

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico No. DNTHSNATH- 0532-2017, de 20 de octubre de 2017, remitido mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5257, de 25 de octubre de 2017, referente a dejar sin efecto los nombramientos provisionales y las terminaciones de nombramientos provisionales no ejecutados en el anexo 1 y 2 de la Resolución 133-2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello,

 

Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto los nombramientos provisionales y las terminaciones de nombramientos provisionales no ejecutados, conforme con los anexos que forman parte de esta resolución.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La notificación y ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución el treinta de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

 

ANEXO 1

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES NO EJECUTADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

NO.

NOMBRE PROVINCIA

CÉDULA

FUNCIONARIO

CARGO

1

PICHINCHA

1713193751

REDROBÁN HERRERA JUAN

FRANCISCO

EXPERTO 2

2

PICHINCHA

1003590880

CARRERA VACA CRISTINA ALEJANDRA

EXPERTO 2

3

PICHINCHA

1716168453

BASTIDAS REDÍN MARÍA DE LAS

MERCEDES

ANALISTA PROVINCIAL DE GESTIÓN PROCESAL 2

4

AZUAY

0301582623

BARAHONA VÁSQUEZ ALICIA

MAGDALENA

ASISTENTE DE FISCALÍA

5

CHIMBORAZO

0604018572

ALARCÓN SAMANIEGO ADRIANA

ELIZABETH

ASISTENTE DE FISCALÍA

6

CHIMBORAZO

0603944364

BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO

AS STENTE DE FISCALÍA

7

EL ORO

0704583251

CHÁVEZ MOTOCHE JOHANNA CRISTINA

ASISTENTE DE FISCALÍA

8

EL ORO

0705856227

LOAIZA MATAMOROS ADRIANA

BERENICE

ASISTENTE DE FISCALÍA

9

GUAYAS

0925336257

COELLO MONTÚFAR JOSÉ ANDRÉS

ASISTENTE DE FISCALÍA

10

PICHINCHA

0702795501

FERNÁNDEZ LAVAYÉN LEONOR DEL

CARMEN

ASISTENTE DE FISCALÍA

11

PICHINCHA

1706974332

MORETA BEDOYA VANESSA

ALEXANDRA

ASISTENTE DE FISCALÍA

 

12

PICHINCHA

1716397987

MOROCHO ZHUNIO LUZ XIMENA

ASISTENTE DE FISCALÍA

13

TUNGURAHUA

1803634573

MERA PROAÑO MAX MENTOR

ASISTENTE DE FISCALÍA

14

TUNGURAHUA

1804000964

ZÚÑIGA BOLAÑOS ESTEFANÍA DANIELA

ASISTENTE DE FISCALÍA

15

IMBABURA

1003662762

CONEJO VINUEZA ÑUSTA ELENA

SECRETARIO DE FISCALÍA

 

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 199-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura.

 

 

 

 

 

No. 200-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (…) La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial.”;

 

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la  República del Ecuador, establece: “La administración de  justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio  de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:  (…) 2. La Función Judicial gozará de autonomía  administrativa, económica y financiera.”;

 

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del  Ecuador, manifiesta: “La Función Judicial se compone  de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley  determinará su estructura, funciones, atribuciones,  competencias y todo lo necesario para la adecuada  administración de justicia.”;

 

Que el numeral 2 del artículo 40 del Código Orgánico de  la Función, prevé: “Las servidoras y los servidores de la  Función Judicial se clasifican en: (…) 2. Temporales:  Aquellos que han sido designados para prestar servicios  provisionales en un puesto vacante; para reemplazar  a una servidora o servidor de la Función Judicial que  se halle suspenso en sus funciones mientras no se dicte  resolución en firme sobre su situación; para sustituir a  una servidora o servidor durante el tiempo que estuviere  de vacaciones, con licencia o asistiendo a programas  de formación o capacitación; en caso de que se hubiese  declarado con lugar la excusa o recusación de la jueza o  juez; o si se requiera atender necesidades extraordinarias  o emergentes del servicio de justicia.”;

 

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, contempla: “El Consejo de la Judicatura es el  órgano único de gobierno, administración, vigilancia  y disciplina de la Función Judicial, que comprende:  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos…”;

 

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código  Orgánico de la Función Judicial, determinan que el Pleno  del Consejo de la Judicatura le corresponde: “1. Nombrar  y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas  y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y  de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer  nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores  Distritales, a la Directora o Director General, miembros  de las direcciones regionales, y directores nacionales  de las unidades administrativas; y demás servidoras y  servidores de la Función Judicial (…); y, 10. Expedir, (…)  reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de  régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley,  para la organización, funcionamiento, responsabilidades,  control y régimen disciplinario; particularmente para  velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial.”;

 

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  establece: “Para desempeñar un puesto público se  requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido  por la respectiva autoridad nominadora…”;

 

Que el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de  Servicio Público, dispone: “Para el ejercicio de la  función pública los nombramientos podrán ser: (…) b)  Provisionales…”;

 

Que el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio  Público, expresa: “El subsistema de planificación del  talento humano es el conjunto de normas, técnicas y  procedimientos orientados a determinar la situación  histórica, actual y futura del talento humano, a fin de  garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en  función de la estructura administrativa correspondiente.”;

 

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  indica: “Las Unidades de Administración del Talento  Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la  planificación del talento humano, en función de los planes,  programas, proyectos y procesos a ser ejecutados…”;

 

Que el artículo 16 del Reglamento General a la Ley  Orgánica de Servicio Público, señala: “Entiéndase por  nombramiento el acto unilateral del poder público  expedido por autoridad competente o autoridad  nominadora mediante la expedición de un decreto,  acuerdo, resolución, acta o acción de personal que otorga  capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio  público.”;

 

Que el literal b) del artículo 17 del Reglamento General  a la Ley Orgánica de Servicio Público, prevé: “Los  nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto  en la función pública pueden ser: (…) b) Provisionales:  Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los  puestos…”;

 

Que el literal c) del artículo 18 del Reglamento General  a la Ley Orgánica del Servicio Público, menciona: “Para  ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta  obtener el ganador del concurso de méritos y oposición,  para cuya designación provisional será requisito  básico contar con la convocatoria. Este nombramiento  provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un  servidor o una persona que no sea un servidor siempre que  cumpla con los requisitos establecidos para el puesto.”;

 

Que el artículo 1 de la Resolución MRL-2014-0018,  de 4 de febrero de 2014, suscrito por el doctor José  Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones  Laborales a la fecha, manifiesta: “Expedir el Manual de  Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de  la Fiscalía General del Estado e incluirlo en el Sistema  de Clasificación de Puestos del Servicio Público que  administra el Ministerio de Relaciones Laborales…”;

 

Que el numeral 5 del literal B.2.1 del Anexo 1 del Acuerdo  Ministerial 249, de 9 de diciembre de 2016, suscrito por  la economista Madeleine Abarca Runruil, Ministra de  Finanzas (s), indica: “5. Las entidades no podrán realizar  reformas al distributivo de remuneraciones mensuales  unificadas por creación de puestos, contratos de servicios  ocasionales, revisión a la clasificación y valoración de  puestos y demás movimientos de personal que involucren  recursos financieros adicionales, si la entidad no cuenta  con la asignación y disponibilidad presupuestaria  institucional suficiente a nivel de masa salarial, que  cubra estos requerimientos, según el Artículo No. 115 del  COPLAFIP.”;

 

Que mediante Oficio FGE-DTH-2017-013844-O, de  20 de octubre de 2017, suscrito por la economista Ana   Cristina Avilés Riascos, Directora de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, pone en conocimiento de la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el informe técnico No. 234-FGE-DTH-2017, de 19 de octubre de 2017, referente a la “SOLICITUD PARA EMISIÓN Y TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”;

 

Que mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5312, de 25 de octubre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe técnico referente a “Nombramientos provisionales y terminación de nombramientos provisionales de la Fiscalía General del Estado.”;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-5172, de 27 de octubre de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-1252, de 26 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez

 

Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para: “…Nombramientos provisionales y terminación de nombramientos de los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado”; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

Y DAR POR TERMINADO NOMBRAMIENTOS

PROVISIONALES DE LOS SERVIDORES

JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO

 

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico No. 234-FGE￾DTH-2017, de 19 de octubre de 2017, remitido mediante  Memorando CJ-DNTH-SA-2017-5312, de 25 de octubre  de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales y dar por terminado los nombramientos provisionales de la Fiscalía General del Estado, conforme con los anexos que forman parte de esta resolución.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- La notificación de la presente resolución, la realizará la Fiscalía General del Estado, una vez que se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Finanzas el ingreso del personal constante en los anexos que forman parte de esta resolución, al sistema de remuneraciones bajo la modalidad de nombramiento provisional.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. 

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir  de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta  de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura  aprobó esta resolución el treinta de octubre de dos mil  diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

ANEXO 1

 

 

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

NO.

NOMBRE DE LA PROVINCIA

CÉDULA

FUNCIONARIO

CARGO

1

CHIMBORAZO

0602470288

QUINTANILLA BONILLA ÉDGAR

PATRICIO

SECRETARIO DE FISCALÍA

2

EL ORO

0922000112

AMAT JARAMILLO SÓCRATES

DAVID

ANALISTA PROVINCIAL DE GESTIÓN PROCESAL

 

3

 

EL ORO

 

0704835263

 

RIVERA ORTIZ HÁMILTON ANDRÉS

ANALISTA PROVINCIAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 2

 

4

 

EL ORO

 

0704849223

SALAZAR LÓPEZ CHRÍSTOPHER

DAVID

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS DESCONCENTRADOS

5

ESMERALDAS

0803044064

SÁNCHEZ MÉNDEZ ANA CRISTINA

SECRETARIO DE FISCALÍA

6

IMBABURA

1002429106

MANOSALVAS PUETATE LUIS

WÍLMER

ASISTENTE DE FISCALÍA

7

IMBABURA

1002934006

GRIJALVA ORQUERA GISELA

ESTEFANÍA

SECRETARIO DE FISCALÍA

8

LOS RÍOS

1206856377

MENDOZA MOREIRA DANIELA

ANDREA

ASISTENTE DE FISCALÍA

9

ORELLANA

2100527999

VERDUGA PINARGOTE ÁNGEL

URIBE

ANALISTA PROVINCIAL DE GESTIÓN PROCESAL 1

10

ORELLANA

2200003172

ARANA GUAGRILLA CARMEN

JASMINA

ASISTENTE DE FISCALÍA

11

ORELLANA

2100508783

OLMEDO PANATA VIVIANA

NARCIZA

RECEPCIONISTA

12

PASTAZA

1717723975

VITERI BONILLA GÉREMY

MONSERRAT

ASISTENTE DE FISCALÍA

13

PICHINCHA

1721080743

ARROBO MEDINA CARLOS

ALBERTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS DESCONCENTRADOS

14

PICHINCHA

1720119674

AGUILAR ZAPATA EVELYN

MARISOL

ASISTENTE DE FISCALÍA

15

PICHINCHA

0603928292

RODRÍGUEZ MEDINA PABLO

ANDRÉS

ASISTENTE DE FISCALÍA

16

PLANTA CENTRAL

1716231418

VACA ALBÁN DANIELA

ALEJANDRA

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN

17

PLANTA CENTRAL

1714965041

AULESTIA VALENCIA CARLOS

AUGUSTO

ASISTENTE DEINVESTIGACIONES

18

PLANTA CENTRAL

1720069176

VALLEJO PEÑAFIEL LORENA

PAOLA

ANALISTA ADN 1

19

PLANTA CENTRAL

1716913775

SALAZAR SUQUILANDA

LORENA PATRICIA

ANALISTA DE GESTIÓN PROCESAL PENAL 2

20

PLANTA CENTRAL

1719183400

ROSERO RIVADENEIRA

PATRICIA ESTEFANÍA

ASISTENTE DE FISCALÍA

21

PLANTA CENTRAL

1712654654

CLAVÓN PILLAJO ALFREDO

SANTIAGO

ESPECIALISTA DE SEGURIDADES INFORMÁTICAS

22

SANTA ELENA

0930040050

ESPINOZA ROSERO

KATHERINE GISELL

ASISTENTE DE FISCALÍA

 

 

23

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

1713512687

 

RODRÍGUEZ VÁSQUEZ ELCY

YANINA

ASISTENTE DE FISCALÍA

24

TUNGURAHUA

1803857026

MORALES ZÚÑIGA JHÓSELIN

PAMELA

ASISTENTE DE FISCALÍA

25

TUNGURAHUA

1803872553

MEJÍA PADILLA ÁLEX

FRANCISCO

ASISTENTE DE FISCALÍA

26

TUNGURAHUA

1804114732

PAREDES PALLO BORIS

ARTURO

ASISTENTE DE FISCALÍA

27

TUNGURAHUA

1804656591

YANES SEVILLA MÁRJORIE

DAYANARA

ASISTENTE DE FISCALÍA

28

TUNGURAHUA

1726754664

YÁNEZ PETIT NATASHA

ESTEFANÍA

ASISTENTE DE FISCALÍA

29

TUNGURAHUA

1803118098

CAMPAÑA VILLACÍS PAULINA

DEL ROCÍO

SECRETARIO DE FISCALÍA

 

 

 

ANEXO 2

 

 

TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

 

NO.

NOMBRE DE LA PROVINCIA

 

CÉDULA

 

FUNCIONARIO

 

CARGO

FECHA DE OTORGAMIENTO

 

1

 

GUAYAS

 

0923131916

BARRERA CÁCERES

SAMIRA DOMÉNICA

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 (PERIODISTA)

 

01/06/2017

2

IMBABURA

1003556022

MUÑOZ PINEDA CARLA

RÓSALY

ASISTENTE DE FISCALÍA

01/09/2015

3

ORELLANA

1104284714

CAMACHO MEDINA

BYRON MANUEL

ANALISTA PROVINCIAL DE GESTIÓN PROCESAL

01/05/2016

4

ORELLANA

2100527999

 

VERDUGA PINARGOTE

ÁNGEL URIBE

 

ASISTENTE DE FISCALÍA

01/04/2016

5

ORELLANA

2100692728

 

PÉREZ GONZÁLEZ

MAYRA ESTHER

RECEPCIONISTA

01/08/2016

6

PLANTA CENTRAL

 

1713673844

 

RIVERA ZAPATA TANIA

GIOCONDA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN

01/08/2017

7

PLANTA CENTRAL

1714004833

 

FUENTES SANTACRUZ

VERÓNICA CAROLINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN

03/01/2017

8

PLANTA CENTRAL

1713702379

 

ZAPATA AGUIRRE

EVELYN

ESPECIALISTA DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO TH

 

01/08/2017

9

PLANTA CENTRAL

0201702107

LARA PAZOS CA LOS

IVÁN

SECRETARIO DE FISCALÍA

31/10/2017

10

SANTA ELENA

0912633682

 

VILLAO YAGUAL RAMÓN

ALBERTO

ASISTENTE DE FISCALÍA

04/05/2015

 

 

11

 

TUNGURAHUA

 

1803968559

 

QUINTO ORTIZ ÓSCAR

ROLANDO

 

 

ASISTENTE DE FISCALÍA

 

01/01/2015

12

TUNGURAHUA

1803237963

LÓPEZ RIOFRÍO LUIS

CARLOS

 

ASISTENTE DE FISCALÍA

01/09/2017

 

 

Razón: Siento por tal que los anexos 1 y 2 que anteceden forman parte de la Resolución 200-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura.

 

 

 

 

 

 

No. 202-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

 

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.”; 

 

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del  Ecuador, manifiesta: “La Función Judicial se compone  de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley  determinará su estructura, funciones, atribuciones,  competencias y todo lo necesario para la adecuada  administración de justicia.”;

 

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador, contemplan: “Serán  funciones del Consejo de la Judicatura además de las que  determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el  mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…);  y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial.”;

 

Que el artículo 182 de la Constitución de la República  del Ecuador, determina: “La Corte Nacional de Justicia  estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte  y uno, quienes se organizarán en salas especializadas,  y serán designados para un periodo de nueve años; no  podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres  años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. (…).

 

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo  el territorio nacional y su sede estará en Quito.”;

 

Que el numeral 1 del artículo 225 de la Constitución  de la República del Ecuador, señala: “El sector público  comprende:

 

1. Los organismos y dependencias de las  funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de  Transparencia y Control Social.”;

 

Que el artículo 229 de la Constitución de la República del  Ecuador, prevé: “Serán servidoras o servidores públicos  todas las personas que en cualquier forma o a cualquier  título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo,  función o dignidad dentro del sector público.

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos  son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector  en materia de recursos humanos y remuneraciones para  todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso,  promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad,  sistema de remuneración y cesación de funciones de sus  servidores.”;

 

Que el artículo 1 del mandato Constituyente No. 2, de 24 de  enero de 2008, señala: “Se establece como Remuneración  Mensual Unificada Máxima, el valor equivalente a  veinticinco salarios básicos unificados del trabajador  privado, para los dignatarios, magistrados, autoridades,  funcionarios, delegados o representantes a los cuerpos  colegiados, miembros de la Fuerza Pública, servidores y  trabajadores del sector público, tanto financiero como no  financiero.

 

No se considera parte de la Remuneración Mensual  Unificada: el décimo tercero y décimo cuarto sueldos o  remuneraciones, viáticos, movilizaciones y subsistencias,  horas suplementarias y extraordinarias, subrogación de  funciones o encargos, compensación por residencia, el  aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social y los fondos de reserva”;

 

 

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función  Judicial, dispone: “…dentro de los grandes lineamientos  del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la  Función Judicial, en el ámbito de sus competencias,  deberán formular políticas administrativas (…); políticas  económicas que permitan la gestión del presupuesto con  el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la  planificación y programación oportuna de las inversiones  en infraestructura física y operacional…”;

 

Que el artículo 91 del Código Orgánico de la Función  Judicial, indica: “La remuneración de las servidoras y los  servidores de la Función Judicial será justa y equitativa con  relación a sus funciones. Valorará la profesionalización,  capacitación, responsabilidad y experiencia, de acuerdo  con las instrucciones, los sistemas de clasificación,  valoración de puestos y de remuneraciones que expida la  Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos  Humanos y Remuneraciones del Sector Público.”;

 

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, dispone: “El Consejo de la Judicatura es el  órgano único de gobierno, administración, vigilancia  y disciplina de la Función Judicial, que comprende:  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos.”;  

 

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la  Función Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la  Judicatura le corresponde: “10. Expedir, (…) resoluciones  de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley,  para la organización, funcionamiento, responsabilidades,  control y régimen disciplinario; particularmente para  velar por la transparencia y eficiencia de la Función  Judicial”;

 

Que mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-311, de 27  de octubre de 2017; y, CJ-DNTH-SD-2017-321, de 30 de  octubre de 2017, suscritos por la ingeniera Nancy Herrera  Coello, Directora Nacional de Talento Humano, puso en  conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez,  Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y, del doctor  Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo  de la Judicatura, respectivamente, los informes técnicos  y el proyecto de resolución para ajustar la remuneración  mensual unificada de los Jueces de la Corte Nacional de  Justicia;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-5185, de 27 octubre de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-1259,  de 27 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Paola  Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría  Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para  ajustar las remuneraciones mensuales unificadas del cargo  de Juez de la Corte Nacional de Justicia; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

AJUSTAR LA REMUNERACIÓN MENSUAL

UNIFICADA DEL CARGO DE JUEZ DE CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA

 

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico No. DNTH￾SD-040-2017, de 30 de octubre de 2017, contenido en el  Memorando CJ-DNTH-SD-2017-321, de 30 de octubre de 2017, referente al ajuste de la remuneración mensual unificada de Jueces de la Corte Nacional de Justicia, emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- La remuneración mensual unificada para Jueces de la Corte Nacional de Justicia, se establece conforme el siguiente cuadro:

 

DENOMINACIÓN

REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA

JUEZA O JUEZ DE CORTE NACIONAL

$ 5634.00

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a  cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección  General y la Dirección Nacional de Talento Humano del  Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir  de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno Consejo de la Judicatura, el treinta de  octubre de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  aprobó esta resolución el treinta de octubre de dos mil  diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

N° 050-FGE-2017

 

Dr. Carlos Baca Mancheno

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República,  establece que: “La Función Judicial se compone de  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos  auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará se  estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo  necesario para la adecuada administración de justicia.”;

 

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República,  señala: “La Fiscalía General del Estado es un órgano  autónomo de la Función Judicial, único e indivisible,  funcionará de forma desconcentrada y tendrá  autonomía administrativa, económica y financiera. La  Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y  representante legal y actuará con sujeción a los principios  constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo  de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de  forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa,  económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es  su máxima autoridad y representante legal y actuará con  sujeción a los principios constitucionales, derechos y  garantías del debido proceso.”;

 

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República,  dispone: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de  parte, la investigación preprocesal y procesal penal;  durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción  a los principios de oportunidad y mínima intervención  penal, con especial atención al interés público y a los  derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los  presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará  la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para  cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá  un sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un  personal de investigación civil y policial; dirigirá el  sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos  y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las  demás atribuciones establecidas en la ley.”;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República,  determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución.”;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  manifiesta: “La administración pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación.”;

 

Que, el artículo 282 numeral 5) del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que la Fiscalía General del  Estado, es la competente para: “(…)5. Dirigir y coordinar  el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  que contará con la ayuda de organismos gubernamentales  y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera  técnica y científica, procedimientos estandarizados para  la práctica de la pericia médico legal (…)”;

 

Que, el artículo 448 del Código Orgánico Integral Penal, dispone: “Organización y dirección.- En materia pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia. El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo.”;

 

Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP) publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19, de 21 de Junio 2017, determina que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: “(…) es la entidad operativa responsable de la gestión de la investigación técnica y científica en materia de medicina legal y ciencias forenses.”;

 

Que, la disposición transitoria décima octava del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadanas y Orden Público, ordena que: “En el plazo de ciento veinte días desde la fecha de expedición de este Código, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, transferirán de forma integral todos los bienes muebles e inmuebles y partidas presupuestarias que están siendo utilizadas para la prestación del Servicio Forense.”;

 

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ( Agregado por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-III-2017), en materia de adquisición de bienes públicos, expresa: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. Los bienes de uso público no estarán sujetos a procesos expropiatorios; sin embargo se podrá transferir la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o servicio público del bien.”;

 

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en materia de transferencia de dominio entre entidades del sector público, determina: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos.”;

 

Que, el artículo 27 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que contiene la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 888, de 23 de noviembre 2016, establece: “El avalúo de los bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad u organismo los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los bienes designados por la máxima autoridad, quienes considerarán el valor comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares en el mercado y, en general, todos los elementos que ilustren su criterio en cada caso, de manera que se asigne su valor razonable o valor realizable neto. De no existir quien posea los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según la naturaleza y características de los bienes de que se trate. El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán las municipalidades y distritos metropolitanos respectivos considerando los precios comerciales actualizados de la zona.”;

 

Que, el artículo 66 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que contiene la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 888, de 23 de noviembre 2016, en lo referente a Entrega- Recepción, determina: “Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta que suscribirán inmediatamente los encargados de su custodia o administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces, el titular de la unidad Administrativa, y el titular de la unidad Financiera. De haberse practicado el avalúo que se señala en el artículo 27 de este reglamento, la eliminación de los bienes de los registros contables de la entidad u organismo se hará por los valores que consten en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado por la transferencia gratuita perteneciere al sector público, se ingresarán los bienes en sus registros por el valor del avalúo practicado.”;

 

Que, la Segunda Disposición Transitoria inciso segundo del Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la Organización, Dirección, Administración y Operación del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015, dispone: “Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que viene utilizando la Fiscalía General del Estado en materia de medicina legal y ciencias forenses, pasarán a integrar el patrimonio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”;

 

Que, con oficio Nro. INMOBILIAR-CZ6-2016-0958-O de 22 de noviembre del 2016, el Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, emite “Dictamen Técnico Favorable”, a fin de que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reciba de la Fiscalía General del Estado, a título gratuito bajo la fi gura legal de donación, el dominio del inmueble materia de esta Resolución;

 

Que, la Fiscalía General del Estado es propietaria del lote de terreno No.1A, de la manzana S-RAMON-4, código catastral 30116103002, ubicado en la Lotización San Ramón, adquirido mediante donación del Gobierno Provincial Autónomo GAD de El Oro, según escritura pública celebrada ante el doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto del Cantón Machala el 26 de julio del 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad cantonal el 2 de octubre del mismo año. De acuerdo a los movimientos registrales no existen gravámenes vigentes; y,

 

Que, del Certificado Catastral de 14 de septiembre del 2017, suscrito por el Ing. Guido Aguilar Aguilar, Subdirector de Régimen Urbanístico de la Propiedad del GAD Municipal del cantón Machala, se desprende que el predio urbano compuesto de solar y construcción, ubicado en la ciudad de Machala, Manzana S-RAMON-4, solar No. 1A, con código catastral número 30116103002, es de propiedad de la Fiscalía General del Estado (El Oro).

 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley:

 

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Ejecutar la transferencia de dominio del Inmueble,  mediante Donación al Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), el inmueble  signado con clave catastral número 30116103002, ubicado  en la ciudad de Machala, en la Lotización San Ramón,  lote de terreno (solar), avaluado en CIENTO TREINTA  Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES  (UDS 131.250,00), adquirido mediante donación del  Gobierno Provincial Autónomo GAD de El Oro, según  escritura celebrada ante el doctor Leslie Marco Castillo  Sotomayor, Notario Público Quinto del cantón Machala el  26 de julio de 2013, inscrita en el Registro de la Propiedad  cantonal el 02 de octubre del mismo año; la construcción  (obra civil), tiene un total de 1008.20 metros cuadrados  aproximadamente, en tres plantas, en la que se incluyen  maquinaria, instalaciones; eléctricas, hidrosanitarias,  automatización, climatización, seguridad y vigilancia,  sistema contra incendios, muebles, cableado estructurado,  centro de datos, etc; cuyo costo asciende a la suma de  UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON  VEINTE Y UN CENTAVOS (UDS 1’792.891,21), según  se desprende del acta de entrega recepción de la obra,  protocolizada el 04 de febrero de 2016, ante Notario  Público Tercero del cantón Quito, documento que forma  parte del presente instrumento como su habilitante.

 

Art. 2.- Delegar al Fiscal Provincial de El Oro, la  suscripción de la correspondiente escritura de donación,  y en caso de ser necesario las correspondientes escrituras  de aclaratoria, modificatoria o rectificatoria, y de todos los  trámites necesarios para la prosecución de la transferencia  de dominio del inmueble descrito en la cláusula precedente,  hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad del  Cantón. Los gastos por concepto de servicios notariales,  de registro y tributos municipales que se generen para el  perfeccionamiento de la transferencia de dominio, serán  cancelados por el Servicio Nacional de Medicina Legal y  Ciencias Forenses (SNMLCF).

 

Art. 3.- Está comprendida dentro de esta DONACIÓN la  transferencia del mobiliario, los equipos de laboratorio:  bienes muebles, reactivos, insumos y otros, conforme  acta de entrega recepción que se adjunta. Además, el  vehículo camioneta 4x4, sin placas, color blanco, año  2015; y, furgón isotérmico, que son utilizados para el  funcionamiento del Centro Forense de Investigación de  El Oro, para lo cual, el Fiscal Provincial y el custodio  de bienes de la Entidad Operativa Desconcentrada de  la Fiscalía Provincial de El Oro, en coordinación con el  custodio de bienes del Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), procedan a la  constatación física y luego a la entrega recepción de los  bienes muebles, dejando constancia de lo actuado en actas  de entrega recepción.

 

Los funcionarios que intervienen tienen la obligación  de cumplir con todos y cada uno de los requisitos y  solemnidades establecidos en la normativa vigente, de  manera especial las disposiciones que al respecto establece  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública, Codificación y Reforma al Reglamento General  para la Administración, Utilización, Manejo y Control de  los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Art. 4.- Perfeccionada la transferencia de dominio, la  Unidad de Bienes y Suministros de la Entidad Operativa  Desconcentrada de la Fiscalía Provincial de El Oro,  proceda a dar de baja de los inventarios patrimoniales  los bienes inmuebles, muebles y equipos objeto de la  donación, y, por su parte el Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, previa la respectiva resolución  aceptará la transferencia y, con la intervención de los  funcionarios competentes ingresará dichos bienes a sus  inventarios institucionales.

 

Art. 5.- Suscritas las actas de entrega-recepción, la  administración, conservación y el mantenimiento de los  bienes objeto de la presente donación serán competencia  de las autoridades del Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, a través de los funcionarios  encargados de su custodia y administración.

 

Art. 6.- Perfeccionada la Donación, será responsabilidad  del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias  Forenses, implementar las medidas adecuadas para  mantener sin interrupción el servicio que actualmente  está prestando a los usuarios el Centro Integral de  Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- El Fiscal Provincial de El Oro, La Coordinación de Recursos y Coordinación Misional, serán las responsables de que se ejecute esta Resolución; y, las Direcciones: Administrativa Financiera, de Tecnologías de la Información y de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado participarán en las labores operativas en todas las etapas del proceso de donación.

 

SEGUNDA.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

Dado y firmado en el despacho del señor Fiscal General del Estado, en la ciudad de Quito a 17 de octubre de 2017.

 

f.) Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado.

 

CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue firmada en el despacho del Fiscal General del Estado, a 17 de octubre de 2017.

 

f.) Dr. Alfredo Vintimilla Palacios, Secretario General, Fiscalía General del Estado.

 

FGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- CERTIFICO: Que las copias que anteceden en tres fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 10 de noviembre de 2017. f.) Ilegible, Secretario General.

 

N° 051-FGE-2017

 

Dr. Carlos Baca Mancheno

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República,  establece que: “La Función Judicial se compone de  órganos jurisdiccionales, órganos administrativos,  órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley  determinará su estructura, funciones, atribuciones,  competencias y todo lo necesario para la adecuada  administración de justicia.”;

 

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República,  señala: “La Fiscalía General del Estado es un órgano  autónomo de la Función Judicial, único e indivisible,  funcionará de forma desconcentrada y tendrá  autonomía administrativa, económica y financiera. La  Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y  representante legal y actuará con sujeción a los principios  constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo  de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de  forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa,  económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es  su máxima autoridad y representante legal y actuará con  sujeción a los principios constitucionales, derechos y  garantías del debido proceso.”;

 

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República,  dispone: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de  parte, la investigación preprocesal y procesal penal;  durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción  a los principios de oportunidad y mínima intervención  penal, con especial atención al interés público y a los  derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los  presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará  la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para  cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá  un sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un  personal de investigación civil y policial; dirigirá el  sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos  y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las  demás atribuciones establecidas en la ley.”;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República,  determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución.”;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  manifiesta: “La administración pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación.”;

 

Que, el artículo 282 numeral 5) del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que la Fiscalía General del  Estado, es la competente para: “(…)5. Dirigir y coordinar  el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  que contará con la ayuda de organismos gubernamentales  y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera  técnica y científica, procedimientos estandarizados para  la práctica de la pericia médico legal (…)”;

 

Que, el artículo 448 del Código Orgánico Integral  Penal, dispone: “Organización y dirección.- En materia  pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y  dirigirá el Sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses que prestará  servicios especializados de apoyo técnico y científico a  la administración de justicia. El Sistema contará con el  apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional  y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo  las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos  en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección  de la Fiscalía y dependerán administrativamente del  ministerio del ramo.”;

 

Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Entidades  de Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP)  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  19, de 21 de Junio 2017, determina que el Servicio  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: “(…)  es la entidad operativa responsable de la gestión de la  investigación técnica y científica en materia de medicina  legal y ciencias forenses.”;

 

Que, la disposición transitoria décima octava del Código  Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadanas y  Orden Público, ordena que: “En el plazo de ciento veinte  días desde la fecha de expedición de este Código, la  Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior,  transferirán de forma integral todos los bienes muebles  e inmuebles y partidas presupuestarias que están siendo  utilizadas para la prestación del Servicio Forense.”;

 

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública (Agregado por el Art.  5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-III-2017), en materia  de adquisición de bienes públicos, expresa: “Para la  transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad  pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para  su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de  esta Ley. Los bienes de uso público no estarán sujetos a  procesos expropiatorios; sin embargo se podrá transferir  la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones  públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o  servicio público del bien.”;

 

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  en materia de transferencia de dominio entre entidades  del sector público, determina: “Para la transferencia  de dominio de bienes inmuebles entre entidades del  sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto,  se requerirá resolución motivada de las máximas  autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de  traspaso de activos.”;

 

Que, el artículo 27 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 888,  de 23 de noviembre 2016, establece: “El avalúo de los  bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad  u organismo los conocimientos científicos, artísticos  o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes designados por la máxima autoridad, quienes  considerarán el valor comercial actual, el precio de  adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares  en el mercado y, en general, todos los elementos que  ilustren su criterio en cada caso, de manera que se asigne  su valor razonable o valor realizable neto. De no existir   quien posea los conocimientos científicos, artísticos o  técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según  la naturaleza y características de los bienes de que se  trate. El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán las  municipalidades y distritos metropolitanos respectivos  considerando los precios comerciales actualizados de la  zona.”;

 

Que, el artículo 66 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  888, de 23 de noviembre 2016, en lo referente a Entrega-Recepción, determina: “Realizado el avalúo, si fuere el  caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes,  dejando constancia de ello en el acta que suscribirán  inmediatamente los encargados de su custodia o  administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces,  el titular de la unidad Administrativa, y el titular de la  unidad Financiera. De haberse practicado el avalúo  que se señala en el artículo 27 de este reglamento, la  eliminación de los bienes de los registros contables de la  entidad u organismo se hará por los valores que consten  en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado por  la transferencia gratuita perteneciere al sector público,  se ingresarán los bienes en sus registros por el valor del  avalúo practicado.”;

 

Que, la Segunda Disposición Transitoria inciso segundo  del Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la  Organización, Dirección, Administración y Operación del  Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina  Legal y Ciencias Forenses, publicado mediante Decreto  Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015, dispone:  “Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles  e inmuebles, activos y pasivos, constantes en convenios,  contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o  internacionales que viene utilizando la Fiscalía General  del Estado en materia de medicina legal y ciencias  forenses, pasarán a integrar el patrimonio del Servicio  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”;

 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley:

 

Resuelve:

 

Art 1.- Transferir por donación: a) el mobiliario,  los equipos de laboratorio que comprende: muebles,  reactivos, insumos y otros, al Servicio Nacional de  Medicina Legal y Ciencias Forenses conforme acta  que se adjunta, b) el vehículo camioneta 4x4, placa  LEI1211, color blanco, Motor Nro. 4JJ1MC4714, Chasis  Nro. 8LBETF4N4F0276230, con todos los accesorios  con los que fue adquirido; y, c) un furgón isotérmico,  bienes que son utilizados para el funcionamiento del  Centro de Investigación Forense de Loja, para lo cual,  el Fiscal Provincial y el custodio de bienes de la Entidad  Operativa Desconcentrada de la Fiscalía Provincial  del Loja, en coordinación con el custodio de bienes del  Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), procedan a la constatación física y luego a la entrega recepción de los bienes muebles, dejando constancia de lo actuado en actas de entrega recepción.

 

Los funcionarios que intervienen tienen la obligación de cumplir con todos y cada uno de los requisitos y solemnidades establecidos en la normativa vigente, de manera especial las disposiciones que al respecto establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Art. 2.- Perfeccionada la transferencia de dominio, la Unidad de Bienes y Suministros de la Entidad Operativa Desconcentrada de la Fiscalía Provincial de Loja, proceda a dar de baja de los inventarios patrimoniales los bienes inmuebles, muebles y equipos objeto de la donación, y, por su parte el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, previa la respectiva resolución aceptará la transferencia y, con la intervención de los funcionarios competentes ingresará dichos bienes a sus inventarios institucionales.

 

Art. 3.- Suscritas las actas de entrega-recepción, la administración, conservación y el mantenimiento de los bienes objeto de la presente donación serán competencia de las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de los funcionarios encargados de su custodia y administración.

 

Art. 4.- Perfeccionada la Donación, será responsabilidad del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, implementar las medidas adecuadas para mantener sin interrupción el servicio que actualmente está prestando a los usuarios el Centro Integral de Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- El Fiscal Provincial de Loja , Coordinación de Recursos y Coordinación Misional, serán las responsables de que se ejecute esta Resolución; y, las Direcciones: Administrativa Financiera, de Tecnologías de la Información y de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado participarán en las labores operativas en todas las etapas del proceso de donación.

 

SEGUNDA.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

Dado y firmado en el despacho del señor Fiscal General del Estado, en la ciudad de Quito a 17 de octubre de 2017 f.) Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado.

 

CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue fi rmada en el despacho del Fiscal General del Estado, a 17 de octubre de 2017

 

f.) Dr. Alfredo Vintimilla Palacios, Secretario General, Fiscalía General del Estado.

 

FGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- CERTIFICO: Que las copias que anteceden en tres fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 10 de noviembre de 2017. f.) Ilegible, Secretario General.

 

N° 052-FGE-2017

 

Dr. Carlos Baca Mancheno

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República, establece que: “La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”;

 

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República,  señala: “La Fiscalía General del Estado es un órgano  autónomo de la Función Judicial, único e indivisible,  funcionará de forma desconcentrada y tendrá  autonomía administrativa, económica y financiera. La  Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y  representante legal y actuará con sujeción a los principios  constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo  de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de  forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa,  económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es  su máxima autoridad y representante legal y actuará con  sujeción a los principios constitucionales, derechos y  garantías del debido proceso.”;

 

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República,  dispone: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de  parte, la investigación preprocesal y procesal penal;  durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción  a los principios de oportunidad y mínima intervención  penal, con especial atención al interés público y a los  derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los  presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará  la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para  cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá  un sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un  personal de investigación civil y policial; dirigirá el  sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos  y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las  demás atribuciones establecidas en la ley.”;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República,  determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución.”;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  manifiesta: “La administración pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación.”;

 

Que, el artículo 282 numeral 5) del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que la Fiscalía General del  Estado, es la competente para: “(…)5. Dirigir y coordinar  el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  que contará con la ayuda de organismos gubernamentales  y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera  técnica y científica, procedimientos estandarizados para  la práctica de la pericia médico legal (…)”;

 

Que, el artículo 448 del Código Orgánico Integral  Penal, dispone: “Organización y dirección.- En materia  pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y  dirigirá el Sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses que prestará  servicios especializados de apoyo técnico y científico a  la administración de justicia. El Sistema contará con el  apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional  y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo  las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos  en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección  de la Fiscalía y dependerán administrativamente del  ministerio del ramo.”;

 

Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Entidades  de Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP)  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  19, de 21 de Junio 2017, determina que el Servicio  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: “(…)  es la entidad operativa responsable de la gestión de la  investigación técnica y científica en materia de medicina  legal y ciencias forenses.”;

 

Que, la disposición transitoria décima octava del Código  Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadanas y  Orden Público, ordena que: “En el plazo de ciento veinte  días desde la fecha de expedición de este Código, la  Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior,  transferirán de forma integral todos los bienes muebles  e inmuebles y partidas presupuestarias que están siendo  utilizadas para la prestación del Servicio Forense.”;

 

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública (Agregado por el Art.  5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-III-2017), en materia  de adquisición de bienes públicos, expresa: “Para la  transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad  pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para  su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de  esta Ley. Los bienes de uso público no estarán sujetos a  procesos expropiatorios; sin embargo se podrá transferir  la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones  públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o  servicio público del bien.”;

 

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  en materia de transferencia de dominio entre entidades  del sector público, determina: “Para la transferencia  de dominio de bienes inmuebles entre entidades del  sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto,  se requerirá resolución motivada de las máximas  autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de  traspaso de activos.”;

 

Que, el artículo 27 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 888,  de 23 de noviembre 2016, establece: “El avalúo de los  bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad  u organismo los conocimientos científicos, artísticos  o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes designados por la máxima autoridad, quienes  considerarán el valor comercial actual, el precio de  adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares  en el mercado y, en general, todos los elementos que  ilustren su criterio en cada caso, de manera que se asigne  su valor razonable o valor realizable neto. De no existir  quien posea los conocimientos científicos, artísticos o  técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según  la naturaleza y características de los bienes de que se  trate. El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán las  municipalidades y distritos metropolitanos respectivos  considerando los precios comerciales actualizados de la  zona.”;

 

Que, el artículo 66 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  888, de 23 de noviembre 2016, en lo referente a Entrega-Recepción, determina: “Realizado el avalúo, si fuere el  caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes,  dejando constancia de ello en el acta que suscribirán  inmediatamente los encargados de su custodia o  administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces,  el titular de la unidad Administrativa, y el titular de la  unidad Financiera. De haberse practicado el avalúo  que se señala en el artículo 27 de este reglamento, la  eliminación de los bienes de los registros contables de la  entidad u organismo se hará por los valores que consten  en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado por  la transferencia gratuita perteneciere al sector público, se ingresarán los bienes en sus registros por el valor del avalúo practicado.”; y,

 

Que, la Segunda Disposición Transitoria inciso segundo del Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la Organización, Dirección, Administración y Operación del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015, dispone: “Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que viene utilizando la Fiscalía General del Estado en materia de medicina legal y ciencias forenses, pasarán a integrar el patrimonio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”;

 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley:

 

Resuelve:

 

Art 1.-Transferir por donación: a) el mobiliario, los equipos de laboratorio que comprenden: los muebles, reactivos, insumos y otros, al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conforme acta que se adjunta, b) el vehículo camioneta 4x4, sin placas, motor Nro. 4JJ1MB9484, chasis Nro. 8LBETF4N4F0275059, color blanco, con todos los accesorios con los que fue adquirido; y, c) un furgón isotérmico, bienes que son utilizados para el funcionamiento del Centro de Investigación Forense de Ambato, para lo cual, el Fiscal Provincial y el custodio de bienes de la Entidad Operativa Desconcentrada de la Fiscalía Provincial del Tungurahua, en coordinación con el custodio de bienes del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), procedan a la constatación física y luego a la entrega recepción de los bienes muebles, dejando constancia de lo actuado en actas de entrega recepción.

 

Los funcionarios que intervienen tienen la obligación de cumplir con todos y cada uno de los requisitos y solemnidades establecidos en la normativa vigente, de manera especial las disposiciones que al respecto establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Art. 2.-Perfeccionada la transferencia de dominio, la Unidad de Bienes y Suministros de la Entidad Operativa Desconcentrada de la Fiscalía Provincial de Tungurahua, proceda a dar de baja de los inventarios patrimoniales los bienes inmuebles, muebles y equipos objeto de la donación, y, por su parte el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, previa la respectiva resolución aceptará la transferencia y, con la intervención de los funcionarios competentes ingresará dichos bienes a sus inventarios institucionales.

 

Art. 3.- Suscritas las actas de entrega-recepción, la administración, conservación y el mantenimiento de los  bienes objeto de la presente donación serán competencia de las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de los funcionarios encargados de su custodia y administración.

 

Art. 4.- Perfeccionada la Donación, será responsabilidad del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, implementar las medidas adecuadas para mantener sin interrupción el servicio que actualmente está prestando a los usuarios el Centro Integral de Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La Fiscalía Provincial de Tungurahua, la Coordinación de Recursos y Coordinación Misional, serán las responsables de que se ejecute esta Resolución; y, las Direcciones: Administrativa Financiera, de Tecnologías de la Información y de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado participarán en las labores operativas en todas las etapas del proceso de donación.

 

SEGUNDA.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

Dado y firmado en el despacho del señor Fiscal General del Estado, en la ciudad de Quito a 17 de octubre de 2017

 

f.) Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado.

 

CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue firmada en el despacho del Fiscal General del Estado, a 17 de octubre de 2017

 

f.) Dr. Alfredo Vintimilla Palacios, Secretario General, Fiscalía General del Estado.

 

FGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- CERTIFICO: Que las copias que anteceden en tres fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo yresponsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 10 de noviembre de 2017. f.) Ilegible, Secretario General.

 

N° 053-FGE-2017

 

Dr. Carlos Baca Mancheno

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República, establece que: “La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”;

 

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República,  señala: “La Fiscalía General del Estado es un órgano  autónomo de la Función Judicial, único e indivisible,  funcionará de forma desconcentrada y tendrá  autonomía administrativa, económica y financiera. La  Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y  representante legal y actuará con sujeción a los principios  constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo  de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de  forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa,  económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es  su máxima autoridad y representante legal y actuará con  sujeción a los principios constitucionales, derechos y  garantías del debido proceso.”;

 

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República,  dispone: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de  parte, la investigación preprocesal y procesal penal;  durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción  a los principios de oportunidad y mínima intervención  penal, con especial atención al interés público y a los  derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los  presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará  la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para  cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá  un sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un  personal de investigación civil y policial; dirigirá el  sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos  y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las  demás atribuciones establecidas en la ley.”;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República,  determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución.”;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  manifiesta: “La administración pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación.”;

 

Que, el artículo 282 numeral 5) del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que la Fiscalía General del  Estado, es la competente para: “(…)5. Dirigir y coordinar  el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  que contará con la ayuda de organismos gubernamentales  y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera  técnica y científica, procedimientos estandarizados para  la práctica de la pericia médico legal (…)”;

 

Que, el artículo 448 del Código Orgánico Integral  Penal, dispone: “Organización y dirección.- En materia  pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y  dirigirá el Sistema especializado integral de investigación,  de medicina legal y ciencias forenses que prestará  servicios especializados de apoyo técnico y científico a  la administración de justicia. El Sistema contará con el  apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional  y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo  las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos  en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección  de la Fiscalía y dependerán administrativamente del  ministerio del ramo.”;

 

Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Entidades  de Seguridad Ciudadanas y Orden Público (COESCOP)  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  19, de 21 de Junio 2017, determina que el Servicio  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: “(…)  es la entidad operativa responsable de la gestión de la  investigación técnica y científica en materia de medicina  legal y ciencias forenses.”;

 

Que, la disposición transitoria décima octava del Código  Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadanas y  Orden Público, ordena que: “En el plazo de ciento veinte  días desde la fecha de expedición de este Código, la  Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior,  transferirán de forma integral todos los bienes muebles  e inmuebles y partidas presupuestarias que están siendo  utilizadas para la prestación del Servicio Forense.”;

 

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública (Agregado por el Art.  5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-III-2017), en materia  de adquisición de bienes públicos, expresa: “Para la  transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad  pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para  su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de  esta Ley. Los bienes de uso público no estarán sujetos a  procesos expropiatorios; sin embargo se podrá transferir  la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones  públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o  servicio público del bien.”;

 

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  en materia de transferencia de dominio entre entidades  del sector público, determina: “Para la transferencia  de dominio de bienes inmuebles entre entidades del  sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto,  se requerirá resolución motivada de las máximas  autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de  traspaso de activos.”;

 

Que, el artículo 27 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 888,  de 23 de noviembre 2016, establece: “El avalúo de los  bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad  u organismo los conocimientos científicos, artísticos  o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes designados por la máxima autoridad, quienes  considerarán el valor comercial actual, el precio de  adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares  en el mercado y, en general, todos los elementos que  ilustren su criterio en cada caso, de manera que se asigne  su valor razonable o valor realizable neto. De no existir  quien posea los conocimientos científicos, artísticos o  técnicos y la experiencia necesaria para valorar los  bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según  la naturaleza y características de los bienes de que se  trate. El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán las  municipalidades y distritos metropolitanos respectivos  considerando los precios comerciales actualizados de la  zona.”;

 

Que, el artículo 66 del Acuerdo Nro. 041-CG-2016 que  contiene la Codificación y Reforma al Reglamento  General para la Administración, Utilización, Manejo y  Control de los Bienes y Existencias del Sector Público,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  888, de 23 de noviembre 2016, en lo referente a Entrega-Recepción, determina: “Realizado el avalúo, si fuere el  caso, se efectuará la entrega recepción de los bienes,  dejando constancia de ello en el acta que suscribirán  inmediatamente los encargados de su custodia o  administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces,  el titular de la unidad Administrativa, y el titular de la  unidad Financiera. De haberse practicado el avalúo  que se señala en el artículo 27 de este reglamento, la  eliminación de los bienes de los registros contables de la  entidad u organismo se hará por los valores que consten  en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado por  la transferencia gratuita perteneciere al sector público,  se ingresarán los bienes en sus registros por el valor del  avalúo practicado.”; y,

 

Que, la Segunda Disposición Transitoria inciso segundo  del Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la  Organización, Dirección, Administración y Operación del  Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina  Legal y Ciencias Forenses, publicado mediante Decreto  Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015, dispone:  “Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles  e inmuebles, activos y pasivos, constantes en convenios,  contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o  internacionales que viene utilizando la Fiscalía General  del Estado en materia de medicina legal y ciencias  forenses, pasarán a integrar el patrimonio del Servicio  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”;

 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley:

 

 

Resuelve:

 

Art 1.- Transferir por donación: a) el mobiliario, los  equipos de laboratorio: que comprende: muebles, reactivos  insumos y otros, al Servicio Nacional de Medicina Legal  y Ciencias Forenses conforme acta que se adjunta, b) el vehículo camioneta 4x4, placa AEI1183, motor Nro.  N4JJ1 MB9469, chasis Nro. 8LBETF4N8F0276229, color  blanco, con todos los accesorios con los que fue adquirido;  y, c) un furgón isotérmico, bienes que son utilizados para  el funcionamiento del Centro de Investigación Forense de  Cuenca, para lo cual, el Fiscal Provincial del Azuay y el  custodio de bienes de la Entidad Operativa Desconcentrada  de la Fiscalía Provincial del Azuay, en coordinación con  el custodio de bienes del Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), procedan a la  constatación física y luego a la entrega recepción de los  bienes muebles, dejando constancia de lo actuado en actas  de entrega recepción.

 

Los funcionarios que intervienen tienen la obligación  de cumplir con todos y cada uno de los requisitos y  solemnidades establecidos en la normativa vigente, de  manera especial las disposiciones que al respecto establece  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública Codificación y Reforma al Reglamento General  para la Administración, Utilización, Manejo y Control de  los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Art. 2.- Perfeccionada la transferencia de dominio, la  Unidad de Bienes y Suministros de la Entidad Operativa  Desconcentrada de la Fiscalía Provincial del Azuay,  proceda a dar de baja de los inventarios patrimoniales  los bienes inmuebles, muebles y equipos objeto de la  donación, y, por su parte el Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, previa la respectiva resolución  aceptará la transferencia y, con la intervención de los  funcionarios competentes ingresará dichos bienes a sus  inventarios institucionales.

 

Art. 3.- Suscritas las actas de entrega-recepción, la  administración, conservación y el mantenimiento de los  bienes objeto de la presente donación serán competencia  de las autoridades del Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, a través de los funcionarios  encargados de su custodia y administración.

 

Art. 4.- Perfeccionada la Donación, será responsabilidad  del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias  Forenses, implementar las medidas adecuadas para  mantener sin interrupción el servicio que actualmente  está prestando a los usuarios el Centro Integral de  Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La Fiscalía Provincial del Azuay, la  Coordinación de Recursos y Coordinación Misional, serán  las responsables de que se ejecute esta Resolución; y, las  Direcciones: Administrativa Financiera, de Tecnologías  de la Información y de Investigaciones de la Fiscalía  General del Estado participarán en las labores operativas  en todas las etapas del proceso de donación.

 

SEGUNDA.- La presente Resolución, entrará en vigencia  a partir de su expedición.

 

Dado y firmado en el despacho del señor Fiscal General  del Estado, en la ciudad de Quito a 17 de octubre de 2017.

 

f.) Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado.

 

CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue firmada en  el despacho del Fiscal General del Estado, a 17 de octubre  de 2017.

 

f.) Dr. Alfredo Vintimilla Palacios, Secretario General,  Fiscalía General del Estado.

 

FGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.-  CERTIFICO: Que las copias que anteceden en tres fojas,  corresponden a los originales que reposan en los archivos  a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la  Fiscalía General del Estado.- Quito, 10 de noviembre de  2017. f.) Ilegible, Secretario General.

 

No. SCVS-INC-DNCDN-2017-0034

 

Ab. Suad Manssur Villagrán

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS,

VALORES Y SEGUROS

 

Considerando:

 

Que mediante resolución No. SCVS-DNCDN-2015-011  de 23 de julio de 2015, publicada en el Registro Oficial  No. 560 de 6 de agosto de 2015, la Superintendencia de  Compañías, Valores y Seguros expidió el Instructivo para  la vigilancia y control posterior.

 

Que es necesario reformar la antedicha resolución a fin  de agilizar la gestión de notificación de las observaciones,  conclusiones o recomendaciones respecto de un acto  societario sujeto a vigilancia y control posterior.  Y, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el  artículo 433 de la Ley de Compañías,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 10 de la resolución No.  SCVS-DNCDN-2015-011 de 23 de julio de 2015 por el  siguiente:

 

“Art. 10.- Notificación de observaciones.- La  Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  notificará electrónicamente al usuario o a la compañía,  las observaciones, conclusiones o recomendaciones  respecto del acto societario en revisión. En el sistema  interno de control y seguimiento de trámites se dejará  constancia de la correspondiente notificación.

 

Se podrá conceder un término de hasta treinta días para  que la junta general de socios o accionistas, los órganos  de administración y los representantes legales de la sociedad procedan a subsanar la situación irregular  advertida, pudiendo ordenar acciones o medidas concretas  encaminadas a tal fin.” 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Del cumplimiento de esta resolución se encargarán las  Intendencias Nacionales de Compañías y de Planificación,  Tecnología y Desarrollo, y Secretaría General.

 

Esta resolución entrará en vigencia a partir de su  publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada  en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  Oficina Matriz, en Guayaquil, a los catorce días del mes de  noviembre del año dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendente de  Compañías, Valores y Seguros.

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES  Y SEGUROS.- Certifico.- Es fiel copia de su original que  consta en el Archivo de esta Institución.- Guayaquil, 15 de  noviembre de 2017.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE SANTIAGO DE PILLARO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República  del Ecuador establece que el ejercicio de los derechos  se regirá por los siguientes principios: numeral 2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos  derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser  discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,  edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,  estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política,  pasado judicial, condición socio-económica, condición  migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar  VIH, discapacidad, deficiencia física; ni por cualquier otra  distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,  que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular  el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La  ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado  adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la  igualdad real en favor de los titulares de derechos que se  encuentren en situación de desigualdad. Numeral 9. El  más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer  respetar los derechos garantizados en la Constitución. El  Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta, Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

 

Que, el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador establece: Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

 

Que, el artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: Numeral 1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. Numeral 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Numeral 9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.

 

Que, el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador establece: El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: Numeral 1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. Numeral 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. Numeral 3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

 

 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece: Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: Literal a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

 

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 240 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 57 literal a), Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD ) y Resolución Administrativa Nro. 006- 2017- de 28 de abril de 2017, emitida por el señor Alcalde, Abogado Patricio Sarabia Rodríguez, Resolución Administrativa con la que resuelve expedir el Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro,

 

 

Expide:

 

La siguiente: ORDENANZA DE FUNCIONAMENTO

DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

 

CAPITULO I

 

DEL AMBITO, DOMICILIO, NATURALEZA,

OBJETO, FINES Y FUNCIONES

 

Artículo 1.- DEL AMBITO Y DOMICILIO: La presente Ordenanza regula el funcionamiento, organización de la sección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y establece tasas, tarifas, exenciones y disminuciones a favor de los grupos de atención prioritaria para el buen vivir; como también regula el funcionamiento de las áreas de intervención social, Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”, espacios alternativos y servicios complementarios; siendo su jurisdicción y domicilio el cantón Santiago de Píllaro.

 

Artículo 2.- DE LA NATURALEZA.- La Sección de Desarrollo Social es un organismo con administración financiera y operativa dependiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, cumpliendo con las normativas constitucionales, Plan Nacional para el Buen Vivir, disposiciones del COOTAD, Leyes, políticas municipales dispuestas por el GAD Municipal de Santiago de Píllaro y convenios estatales e internacionales para realizar las funciones sociales y estará sujeto a los organismos de control público. Contará con el patrimonio del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, como: los bienes muebles e inmuebles de propiedad Municipal y las donaciones de cualquier naturaleza, siempre y cuando tengan procedencia lícita.

 

Artículo 3.- OBJETO. - Consolidar la Sección de Desarrollo Social que permita servir a los grupos desprotegidos y vulnerables del cantón Santiago de Píllaro con: Equidad, igualdad de condiciones, calidez, calidad, eficiencia, inclusión, solidaridad, interculturalidad responsabilidad, garantizando así el buen vivir. Ejecutar proyectos y programas de organización, capacitación y control a los diversos prestadores de sus servicios en esta sección; y, también coordinará con las dependencias correspondientes del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.

 

Artículo 4.- FINES. - Son fines de la presente Ordenanza:

 

Establecer e implementar políticas sociales a favor de los grupos de atención prioritaria.

 

Determinar lineamientos generales, para la gestión social del GAD Municipal Santiago de Píllaro, que  orienten la planificación y ejecución de programas, para atender a grupos de atención prioritaria que estén dentro de la jurisdicción cantonal.

 

Solucionar de forma humana, ética, solidaria, técnica y profesional las políticas sociales del cantón.

 

Promover espacios de participación ciudadana vinculados a la atención social prioritaria.

 

 

Artículo 5.- DE LAS FUNCIONES.- Son funciones de la Sección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, las siguientes:

 

Brindar servicios y ejecutar actividades que le delegue el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, a través de planes, programas, proyectos y otros instrumentos debidamente planificados y presupuestados para la ejecución de políticas sociales, que son de competencias de la municipalidad.

 

Desplegar labor de asistencia social en beneficio de los grupos prioritarios vulnerables del cantón Santiago de Píllaro, quienes se encuentren en situación de riesgo y provengan de estratos sociales de escasos recursos económicos y/o abandonados por sus familiares.

 

Inculcar a la sociedad el espíritu de colaboración y servicio a la comunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir.

 

Formular y ejecutar las políticas sociales y metas institucionales en materia de gestión social local, en beneficio de los grupos de atención prioritaria.

 

Planificar y ejecutar los programas sociales y productivos destinados a los grupos de atención prioritaria del cantón Santiago de Píllaro, especialmente para promover y proteger a las personas de los grupos de atención prioritaria de escasos recursos económicos, indigentes y abandonados por sus familiares.

 

Asegurar el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables, dentro de sus competencias.

 

Promover alianzas estratégicas con entidades jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a actividades similares.

 

CAPITULO II

 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

 

Artículo 6.- ESTRUCTURA DE LA SECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

 

La Sección de Desarrollo Social depende directamente del Departamento de Desarrollo de la Comunidad, Cultura,  Deportes, Turismo y Recreación, cuya función primordial es la gestión, promoción e implementación de políticas municipales para la prestación de servicios sociales a los grupos vulnerables del cantón Santiago de Píllaro canalizados a través de las siguientes áreas: Medicina General, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Terapia de Lenguaje, Rehabilitación Física, Espacios Alternativos, Promoción Social y el Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”.

 

 

Artículo 7.- OBJETIVOS Y FUNCIONES.- De conformidad con el artículo anterior el Departamento de Desarrollo de la Comunidad, Cultura, Deportes, Turismo y Recreación, en relación a la sección de Desarrollo Social, tendrán las siguientes funciones y Objetivos:

 

DEL DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y RECREACIÓN con el nivel de gestión en la ejecución de planes, programas y proyectos para la prestación de servicios sociales a los grupos vulnerables, entre sus atribuciones están: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar todas las actividades y los procesos a su cargo en la presente ordenanza.

 

DEL JEFE/A DE LA SECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Organizar, administrar y controlar el presupuesto destinado a las distintas áreas de la Sección de Desarrollo Social además de coordinar y evaluar el cumplimiento de proyectos y actividades de Desarrollo Social del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.

 

CAPITULO III

 

CENTRO DE ACOGIDA DEL ADULTO MAYOR “SEÑOR DE LOS REMEDIOS” DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO.

 

Artículo 8.- Se regula el funcionamiento del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios” del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, bajo la dependencia Administrativa y Financiera del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, quien tomará decisiones en coordinación con la Sección de Desarrollo Social en forma técnica, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida e integración social y familiar, promover el cuidado de su salud, trabajar en mejorar su autoestima y difundir los derechos y deberes de este grupo, fomentando la organización de actividades ocupacionales y de distracción, y de esta manera minimizar sus deficiencias, con una clara concepción de servicio integral e integrado, así como también de otros organismos públicos y privados.

 

Previo el ingreso al Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”, se contará con el informe socioeconómico elaborado por el/la Trabajador/a Social, con la  finalidad de determinar el pago de su estadía mensual, de conformidad a lo siguiente:

 

Adultos mayores que demuestren su desamparo familiar y carencia económica personal o familiar, estarán exentos de pago.

 

Adultos mayores que demuestren lo contrario del literal a), deberán cancelar el 20% de una RBU mensualmente.

 

Artículo 9.- El responsable del funcionamiento del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios” del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, será el/la Administrador/a, con el fin de atender adecuadamente y contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los adultos mayores residentes.

 

Para su aplicación se determina los niveles administrativos y técnicos establecidos por su naturaleza y objetivos del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios” y contará con los servicios de:

 

Enfermería,

 

Guardianía,

 

Cocina,

 

Auxiliar de servicio.

 

Art. 10.- DEL ADMINISTRADOR/A DE LOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DE ADULTOS MAYORES.- Cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores del cantón Santiago de Píllaro, brindándoles un espacio alternativo para que se encuentre con personas de su edad, compartan momentos de sano esparcimiento y mejoren su calidad de vida, así como promover un envejecimiento digno, activo y saludable.

 

Artículo 11.- PROMOTOR SOCIAL.- Cuyo objetivo es promover la participación e incidencia en la comunidad y fortalecer el servicio que presta la Sección de Desarrollo Social.

 

Artículo 12.- MEDICO/A GENERAL.- Realizará actividades de atención, control y prevención de salud a los pacientes del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”, grupos vulnerables, y pacientes externos que acuden a la Sección de Desarrollo Social, realizando un diagnóstico y brindando el tratamiento adecuado; así como brindar el servicio de salud ocupacional a los empleados y trabajadores del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.

 

Artículo 13.- ODONTOLOGO/A.- Le corresponde realizar actividades de atención y prevención de salud  odontológica a los internos del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”, grupos vulnerables y pacientes externos, con calidad, calidez en forma eficiente y oportuna, de conformidad a lo siguiente:

 

 

DE LOS VALORES A PAGAR.- El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, subvencionará en parte la prestación de los servicios de odontología y se considerará el copago como forma de autogestión por lo que se crea la tasa de atención odontológica, de conformidad a la remuneración básica unificada del trabajador en general (R.B.U.), vigente a la fecha de atención conforme la siguiente tabla:

 

 

TIPOS DE ATENCION

% R.B.U.

Extracción de dientes temporales

1

Extracción de dientes definitivos

1,66

Endodoncias en dientes temporales

1

Profilaxis en dientes definitivos

2,10

 

Profilaxis y fluorizaciones en dientes temporales

2,10

Restauraciones provisionales

0,50

Restauraciones con luz halógena simple

1

Restauraciones con luz halógena completa

2

Desensibilizante, anestésicos, cementaciones,

1

 

Artículo 14.- PSICOLOGO/A.- Le corresponde  contribuir al desarrollo psicológico adecuado de los  pacientes del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor  de los Remedios”, grupos vulnerables, pacientes externos,  empleados y trabajadores en situaciones de riesgo social  que acuden a la consulta del área de Psicología Clínica  en la sección de Desarrollo Social del GAD Municipal  Santiago de Píllaro, este servicio no tendrá costo alguno.

 

Artículo 15.- FISIOTERAPISTA.- Le corresponde  examinar y tratar las deficiencias, limitaciones funcionales,  discapacidades y patologías de los residentes del Centro  de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”,  grupos vulnerables, pacientes externos que requieren de  este servicio, su objetivo es dar atención, tratamiento y  seguimiento en la salud física.

 

Los pacientes externos previos a ser atendidos deberán  cancelar el valor de 0.54% de la Remuneración Básica  Unificada vigente.

 

Artículo 16.-TERAPISTA DE LENGUAJE.- El objetivo  es brindar atención oportuna de calidad y calidez a los  niños, niñas y adolescentes que presentan trastornos del  lenguaje y habla.

 

Los pacientes previos a ser atendidos deberán cancelar  el valor de: 0.54% de la Remuneración Básica Unificada  vigente.

 

Articulo 17.- El /la TÉCNICO/A.- PEDAGÓGICO/A.-  Se encargará de contribuir, a mejorar el rendimiento  escolar de los niños/as y adolescentes y jóvenes que  acuden por ayuda pedagógica, mediante diagnóstico y  tratamiento de problemas de lecto – escritura, por medio  de la aplicación de técnicas y métodos de aprendizaje. Este servicio no tendrá costo alguno.

 

Artículo 18.- TRABAJADOR/A SOCIAL.- Contribuirá  a la atención integral de personas en situación de riesgo  social del cantón Santiago de Píllaro, a través del  diagnóstico socioeconómico a fin de lograr y mantener su  bienestar. Este servicio no tendrá costo alguno.

 

CAPITULO IV

 

DEL PRESUPUESTO Y PATRIMONIO

 

Artículo 19.- La Sección de Desarrollo Social del GAD  Municipal de Santiago de Píllaro, para el cumplimiento de  su rol de gestión a grupos de atención prioritaria contará  con:

 

Mínimo el 10 por ciento de asignación de los  ingresos no tributarios de la municipalidad, conforme  lo establece los artículos 249 y 328 literal d) del  COOTAD.

 

Los valores que se recauden por concepto de varios  servicios que presta la Sección de Desarrollo Social  del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.

 

Las transferencias o aportes de recursos económicos  que se realicen por parte de Organismos públicos o  privados.

 

Los legados y donaciones realizadas por personas  naturales, jurídicas nacionales o internacionales.

 

Los bienes muebles e inmuebles que se adquiera a  cualquier título lícito.

 

Los créditos y recursos no reembolsables de  cooperaciones nacionales e internacionales, siempre y  cuando provengan de fondos lícitos.

 

CAPITULO V

 

DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES,

INSUMOS Y OTROS

 

Artículo 20.- La administración municipal garantizará la  adquisición ágil y oportuna de los insumos y materiales  previos al pedido del o la persona responsable de la sección, con la finalidad de no retrasar o suspender la atención.

 

Artículo 21.- A la sección de Desarrollo Social, se dotará de un vehículo y conductor/a para el cumplimiento de las actividades inherentes a los grupos vulnerables y residentes del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”.

 

CAPITULO VI

 

DE LAS EXONERACIONES

 

Artículo 22.- Se exonera del pago de las tasas establecidas en los artículos correspondientes, a las siguientes personas:

 

Personas con discapacidad, previa la presentación del carnet otorgado por el Ministerio de Salud Pública.

 

Adultos mayores del Centro de Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”.

 

Niños, niñas y adolescentes, remitidos de emergencia por alguna institución educativa del cantón.

 

Personas de escasos recursos económicos previo informe socio económico emitido por la trabajadora social ; y,

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Todo lo que no conste en la presente ordenanza, se regirá de acuerdo con lo que determina la Constitución de la República del Ecuador y las leyes en la materia.

 

SEGUNDA.- Para el normal funcionamiento de la sección de Desarrollo Social, se establece un fondo de caja chica en dinero en efectivo con el valor de $500.oo USD, para la atención de pagos de valor reducido; sean estos urgentes o de carácter recurrente, para lo cual la sección de Desarrollo Social elaborará el reglamento respectivo.

 

TERCERA.- Todas las actividades que se realicen en la sección de Desarrollo Social, deben ser planificadas y coordinadas con la Comisión de Desarrollo Social del GADM Santiago de Píllaro.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- La sección de Desarrollo Social, en un plazo de 90 días, a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, presentará al Concejo Cantonal el Reglamento respectivo para la aplicación de la misma.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- Se deroga toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

 

SEGUNDA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el Registro Oficial; sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y pagina web de la institución.

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a los trece días del mes de noviembre del año 2017.

 

f.) Patricio Sarabia Rodríguez, Alcalde.

 

f.) Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, Secretaria.

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE FUNCIONAMENTO DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en primera y segunda instancia en sesiones realizadas los días miércoles ocho y lunes trece de noviembre de 2017.

 

f.) Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, Secretaria.

 

Píllaro a los quince días del mes de noviembre del año 2017, las doce horas cuatro minutos, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

 

f.) Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, Secretaria.

 

Píllaro dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, las diez horas diecisiete minutos por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA DE FUNCIONAMENTO DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese.

 

f.) Patricio Sarabia Rodríguez, Alcalde.

 

 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.

 

f.) Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, Secretaria.

 

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