Registro Oficial

Registro Oficial No.107- Miércoles 25 de octubre de 2017

Miércoles, 25 de octubre de 2017

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 25 de Octubre de 2017 (R. O. 107, 25-octubre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio de Inclusión Económica y Social:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos              

019

Subróguese el puesto de Ministro, a la señora Viceministra de Inclusión Económica y Social, Scheznarda Seirina Fernández Doumet

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos:

 

MJDHC-SDHC-2017-0047-A

Apruébese y concédese personalidad jurídica a las siguientes organizaciones religiosas:

 

Iglesia Evangélica Bilingüe La Nueva Salvación, ubicada en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago

 

MJDHC-SDHC-2017-0048-A

Tabernáculo de Avivamiento y Restauración a Jehová Correrá el Justo y Será Levantado, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

MJDHC-SDHC-2017-0049-A

Misión Cristiana Evangélica Armonía Celestial, ubicada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

               

MJDHC-SDHC-2017-0050-A

Iglesia Evangélica Bilingüe Joya Celestial, ubicada en el cantón Joya de Los Sachas, provincia de Orellana

               

MJDHC-SDHC-2017-0051-A

Ministerio Profético de Liberación Misionero el Reino del Espíritu Santo, ubicada en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos

               

Ministerio del Trabajo:

               

MDT-2017-0162

Deléguense facultades al titular del Viceministerio de Servicio Público

               

Agencia de Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL-:

 

Regulación           

ARCONEL–004/17

Emítese la Regulación para grandes consumidores

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría del Sistema de la Calidad:

 

Resoluciones       

17 500

Otórguese la renovación de la designación al organismo de inspección Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico CADME

               

Agencia de Regulación y Control Postal:

 

Resoluciones       

 

ARCP-DE-2017-47

Expídese el Instructivo para establecer condiciones mínimas de los contratos de adhesión para la prestación de los servicios postales

               

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

               

INMOBILIAR-SGLB-2017-0043

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto un bien inmueble urbano de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

INMOBILIAR-SGLB-2017-0044

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto varios bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

INMOBILIAR-SGLB-2017-0045

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto varios bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911:

               

SIS-DG-2017-008

Expídese el Manual para los administradores de contratos, órdenes de compra /servicio y convenios de cooperación interinstitucional

               

SIS-DG-2017-011

Refórmese la Resolución N° SIS-DG-2017-008

               

Superintendencia de Bancos: Intendencia Regional de Cuenca:

 

Transparencia y Control Social        

 

SB-IRC-2017-54

Califíquense como auditores internos y peritos valuadores a las siguientes personas:

 

Ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca

               

SB-IRC-2017-56

Ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras

 

CONTENIDO

 

 

No. 019

 

Dr. José Iván Espinel Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

 

Considerando:

 

Que, el numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, establece que cuando “(…) la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones”;

 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.

 

Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado.

 

Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial.

 

El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación”;

 

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala: “Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, se nombró al Dr. José Iván Espinel Molina, como Ministro de Inclusión Económica y Social;

 

Que, mediante Oficio No. MIES-MIES-2017-0696-O, de 28 de septiembre de 2017, el señor Ministro de Inclusión Económica y Social, le informa al señor Secretario General de la Presidencia de la República, que el día 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2017, “Reciba un cordial saludo, pongo en su conocimiento que se recibió el Oficio Nro. PR-SSD-2017-30857-O, mediante el cual la Sra. Isabel Maldonado Vasco, Gestor de Gobierno, informa al Sr. Joaquín González-Alemán, represente residente de UNICEF en Ecuador que la Sra. Rocío González de Moreno, Delegada del Presidente de la República ante el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, me delega en mi calidad de Ministro de Inclusión Económica y Social, para que asista al V Seminario Internacional sobre inversión en infancia “En busca de la incidencia para proteger y mejorar la asignación de recursos para la niñez”, a realizarse los días 10 y 11 de octubre de 2017 en Buenos Aires, Argentina. UNICEF se compromete a asumir la totalidad de costos que se refieren al viaje. (…) Adicionalmente, se está elaborando de una agenda el día 12 de octubre, que comprende tres actividades esenciales: la primera, es la visita a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de Argentina, con el fin de promover un intercambio de experiencias entre Carteras de Estado afines y que atienden a la población más vulnerable de ambos países. La segunda actividad, es la reunión con organizaciones de la sociedad civil, que permitirán mostrar la experiencia del MIES, a la vez que adquirir conocimiento sobre lo que sucede en Argentina. Finalmente, se tendrá un encuentro con medios de comunicación, con el objetivo de difundir las actividades del MIES y promover un mejor conocimiento de la población del hermano país en relación con lo que sucede en Ecuador.”; y;

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Subrogar el puesto de Ministro de Inclusión Económica y Social, a la señora Viceministra de Inclusión Social, Scheznarda Seirina Fernández Doumet, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2017, sin perjuicio de sus funciones, atribuciones y obligaciones de acuerdo con las leyes y reglamentos.

 

Artículo 2.- El presente Acuerdo deberá ser puesto en conocimiento del Secretario General de la Presidencia de la República y publicado en el Registro Oficial.

 

Artículo 3.- Encargar la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

 

DISPOSICION FINAL

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 de octubre de 2017.

 

f.) Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social.

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0047-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el (Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017) R. O. (2SP) junio 16 No. 16 de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que  pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 06 de junio de 2016, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHCCGAF- DSG-2016-6567-E, la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, presentó la documentación pertinente y solicitó se inicie el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2016-1996-O de 02 de agosto de 2016, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHCDRPLRCC- 0130-2017, de 31 de junio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Morona, provincia de Morona Santiago domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, cuatro de octubre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0048-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación  y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y  Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecre￾taría mencionada, tiene entre otras responsabilidades,  la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de  organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 29 de noviembre de  2016, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJD HC-CJDHCZ8-2016-1262-E, la organización religiosa  denominada TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO  Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL  JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, da cumplimiento con las  observaciones y requisitos legalmente establecidos para el  proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de  la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1259-O de 23 de mayo de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0182-2017, de 06 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y  RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO  Y SERÁ LEVANTADO, al determinar que ha cumplido  con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el  Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  organización TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y  RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO  Y SERÁ LEVANTADO, en el Registro de Organizaciones  Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón  Guayaquil, provincia del Guayas domicilio de la entidad  como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que  para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará  estrictamente a lo que determina la Constitución de la  República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento  de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la  organización religiosa denominada TABERNÁCULO  DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ  CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO en el  Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general  de entidades religiosas del Ministerio de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente  del TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y  RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO  Y SERÁ LEVANTADO.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los  Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y  salida de miembros; y, representante legal de la entidad,  a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la  Propiedad correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros del TABERNÁCULO DE  AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ  CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO,  en primer lugar, buscarán como medio de solución  los medios alternativos, determinados en sus normas  estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el  ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos  alternativos de solución de conflictos o ante la justicia  ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro  del TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y  RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO  Y SERÁ LEVANTADO, de comprobarse hechos que  constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dos de octubre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0049-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de  la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras  y Ministros de Estado, además de las atribuciones  establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la  rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y  expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que  requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo  de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento  Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente  Constitucional de la República, nombra como Ministra de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana  Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28  de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de  Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir  Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de  personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y  cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley  y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos... ” ; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala:  “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas  de cualquier culto que fuesen,   establecidas o que se  establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer  obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el  Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno  y administración de sus bienes, así como el nombre de  la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya  de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se  determinará el personal que constituya el mencionado  organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45,  como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos  Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de  protección al ejercicio de la libertad a practicar una  religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el  numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que  pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras  responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes  sobre estatutos de organizaciones relacionados con  las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 06 de marzo de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CJDHCZ8-2017-0337-E, la organización religiosa  denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA  ARMONÍA CELESTIAL, da cumplimiento con las  observaciones y requisitos legalmente establecidos para el  proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de  la personalidad jurídica;

 

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1557-O de 19 de junio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0167-2017, de 05 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA  ARMONÍA CELESTIAL, al determinar que ha cumplido  con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el  Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  organización MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA  ARMONÍA CELESTIAL, en el Registro de  Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad  del Cantón Naranjal, provincia del Guayas domicilio de  la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de  lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones  se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución  de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el  Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la  organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA  EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL en el Registro  Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la  MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA  CELESTIAL.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la MISIÓN CRISTIANA  EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, en primer  lugar, buscarán como medio de solución los medios  alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y  de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las  acciones que la ley establece como métodos alternativos  de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la  MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA  CELESTIAL, de comprobarse hechos que constituyan  violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dos de octubre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0050-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de  la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras  y Ministros de Estado, además de las atribuciones  establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la  rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y  expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que  requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “ Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45,  como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos  Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de  protección al ejercicio de la libertad a practicar una  religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el  numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que  pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras  responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes  sobre estatutos de organizaciones relacionados con  las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos”;

 

 

Que, mediante comunicación de 11 de enero de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-0358-E, la organización  religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA  BILINGÜE JOYA CELESTIAL, da cumplimiento con  las observaciones y requisitos legalmente establecidos para  el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento  de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-0952-O de 11 de abril de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0178-2017, de 06 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA  CELESTIAL, al determinar que ha cumplido con todos los  requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento  de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  organización IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE  JOYA CELESTIAL, en el Registro de Organizaciones  Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Joya de  Los Sachas, provincia de Orellana domicilio de la entidad,  como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que  para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará  estrictamente a lo que determina la Constitución de la  República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento  de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dos de octubre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0051-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala:  “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas  de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se  establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer  obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el  Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno  y administración de sus bienes, así como el nombre de  la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya  de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se  determinará el personal que constituya el mencionado  organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación  y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y  Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría  mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la  de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de  organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 07 de marzo de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-2772-E, la organización  religiosa denominada MINISTERIO PROFÉTICO  DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO  DEL ESPÍRITU SANTO, da cumplimiento con las  observaciones y requisitos legalmente establecidos para  el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento  de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1792-O de 13 de julio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con la  revisión de la documentación y que se procederá con  la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0135-2017 de 14 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer  la personalidad jurídica a la organización religiosa  en formación MINISTERIO PROFÉTICO DE  LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL  ESPÍRITU SANTO, al determinar que ha cumplido con  todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el  Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  organización MINISTERIO PROFÉTICO DE  LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL  ESPÍRITU SANTO, en el Registro de Organizaciones  Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón  Babahoyo, provincia de Los Ríos domicilio de la entidad,  como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que  para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará  estrictamente a lo que determina la Constitución de la  República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento  de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la  organización religiosa denominada MINISTERIO  PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL  REINO DEL ESPÍRITU SANTO en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del  MINISTERIO

 

PROFÉTICO DE LIBERACIÓN  MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del MINISTERIO  PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL  REINO DEL ESPÍRITU SANTO, en primer lugar,  buscarán como medio de solución los medios alternativos,  determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las  discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que  la ley establece como métodos alternativos de solución de  conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del  MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN  MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, de  comprobarse hechos que constituyan violaciones graves  al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

 

Quito, dos de octubre de 2017.

 

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Nro. MDT-2017-0162

 

Abg. Héctor Guanopatín Jaime

MINISTRO DEL TRABAJO SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a las Ministras y los Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 226 de la norma suprema establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, es de aplicación obligatoria para:

 

“1.           Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;

 

2.             Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales;

 

3.             Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y,

 

4.             Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.”

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo; y, al señor economista Andrés Iván Mideros Mora como Secretario Nacional de Planificación;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 76 de fecha 11 de septiembre de 2017, se emiten las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público;

 

Que, el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 76 de fecha 11 de septiembre de 2017 dispone al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con base al análisis técnico respectivo, identifiquen aquellas unidades de las instituciones públicas de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión institucional, tanto en su funcionamiento como en los productos y servicios que brinden, a fin de proceder a su eliminación;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. MDT-2017- 160 de 03 de octubre de 2017, suscrito por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministro del Trabajo Subrogante, se emite “EL INSTRUCTIVO Y DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL DECERETO EJECUTIVO NRO. 315, DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017”;

 

Que, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479, de 29 de septiembre de 2017, se emitió el informe técnico del análisis de la estructura y unidades de la Vicepresidencia de la República, en aplicación del artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 01 de septiembre de 2017;

 

Que, mediante Oficio Nro. PR-SGPR-2017-7003-O, de 29 de septiembre de 2017, la Presidencia de la República a través del Secretario General de la Presidencia, dispone la ejecución inmediata de las conclusiones y recomendaciones  del informe técnico presentado por el Ministro de Trabajo  con Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479, de 29 de septiembre  de 2017, en relación a la Vicepresidencia de la República;

 

Que, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480 de  03 de octubre de 201, se remite el informe técnico del  análisis de la estructura y unidades de la Vicepresidencia  de la República, en aplicación del artículo 12 del Decreto  Ejecutivo Nro. 135, de 01 de septiembre de 2017, enviado  al señor magister Andrés Iván Mideros Mora, Secretario  Nacional de Planificación y Desarrollo, necesarias para la  eficiente gestión de la Vicepresidencia de la República;

 

Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582- OF de 03 de octubre de 2017, la Secretaria Nacional de  Desarrollo y Planificación considera que los instrumentos  de institucionalidad propuestos por el Ministerio de  Trabajo para la Vicepresidencia de la República;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0159  expedido el 02 de octubre de 2017, se acuerda que el  abogado Héctor Oswaldo Guanopatin Jaime, Viceministro  de Trabajo y Empleo, subrogue las funciones de Ministro  del Trabajo los días 3 al 7 de octubre de 2017;

 

Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582- OF de 03 de octubre de 2017, en el marco de las  competencias y atribuciones de la Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo en materia de institucionalidad  del Estado, se considera que los instrumentos de  institucionalidad propuestos por el Ministerio de Trabajo  para la Vicepresidencia de la República están acorde a  los lineamientos de institucionalidad Estatal, su marco  normativo vigente y el rol que deben desempeñar en la  estructura de la Función Ejecutiva; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador, y artículos 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Delegar al titular del Viceministerio de  Servicio Público, lo siguiente:

 

Suscribir los actos administrativos y de simple  administración, para nombrar y remover a los  servidores públicos de la escala de 1 a 20 grados de  la Vicepresidencia de la República del Ecuador, previo informe de la Subsecretaría de Fortalecimiento  Institucional de esta Cartera de Estado, deberá  nombrar y remover los servidores públicos de la  Vicepresidencia de la República del Ecuador, en  ejecución del proceso de depuración institucional de  esta entidad, de conformidad con el informe Nro. MDT￾MDT-2017-0479; Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480  y Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582-OF de 03 de  octubre de 2017.

 

Autorizar y ejecutar los distintos movimientos de  personal prescritos en la Ley Orgánica de Servicio  Público y su Reglamento General, previo informe  técnico de la Subsecretaría de Fortalecimiento  Institucional; así como, las fi guras jurídicas prescitas  en el Código de Trabajo, en el caso de los servidores  públicos contratados bajo dicho régimen laboral, con  base a los informes Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479;  Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480 Oficio Nro.  SENPLADES-2017-0582-OF de 03 de octubre de  2017.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

PRIMERA.- El servidor delegado de conformidad  con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o  resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de esta  delegación, hará constar expresamente esta circunstancia y  deberá observar las disposiciones constitucionales, legales  y reglamentarias; y como delegado, será responsable por  cualquier falta por acción u omisión en el ejercicio de la  misma.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir  de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el  Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  Metropolitano a los 03 de octubre de 2017.

 

f.) Abg. Héctor Guanopatín Jaime, Ministro del Trabajo  Subrogante.

 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y

CONTROL DE ELECTRICIDAD

 

No. ARCONEL-004/17

 

REQUISITOS, CONDICIONES Y

CALIFICACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES

EN EL SECTOR ELÉCTRICO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República  preceptúa que, el Estado será responsable de la provisión  de servicios públicos, entre otros, el de energía eléctrica, de  acuerdo con los principios de obligatoriedad, generalidad,  uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,  accesibilidad, regularidad;

 

Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418  del 16 de enero de 2015, se promulgó la Ley Orgánica del  Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE-, la cual  establece las disposiciones para el funcionamiento del  Sector Eléctrico Ecuatoriano;

 

Que, el artículo 4 de la LOSPEE establece los derechos de  los consumidores o usuarios finales, cuyos numerales 1 y  6 determinan que el consumidor tiene el derecho a recibir  el servicio público de energía eléctrica acorde con los  principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad,  continuidad, calidad y precio equitativo; y debe recibir  un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo, en la  prestación del servicio público de energía eléctrica;

 

Que, el artículo 3, numeral 11 de la LOSPEE define a  un Gran Consumidor como la persona jurídica, cuyas  características de consumo, establecidas por la Agencia  de Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL-, a  través de la respectiva regulación, le facultan para acordar  libremente con un generador o autogenerador privados, la  compra de la energía eléctrica para su abastecimiento;

 

Que, el artículo 44 de la LOSPEE establece que los  grandes consumidores serán aquellas personas jurídicas,  debidamente calificadas como tales por el organismo  competente, cuyas características de consumo le facultan  para actuar a través de contratos bilaterales;

 

Que, el artículo 46 de la LOSPEE señala que las  transacciones de bloques de energía podrán celebrarse  únicamente por compras y ventas de energía a través de  contratos suscritos por los participantes y que se liquidarán  comercialmente por parte del Operador Nacional de  Electricidad, CENACE, en función de los precios pactados  en los contratos. Sin embargo, para el cierre comercial  de las transacciones comerciales a través de contratos, se  podrán efectuar liquidaciones de transacciones en el corto  plazo;

 

Que, los artículos 47 y 48 de la LOSPEE, señalan que el  CENACE efectuará el despacho económico de las unidades  y centrales de generación, sobre la base de la programación  de la operación de largo, mediano y corto plazo, con  la finalidad de obtener el mínimo costo horario posible  de la electricidad, considerando los costos variables de  producción que deben ser declarados por cada generador  y auditados por dicho operador, conforme a la normativa  respectiva;

 

Que, el artículo 50 de la LOSPEE establece que los  generadores mixtos, privados o de economía popular  y solidaria, cuando contraten con empresas eléctricas  dedicadas a la actividad de distribución y comercialización,  deberán hacerlo en contratos regulados, de conformidad  con la regulación específica que emita la ARCONEL y  que también pueden contratar con grandes consumidores a  través de contratos bilaterales;

 

Que, el artículo 51 de la LOSPEE, define a las transacciones  de corto plazo como las que se puedan originar por la  diferencia entre montos de energía contratados y los  realmente consumidos o producidos, o por los servicios  asociados a la generación o transporte de energía. Siendo  la energía valorada con el costo económico obtenido  del despacho real de generación al final de cada hora,  denominado costo horario de la energía;

 

Que, el artículo 61 de la ley ibídem señala que se exceptúan  de los precios sujetos a regulación las transferencias de  energía eléctrica entre los generadores de capital privado y  los excedentes de energía eléctrica de los autogeneradores  con los grandes consumidores, a través de los contratos  bilaterales;

 

Que, mediante Resolución 011/06, de sesión de Directorio  de 18 de enero de 2006, el CONELEC aprobó la Regulación  No. CONELEC–001/06 “Requisitos para la calificación de  Grandes Consumidores”, mediante la cual se establecieron  los requisitos que debía cumplir un usuario para ser  considerado como Gran Consumidor, y el procedimiento  para su calificación y participación en el anterior mercado  mayorista;

 

 

Que, es necesario actualizar los requisitos condiciones y  calificación de los Grandes Consumidores, con el objeto de  armonizar su participación con los principios definidos en  la LOSPEE; y,

 

 

En ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en  los numerales 1 y 2 del artículo 15 de la LOSPEE, que  permiten a la ARCONEL regular el Sector Eléctrico y  dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las  empresas eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad  -CENACE- y los consumidores o usuarios finales,

 

Resuelve:

 

Emitir la Regulación denominada «REGULACIÓN PARA  GRANDES CONSUMIDORES»

 

1. OBJETIVO

 

Regular los requisitos, características, condiciones  y procedimientos para la calificación de Grandes  Consumidores en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, así como  sus obligaciones y responsabilidades.

 

2. ALCANCE

 

Determinar los requisitos generales y el proceso a seguir  para que una persona jurídica pueda ser calificada como  Gran Consumidor por parte de ARCONEL; y establecer las  condiciones técnicas, operativas y comerciales que deberá  cumplir el Gran Consumidor como participante del sector  eléctrico.

 

Esta Regulación es de cumplimiento obligatorio para  el CENACE, las empresas eléctricas de distribución, el  transmisor y los Grandes Consumidores del sector eléctrico.

 

 

3. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

 

ARCONEL              Agencia de Regulación y Control de  Electricidad

 

CENACE-ONE       Operador Nacional de Electricidad

 

EAC        Esquema de Alivio de Carga

 

LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de  Energía Eléctrica

 

MEER     Ministerio de Electricidad y Energía  Renovable

 

SISMEC  Sistema de Medición Comercial

 

SNT        Sistema Nacional de Transmisión

 

SEE         Sector Eléctrico Ecuatoriano

 

 

4. DEFINICIONES

 

Área de servicio: Es el área geográfica donde una empresa  de distribución presta el servicio público de distribución  y comercialización de energía eléctrica; y, el servicio de  alumbrado público general.

 

Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una actividad  productiva o comercial, cuya generación eléctrica se  destina al abastecimiento de su demanda, pudiendo,  eventualmente, producir excedentes de generación que  pueden ser puestos a disposición de la demanda regulada y  grandes consumidores.

 

Contrato Bilateral: Contrato para la compraventa de  energía eléctrica suscrito entre un generador o autogenerador  con un gran consumidor; o entre participantes habilitados  para la importación o exportación de energía.

 

Contrato de conexión: Contrato suscrito entre un usuario  de la red con la empresa de distribución o transmisión  en la que se estipulan las responsabilidades en cuanto a  propiedad, operación y mantenimiento de los equipos e  instalaciones, y demás relaciones técnicas y legales que  se deriven de la conexión de este usuario con el sistema  eléctrico.

 

Contratos regulados.- Contratos suscritos entre un  generador o autogenerador con todas las empresas  distribuidoras para la compraventa de energía en forma  proporcional a sus demandas, cuyos aspectos técnicos  y comerciales se rigen a lo establecido en la normativa  vigente.

 

Demanda no regulada: Corresponde a los consumos de  energía de grandes consumidores y de los consumos propios  de autogeneradores.

 

Empresa eléctrica de distribución y comercialización  o distribuidora: Persona jurídica cuyo título habilitante  le faculta para realizar las actividades de distribución y  comercialización de energía eléctrica y alumbrado público  general dentro de su área de servicio.

 

Empresa eléctrica de transmisión o transmisor: Persona  jurídica cuyo título habilitante le faculta para realizar la  actividad de transmisión de energía eléctrica.

 

Energía firme: Es la producción efectiva de energía  eléctrica, en un período dado, que tenga una probabilidad  de ocurrencia del 90% anual.

 

Gran Consumidor: Persona jurídica, cuyas características  de consumo establecidas en la presente regulación le  facultan para acordar libremente con un generador o con  un autogenerador, mediante la suscripción de contratos  bilaterales, la compra de energía eléctrica para su total  abastecimiento, no pudiendo comercializar energía a  terceros. Para el régimen sancionatorio, el Gran Consumidor  tendrá el mismo tratamiento que un usuario final.

 

Sistema de Medición Comercial–SISMEC-: Es el  conjunto de equipos, programas y sistema de comunicación,  que permite medir las transferencias de energía eléctrica,  con la finalidad de valorar las transacciones de electricidad  que realicen los participantes del SEE.

 

Calificación como gran consumidor: Acto administrativo,  mediante el cual la ARCONEL avala el cumplimiento  de requisitos para ser calificado como gran consumidor,  mediante la emisión de una Resolución.

 

Habilitación de la calificación: Condición mediante  la cual un gran consumidor, luego de haber obtenido la  calificación, inicia su participación en el sector eléctrico.

 

CAPITULO I

 

5.             REQUISITOS A SER PRESENTADOS PARA EL  TRÁMITE DE CALIFICACIÓN COMO GRAN  CONSUMIDOR

 

Para iniciar el trámite de calificación como Gran  Consumidor el interesado deberá presentar una solicitud  a la ARCONEL, en la cual adjunte los requisitos y  certificaciones determinadas en la presente Regulación.

 

5.1           Requisitos legales

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido  por la Superintendencia de Compañías;

 

Nombramiento del representante legal de la compañía;  y,

 

Cédula y papeleta de votación del representante legal de  la compañía.

 

Estos documentos serán verificados por la ARCONEL,  mediante los mecanismos que ésta considere.

 

5.2           Requisitos técnicos

 

Formulario de información básica del solicitante,  suscrito por el representante legal de la compañía,  conforme al formato que establezca la ARCONEL.

 

Formulario certificado por la empresa distribuidora,  para usuarios regulados, o CENACE, para el caso de  consumos propios de autogeneradores, conforme al  formato que establezca la ARCONEL, en el que se  reportará, para cada uno de los seis meses anteriores  a la solicitud, la demanda máxima del mes; y, por otra  parte, el consumo de energía de los últimos doce meses  anteriores a la solicitud. Con la información contenida  en el formulario, ARCONEL verificará que el promedio  de las referidas demandas sea igual o mayor a 1000 kW  y, el consumo anual de energía igual o mayor a 7000  MWh.

 

La calificación como gran consumidor a una persona jurídica se tramitará para un punto de consumo a la vez, asociado a un único sistema de medición comercial.

 

Diagrama Unifilar del punto de conexión al sistema de transmisión o distribución donde se encuentre ubicada la instalación a ser calificada por el interesado; este documento deberá tener la firma de responsabilidad de un ingeniero eléctrico.

 

5.3           Certificaciones

 

Certificación de la empresa distribuidora de no mantener deudas por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público, en caso de ser usuario regulado.

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de conexión, en caso de cambiar su condición de consumo propio a gran consumidor.

 

Carta suscrita por el interesado, en la que se señale el compromiso adquirido con generadores o autogeneradores para la suscripción de los contratos bilaterales, indicando las cantidades de potencia y energía a ser contratadas.

 

5.4           Estudio técnico para interesados que no cuentan con historial de consumo

 

Las personas jurídicas interesadas en ser calificadas como grandes consumidores, cuyas instalaciones tengan un historial del consumo inferior a los 12 meses de la presentación de la solicitud o no tenga un historial de consumo, deberán presentar un estudio técnico suscrito por un ingeniero eléctrico, en el que se determine el cumplimiento de las demandas de potencia y de energía establecidas en la presente Regulación.

 

Para el caso de instalaciones que se encuentren en funcionamiento con una antelación mayor a los 12 meses de la presentación de la solicitud, y que por tener generación propia no registran con la distribuidora las demandas de potencia y los consumo de energía mínimos exigidos en esta Regulación, el interesado deberá remitir, de manera similar a lo indicado en el primer párrafo de este numeral, un estudio técnico en el que se demuestre el cumplimiento de los requisitos mínimos de demanda de potencia y de energía indicados en esta Regulación.

 

En cualquiera de los dos casos, luego de cumplidos los doce meses de operación, el gran consumidor deberá remitir a la ARCONEL el formulario de demandas de potencia y de consumo de energía certificados por el CENACE, de acuerdo al formato que ARCONEL determine.

 

6.             ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS

 

La ARCONEL verificará y analizará en un término de quince (15) días, a partir de que el interesado ingrese la solicitud, si con los requisitos entregados se puede determinar que el solicitante cumple con las características y obligaciones para ser calificado como gran consumidor.

 

La ARCONEL notificará al interesado, luego del referido análisis, si está en condiciones de ser calificado como Gran Consumidor o, en su defecto, los aspectos que merecen ser superados por el solicitante para continuar con el trámite de calificación; para la verificación y análisis de la nueva documentación se aplicará lo señalado en el primer párrafo de este numeral.

 

7.             RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN COMO GRAN CONSUMIDOR

 

Una vez que la ARCONEL notifique al interesado que se encuentra en condiciones para ser calificado como gran consumidor, dispondrá de veinte (20) días término para la elaboración de los informes técnico y legal correspondientes y, emisión de la Resolución Administrativa emitida por la Dirección Ejecutiva mediante la cual se le otorgue la calificación como Gran Consumidor.

 

La Resolución Administrativa de la ARCONEL será comunicada al interesado, CENACE, empresa distribuidora y al transmisor, de ser el caso, la cual regirá a partir de la fecha de notificación al interesado.

 

La calificación como gran consumidor tendrá un plazo indefinido.

 

CAPÍTULO II

 

8.             CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES EN EL SECTOR ELÉCTRICO

 

8.1           Habilitación e Integración al sector eléctrico

 

8.1.1 Suscripción del contrato bilateral

 

En un plazo máximo de hasta 30 días calendario luego de haber obtenido la calificación como gran consumidor, el interesado deberá remitir a la ARCONEL los contratos bilaterales debidamente suscritos con generadores o autogeneradores, cuyo objeto principal sea el cubrimiento total de las demandas de potencia y de los consumos de energía del Gran Consumidor.

 

De no haberse suscrito los contratos bilaterales en el plazo establecido en la presente Regulación, la calificación como gran consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar un año, a partir de la calificación, para iniciar un nuevo proceso de calificación como tal.

 

8.1.2 Condiciones mínimas del contrato bilateral

 

El contrato bilateral a suscribirse entre el gran consumidor y un generador o autogenerador deberá considerar que la producción asignada para el cubrimiento de las demandas de potencia y de la energía requerida por el gran consumidor no esté comprometida bajo otros contratos u obligaciones con el sector eléctrico. Las condiciones económicas de compraventa estarán pactadas libremente por las partes y las condiciones de despacho y liquidación guardarán concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

El contrato bilateral contendrá al menos las obligaciones,  plazo, derechos, garantías entre las partes, que deben estar  debidamente alineadas al marco normativo vigente; estos  contratos bilaterales tendrán una vigencia mínima de una  año y deberán ser elevados a escritura pública.

 

8.1.3 Sistemas de medición comercial y de supervisión y  control en tiempo real

 

El gran consumidor, en un plazo máximo de hasta 30 días  luego de haber obtenido la calificación, deberá instalar  y oficializar ante el CENACE el sistema de medición  comercial -SISMEC-, mismo que deberá cumplir con lo  dispuesto en la regulación vigente sobre la materia.

 

Una vez efectuada la oficialización del SISMEC del gran  consumidor, el CENACE procederá a la emisión de un  certificado que avale que el referido sistema cumple con  la regulación vigente, documento que deberá ser remitido  por parte del gran consumidor a la ARCONEL, dentro del  plazo indicado en el primer párrafo de este numeral; de no  cumplirse con este requerimiento, siempre y cuando sea  imputable al gran consumidor, la calificación como gran  consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar  un año, a partir de la emisión de la calificación, para iniciar  un nuevo proceso de calificación.

 

La propiedad, condiciones, operación y responsabilidades  sobre el sistema de medición comercial se sujetarán a lo  que establezca la regulación vigente sobre este particular.

 

La implementación del sistema de supervisión y control  en tiempo real será aplicable a los grandes consumidores  conectados al SNT y se sujetará a lo dispuesto en la  normativa vigente sobre la materia.

 

8.1.4 Contrato de Conexión

 

El gran consumidor, en un plazo máximo de hasta 30 días  luego de haber obtenido la calificación, deberá remitir  a la ARCONEL una copia del contrato de conexión a la  red de transporte de distribución o de transmisión, según  corresponda. El contrato de conexión deberá ser elevado a  escritura pública.

 

De no haberse suscrito el contrato de conexión en el plazo  establecido en la presente Regulación, siempre y cuando  sea imputable al gran consumidor, la calificación como gran  consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar  un año, a partir de la calificación, para iniciar un nuevo  proceso de calificación.

 

8.1.5 Habilitación del Gran Consumidor en el sector  eléctrico

 

La ARCONEL analizará los documentos señaladas en los  numerales del 8.1.1 al 8.1.4 de esta regulación y emitirá  su pronunciamiento dentro de los 15 días término a partir  de la entrega de la información. En caso sea necesario,  la ARCONEL solicitará al CENACE su revisión a los  contratos bilaterales, y la emisión del informe respectivo,  sobre los aspectos que pudieran tener incidencia en el  proceso de liquidación de las transacciones comerciales.

 

De identificar alguna inconsistencia, ARCONEL informará  al gran consumidor y otorgará un plazo para su subsanación.  De no presentar los documentos debidamente corregidos  en el plazo otorgado se procederá a la revocatoria de la  calificación.

 

El gran consumidor, para estar habilitado para participar en  el sector eléctrico, cumplirá las obligaciones señaladas en  los numerales del 8.1.1 al 8.1.4.

 

La habilitación para que pueda participar como gran  consumidor en las transacciones del sector eléctrico, correrá  a partir de las 00h00 del primer día del mes subsiguiente  que la ARCONEL notifique al gran consumidor que se  cumplieron las obligaciones referidas en los numerales  del 8.1.1 al 8.1.4., esto con la finalidad de evitar una doble  facturación como usuario regulado y gran consumidor.

 

Esta habilitación será notificada al gran consumidor,  así como al CENACE, a la distribuidora y al transmisor,  adjuntando copia del contrato bilateral, con el objeto  de que estos organismos implementen las acciones  correspondientes en el ámbito de sus competencias.

 

8.2 Permanencia y participación en el sector eléctrico

 

8.2.1 Transacciones permitidas en el sector eléctrico

 

El gran consumidor podrá participar en el sector eléctrico  mediante la suscripción de contratos bilaterales con  generadores o autogeneradores que cuenten con un Título  Habilitante.

 

Los contratos bilaterales que se suscriban entre un gran  consumidor con generadores o autogeneradores cubrirán la  totalidad de las demandas de potencia y de los consumos de  energía del gran consumidor.

 

De modificarse algún contrato bilateral o de suscribirse  uno nuevo, el gran consumidor entregará una copia a la  ARCONEL, para el respectivo análisis y validación.

 

Otras obligaciones comerciales del gran consumidor en el  sector eléctrico, se sujetarán a lo señalado en la normativa  vigente emitida para el efecto.

 

8.2.2 Esquema de alivio de carga por baja frecuencia y  cumplimiento del factor de potencia

 

El gran consumidor deberá cumplir con lo establecido  en la normativa vigente y lo estipulado en el contrato de  conexión en cuanto a la implementación del esquema de  alivio de carga EAC por baja frecuencia y cumplimiento  del factor de potencia; de existir incumplimientos de estos  parámetros se aplicarán los cargos o sanciones señalados  en dicho contrato de conexión, la normativa vigente y en  la LOSPEE.

 

8.2.3 Control de la calificación

 

La ARCONEL, con base en sus atribuciones, efectuará, al  menos anualmente, el control del cumplimiento del gran  consumidor con lo establecido en la normativa vigente y en  la Resolución de Calificación. El gran consumidor deberá  entregar a la ARCONEL la información necesaria, en los  plazos y formatos que se determinen para el efecto.

 

9. REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA  CALIFICACIÓN

 

9.1 Causales de revocatoria:

 

Son causales de revocatoria de la Resolución de la  calificación como Gran Consumidor las siguientes:

 

Previo a la habilitación:

 

No presentar a la ARCONEL los contratos bilaterales  en el plazo establecido en la presente Regulación;

 

No instalar el SISMEC o el sistema de supervisión y  control en tiempo real en el plazo establecido en la  presente Regulación; y,

 

No suscribir el contrato de conexión en el plazo  señalado en la presente Regulación y conforme a lo que  establece la normativa relacionada para el efecto.

 

Posterior a la habilitación:

 

No contar con los contratos bilaterales vigentes y  validados por la ARCONEL que le permitan cubrir  todos sus requerimientos de potencia y de energía;

 

No contar con el contrato de conexión vigente;

 

Registrar valores de demanda de potencia y/o consumos  de energía, inferiores a los exigidos en el literal b)  numeral 5.2 de la presente regulación;

 

Vender o comercializar energía a terceros;

 

Cambiar el punto de conexión; y,

 

Por cambios de normativa que afecten los requisitos y  características de los grandes consumidores.

 

9.2 Procedimiento de Revocatoria

 

Cuando la ARCONEL determine que el Gran Consumidor  ha incurrido en una causal de revocatoria le notificará y  otorgará un término máximo de quince (15) días para que  presente los descargos respectivos.

 

Para el caso de incumplimiento de los requisitos de demanda  de potencia y de consumo de energía, en uno o en ambos  parámetros, se otorgará un plazo para su remediación,  mismo que no será mayor a seis meses.

 

La ARCONEL, una vez cumplido el plazo señalado en  el párrafo inicial de este numeral, realizará el análisis  respectivo con la información disponible. En caso de que  las pruebas de descargo no justifiquen el incumplimiento  o no sean entregadas, se procederá a la revocatoria, caso  contrario se notificará al Gran Consumidor que se han  aceptado las pruebas.

 

La revocatoria de calificación se realizará mediante acto  administrativo de la Dirección Ejecutiva de ARCONEL,  previo los informes técnicos y legales internos y será  notificada formalmente a las partes interesadas, en un  término de veinte

 

(20) días a partir de la finalización del  plazo para entrega de los descargos.

 

La revocatoria será efectiva a partir de las 00h00 del primer  día del mes dentro del cual se notifique al Gran Consumidor  la resolución respectiva.

 

El gran consumidor que fue sujeto de una revocatoria  no podrá volver a participar en el sector eléctrico en esta  condición por un período de un año a partir de la notificación  de la revocatoria; se exceptúa de esta restricción a los  grandes consumidores cuya calificación haya sido revocada  por las causales e) y f) señaladas en el numeral 9.1 de esta  Regulación.

 

10. INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Las infracciones en las que incurra el gran consumidor  así como las respectivas sanciones, están establecidas en  el capítulo V, artículo 68, numeral 2 de la Ley Orgánica  del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el Código  Orgánico Integral Penal.

 

11. CARGOS DE TERCEROS

 

El pago de cargos a terceros, tales como tasas de recolección  de basura y contribución al Cuerpo de Bomberos, se  sujetará a lo que establezcan las ordenanzas o normativas  respectivas.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Estas disposiciones transitorias estarán vigentes y serán  aplicables hasta que se expidan las regulaciones que se  dispone en la LOSPEE en los aspectos relacionados con  el despacho y liquidación de las transacciones del sector  eléctrico.

 

PRIMERA: Los generadores o autogeneradores de capital  privado que se encuentren en operación, están facultados  a suscribir contratos bilaterales de compraventa de energía  con grandes consumidores, así como también contratos  regulados con las distribuidoras.

 

SEGUNDA: Los grandes consumidores deberán suscribir  un solo contrato bilateral con un generador o autogenerador  para el abastecimiento de la totalidad de sus requerimientos  de potencia y de energía.

 

TERCERA: CONDICIONES PARA LA  DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA A  COMPROMETERSE EN CONTRATOS BILATERALES

 

La potencia y energía que un generador comprometa a  través de contratos bilaterales, se sustentará en un estudio  que será presentado a la ARCONEL, que determine su  disponibilidad de potencia y energía firme para cumplir  el abastecimiento de los requerimientos de sus grandes  consumidores; estudio que deberá considerar todas las  variables que incidan en su producción energética.

 

Para el caso de un autogenerador habilitado para la venta  de excedentes, este estudio considerará adicionalmente  que la energía que podrá ofertar a través de contratos  bilaterales, será aquella que resulte después de cubrir todos  los requerimientos de sus consumos propios. Los generadores y autogeneradores que tengan un Título  Habilitante con condiciones preferentes, no podrán suscribir  contratos bilaterales mientras mantengan tales condiciones.

 

CUARTA: CONDICIONES DE DESPACHO  Y LIQUIDACIÓN PARA GENERADORES Y  AUTUGENERADORES PRIVADOS, QUE CUENTEN  CON UN TITULO HABILITANTE Y SUSCRIBAN  CONTRATOS BILATERALES CON GRANDES  CONSUMIDORES

 

El generador o autogenerador deberá considerar que la suma  de las energías comprometidas en contratos bilaterales no  supere el total de la energía firme proyectada anualmente,  conforme lo determinado en el estudio señalado en la  disposición anterior; ni que la suma de las máximas  demandas de potencia comprometidas, supere su potencia  efectiva.

 

El CENACE efectuará el despacho económico de los  generadores y de los excedentes de autogeneradores, de  acuerdo con la normativa vigente.

 

La liquidación de los generadores y de los excedentes de  autogeneradores que tengan suscritos contratos bilaterales  y regulados, considerará lo siguiente:

 

El CENACE establecerá para cada generador o  autogenerador y, para cada hora del día la energía  generada.

 

El CENACE determinará para cada hora del día la  energía total consumida por los grandes consumidores  de un generador o autogenerador, separando aquella  que fue abastecida por el generador o autogenerador de  aquella que fue abastecida por el sistema, en caso de  que esto último ocurra.

 

La energía mensual que no fue abastecida por el  generador o autogenerador a sus grandes consumidores,  será facturada por la distribuidora respectiva, a la tarifa  que le corresponda de conformidad con el pliego tarifario  vigente y en base a la información proporcionada por el  CENACE.

 

Si el generador o autogenerador tiene suscritos contratos  bilaterales y regulados, se aplicará lo siguiente:

 

La energía mensual resultante después de que  el generador o autogenerador haya cubierto los  requerimientos de sus consumos propios y de  sus grandes consumidores, según corresponda,  se liquidará a las distribuidoras en función de los  contratos regulados.

 

En caso de que el generador o autogenerador,  no cubra los requerimientos de sus grandes  consumidores, el CENACE calculará la energía  mensual que debe facturar la distribuidora  respectiva a cada gran consumidor, de acuerdo al  pliego tarifario vigente, de la siguiente manera:

Donde:

 

   Porcentaje de asignación de la energía  suministrada por el sistema al gran  consumidor i

 

       Energía promedio mensual comprometida  por el generador o autogenerador al gran  consumidor i, establecida en el contrato  bilateral


 

Sumatoria de la energía promedio  mensual comprometida por el generador  o autogenerador a todos los grandes  consumidores, conforme a lo establecido en  los contratos bilaterales

 

N             Número de contratos bilaterales suscritos  por el generador o autogenerador

 

Una vez calculados tales porcentajes, se determinará la  energía suministrada por el sistema a cada gran consumidor,  aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

 

          Energía suministrada por el sistema al  gran consumidor i de un generador o  autogenerador

 

         Energía total suministrada por el sistema a  los grandes consumidores de un generador  o autogenerador

 

e)            Si el generador o autogenerador tiene suscritos  únicamente contratos bilaterales, se aplicará lo  siguiente:

 

El CENACE calculará al final de cada mes la  diferencia entre la energía producida por los  generadores o autogeneradores, una vez cubiertos  los requerimientos de sus grandes consumidores,  y la suministrada por el sistema a dichos grandes  consumidores.

 

Si la diferencia es positiva se considerará como  un excedente de generación y será liquidada al  generador o autogenerador al costo horario de la  energía.

 

Si la diferencia es negativa, se considerará que  el sistema suministró esta energía a los grandes  consumidores, la cual será facturada por la respectiva distribuidora según el pliego tarifario  vigente, aplicando la metodología descrita en el  literal d)

 

 

QUINTA.- ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA DE GRANDES CONSUMIDORES La distribuidora con la cual el gran consumidor tenga suscrito el contrato de conexión, considerará a la carga del gran consumidor como parte de su demanda para efectos del diseño e implementación de su esquema de alivio de carga.

 

Los grandes consumidores conectados a las redes de transmisión se sujetarán a lo que establezca la normativa vigente y a los procedimientos del CENACE.

 

SEXTA.- FACTOR DE POTENCIA

 

El gran consumidor que mantenga suscrito un contrato de conexión con una distribuidora, cancelará a ésta la penalización por bajo factor de potencia cuando sea inferior a 0,92, aplicando el pliego tarifario vigente de acuerdo a la categoría y grupo de tarifa que le correspondería si fuera usuario regulado.

 

La distribuidora determinará el factor de potencia del gran consumidor considerando la misma base de cálculo que utiliza para un usuario regulado, para lo cual empleará los datos registrados por el SISMEC. El CENACE otorgará a la distribuidora el permiso y acceso necesarios para la obtención de dichos datos.

 

En caso de que el factor de potencia promedio mensual sea inferior a 0,6, el Gran Consumidor pondrá a consideración de la distribuidora un plan de acción para corregir la desviación identificada, el cual, previa aprobación de la distribuidora, será de cumplimiento obligatorio por parte del Gran Consumidor.

 

Los aspectos relacionados al factor de potencia de un gran consumidor que mantiene suscrito un contrato de conexión con el transmisor se sujetarán a lo establecido en la normativa vigente.

 

SÉPTIMA.- SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL El gran consumidor cancelará a la empresa distribuidora, en cuya área de servicio se encuentre ubicado, el valor correspondiente por el servicio de alumbrado público general, el cual se determinará considerando la misma base de cálculo que utiliza para un usuario regulado.

 

El CENACE otorgará a la distribuidora el permiso y acceso necesarios para la obtención de los datos que requiera del SISMEC para efectos de cálculo de los cargos por el servicio de alumbrado público general.

 

OCTAVA.- CONTRATO DE CONEXIÓN

 

El contrato de conexión a suscribirse entre un gran consumidor con la distribuidora o el transmisor se sujetará al modelo establecido en el Anexo 1, el cual debe ser elevado a escritura pública.

 

NOVENA.- AUTOGENERADORES Y SUS CONSUMOS PROPIOS

 

Los autogeneradores deben cumplir lo establecido en las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava de esta Regulación, para cada uno de sus consumos propios.

 

Para los consumos propios que se encuentren habilitados como tal en el sector eléctrico, cuyos autogeneradores hayan suscrito o estén por suscribir contratos de conexión, adoptarán el modelo de contrato de conexión establecido en el Anexo 1; para los casos mencionados anteriormente no aplica la obligación de que los contratos de conexión sean elevados a escritura pública.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

La presente Regulación sustituye a la Regulación No. CONELEC 001/06, que fuera aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante Resolución No. 011/06, en sesión de 18 de enero de 2006, por tanto esta última queda derogada en todas sus partes.

 

Deróguese la Disposición General Primera de la Regulación No. CONELEC 013/08, Disposición Reformatoria Cuarta de la Regulación No. CONELEC 004/09 y la Resolución No. 018/10, en lo que esté relacionado con grandes consumidores.

 

Las disposiciones señaladas en la presente regulación reemplazarán a aquellas establecidas en otras normativas que se opongan.

 

Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad– ARCONEL, mediante Resolución No. 067/17, en sesión del 19 de septiembre de 2017.

 

Quito, 04 de octubre de 2017

 

f.) Lcda. Lorena Logroño S., Secretaria General, Encargada.

 

ANEXO No. 1

 

Señor Notario:

 

Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el Contrato de Conexión (Autogeneradores o Grandes Consumidores), al tenor de las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

 

Comparecen a la celebración del presente CONTRATO DE CONEXIÓN, por una parte la compañía ...........................,calificada como …………………..(Gran consumidor o Autogenerador), representada legalmente por ……………………(nombre del Representante Legal), conforme consta del nombramiento que se anexa a este contrato, a quien para efectos del presente contrato se le denominará “USUARIO DE LA RED”, y por otra, la Empresa Eléctrica……………………., debidamente representada por su

 

Gerente General ………………….., conforme el nombramiento que se anexa, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará “LA DISTRIBUIDORA”, al tenor de las siguientes cláusulas:

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1626 de 2 de julio de 2001, publicado en el Registro Oficial Nro. 365 de 10 de julio de 2001 se expidió el Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución– RLASTD, el cual estableció las normas para solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad existente o remanente de los sistemas de transmisión o de distribución, que requieren los agentes del sector eléctrico, así como las obligaciones y responsabilidades que las partes deben cumplir en relación con dicho libre acceso; una de las responsabilidades de los agentes para acceder a los sistemas de distribución es la firma de contrato de conexión.

 

El Directorio del CONELEC mediante Resolución Nro. 118/12 de 27 de diciembre de 2012, aprobó la Regulación Nro. CONELEC 008/12, “Modelo de contrato para la prestación del suministro de servicio público de energía eléctrica a los consumidores” la cual establece el modelo de contrato para la prestación del suministro de servicio público de energía eléctrica a ser suscrito entre las empresas distribuidoras y los consumidores regulados; así como también determina los aspectos que debe contener el contrato de conexión a ser suscrito entre las empresas distribuidoras y los consumidores no regulados (grandes consumidores y autogeneradores–consumos propios) que se conecten a su red eléctrica para de esta manera normar la relación de la empresa con este tipo de consumidores.

 

La DISTRIBUIDORA con fecha…………., ante el Notario……….del Cantón…………, suscribió el Título Habilitante para la Prestación del Servicio Público de Distribución y Comercialización de energía eléctrica.

 

La DISTRIBUIDORA, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE- y de su título habilitante, tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica a toda la demanda de electricidad que le sea requerida dentro de su área de servicio, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos en la regulación vigente sobre la materia.

 

Caso A.- Autogenerador

 

El CONELEC (o MEER para futuros títulos habilitantes) y la compañía……………………… (Autogenerador), con fecha………………, suscribieron el Título Habilitante para realizar la actividad de autogeneración con venta de excedentes.

 

b)            Los consumos propios declarados por la compañía……………………… (Autogenerador), se listan en el anexo al título habilitante, (o en el documento mediante el cual ARCONEL autoriza la habilitación de los consumos propios), entre los cuales consta la empresa……………………(consumo propio)

 

c)            La DISTRIBUIDORA, mediante Documento Nro……………… de………(fecha) aprobó la factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED al sistema de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

 

Caso B.- Gran consumidor

 

El ARCONEL, con fecha………………, otorgó a la empresa………………………, la Calificación de Gran Consumidor.

 

La DISTRIBUIDORA, mediante Documento Nro……………… de…………(fecha) aprobó la factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED al sistema de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

 

TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

 

Copia certificada del nombramiento del representante legal de la DISTRIBUIDORA.

 

Copia certificada del nombramiento del representante legal del USUARIO DE LA RED.

 

Informe de factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED a la red de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

 

Forman parte de este Contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

 

Anexo No. 1: Definición de términos.

 

Anexo No. 2: Descripción de equipos e instalaciones que forman parte del campo de conexión y mediante los cuales se materializa la vinculación eléctrica del USUARIO DE LA RED con el sistema de la DISTRIBUIDORA. Incluye entre otros: equipos y aparatos de transformación, maniobra, protección, comunicación, medición, control y auxiliares y línea de interconexión. Se especifica la propiedad de estos componentes.

 

Anexo No. 3: Diagramas unifilares

 

Anexo No. 4: Infracciones y Sanciones

 

CUARTA: OBJETO.-

 

Caso A.- Autogenerador

 

El Objeto del presente contrato es definir las responsabilidades en cuanto a propiedad, operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones y demás relaciones técnicas, comerciales y legales que se deriven de la conexión eléctrica del USUARIO DE LA RED, al sistema de la DISTRIBUIDORA, en el punto de conexión definido en la cláusula sexta del presente contrato, correspondiente al consumo propio denominado………………

 

Caso B.- Gran consumidor

 

El Objeto del presente contrato es definir las  responsabilidades en cuanto a la propiedad, operación y  mantenimiento de los equipos e instalaciones y demás  relaciones técnicas, comerciales y legales que se deriven  de la conexión eléctrica del USUARIO DE LA RED, al  sistema de la DISTRIBUIDORA, en el punto de conexión  definido en la cláusula sexta del presente contrato.

 

QUINTA: INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS.-

 

Los términos utilizados en el texto de este Contrato  serán interpretados en el sentido literal y obvio, por tanto  las partes acuerdan aceptar su real significado. En caso de  conflicto entre el texto del Contrato y cualquiera de sus  Anexos, prevalecerá el texto del Contrato. De mantenerse  controversia en la interpretación, se aplicará lo establecido  en la Codificación del Código Civil Ecuatoriano, en su  Libro IV, las normas contenidas en el Título XIII: “De la  Interpretación de los Contratos”.

 

La interpretación de los términos técnicos utilizados en el  texto del presente Contrato, se sujetará a las definiciones  establecidas en el Anexo 1: Definición de Términos. En lo  no previsto en el Anexo 1, se aplicará las definiciones que  constan en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  Eléctrica y demás normativa relacionada.

 

SEXTA: CONDICIONES TÉCNICAS.-

 

SEIS PUNTO UNO: CAMPO DE CONEXIÓN,  FRONTERAS Y PROPIEDAD DE EQUIPOS E  INSTALACIONES

 

El punto de conexión y la propiedad de equipos e instalaciones del campo de conexión de la DISTRIBUIDORA y  del USUARIO DE LA RED se detallan en el Anexo Nº 2,  documento que forma parte del presente Contrato.

 

La ubicación del campo de conexión es:

 

Bahía de la subestación o estructura:……………………

 

Coordenadas (georeferencia):………………………………

 

Calle Principal:     ……....... Nro.        ………....

Calle Secundaria: …........... Referencia:            ……....…

Parroquia:              ……....... Cantón:  …....……

Provincia:              …...........

 

Voltaje nominal del punto de conexión (kV): ……….

 

SEIS PUNTO DOS: DATOS GENERALES DE LA  CARGA

 

En el punto de conexión el USUARIO DE LA RED declara  tener una carga instalada de: .......... kilovatios (kW), con  una demanda de potencia declarada de……… (kW) para  uso:

 

Especificar: Categoria, Grupo y Tarifa al que pertenecería  la carga, como usuario regulado, según lo establecido en el  pliego tarifario vigente.

 

SEIS PUNTO TRES: ESQUEMA DE PROTECCIÓN Y  CALIBRACIÓN

 

El esquema de protecciones y las calibraciones  correspondientes han sido aprobados por la  DISTRIBUIDORA y consta en el Anexo No. 2 del presente  Contrato. De requerirse modificaciones de alguno de  estos aspectos técnicos, merecerá la aprobación previa  de la DISTRIBUIDORA y el referido Anexo deberá ser  actualizado y formará parte del presente instrumento legal.

 

SEIS PUNTO CUATRO: SISTEMA DE MEDICIÓN  COMERCIAL

 

La propiedad y responsabilidades sobre el sistema de  medición comercial se sujetarán a lo que establezca la  regulación respectiva.

 

SEIS PUNTO CINCO: CALIDAD DEL SERVICIO

 

Los niveles de calidad del servicio que debe cumplir la  DISTRIBUIDORA y los parámetros técnicos de la carga  que debe cumplir el USUARIO DE LA RED en el punto  de conexión, se sujetarán a lo establecido en la normativa  vigente.

 

El valor que le corresponderá pagar al USUARIO DE LA  RED, en caso de incumplimiento del límite de factor de  potencia en el punto de conexión, se sujetará a lo establecido  en la normativa vigente.

 

En caso de que el factor de potencia promedio mensual  sea inferior a 0,6, el USUARIO DE LA RED pondrá a  consideración de la DISTRIBUIDORA un plan de acción  para corregir la desviación identificada, el cual, previa  aprobación de la DISTRIBUIDORA, será de cumplimiento  obligatorio por parte del USUARIO DE LA RED.

 

SÉPTIMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-

 

SIETE PUNTO UNO: OPERACIÓN

 

La operación de los equipos e instalaciones involucradas  en el campo de conexión será de responsabilidad de la  DISTRIBUIDORA. Las actividades de operación se  realizarán en coordinación con el USUARIO DE LA RED.

 

La implementación del esquema de alivio de carga  por parte del USUARIO DE LA RED se sujetará a lo  dispuesto en la normativa vigente.

 

SIETE PUNTO DOS: MANTENIMIENTOS

 

Caso A.- Solo campo de Conexión

 

La DISTRIBUIDORA realizará el mantenimiento de los  equipos e instalaciones del campo de conexión definidos  en el presente contrato. Los costos de este mantenimiento  serán responsabilidad del USUARIO DE LA RED.

 

La DISTRIBUIDORA, en coordinación con el USUARIO  DE LA RED, elaborará y aprobará hasta el 31 de diciembre  de cada año, el plan anual de mantenimientos del año  siguiente con su presupuesto referencial detallado.

 

Caso B.- Campo de Conexión y línea de interconexión dedicada, cuando la DISTRIBUIDORA decida realizar el mantenimiento de la línea, ya sea por seguridad del sistema o cuando hubieren convenido con el USUARIO DE LA RED.

 

La DISTRIBUIDORA realizará el mantenimiento de los equipos e instalaciones del campo de conexión y de la línea de interconexión dedicada definidos en el presente contrato. Los costos de estos mantenimientos serán responsabilidad del USUARIO DE LA RED.

 

La DISTRIBUIDORA, en coordinación con el USUARIO DE LA RED, elaborará y aprobará hasta el 31 de diciembre de cada año, el plan anual de mantenimientos del año siguiente con su presupuesto referencial detallado.

 

OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

 

OCHO PUNTO UNO: OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA

 

DERECHOS:

 

Recibir el pago oportuno por los servicios prestados al USUARIO DE LA RED, establecidos en el presente contrato.

 

Solicitar información de carácter técnico, relacionados a la prestación de los servicios señalados en el presente contrato.

 

Acceder a las instalaciones del USUARIO DE LA RED, el personal autorizado de la DISTRIBUIDORA, a efectos de realizar inspecciones técnicas, labores de control, toma de lecturas o desconexiones.

 

OBLIGACIONES:

 

Prestar el servicio de transporte de energía eléctrica, y el suministro de energía en conformidad con lo establecido en la normativa vigente, acorde con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad y calidad.

 

Poner a disposición del USUARIO DE LA RED canales de comunicación que permitan atender de forma continua, las 24 horas del día, durante todos los días del año, sus reclamos, consultas y solicitudes.

 

Resarcir los daños que se produjeren a los equipos del USUARIO DE LA RED, destinados a la realización de sus procesos internos, ocasionados por deficiencias de la energía entregada en el punto de conexión o fallas en el sistema de distribución imputables a la DISTRIBUIDORA.

 

Sujetarse a las normas de seguridad establecidas por el USUARIO DE LA RED, para el acceso del personal de la DISTRIBUIDORA a las instalaciones del usuario. 

 

OCHO PUNTO DOS: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO DE LA RED:

 

DERECHOS:

 

Recibir la energía eléctrica en el punto de conexión acorde con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad y calidad;

 

Reclamar a la DISTRIBUIDORA en caso de inconformidad con la calidad de energía entregada en el punto de conexión o con los valores facturados, y recibir una respuesta oportuna;

 

Ser oportunamente informado, por cualquier medio idóneo, sobre los trabajos o acciones que puedan conducir a una suspensión del servicio eléctrico;

 

Participar en audiencias públicas convocadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL; y,

 

Ser indemnizado por los daños ocasionados por deficiencias de la energía entregada en el punto de conexión o fallas en el sistema de distribución imputables a la DISTRIBUIDORA.

 

 

OBLIGACIONES:

 

Cuidar las instalaciones eléctricas que le permiten contar con el suministro de electricidad;

 

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar a su salud o a su vida, así como a la de los demás;

 

Haber cumplido con todas las obligaciones derivadas de anteriores contratos con la DISTRIBUIDORA a nombre del USUARIO DE LA RED, en los casos que corresponda;

 

Responsabilizarse de sus instalaciones eléctricas, incluido el sistema de puesta a tierra, a fin de que estén en óptimas condiciones para recibir la energía eléctrica. Cualquier falla, o efecto secundario, derivado de sus instalaciones interiores, es de responsabilidad del USUARIO DE LA RED;

 

Permitir el acceso a sus instalaciones al personal autorizado por la DISTRIBUIDORA, a fin de ejecutar las actividades de su responsabilidad, establecidas en el presente contrato.

 

Pagar los cargos económicos establecidos en este contrato.

 

g)            Pagar los cargos económicos que le sean impuestos por infracciones establecidas en este contrato.

 

NOVENA: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-

 

Son los costos por los servicios de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones que forman parte del campo de conexión y de la línea de interconexión dedicada.

 

Para el efecto, la DISTRIBUIDORA entregará al USUARIO  DE LA RED un reporte detallado y valorado de los trabajos  y actividades de operación y mantenimiento, efectivamente  realizados.

 

DÉCIMA: DESCONEXIÓN DEL USUARIO DE LA  RED.- La DISTRIBUIDORA podrá abrir la conexión del  USUARIO DE LA RED con el sistema de distribución por  las siguientes causas:

 

Cuando no cancele las facturas emitidas por la  DISTRIBUIDORA por los conceptos y en los términos  establecidos en el presente contrato.

 

Cuando se detecte consumos de energía eléctrica, a través  de instalaciones clandestinas, directas y/o similares,  que alteren o impidan el normal funcionamiento del  medidor;

 

Cuando la infraestructura eléctrica para la conexión de  la red de la DISTRIBUIDORA y las instalaciones del  USUARIO DE LA RED no cumpla con las condiciones  técnicas que establezca la DISTRIBUIDORA;

 

Cuando se compruebe el consumo de energía eléctrica  en circunstancias que incumplan lo estipulado en el  presente contrato;

 

Cuando la empresa eléctrica, previo aviso, mediante  adecuados medios de comunicación, comunique  oportunamente al USUARIO DE LA RED, que por  motivos de mantenimiento o reparación, se producirá  una suspensión de energía eléctrica;

 

Cuando existan conexiones al sistema de la empresa  eléctrica sin contar con su autorización; y,

 

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

 

Para el efecto, previo a la suspensión, la DISTRIBUIDORA  emitirá una notificación al USUARIO DE LA RED, en  la que se detallará el o los motivos de la suspensión, se  exceptúa de dicha obligación los eventos de fuerza mayor  o caso fortuito.

 

Para el caso de suspensiones programadas del servicio la  DISTRIBUIDORA deberá informar al USUARIO DE  LA RED, con un mínimo de 24 horas de antelación. La  notificación deberá contener como mínimo la siguiente  información:

 

Fecha y hora de desconexión.

 

Fecha y hora de reconexión.

 

Medidas que deberá adoptar el USUARIO DE LA RED  para evitar afectaciones a personas y equipos, durante el  periodo que dure la desconexión y reconexión.

 

Los tiempos para el restablecimiento del servicio,, serán los  establecidos en la normativa aplicable para el efecto.

 

Cuando la suspensión del servicio se dé por causa atribuible  al USUARIO DE LA RED, la DISTRIBUIDORA está  autorizada a facturarle un único valor adicional, previa  notificación, correspondiente al servicio de corte y  reconexión, el cual deberá constar en la factura que se le  emita el mes posterior al corte. Esto, sin perjuicio de la  aplicación de los intereses legales correspondientes, en caso  de pagos atrasados.

 

La DISTRIBUIDORA determinará el valor de corte y  reconexión que aplicarán al USUARIO DE LA RED.

 

UNDÉCIMA: PEAJE DE DISTRIBUCIÓN.-

 

El valor mensual por peaje de distribución que deberá  cancelar el USUARIO DE LA RED se sujetará a lo que  establezca el pliego tarifario vigente.

 

DUODECIMA: PAGO DE ENERGÍA A LA  DISTRIBUIDORA

 

Caso A.- Autogenerador calificados con la Regulación No.  CONELEC 001/14

 

La energía no cubierta por el autogenerador al USUARIO  DE LA RED, será facturada por la DISTRIBUIDORA,  aplicando la tarifa del pliego tarifario vigente al que  pertenecería si fuere usuario regulado.

 

La energía a facturarse por la DISTRIBUIDORA será la  determinada por el CENACE, conforme a la normativa  vigente.

 

Nota: Esta cláusula no es aplicable para autogene￾radores habilitados antes de la Regulación No. CONELEC  001/14.

 

Caso B.- Gran Consumidor

 

La energía no cubierta por los generadores o  autogeneradores, con los cuales el USUARIO DE LA RED  tenga suscritos contratos bilaterales, será facturada por la  DISTRIBUIDORA, aplicando la tarifa del pliego tarifario  vigente al que pertenecería si fuera usuario regulado.

 

La energía a facturarse por la DISTRIBUIDORA será la  determinada por el CENACE, conforme a la normativa  vigente.

 

 

DÉCIMA TERCERA: CARGOS A TERCEROS.-

 

El pago de cargos a terceros, tales como tasas de recolección  de basura y contribución al Cuerpo de Bomberos, se  sujetará a lo que establezca la normativa respectiva.

 

DÉCIMA CUARTA: SERVICIO DE ALUMBRADO  PÚBLICO GENERAL.-

 

El USUARIO DE LA RED cancelará a la DISTRIBUIDORA el valor correspondiente por el servicio  de alumbrado público general, el cual se determinará  considerando la misma base de cálculo que utiliza para un  usuario regulado.

 

DÉCIMA QUINTA: FACTURACIÓN Y PAGO.-

 

La DISTRIBUIDORA emitirá las facturas por los conceptos  establecidos en este contrato al USUARIO DE LA RED,  con al menos diez (10) días de anticipación a la fecha de  vencimiento.

 

En caso de que el USUARIO DE LA RED incumpla  el pago de las facturas emitidas por la DISTRIBUIDORA  dentro de los plazos estipulados, se obliga a pagar los  intereses por mora calculados en función de lo que establezca  el Código Tributario y normativa conexa. Todos los pagos  que realice el USUARIO DE LA RED se contabilizarán en  primer lugar al valor de los intereses y luego al capital.

 

DÉCIMA SEXTA: INFRACCIONES Y SANCIONES.-

 

El USUARIO DE LA RED manifiesta en forma expresa  su conocimiento de las infracciones y sanciones previstas  en el Anexo No. 4 del presente contrato, en el capítulo V de  la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y  en el Código Orgánico Integral Penal.

 

Las sanciones establecidas en el Anexo No. 4 serán  aplicadas por la DISTRIBUIDORA sin perjuicio de otras  sanciones que puedan ser aplicadas por ARCONEL o la  autoridad competente por el cometimiento de infracciones  no contempladas en el presente contrato.

 

DÉCIMA SÉPTIMA: REPOSICIÓN DE EQUIPOS.-

 

El USUARIO DE LA RED es el responsable, en caso  de daño, de la reparación y/o reposición de los equipos  e instalaciones de su propiedad definidos en el Anexo  No. 2, con excepción de los daños ocasionados por  causas imputables a la DISTRIBUIDORA, debidamente  demostrados conforme al procedimiento establecido en la  normativa vigente, los cuales serán reconocidos por esta  última.

 

DÉCIMA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO.-

 

El presente Contrato tendrá vigencia de un (1) año contado  a partir de la fecha de suscripción, y será prorrogado  automática e indefinidamente siempre y cuando no exista  manifestación expresa en contrario de una de las partes, o  se incurra en alguna o varias de las causales de terminación  del contrato antes de la fecha de su vencimiento.

 

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL  CONTRATO.-

 

Serán causales de terminación del presente Contrato las  siguientes:

 

El cambio de condición del Gran consumidor/consumo  propio a usuario regulado y suscripción del contrato de  suministro con la DISTRIBUIDORA;

 

Por mutuo acuerdo de las partes;

 

Por la terminación de la vigencia del Título Habilitante  de la DISTRIBUIDORA; y,

 

Por la terminación de la vigencia del Título Habilitante  del Autogenerador;

 

 

En caso de terminación del presente Contrato, las partes  deberán suscribir un Acta en la cual se determinen y  liquiden las obligaciones mutuas de las partes.

 

VIGÉSIMA: DISPONIBILIDAD DE  INFORMACIÓN.-

 

Se establece que la información técnica y comercial estará  disponible entre las partes, en lo concerniente con la  ejecución del presente Contrato, mientras que para terceros  su disponibilidad dependerá de la autorización expresa  conjunta de las partes, en el caso de aquella declarada como  confidencial formalmente y de manera previa.

 

Se exceptúa toda aquella que constituya obligación entre  organismos del sector, que sea orden de autoridad o juez  competente, o que esté establecida en la normativa y los  títulos habilitantes vigentes, o los que los sustituyeran.

 

VIGÉSIMA PRIMERA: CONTRATOS  COMPLEMENTARIOS.-

 

Las partes podrán suscribir adendas o contratos  complementarios para la plena ejecución del presente  contrato.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: GASTOS NOTARIALES.-

 

Los gastos notariales para la suscripción del presente  Contrato serán asumidos por el USUARIO DE LA RED o  requirente de la conexión al sistema de distribución.

 

VIGÉSIMA TERCERA: CUANTÍA.-

 

Considerando la naturaleza del presente instrumento legal,  las partes reconocen y declaran que este Contrato es de  cuantía indeterminada.

 

VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN Y  COMPETENCIA.-

 

Aquellos asuntos de índole regulatorio sobre la ejecución e  implementación del contrato, que produzcan divergencias  que no puedan solucionarse por mutuo acuerdo, serán  sometidos a consideración del Director Ejecutivo del  ARCONEL. En caso de divergencias o controversias de  índole comercial u otras, que no hayan podido ser superadas,  estas serán sometidas a la jurisdicción ordinaria.

 

VIGÉSIMA QUINTA: FUERZA MAYOR Y CASO  FORTUITO.-

 

Para los efectos contemplados en el presente Contrato,  los términos de fuerza mayor y caso fortuito serán los  definidos en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil  Ecuatoriano.

 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada  notificará a la otra y a la autoridad competente, dentro  del plazo de cinco (5) días contado a partir de ocurrido el  hecho, explicando los efectos causados por el evento en el  cumplimiento del Contrato, adjuntando la documentación  correspondiente.

 

La calificación de un evento de fuerza mayor o caso fortuito será determinada por la autoridad competente según el procedimiento que esta disponga.

 

Ninguna de las partes responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de sus obligaciones de este Contrato, ni estará obligada a indemnizar a la otra por los perjuicios causados, cuando el incumplimiento o el retraso se hayan debido a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente calificadas.

 

En caso de que las partes no hubieran notificado el acaecimiento de un evento calificado como fortuito o fuerza mayor, dentro del plazo establecido, se entenderá como no ocurrido, y por tanto, todas las obligaciones previstas en el presente Contrato serán exigibles.

 

VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.-

 

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes declaran su domicilio en la ciudad de........................., renunciando el USUARIO DE LA RED a cualquier fuero especial, que en razón de domicilio pueda tener.

 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

 

 

USUARIO DE LA RED:

 

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

De la DISTRIBUIDORA:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.-

 

 

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este contrato, por así convenir a sus intereses.

 

Para constancia de todo lo cual firman el presente contrato en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor. En la ciudad de……………… a los........... días del mes de......................  de.....................

 

 

 

 

 

 

……………..........   …………....................

DISTRIBUIDORA   AUTOGENERADOR O

GRAN CONSUMIDOR

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

 

No. 17 500

 

LA SUBSECRETARÍA DEL

SISTEMA DE LA CALIDAD

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 establece que “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

 

Que el artículo 227 de la Constitución establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

 

Que el artículo 12 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, sustituido por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, dispone que para la ejecución de las políticas que dictamine el Comité Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad tendrá entre otras, la siguiente atribución: “e) Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la conformidad y otros órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando éstos no existan en el país. Los organismos designados no podrán dar servicios como entes acreditados en temas diferentes a la designación”;

 

Que el artículo 21 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala que “La designación en materia de evaluación de la conformidad que el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, otorgue temporalmente a los Organismos Evaluadores de la Conformidad–OECs (laboratorios, organismos de certificación, organismos de inspección), siempre y cuando éstos no existan en el país acreditados, se realizará sobre la base de la oferta y la demanda y el informe técnico de cumplimiento de requisitos que será presentado, para cada caso, por el OAE. (…);

 

Que el Artículo 25 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, vigente mediante Decreto 756, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 450 de 17 de mayo de 2011, establece que el Ministro de Industrias y Productividad en base al informe presentado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano –OAE- resolverá conceder o negar la Designación; y, dispone que transcurridos los dos años, el OEC podrá solicitar la renovación de la designación por una vez, siempre y cuando se evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el OAE, y se hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el OAE para el alcance en cuestión;

 

Que en el artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se establecen las obligaciones que los Organismos Evaluadores de la Conformidad designados  deben cumplir;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de noviembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de conceder o negar la designación al organismo de evaluación de la conformidad solicitante.

 

I. VISTOS:

 

1.1           Mediante Resolución Nro. 15 256 de 03 de septiembre de 2015, la Mgs. Ana Cox Vásconez Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, resolvió: “ARTÍCULO 1. OTORGAR la DESIGNACIÓN al Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO-CADME, para ejecutar actividades de inspección en el sector automotriz (…)”.

 

1.2           Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME- 161-C17 de 21 y 28 de julio 2017, la Ing. Alejandra Lascano Moreno, Coordinadora de CADME, solicita a la Ing. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, la RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN otorgada mediante Resolución Nro. 15 256 de 03 de septiembre de 2015, para tal efecto adjunta la documentación respectiva.

 

1.3           Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017-1789- OF de julio y de 03 de agosto de 2017, el Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que: “(…) la Ing. Alejandra Marlene Lascano Moreta, Coordinador CADME, presenta una solicitud tendiente a obtener la RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN para realizar las actividades de inspección conforme los documentos normativos: NTE INEN 2205 (2R) “BUS URBANO”; RTE INEN 034 (4R), RTE INEN 038 “BUS URBANO”; RTE INEN 041 (2R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR”; NTE INEN 1668 (1R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRARREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL”; RTE INEN 043 (2R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRARREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL (…)” y solicitó:“(...) disponer a quien corresponda la verificación de la existencia de OEC Acreditados en el país para el alcance requerido; o si existen OEC en proceso de acreditación.”.

 

1.4           Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME-165-C17 de 27 de julio de 2017, la Ing. Alejandra Lascano Moreta, Coordinadora de CADME indicó a la Mgs. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, los alcances para los cuales se solicitan la renovación de la designación y remitió  los documentos faltantes para continuar con el proceso de renovación de designación.

 

1.5           Mediante oficio Nro. SAE-DGT-2017-0109- OF de 02 de agosto de 2017, el Eco. Gabriel Antonio Suárez Moncayo, Coordinador General Técnico del SAE a la fecha, informó al Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad que: “1. Para los RTE INEN 038 “BUS URBANO”, RTE INEN 041(2R) “VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR” y RTE INEN 043 (2R) “VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS INTRAREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL, no existen organismos acreditados, pero si en proceso de acreditación. 2. El organismo CADME actualmente está designado mediante resolución otorgada por el Ministerio de Industrias y Productividad Nro. MIPRO 15 256 de 3 de septiembre de 2015, también para la norma NTE INEN 2664 y el reglamento 034, para los cuales no existen organismos acreditados, pero si en proceso de acreditación (…)”.

 

1.6           Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017- 1854-OF de 03 de agosto de 2017, el Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que: “(…) la Ing. Alejandra Marlene Lascano Moreta, Coordinador CADME, remite un alcance al Oficio OF-UTACADME- 161- C17 de 21 de julio de 2017, mediante el cual, solicita la renovación de la designación para realizar las actividades de inspección conforme los documentos normativos: NTE INEN 2205 (2R) “VEHICULOS AUTOMOTORES. BUS URBANO. REQUISITOS”; REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034 (4R) “ELEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES (…)” y solicitó: “(…) disponer a quien corresponda que en virtud del artículo 3 y 4 del Acuerdo Ministerial No. 14 074 de 19 de mayo de 2017, realice la verificación de la existencia de OEC Acreditados en el país para el alcance requerido; o si existen OEC en proceso de acreditación”.

 

1.7           Mediante oficio Nro. SAE-DGT-2017-0115- OF de 04 de agosto de 2017, el Eco. Gabriel Antonio Suárez Moncayo, Coordinador General Técnico del SAE a la fecha, informó al Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad que: “1. Para los RTE INEN 038 (2R) “Bus urbano”, RTE INEN 041(2R) “Vehículos de transporte escolar” y RTE INEN 043 (2R) “Vehículos de Transporte público de pasajeros intrarregional e interprovincial e interprovincial, no existen organismos acreditados; pero sí en proceso de acreditación, Adicionalmente, señala que el organismo CADME actualmente está designado mediante resolución otorgada por el Ministerio de Industrias  y Productividad Nro. MIPRO 15 256 de 3 de  septiembre de 2015, también para la norma NTE  INEN 2664 “Fabricantes de carrocerías metálicas  para vehículos de transporte de pasajeros” y el  reglamento RTE INEN 034 “Elementos mínimos  de seguridad en vehículos automotores” y señala a  la NTE INEN 2205 “Bus Urbano”, para los cuales  no existen organismos acreditados, pero si en  proceso de acreditación”.

 

1.8           Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME-173-C17  de 07 de agosto de 2017, la Ing. Alejandra Lascano  Moreta, Coordinadora de CADME indicó al Mgs.  Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de  Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio  de Industrias y Productividad: “En cuanto a la  aclaración sobre la NTE INEN 1668 (1R) que no  corresponde a la resolución 15 256 mencionada,  pongo en su conocimiento que dicha normativa  se encuentra en vigencia desde marzo 2015 y fue  incluida de manera obligatoria con el Reglamento  043 con la Resolución 15 211 para lo cual nuestro  organismo basado en los requisitos de la INEN  ISO 17020 2013 para organismos de inspección,  requisito 7.1 métodos y procedimientos de  inspección ha considerado necesario actualizar  nuestro método y procedimiento de inspección  en referencia al reglamento y norma antes  mencionada, por lo cual se solicita se incluya  en nuestro proceso de renovación a la normativa  mencionada ya que ésta es una actualización  del reglamento incluyendo a la norma para su  cumplimiento de manera obligatoria”.

 

1.9           Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017- 1897-OF de 08 de agosto de 2017, el Mgs.  Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de  Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio  de Industrias y Productividad, informó a la Eco.  Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva  del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que:  “(…) una vez que el CENTRO DE APOYO AL  DESARROLLO MERALMECÁNICO-CADME,  mediante oficio OF-UTA-CADME-173-C17 de  7 de agosto de 2017, expresa su compromiso  y aceptación de continuar con el proceso de  renovación de designación de la Resolución 15  256 en los alcances indicados en la misma”, esta  Subsecretaria del Sistema de Calidad, remite la  siguiente documentación a fin que se continúe con  el trámite pertinente”.

 

1.2           La Econ. Johana Paola Zapata Maldonado  Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación  Ecuatoriano mediante Oficio No. SAE-SAE- 2017-0530-OF de 26 de septiembre de 2017, pone  en conocimiento de la Subsecretaría del Sistema  de la Calidad del Ministerio de Industrias y  Productividad, MIPRO lo siguiente:

 

1.2.1        Mediante oficio Nro. SAE-DI-2017-0320-OF  de 09 de agosto de 2017, el Ing. Miguel Boada  Monge, Director de Inspección del SAE, envío a  la Ing. Alejandra Lascano Moreta, Coordinadora  de CADME, la propuesta de evaluadores para la  evaluación de Renovación de Designación

 

1.2.2        Mediante Informe Técnico SAE INS 17-064  D “Evaluación de la Capacidad Técnica para  designación como Organismo de Inspección” del  Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico  CADME de 17 de agosto de 2017, el Equipo  Evaluador del SAE concluyó que: “Para la  continuidad del proceso de renovación de  designación, el Organismos de Inspección  Empresa Pública de la Universidad Técnica  de Ambato UTA (CENTRO DE APOYO  AL DESARROLLO METALMECÁNICO  CADME), deberá presentar al Servicio de  Acreditación Ecuatoriano, evidencia del cierre  efectivo de la no Conformidades detectada durante  la Evaluación conforme el Acuerdo Ministerial  del Ministerio de Industrias y Productividad  Nro 17-074 del Art. 11 el OEC dispone de 90  días para tomar acciones que evidencie un cierre  efectivo de las No Conformidades, luego de  esto el SAE emitirá un informe al Ministerio de  Industrias y Productividad, para que decida sobre  la Renovación de Designación como Organismo  de Inspección para el alcance solicitado”.

 

1.2.3        (…) Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME- 189-C17 de 28 de agosto de 2017, el Ing. Gustavo  Patín M, Coordinador (E) de CADME remitió  a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora  Ejecutiva del SAE las evidencias adicionales  correspondientes al cierre efectivo de las No  Conformidades.

 

1.2.4        Mediante Informe para la Decisión SAE INS 17- 064 D de 14 de septiembre de 2017, el Evaluador  Líder del SAE informó que el Equipo Evaluador  y la Dirección de Inspección recomiendan:  “Renovar la designación del organismo, en base  al artículo 25, del Reglamento General a la Ley  del Sistema Nacional Ecuatoriano de la Calidad  que señala: “Transcurridos los dos años, el OEC  podrá solicitar la renovación de la designación  por una vez, siempre y cuando evidencie el  mantenimiento de las condiciones iniciales  de designación mediante un informe anual de  evaluación de seguimiento realizado por el OAE,  y si hubiera iniciado un proceso de acreditación  ante OAE para el alcance en cuestión”.

 

1.2.5        Mediante memorando Nro. SAE-DI-2017- 0193-M de 15 de septiembre de 2017, la Mgs.  Soraya Ruíz Salazar Directora de Inspección  (S) informó a la Eco. Iván Martínez Dobronsky,  Coordinador General Técnico (E) del SAE que:  “(…) Una vez cumplidos los requisitos y concluido  satisfactoriamente el proceso de evaluación  para la renovación de designación y revisada  la información presentada por el organismo  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO U.T.A  (Centro de Apoyo al desarrollo metalmecánico  CADME), la Dirección de Inspección, se permite  RECOMENDAR la suscripción del documento  que permita conceder la RENOVACIÓN DE  LA DESIGNACIÓN en el alcance descrito en el  anexo 1 de este documento ante el Ministerio de  Industrias y Productividad – MIPRO.

 

1.2.6        Mediante memorando Nro. SAE-DGT-2017- 0302-M de 19 de septiembre de 2017, la Eco. Iván Martínez Dobronsky, Coordinador General Técnico (E) informó al Abg. Andrés Carrillo Sánchez, Director Ejecutivo (S) que “(…) la Coordinación General Técnica, acogiendo la recomendación de memorando Nro SAE-DI- 2017-0193-M, de fecha 15 de septiembre de 2017 y recibido en la Coordinación General el 18 de septiembre de 2017; conforme los antecedentes contenidos en los documentos antes señalados, se permite RECOMENDAR a la Dirección Ejecutiva del SAE, emitir el informe correspondiente a fin de que la autoridad competente decida sobre el reconocimiento de DESIGNACIÓN del Organismo de Inspección Universidad Técnica de Ambato U.T.A. (Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico CADME), una vez que cumplió con los requisitos y concluyó satisfactoriamente el proceso de evaluación para la renovación de la designación del alcance definido en  el Anexo I del informe para la Designación del SAE No. SAE INS-17-064 D de 14 de septiembre de 2017”.

 

1.2.7        Mediante memorando Nro. SAE-DAJ-2017- 0300-M, de 22 de septiembre de 2017, el Abg. Andrés Carrillo Sánchez, Director de Asesoría Jurídica, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del SAE, lo siguiente: “De conformidad a la evaluación para designación como organismo de certificación constante en el Informe Técnico Nro. SAE INS 17-064 de 14 septiembre de 2017 en la que el evaluador líder designado del SAE recomendó continuar con el proceso de designación; así como la recomendación constante en los memorandos  Nros.SAE-DI-2017-0193-M de 15 de septiembre de 2017 y SAE-DGT-2017-0302-M de 19 de septiembre de 2017, una vez que se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente y acogiendo el criterio técnico del Coordinador General Técnico del SAE, es factible remitir al Ministerio de Industrias y Productividad el informe técnico referente a la renovación de la designación del Organismo Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME.”.

 

La Econ. Johana Paola Zapata Maldonado, en su calidad de Directora Ejecutiva, del SAE con Oficio Nro. SAE-SAE- 2017-0530-OF, de fecha 26 de septiembre de 2017, presenta el informe referente a la solicitud de renovación designación del Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME, el mismo que en su conclusión manifiesta: “(…) Por lo expuesto y de acuerdo a la normativa legal enunciada, una vez que el Servicio de Acreditación SAE, realizó la evaluación respectiva al Organismo de Inspección se concluye que el Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME, cumplió con los requisitos y finalizó satisfactoriamente el proceso de evaluación para la Renovación de la Designación conforme a lo definido en el Anexo I (…)

 

 

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

 

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- OTORGAR la RENOVACIÓN DE LA DESIGNACIÓN al Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME.” en el alcance que se detalla a continuación:

 

 

 

ALCANCE PARA RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN:

 

ORGANISMO DE INSPECCIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UTA (CENTRO DE APOYO AL

DESARROLLO DE METALMECÁNICO CADME)

 

SECTOR: AUTOMOTRIZ

Campo de inspección/

elementos a inspeccionar

Metodólogía

Procedimientos de Inspección

Código de Norma/Descripción de la

norma

Inspección de Bus Urbano

(Bus Minibús)

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la NTE INEN

2205-RTE INEN 038

RTE INEN 038 (2R)

“Bus urbano”, NTE INEN 2205 (2R)

 

Inspección de Elementos

Mínimos de Seguridad en

Vehículos Automotores

Visual Documental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la RTE INEN

034 (Elementos mínimos de

seguridad) PROC-2,3,1-1

RTE INEN 034 (4R) “Elementos de

seguridad en vehículos automotores”.

Inspección de Vehículos de

Transporte Escolar

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad del RTE INEN 041

PROC-2.3.3-1

RTE INEN 041 (2R)

“Vehículos de transporte escolar”

Vehículos de Transporte

Público de Pasajeros

Intrarregional, Interprovincial

e Intraprovincial

 

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la RTE INEN

043 (bus interprovincial e

Intraprovincial) PROC-2,3,4-1

RTE INEN 043 (2R)

“Vehículos de Transporte Público de

Pasajeros Intrarregional, Interprovincial e Intraprovincial”

Inspección De Carrocerías

Metálicas para vehículos de

Transporte de pasajeros

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad Unidad Prototipo

PROC-2.3.4-1

NTE INEN 2664:2013 ”Vehículos

Automotores Fabricantes de Carrocerías Metálicas para Vehículos de Transporte de Pasajeros”.

 

 

 

ARTÍCULO 2.- Reconocer al Ing. Oscar Fabián Tene  Salazar, portador de la cédula de ciudadanía 1804117081  como Responsable Técnico del Organismo CADME para  los alcances de la presente Renovación de Designación.

 

ARTÍCULO 3.- La presente RENOVACIÓN DE  DESIGNACIÓN tendrá una vigencia de dos años a partir  de la fecha de suscripción.

 

ARTÍCULO 4. El Organismo de Inspección CENTRO DE  APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME  de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General de la  Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad., deberá cumplir  con las siguientes obligaciones:

 

Mantener en todo momento las condiciones en base a  las cuales se concedió la designación;

 

Facilitar información actualizada, en relación con el  alcance técnico designado;

 

No utilizar la designación de manera que pueda  perjudicar la reputación del organismo designante o del  OAE

 

Informar inmediatamente al MIPRO, sobre cualquier  modificación relativa al cumplimiento de las  condiciones que permitieron la designación;

 

Ser responsables de los resultados de los ensayos y  de los certificados de evaluación de la conformidad  emitidos respectivamente y, para el caso de los  Organismos de Certificación de Productos y de  Inspección, ser responsable de los resultados de los  ensayos de los productos que hayan sido certificados;

 

Cobrar las tarifas previamente notificadas al MIPRO  para la actividad de evaluación de la conformidad  designada, en el caso de los OECs que hayan recibido  o cuenten con recursos provenientes del Estado, estos  deben solicitar previamente la respectiva aprobación  del MIPRO; y,

 

Otras que se señalen en la Ley, el presente reglamento,  o las resoluciones dictadas por el MIPRO o el Comité  Interministerial de la Calidad.

 

ARTÍCULO 5.- El Ministerio de Industrias y  Productividad procederá a excluir Organismo de Inspección “CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO  METALMECÁNICO CADME” del Registro de Organismo  de Inspección DESIGNADOS si incurriere en el  incumplimiento de cualquiera de las obligaciones propias  de la renovación de designación otorgada mediante esta  Resolución.

 

ARTÍCULO 6.- Esta Resolución entrará en vigencia a  partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación  en el Registro oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 26 de  septiembre de 2017.

 

f.) Mgs. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de  la Calidad.

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC￾TIVIDAD.- CERTIFICA.- Es fiel copia del original que  reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de octubre de  2017.- 10:23.- Firma: Ilegible.- 8 fojas.

 

Nro. ARCP-DE-2017-47

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del  Ecuador, establece: “todo órgano con potestad normativa  tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente,  las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos  en la Constitución y los tratados internacionales y los  que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser  humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado,  sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos, y las personas que actúen en virtud de una  potestad estatal ejercerán solamente las competencias y  facultades que les sea atribuidas en la Constitución y la  ley”;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone que: “La administración pública  constituye un servicio a la colectividad que se rige por  los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que, el artículo 301 de la Constitución, señala que: “Sólo por  acto normativo de órgano competente se podrán establecer,  modifi car, exonerar y extinguir tasas y contribuciones”;

 

Que, el Estado ecuatoriano, como suscriptor del Convenio  Postal Universal, ha acordado establecer y garantizar la  prestación del Servicio Postal Universal (SPU) ratificado  en las actas de Ginebra de 2008;

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial nro. 603  de 07 de octubre de 2015, se promulgó la Ley General  de los Servicios Postales, creando en su artículo 8 a:  “(...) la Agencia de Regulación y Control Postal, como  un organismo técnico-administrativo especializado y  desconcentrado, adscrito al Ministerio rector del sector  postal, con personalidad jurídica de derecho público,  autonomía administrativa, técnica, económica, financiera  y patrimonio propio (...) encargada de regular y controlar  a los operadores postales, así como también de velar el  cumplimiento de las políticas y directrices dictadas por el  Ministerio rector de los servicios postales. (...) La Agencia  de Regulación y Control Postal contará con un Directorio  y una Directora o Director Ejecutivo”;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 13 Ibídem, determinan  las atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia de  Regulación y Control Postal, estableciendo: “1. Ejercer  la administración y representación legal, judicial y  extrajudicial de la Agencia de Regulación y Control Postal;  (...) 5. Expedir los reglamentos, normas técnicas y manuales  para la regulación, control y desarrollo de la prestación del  servicio postal (…)”;

 

Que, en el Registro Oficial nro. 854 de 04 de octubre de  2016, se publicó el Reglamento General a la Ley General  de los Servicios Postales, su artículo 34 dispone: “Sin  perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en la  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las condiciones  generales de los contratos de adhesión que celebren los  operadores postales con sus usuarios, serán reguladas por  la Agencia de Regulación y Control Postal, las que serán  de cumplimiento obligatorio por parte de los operadores  postales.

 

Los modelos de contratos de adhesión que utilicen los  prestadores de servicios deberán ser remitidos a la Agencia  de Regulación y Control Postal para su inscripción en el  Registro General de Operadores Postales”.

 

Que, mediante Resolución No. DIR-ARCP-001-2015-001  de 17 de noviembre de 2015, el Directorio de la Agencia  de Regulación y Control Postal, designó al ingeniero  Francisco Cevallos Zambrano, como Director Ejecutivo de  la Entidad; y,

 

En ejercicio de las atribuciones concedidas al Director  Ejecutivo en el numeral 5 del artículo 13 de la Ley General  de los Servicios Postales,

 

Expide:

 

El siguiente: INSTRUCTIVO PARA ESTABLECER  CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CONTRATOS  DE ADHESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS  SERVICIOS POSTALES

 

Artículo 1.- El presente instructivo tiene por objeto regular  los contratos de adhesión que utilizan los operadores  postales en la prestación de los servicios postales.

 

Artículo 2.- El ámbito de aplicación de este instructivo, se  extiende de manera obligatoria a las personas naturales o  jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, de  economía popular y solidaria y los que realicen actividades  postales.

 

Artículo 3.- Los contratos de adhesión elaborados de forma  unilateral por el Operador Postal y que se utilizan en la  prestación de los servicios postales, obligatoriamente serán  por escrito e inscritos en el Registro General de Operadores  Postales; podrán ser parte de la factura o de la guía de  remisión o como documento adjunto debidamente suscrito  por las partes, el mismo que deberá constar en idioma  castellano y en idiomas ancestrales de uso oficial para los  pueblos indígenas.

 

Artículo 3.- Condiciones mínimas de los contratos de  adhesión:

 

a)            COMPARECIENTES:

 

Nombres y apellidos en el caso de personas  naturales.

 

Nombre o razón social en el caso de personas  jurídicas.

 

Número de cédula o Registro Único de  Contribuyentes (RUC).

 

Dirección del Remitente y código postal.

 

 

b)            CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL  SERVICIO:

 

Nombres y apellidos completos del destinatario,  dirección y código postal.

 

Tipo de servicio.

 

Código de tracking.

 

Declaración del contenido.

 

Peso de envío.

 

Tarifa, seguro e impuestos legales.

 

Tiempo de entrega.

 

Declaración que el texto constante en el reverso  de las guías de remisión o facturas forma parte  integrante del mismo.

 

c)            GENERALES:

 

Indemnización por los daños que sufra el envío  postal debido al incumplimiento de las condiciones  de la prestación del servicio, además en el caso de  retraso en la entrega del envío postal por causas  imputables al operador postal, que se aplicará de  conformidad con la normativa expedida por la  Agencia de Regulación y Control Postal.

 

Indemnización en caso de pérdida, robo, hurto,  expoliación o avería, que se aplicará de conformidad  con la normativa expedida por la Agencia de  Regulación y Control Postal.

 

Declaración que los datos del cliente se encuentran  protegidos, salvo pedido expreso de autoridad  competente o judicial.

 

Facultad del remitente para recuperar los envíos  postales no entregados al destinatario.

 

Facultad para presentar reclamos y quejas ante el  operador postal dentro del plazo determinado por la  Agencia de Regulación y Control Postal.

 

Artículo 4.- Ningún contrato podrá establecer cláusulas  que:

 

Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad del  operador postal;

 

Impliquen renuncia a los derechos de los consumidores  o de alguna manera limiten su ejercicio;

 

Cuando se deba probar un hecho, el operador postal  no puede trasladar la presentación de las pruebas al  usuario;

 

Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o  mediación;

 

Permitan al operador postal la variación unilateral del  precio o de cualquier condición del contrato;

 

Autoricen exclusivamente al operador postal de forma  unilateral a no cumplir el contrato, o revocar cualquier  derecho del consumidor;Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados  o utilizados antes de que se suscriba el contrato, o sean  ilegibles;

 

Impliquen renuncia por parte del consumidor a presentar  quejas o reclamos ante la Agencia de Regulación y  Control Postal;

 

Cualquier otra cláusula o estipulación que cause  indefensión al consumidor o sean contrarias al orden  público y a las buenas costumbres; y,

 

Otras que contravengan a la normativa legal vigente.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

El presente Instructivo entrará en vigencia a partir  de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 03  de octubre de 2017.

 

f.) Ing. Francisco Cevallos Zambrano, Director Ejecutivo,  Agencia de Regulación y Control Postal.

 

Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

 

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0043

 

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO

 

Considerando:

 

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del  Ecuador establece como deber de las instituciones pública  la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  establecidos en la Constitución.

 

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente:  “La administración pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación”.

 

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente:  “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad  en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal,  asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su  función social y ambiental”.

 

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución  de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El  derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados  de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a  recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y  características”.

 

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el  artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco  Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho  público, parte de la Función Ejecutiva, de duración  indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria,  cuya organización y funciones están determinadas en la  Constitución de la República, este Código, su estatuto,  las regulaciones expedidas por la Junta de Política y  Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos  internos”.

 

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código  prohíbe al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…)  Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador  ayudas donaciones o contribuciones a favor de cualquier  persona natural o jurídica, pública o privada, salvo  aquellos bienes propios, cuyo traspaso a otras entidades del  sector público a título gratuito se podrá realizar conforme  lo previsto en la ley”.

 

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone:  “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD  transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos,  derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio  de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria  Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad  Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente  Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público  del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…).  Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad,  Mercantil o responsables de cualquier otro registro  público, procederán a registrar la nueva titularidad de  estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que  emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos  los fideicomisos en los que la ex - AGD fue constituyente  y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de  plazo que constan en los contratos de fideicomiso que  estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el  Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos,  bienes y derechos constantes en dichos contratos a la  unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN  NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

 

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente:  “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos.”.

 

 

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo  siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes  inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a  un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada  de las máximas autoridades”.

 

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación  y Reforma al Reglamento General para la Administración,  Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias  del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando  intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá  traspaso sino donación y, en este evento, existirá  transferencia de dominio que se sujetará a las normas  especiales de la donación y demás disposiciones legales  pertinentes respecto de la materia”.

 

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los  órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva  deberán servir al interés general de la sociedad y someterán  sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía,  tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo  los sistemas de descentralización y desconcentración  administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano  y entidad serán responsables de la aplicación de estos  principios”.

 

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las  Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad  propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar  las competencias de las o tras Administraciones y prestar,  en su propia competencia, la cooperación que las demás  recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

 

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto  Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No.  485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante  Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013,  se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como  organismo de derecho público, con personalidad jurídica,  dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera  y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de  Quito.

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de  marzo de 2015, el Presidente de la República reformó  el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011,  disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo  3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles  urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones  de la Administración Pública Central e Institucional; 2.-  Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva  y las empresas en las que el Estado posea participación  accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto  a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado  o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren  requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y Pesca, MAGAP.

 

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes  muebles que no son por destinación inmuebles y que sean  transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban  en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las  funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4  Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece:  “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para  satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas  en el Artículo 3 de este decreto…”.

 

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio  de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo  Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para  que ejerza el cargo de Director General del Servicio de  Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

 

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el  Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó  al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, para que en su nombre y representación,  emita resoluciones de transferencia de dominio de los  bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010,  publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo  de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD,  como unidad administrativa dependiente del despacho de  la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma  que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las  conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición  Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de  Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31  de diciembre del 2009.”.

 

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro  Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de  Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso  AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente:  “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias,  derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD  a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del  Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de  junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa,  entonces Presidente Constitucional de la República, se  decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y  Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos  las atribuciones, funciones, competencias, derechos,  obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y  Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD￾CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador,  incluyendo los derechos y obligaciones constantes en  convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos.  (…) DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente  decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio  del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del  Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al  Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación  Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

 

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA  número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil  dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de  dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez  Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador,  se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio  de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,  a título gratuito bajo la fi gura de donación, de manera  irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos  pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución  de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS  IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del  Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25  de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de  estos inmuebles. (…)”.

 

Que, mediante certificado de gravámenes emitido por el  señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito, se  desprende que el inmueble se encuentra a nombre del Banco  Central del Ecuador, mismo que se detalla a continuación:

 

(i)            Inmueble producto de la unificación de los lotes de  terreno ubicados en el sector las Acacias, situado en  la parroquia Chaupicruz, cantón Quito, provincia de  Pichincha. Con matrícula CHAUP0061100, código  catastral (1190609036000000000).

 

Que, mediante cédula catastral en propiedad horizontal  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se  desprende que el inmueble antes mencionado es Urbano y  es de propiedad del Banco Central del Ecuador.

 

Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0356-O de 21  de septiembre de 2017, la Directora de Regularización y  Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al  Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR,  lo siguiente: “(…) con el fin de llevar a efecto el proceso de  trasferencia a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público INMOBILIAR, me permito remitir en  copias simples la documentación del bien inmueble urbano  producto de la unificación de los lotes de terreno ubicados  en el sector las Acacias, situado en la parroquia Chaupicruz  del cantón Quito (…)”.

 

Que, mediante Acción de Personal CGAF￾DATH-2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se  designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector  de Gestión Legal de Bienes.

 

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función  administrativa y en cumplimiento de las disposiciones  de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y  su Reglamento General, el Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010, la Codificación y Reforma  al Reglamento General para la Administración, Utilización,  Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector  Público; y, la RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA NO.  BCE-0039-2016 de 03 de mayo de 2016;

 

Resuelve:

 

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como  cuerpo cierto el bien inmueble urbano de propiedad del  Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar,  ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los  bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino,  accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos,  costumbres, entradas y salidas; mismo que se detallan a  continuación:

 

(i)            Inmueble producto de la unificación de los lotes de  terreno ubicados en el sector las Acacias, situado en  la parroquia Chaupicruz, cantón Quito, provincia de  Pichincha. Con matrícula CHAUP0061100, código  catastral (1190609036000000000).

 

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador  los trámites legales, técnicos y administrativos que  correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia  de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio  de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los  gastos que demande la presente transferencia de dominio,  estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos  están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo  prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código  Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione  la transferencia de dominio, la Coordinación General  Administrativa Financiera del Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la  correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los  registros de la institución el inmueble recibido como activo  de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en  la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos el inmueble antes descrito para mantener una información catastral del bien inmueble que ingrese a INMOBILIAR.

 

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia del inmueble objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

 

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial.

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción

 

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de octubre del dos mil diecisiete.

 

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

 

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0044

 

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO.

 

Considerando:

 

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones públicas la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

 

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

 

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

 

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

 

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”.

 

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código prohíbe al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…) Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en la ley”.

 

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…). Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad, Mercantil o responsables de cualquier otro registro público, procederán a registrar la nueva titularidad de estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos los fideicomisos en los que la ex–AGD fue constituyente y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de plazo que constan en los contratos de fideicomiso que estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos, bienes y derechos constantes en dichos contratos a la unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos.”.

 

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo  siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes  inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a  un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada  de las máximas autoridades”.

 

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación  y Reforma al Reglamento General para la Administración,  Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias  del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando  intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá  traspaso sino donación y, en este evento, existirá  transferencia de dominio que se sujetará a las normas  especiales de la donación y demás disposiciones legales  pertinentes respecto de la materia”.

 

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los  órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva  deberán servir al interés general de la sociedad y someterán  sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía,  tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo  los sistemas de descentralización y desconcentración  administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano  y entidad serán responsables de la aplicación de estos  principios”.

 

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las  Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad  propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar  las competencias de las o tras Administraciones y prestar,  en su propia competencia, la cooperación que las demás  recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

 

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto  Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No.  485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante  Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013,  se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como  organismo de derecho público, con personalidad jurídica,  dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera  y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de  Quito.

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de  marzo de 2015, el Presidente de la República reformó  el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011,  disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo  3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles  urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones  de la Administración Pública Central e Institucional; 2.-  Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva  y las empresas en las que el Estado posea participación  accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto  a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado  o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren  requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y Pesca, MAGAP.

 

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes  muebles que no son por destinación inmuebles y que sean  transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban  en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las  funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4  Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece:  “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para  satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas  en el Artículo 3 de este decreto…”.

 

 

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio  de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo  Primero 

.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para  que ejerza el cargo de Director General del Servicio de  Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

 

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el  Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó  al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, para que en su nombre y representación,  emita resoluciones de transferencia de dominio de los  bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010,  publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo  de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD,  como unidad administrativa dependiente del despacho de  la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma  que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las  conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición  Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de  Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31  de diciembre del 2009.”.

 

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro  Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de  Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso  AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente:  “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias,  derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD  a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del  Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de  junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa,  entonces Presidente Constitucional de la República, se

 decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGDCFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGDCFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos. (…) DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

 

 

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador, se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a título gratuito bajo la figura de donación, de manera irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de estos inmuebles. (…)”.

 

Que, mediante certificados de gravámenes emitido por el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito, se desprende que los inmuebles se encuentra a nombre del Banco Central del Ecuador, mismos que se detallan a continuación:

 

(i)            Oficina número mil cuatrocientos cinco ( 1405), del décimo cuarto piso, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (217836), código catastral (1030301008001013005).

 

(ii)           Estacionamiento número diez (10), del tercer subsuelo, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (218047), código catastral (1030301008002001023).

 

Que, mediante cédulas catastrales en propiedad horizontal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se desprenden que los inmuebles antes mencionados son Urbanos y son de propiedad del Banco Central del Ecuador. Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0358-OF de 26 de septiembre de 2017, la Directora de Regularización y Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR, lo siguiente: “(…) solicito a usted se sirva emitir la respectiva Resolución de Aceptación, de los inmuebles que se hacen referencia en el presente (…)”.

 

Que, mediante Acción de Personal CGAFDATH- 2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes.

 

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, el Acuerdo Nro. INMOBILIARACUERDO- DGSGI-2017-0010, la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; y, la RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA NO. BCE-0039-2016 de 03 de mayo de 2016;

 

Resuelve:

 

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto de los bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detallan a continuación:

 

(i)            Oficina número mil cuatrocientos cinco (1405), del décimo cuarto piso, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (217836), código catastral (1030301008001013005).

 

(ii)           Estacionamiento número diez (10), del tercer subsuelo, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (218047), código catastral (1030301008002001023).

 

 

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

 

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los registros de la institución los inmuebles recibido como  activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido  en la Codificación y Reforma al Reglamento General para  la Administración, Utilización, Manejo y Control de los  Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de  Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base  de datos los inmuebles antes descritos para mantener una  información catastral de los bienes inmuebles que ingresen  a INMOBILIAR.

 

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente  Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que  dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad  posible el proceso de transferencia de los inmuebles  objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección  de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica  Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa  y Financiera, para los fines consecuentes.

 

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que  se realicen las acciones necesarias para su publicación en el  Registro Oficial.

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su  suscripción

 

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de  octubre del dos mil diecisiete.

 

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de  Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

 

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0045

 

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO

 

Considerando:

 

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del  Ecuador establece como deber de las instituciones públicas  la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  establecidos en la Constitución.

 

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente:  “La administración pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación”

 

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente:  “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad  en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal,  asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su  función social y ambiental”.

 

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución  de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El  derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados  de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a  recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y  características”.

 

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el  artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco  Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho  público, parte de la Función Ejecutiva, de duración  indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria,  cuya organización y funciones están determinadas en la  Constitución de la República, este Código, su estatuto,  las regulaciones expedidas por la Junta de Política y  Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos  internos”.

 

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código prohíbe  al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…) Conceder  con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas  donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona  natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes  propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público  a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en  la ley”.

 

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone:  “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD  transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos,  derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio  de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria  Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad  Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente  Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público  del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…).  Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad,  Mercantil o responsables de cualquier otro registro  público, procederán a registrar la nueva titularidad de  estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que  emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos  los fideicomisos en los que la ex–AGD fue constituyente  y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de  plazo que constan en los contratos de fideicomiso que  estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados  al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el  Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos,  bienes y derechos constantes en dichos contratos a la  unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN  NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente:  “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre  entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a  un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria  de utilidad pública o interés social ni, en el caso de  donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar  por compraventa, permuta, donación, compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de  activos.”.

 

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo  siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes  inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a  un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada  de las máximas autoridades”.

 

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación  y Reforma al Reglamento General para la Administración,  Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias  del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando  intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá  traspaso sino donación y, en este evento, existirá  transferencia de dominio que se sujetará a las normas  especiales de la donación y demás disposiciones legales  pertinentes respecto de la materia”.

 

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los  órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva  deberán servir al interés general de la sociedad y someterán  sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía,  tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo  los sistemas de descentralización y desconcentración  administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano  y entidad serán responsables de la aplicación de estos  principios”.

 

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las  Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad  propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar  las competencias de las o tras Administraciones y prestar,  en su propia competencia, la cooperación que las demás  recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

 

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto  Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No.  485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante  Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013,  se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como  organismo de derecho público, con personalidad jurídica,  dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera  y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de  Quito.

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de  marzo de 2015, el Presidente de la República reformó  el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011,  disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo  3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles  urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones  de la Administración Pública Central e Institucional; 2.-  Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva  y las empresas en las que el Estado posea participación  accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto  a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado  o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren  requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y Pesca, MAGAP.

 

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes  muebles que no son por destinación inmuebles y que sean  transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban  en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las  funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4  Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece:  “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para  satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas  en el Artículo 3 de este decreto…”.

 

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio  de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo  Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para  que ejerza el cargo de Director General del Servicio de  Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

 

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el  Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del  Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó  al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes  del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, para que en su nombre y representación,  emita resoluciones de transferencia de dominio de los  bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010,  publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo  de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD,  como unidad administrativa dependiente del despacho de  la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma  que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las  conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición  Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de  Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31  de diciembre del 2009.”.

 

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro  Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de  Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso  AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente:  “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias,  derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación  General de Administración de Activos y Derechos ex AGD  a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del  Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

 

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de  junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa,  entonces Presidente Constitucional de la República, se  decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y  Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos  las atribuciones, funciones, competencias, derechos,  obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y  Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD￾CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador,  incluyendo los derechos y obligaciones constantes en  convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos. (…)  DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente  decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio  del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del  Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al  Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación  Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

 

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA  número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil  dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de  dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez  Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador,  se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio  de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,  a título gratuito bajo la figura de donación, de manera  irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos  pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución  de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS  IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del  Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25  de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de  estos inmuebles. (…)”.

 

Que, mediante certificados de gravámenes emitido por  el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito,  se desprende que los inmuebles se encuentra a nombre  del Banco Central del Ecuador, mismos que se detalla a  continuación:

 

Oficina número trescientos cuatro (304), que forma  parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la  parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de  Pichincha, con Código GID (217587), código catastral  (1030301008001003004).

 

Estacionamiento número quince (15), que forma  parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la  parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de  Pichincha, con Código GID (218035), código catastral  (1030301008002001009).

 

Oficina número trescientos uno (301), ubicada en  el segundo piso que forma parte del Edificio Banco  de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca,  cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID  (217586), código catastral (1030301008001003001).

 

Estacionamiento número diez y siete (17), del  segundo subsuelo que forma parte del Edificio Banco  de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca,  cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID  (218036), código catastral (1030301008002001008).

 

Que, mediante cédula catastral en propiedad horizontal  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se  desprenden que los inmuebles antes mencionados son  Urbanos y catastrados a nombre del Banco Central del  Ecuador.

 

Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0365-OF de  02 de octubre de 2017, la Directora de Regularización y  Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al  Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR,  lo siguiente: “(…) con el fin de llevar a efecto el proceso de  trasferencia a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público INMOBILIAR, me permito remitir el  listado actualizado de CUATRO (4) bienes inmuebles  urbanos ubicados en la ciudad de Quito (…)”.

 

Que, mediante Acción de Personal CGAF￾DATH-2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se  designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector  de Gestión Legal de Bienes.

 

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de  la función administrativa y en cumplimiento de las  disposiciones de la Constitución de la República del  Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública y su Reglamento General, el Acuerdo  Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010, la  Codificación y Reforma al Reglamento General para la  Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes  y Existencias del Sector Público; y, la RESOLUCIÓN￾ADMINISTRATIVA NO. BCE-0039-2016 de 03 de mayo  de 2016;

 

Resuelve:

 

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito  y como cuerpo cierto los bienes inmuebles urbanos  de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin  prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del  Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,  INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se  reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación  así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y  salidas; mismo que se detallan a continuación:

 

Oficina número trescientos cuatro (304), que forma  parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la  parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de  Pichincha, con Código GID (217587), código catastral  (1030301008001003004).

 

Estacionamiento número quince (15), que forma  parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la  parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de  Pichincha, con Código GID (218035), código catastral  (1030301008002001009).

 

Oficina número trescientos uno (301), ubicada en  el segundo piso que forma parte del Edificio Banco  de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca,  cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID  (217586), código catastral (1030301008001003001).

 

Estacionamiento número diez y siete (17), del  segundo subsuelo que forma parte del Edificio Banco  de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca,  cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID  (218036), código catastral (1030301008002001008).

 

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba las correspondientes actas entrega recepción y contabilice en los registros de la institución los inmuebles recibidos como activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

 

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos los inmuebles antes descritos para mantener una información catastral de los bienes inmuebles que ingresen a INMOBILIAR.

 

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia de los inmuebles objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

 

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial.

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción

 

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de octubre del dos mil diecisiete.

 

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

 

 

Nº SIS-DG-2017-008

 

Mgs. Andrés Sandoval Vargas

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911

 

Considerando:

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización”;

 

Que el artículo 233 párrafo primero de la Norma Suprema determina que: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

 

Que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública instituye que: “El supervisor y el fiscalizador del contrato, son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos”;

 

Que el artículo 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé que: “En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiera lugar. Si el contrato es de ejecución de obra, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque éste actué de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato”;

 

Que la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos N° 408-17 establece que: “El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.

 

Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto (…)”. 

 

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos:

 

Resuelve:

 

Expedir el Manual para los Administradores de

Contratos, Órdenes de Compra /Servicio y Convenios

de Cooperación Interinstitucional

 

CAPÍTULO I

 

Objeto, Alcance y Objetivos

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente manual establece las directrices necesarias para la administración eficaz y eficiente de los contratos, órdenes de compra/ servicios y convenios de cooperación interinstitucional que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a Nivel Nacional suscriba, con todos sus proveedores e instituciones, sean estas públicas o privadas; así como, los lineamientos, acciones y funciones que desempeña la o el servidor, designado para administrar el cumplimiento de un contrato, órdenes de compra/ servicios y convenio de cooperación interinstitucional.

 

Artículo 2.- Alcance.- El presente Manual para administradores de contratos, órdenes de compra/ servicios y convenios de cooperación interinstitucional es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores y trabajadores del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que sean designados para la administración, iniciará desde su nombramiento como Administrador y culminará con el acompañamiento y suscripción de las correspondientes actas de entrega recepción definitivas y/ o informes de satisfacción en el caso de contratos y/o órdenes de compra/ servicios, según corresponda; en el caso de convenios de cooperación interinstitucional, actas de liquidación.

 

 

Artículo 3.- Objetivos.- Cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos y entidades de control y regulación en las materias pertinentes.

 

CAPÍTULO II

 

Responsabilidad del Administrador

 

Artículo 4.- Serán responsabilidades del Administrador del Contrato, Órdenes de Compra/ Servicios o Convenio de Cooperación Interinstitucional, controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los instrumentos asignados a fin de garantizar a la entidad, el fiel cumplimiento de las obligaciones pactadas, con sujeción a la normativa legal vigente.

 

Artículo 5.- Las funciones del administrador de contrato serán las siguientes:

 

Gestionar con el Área de Adquisiciones, la obtención de su respectiva clave del portal institucional del SERCOP, a fin de que proceda con el registro, desarrollo y seguimiento del correspondiente contrato, interactuando con la herramienta del sistema de Compras Públicas (subir al portal toda la documentación relevante Art. 13 del Reglamento de la LOSNCP y la Resolución N° RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto del 2016.).

 

Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

 

Elaborar los respectivos informes de: ejecución del contrato y sus complementarios, aplicación de multas y sanciones, entre otros contemplados en las normas que regulan el Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

Recibir y analizar los requerimientos formulados por el contratista o contraparte, para lo cual coordinará con las diferentes áreas técnicas y administrativas del SIS ECU 911.

 

Realizar el seguimiento y control periódico de la ejecución del contrato, para lo cual mantendrá los respectivos expedientes documentales que registren todos los actos realizados en virtud de realizar los pagos que correspondan.

 

Velar el adecuado cumplimiento por parte del Fiscalizador, en los casos de ejecución de obra.

 

Solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la conformación de la comisión técnica de entrega recepción de bienes o servicios.

 

Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva, las cuales serán suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión técnica designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la cual estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. La última recepción definitiva incluirá la información sumaria de todas las anteriores.

 

Verificar que las facturas estén correctamente presentadas, de acuerdo a la Ley.

 

Coordinar en todas las instancias del proceso contractual con las diferentes áreas para que los trámites se realicen a tiempo. 

 

Poner en conocimiento del SERCOP el incumplimiento en que hubiese incurrido el proveedor adjudicado mediante comunicación suscrita por la máxima autoridad institucional o su delegado, señalando de manera expresa el incumplimiento en que éste haya incurrido, acompañado de los documentos probatorios que justifiquen los hechos alegados.

 

Solicitar los pagos de acuerdo a las cláusulas del contrato, en un término no mayor de tres días, desde la suscripción de las correspondientes actas de entrega recepción parcial o total y/o informes de satisfacción, según corresponda; para lo cual, se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos.

 

Artículo 6.- Las funciones de un administrador de órdenes de compra/ servicios serán las siguientes:

 

Realizar la recepción del bien/servicio adquirido.

 

Verificar que el bien/ servicio recibido cumpla con los términos de referencia o especificaciones técnicas establecidas.

 

Suscribir la respectiva acta de entrega recepción del bien adquirido y/o informe a satisfacción, según corresponda.

 

Poner en conocimiento del SERCOP el incumplimiento en que hubiese incurrido el proveedor adjudicado mediante comunicación suscrita por la máxima autoridad institucional o su delegado, señalando de manera expresa el incumplimiento en que éste haya incurrido, acompañado de los documentos probatorios que justifiquen los hechos alegados.

 

Solicitar los pagos del proveedor en un término no mayor a tres (3) días, desde la realización de la entrega total o parcial, para lo cual se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos.

 

Artículo 7.- Las funciones del administrador de convenios de cooperación interinstitucional, serán las siguientes:

 

Llenar la ficha de evaluación de convenio en los primeros días de cada mes.

 

Entregar los documentos de respaldo – actas entrega recepción, informes, listas de asistencia, productos entregados, etc. (Cargar en la carpeta virtual).

 

Reportar al responsable jurídico alcances o modificación al convenio o su ejecución, dentro de 5 días después de efectuada.

 

Realizar el seguimiento y control periódico de la ejecución del convenio, para lo cual mantendrá los respectivos expedientes documentales que registren todos los actos realizados en virtud del objeto y obligaciones del convenio.

 

Las que se establecen en el Convenio suscrito.

 

 

CAPÍTULO III

 

Responsabilidad del Fiscalizador

 

Artículo 8.- Para los casos de contratos de obras en los que se requiera la designación de un fiscalizador, sus responsabilidades serán las siguientes:

 

Proponer al Administrador del Contrato la organización e infraestructura necesaria, para administrar o inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá.

 

Planear, programar y aplicar controles de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra.

 

Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo y normas técnicas aplicables.

 

Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambas de forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevistos técnicos.

 

Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras.

 

Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al administrador del contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

 

Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos.

 

Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del contratista.

 

Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas.

 

Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones pactadas en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicarán al administrador del contrato para que lo resuelva.

 

Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en operación.

 

Realizar los informes correspondientes en caso de celebrar contratos complementarios y suscribir las órdenes de trabajo en el caso de ejecución de obras.

 

CAPÍTULO IV

 

Designación del administrador de Contrato, Órdenes

de Compra /Servicio, Convenio de Cooperación

Interinstitucional

 

Artículo 9.- El ordenador de gasto, designará en calidad de administrador de contrato, órdenes de compra /servicio, al servidor que reúna el perfil profesional necesario para llevar a cabo dicha actividad, considerando su experiencia, criterio analítico, conocimientos en el desarrollo y control del área. La notificación se realizará a través de un Memorando.

 

En el caso de los contratos, la Dirección de Asesoría Jurídica, notificará al administrador de contrato, adjuntando un ejemplar original del contrato.

 

Respecto a los convenios de cooperación interinstitucional, la designación se efectuará, en el convenio o en su defecto a través de un memorando instituido por la máxima autoridad o su delegado.

 

CAPÍTULO V

 

Cumplimiento de Obligaciones durante

la Ejecución del Contrato

 

Artículo 10.- Anticipos.- El administrador del contrato solicitará por escrito a la Dirección Financiera, el pago del anticipo establecido contractualmente; para lo cual, deberá adjuntar el expediente completo que garantice el pago.

 

Artículo 11.- Pago Parciales y Definitivos.- Los pagos parciales y definitivos estipulados contractualmente, deberán ser solicitados por el administrador del contrato, de manera formal (por escrito) al Director/a Financiero/a, conforme a los términos dispuestos en el contrato.

 

CAPÍTULO VI

 

Recepción y Liquidación

 

Artículo 12.- Recepción.- Las directrices para la recepción y liquidación del objeto contractual estará sujetas a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Las actas de recepciones provisionales, parciales, totales y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión técnica designada por la máxima autoridad y su delegado, la cual estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.

 

Artículo 13.- Recepción Provisional.- Todo proceso de ejecución de obras deberá contener cláusulas especificas en lo que se refiere al procedimiento para llevar a cabo la recepción del objeto contractual. Para facilidad, se considera  una buena práctica estipular en las cláusulas la realización de una “Recepción Provisional” y posteriormente una “Recepción Definitiva”, en las recepciones provisionales, se hará constar como antecedente los datos y/o información relacionada con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la información sumaria de todas las anteriores.

 

Las observaciones que fueran necesarias serán transmitidas al Contratista para que cumpla con las correcciones necesarias de manera escrita en forma detallada y concisa; aquellas observaciones deberán estar basadas bajo los siguientes parámetros:

 

Daños causados a otros trabajos como consecuencia de la ejecución de algún rubro contractual.

 

Daños o deterioro resultantes de la falta de protección contra la intemperie.

 

Perdida o daño por robo o vandalismo.

 

Defectos pasados por alto anteriormente, los cuales si no son corregidos inmediatamente pueden constituirse en daños a la salud y seguridad.

 

Defectos latentes aun no aparentes, los cuales puedan emerger al hacer uso de la obra ejecutada.

 

Defectos menores que a juicio de la Fiscalización, podrá ser subsanados antes de la recepción definitiva.

 

Artículo 14.- Recepción Definitiva.- En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menos a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de estas.

 

El acta recepción definitiva será suscrita por las partes, el plazo previsto en el contrato siempre que no existan observaciones pendientes en relaciones con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto.

 

Artículo 15.- Solicitud de Pago.- Para solicitar el pago a través de memorando dirigido al/el director/a financiero/a, el administrador de contrato, orden de compra o servicio deberá adjuntar lo siguiente:

 

En caso de bienes.

 

1.-           Cuando la adquisición es a través de un contrato u orden de compra, se deberá considerar los documentos mínimos que se detallan a continuación:

 

Comunicación del proveedor, solicitando la recepción de los bienes.

 

Acta entrega recepción definitiva.

 

Nota de ingreso del bien a bodega.

 

Factura debidamente legalizada.

 

Garantía técnica.

 

2.-           En el caso de contratos se deberán adicionar a los documentos señalados anteriormente, los que se detallan a continuación:

 

Memorando de designación de la comisión técnica para la entrega recepción de los bienes.

 

Informe de satisfacción del administrador del contrato.

 

Acta entrega recepción definitiva, debidamente legalizada.

 

Documentos que sustenten las prórrogas autorizadas o no concedidas, en caso de existir.

 

Documentos adicionales determinados en el contrato.

 

En caso de servicios:

 

1.-           Cuando la adquisición es a través de un contrato, orden de Servicio, se deberá considerar los documentos mínimos que se detallan a continuación:

 

Informe por parte del proveedor, en el que se detalle todas las actividades realizadas durante su ejecución.

 

Informe de satisfacción del administrador del contrato.

 

Factura debidamente legalizada.

 

2.-           En el caso de contratos se deberán adicionar a los documentos señalados anteriormente, los que se detallan a continuación:

 

Memorando de designación de la comisión técnica para la entrega recepción de los servicios.

 

Acta entrega recepción definitiva, debidamente legalizada.

 

Documentos que sustenten las prórrogas autorizadas o no concedidas, en caso de existir.

 

Documentos adicionales determinados en el contrato.

 

Artículo 16.- Liquidación del Contrato.- La liquidación económico contable del contrato, que forma parte integrante del acta entrega recepción, se dejará constancia de lo ejecutado, se determinaran los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducirse o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes, podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar, la liquidación final será parte de la recepción definitiva.

 

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación, vencido el término causaran intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada.

 

Disposición General.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Dado en la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a los 18 días de julio de 2017.

 

 

f.) Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

 

 

ECU 911.- SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD.- LÍNEA ÚNICA PARA EMERGENCIA.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

 

Nº SIS-DG-2017- 011

 

MGS. Andrés Sandoval Vargas

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911

 

Considerando:

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que, el artículo 233 inciso primero de la Norma Suprema, dispone: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe lo siguiente: “El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda”;

 

Que, el artículo 121 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que: “En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo,  quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiera lugar. Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato”;

 

Que, la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos N° 408-17 establece que: “El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.

 

 

Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto (…)”.

 

Que, mediante Memorando N° SIS-SIS-2017-0161-M de 09 de junio de 2017, se solicita al abogado Rubén Ochoa, Director de Asesoría Jurídica, en ese momento, “(…) con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos y/o convenios de cooperación interinstitucional suscritos, así como también a generar los mecanismos de control necesarios, con los cuales se adopten las medidas oportunas que resguarden los recursos públicos, comunico su delegación como responsables de la elaboración de manuales e instructivos que sean para uso y entrega de los servidores que cumplan las funciones de administradores de los instrumentos antes referidos”;

 

Que, mediante Informe General N° DAAC-0058-2017, de 01 de junio de 2017, suscrito por CPA. Ing. Miriam Cañar Iñiguez, Directora de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del Estado, remite las recomendaciones, en base al marco del examen especial realizado a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con el proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana FASE I y FASE II a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2016, en el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911;

 

Que, mediante Resolución N° SIS-DG-2017-008 de 18 de julio de 2017, suscrita por el Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU  911, resuelve expedir el Manual para los Administradores de Contratos, Órdenes de Compra/Servicio y Convenios de Cooperación Interinstitucional;

 

Que, mediante Memorando N° SIS-SIS-2017-0295-M de 16 de agosto de 2017, el Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, comunicó a las autoridades del Nivel Jerárquico Superior, a nivel nacional, zonal y local, las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, provenientes del examen especial que se detalla en líneas anteriores. Además solicitó que el cumplimiento de lo dispuesto por el órgano de control, sea efectuado por la Coordinación General Administrativa Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de canalizar las recomendaciones en la normativa interna.

 

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 77 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911:

 

Resuelve:

 

Reformar la Resolución N° SIS-DG-2017-008 suscrita por el Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el 18 de julio de 2017, en los siguientes términos:

 

Artículo 1.- A continuación de la letra l) del artículo 5, agréguese lo siguiente:

 

“m)          Mantener un archivo con los documentos de sustento de las subcontrataciones y de los rubros nuevos, materiales, suministros y costos.

 

n)            Realizar un control previo de las cantidades y valores planillados previas al pago, con el fin de que se cancele los valores correctos, de acuerdo a los rubros ejecutados, establecidos en el proceso pre contractual y contractual.

 

o)            Analizar la pertinencia de modificaciones a los rubros, cantidades y precios unitarios establecidos en las especificaciones técnicas iniciales.

 

p)            Emitir Informes Técnicos, previa a la ejecución de modificaciones de los rubros, cantidades y precios unitarios.

 

q)            Mantener un expediente físico de las modificaciones realizadas a los rubros, cantidades y precios unitarios.

 

s)            Verificar que las cantidades planilladas y los bienes, servicios y obras contratadas, serán las que deban ser canceladas.”

 

Artículo 2.- A continuación de la letra l) del artículo 8, agréguese lo siguiente:

 

“m)          Mantener un archivo con los documentos de sustento de las subcontrataciones y de los rubros nuevos, materiales, suministros y costos.

 

n)            Realizar un control previo de las cantidades y valores planillados previas al pago, con el fin de que se cancele los valores correctos, de acuerdo a los rubros ejecutados, establecidos en el proceso pre contractual y contractual.

 

o)            Analizar la pertinencia de modificaciones a los rubros, cantidades y precios unitarios establecidos en las especificaciones técnicas iniciales.

 

p)            Emitir Informes Técnicos, previa a la ejecución de modificaciones de los rubros, cantidades y precios unitarios.

 

s)            Verificar que las cantidades planilladas y los bienes, servicios y obras contratadas, serán las que deban canceladas.”

 

Artículo 3.- A continuación del artículo 16, agréguese el siguiente capítulo con sus respectivos artículos:

 

“CAPÍTULO VII

 

Unidades Requirentes

 

Artículo 17.- Las Unidades requirentes tendrán las siguientes responsabilidades, sin perjuicio de aquellas que se deriven de la Ley, su Reglamento General y demás normativa secundaria expedida para el efecto por el ente rector en materia de contratación pública:

 

Elaborar los estudios, especificaciones técnicas y presupuesto en base a lo dispuesto a la normativa legal vigente.

 

Establecer mecanismos en los términos de referencia y especificaciones técnicas, que aseguren el control de la ejecución del contrato.

 

Elaborar las especificaciones técnicas y presupuesto en forma completa y desagregada a fin de que se puede identificar los respectivos rubros y el objeto contractual.”

 

Artículo 18.- Las Unidades Operativas del ECU 911, llevarán un control documental

del estado, traslado y recepción de bienes, equipos y sistemas a su cargo”.

 

Disposiciones Finales

 

Primera.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Segunda.- Dispóngase la codificación de las Resoluciones N° SIS-DG-2017-008 y N° SIS-DG-2017-011.

 

Dado en la Dirección General del Servicio Integrado de  Seguridad ECU 911, a los 19 días de septiembre de 2017.

 

f.) Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General,  Servicio Integrado de Seguridad

 

ECU 911. ECU 911.- SERVICIO INTEGRADO DE  SEGURIDAD.- LÍNEA ÚNICA PARA  EMERGENCIA.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-IRC-2017-54

 

Ab. Carmen Lucía Carrasco

INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

 

Considerando:

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico  Monetario y Financiero, publicado en el Segundo  Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de  septiembre de 2014, establece dentro de las funciones  otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación  de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico  Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones  que constan en la Codificación de Resoluciones de la  Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta  Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se  oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario  y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación  Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según  el caso;

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la  calificación y registro de peritos avaluadores”, del título XXI  “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de  Bancos y Seguros”, del libro I “Normas generales para las  Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de  Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros,  y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la  calificación de los peritos avaluadores;

 

Que el ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca, mediante  comunicaciones ingresadas en este Organismo de control,  de 28 marzo y 3 de mayo de 2017, presenta y completa la  documentación, con la finalidad de obtener la calificación  como perito valuador de bienes inmuebles de las instituciones  financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

 

Que a la presente fecha, el ingeniero Pablo Andrés Pucha  Aguinsaca, no se halla en mora como deudor directo o  indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas  corrientes cerradas;

 

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0188-M de  1 de junio 2017, se ha emitido informe favorable para la  calificación del ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca;  y,

 

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca, portador de la cédula de ciudadanía No. 1104678915, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVC-2017-1839 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el primero de junio de dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

 

LO CERTIFICO.- Cuenca, primero de junio de dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria Ad-Hoc.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- Cuenca 7-6-2017.- f.) Ilegible, Superintendencia de Banco, Intendencia Regional de Cuenca.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-IRC-2017-56

 

Ab. Carmen Lucía Carrasco

INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

 

Considerando:

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario  y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del libro I “Normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la calificación de los peritos avaluadores;

 

Que el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, de 6 y 30 de junio de 2017, presenta y completa la documentación, con la finalidad de obtener la calificación como perito valuador de bienes inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

 

Que a la presente fecha, el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas;

 

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0243-M de 10 de julio 2017, se ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras; y,

 

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, portador de la cédula de ciudadanía No. 010301443-7, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVC-2017-1850 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el diez de julio de dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

 

LO CERTIFICO.- Cuenca, diez de julio de dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria Ad-Hoc.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- Cuenca.- f.) Ilegible, Superintendencia de Bancos, Intendencia Regional de Cuenca.

 

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