Registro Oficial

Registro Oficial No.109 Viernes 27 de Octubre de 2017 Suplemento

Viernes, 27 de octubre de 2017

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 27 de Octubre de 2017(R. O. SP 109, 27-octubre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

Presidencia de la República:

 

Ejecutivo:

 

Decretos               

 

193

Expídese el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales

               

194

Expídese el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades

               

Ministerio de Economía Finanzas:

 

Acuerdos              

 

0068

Deléguese al magíster David Andrés Falconí Narváez, Subsecretario de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial, para que participe como delegado permanente ante el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas

               

0069

Deléguese al economista Vladimir Fernando Suárez Andrade, Subsecretario de Gestión y Eficiencia Institucional, para que participe como delegado principal ante el Comité de Comercio Exterior - COMEX

 

CONTENIDO

 

 

No. 193

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

 

Que el artículo 96 de la Constitución, reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación; organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano;

 

Que, los numerales 3, 5, 6 y 13 del artículo 147 de la  Constitución de la República del Ecuador establecen, en  su orden, que corresponde al Presidente de la República  definir y dirigir las políticas públicas de la Función  Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma  desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su  integración, organización, regulación y control, crear,  modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias  de coordinación y expedir los reglamentos necesarios para  la aplicación de las leyes, así como los que convengan a la  buena marcha de la administración;

 

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana reconoce todas las formas de organización de la  sociedad, tanto de hecho como de derecho, como expresión  de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los  derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución  de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la  construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir;  que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el  control social de todos los niveles de gobierno, así como,  de las entidades públicas y de las privadas que presten  servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse  en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y  sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas  y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la  alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y  el respeto a los derechos establecidos en la Constitución  y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos  casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de  mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración  no existan miembros suficientes de un género para  integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de  las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, se  respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas,  el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con  equidad de género, desarrollados de conformidad con sus  propios procedimientos y normas internas, siempre que no  sean contrarios a la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana establece que las organizaciones sociales que  desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla  en las diferentes instancias públicas que correspondan a  su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme  a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales  se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación  y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema  unificado de información de organizaciones sociales; para  tal efecto, las instituciones del sector público implementarán  las medidas que fueren necesarias;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto de  2015, publicado en el Registro Oficial 570 de 21 de agosto  de 2015, se expidió la codificación y reformas al Decreto  Ejecutivo No. 16 de 4 de junio de 2013, publicado en el  Suplemento del Registro Oficial No. 19 del 20 de los  mismos mes y año, y sus reformas;

 

 

Que existe la necesidad de reducir al máximo cualquier  exigencia administrativa innecesaria que recaiga sobre las  Organizaciones Sociales Ciudadanas y facilite su gestión y  desarrollo;

 

Que el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución  determina que ninguna norma jurídica podrá restringir  el contenido de los derechos ni de las garantías  constitucionales; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos  147, números 5 y 13 de la Constitución de la República,  

 

Decreta:

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA

EL OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD

JURÍDICA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

 

TITULO I

 

GENERALIDADES

 

CAPITULO I

 

Objeto y ámbito de aplicación

 

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto  regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones  sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por  parte de las instituciones competentes del Estado.

 

Art. 2.- Ámbito.- El presente Reglamento rige para las  organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos  con personalidad jurídica que, en uso del derecho a la  libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente  en las diversas manifestaciones y formas de organización  de la sociedad; para las entidades u organismos  competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica  a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su  gestión; para las organizaciones no gubernamentales  (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador;  y para quienes requieran de información o promuevan la  participación y organización social.

 

TITULO II

 

ORGANIZACIONES SOCIALES

 

CAPITULO I

Naturaleza y Tipos de Organización

 

Art. 3.- Naturaleza.- Las organizaciones sociales reguladas  en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus  actividades económicas sin fines de lucro.

 

De acuerdo al presente Reglamento se entiende por  organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la  obtención de un beneficio económico sino principalmente  lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística,  comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre  otras. En el caso de que su actividad genere un excedente  económico, este se reinvertirá en la consecución de los  objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como  reserva para ser usada en el próximo ejercicio.

 

Art. 4.- Tipos de organizaciones.- Las personas naturales  y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse,  en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación,  podrán constituir:

 

Corporaciones;

 

Fundaciones; y,

 

Otras formas de organización social nacionales o  extranjeras.

 

CAPITULO II

 

Derechos y Obligaciones de las Organizaciones Sociales

 

Art. 5.- Derechos de las organizaciones sociales.- Sin  perjuicio de los derechos garantizados en la Constitución y  la Ley, las organizaciones sociales tendrán derecho a:

 

Solicitar el acceso a los programas públicos de  asistencia técnica y capacitación pertinente;

 

Acceder a la información sobre los planes programas y  proyectos que ofertan las entidades del Estado en favor  del desarrollo de las organizaciones sociales; y,

 

Promocionar, de considerarlo pertinente, los programas,  proyectos o actividades que realicen o en los que  participen en beneficio del interés público.

 

Art. 6.- Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio  de las obligaciones establecidas en otras disposiciones  normativas, las organizaciones sociales tendrán las  siguientes obligaciones:

 

Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más  disposiciones vigentes;

 

Entregar a la entidad competente del Estado, cuando  el caso lo requiera, la documentación e información  establecida en este Reglamento, incluyendo la que  se generare en el futuro como consecuencia de la  operatividad de la organización social; y,

 

Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos  o a la persona responsable para el efecto, al menos  una vez por año, o por petición formal de una tercera  parte o más de ellos. La obligación de los directivos de  rendir cuentas se cumplirá respecto del período de sus  funciones aun cuando estas hubieren finalizado.

 

TITULO III

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO

DE PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES POR PARTE

DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL

ESTADO

 

CAPITULO I

Tipos de Organizaciones

 

Art. 7.- Deberes de las instituciones competentes para  otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad  jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que  voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes  del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas,  observarán que los actos relacionados con la constitución,  aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución,  liquidación, registro y demás actos que tengan relación con  la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten  a las disposiciones constitucionales, legales y al presente  Reglamento.

 

Art. 8.- Clases de organizaciones.- Las personas naturales  y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran  facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con  finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho  constitucional de libre asociación.

 

Las personas jurídicas de derecho privado con fines de  lucro se rigen por el Código Civil, la Ley de Compañías,  el Código de Comercio y demás leyes pertinentes según  la materia; sin embargo, cuando éstas conformaren  organizaciones sociales con finalidad social y sin fines  de lucro, estas nuevas organizaciones se sujetarán a las  disposiciones le ley y de este Reglamento.

 

Art. 9.- Corporaciones.- Son corporaciones las entidades  de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada  por un número mínimo de cinco miembros, expresada  mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus  miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre aprobada  y registrada por la institución competente del Estado, de  conformidad con la ley y el presente Reglamento.

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y  lo que prescriban sus estatutos, las corporaciones tendrán  como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común  de sus miembros, el bien público en general o de una  colectividad en particular.

 

Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones  serán de primer, segundo y tercer grado.

 

 

1. Corporaciones de primer grado: son aquellas que  agrupan a personas naturales con un fin delimitado, tales  como: asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales  y centros;

 

2. Corporaciones de segundo grado: son aquellas que  agrupan a las de primer grado o personas jurídicas, como  las federaciones, cámaras o uniones; y,

 

3. Corporaciones de tercer grado: son aquellas que agrupan  a las de segundo grado, como confederaciones, uniones  nacionales u organizaciones similares.

 

Art. 10.- Fundaciones.- Las fundaciones podrán ser  constituidas por la voluntad de uno o más fundadores.  Estas organizaciones buscan o promueven el bien común  de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar,  desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos sociales,  culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así como  actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia  pública; entre otras.

 

Art. 11.- De las otras formas de organización social  nacionales o extranjeras.- En el caso de otras formas  de organización social, nacionales o extranjeras, que se  rigen por sus propias leyes, tales como: comunas, juntas  de agua, juntas de regantes, centros agrícolas, cámaras de  agricultura, etcétera, en lo que fuere aplicable, observarán  las disposiciones de este Reglamento como norma  supletoria.

 

CAPÍTULO II

Requisitos y Procedimiento para Aprobación de

Estatutos

 

Art. 12.- Requisitos y procedimiento.- Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente, deberá adjuntar los siguientes documentos, debidamente certificados por el secretario provisional de la organización:

 

Acta de la Asamblea General Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los miembros fundadores, que contendrá.

 

Nombre de la organización;

 

Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número del documento de identidad de cada uno de los miembros fundadores;

 

Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma;

 

Fines y objetivos generales que se propone la organización;

 

Nómina de la directiva provisional;

 

Nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona que se hará responsable de realizar el trámite de legalización de la organización, teléfono, correo electrónico y domicilio donde recibirá notificaciones;

 

Estatutos aprobados por la asamblea; y,

 

Indicación del lugar en que la organización social, en proceso de aprobación de la personalidad jurídica, tendrá su domicilio, con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia, número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos.

 

2.             Para el caso de que participen, como expresión de la capacidad asociativa, personas jurídicas de derecho privado, deberán presentar, además de los documentos señalados, actas del máximo órgano social de la organización, certificadas por su secretario, en las que conste la decisión de asociarse de sus miembros.

 

3.             El estatuto establecerá y regulará como mínimo los siguientes aspectos:

 

Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización;

 

Alcance territorial de la organización;

 

Fines y objetivos, las organizaciones, además, deberán precisar si realizarán o no actividades de voluntariado de acción social y desarrollo, o programas de voluntariado;

 

Estructura organizacional;

 

Derechos y obligaciones de los miembros;

 

Forma de elección de las dignidades y duración en funciones;

 

Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, administradores y/o representación legal;

 

Patrimonio social y administración de recursos;

 

La forma y las épocas de convocar a las asambleas generales;

 

Quórum para la instalación de las asambleas generales y el quórum decisorio;

 

Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos que deberán garantizar en todo momento el derecho al debido proceso;

 

Reforma de estatutos;

 

Régimen de solución de controversias; y,

 

Causales y procedimiento de disolución y liquidación.

 

La forma de acreditar el patrimonio de la organización se expresará de la manera que apruebe la asamblea general, de acuerdo con lo siguiente:

 

Las fundaciones y las corporaciones de primer, segundo y tercer grado podrán acreditar su patrimonio mediante declaración juramentada, suscrita por los miembros fundadores;

 

Las organizaciones sociales conformadas por personas y grupos de atención prioritaria; pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios; cuyo objetivo sea la defensa y promoción de sus derechos, estarán exentas de acreditar patrimonio.

 

Art. 13.- Aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica.- Para la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones en formación se observará el siguiente procedimiento:

 

1. La organización social ingresará la solicitud de aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica, mediante oficio dirigido a la autoridad de la institución competente del Estado, adjuntando la documentación en físico, conforme el artículo precedente. El servidor público de la institución competente verificará que la documentación esté completa y emitirá un recibo de inicio de trámite;

 

2. El servidor público responsable, a quien le fuere asignado  el trámite, revisará que la documentación de soporte cumpla  con los requisitos exigidos en el presente Reglamento; que  el estatuto no se contraponga al orden público y a las leyes;  y emitirá un informe motivado a la autoridad competente,  que será puesto en conocimiento de la organización social  requirente, dentro del término de hasta quince días, contados  desde que se presentó la solicitud;

 

3. Si del informe se desprende que la documentación  cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento  de la personalidad jurídica, la autoridad competente  aprobará el estatuto y otorgará la personalidad jurídica a la  organización social solicitante, dentro del término de tres  días subsiguientes;

 

4. Si del informe se desprende que la documentación no  cumple con los requisitos para el otorgamiento de la  personalidad jurídica, la autoridad competente concederá  un término de hasta veinte días para que la organización  complete los requisitos establecidos en este Reglamento y  reingrese la documentación; el servidor público responsable  revisará la información reingresada y dentro del término  de hasta quince días emitirá un nuevo informe. En caso de  que la documentación presentada cumpla con los requisitos  correspondientes, se procederá según dispone el numeral 3  de este artículo.

 

CAPÍTULO III

 

Reforma y Codificación de los Estatutos

 

Art. 14.- Requisitos y procedimiento.- Para la reforma  del estatuto, las organizaciones comprendidas en el  presente Reglamento ingresarán la solicitud pertinente  a la institución competente del Estado acompañando la  siguiente documentación:

 

1. Acta de la asamblea en la que se resolvió las reformas  a los estatutos debidamente certificada por el Secretario,  con indicación de los nombres y apellidos completos de los  miembros presentes en la asamblea; y,

 

2. Lista de reformas al estatuto.

 

Para la reforma del estatuto será aplicable lo dispuesto  en el presente Reglamento, en lo que se refiere al acto de  aprobación.

 

Art. 15.- Codificación del estatuto.- Resuelta la reforma  del estatuto, la organización social, remitirá una copia del  proyecto de codificación del estatuto, a fin que sea aprobado  por la autoridad competente, observando el trámite previsto  en este Reglamento, en lo que fuere aplicable.

 

CAPÍTULO IV

 

Régimen Democrático Interno

 

Art. 16.- Elección de directiva y registro.- Una vez que  las organizaciones sociales obtengan la aprobación de la  personalidad jurídica, elegirán su directiva y la remitirán  a la entidad pública competente, mediante oficio dirigido  a la autoridad correspondiente dentro de un plazo máximo  de treinta días posteriores a la fecha de otorgamiento  de la personalidad jurídica, adjuntando la siguiente  documentación:

 

Convocatoria a la asamblea; y,

 

Acta de la asamblea en la que conste la elección de la  directiva, certificada por el secretario de la organización;

 

Iguales requisitos y procedimiento se observarán para el  caso de elección de nuevas directivas por fenecimiento de  período o por cambio de dignidades.

 

Art. 17.- Registro de inclusión o exclusión de miembros  y procedimiento.- La organización social, notificará  a la autoridad competente, cuando el caso lo requiera, la  inclusión o exclusión de miembros, adjuntando la siguiente  documentación:

 

Solicitud de registro, firmada por el representante legal  de la organización social;

 

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de  inclusión o exclusión de miembros de la organización  social, debidamente certificada por el Secretario; y,

 

Los demás requisitos que se hubieren previsto en el  estatuto.

 

CAPÍTULO V

 

Régimen Patrimonial

 

Art. 18.- Régimen patrimonial y responsabilidad ante  terceros.- Sin perjuicio de que por su naturaleza y fines las  organizaciones sociales no persiguen lucro, éstas podrán  adquirir, poseer y vender bienes, así como administrarlos,  realizar actos jurídicos y celebrar contratos y convenios, en  tanto dichos actos sean compatibles con sus fines y estén  exclusivamente destinados a su cumplimiento.

 

Responderán civilmente ante terceros por obligaciones que  sus representantes legales hubieren asumido en nombre de  la organización, salvo en los siguientes casos:

 

Que en el estatuto se haya estipulado solidaridad  respecto de sus miembros; y,

 

Que en el ejercicio de la representación legal, su  titular haya realizado gestiones o actos distintos a los  señalados en el estatuto de la organización social, en  cuyo caso el representante legal será exclusivamente  responsable por las obligaciones contraídas de aquel  modo.

 

CAPÍTULO VI

 

Disolución, Liquidación y Reactivación

 

Art. 19.- Causales de disolución.- Son causales de  disolución de las organizaciones sociales constituidas bajo  este régimen, las siguientes:

 

Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue  constituida;

 

Disminuir el número de miembros a menos del mínimo  establecido en este Reglamento;

 

Finalización del plazo establecido en su estatuto;

 

Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas  a los partidos y movimientos políticos inscritos en el  Consejo Nacional Electoral;

 

Incurrir en actividades ilícitas o incumplir las  obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este  Reglamento; y,

 

Las demás causales establecidas en los estatutos.

 

La disolución de la organización será declarada por la cartera  de estado competente que aprobó los estatutos y otorgó el  reconocimiento de personalidad jurídica, observando los  procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

 

Las organizaciones sociales podrán presentar las acciones  administrativas y judiciales que consideren necesarias a fin  de hacer valer sus derechos.

 

Art. 20.- Disolución Voluntaria.- Las organizaciones  sujetas a este Reglamento, podrán ser disueltas y liquidadas  por voluntad de sus socios, mediante resolución en  Asamblea General, convocada expresamente para el efecto  y con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

 

Para el procedimiento de disolución y liquidación, la  Asamblea General, en el mismo acto, deberá nombrar un  liquidador, quien deberá presentar su informe en un plazo  de 90 días, observando siempre las disposiciones que para  el efecto determinen el estatuto y el Código Civil.

 

Los resultados de la disolución y liquidación se pondrán  en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente, a  fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de  disolución y liquidación.

 

Art. 21.- Disolución por Causal.- Las organizaciones de  la sociedad civil, podrán ser disueltas y liquidadas de oficio  o por denuncia, una vez demostrado que han incurrido en  una o más de las causales de disolución, previstas en la ley  y este Reglamento.

 

La cartera de Estado competente que otorgó la personalidad  jurídica, notificará a la organización la resolución motivada  de disolución, expresando con precisión la o las causales de  disolución y sus fundamentos de hecho, dejando a salvo los  recursos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional.

 

Art. 22.- Liquidación.- Una vez dispuesta la disolución, se  establecerán los mecanismos y procedimientos previstos  en el estatuto social para llevar a cabo la liquidación  correspondiente.

 

Art. 23.- Reactivación.- La reactivación de la personalidad  jurídica de las organizaciones sociales podrá darse por  resolución administrativa o judicial respectivamente. 

 

CAPÍTULO VII

 

Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras

 

Art. 24.- Organizaciones no gubernamentales  extranjeras.- Las organizaciones no gubernamentales  extranjeras (ONG) interesadas, específicamente, en realizar  actividades de cooperación internacional no reembolsable  en el Ecuador, deberán presentar una solicitud en tal sentido  al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,  por ser la entidad rectora de la cooperación internacional,  señalando cuáles son sus fi nes y las labores que desean  efectuar en el país. Deberán adjuntar la documentación  legalizada que demuestre su existencia legal, incluyendo su  estatuto en idioma español; una vez autorizadas, deberán  ser registradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores  y Movilidad Humana.

 

Art. 25.- Suscripción de Convenio.- El Ministerio de  Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, una vez  revisada la documentación presentada, previa resolución  motivada, suscribirá con la ONG Extranjera, un Convenio  Básico de Funcionamiento y notificará por escrito a la  ONG Extranjera la autorización para que pueda iniciar su  funcionamiento y actividades en el país.

 

Art. 26.- Registro de proyectos.- Las ONG extranjeras  que hayan suscrito el Convenio Básico de Funcionamiento,  que ejecuten acciones, programas y proyectos con recursos  de la cooperación internacional no reembolsable, tienen la  obligación de registrarlos en el Ministerio de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana.

 

Art. 27.- Identificación de objetivos y recursos.- Los  planes y proyectos relacionados con las actividades que  realizará la ONG Extranjera en el país, contendrán la  información necesaria que permita identificar con claridad  sus objetivos, metas, tareas específicas y los recursos  tanto internos como externos requeridos para cada uno de  los periodos de ejecución de los mismos, y deberán estar  articulados con el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Art. 28.- Prohibiciones.- Las Organizaciones no  Gubernamentales -ONG- del exterior no podrán realizar  actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza.  Las ONG extranjeras y su personal autorizado para trabajar  en el país no podrán realizar actividades de política  partidista reservadas a los partidos y movimientos políticos  inscritos en el Consejo Nacional Electoral y cualquier otra  actividad que no le sea permitida de acuerdo a su categoría  migratoria.

 

Art. 29.- Coordinación.- Las Organizaciones no  Gubernamentales Extranjeras autorizadas para funcionar en  el país, deberán realizar sus actividades en coordinación con  los ministerios rectores y entidades nacionales competentes,  según la naturaleza de dichas actividades.

 

Art. 30.- Terminación de Convenio.- Si la ONG  Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta  sección, así como con lo establecido en el Convenio Básico  de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores  y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución  motivada dará por terminadas las actividades de la ONG  Extranjera en el Ecuador.

 

CAPÍTULO VIII

 

Control

 

Art. 31.- Control.- Las fundaciones o corporaciones que operen legalmente en el país, están sujetas a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, y al seguimiento de la consecución de su objeto social, por parte de los ministerios competentes.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales.- La Secretaría Nacional de Gestión de la Política, o la Entidad que hiciere sus veces, mantendrá un sistema unificado de información de las organizaciones sociales, como una herramienta de recopilación de información y consulta, cuya función exclusiva es proporcionar información cuantitativa y cualitativa calificada a las instituciones del sector público, personas naturales y jurídicas del sector privado sobre las organizaciones sociales ciudadanas. De igual manera, servirá para apoyar la difusión de los programas ministeriales de capacitación y asistencia técnica a las organizaciones sociales.

 

SEGUNDA.- Certificación de existencia legal.- El ministerio del ramo que otorgó la personalidad jurídica a la organización social es el competente para certificar la existencia legal de la misma. Las organizaciones sociales que cuenten con personalidad jurídica podrán administrar recursos públicos conforme a la ley.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Dentro del plazo de hasta 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto Ejecutivo, todas las instituciones del Estado que tengan competencia para otorgar personalidad jurídica, deberán cargar la información correspondiente en la Plataforma del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese expresamente el Decreto Ejecutivo No. 16 de 4 de junio de 2013, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19 del 20 de los mismos mes y año, y el Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto de 2015, publicado en el Registro Oficial 570 de 21 de agosto de 2015; así como toda norma de igual o inferior jerarquía que se oponga al presente Decreto Ejecutivo.

 

DISPOSICION FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de octubre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 23 de octubre del 2017, certifico que el que antecede  es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  

 

No. 194

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República  establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de  Derechos y Justicia, lo que supone una transformación de  la estructura jurídica e institucional con el fin de garantizar  los derechos fundamentales de las personas como centro del  andamiaje estatal, social y económico del país;

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la citada norma establece  como un deber primordial del Estado, el garantizar sin  discriminación alguna el efectivo goce de los derechos  en ella establecidos y en los tratados internacionales de  derechos humanos ratificados por el Ecuador;

 

Que, el artículo 10 ibídem establece que todas las personas,  comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son  titulares de los derechos garantizados en la Constitución y  en los instrumentos internacionales;

 

Que, el ejercicio de los derechos se rige por los principios  consagrados en el artículo 11 de la Constitución de la  República; entre ellos, el principio de igualdad y de no  discriminación, así como la posibilidad de adoptar acciones  afirmativas para los titulares que se encuentren en situación  de desigualdad;

 

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la citada norma  establece la igualdad de todas las personas en materia de  derechos, deberes y oportunidades; al tiempo que prohíbe  todo tipo de discriminación por razones de etnia, lugar  de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad  cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación  política, pasado judicial, condición socio-económica,  condición migratoria, orientación sexual, estado de  salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por  cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o  permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o  anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 11  responsabiliza al Estado de la adopción de medidas de  acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor  de los titulares de derechos que se encuentren en situación  de desigualdad;

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 ibídem dispone que: “el  más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer  respetar los derechos garantizados en la Constitución”;

 

Que, en el artículo 66 de la Constitución de la República, se  reconoce y garantiza a todas las personas la igualdad formal,  la igualdad material y la no discriminación como derechos  de libertad. En este sentido, son principios de la política  pública la equidad y la solidaridad como mecanismos  redistributivos para alcanzar la igualdad en los resultados,  conforme lo determina en su artículo 85;

 

Que, el artículo 156 de la Constitución define a los  Consejos como los órganos responsables de asegurar la  plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados  en la Constitución y en los instrumentos internacionales  de derechos humanos, y les asigna atribuciones en la  formulación, transversalización, observancia, seguimiento  y evaluación de las políticas públicas relacionadas  con las temáticas de género, étnicas, generacionales,  interculturales, de discapacidades y movilidad humana,  disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines  se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras, y con  los organismos especializados en la protección de derechos  en todos los niveles de gobierno;

 

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República  obliga al Estado a generar las condiciones para la  protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas,  que aseguren los derechos y principios reconocidos en la  Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y  la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos  grupos que requieran consideración especial por la  persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o  violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de  discapacidad. La protección integral funcionará a través de  sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas  especializados se guiarán por sus principios específicos y  los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social;

 

Que, mediante Ley Nro. 180, publicada en el Registro  Oficial Nro. 996 de 10 de agosto de 1992, se expidió la Ley  Sobre Discapacidades, cuyo objetivo era según lo dispuesto  en su artículo 1 el de establecer un Sistema de Prevención  de las discapacidades y la atención e integración de las  personas con discapacidades, permitiéndoles equiparar las  oportunidades para desempeñar en la comunidad un rol  equivalente al que ejercen las demás personas;

 

Que, mediante Ley Nro. 0, publicada en el Suplemento  Registro Oficial Nro. 796 de 25 de septiembre del 2012, se  expide la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD);

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 171, publicado  en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 145 de 17 de  diciembre del 2013, se expidió el Reglamento a la Ley  Orgánica de Discapacidades;

 

 

Que, mediante Ley Nro. 0, publicada en el Suplemento  Registro Oficial Nro. 283 de 07 de julio del 2014, se  expidió la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales  para la Igualdad cuyo objeto según su artículo 1 es,  establecer su marco institucional y normativo, regular  sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones  de conformidad con la Constitución de la República del  Ecuador; y, la misma que es de aplicación obligatoria en  todos los niveles de gobierno para los órganos, instancias  e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas,  los organismos especializados para la igualdad, protección  y garantía de derechos; y aquellos que sean parte de los  Consejos Nacionales para la Igualdad;

 

 

Que, mediante sentencia No. 017-17-SIN-CC, la Corte  Constitucional declaró la inconstitucionalidad; aceptó  la acción pública de inconstitucionalidad planteada por  razones de fondo de los artículos 1-parte final- y 6 segundo  y tercer inciso del Reglamento de la Ley Orgánica de  Discapacidades; y,

 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo  5 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la  Función Ejecutiva (ERJAFE), la potestad Reglamentaria  corresponde a la Función Ejecutiva misma que la ejerce el  Presidente de la República;

 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral  13 del artículo 147 de la Constitución de la República y la  letra f del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Decreta:

 

EXPÍDASE EL REGLAMENTO A LA LEY

ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

 

Capítulo I

 

DE LAS DEFINICIONES

 

Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de  este Reglamento y en concordancia con lo establecido en la  Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella  que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas,  mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia  de la causa que la hubiera originado, ve restringida  permanentemente su capacidad biológica, psicológica y  asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de  la vida diaria, en una proporción equivalente al treinta por  ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por  la autoridad sanitaria nacional.

 

Art. 2.- De la persona con deficiencia o condición  discapacitante.- Se entenderá por persona con deficiencia o  condición discapacitante, aquella que presente disminución  o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas,  sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la  Ley, y que aún siendo sometidas a tratamientos clínicos o  quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente  desfavorable en un plazo mayor de un (1) año de evolución,  sin que llegue a ser permanente.

 

Capítulo II

 

DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN

 

Art. 3.- Reconocimiento y calificación.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante.

 

La determinación de la deficiencia o condición discapacitante la realizarán los médicos especialistas del sistema nacional de salud, acreditados expresamente por la autoridad sanitaria nacional. En el certificado que se emita reconociendo tal situación, se hará constar obligatoriamente la fecha de caducidad del mismo, identificando la deficiencia o condición discapacitante y su porcentaje. En ningún caso su vigencia podrá ser superior a un año.

 

Los beneficios que se concedan por la ley serán reconocidos mientras se mantenga vigente el certificado o documento que acredite la condición discapacitante.

 

La calificación de la discapacidad o de la condición discapacitante será gratuita.

 

 

Art. 4.- De la calificación de personas con discapacidad.- La autoridad sanitaria nacional a través de su red de prestación de servicio, realizará la calificación de discapacidades.

 

Art. 5.- Requisito para acceder a los beneficios.- Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley, no se exigirá otro requisito además del documento que acredite la calificación de la discapacidad o la determinación de la deficiencia o condición discapacitante, en su caso, se exceptúan aquellos en los cuales por la naturaleza del trámite sea necesaria documentación adicional.

 

Art. 6.- Calificación para ecuatorianos residentes en el exterior.- La calificación de la discapacidad a las personas de nacionalidad ecuatoriana residentes en el exterior, será solicitada a través de las representaciones diplomáticas ecuatorianas.

 

Esta solicitud podrá ser presentada por el propio beneficiario, por su representante legal o voluntario o las personas naturales o jurídicas a cuyo cargo se encuentre, adjuntando la certificación médica emitida por la entidad sanitaria nacional competente del país de residencia del peticionario, en la cual se determine la discapacidad que presente la persona y su diagnóstico.

 

La representación diplomática ecuatoriana remitirá vía electrónica toda la documentación pertinente a la autoridad sanitaria nacional, que calificará el tipo y el grado de discapacidad del solicitante, según la norma expedida para el efecto.

 

La autoridad sanitaria nacional notificará al solicitante vía electrónica, sobre los resultados de la calificación de la discapacidad. De ser procedente, se le entregará por esa  misma vía el correspondiente certificado provisional, hasta que éste retorne al país para someterse a la verificación física por parte de la autoridad sanitaria.

 

Tal verificación deberá realizarse dentro del plazo de noventa (90) días de haber llegado al país. Hasta tanto, el certificado provisional será documento suficiente para acogerse a los derechos que le correspondan, según el grado de discapacidad asignado. De existir diferencias en el pago de los tributos u otros beneficios económicos, serán reliquidados en la proporción que corresponda, por la entidad competente.

 

Art. 7.- Retorno de ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior.- Las personas ecuatorianas con discapacidad residentes en el exterior que han sido calificados y que manifiesten su voluntad expresa de retornar al país, participarán de los programas del Estado que les fueren aplicables, así como de los beneficios consagrados en la Ley y en este Reglamento en función de su grado de discapacidad, desde su ingreso al país.

 

Art. 8.- Interconexión de bases de datos y remisión de información.- La autoridad sanitaria nacional deberá remitir obligatoriamente las bases de datos del registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante, así como del nacimiento de toda niña o niño con algún tipo de discapacidad, deficiencia o condición discapacitante, al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS, conforme lo establece la Ley.

 

Capítulo III

 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Art. 9.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad educativa nacional expedirá la normativa necesaria para determinar la conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados, que realizarán las evaluaciones integrales para definir la modalidad de atención educativa y ofrecer la atención complementaria especializada a los estudiantes con discapacidad o condición discapacitante y sus familias.

 

Tales equipos estarán conformados al menos por una persona con los siguientes perfiles profesionales: psicorehabilitación, psicología educativa y trabajo social; adicionalmente el equipo puede complementarse con un educador especial, un terapeuta de lenguaje o un terapeuta ocupacional, según la discapacidad a ser atendida. En caso de no existir profesionales en esas áreas se podrá incluir a otros especialistas.

 

Art. 10.- Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa nacional y la autoridad sanitaria nacional garantizarán que en las unidades educativas de educación especializada se cuente con el equipo multidisciplinarios especializado que requiere esta atención, conformado por: un (1) psicólogo/a educativo/a, un/a psicólogo/a clínico/a,  un (1) terapista ocupacional, un (1) terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y profesionales que por la especificidad de la atención pueda requerirse.

 

Art. 11.- Becas de educación superior para estudiantes con discapacidad.- Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen a su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares; dentro de este porcentaje obligatoriamente deberán considerarse estudiantes con discapacidad, debidamente acreditados por la autoridad sanitaria nacional.

 

Art. 12.- Inclusión laboral.- La autoridad nacional encargada de trabajo es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan una discapacidad igual o superior al treinta por ciento.

 

El porcentaje de inclusión laboral para el sector privado se calculará y aplicará en base al total de trabajadores, exceptuando aquellos cuyos contratos no sean de naturaleza estable o permanente conforme a la legislación vigente en materia laboral; y, en el sector público, en base al número de los servidores y obreros que tengan nombramiento o contrato de carácter permanente y estable, de acuerdo con la norma que para el efecto emitirá la autoridad nacional encargada de trabajo. En ambos casos, y para estos efectos, no se considerará como contratos o nombramientos de carácter estable o permanente, a aquellos cuya vigencia esté condicionada a requisitos legales de cumplimiento periódico como licencias de habilitación y/ o certificados de aptitud, que otorguen los organismos o entidades nacionales competentes.

 

Cuando el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad, resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número.

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales podrá excluir determinadas labores permanentes, que no serán consideradas para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral, por la especialidad de la actividad productiva.

 

Art. 13.- Turismo Accesible.- El Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada del turismo formularán las políticas públicas con el fin de promover el turismo accesible para las personas con discapacidad.

 

Art. 14.- Servicio de transporte para los trabajadores con discapacidad.- Cuando el empleador brinde el servicio de transporte a través de unidades que no reúnan las condiciones previstas en la Ley, el empleador compensará en dinero por este beneficio al trabajador con discapacidad, de conformidad con la norma técnica que para el efecto dicte la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales.

 

Art. 15.- Sustitutos.- La calidad de sustituto será acreditada  por la autoridad competente mediante el correspondiente  certificado. La calificación se hará previo requerimiento  de parte interesada y conforme al instructivo que se expida  para el efecto.

 

Se suspenderá la entrega del Bono Joaquín Gallegos Lara  para los sustitutos que, debido a su situación laboral, dejen  de cumplir con su obligación de cuidado a la persona con  discapacidad.

 

La autoridad nacional encargada de trabajo, solicitará a  las unidades de talento humano de todas las instituciones  públicas y privadas el registro de personas que laboran  como sustitutos. Así mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica  de Discapacidades, deberá generar y administrar la base  de datos de las personas con discapacidad incluidas  laboralmente a nivel público y privado, a nivel nacional y  remitir obligatoriamente estas bases al Consejo Nacional  para la Igualdad de Discapacidades, para realizar la  observancia, seguimiento y evaluación de su competencia.

 

Art. 16.- De la vivienda accesible.- Los programas de  vivienda de entidades públicas y privadas, deberán cumplir  con lo establecido en las normas y reglamentos técnicos  del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Norma  Ecuatoriana de la Construcción – NEC) y las Normas  Técnicas INEN referentes a accesibilidad al medio físico y  todas aquellas para el efecto se establezcan.

 

La entrega de las viviendas de interés social para personas  con discapacidad, se realizará de acuerdo a las normas  emitidas por la autoridad nacional competente en la materia.

 

Art. 17.- Accesibilidad al medio físico.- Los Gobiernos  Autónomos Descentralizados aplicarán lo establecido en  toda la normativa Técnica Ecuatoriana INEN referente  a accesibilidad al medio físico en edificaciones públicas,  privadas con acceso al público y entorno construido,  incluyendo la normativa técnica referente a accesibilidad  de las personas al medio físico(estacionamientos).

 

Art. 18.- Unidades de transporte accesibles.- La autoridad  competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y  los gobiernos autónomos descentralizados que han asumido  las competencias en materia de tránsito, establecerán un  porcentaje de unidades por cada cooperativa de transporte  o compañía de taxis que sean accesibles para personas  con movilidad reducida, en función de las necesidades de  la respectiva circunscripción territorial, que no podrá ser  inferior al 2% o al menos una unidad por cooperativa o  compañía de taxis, según la densidad poblacional.

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en razón de  sus competencias verificarán las adecuaciones técnicas de  los vehículos para brindar accesibilidad a las unidades de  transporte público a los usuarios; conforme la normativa  que se genere para el efecto, así como, el cobro de la tarifa  preferencial en el transporte público a las personas con  discapacidad.

 

 

Art. 19.- Accesibilidad al contenido web.- Los sitios web de las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos, deberán obligatoriamente aplicar lo establecido en la norma técnica ecuatoriana referente a accesibilidad al contenido web y su reglamentación técnica, al igual que toda normativa que para el efecto se establezca.

 

Art. 20.- Lengua de señas.- Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como en los medios de comunicación públicos y privados; siempre y cuando el Intérprete de Lengua de Señas Ecuatoriana haya sido certificado en sus competencias laborales por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana - SAE y el Servicio de Capacitación Profesional – SECAP.

 

Capítulo IV

 

DE LAS TARIFAS PREFERENCIALES, EXENCIONES ARANCELARIAS Y DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

 

Art. 21.- Beneficios tributarios.- El régimen tributario para las personas con discapacidad y los correspondientes sustitutos, se aplicará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere aplicable.

 

Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al treinta por ciento.

 

Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso, de conformidad con la siguiente tabla:

 

 

 

Grado de Discapacidad

Porcentaje para la aplicación del beneficio

Del 30% al 49%

60%

Del 50% al 74%

70%

Del 75% al 84%

80%

Del 85% al 100%

100%

 

 

 

Art. 22.- Excepciones.- Como excepción a la aplicación de la tabla se considerará el transporte público y comercial (terrestre, aéreo nacional, marítimo, fluvial y ferroviario), para este caso, el descuento será del 50% de la tarifa regular. Igualmente el descuento para los espectáculos públicos, consumo de servicios básicos, servicios de telefonía celular pospago y planes de internet para personas con discapacidad, será del 50% de la tarifa regular. Para el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, el descuento será del 50% de la tarifa regular, libre de impuestos.

 

Las tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación se encuentran exentas de pago por parte de las personas con discapacidad, según el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades.

 

Art. 23.- Seguros de vida o asistencia médica o salud y medicina prepagada.- Para acceder a los beneficios previstos en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades, la persona con discapacidad deberá presentar a las empresas de seguros y compañías de medicina prepagada el documento que lo acredite como tal.

 

Ninguna entidad de seguros o de medicina prepagada podrá negarse a emitir, individual o conjuntamente, la póliza de vida, asistencia médica o salud y/o plan de medicina prepagada, excepto cuando no estén autorizados en el ramo por la autoridad responsable de seguros.  Los agentes y agencias asesoras productores de seguros no cobrarán comisión alguna por la intermediación de seguros planes de medicina prepagada emitidos a las personas con discapacidad.

 

Art. 24.- De los seguros de vida.- Las empresas de seguros podrán calificar la solicitud de seguro de vida de una persona con discapacidad como riesgo estándar, subnormal, agravado o no elegible, otorgándole igual tratamiento que en caso de una persona sin discapacidad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de personas con discapacidad calificadas como no elegibles, las empresas de seguros estarán obligadas a otorgar un seguro de vida con una cobertura mínima de diez (10) salarios básicos unificados. Este límite no aplicará en caso de discapacidad superviniente.

 

Para la determinación de las sumas aseguradas se utilizarán criterios de universal aceptación, como ingresos anuales, activos, endeudamiento, patrimonio, edad de contratación; o se atenderá al libre acuerdo entre las partes, siempre que no contravenga los principios de la Ley y no pudiendo ser la suma asegurada inferior a lo establecido en el primer párrafo de este Artículo.

 

La autoridad responsable de seguros podrá en cualquier momento solicitar a las empresas de seguros que proporcionen los manuales, políticas y procedimientos de suscripción y evaluación de riesgos, a fin de verificar que no se cometan actos discriminatorios.

 

Art. 25.- De la asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada.- Las condiciones de cobertura de asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada para las personas con discapacidad, deberán ser definidos por cada empresa o compañía, sin incrementar el precio de las pólizas y los planes en comparación con los ofrecidos a las personas sin discapacidad.

 

En el caso de condiciones preexistentes, incluyendo las enfermedades graves, catastróficas o degenerativas que sobrevengan como consecuencia de la discapacidad, serán cubiertas por cualquier tipo de seguro de asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada, con un monto de cobertura mínima de veinte (20) salarios básicos unificados por año, y surtirá efecto transcurrido un período de espera de tres (3) meses, contados desde la fecha de emisión de la póliza de seguro o contrato de medicina prepagada.

 

Este límite no aplicará en caso de discapacidad superviniente.

 

Las condiciones preexistentes relacionadas con la discapacidad, serán cubiertas aún cuando la persona cambie de programa de salud o plan de medicina prepagada o aseguradora o empresa de medicina prepagada.

 

Cualquier condición médica y/o enfermedad preexistente que no sea consecuencia de la discapacidad, podrá ser cubierta, limitada o excluida temporal o permanentemente, según las políticas de elegibilidad o asegurabilidad propias de las empresas de seguros de asistencia médica o salud y/ o compañías de medicina prepagada.

 

 

Las pólizas de seguro o contratos de medicina prepagada que amparen a personas con discapacidad se deberán celebrar con una duración de al menos tres años. En el caso de cancelación anticipada no motivada el asegurado o afiliado perderá el derecho a la continuidad de cobertura prevista en la Ley Orgánica de Discapacidades.

 

La cuantía de las primas de los seguros de asistencia médica o salud o cuotas de los servicios de medicina prepagada serán definidas por cada empresa o compañía, en función de sus propios análisis del riesgo asumido, experiencia de siniestralidad del grupo asegurado, primas o tasas sugeridas por reaseguradores y/o de los beneficios y coberturas ofrecidos. Tales primas serán iguales a las fijadas para similares pólizas o contratos emitidos a favor de las personas sin discapacidad.

 

La autoridad competente controlará y vigilará la aplicación de las obligaciones establecidas en el presente Artículo e impondrá las sanciones que correspondan.

 

Art. 26.- Caso de renuencia de las aseguradoras a prestar la cobertura.- Sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Ley, las compañías aseguradoras o de medicina prepagada podrán negarse a prestar la cobertura de advertirse un error en la calificación de la discapacidad, hasta que la autoridad sanitaria nacional la ratifique.

 

En el caso contrario, de verificarse el error alegado, de tal suerte que el requirente ya no sea beneficiario de la Ley Orgánica de Discapacidades, podrá negarse definitivamente a prestar la cobertura.

 

Art. 27.- Servicios .- Las entidades proveedoras de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, internet, telefonía fija y móvil, que establecen rebajas a las personas con discapacidad o personas naturales o jurídicas sin fines de lucro que las representen, deberán realizar auditorías anuales aleatorias para verificar que el beneficio se aplique a favor de las personas con discapacidad, caso contrario se retirará el mismo de forma definitiva, sin perjuicio del cobro de aquellos valores que se redujeron indebidamente y el establecimiento de las responsabilidades a las que hubiere lugar.

 

Art. 28.- Importación de bienes.- La autoridad aduanera podrá autorizar concomitantemente la importación de uno o varios bienes, para uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades.

 

Las personas con discapacidad y las personas jurídicas que tienen a cargo atención para personas con discapacidad, podrán importar también aquellos bienes que por sus especificaciones técnicas, permitan superar parcial o totalmente la discapacidad, de conformidad con la normativa que para el efecto dicte la autoridad sanitaria nacional.

 

Las personas que incumplan con lo previsto en la Ley Orgánica de Discapacidades, estarán sujetos a la sanción prevista en la misma norma, equivalente al monto total de la exención tributaria de la que se benefició, sin perjuicio del pago de los tributos correspondientes y las demás responsabilidades que pudieren determinarse conforme a las disposiciones legales que sancionen los ilícitos contra la administración aduanera.

 

Cuando el valor FOB o el valor de adquisición local, según corresponda, supere los montos establecidos en los literales anteriores no aplicará este beneficio.

 

Art. 29.- Exoneración en adquisición local de vehículos.- La adquisición local de vehículos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de éstas, de las personas naturales o jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, gozarán de exenciones del pago del IVA e ICE en los casos referentes a la importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos descritos en la Ley Orgánica de Discapacidades, de acuerdo a lo siguiente:

 

a) En transporte personal hasta por una base imponible, equivalente a sesenta (60) salarios básicos unificados del trabajador en general; b) En transporte colectivo hasta por una base imponible, equivalente a ciento veinte (120) salarios básicos unificados del trabajador en general.

 

La persona con discapacidad y persona jurídica beneficiaria  de este derecho podrá realizar la adquisición local del  vehículo para transporte personal o colectivo por una sola  vez cada cinco (5) años.

 

En caso de requerir una nueva exoneración del IVA e ICE  antes de cumplir el plazo de cinco (5) años, el beneficiario  deberá solicitar la respectiva autorización a la autoridad  sanitaria nacional, quien la otorgará previo el análisis  respectivo.

 

Art. 30.- Excepción de la Prohibición de Enajenación  a los vehículos importados o adquiridos localmente,  ortopédicos y no ortopédicos.- Se exceptúa de la  prohibición de enajenación de los vehículos importados o  adquiridos localmente en los casos en los cuales la persona  con discapacidad se encontrara como deudora y no cancelara  dicha deuda en el plazo de SEIS (6) meses. Tiempo luego  del cual el acreedor podrá ejercer las acciones legales  contempladas dentro de la Ley para el cobro de esta deuda.  

 

Art. 31.- Del uso de los vehículos importados.- Los  vehículos importados para uso particular con exención  tributaria podrán ser conducidos por la persona con  discapacidad beneficiaria o por los miembros de su núcleo  familiar, integrado por los padres, los hijos, dependientes y  el cónyuge o conviviente en unión de hecho. También podrá  ser conducido por un tercero extraño a su núcleo familiar,  siempre que la persona con discapacidad se encuentre en  el vehículo.  

 

De transgredirse lo dispuesto en el inciso anterior, se  presumirá el uso indebido del vehículo.

 

Los vehículos importados para uso colectivo sólo podrán  ser conducidos por un funcionario o empleado de la persona  jurídica sin fines de lucro propietaria del vehículo exento,  que tenga bajo su protección, atención o cuidado a personas  con discapacidad.

 

En caso de identificarse que no se cumplieren las  condiciones para beneficiarse de esta exoneración, el  Servicio de Rentas Internas reliquidará el impuesto por  la totalidad de los valores exonerados más los intereses  respectivos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan  de acuerdo a la ley.

 

Art. 32.- Excepción.- En caso de pérdida total de los  vehículos asegurados beneficiados por la exención tributaria  prevista en la Ley Orgánica de Discapacidades, siempre  que la aseguradora requiera la transferencia de dominio  del vehículo, deberá pagar el importe de los tributos en  la proporción que corresponda, según el tiempo que falte  hasta que se cumplan los 5 años desde la nacionalización  o adquisición.

 

Art. 33.- De la identificación de los vehículos para  el uso y traslado de personas con discapacidad.- El  Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades  en coordinación con los Gobiernos Autónomos  Descentralizados Cantonales, elaborarán el dispositivo  de identificación de los vehículos utilizados para el uso y  traslado de personas con discapacidad; el mismo que será  retirado en las oficinas territoriales de CONADIS a nivel  nacional, previa la validación del solicitante en el Registro  Nacional de Personas con Discapacidad.  

 

Capítulo V

 

DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

DE DISCAPACIDADES

 

Art. 34.- El Consejo Nacional para la Igualdad de  Discapacidades establecerá su estructura y funciones de  acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República  y la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la  Igualdad y su Reglamento.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.- Sin perjuicio de la obligación de las respectivas  instituciones públicas de desarrollar e implementar  inmediatamente los mecanismos operativos necesarios  para el adecuado acceso a los beneficios señalados  en la Ley Orgánica de Discapacidades, las entidades  correspondientes, en el ámbito de sus competencias,  expedirán los actos normativos necesarios para la correcta  aplicación de los beneficios relacionados con los impuestos  que administren, de conformidad con la Ley.

 

En especial, los Ministerios de Salud y Educación , el  Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades;  y, demás entidades públicas relacionadas con las  discapacidades, tendrán un plazo de noventa (90) días a  partir de la entrada en vigencia de este Reglamento para  expedir la normativa secundaria que garantice su efectivo  cumplimiento.

 

Segunda.- Hasta que la Dirección General del Registro  Civil Identificación y Cedulación implemente las acciones  necesarias para efectos de lo establecido en el Artículo  11 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se admitirá la  presentación del certificado o documento que acredite la  calificación de la discapacidad, emitido por la autoridad  competente.

 

Tercera.- Para efectos de la calificación de las personas con  discapacidad, el Ministerio de Salud Pública elaborará el  instrumento de calificación de discapacidades con apoyo  del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.

 

El Ministerio de Salud Pública contará con el plazo de un  (1) año para su aprobación y aplicación.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Deróguese el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el Segundo Suplemento de Registro  Oficial Nro. 145, de 17 de diciembre de 2013.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará  en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a, 23 de octubre de  2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 23 de octubre del 2017, certifico que el que antecede  es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

 

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

 

No. 0068

 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada  en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008,  en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de  Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley,  les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas  del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones  administrativas que requiera su gestión;

 

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas  Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010 en el segundo  Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75  dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas  públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime  conveniente hacerlo;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva en sus artículos 17 y 55 faculta a  los Ministros y autoridades del Sector Público delegar sus  atribuciones y deberes;

 

Que los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Incentivos para  Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera  creó el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, determinando a este un órgano colegiado de  carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado  de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos  y regulaciones vinculados a las asociaciones público-privadas mismo que, se encuentra conformado por los  siguientes miembros con voz y voto: (i) La máxima  autoridad de la entidad coordinadora de la producción,  empleo y competitividad, o su delegado permanente,  quien lo presidirá; (ii) La máxima autoridad de la entidad  coordinadora de la política económica o su delegado  permanente; y, (iii) La máxima autoridad de la planificación  nacional o su delegado permanente;

 

Que con Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017  se fusionó el Ministerio de Coordinación de Política  Económica con el Ministerio de Finanzas, modificándose  su denominación a Ministerio de Economía y Finanzas,  disponiéndose que las partidas presupuestarias y todos  los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos; así  como también los derechos y obligaciones constantes  en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos  nacionales o internacionales que le correspondían al  Ministerio Coordinador de Política Económica pasen a  formar parte del Ministerio de Economía y Finanzas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos  154 de la Constitución de la República del Ecuador, 75 del  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 17  y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de  la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Delegar al magister David Andrés Falconí Narváez,  Subsecretario de Planificación y Política Sectorial e  Intersectorial para que, a nombre y en representación de  este Ministerio participe como delegado permanente ante  el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas.

 

Art. 2.- El delegado queda facultado a suscribir todos  los documentos, participar en las diligencias, intervenir,  votar y tomar las decisiones que crea pertinentes para el  cabal cumplimiento de esta delegación, respondiendo  directamente de los actos realizados en ejercicio de la  misma.

 

Art. 3.- El delegado deberá precautelar que los actos o  hechos que deba cumplir se ejecuten apegados a las normas  del ordenamiento jurídico del país; e, informarán a pedido  verbal o escrito de mi autoridad sobre los trámites, procesos  y documentos realizados o suscritos en virtud de la presente  delegación.

 

Art. 4.- Derogar todo acto administrativo de igual o menor  jerarquía que se oponga a la presente delegación.

 

Art. 5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia  a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en  el Registro Oficial.

 

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San  Francisco de Quito, a 22 de agosto del 2017.

 

f.) Econ. Carlos de la Torre Muñoz, Ministro de Economía  y Finanzas.

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Es fiel  copia del original.- f.) Ilegible.- 2 fojas - 04 de octubre del  2017.

 

No. 0069

 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada  en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008,  en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley,  les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas  del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones  administrativas que requiera su gestión;

 

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas  Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010 en el segundo  Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75  dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas  públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime  conveniente hacerlo;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  dé la Función Ejecutiva en sus artículos 17 y 55 faculta a  los Ministros y autoridades del Sector Público delegar sus  atribuciones y deberes;

 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e  Inversiones en su artículo 71 crea el Comité de Comercio  Exterior (COMEX), el mismo que se encuentra integrado  entre otras autoridades, por el Ministerio a cargo de  coordinar la política económica; y, el Ministerio a cargo de  las finanzas públicas;

 

Que con Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017  se fusionó el Ministerio de Coordinación de Política  Económica con el Ministerio de Finanzas, modificándose  su denominación a Ministerio de Economía y Finanzas,  disponiéndose que las partidas presupuestarias y todos  los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos; así  como también los derechos y obligaciones constantes  en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos  nacionales o internacionales que le correspondían al  Ministerio Coordinador de Política Económica pasen a  formar parte del Ministerio de Economía y Finanzas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos  154 de la Constitución de la República del Ecuador, 75 del  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 17  y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de  la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Delegar al economista Vladimir Fernando  Suarez Andrade, Subsecretario de Gestión y Eficiencia  Institucional para que, a nombre y en representación de  este Ministerio participe como delegado principal ante el  Comité de Comercio Exterior – COMEX

 

Art. 2.- Delegar al economista Juan Carlos García Folleco,  Subsecretario de Política Fiscal para que, a nombre y en  representación de este Ministerio participe como delegado  alterno ante el Comité de Comercio Exterior - COMEX,  pudiendo participar en las sesiones en las que no pueda  concurrir el delegado principal.

 

Art. 3.- Los delegados quedan facultados a suscribir todos  los documentos, participar en las diligencias, intervenir,  votar y tomar las decisiones que crea pertinentes, para  el cabal cumplimiento de esta delegación, respondiendo  directamente de los actos realizados en ejercicio de la  misma.

 

Art. 4.- Los delegados deberán precautelar que los actos  o hechos que deba cumplir se ejecuten apegados a las  normas del ordenamiento jurídico del país; e, informarán a  pedido verbal o escrito de mi autoridad, sobre los trámites,  procesos y documentos realizados o suscritos en virtud de  la presente delegación.

 

Art. 5.- Derogar todo acto administrativo de igual o menor  jerarquía que se oponga a la presente delegación.

 

Art. 6.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia  a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en  el Registro Oficial.

 

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San  Francisco de Quito, a 22 de agosto del 2017.

 

f.) Econ. Carlos de la Torre Muñoz, Ministro de Economía  y Finanzas.

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Es fiel  copia del original.- f.) Ilegible.- 2 fojas - 04 de octubre del  2017.

 

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