Registro Oficial

Registro Oficial No,103 - Jueves 19 de octubre de 2017

Jueves, 19 de octubre de 2017

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 19 de Octubre de 2017  (R. O. 103, 19-octubre-2017)

 

SUMARIO

 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos              

 

MJDHC-DHC-2017-0025-A

Apruébese y concédese personalidad jurídica a las siguientes organizaciones religiosas:

 

Ministerio Evangélico el Camino al Encuentro de Dios, ubicado en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas

               

MJDHC-SDHC-2017-0026-A

Iglesia Rey de Sión, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

MJDHC-SDHC-2017-0027-A

Misión Evangélica Casa de Fe y

Vida, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

MJDHC-SDHC-2017-0028-A

Iglesia Evangélica Altar Cristiano de Adoración, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

MJDHC-SDHC-2017-0029-A

Iglesia Evangélica Cristiana Pentecostés El Eyón, ubicada en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí

               

MJDHC-SDHC-2017-0030-A

Honorable Cámara de Obispos y Pastores Evangélicos de Pichincha, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

Ministerio de Salud Pública:

               

0139-2017

Dispónese que la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, actualmente bajo la supervisión de la Coordinación General de Planificación, pase bajo la supervisión de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública

               

0140-2017

Deléguense facultades al/la Coordinador/a Zonal 8

               

Ministerio del Trabajo:

 

MDT - 2017 - 0156

Suspéndese la aplicación y ejecución de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0152 de 22 de septiembre de 2017

               

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:

 

Acuerdo

 

SENESCYT–2017- 216

Refórmese el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)

               

Agencia de Regulación y Control Minero:

 

Resoluciones       

 

017-ARCOM-2017

Expídese la resolución que establece los requisitos obligatorios para la obtención del certificado de exportación por parte de los titulares de derechos mineros

               

Agencia de Regulación y Control Postal:

               

ARCP-DE-2017-46

Expídense las disposiciones de subrogación, encargo y delegación de atribuciones y funciones de la Dirección Ejecutiva a otras direcciones y unidades de la AGCP

               

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos:

               

017-DN-DINARDAP-2017

Deléguense facultades al abogado Guido Fabián Vallejo Galárraga, Director de Asesoría Jurídica

               

Servicio de Rentas Internas: Dirección Provincial de el Oro:

               

PEO-JURRDRI17-00000362

Deléguense facultades a varios funcionarios

               

Unidad de Análisis Financiero y Económico:

               

UAFE-DG-SO-2017-0004

Establécese el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la UAFE, remitan para fines de registro en esta unidad, su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos

               

Empresa Pública Correos del Ecuador:

               

CDE-EP-CDE-EP-2017-0012-R

Expídese la tarifa por concepto de trámites operativos de nacionalización de toda la paquetería internacional relacionada con el comercio electrónico en materia postal en el rango de peso declarado de hasta 2.000 gr., por un valor de USD $ 3.13 (tres con 13/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA

               

CDE-EP-CDE-EP-2017-0013-R

Dispónese el retiro definitivo de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, del grupo de los operadores que conforman el Acuerdo de Servicio de Giro

Internacional Urgente

               

CDE-EP-CDE-EP-2017-0014-R

Refórmese la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017

               

Superintendencia de Bancos:

Transparencia

y Control Social

               

SB-DTL-2017-712

Califíquense como auditores internos y peritos valuadores a las siguientes personas:

 

Licenciada en actuaria, Laura Piedad Lalama Hidalgo

 

SB-DTL-2017-728

Arquitecto Oswaldo William Coronel Salazar

               

SB-DTL-2017-793

Tecnólogo en administración aduanera Pablo César Pavón Espín

               

SB-DTL-2017-803

Señora Daniela del Rocío Barreno Barreno

               

SB-DTL-2017-804

Arquitecto Jaime Eduardo Regalado Rosero

               

SB-DTL-2017-822

Licenciado Giovanny Jorge Morejón Calderón

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-Cantón Espejo: Que reforma la Ordenanza de construcciones, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 388 de 03 de diciembre del 2014

               

-Cantón Limón Indanza: Sustitutiva que regula la aferición de pesas y medidas en los mercados, plazas, tiendas y comercios en donde se expendan productos al por mayor o menor

 

 

CONTENIDO

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0025-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235, de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el (Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017) R. O. (2SP) junio 16 No. 16 de 2017, el señor Presidente Constitucional de  la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547, de 23 de julio de 1937, señala:  “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas  de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se  establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer  obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el  Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno  y administración de sus bienes, así como el nombre de  la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya  de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se  determinará el personal que constituya el mencionado  organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación  y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y  Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría  mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la  de “Elaborar y emitir informes sobreestatutos de  organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 19 de abril de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-4258-E, la organización  religiosa denominada MINISTERIO EVANGÉLICO  EL CAMINO AL ENCUENTRO DE DIOS, da  cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente  establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y  reconocimiento de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1135-O de 09 de mayo de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC-157-2017 de 04 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO  AL ENCUENTRO DE DIOS, al determinar que ha  cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de  Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto del  MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO AL  ENCUENTRO DE DIOS, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón  Yaguachi, provincia del Guayas domicilio de la entidad,  como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que  para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará  estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO AL ENCUENTRO DE DIOS en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO AL ENCUENTRO DE DIOS.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO AL ENCUENTRO DE DIOS, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del MINISTERIO EVANGÉLICO EL CAMINO AL ENCUENTRO DE DIOS, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0026-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 28 de abril de 2017, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2017-4684-E, la organización religiosa denominada IGLESIA REY DE SIÓN, da cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1469-O de 12 de junio de 2017, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHCDRPLRCC- 0156-2017 de 04 de julio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación IGLESIA REY DE SIÓN, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la IGLESIA REY DE SIÓN, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Quito, provincia de Pichincha domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA REY DE SIÓN en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la IGLESIA REY DE SIÓN.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la IGLESIA REY DE SIÓN, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la IGLESIA REY DE SIÓN, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0027-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional  de la República, nombra como Ministra de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado  Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos  Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos  Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad  jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación  de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el  Reglamento de Cultos Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos... ” ; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las  diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el  país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,  enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo  que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus  bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo  con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.  En el referido Estatuto se determinará el personal que  constituya el mencionado organismo, la forma de elección  y renovación del mismo y las facultades de que estuviere  investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación  y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y  Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría  mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la  de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de  organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 20 de abril de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-4344-E, la organización  religiosa denominada MISIÓN EVANGÉLICA CASA  DE FE Y VIDA, da cumplimiento con las observaciones  y requisitos legalmente establecidos para el proceso  de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la  personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1437-O de 08 de junio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC￾SDHC-DRPLRCC-0154-2017 de 04 de julio de 2017,  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación MISIÓN EVANGÉLICA CASA DE FE  Y VIDA, al determinar que ha cumplido con todos los  requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento  de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  MISIÓN EVANGÉLICA CASA DE FE Y VIDA, en el  Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la  Propiedad del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas  domicilio de la entidad, como persona de derecho privado,  sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y  obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la  Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos;  y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada MISIÓN EVANGÉLICA  CASA DE FE Y VIDA, en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la  MISIÓN EVANGÉLICA CASA DE FE Y VIDA.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la MISIÓN EVANGÉLICA  CASA DE FE Y VIDA, en primer lugar, buscarán como  medio de solución los medios alternativos, determinados  en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece  como métodos alternativos de solución de conflictos o ante  la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la  MISIÓN EVANGÉLICA CASA DE FE Y VIDA, de  comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al  ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0028-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de  la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las  diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el  país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,  enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo  que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus  bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo  con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.  En el referido Estatuto se determinará el personal que  constituya el mencionado organismo, la forma de elección  y renovación del mismo y las facultades de que estuviere  investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y  Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia,  departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada,  tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir  informes sobre estatutos de organizaciones relacionados  con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 20 de abril de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-4342-E, la organización  religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA ALTAR  CRISTIANO DE ADORACIÓN, da cumplimiento con  las observaciones y requisitos legalmente establecidos para  el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento  de la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1436-O de 08 de junio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC￾SDHC-DRPLRCC-0153-2017 de 04 de julio de 2017,  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer  la personalidad jurídica a la organización religiosa  en formación IGLESIA EVANGÉLICA ALTAR  CRISTIANO DE ADORACIÓN, al determinar que ha  cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de  Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y, En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  IGLESIA EVANGÉLICA ALTAR CRISTIANO  DE ADORACIÓN, en el Registro de Organizaciones  Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón  Guayaquil, provincia del Guayas domicilio de la entidad,  como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que  para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará  estrictamente a lo que determina la Constitución de la  República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento  de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA  ALTAR CRISTIANO DE ADORACIÓN, en el Registro  Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la  IGLESIA EVANGÉLICA ALTAR CRISTIANO DE  ADORACIÓN.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la IGLESIA EVANGÉLICA  ALTAR CRISTIANO DE ADORACIÓN, en primer lugar,  buscarán como medio de solución los medios alternativos,  determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las  discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que  la ley establece como métodos alternativos de solución de  conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la  IGLESIA EVANGÉLICA ALTAR CRISTIANO DE  ADORACIÓN, de comprobarse hechos que constituyan  violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0029-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca

SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748, de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220, de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de  la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos...”; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547, de 23 de julio de 1937, señala: “Las  diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el  país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,  enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo  que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus  bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo  con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.  En el referido Estatuto se determinará el personal que  constituya el mencionado organismo, la forma de elección  y renovación del mismo y las facultades de que estuviere  investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y  Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia,  departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada,  tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir  informes sobre estatutos de organizaciones relacionados  con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 10 de mayo de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHC￾CGAF-DSG-2017-5098-E, la organización religiosa  denominada IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA  PENTECOSTÉS EL EYÓN, da cumplimiento con las  observaciones y requisitos legalmente establecidos para el  proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de  la personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1411-O de 06 de junio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC￾SDHC-DRPLRCC-0151-2017 de 04 de julio de 2017,  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA  PENTECOSTÉS EL EYÓN, al determinar que ha  cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de  Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA PENTECOSTÉS EL  EYÓN, en el Registro de Organizaciones Religiosas del  Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, provincia  de Manabí domicilio de la entidad, como persona de  derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de  los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo  que determina la Constitución de la República del Ecuador,  la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de  la organización religiosa denominada IGLESIA  EVANGÉLICA CRISTIANA PENTECOSTÉS EL  EYÓN en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades  religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, el Estatuto y el expediente de la IGLESIA  EVANGÉLICA CRISTIANA PENTECOSTÉS EL  EYÓN.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la IGLESIA EVANGÉLICA  CRISTIANA PENTECOSTÉS EL EYÓN, en primer  lugar, buscarán como medio de solución los medios  alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de  persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las  acciones que la ley establece como métodos alternativos de  solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro  de la IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA  PENTECOSTÉS EL EYÓN, de comprobarse hechos que  constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0030-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de  la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras  y Ministros de Estado, además de las atribuciones  establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la  rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y  expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que  requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional  de la República, nombra como Ministra de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado  Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos... ” ; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las  diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el  país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,  enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo  que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus  bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo  con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.  En el referido Estatuto se determinará el personal que  constituya el mencionado organismo, la forma de elección  y renovación del mismo y las facultades de que estuviere  investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y  Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia,  departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada,  tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir  informes sobre estatutos de organizaciones relacionados  con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 18 de mayo de 2017,  ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-5537-E, la organización  religiosa denominada HONORABLE CÁMARA  DE OBISPOS Y PASTORES EVANGÉLICOS DE  PICHINCHA, da cumplimiento con las observaciones  y requisitos legalmente establecidos para el proceso  de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la  personalidad jurídica;

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1308-O de 25 de mayo de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC￾SDHC-DRPLRCC-149-2017 de 04 de julio de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la  personalidad jurídica a la organización religiosa en  formación HONORABLE CÁMARA DE OBISPOS  Y PASTORES EVANGÉLICOS DE PICHINCHA,  al determinar que ha cumplido con todos los requisitos  exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos  Religiosos; y,

 En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad  jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la  HONORABLE CÁMARA DE OBISPOS Y PASTORES  EVANGÉLICOS DE PICHINCHA, en el Registro de  Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad  del Cantón Quito, provincia de Pichincha domicilio de la  entidad, como persona de derecho privado, sin fines de  lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones  se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución  de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el  Reglamento de Cultos Religiosos.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada HONORABLE CÁMARA  DE OBISPOS Y PASTORES EVANGÉLICOS DE  PICHINCHA en el Registro Oficial.

 

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la  HONORABLE CÁMARA DE OBISPOS Y PASTORES  EVANGÉLICOS DE PICHINCHA.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la HONORABLE CÁMARA  DE OBISPOS Y PASTORES EVANGÉLICOS DE  PICHINCHA, en primer lugar, buscarán como medio  de solución los medios alternativos, determinados en sus  normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán  por el ejercicio de las acciones que la ley establece como  métodos alternativos de solución de conflictos o ante la  justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro  de la HONORABLE CÁMARA DE OBISPOS Y  PASTORES EVANGÉLICOS DE PICHINCHA, de  comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al  ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 05  día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

No. 0139-2017

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el  artículo 226, ordena que las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal ejercerán solamente las competencias y facultades  que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, debiendo  coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines  y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en dicha Norma Suprema;

 

Que, el artículo 361 de la referida Constitución de la  República establece que el Estado ejercerá la rectoría  del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad  Sanitaria Nacional, quien será responsable de formular la  política nacional de salud, y de normar, regular y controlar  todas las actividades relacionadas con la salud, así como el  funcionamiento de las entidades del sector;

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, dispone:  “La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud  Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las  funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad  de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de  esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia  serán obligatorias.”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 195 publicado en el  Suplemento del Registro Oficial No. 111 de 19 de enero de  2010, el señor Presidente Constitucional de la República del  Ecuador emitió lineamientos estructurales para organizar  las unidades administrativas en los niveles de dirección,  asesoría, apoyo y operativo de los ministerios, secretarias  e institutos nacionales pertenecientes a la Función  Ejecutiva;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro  Oficial No. 16 de 16 de julio de 2017, el Presidente de la  República del Ecuador nombró como Ministra de Salud  Pública a la doctora María Verónica Espinosa Serrano;

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 4520, publicado en la  Edición Especial del Registro Oficial No. 118 de 31 de  marzo de 2014, el Ministerio de Salud Público emitió el  “Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional  por Procesos del Ministerio de Salud Pública”, instrumento  en el que consta la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos  como proceso habilitante de asesoría de la Coordinación  General de Planificación, cuya misión es coordinar y  planificar acciones de prevención, mitigación, preparación  y respuesta ante los efectos de eventos adversos de origen  natural y/o antrópicos, en el sector salud;

 

Que, para la expedición del referido Estatuto Orgánico  Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del  Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas  emitió dictamen presupuestario favorable mediante oficio  No. MINFIN-DM-2013-0639 de fecha 25 de septiembre de  2013; y, el Ministerio de Relaciones Laborales con oficio  No. MRL-DM-2013-0617 de fecha 10 de octubre de 2013,  emitió dictamen favorable a la reforma al Estatuto Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Salud Pública

 

Que, el Ministerio de Salud Pública dentro del proceso de  reforma institucional, se ha propuesto algunos cambios  estructurales con el fin de mejorar la gestión de esta Cartera  de Estado, siendo uno de ellos la reubicación organizacional  de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos a la  Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública,  por prioridad técnica, facilidad de articulación y flujo de  información; manteniéndose los perfiles de puestos y  remuneración del personal de la Dirección Nacional de  Gestión de Riesgos, aprobado por el Ministerio del Trabajo  y por el Ministerio de Finanzas;

 

Que, mediante memorando No. MSP-CGP-10-2017- 0760-M de 23 de agosto de 2017, la Coordinadora General  de Planificación solicita la elaboración del presente  Acuerdo Ministerial para la reubicación organizacional de  la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos; y,

 

Que, con memorando No. MSP-CGGE-2017-0440-M  de 11 de septiembre de 2017, el Coordinador General de  Gestión Estratégica, respecto al traspaso de la Dirección  Nacional de Gestión de Riesgos de la Coordinación General  de Planificación a la Subsecretaría Nacional de Vigilancia  de la Salud Pública, manifiesta: “(…) es un cambio en  la supervisión de la Dirección en mención y no hay  cambios en lo referente la estructura (sic) organizacional,  atribuciones, productos y manual de puestos vigentes. Esta  instancia considera técnicamente pertinente se elabore el  documento jurídico adecuado mediante el cual se realice  el cambio de supervisión de la Dirección Nacional de  Gestión de Riesgos en base a la disposición de la máxima  autoridad.”.

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos  154, numeral 1 de la Constitución de la República y 17  del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la  Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Disponer que la Dirección Nacional de Gestión  de Riesgos, actualmente bajo la supervisión de la  Coordinación General de Planificación, pase bajo la  supervisión de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de  la Salud Pública.

 

Art. 2.- La estructura organizacional de la Dirección  Nacional de Gestión de Riesgos que con el presente Acuerdo  pasa bajo la supervisión de la Subsecretaría Nacional de  Vigilancia de la Salud Pública, es la siguiente: Unidad Responsable: Dirección Nacional de Gestión de  Riesgos

 

Misión: Coordinar y planificar acciones de prevención,  mitigación, preparación y respuesta ante los efectos de  eventos adversos de origen natural y/o antrópicos, en el  sector salud.

 

 

NIVEL NACIONAL

 

Responsable: Director/a Nacional de Gestión de Riesgos

 

Atribuciones y Responsabilidades

 

Formular políticas, normas, estrategias y acciones para  el desarrollo y fortalecimiento institucional en gestión  del riesgo ante eventos adversos;

 

Desarrollar acciones enfocadas al análisis, reducción  de riesgos, preparación, respuesta y recuperación ante  eventos adversos, con el afán de desarrollar la gestión  de riesgos en el sector salud, de manera planificada y  sostenible a corto, mediano y largo plazo;

 

Incorporar la gestión de riesgos como un eje transversal  dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Salud  Pública;

 

Coordinar el funcionamiento del Comité de Gestión de  Riesgos y Comité Operativo de Emergencias en Salud  del nivel central;

 

Consolidar el inventario nacional de amenazas  naturales, antrópicas o mixtas, en relación a eventos  adversos que afecten al sector salud;

 

Analizar los grados de vulnerabilidad y zonas de riesgo  que puedan afectar al sector salud, a nivel nacional;

 

Elaborar material de difusión de medidas de prevención  y protección de la salud para los diferentes tipos de  eventos adversos que afectan la salud;

 

Consolidar el plan nacional de emergencia y  contingencias ante la ocurrencia de eventos adversos  que puedan afectar al sector salud;

 

Conducir, coordinar y controlar la elaboración de los  planes de prevención y mitigación del riesgo y de  contingencia y emergencia ante eventos adversos;

 

Administrar y analizar la información generada desde  el nivel local, relacionada con gestión de riesgos en  salud, como insumo para la toma de decisiones;

 

Consolidar informes a nivel nacional de Evaluación de  Daños y Análisis de Necesidades, a través de los niveles  zonales;Liderar, coordinar y definir parámetros para la gestión  de información de la sala situacional del MSP, bajo  consideraciones de generación de información para  gestión de riesgos que puedan afectar al sector salud;

 

Conformar equipos de soporte a la sala situacional, en  situaciones de emergencia o desastres que impliquen  el monitoreo y análisis por más de dieciséis (16) horas  continuas;

 

Fortalecer la coordinación de acciones para análisis,  reducción de riesgos, preparación, respuesta y  recuperación, conjuntamente con organizaciones  gubernamentales a nivel nacional y desconcentrado,  ONGs, agencias de cooperación y organizaciones  comunitarias que desarrollan actividades relacionadas  con la gestión del riesgo en el sector salud;

 

Liderar y coordinar la gestión de la mesa de trabajo  técnico, orientada a la promoción de la salud,  saneamiento e higiene, de acuerdo con el Manual del  Comité de Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional  de Gestión de Riesgos;

 

Asesorar a la Autoridad de Salud, en los temas  relacionados con la Gestión del Riesgo en Salud;

 

Ejercer las funciones, representaciones y delegaciones  que le asigne el/la Ministro/a de Salud Pública.

 

Gestión Interna:

 

Reducción de Riesgos

 

Preparación y Respuesta

 

Sala de Situación de Productos Reducción de  Riesgos

 

Inventario nacional de amenazas naturales, antrópicas  o mixtas en relación a eventos adversos que afecten al  sector salud;

 

Mapas de zonas de amenaza natural y antrópica con  potencial afectación al sector salud;

 

Plan de análisis y mapeo de los grados de vulnerabilidad  y zonas de riesgo para el sector salud;

 

Plan de capacitación en reducción de riesgos para el  sector salud;

 

Propuestas de políticas, protocolos y procedimientos  para prevenir y mitigar los efectos del impacto de los  eventos adversos en el sector salud;

 

Plan de monitoreo de la ejecución de las acciones de  prevención y mitigación de los niveles desconcentrados;

 

Plan de fortalecimiento intra e inter institucional en reducción de riesgos del sector salud, a través de  acciones a corto, mediano y largo plazo.

 

Preparación y Respuesta

 

Planes de capacitación en preparación y respuesta del  sector salud frente a la ocurrencia de eventos adversos;

 

Plan de acciones de preparación de la población  mediante simulacros, simulaciones y actividades  comunitarias;

 

Elaboración de protocolos, procedimientos y  herramientas de preparación y respuesta a los efectos  del impacto de los eventos adversos en el sector  salud, en coordinación con la Dirección Nacional de  Normatización;

 

Plan de acción de respuesta a eventos adversos con  otras instituciones del sector social;

 

Plan nacional de emergencia y contingencias ante la  ocurrencia de eventos adversos que puedan afectar al  sector salud;

 

Reportes de la gestión de la mesa de trabajo técnico,  orientada a la promoción de la salud, saneamiento  e higiene, de acuerdo con el Manual del Comité de  Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión  de Riesgos;

 

Reportes del funcionamiento del Comité de Gestión de  Riesgos y Comité Operativo de Emergencias en Salud  del nivel central.

 

Sala de Situación

 

Propuesta de protocolos y procedimientos para la  gestión de información de la sala situacional del  Ministerio de Salud Pública, bajo consideraciones de  generación de información para gestión de riesgos que  puedan afectar al sector salud;

 

Inventario de información demográfica, determinantes  sociales y ambientales de la salud, factores de riesgo  para enfermedades crónicas transmisibles y no  transmisibles, causas de morbilidad y mortalidad,  respuesta social organizada, alertas epidemiológicas a  nivel local, regional y nacional;

 

Informes de análisis de la información generada desde  el nivel local, relacionada con gestión de riesgos en  salud, como insumo para la toma de decisiones;

 

Inventario de los recursos humanos y materiales que  pueden movilizarse del Ministerio de Salud Pública,  en coordinación con la Dirección Nacional de Talento  Humano y la Dirección Nacional Administrativa;

 

Informe consolidado y análisis de los informes de  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de  Salud.

 

NIVEL ZONAL

 

Gestión de Riesgos

 

Informes de aplicación de políticas, protocolos,  procedimientos, herramientas y acciones realizadas a  nivel zonal, enfocadas a gestión de riesgos ante eventos  adversos, con el afán de desarrollar la gestión de riesgos  en el sector salud;

 

Inventario zonal de amenazas naturales, antrópicas y  mixtas en relación a eventos adversos;

 

Informe de análisis de los grados de vulnerabilidad y  zonas de riesgo a nivel zonal;

 

Planes zonales, para emergencia, contingencia y  simulacros;

 

Planes zonales de coordinación de acciones para  análisis, reducción de riesgos, preparación, respuesta  y recuperación, conjuntamente con organizaciones  gubernamentales a nivel zonal y distrital, ONGs,  agencias de cooperación y organizaciones comunitarias  que desarrollan actividades relacionadas con gestión de  riesgos en el sector salud;

 

Liderar y coordinar a nivel zonal la gestión de la mesa  de trabajo técnico, orientada a la promoción de la salud,  saneamiento e higiene, de acuerdo con el Manual del  Comité de Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional  de Gestión de Riesgos;

 

Actas, informes y resoluciones de los Comités de  Gestión de Riesgos o Comités de Operaciones de  Emergencias, desarrollados dentro del territorio zonal  correspondiente;

 

Informes de capacitaciones en gestión del riesgo a nivel  zonal;

 

Informes de situación zonales en casos de emergencias  y desastres que afecten al sector salud;

 

Reportes sobre la conformación de equipos de soporte  a la sala situacional, en situaciones de emergencia o  desastres que impliquen el monitoreo y análisis por más  de 16 horas continuas;

 

Inventario zonal de recursos humanos y materiales del  Ministerio de Salud Pública, que pueden movilizarse;

 

Informes zonales de Evaluación de Daños y Análisis de  Necesidades; 

 

Inventario de información demográfica, determinantes  sociales y ambientales de la salud, factores de riesgo  para enfermedades crónicas transmisibles y no  transmisibles, causas de morbilidad y mortalidad,  respuesta social organizada, alertas epidemiológicas a  nivel zonal.

 

NIVEL DISTRITAL

 

Gestión de Riesgos

 

Informes de aplicación de políticas, protocolos,  procedimientos, herramientas y acciones realizadas  a nivel distrital, enfocadas a gestión de riesgos ante  eventos adversos con el afán de desarrollar la gestión  de riesgos en el sector salud;

 

Inventario distrital de amenazas naturales, antrópicas y  mixtas en relación a eventos adversos;

 

Informe de análisis de los grados de vulnerabilidad y  zonas de riesgo a nivel distrital;

 

Planes distritales y de unidades operativas para  emergencia, contingencia y de simulacros;

 

Informe de ejecución de acciones para análisis, reducción  de riesgos, preparación, respuesta y recuperación  del sector salud, conjuntamente con organizaciones  gubernamentales a nivel zonal y distrital, ONGs,  agencias de cooperación y organizaciones comunitarias  que desarrollan actividades relacionadas con gestión de  riesgos en el sector salud a nivel distrital;

 

Reportes de la gestión de la mesa de trabajo técnico,  orientada a la promoción de la salud, saneamiento  e higiene, de acuerdo con el Manual del Comité de  Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión  de Riesgos, en el Distrito;

 

Actas, informes y resoluciones de los Comités de  Gestión de Riesgos o Comités de Operaciones de  Emergencias desarrollados dentro del territorio distrital  correspondiente; h. Informes de capacitaciones en gestión del riesgo a nivel  distrital;

 

Informes de situación distritales en caso de emergencias  y desastres que afecten al sector salud;

 

Reportes de la conformación de equipos de soporte  a la sala situacional, en situaciones de emergencia o  desastres que impliquen el monitoreo y análisis por más  de dieciséis (16) horas continuas, en el Distrito;

 

Inventario de recursos humanos y materiales que  se pueden movilizar de la Dirección Distrital del  Ministerio de Salud Pública;

 

Informes distritales de Evaluación de Daños y Análisis  de Necesidades;

 

Inventario de información demográfica, determinantes  sociales y ambientales de la salud, factores de riesgo  para enfermedades crónicas transmisibles y no  transmisibles, causas de morbilidad y mortalidad,  respuesta social organizada, alertas epidemiológicas a  nivel distrital.

 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

 

PRIMERA.- Refórmese el Estatuto Orgánico Sustitutivo  de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Salud Pública, emitido con Acuerdo Ministerial No. 4520,  publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No.  118 de 31 de marzo de 2014, eliminando de su contenido los  acápites relacionados a la ubicación, misión, atribuciones y  responsabilidades de la Dirección Nacional de Gestión de  Riesgos bajo la supervisión de la Coordinación General de  Planificación, tanto a nivel nacional como zonal y distrital,  mismos que se encuentran determinados en el presente  Acuerdo Ministerial.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que  entrará en vigencia a partir de su publicación en el  Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaria Nacional  de Vigilancia de la Salud Pública a través de la Dirección  Nacional de Gestión de Riesgos; a la Coordinación General  de Planificación y a la Coordinación General de Gestión  Estratégica.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 22 de  septiembre de 2017.

 

f.) Dra. Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud  Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la  Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito  en caso necesario.- Lo certifico.- Quito a, 25 de septiembre  de 2017.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de  Salud Pública.

 

No. 0140-2017

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en  el artículo 154, numeral 1, prevé que corresponde a las  ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones  establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe que  la Administración Pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 1 de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  publicada en el Segundo Suplemento – Registro Oficial  No. 100, del 14 de octubre de 2013, reformó el artículo 6  de la Ley, específicamente al numeral 9, introduciendo la  siguiente definición:

 

“9a .- Delegación.- Es la traslación de determinadas  facultades y atribuciones de un órgano superior a otro  inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio  de su competencia y por un tiempo determinado.

 

Son delegables todas las facultades y atribuciones  previstas en esta Ley para la máxima autoridad de  las entidades y organismos que son parte del sistema  nacional de contratación pública.

 

La resolución que la máxima autoridad emita para el  efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos,  resoluciones, oficios o memorandos y determinará el  contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de  su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso”.

 

 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública, dispone que: “Si la máxima  autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la  suscripción de los contratos a funcionarios o empleados  de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a  funcionarios o empleados de otras entidades del Estado,  deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario  publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer  en el Portal COMPRASPUBLICAS (...)”;

 

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  determina que: “En aplicación de los principios de  Derecho Administrativo son delegables todas las facultades  previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como  en este Reglamento General, aún cuando no conste en  dicha normativa la facultad de delegación expresa. La  Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto,  determinará el contenido y alcance de la delegación (...)”;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado,  Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte  de la Iniciativa Privada prevé que, cuando la conveniencia  institucional lo requiera, los máximos personeros de las  instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones y  oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva, en el artículo 17, establece que  “(…) Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su  competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes  al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos  Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al  exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando  las delegaciones que concedan no afecten a la buena  marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado (…)”;

 

Que, las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto, según lo establece el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Que, el artículo 26 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública atribuye a los/las Coordinadores/as Zonales, “(…) Ejercer las funciones, representaciones y delegaciones que les asigne la/el Ministra/o de Salud Pública.”;

 

Que, Mediante Acuerdo Ministerial No. 00005108 de 12 de septiembre de 2014, publicado en el Registro Oficial 351 de 9 de octubre de 2014, la Ministra de Salud Pública dispuso el cierre de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) correspondiente al Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos – SNEM, y su integración al Ministerio de Salud Pública en sus niveles tanto central como desconcentrado;

 

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 8 expedido el 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16 de 16 de junio de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombró a la doctora María Verónica Espinosa Serrano como Ministra de Salud Pública; y,

 

Que, existen contratos del ex SNEM que hasta la fecha no han sido liquidados, cuya ejecución se ha realizado desde la zona 8, reposando los respectivos expedientes en dicha instancia desconcentrada; por lo que en base a los principios de legalidad, celeridad y eficacia que rigen la actuación de las instituciones del sector público, es preciso delegar la suscripción de los actos relacionados con dichas contrataciones, a fin de facilitar el funcionamiento administrativo de la institución.

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Delegar al/la Coordinador/a Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, para suscribir todos los actos y contratos relacionados con la liquidación de las obligaciones contractuales adquiridas por el ex Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Artrópodos – SNEM, en el ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.

 

Art. 2.- El/la delegado/a será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación, conforme a lo dispuesto en la Norma de Control Interno 200-05, emitida por la Contraloría General del Estado, a través del Acuerdo No. 39, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre de 2009.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 22 de septiembre de 2017.

 

f.) Dra. Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito a, 28 de septiembre de 2017.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

 

Nro. MDT-2017-0156

 

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

EL MINISTRO DEL TRABAJO

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 229 establece que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará, entre otros aspectos, el sistema de remuneración de sus servidores;

 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP, en el artículo 3, que refiere al ámbito de su aplicación, dispone que todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador y este precepto se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios;

 

Que, el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP señala que es competencia del Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos;

 

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP prescribe que la remuneración mensual unificada que conste en la escala que expedirá el Ministerio del Trabajo, constituye el ingreso que percibirán la o el Presidente de la República, la o el Vicepresidente de la República y las demás autoridades y funcionarias o funcionarios que ocupen puestos comprendidos en el nivel jerárquico superior;

 

Que, la Disposición General Séptima de la citada Ley  ordena que ninguna servidora o servidor de las instituciones  señaladas en el artículo 3 de este cuerpo legal, así como  ninguna persona que preste sus servicios en estas  instituciones bajo cualquier modalidad, podrá percibir  una remuneración mensual unificada inferior a la mínima  establecida en las escalas dictadas por el

 

Ministerio del  Trabajo, o superior o igual al de la Presidenta o Presidente  de la República;

 

Que, mediante la Ley Interpretativa del artículo 3 de  la Ley Orgánica del Servicio Público, publicado en  el Suplemento del Registro Oficial N° 651, de 01 de  marzo de 2012, y en su artículo 1 señala: “(…) las y  los Asambleístas y las y los servidores de la Función  Legislativa se regirán imperativamente por la Ley  Orgánica de la Función Legislativa, y las resoluciones del  Consejo de Administración Legislativa, que en materia  de remuneraciones no sobrepasarán los techos máximos  remunerativos fijados por el Ministerio del Trabajo para el  sector público en general.”;

 

Que, las instituciones del Estado deberán observar lo  dispuesto en el artículo 179 del Código Orgánico de  Planificación y Finanzas Públicas, el cual determina que:  “La máxima autoridad de cada entidad y organismo  público y los funcionarios y servidores encargados del  manejo presupuestario, serán responsables por la gestión y  cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar  estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las  disposiciones contenidas en el presente código y las normas  técnicas”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, publicado  en el Suplemento del Registro Oficial N° 76, de 11 de  septiembre de 2017, el Señor Presidente de la República  expidió las normas de optimización y austeridad del gasto  público y en su artículo 4 señala: “Las remuneraciones  mensuales unificadas que superen la remuneración del  grado 2 del nivel jerárquico superior se reajustarán en un  10% en menos a partir del 1 de septiembre de 2017. (...) Se exceptúa de esta disposición a los directores y gerentes  de hospitales, centros o unidades de salud, director/rector  4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía  Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.

 

El Ministerio del Trabajo procederá a reestructurar dichas  escalas. Esta disposición incluye las empresas públicas y  las instituciones que conforman la banca pública. (…)”;

 

Que, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo  13 prescribe que el Consejo de Administración Legislativa  (CAL), es el máximo órgano de administración legislativa;

 

Que, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el  artículo 160 prescribe lo siguiente: “De las remuneraciones,  movilización, viáticos y demás emolumentos.- Las  remuneraciones, movilización, viáticos y demás  emolumentos de las y los asambleístas, asesores y demás  personal de la Asamblea Nacional serán establecidas  por el Consejo de Administración Legislativa. Estas  remuneraciones serán equivalentes a las de las otras  funciones del Estado. (…)”;

 

Que, el Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial  Nro. MDT-2015-0040, publicado en el Quinto Suplemento  del Registro Oficial N° 448, de 28 de febrero de 2015,  expidió la escala de remuneración mensual unificada para  las y los dignatarios, las autoridades y las y los funcionarios  que ocupen puestos comprendidos en el nivel jerárquico  superior; los techos remunerativos de los puestos de  Asambleístas y directivos, de libre nombramiento y  remoción de la Asamblea Nacional; y, la remuneración  mensual unificada de la clase de puesto de Parlamentarios/ as Andinos;

 

Que, mediante Acuerdos Ministeriales No. MDT-2015- 0128, publicado en el Registro Oficial N° 527, de 22 de  junio de 2015, No. MDT-2016-0059, publicado en el  Suplemento del Registro Oficial N° 718, de 23 de marzo de  2016, No. MDT-2016-0126, publicado en Registro Oficial  N° 775, de 14 de junio de 2016; y, No. MDT-2017-0050,  publicado en el Registro Oficial N° 985, de 17 de abril de  2017, se reformó el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015- 0040;

 

Que, mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2017-013, de 25 de  septiembre de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas,  de conformidad con la competencia que le otorga el literal  c) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público– LOSEP, emitió el dictamen presupuestario para fijar la  escala de remuneraciones del nivel jerárquico superior del  sector público;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0152,  de 22 de septiembre de 2017, se expidieron las escalas  de remuneraciones mensuales unificadas para las y los  dignatarios, las autoridades y las y los funcionarios que  ocupen puestos comprendidos en nivel jerárquico superior;  y, los techos de remuneración mensual unificada de las  clases de puestos de Asambleístas y directivos, de libre  nombramiento y remoción, de la Asamblea Nacional; y,

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos  3, 51 literales a) y f) y 100 de la Ley Orgánica del Servicio  Público y 244 de su Reglamento General,

 

Acuerda:

 

Artículo Único.- Suspender la aplicación y ejecución de lo  dispuesto el artículo 2 y artículo 4 del Acuerdo Ministerial  Nro. MDT-2017-0152, de 22 de septiembre de 2017, hasta  que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), como  máximo órgano de administración legislativa, establezca  las remuneraciones de los asambleístas, asesores y demás  personal de la Asamblea Nacional.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

ÚNICA.- El Consejo de Administración Legislativa  (CAL), deberá establecer en el término de 30 días las  remuneraciones de los asambleístas, asesores y demás  personal de la Asamblea Nacional, en coordinación con  el Ministerio del Trabajo, conforme lo prescrito en el  artículo 1 de la Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley  Orgánica del Servicio Público, publicada en el Suplemento  del Registro Oficial N° 651, de 01 de marzo de 2012; y,  en aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 01 de  septiembre de 2017.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- De forma transitoria y exclusivamente por el  mes de septiembre de 2017, la Asamblea Nacional y el  Ministerio de Economía y Finanzas, aplicarán lo prescrito  en los artículos 2 y 5 del Acuerdo Ministerial No. MDT- 2015-0040, publicado en el Quinto Suplemento del  Registro Oficial N° 448, de 28 de febrero de 2015, que  expidió los techos de remuneración mensual unificada de  las clases de puestos de Asambleístas y directivos, de libre  nombramiento y remoción, de la Asamblea Nacional.

 

Disposición Final.- El presente Acuerdo Ministerial  entrará en vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017,  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  Metropolitano, a 25 de septiembre de 2017.

 

f.) Abg. Raúl Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

 

No. SENESCYT-2017-216

 

drian Augusto Barrera Guarderas

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

 

Considerando:

 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del  Ecuador, señala que: “(…) La educación es un derecho de  las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e  inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de  la política pública y de la inversión estatal, garantía de la  igualdad e inclusión social y condición indispensable para  el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen  el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso  educativo (…)”;

 

Que el primer numeral del artículo 154 de la Constitución  de la República del Ecuador, determina que a las ministras  y ministros de Estado, además de las atribuciones  establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría  de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los  acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su  gestión”;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del  Ecuador señala que: “Las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las servidoras y servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal (…). Tendrán el deber de coordinar acciones para  el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y  ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República  del Ecuador prescribe: “La administración pública  constituye un servicio a la colectividad que se rige por  los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, transparencia y evaluación  (…)”;

 

Que el segundo inciso del artículo 356 de la Constitución  de la República del Ecuador señala que: “El ingreso a las  instituciones públicas de educación superior se regulará  a través de un sistema de nivelación y admisión, definido  en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad  académica de las estudiantes y los estudiantes”;

 

Que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación  Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No.  298, de 12 de octubre de 2010,dispone que: “El ingreso  a las instituciones de educación superior públicas estará  regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión,  al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes.  Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de  Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a la  articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la  educación superior pública, y consultará a los organismos  establecidos por la Ley para el efecto. (…)”;

 

Que el literal b) del artículo 82 de la Ley Orgánica de  Educación Superior, establece como requisito para el ingreso  a las instituciones del Sistema de Educación Superior, lo  siguiente: “En el caso de las instituciones de educación  superior públicas, haber cumplido los requisitos normados  por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que  observará los principios de igualdad de oportunidades,  mérito y capacidad (…)”;

 

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación  Superior, expresa que: “La Secretaría Nacional de  Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,  es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de  la política pública de educación superior y coordinar  acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del  Sistema de Educación Superior. (…)”;

 

Que el literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de  Educación Superior, establece entre las funciones de la  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología  e Innovación: “Diseñar, implementar, administrar y  coordinar el Sistema Nacional de Información de la  Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación  y Admisión”;

 

Que el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva, manifiesta que:  “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados  por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo  considere conveniente. (…)”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de  2017, el señor Presidente Constitucional de la República,  Lenín Moreno Garcés, designó al Dr. Augusto Barrera  Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación;

 

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT, 2017-065, de 20  de febrero de 2017, se expidió el Reglamento del Sistema  Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA);

 

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGES-SAES- 2017-0299-M, de 21 de agosto de 2017, la Dra. María  Fernanda Maldonado Pesantez, Subsecretaria de Acceso  a la Educación Superior, solicita se realicen reformas  al Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y  Admisión que se ajusten a las necesidades de las/los  aspirantes a un cupo en las instituciones de educación  superior del país;

 

Que mediante memorando No. SENESCYT-SGES-SAES- 2017-0327-M, de 31 de agosto de 2017, la Dra. María  Fernanda Maldonado Pesantez, Subsecretaria de Acceso a  la Educación Superior, remite un alcance a la solicitud de  reforma al Acuerdo 2017-065;

 

Que mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-CGAJ- 0508-MI, de 6 de septiembre de 2017, la Coordinación  General de Asesoría Jurídica emite el informe jurídico  elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica, de fecha 5  de septiembre 2017, en el cual se concluye como pertinente  y legal la expedición de las reformas al Reglamento del  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 183 de  la Ley Orgánica de Educación Superior.

 

Acuerda:

 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL  REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE  NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA).

 

Artículo 1.- Sustitúyase del segundo párrafo del artículo  37, por el siguiente texto:

 

“Los procesos de movilidad académica serán  establecidos por las instituciones de educación  superior, en función de la normativa establecida en  el Reglamento de Régimen Académico y el puntaje de  corte de la carrera receptora en el periodo académico  correspondiente en el cual solicita su movilidad.”

 

Artículo 2.- Sustitúyase el primer inciso y el numeral uno  del artículo 41 por el siguiente texto:

 

“Las instituciones de educación superior que realicen el  proceso de nivelación de carrera, serán responsables de  su desarrollo en estricto cumplimiento de los criterios  establecidos por la Secretaría de Educación Superior,  Ciencia, Tecnología e Innovación; para tal efecto,  deberán cumplir con lo siguiente:

 

El proceso de nivelación podrá ser financiado  por las instituciones de educación superior o por  la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación dependiendo de la  evaluación realizada a los programas de nivelación.

 

Artículo 3.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 43, por  el siguiente texto:

 

“Para vincularse al programa de Nivelación de Carrera,  las y los aspirantes deben aceptar el cupo obtenido a  través de la plataforma informática de la Secretaría de  Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  La/el aspirante deberá formalizar su matrícula en el  periodo académico en el que obtuvo el cupo, dentro de  los plazos establecidos por la institución de educación  superior correspondiente”

 

Artículo 4.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 44, por  el siguiente texto:

 

“La aprobación del curso de nivelación de carrera  permite al estudiante vincularse al primer nivel de  la carrera en la que aceptó un cupo a través de la  plataforma informática de la Secretaría de Educación  Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La  matriculación en el primer semestre de carrera deberá  realizarse de manera inmediata luego de la aprobación  del curso.

 

En el caso de no matricularse la o el estudiante podrá  rendir un nuevo Examen Nacional de Evaluación  Educativa SER BACHILLER, luego de cumplir  con la penalidad de una convocatoria nacional  subsiguiente, contada a partir de la obtención del  cupo; salvo en situaciones de caso fortuito o fuerza  mayor, debidamente comprobadas y validadas por la  institución de educación superior correspondiente.”

 

Artículo 5.- Inclúyase al final del artículo 44 el siguiente  texto:

 

“El arancel para la segunda o tercera matrícula de  las nivelaciones será determinado por las instituciones  de educación superior, conforme su estructura de  costos siendo el costo más alto permitido el valor por  estudiante establecido por la Secretaría de Educación  Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el  periodo académico correspondiente”

 

Artículo 6.- Sustitúyase el texto del artículo 45, por el  siguiente:

 

“La Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación remitirá el contenido micro  curricular y la carga horaria para el desarrollo del  curso de nivelación de carrera; las instituciones de  educación superior podrán realizar cambios y ajustes a  los contenidos, los mismos que deberán ser aprobados  por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación.

 

La o el estudiante realizará el curso de nivelación de  carrera en la jordana en la que obtuvo cupo. El curso  de nivelación durará un periodo académico.

 

Las asignaturas aprobadas en el curso de nivelación de  carrera no serán homologables como parte de la futura  carrera a la que acceda el aspirante.”

 

Artículo 7.- Agréguese a continuación del artículo 45 el  siguiente texto:

 

“Artículo 45.1.- Periodo de matriculación.- Una vez  aprobado el curso de nivelación, la o el estudiante  deberá matricularse inmediatamente en el primer nivel  de carrera correspondiente a la finalización del curso de  nivelación; excepto en circunstancias de caso fortuito o  fuerza mayor que imposibiliten el inicio de dicho curso.  Estas circunstancias deberán ser evaluadas por cada  institución de educación superior.

 

En el caso de que la carrera no se aperture en el periodo  académico en el que el estudiante debe incorporarse,  la institución de educación superior deberá permitir  la reubicación en otra carrera de la misma área de  conocimiento, en función de disponibilidad de cupos y  el puntaje de corte de la carrera receptora”

 

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 47 por el siguiente texto:

 

“Las y los estudiantes podrán solicitar la anulación  de la matrícula en el curso de Nivelación de Carrera  cuando sobrevengan circunstancias de caso fortuito  o fuerza mayor debidamente justificadas ante la  institución de educación superior correspondiente;  y podrán optar por matricularse en la Nivelación de  carrera en el periodo subsiguiente.

 

Las instituciones de educación superior deberán  reportar en la plataforma de la Secretaría de  Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  las anulaciones de matrícula que correspondan, las  mismas que deberán ser registradas en un plazo de  hasta 15 días posteriores a la culminación del periodo  académico en curso.”

 

Artículo 9.- Sustitúyase el artículo 49 por el siguiente texto:

 

“Artículo 49.- Financiamiento a las instituciones  ejecutoras de los programas de nivelación.- La  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología  e Innovación financiará los cursos de nivelación en  sus diferentes modalidades conforme la disponibilidad  presupuestaria existente. La SENESCYT establecerá  el valor unitario por estudiante en función del estudio  de costos elaborado para el efecto, el mismo que será  actualizado anualmente.

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación suscribirá los correspondientes  instrumentos jurídicos conforme a la normativa vigente.  El pago a las instituciones por la ejecución de los  programas de nivelación, se realizará por estudiante  efectivamente matriculado.”

 

 

Artículo 10.- Sustitúyase el texto del artículo 50 por el  siguiente:

 

“La Nivelación General es el proceso mediante el  cual, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación, a través de las instituciones de  educación superior oferta cursos de nivelación general  según la disponibilidad presupuestaria existente, que  permita mejorar la condiciones de las y los aspirantes  que en el proceso de postulación inmediato anterior no  obtuvieron un cupo. El proceso será establecido en el  instructivo que será emitido para el efecto.”

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese  a la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.

 

Segunda.- Notifíquese con el presente Acuerdo a la  Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior y a la  Subsecretaría General de Educación Superior de esta  Cartera de Estado.

 

Tercera.- Encárguese a la Coordinación General de  Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado, la respectiva  notificación del presente Acuerdo.

 

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su  fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  seis (6) días del mes de septiembre de 2017.

 

Notifíquese y publíquese.-

 

f.) Adrian Augusto Barrera Guarderas, Secretario de  Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.-  COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA  JURÍDICA.- Fiel copia del original que reposa en el  archivo de esta Coordinación.- 13 de septiembre de 2017.-  Firma: Ilegible.

 

Nro. 017-ARCOM-2017

 

Cristina Silva Cadmen

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE

REGULACIÓN Y CONTROL MINERO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 408 de la Constitución de la República  del Ecuador dispone que, son de propiedad inalienable,  imprescriptible e inembargable del Estado los recursos  naturales no renovables y, en general, los productos del  subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos,  sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo,  incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las  aguas del mar territorial y las zonas marítimas. Estos bienes  solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los  principios ambientales;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Minería, norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia;

 

Que, el artículo 8 de la norma ejusdem, crea la Agencia de Regulación y Control Minero, como institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio Sectorial, con potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realice la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento; y, con competencia para adoptar acciones que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero y la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado por la explotación minera, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental; sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia;

 

Que, el artículo 9 ibídem, otorga atribuciones y competencias a la Agencia de Regulación y Control Minero; entre ellas la de dictar regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector minero;

 

Que, el artículo 17 de norma citada ut supra, señala por derechos mineros, aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos; así como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización;

 

Que, el artículo 52 de la ley de marras, prescribe que la Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá los registros correspondientes, con la finalidad de llevar los controles estadísticos de las actividades de comercialización y exportación de sustancias minerales, así como también velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley;

 

Que, a través de la Resolución N° SENAE-DGN-2016- 0265-RE de fecha 28 de marzo de 2016, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), reguló como documento de soporte a la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), el respectivo certificado de exportación emitido por la ARCOM, para las mercancías comprendidas en la partida arancelaria 7108;

 

Que, mediante Resolución No. 022-2017, de 22 de agosto de 2017, el Pleno del Comité de Comercio Exterior resolvió establecer como documento de acompañamiento a la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), el certificado de exportación emitido por la Agencia de Regulación y Control Minero, el mismo que autoriza la exportación de minerales;

 

Que, es necesario regular el procedimiento para que los titulares mineros, soliciten los certificados de exportación  de minerales, los cuales a partir del 11 de septiembre del 2017, serán requisitos dentro del proceso de exportación de la SENAE;

 

Que, el artículo 10.1.2 literal d) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero, publicado en Registro Oficial, Edición Especial No. 694, del 18 de Agosto de 2016, determina que entre las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, se encuentra el aprobar las regulaciones y normativa técnica minera;

 

Que, es necesario que la Agencia de Regulación y Control Minero, de conformidad con las atribuciones y competencias que le confiere la Ley de Minería, el Reglamento General a la Ley y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero, armonice la relación entre el administrado y el Estado;

 

En ejercicio, de sus atribuciones conferidas por la normativa legal minera y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero,

 

Resuelve:

 

Expedir la Resolución que establece los requisitos obligatorios para la obtención del Certificado de Exportación por parte de los Titulares de Derechos Mineros.

 

Artículo 1.- Objeto: La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo coordinado y uniforme para que los titulares de derechos mineros, soliciten a través del Sistema de Gestión Minera (en adelante SGM), el certificado de exportación, previo al cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos para el efecto, en la presente norma.

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, son aplicables a las personas naturales o jurídicas titulares de derechos mineros que soliciten la emisión de certificados de exportación a través del SGM y serán de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

 

Artículo 3.- Requisitos: Los titulares de derechos mineros que soliciten la obtención del certificado de exportación de minerales, deberán cargar en la plataforma informática de la Agencia de Regulación y Control Minero (SGM) los siguientes documentos habilitantes:

 

Titulares de concesiones mineras y operadores mineros:

 

Factura de venta

 

Certificado de producción

 

Comprobante electrónico de pago de abono de regalías o retención en la fuente de impuesto a la renta, según corresponda (de ser del caso anexar la nota de depósito)

 

Documento Aduanero de Exportación (DAE)

 

Packing list (detallando los números y pesos del minerales a exportar)

 

b)            Licencias de comercialización y titulares de autorización para instalación de plantas de beneficio:

 

Factura de compra del mineral, detallando el derecho minero donde se adquirió el mineral, facturas de compras del BIESS o documentos que sustente la dación en pago y su respectiva retención en la fuente

 

Factura de venta

 

Comprobante electrónico de pago de la retención en la fuente de impuesto a la renta y su nota de depósito en los casos que correspondan

 

Documento Aduanero de Exportación (DAE)

 

Packing list (detallando los números y pesos del minerales a exportar)

 

Certificado de producción para plantas de beneficio.

 

Todos los documentos deberán contener firma de responsabilidad del solicitante del certificado de exportación.

 

Adicionalmente, se deberá tomar en consideración la o las resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, relacionadas al pago de abono de regalías y retenciones en la fuente de impuesto a la renta, o cualquier modificación de las mismas.

 

Artículo 4.- Responsabilidad de la Información.- Conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el Registro Oficial Suplemento 162 de 31 de marzo de 2010, los datos proporcionados en la solicitud de exportación, respecto de la veracidad y autenticidad de los mismos son de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, ante lo cual responderán civil, penal y administrativamente.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución de la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; encárguese la Dirección Nacional de Economía Minera.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 

Dado en Zaruma, a los 25 días del mes de septiembre de 2017.

 

f.) Abg. Cristina Silva Cadmen, Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

 

Nro. ARCP-DE-2017-46

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que, los artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 16 de su Reglamento disponen que el control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, y que las entidades establecerán la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago;

 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece la posibilidad de realizar delegaciones a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado;

 

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que en aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como su reglamento general, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, establece que, cuando la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones; que en estos documentos se establecerá el ámbito institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones;

 

Que, el artículo 8 de la Ley General de los Servicios Postales, crea a la Agencia de Regulación y Control Postal, como un organismo técnico-administrativo especializado y desconcentrado, adscrito al Ministerio rector del sector postal, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio; que es la entidad encargada de regular y controlar a los operadores postales, así como velar por el cumplimiento de las políticas y directrices dictadas por el Ministerio rector de los servicios postales, y que para su correcta administración y representación contará con un Directorio y una Directora o Director Ejecutivo;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 13 de la Ley Ibídem, determinan las atribuciones del Director Ejecutivo de la  Agencia de Regulación y Control Postal, estableciendo que  le corresponde ejercer la administración y representación  legal, judicial y extrajudicial de la Institución; y expedir los  reglamentos, normas técnicas y manuales para la regulación,  control y desarrollo de la prestación del servicio postal;

 

Que, el artículo 39 de la Ley General de los Servicios  Postales dispone: “Corresponde a la Agencia de Regulación  y Control Postal iniciar, de oficio o a petición de parte, así  como sustanciar y resolver, el juzgamiento administrativo  a los operadores postales y a las personas naturales o  jurídicas por las infracciones tipificadas en esta Ley. Se  asegurará el debido proceso en todos los procedimientos  sancionadores que tramite”, y en su artículo 48 se establece  que corresponde conocer en primera instancia al Órgano  competente de la Entidad”;

 

Que, la Disposición Final Segunda del mismo cuerpo  normativo dispone: “En aquellos aspectos que no se  opongan a la presente Ley, los reglamentos, instructivos y  resoluciones emitidos por la Agencia Nacional Postal se  mantendrán vigentes mientras no sean derogados por la  Agencia de Regulación y Control Postal”;

 

Que, el artículo 50 del Reglamento General a la Ley  General de los Servicios Postales dispone: “El organismo  desconcentrado que se conforme dentro de la estructura  organizacional de la Agencia de Regulación y Control  Postal, es el encargado de sustanciar el procedimiento  administrativo sancionador y de aplicar el régimen  sancionatorio previsto en la Ley (…)”;

 

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva–ERJAFE dispone  que, las atribuciones propias de las diversas entidades  y autoridades de la Administración Pública Central e  Institucional serán delegables en las autoridades u órganos  de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren  prohibidas por ley o por decreto, la delegación será  publicada en el Registro Oficial;

 

Que, mediante Resolución Nro. DIR-ARCP-001-2015-001  de 17 de noviembre de 2015, el Directorio de la Agencia de  Regulación y Control Postal designó al ingeniero Francisco  Cevallos Zambrano como Director Ejecutivo de la Entidad;

 

Que, mediante Resolución 19 DE-ARCP-2017 de 27 de  marzo de 2017, publicada en el Registro Oficial nro. 984, 13  de Abril 2017, se expidió las Disposiciones de Subrogación  encargo y delegación de atribuciones y funciones de la  Dirección Ejecutiva a la Subdirección General y otras  Direcciones de la Agencia de Regulación y Control Postal;

 

Que, mediante Resolución DIR-ARCP-02-2017-005  publicada en la Edición Especial 1027 de 16 de mayo  de 2017 se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación  y Control Postal;

 

Que, es necesario el cumplimento de las atribuciones,  funciones y competencias asignadas a la estructura  organizacional descrita en el Estatuto Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación  y Control Postal de conformidad a los ámbitos técnico,  administrativo y de gestión para brindar mayor agilidad y  atender con eficiencia, eficacia y oportunidad tanto a los  usuarios internos como externos.

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General  de los Servicios Postales el Director Ejecutivo.

 

Resuelve:

 

EXPEDIR LAS DISPOSICIONES DE SUBROGACIÓN,  ENCARGO Y DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES  Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA  A OTRAS

 

DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA  AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

 

I. SUBROGACIÓN Y ENCARGO

 

Artículo 1.- Subrogación. En caso de que el titular de la  Dirección Ejecutiva debiera ausentarse temporalmente, la  Subdirección de Gestión Técnica de la Entidad, subrogará  las atribuciones y funciones del Director Ejecutivo por el  tiempo que dure dicho ausentismo

 

 En caso que el titular de la Dirección Ejecutiva y el titular  de la Subdirección de Gestión Técnica, debieran ausentarse  temporalmente al mismo tiempo, el Director Ejecutivo  designará un funcionario que subrogará sus atribuciones y  funciones que será designado de entre los asesores o los  directores de la Agencia de Regulación y Control Postal;  y procederá conforme lo determina el artículo 126 de la  Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 270 de su  Reglamento General.

 

El funcionario subrogante, deberá velar y cumplir con los  actos y hechos que se delega en el presente instrumento,  deberá desempeñar sus funciones con estricta observancia  de las normas del ordenamiento jurídico vigente del país,  siendo personal y pecuniariamente responsables por sus  acciones u omisiones en el cumplimiento de las atribuciones  subrogadas.

 

Artículo 2.- Resolución de subrogación. La subrogación  de funciones del Director Ejecutivo se realizará a través  de una resolución, en la que dispondrá a la Unidad de  Talento Humano que realice los trámites pertinentes para  su perfeccionamiento.

 

Para la subrogación de otras direcciones o unidades será  suficiente la autorización del Director Ejecutivo y se  perfeccionará a través de una acción de personal.

 

Artículo 3.- Encargo. El encargo procederá únicamente en  el momento en que uno o más cargos directivos ubicados  en la escala del nivel jerárquico superior se encuentren  vacantes, por lo que se designará de entre los funcionarios  de la Entidad, de conformidad a lo que establece los  artículos 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 271  de su Reglamento General.

 

Artículo 4.- Ejercicio de las funciones. El funcionario  subrogante o encargado ejercerá todas las atribuciones y  funciones asignadas por la máxima autoridad, sin perjuicio

 de aquellas que le corresponden como titular del respectivo cargo administrativo y/o dirección técnica de área de la Agencia de Regulación y Control Postal.

 

 

II. DELEGACIÓN

 

Artículo 5.- Delegar a la Subdirección de Gestión Técnica, para que además de las atribuciones y funciones inherentes a su cargo realice lo siguiente:

 

Suscribir la autorización para inicio de las inspecciones determinadas en los literales a), b) y c) del artículo 5 del Reglamento de Inspecciones Postales.

 

Artículo 6.- Delegación. Delegar al Director Administrativo Financiero de la Agencia de Regulación y Control Postal, para que además de las funciones inherentes a su cargo, realice lo siguiente:

 

Delegación en relación a la gestión del talento humano institucional

 

Ejercer las atribuciones de empleador o autoridad nominadora en los procedimientos para autorizar y suscribir actos administrativos, contratos y todo trámite originado en la administración del talento humano de la Agencia de Regulación y Control Postal y que deba ser emitido a través de Acción de Personal, tales como: Inicio y sustanciación de sumarios administrativos, audiencias administrativas, cambios administrativos, desahucio, visto bueno, sanciones administrativas, vacaciones y sus reprogramaciones, declaración de vacantes por enfermedad o fallecimiento, desahucio y visto bueno.

 

Para la contratación por servicios ocasionales, servicios profesionales, entrega de nombramientos provisionales y definitivos, nombrar, contratar y remover al personal administrativo e incluso la aceptación de renuncia será requisito previo contar con la autorización del Director Ejecutivo.

 

Se exceptúa de esta delegación el personal comprendido dentro del nivel jerárquico superior de la Agencia de Regulación y Control Postal, que conocerá únicamente el Director Ejecutivo.

 

Autorizar o negar la elaboración de convenios de pago para la concesión de facilidades de pago a funcionarios, servidores o ex funcionarios o servidores que adeuden a la Entidad;

 

Suscribir y autorizar a los servidores públicos en cualquier modalidad con excepción a los comprendidos dentro del nivel jerárquico superior los formularios de viáticos y movilizaciones, así como los informes de las actividades y productos alcanzados en sus traslados, cuando se desplacen fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo dentro del país; y,

 

En general, ejercer todas las atribuciones delegables que según la Norma Técnica vigente y sus reformas rija para el pago de viáticos y movilizaciones para los servidores públicos.

 

b)            Delegación en relación a la gestión financiera institucional

 

Ser ordenador de todos los pagos comprometidos y necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, previo al procedimiento establecido en la normativa interna y externa vigente; y,

 

Suscribir las resoluciones de modificaciones presupuestarias e informar trimestralmente los cambios o ajustes del presupuesto institucional a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.

 

c)            Delegación en relación a la gestión de contratación pública

 

Autorizar el gasto y llevar a cabo desde su fase preparatoria, precontractual y contractual los procedimientos de contratación pública de ínfima cuantía, según lo determine la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), para la adquisición de bienes, ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre y cuando se enmarque dentro de la planificación y las necesidades institucionales;

 

Administrar y manejar los accesos, claves y usuarios del portal institucional de la Agencia de Regulación y Control Postal, creado en el Sistema Nacional de Contratación del Estado SOCE, así como los accesos en calidad de Entidad contratante al uso de las herramientas del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP;

 

Notificar a los funcionarios y/o servidores de la Agencia de Regulación y Control Postal, que han sido designados como administrador o administradores de contratos, para lo cual adjuntará una copia del respectivo contrato junto con las claves y usuarios del Sistema Nacional de Contratación del Estado SOCE que corresponda; y,

 

Autorizar o negar la elaboración de convenios de pago por transacciones o prestación de servicios o compra de bienes sujetos a entrega posterior, obligaciones pendientes de la Entidad a favor de terceros u obligaciones a favor de la Entidad por parte de terceros.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Primera: Los delegados, subrogantes y encargados en los términos de la presente Resolución actuarán de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, serán responsables por sus actos y omisiones; y, tendrán la obligación de presentar informes trimestrales  de la gestión realizada en el ejercicio de la delegación; las personas que actúen en subrogación o encargo de igual manera presentarán un informe al finalizar su gestión.

 

Segunda: Conforme lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Dirección Administrativa Financiera dará a conocer la emisión de la presente Resolución en el portal Web y en el Sistema Oficial de Contratación del Estado–SOCE.

 

Tercera: De la ejecución del presente instrumento, dentro del ámbito de las competencias que les corresponde, encárguese la Subdirección de Gestión Técnica y la Dirección Administrativa Financiera de la Agencia de Regulación y Control Postal.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera. Con el fin de precautelar la seguridad jurídica de los procedimientos realizados por el personal de la Agencia de Regulación y Control Postal, los actos, como: Proceso de contratación pública, denuncias, quejas o reclamos, iniciados anterior a la fecha de expedición de la presente Resolución, serán sustanciados con la normativa vigente a la fecha de presentación del acto ante la Agencia de Regulación y Control Postal de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y delegaciones anteriores efectuadas; los actos conocidos por la Subdirección General serán conocidos por la Subdirección de Gestión Técnica hasta su culminación.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Única. Se deroga expresamente las Resolución nro. 19-DEARCP- 2017 de 27 de marzo de 2017, publicada en el Registro Oficial 984 de 13 de abril de 2017, y todos los demás instrumentos legales en los que existan disposiciones de delegación, subrogación y encargos de menor o igual jerarquía que se opongan al presente instrumento.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a 01 de septiembre de 2017.

 

f.) Ing. Francisco Cevallos Zambrano, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Postal.

 

Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

 

No. 017-DN-DINARDAP-2017

 

Abogada Nuria Butiñá Martínez

DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO

DE DATOS PÚBLICOS

 

Considerando:

 

Que, el artículo 288 de la Norma Suprema dice: “Las  compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,  transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y  social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales,  en particular los provenientes de la economía popular y  solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades  productivas”;

 

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Registro de Datos Públicos crea la Dirección Nacional  de Registro de Datos Públicos, como organismo de derecho  público, con personería jurídica, autonomía administrativa,  técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita  al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de  la Información. Indicando que su máxima autoridad y  representante legal será la Directora o Director Nacional,  designada o designado por la Ministra o Ministro;

 

Que, el primer inciso del artículo 55 del Estatuto del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función  Ejecutiva establece: “Las atribuciones propias de las  diversas entidades y autoridades de la Administración  Pública Central e Institucional, serán delegables en las  autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las  que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…)”;

 

Que, el Estatuto Orgánico Funcional de Gestión por  Procesos de la Dirección Nacional de Registro de Datos  Públicos, expedido mediante Resolución No. 038-DN-DINARDAP-2011, de 27 de abril de 2011, publicado en  el Registro Oficial Suplemento No. 161 de 28 de junio  del mismo año, reformado mediante Resoluciones No.  092-DN-DINARDAP-2011 de 20 de septiembre de 2011,  No. 014-DN-DINARDAP-2013 de 27 de agosto de 2013  y No. 023-DN-DINARDAP-2013 de 18 de diciembre  de 2013, faculta a la infrascrita Directora Nacional para  delegar el ejercicio de sus atribuciones a los funcionarios  de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos,  cuando la gestión administrativa así lo requiera;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015 de  16 de enero de 2015, el señor ingeniero Augusto Espín  Tobar, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad  de la Información, nombró a la abogada Nuria Susana  Butiñá Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos  Públicos;

 

 

Que, el literal a) del numeral 14.2 del Art. 14 del Estatuto  Orgánico Funcional de Gestión por Procesos de la  Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta  al Director de Asesoría Jurídica para que: “Ejercer, por  delegación escrita del Director Nacional, el patrocinio  de la institución, en materia judicial y extrajudicial que  involucre defensa de los intereses de la DIRECCION  NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS (…)”;

 

 

Que, con fecha 21 de septiembre de 2017 se designa en el  cargo de Directora de Asesoría Jurídica de la Dirección  Nacional de Registro de Datos Públicos, al abogado  Guido Fabián Vallejo Galárraga, cargo que ocupa hasta la  actualidad; En ejercicio de las facultades que le otorga el Estatuto del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva  y el Estatuto Orgánico Funcional de Gestión por Procesos  de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos:

 

Resuelvo:

 

Art. 1.- Delegar al abogado Guido Fabián Vallejo  Galárraga, en su calidad de Director de Asesoría Jurídica,  para que ejerza el patrocinio de la institución, en materia  judicial y extrajudicial que involucre defensa de los  intereses de la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO  DE DATOS PUBLICOS.

 

Art. 2.- El funcionario delegado responderá personalmente  ante la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos; y  las autoridades, por los actos realizados en el ejercicio de la  presente delegación.

 

Art. 3.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la  presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Art. 4.- Encárguese la ejecución de la presente resolución a  la Dirección de Asesoría Jurídica.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 26 de  septiembre de 2017.

 

f.) Abogada Nuria Butiñá Martínez, Directora Nacional de  Registro de Datos Públicos.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE  DATOS PÚBLICOS.- Certifico que es copia auténtica del  original.- Quito, 28 de septiembre de 2017.- f.) Ilegible,  Archivo.

 

No. PEO-JURRDRI17-00000362

 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la  República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3  de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y  Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa  Privada; las administraciones públicas deben organizarse  y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir,  de esta forma, los principios de eficiencia, calidad,  coordinación, participación, planificación, transparencia y  evaluación;

 

Que, el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación  del Servicio de Rentas Internas dispone que los directores  regionales y provinciales ejercerán, dentro de su respectiva  jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna  al Director General del Servicio de Rentas Internas, con  excepción de la absolución de consultas, el conocimiento  y resolución de recursos de revisión y la expedición de  resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio  para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que, el artículo 69 de la Codificación del Código Tributario  señala que las autoridades administrativas que la ley  determine están obligadas a expedir resolución motivada,  en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta,  petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho,  presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se  consideren afectados por un acto de la Administración  Tributaria;

 

Que, los artículos 75 y 76 de la codificación ibídem disponen  que la competencia administrativa se ejerza por los órganos  que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación o  sustitución previstos por las leyes;

 

Que, el artículo 77 de la mencionada codificación  establece que cuando una ley atribuya competencia a una  administración tributaria, sin determinar la autoridad que  ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente para  conocer de los reclamos;

 

Que, el artículo 25 en concordancia con el numeral 2 del  artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley  de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece  como facultad de los directores provinciales la establecidas  para los directores regionales, entre otras, las de dirigir,  organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio  de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la  estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;

 

Que, los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén que las  atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades  de la Administración Pública Central e Institucional  serán delegables en las autoridades u órganos de inferior  jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley  o por decreto y que los delegados únicamente podrán a su  vez delegar sus competencias cuando exista autorización  expresa para el efecto;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DNRRSGE14-00904 emitida el 31 de octubre de 2014, la Directora General del  Servicio de Rentas Internas nombró a la Ing. RAQUEL  XIMENA GUZMÁN RECALDE en las funciones de  Director Provincial de El Oro del Servicio de Rentas  Internas;

 

Que, la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de  Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NACDGERCG14-00313, publicada en el Registro Oficial No.  134 de 30 de mayo de 2014, establece la conformación  de direcciones zonales y provinciales que permitan una  debida gestión tributaria y atender las necesidades de los  contribuyentes, responsables y terceros;

 

Que, a las direcciones regionales originalmente establecidas  en el Servicio de Rentas Internas, actualmente corresponden  las direcciones zonales. Dichas zonas constituyen una  instancia de actuación desconcentrada que se conforma,  primordialmente, por la unión de varias provincias. La  denominación de zonal corresponde a lo dispuesto en el  Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial  No. 205 de 02 de junio de 2010, por el cual se establecieron  las zonas administrativas de planificación;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16  -00000383, el Director General de la entidad delegó varias  de sus atribuciones al Director Provincial de El Oro y  dispuso la aplicación del artículo 77 de la Codificación  del Código Tributario, facultándose a los delegados la  posibilidad de delegar estas competencias, excepto la de  resolver los reclamos y las clausuras;

 

Que, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades otorgadas al Director Provincial de El Oro,  está la de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión  operativa y administrativa de la Dirección Provincial,  constante en el literal e) del numeral 5.1.1., Título V del  Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos,  publicado en el Registro Oficial 134 de 30 de mayo de 2014;

 

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos  servidores de la Dirección Provincial de El Oro del Servicio  de Rentas Internas, con el fin de mejorar la atención al  contribuyente, desconcentrando las funciones que estos  tienen asignadas;

 

Que, es necesario instaurar procedimientos ágiles en la  Administración Tributaria, para dotar de efi ciencia a la  atención de peticiones y solicitudes presentadas por los  sujetos pasivos; y,

 

En ejercicio de la facultad que le confiere la ley, Resuelve:

 

Artículo 1.- Delegar a los siguientes cargos de Asistencia  al Contribuyente de la Dirección Provincial El Oro del  Servicio de Rentas Internas, la atribución para suscribir  con su sola firma, dentro del ámbito de su competencia, las  siguientes funciones:

 

 

JEFE PROVINCIAL DE ASISTENCIA AL  CONTRIBUYENTE:

 

Requerimientos de información a sujetos pasivos  y terceros, relacionados a los procesos de  Comprobantes de Venta y Retención, Registro  Único de Contribuyentes, RISE, Herencias,  legados, y/o donaciones, Declaraciones y Anexos,  e Impuesto ambiental y a la propiedad de Vehículos  Motorizados;

 

Requerimientos de comparecencia a las  dependencias de la administración tributaria, de  sujetos pasivos y terceros;

 

Requerimientos de exhibición de documentos en  las dependencias de la administración tributaria, de  sujetos pasivos y terceros;

 

Oficios de inicio del procedimiento sumario para la  imposición de sanciones;

 

Oficios preventivos de clausura;

 

Requerimientos de exhibición de RUC;

 

Requerimientos de inscripción o actualización del  RUC;

 

Certificados de Cumplimiento Tributario y de  Deuda Firme;

 

Resoluciones y oficios relacionados con la  exoneración, reducción y rebaja del impuesto fiscal  sobre la propiedad de los vehículos motorizados y  el impuesto ambiental a la contaminación vehicular,  de conformidad con la normativa vigente;

 

Suscripción de resoluciones, certificados y copias  certificadas de prescripción del Impuesto a las  Herencias, Legados y Donaciones;

 

Oficios que certifican el cambio de servicio, cambio  de categoría, subcategoría y cambio de cilindraje,  relacionado al impuesto sobre la propiedad de los  vehículos motorizados;

 

Notificaciones y certificaciones respecto de:  calificación de contribuyentes especiales y artesanos  calificados facultando la emisión de comprobantes  de ventas con tarifa 0%;

 

Oficios de respuesta relacionados con autorizaciones de autoimpresoras, facturación electrónica y  establecimientos gráficos;

 

Resoluciones sancionatorias pecuniarias;

 

Resoluciones de inscripción y actualización de  oficio en el Registro Único de Contribuyentes;

 

Comunicaciones de carácter informativo a los  ciudadanos;

 

Respuestas a trámites o peticiones presentadas por  los contribuyentes o ciudadanos, que no tienen la  calidad de consultas vinculantes, relacionadas a los  procesos de Comprobantes de Venta y Retención,  Registro Único de Contribuyentes, RISE,  Herencias, legados, y/o donaciones, Declaraciones  y Anexos, Impuesto ambiental y a la propiedad de  Vehículos Motorizados;

 

Oficios que atienden solicitudes y peticiones de  información de declaraciones y copias certificadas  que realicen los contribuyentes;

 

Oficios que atiendan solicitudes y peticiones de  ampliación de plazos para el cumplimiento de los  requerimientos solicitados por la Administración  Tributaria relacionados con los procesos de  asistencia al ciudadano;

 

Oficios conminatorios tendientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales; y,

 

 

Certificaciones respecto a sociedades y personas naturales no inscritas en el Registro Único de Contribuyentes.

 

Atender las solicitudes de exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) presentadas por los ciudadanos y contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas.

 

Suscribir los oficios de aceptación de exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

 

Resoluciones de recategorización del Régimen Impositivo Simplificado.

 

Resoluciones de Levantamiento de Clausura.

 

 

ESPECIALISTA DE ASISTENCIA AL CIUDADANO:

 

Requerimientos de información a sujetos pasivos y terceros, relacionados a los procesos de Comprobantes de Venta y Retención, Registro Único de Contribuyentes, RISE, Herencias, legados, y/o donaciones, Declaraciones y Anexos, e Impuesto ambiental y a la propiedad de Vehículos Motorizados;

 

Requerimientos de comparecencia a las dependencias de la administración tributaria, de sujetos pasivos y terceros;

 

Requerimientos de exhibición de documentos en las dependencias de la administración tributaria, de sujetos pasivos y terceros;

 

Oficios de inicio del procedimiento sumario para la imposición de sanciones;

 

Oficios preventivos de clausura;

 

Requerimientos de exhibición de RUC;

 

Requerimientos de inscripción o actualización del RUC;

 

Certificados de Cumplimiento Tributario y de Deuda Firme;

 

Resoluciones y oficios relacionados con la exoneración, reducción y rebaja del impuesto fiscal sobre la propiedad de los vehículos motorizados y el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, de conformidad con la normativa vigente;

 

Suscripción de resoluciones, certificados y copias certificadas de prescripción del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones;

 

Oficios que certifican el cambio de servicio, cambio de categoría, subcategoría y cambio de cilindraje, relacionado al impuesto sobre la propiedad de los vehículos motorizados;

 

Notificaciones y certificaciones respecto de: calificación de contribuyentes especiales y artesanos calificados facultando la emisión de comprobantes de ventas con tarifa 0%;

 

Oficios de respuesta relacionados con autorizaciones de autoimpresoras, facturación electrónica y establecimientos gráficos;

 

Resoluciones sancionatorias pecuniarias;

 

Resoluciones de inscripción y actualización de oficio en el Registro Único de Contribuyentes;

 

Comunicaciones de carácter informativo a los ciudadanos;

 

Respuestas a trámites o peticiones presentadas por los contribuyentes o ciudadanos, que no tienen la calidad de consultas vinculantes, relacionadas a los procesos de Comprobantes de Venta y Retención, Registro Único de Contribuyentes, RISE, Herencias, legados, y/ o donaciones, Declaraciones y Anexos, Impuesto ambiental y a la propiedad de Vehículos Motorizados;

 

Oficios que atienden solicitudes y peticiones de información de declaraciones y copias certificadas que realicen los contribuyentes;

 

Oficios que atiendan solicitudes y peticiones de ampliación de plazos para el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la Administración Tributaria relacionados con los procesos de asistencia al ciudadano;

 

Oficios conminatorios tendientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales; y,

 

Certificaciones respecto a sociedades y personas naturales no inscritas en el Registro Único de Contribuyentes.

 

3)            AGENTE TRIBUTARIO:

 

Suscripción de certificados y copias certificadas de prescripción del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones;

 

Certificados de Cumplimiento Tributario y de Deuda Firme;

 

Certificados de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del RUC;

 

Resoluciones y oficios relacionados con la exoneración, reducción y rebaja del impuesto fiscal  sobre la propiedad de los vehículos motorizados y el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, de conformidad con la normativa vigente; y,

 

Suscripción de resoluciones, certificados y copias certificadas de prescripción del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones.

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución No. PEOJURRDRI17- 00000049 publicada en el Registro Oficial 968 de 22 de marzo de 2017.

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese, notifíquese y cúmplase.

 

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, la Ing. Raquel Guzmán Recalde, Directora Provincial de El Oro del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Machala, a 18 de septiembre de 2017.

 

Lo certifico.

 

f.) Ing. Jhonny A. Valencia Zambrano, Secretario Provincial de El Oro (S), Servicio de Rentas Internas.

 

 

No. UAFE-DG-SO-2017-0004

 

Mgs. Andrés Fabián Villavicencio Pomboza

DIRECTOR GENERAL, S UNIDAD DE ANÁLISIS

FINANCIERO Y ECONÓMICO ( UAFE)

 

Considerando:

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que el artículo 227 de la Norma Fundamental del Estado prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 802 de 21 de julio de 2016;

 

Que el artículo 11 de la norma citada instituye a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE) como una entidad técnica con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita actualmente al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya principal misión es la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y del financiamiento de delitos;

 

Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la materia, en referencia a las funciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), establece en su literal b) y k) respectivamente lo siguiente: “solicitar a los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. (…)” y “expedir la normativa correspondiente (…)”;

 

Que el artículo 13 de la Ley ibídem, determina que: “La máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es el Director General y será designado por el Presidente de la República”;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1241 de 25 de noviembre de 2016, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, designó al doctor Carlos Paúl Villarreal Velásquez, como Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);

 

Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, fue expedido con Decreto Ejecutivo No. 1331 de 23 de febrero de 2017, publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 966 de 20 de marzo de 2017; y, reformado con Decretos Ejecutivos No. 1344 de 22 de marzo de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 979 de 6 de abril de 2017 y No. 1386 de 16 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 006 de 2 de junio de 2017;

 

Que el artículo 5 del Reglamento General acerca del Sistema de prevención de Riesgos, dispone lo siguiente: “Los sujetos obligados a reportar deben desarrollar un sistema de prevención de riesgos que permita detectar casos potencialmente relacionados con el lavado de activos o el financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca el respectivo organismo de regulación al que se encuentren sujetos, que será comunicado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para su registro”;

 

Que el artículo 6 del Reglamento ut supra, determina lo siguiente: “Del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.- Los sujetos obligados a reportar deberán aprobar e implementar un Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el que deben hacer constar  las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento  y las normas emitidas por los organismos de regulación y  control correspondientes, el cual deberá ser registrado en  la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).  En relación a los sujetos obligados que no cuenta con  organismos de control, el Manual de Prevención deberá ser  aprobado y registrado ante la UAFE. El control ex post, será  realizado por el correspondiente órgano de control y en su  defecto, por la Unidad de Análisis Financiero y Económico  (UAFE). Los sujetos obligados del sistema financiero,  empresas de seguros, las bolsas y casas de valores; las  administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas  de ahorro y crédito, presentarán el Manual de Prevención  de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos  para la aprobación del respectivo órgano de control. Los  organismos de regulación y control de los sujetos obligados  en virtud de la Ley, publicarán en su sitio electrónico un  modelo de Manual de

 

Prevención de Lavado de Activos y  del Financiamiento de Delitos”;

 

Que es necesario establecer el procedimiento adminis￾trativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad  de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para  fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención  de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos  y del Financiamiento de Delitos; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley  Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del  Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de  Delitos y su Reglamento General

 

Resuelve:

 

Establecer el procedimiento administrativo para que  los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis  Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines  de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de  Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y  del Financiamiento de Delitos.

 

Artículo 1.- Para efectos de la aplicación de la presente  normativa se entenderá como Sistema de Prevención de  Riesgos (SPR) a la interrelación de elementos propios de  la institución con la Matriz de Riesgos institucional y/o  sectorial en base a los lineamientos desarrollados por su  organismo de control, que pudieren coadyuvar a prevenir el  delito de lavado de activos.

 

Los elementos que deben ser contemplados en este Sistema,  entre otros son: las Políticas de Debida Diligencia, como,  Conozca su cliente, empleado, proveedor, mercado y  corresponsal; los Objetivos Institucionales en Prevención,  orientados a mitigar los riesgos de lavado de activos;  identificación de aquellos procesos y procedimientos  vulnerables al lavado de activos, Programas de Capacitación  al personal en temas de antilavado de activos y contra el  financiamiento del terrorismo, Utilización de un software  que permita generar los reportes solicitados por la UAFE.

 

Artículo 2.- Los elementos que conforman el Sistema  de Prevención de Riesgos, deberán incorporarse al  respectivo “Manual de Prevención de Lavado de Activos  y Financiamiento de Delitos”, los mismos que deberán ser  registrados ante la UAFE.

 

 

Artículo. 3.- El procedimiento para el registro del Sistema  de Prevención de Riesgos ante la Unidad de Análisis  Financiero y Económico (UAFE), será el siguiente:

 

3.1. Los sujetos obligados a reportar que tengan  organismos de control propios, registrarán en la Unidad  de Análisis Financiero y Económico (UAFE) su Sistema  de Prevención de Riesgos, el mismo que deberá observar  los lineamientos que para el efecto establezca el respectivo  organismo de regulación al que se encuentran sujetos.

 

En estos casos el sujeto obligado deberá realizar una  petición dirigida a la Unidad de Análisis Financiero y  Económico (UAFE), requiriendo el registro; y, adjuntará  de forma digital (Cd), el Sistema de Prevención de  Riesgos (SPR).

 

3.2. Los sujetos obligados a reportar que no tengan  organismos de control propios, registrarán en la Unidad de  Análisis Financiero y Económico (UAFE) su Sistema de  Prevención de Riesgos, el mismo que deberá observar los  lineamientos que para el efecto establezca la Unidad.

 

En estos casos el sujeto obligado deberá realizar una  petición dirigida a la Unidad de Análisis Financiero y  Económico (UAFE), requiriendo el registro; y, adjuntará  de forma digital (Cd), el Sistema de Prevención de  Riesgos (SPR).

 

Artículo. 4.- El procedimiento para el registro del Manual  de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento  de Delitos ante la Unidad de Análisis Financiero y  Económico (UAFE), será el siguiente:

 

4.1. Los sujetos obligados a reportar que tengan organismos  de control propios, deberán registrar ante la Unidad de  Análisis Financiero y Económico (UAFE) su Manual de  Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de  Delitos

 

En estos casos el sujeto obligado deberá:

 

Presentar una petición dirigida a la Unidad de Análisis  Financiero y Económico (UAFE), requiriendo el  registro.

 

Acompañar copia certificada del acto administrativo  correspondiente mediante el cual el organismo de  control aprobó el Manual de Prevención de Lavado de  Activos y del Financiamiento de Delitos, en el caso de  los sujetos obligados enumerados en el artículo 6 inciso  tercero del Reglamento General

 

Adjuntar de forma digital (Cd), el Manual de Prevención  de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

 

4.2. Los sujetos obligados a reportar que no tengan  organismos de control, registrarán ante la Unidad de  Análisis Financiero y Económico (UAFE) su Manual de  Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de  Delitos.

 

En estos casos el sujeto obligado deberá realizar una petición dirigida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), requiriendo el registro y aprobación; y, adjuntará de forma digital (Cd), el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

 

Artículo 5.- El Director (a) de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a pedido de los organismos de control y/o sujetos obligados, y exclusivamente, para efectos de control ex post, emitirá certificados de registro ante esta Unidad de los Sistemas de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención de Lavado de Activos y del

 

Financiamiento de Delitos presentados por los sujetos obligados a reportar.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Los sujetos obligados a reportar que posterior al primer registro del Sistema de Prevención de Riesgos o del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, hayan reformulado, rediseñado o reformado dichos instrumentos dentro del mismo ejercicio fiscal tendrán la obligación de solicitar nuevamente la aprobación del mismo ante su organismo de control, para que a posterior sea registrada ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), siguiendo el procedimiento previsto en los artículos precedentes.

 

SEGUNDA.- Por esta primera vez, el registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tanto del Sistema de Prevención de Riesgos como del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, se realizará hasta el 31 de marzo de 2018.

 

TERCERA.- El Director (a) de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), posterior a la finalización del plazo para el registro ante esta Unidad tanto del Sistema de Prevención de Riesgos como del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, remitirá a cada organismo de control para los efectos legales pertinentes, un listado de aquellos sujetos obligados a reportar que no registraron dicho instrumento.

 

CUARTA.- Encargar la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Prevención

 

QUINTA.- Comunicar el contenido de la presente Resolución a los organismos públicos de regulación y control correspondientes.

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Suscrito en tres (3) ejemplares originales en el despacho del señor Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en Quito, Distrito Metropolitano a, 27 de septiembre de 2017.

 

f.) Mgs. Andrés Fabián Villavicencio Pomboza, Director General, S, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

 

No. CDE-EP-CDE-EP-2017-0012-R

 

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2017

 

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR

LA GERENCIA GENERAL

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, dispone que: “Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

 

Que, el Art. 227, de la Carta Constitucional dispone que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

 

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Norma Suprema dispone: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas(…);

 

Que, el Artículo. 3, número 6, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala que las empresas públicas se rigen por el siguiente principio: “6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública.”;

 

Que, el Artículo. 10 ibídem, señala que: “La o el Gerente General de la empresa pública será designado por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la República. (...)”;

 

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece: “DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: (…) 1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública...; 4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial (...)”;

 

Que, el Artículo 39 ibídem dicta “EXCEDENTES.- Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit (…)”;

 

Que, el Artículo 42 ibídem señala: “FORMAS DE  FINANCIAMIENTO.- Las empresas públicas sus  subsidiarias y filiales podrán adoptar las formas de  financiamiento que estimen pertinentes para cumplir  sus fines y objetivos empresariales, tales como: ingresos  provenientes de la comercialización de bienes y prestación  de servicios (…)”;

 

Que, el numeral 2 del artículo 16 de la Ley General de  Servicios Postales establece: “Art. 16.- Clasificación  de los servicios postales. En función de las condiciones  exigibles para su prestación, son los siguientes: “(…)  2. Servicios postales no incluidos en el Servicio Postal  Universal (SPU).- Son los servicios postales diferentes del  Servicio Postal Universal (SPU) ofrecido por operadores  postales públicos o privados, dentro de un régimen de libre  competencia, debido a sus características particulares de  especialidad, tiempos, valores agregados, envíos con datos  de entrega, informes de avance, georeferenciación, precios,  tarifas y otras características de similar naturaleza. Entre  estos servicios, se incluyen los de mensajería acelerada  o courier, los giros postales prestados por vía aérea,  transporte terrestre, marítimo o fluvial y los envíos de  encomiendas a través de empresas de transporte terrestre y  todo lo relacionado con el comercio electrónico en materia  postal”;

 

Que, el artículo 23 de la Ley General de Servicios Postales  preceptúa: “Art. 23.- Régimen tarifario. La Agencia de  Regulación y Control Postal establecerá las tarifas del  SPU. Los operadores postales para los servicios postales  no incluidos en el SPU fijarán libremente sus precios (…)”;

 

Que, el artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva señala “Las  Administraciones Públicas Central e Institucional de la  Función Ejecutiva sometidos a este Estatuto manifiestan  su voluntad jurídica de derecho público a través de actos  administrativos, actos de simple administración, hechos  administrativos, contratos administrativos y reglamentos,  sin perjuicio de recurrir a otras categorías de derecho  privado cuando tales administraciones actúen dentro de  dicho campo. De conformidad con lo que dispone la Ley  de Modernización del Estado, la extinción o reforma de  los actos administrativos se rige por lo dispuesto en este  estatuto, incluyendo los plazos para resolver y los efectos  del silencio de la administración”;

 

Que, el artículo 81 del Estatuto ibídem dispone:  “FORMACION.- Los actos normativos serán expedidos  por el respectivo órgano competente. La iniciativa para su  expedición deberá ir acompañada de los estudios e informes  necesarios que justifique su legitimidad y oportunidad (...)”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 324, del 14 de abril  de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República  del Ecuador, creó la Empresa Pública Correos del Ecuador  – CDE E. P., como Operador Público del Servicio Postal  Oficial del Ecuador; persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria,  financiera, económica, administrativa y de gestión, con  domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano,  provincia de Pichincha;

 

 

Que, el numeral 1.2 del artículo 11 del Estatuto Orgánico  por Procesos de la Empresa Pública Correos del Ecuador  CDE-E.P., establece como una de las atribuciones y  responsabilidades del Gerente General, o) Adoptar e  implementar las decisiones comerciales que permitan la  venta de productos o servicios para atender las necesidades  de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá  establecer condiciones comerciales específicas y estrategias  de negocio competitivas;

 

Que, el Directorio de la Empresa Pública Correos del  Ecuador CDE EP, mediante Resolución No. No.- DIR￾CDE-EP-017-2017, del 09 de agosto de 2017, nombró a la  Abogada Gladys Morán Ríos, Gerente General Subrogante  de la Empresa Pública mencionada;

 

Que, mediante Acción de Personal No. 07286, de 10 de  agosto de 2017, se nombró a la Abg. Gladys Antonieta  Morán Ríos, como Gerente Nacional Jurídico de la Empresa  Pública Correos del Ecuador CDE EP;

 

Que, mediante Flujo de proceso Nros: OPE-ADM-PR-04,  denominado “Admisión Internacional”; y OPE-ADM-PR-05, denominado “Nacionalización” se establece los  mecanismos operativos de admisión, nacionalización y  entrega de Pequeños Paquetes Internacionales (0 a 2.000  gr) que arriban al Ecuador mediante comercio electrónico;

 

Que, mediante memorando No. CDE-EP-GNN-2017- 0130-M de 15 de septiembre de 2017, el Gerente Nacional  de Negocios, remite el Informe Técnico elaborado por la  Ing. Jennyfer Peña, Analista de Servicios y revisado por  el Lcdo. Luis Vásquez, Director de Marketing (E), en el  que se concluye: “… En base a la situación actual del área  operativa, al levantamiento de los costos y al benchmarking  realizado, se establece que existe la necesidad de la  implementación de una tarifa que permita cubrir los costos  y generar mejoras en los procesos operativos del trámite  de nacionalización que brinda Correos del Ecuador a  la paquetería internacional de comercio electrónico en  materia postal en el rango de peso declarado hasta 2.000  gr.”.

 

En uso de las facultades legales,

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- Expedir la siguiente Tarifa por concepto de  trámites Operativos de Nacionalización de toda la paquetería  internacional relacionada con el comercio electrónico en  materia postal en el rango de peso declarado de hasta 2.000  gr., por un valor de USD $ 3.13 (Tres con 13/100 dólares de  los Estados Unidos de América) sin Incluir IVA.

 

Artículo 2.- La presente tarifa se aplicará a la paquetería  internacional relacionada con el comercio electrónico en  materia postal en el rango de peso declarado hasta 2.000  gr., que arribe al país a partir del 01 de octubre de 2017,  exceptuando envíos considerados de “Categoría A”. Artículo 3.- La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE  E.P. realizará la entrega de la paquetería en la dirección  establecida por el destinatario final.

 

Artículo 4.- Las demás tarifas no contempladas en esta  resolución no serán modificadas, y permanecerán vigentes  surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

 

Artículo 5.- Derogar y dejar sin efecto toda disposición de  igual o menor jerarquía que se oponga a esta Resolución.

 

Artículo 6.- De la ejecución de la presente Resolución que  entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición,  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,  encárguese a la Gerencia Nacional de Negocios, Gerencia  Nacional de Operaciones, Gerencia Nacional Administrativa  Financiera, Dirección de Tecnologías de la Información  y Comunicaciones y a la Dirección de Comunicación y  Asuntos Internacionales.

 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Abg. Gladys Antonieta Moran Rios, Gerente General  Subrogante.

 

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Documento  certificado.- Secretaría General.

 

No. CDE-EP-CDE-EP-2017-0013-R

 

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2017

 

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR

 

LA GERENCIA GENERAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución”;

 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna determina:  “La administración pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,  transparencia y evaluación”;

 

Que, el primer inciso del artículo 315 de la Constitución  de la República dispone: “El Estado constituirá empresas  públicas para la gestión de sectores estratégicos, la  prestación de servicios públicos, el aprovechamiento  sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el  desarrollo de otras actividades económicas…”;

 

Que, el Acuerdo de Giro Postal Internacional Urgente, en su  artículo 18 establece: “Baja de los Operadores integrantes  del Acuerdo. 18.1 Baja voluntaria.- Cualquier miembro del  Acuerdo puede abandonarlo voluntariamente previo aviso  al Gerente en un plazo de dos meses. El Gerente comunicará  la petición de baja a todos los miembros y estos cesarán  inmediatamente todo intercambio con aquel operador. El  Operador que solicita la baja se compromete a finalizar  el pago de todos los giros pendientes, cursados hasta el  momento y a realizar y abonar todas las liquidaciones  pendientes con los Operaciones miembros en los plazos  previstos en el artículo 13”;

 

Que, el artículo 13 ibídem en lo pertinente, señala: “(…)  Las liquidaciones y pagos entre operadores, por estas  remuneraciones se harán conforme la normativa de la UPU  que sea aplicable a este servicio”;

 

Que, el Reglamento Interno del Grupo de Usuarios PPS  *Clearing, en su artículo 3, señala: “1. La adhesión al Grupo  de Usuarios «PPS*Clearing» es voluntaria y está abierta a  los operadores designados de los Países miembros de la UPU  signatarios del Acuerdo y que efectúen y reciban pagos por  el intercambio de servicios postales de pago transmitidos  por medios electrónicos que el operador designado realice  sobre la base del Acuerdo y de su Reglamento”;

 

Que, el artículo 12 del mencionado Reglamento establece  el procedimiento de Renuncia: “1. Los miembros  podrán renunciar a pertenecer al Grupo de Usuarios  «PPS*Clearing», mediante aviso por escrito notificado  a la secretaría con un año de antelación como mínimo. A  solicitud de un miembro, por escrito, el Comité Directivo  podrá decidir acortar ese plazo si todos los pasos que deben  cumplirse para el retiro del miembro pueden ser ejecutados  en el plazo solicitado y si el retiro del miembro en ese  plazo no perturba las operaciones de compensación de los  demás miembros. El miembro en cuestión deberá liquidar,  a través del sistema «PPS*Clearing», todas las facturas  correspondientes a las transacciones efectuadas antes de  la fecha en que deja de ser miembro. 2. La renuncia de  un miembro será notificada a los demás miembros por la  secretaría. 3. En caso de renuncia, el depósito permanente  y el depósito de garantía serán devueltos al miembro en  cuestión, siempre que no tenga deudas en el marco del  sistema «PPS*Clearing»”;

 

Que, el Decreto Ejecutivo 324 expedido mediante Registro  Oficial No. 184 de 03 de mayo de 2010, en su artículo 1  dispone: “Créase la Empresa Pública Correos del Ecuador  -CDE E. P.-, como el Operador Público del Servicio Postal  Oficial del Ecuador, persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria  financiera, económica, administrativa y de gestión con  domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano,  provincia de Pichincha…”;

 

Que, el artículo 2 del mencionado Decreto al describir el  objeto de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP,  determina: “(…) 5. Implementar las decisiones comerciales  que permitan la venta de productos o servicios postales  para atender las necesidades de los usuarios en general  y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas (…)”;

 

Que, el artículo 11 de la Ley ibídem establece: “DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública…”;

 

Que, el artículo 3 de la Ley de Empresas Públicas al prever los principios que rigen a las Empresas Públicas establece: “(…) 6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública”;

 

Que, el literal o) del Estatuto Orgánico por Procesos de Correos del Ecuador establece como atribución del Gerente General: “Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas (…)”;

 

Que, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-E.P., mediante Resolución No. DIR CDE EP-017-2017, del 10 de agosto de 2017, resolvió nombrar como Gerente General Subrogante de la Empresa Correos del Ecuador CDE EP, a la Abogada Gladys Antonieta Morán Ríos;

 

Que, mediante Resolución No. 2010-272 de 31 de agosto de 2010, la Gerencia General de Correos del Ecuador resuelve la creación del servicio denominado “Giro Postal Internacional Urgente”;

 

Que, con Memorando Nro. CDE-EP-DM-2017-0168-M de 20 de julio de 2017, el Director de Marketing de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP solicitó a la Gerencia Nacional Jurídica la emisión de un informe jurídico para el cierre del servicio Giro Postal Internacional Urgente;

 

Que, la Gerente Nacional Jurídica de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP mediante Memorando Nro. CDE-EP-GNJ-2017-0474-M de 26 de julio de 2017, señaló: “Del análisis de los artículos transcritos del Reglamento Interno del Grupo de Usuarios PPS Clearing se colige que la adhesión al mencionado Grupo es voluntaria y está abierta a los operadores designados de los países miembros de la UPU, determinando en el mismo reglamento interno los pasos a seguir para la renuncia a pertenecer al grupo, entre los que consta la notificación de retiro, así como la obligación de liquidar, a través del sistema PPS Clearing, todas las facturas correspondientes a las transacciones efectuadas antes de la fecha en que deje de ser miembro, sin que del mencionado Reglamento se desprenda sanción alguna por dicha renuncia” y mediante Memorando Nro. CDE-EP-GNJ-2017-0476-M de 27 de julio de 2017, amplió dicho informe para señalar que se deberá además cumplir la normativa del Acuerdo de Servicio del Giro Postal Internacional Urgente;

 

Que, mediante Memorando Nro. CDE-EP-GNN-2017- 0096-M de 31 de julio de 2017, el Gerente Nacional de Negocios de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, remite al Gerente General su informe de julio de 2017, que en su parte pertinente señala: “Para el servicio Correo Giros de Correos del Ecuador CDEEP existe un competidor directo que son las entidades bancarias, mientras que una desventaja son las personas que realizan viajes y transportan dinero, una de ellas no es completamente controlable ya que se requiere un monto mínimo de transporte de valores monetarios para realizar una declaración (…). Ante estos competidores Correos del Ecuador CDE EP., se encuentra limitado, debido a la cantidad de países con los cuales mantiene el acuerdo (…) el margen de rentabilidad de las comisiones generadas por el servicio (…) ha ido disminuyendo durante los últimos dos años, teniendo para el 2016 una pérdida de $7.103, sin tomar en cuenta los depósitos que se han entregado al Grupo PPS Clearing, como garantía para que se restablezca el servicio cuando se incumplen los pagos, lo que afecta al flujo de la empresa (…)” y solicita la elaboración de la resolución para eliminación del servicio Correo Giro Internacional Urgente;

 

Que, con sumilla inserta en el Memorando Nro. CDE-EPGNN- 2017-0096-M de 31 de julio de 2017 mencionado en el considerando anterior, a través del Sistema de Gestión Documental “QUIPUX” de 31 de julio de 2017, el Gerente General de la Empresa Pública Correos del Ecuador, dispuso a la Gerente Nacional Jurídica, “Atender”;

 

Que, al ser Correos del Ecuador el Operador Público del Servicio Postal Oficial le corresponde adoptar las decisiones y establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas que permita cumplir con uno de los principales principios y obligaciones de las empresas públicas que es el preservar controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública;

 

En uso de las facultades legales previstas;

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- El retiro definitivo de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, del grupo de los operadores que conforman el Acuerdo de Servicio de Giro Internacional Urgente previo el cumplimiento del procedimiento constante en el artículo 18 del Acuerdo de Giro Postal Internacional Urgente, artículo 12 del Reglamento Interno del Grupo de Usuarios PPS *Clearing, demás normativa relacionada con dicho servicio y cronograma previsto por la Gerencia Nacional de Negocios de CDE EP.

 

Artículo 2.- Notificar al Gerente del Acuerdo de Servicio de Giro Internacional Urgente la decisión de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP en su calidad de Operador Postal Designado y solicitar a su vez, se comunique la petición de baja a todos los miembros, a fin de que estos cesen inmediatamente todo intercambio con la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP y a al igual que a todas las entidades Internacionales correspondientes.

 

Artículo 3.- Notificar a la Secretaría General del grupo de usuarios «PPS*Clearing», la decisión de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP de retirarse definitivamente del grupo de usuarios «PPS*Clearing», y solicitar la notificación de esta decisión a todos los demás miembros del grupo.

 

Artículo 4.- Delegar al Gerente Nacional de Negocios las siguientes atribuciones y responsabilidades:

 

Realizar y cumplir el procedimiento previsto en el artículo 18 del Acuerdo de Servicio del Giro Postal Internacional Urgente, relacionado con la Baja voluntaria de Operadores integrantes del Acuerdo y renuncia a pertenecer al Grupo de Usuarios «PPS*Clearing» de conformidad a lo determinado en el artículo 12 Reglamento Interno del Grupo de Usuarios PPS *Clearing.

 

Coordinar con la Dirección de Tecnologías de la Información, la desinstalación del o los Sistemas electrónicos que fueron implementados para las transferencias de dinero internacionales postales, en particular vía el sistema IFS de la UPU, o cualquier otra red y sistemas creados para el mencionado servicio.

 

Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el cierre del Servicio de Giro Internacional Urgente, para que dicha institución, adopte las acciones correspondientes para notificar a los miembros de la Unión Postal suscriptores de instrumentos internacionales relacionados con el servicio, el cierre del mismo por parte de la Empresa Pública Correos del Ecuador.

 

Coordinar con la Dirección de Comunicación y Asuntos Internacionales las acciones tendientes a informar a los usuarios sobre el cierre del servicio, entre las que deberá constar la capacitación a los servidores públicos que trabajan en las ventanillas de atención al cliente.

 

Solicitar al Comité Directivo de Usuarios «PPS*Clearing» la reducción del plazo para el retiro definitivo del grupo de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP así como la devolución del depósito permanente y el depósito de garantía.

 

Los demás trámites y acciones que se requieran para garantizar el cierre del servicio.

 

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Encárguese la ejecución de la presente resolución, que entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, a la Gerencia Nacional de Negocios en coordinación con la Dirección de Comunicación y Asuntos Internacionales, de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

 

SEGUNDA.- Se deja sin efecto la Resolución No. 2016- 272 de 31 de agosto de 2010 y todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.

 

Notifíquese y Publíquese.-

 

Documento firmado electrónicamente

 

Abg. Gladys Antonieta Moran Rios, Gerente General  Subrogante.

 

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Documento  certificado.- Secretaría General.

 

No. CDE-EP-CDE-EP-2017-0014-R

 

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2017

 

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR LA GERENCIA GENERAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador establece: “Las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal ejercerán solamente las competencias y facultades  que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán  el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución”;

 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna determina:  “La administración pública constituye un servicio a  la colectividad que se rige por los principios de la  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación”;

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República  del Ecuador manifiesta: “Las compras públicas cumplirán  con criterios de eficiencia, transparencia, calidad,  responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán  los productos y servicios nacionales, en particular los  provenientes de la economía popular y solidaria, y de las  micro, pequeñas y medianas unidades productivas”;

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del  Ecuador dispone que: “El Estado constituirá empresas  públicas para la gestión de sectores estratégicos, la  prestación de servicios públicos, el aprovechamiento  sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el  desarrollo de otras actividades económicas…”;

 

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de empresas públicas  establece: “DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE  GENERAL.- El Gerente General, como responsable  de la administración y gestión de la empresa pública,  tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Ejercer la  representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa  pública…”;

 

Que, el artículo 34 de la Ley Empresas Públicas dispone “…REGIMEN COMUN.- Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables (…)”;

 

Que, el segundo inciso del numeral 9a.- del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: “9a.- Delegación.-…Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública.- La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable.- En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.”, en concordancia con lo previsto en el artículo 61 de la misma ley y el artículo 4 de su Reglamento General;

 

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos”;

 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS.”;

 

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial”;

 

Que, los artículos 56, 57 y 28 del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Art. 56.- Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación. Art. 57.- La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya Art. 57.- La delegación  podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó. Art. 58.- INDELEGABILIDAD.- En ninguna circunstancia serán delegables las competencias constitucionales del Presidente y Vicepresidente de la República”;

 

 

Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado en su inciso final del numeral 200-05, establece “Delegación de autoridad.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 324 de 14 de abril de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., como Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha;

 

Que, a través de Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017, la Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador resolvió delegar varias atribuciones a las Gerencias Nacionales, Regionales y Jefaturas Provinciales;

 

Que, mediante memorando No. CDE-EP-DTH-2017- 0814-M de 19 de septiembre de 2017, la Gerente Nacional Administrativa Financiera solicitó a la Gerente Nacional Jurídica Subrogante, a fin de precautelar la correcta operatividad del referido acto administrativo, gentilmente solicito se proceda a emitir una reforma a la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017; y,

 

Que, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-E.P., mediante Resolución No. DIR CDE EP-017-2017, del 09 de agosto de 2017, nombró a la abogada Gladys Antonieta Morán Ríos, como Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P;

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- Reformar los numerales 1, 6, 7 y 9 del artículo 2 de la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017 con relación a la delegación a el/la Director/a Administrativo/a, por lo siguiente:

 

La facultad para revisar, autorizar, disponer, suscribir y presidir los procedimientos precontractuales de adquisiciones por Catálogo Electrónico de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P., e Ínfima Cuantía de la matriz (Quito), según establece la normativa vigente.

 

6.             Aprobar la gestión de gasto de servicios básicos, tasas e impuestos de matriz (Quito).

 

7.             Solicitar el pago de los servicios básicos, tasas e impuestos de la matriz (Quito).

 

9.             Solicitar el pago de catálogos electrónicos e ínfimas cuantías que corresponden a la matriz (Quito).

 

Artículo 2.- Reformar los numerales 2, 5 y 7 del artículo 3 de la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017 con relación a la delegación a los Gerentes Regionales, por lo siguiente:

 

La facultad de preparar y presentar ofertas, suscribir órdenes de servicio, oficios, actas, contratos y, en general todo documento concerniente a la fase precontractual y contractual, dentro de los procesos de Contratación Pública iniciados por las diversas empresas públicas o instituciones del estado en los cuales la Empresa comparezca o participe como oferente y entidad contratista prestadora de: SERVICIOS POSTALES tales como: EMS (Express Mail Service), Certificado, Ordinario, Distribución de compras, Correspondencia Masiva, Notificaciones, Citaciones, Volanteo, Cartero In-situ, Exporta fácil, Correo Giros, Urgente Internacional; SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA tales como: Flete Corporativo, Logística Integrada de Documentos y Lectofacturación, en sus respectivas jurisdicciones a excepción de la provincia de Pichincha incluida la ciudad de Quito para la Gerencia Regional 1.

 

5.             La facultad para revisar, autorizar, disponer y suscribir los procedimientos de contratación de ínfima cuantía dentro de su jurisdicción según establece la normativa vigente y nombrar responsable de las órdenes de compra.

 

7.             Suscribir los diferentes contratos de servicios y descuentos, que la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. negocie con personas naturales o jurídicas de derecho privado. Siendo competencia exclusiva en la provincia de Pichincha incluida la ciudad de Quito el/la Gerente Regional 1 para la facultad de preparar y presentar ofertas, suscribir órdenes de servicio, oficios, actas, contratos y, en general todo documento concerniente a la fase precontractual y contractual, con las diversas personas naturales o jurídicas de derecho privado.

 

Artículo 3.- Reformar el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017 con relación a los Jefes Provinciales, por lo siguiente:

 

La facultad para revisar, autorizar, disponer y suscribir los procedimientos de contratación de ínfima cuantía dentro de su ámbito de jurisdicción según establece la normativa vigente y nombrar responsable de las órdenes de compra.

 

Artículo 4.- Reformar el numeral 1 del artículo 8 de la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017 con relación a el/la Director/a de Ventas, por lo siguiente:

 

La facultad de preparar y presentar ofertas, suscribir órdenes de servicio, oficios, actas, contratos y, en general todo documento concerniente a la fase precontractual y contractual, dentro de los procesos de Contratación Pública iniciados por las diversas empresas públicas o instituciones del estado en los cuales la Empresa comparezca o participe como oferente y entidad contratista prestadora de: SERVICIOS POSTALES tales como: EMS (Express Mail Service), Certificado, Ordinario, Distribución de compras, Correspondencia Masiva, Notificaciones, Citaciones, Volanteo, Cartero In-situ, Exporta fácil, Correo Giros, Urgente Internacional; SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA tales como: Flete Corporativo, Logística Integrada de Documentos y Lectofacturación, en la provincia de Pichincha incluida la ciudad de Quito.

 

Artículo 5.- Elimínese el numeral 1 del artículo 7 y el número 2 del artículo 8 de la Resolución No. CDE-EP- 2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017.

 

Artículo 6.- En todo lo demás se ratifica lo establecido en la Resolución No. CDE-EP-2017-0010-R de 08 de septiembre de 2017.

 

Artículo 7.- Esta resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

 

Documento firmado electrónicamente Abg. Gladys Antonieta Moran Rios, Gerente General Subrogante.

 

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Documento certificado.- Secretaría General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-712

 

Gabriel Solís Vinueza

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

 

Considerando:

 

Que, mediante resolución No. SBS-INJ-2007-274 de 10 de abril del 2007, la licenciada en actuaria, Laura Piedad Lalama Hidalgo obtuvo la calificación para realizar estudios actuariales en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social, bajo el control de la Superintendencia de Bancos;

 

Que el segundo inciso del artículo 3, del capítulo I “Normas para la calificación de los profesionales que realizan estudios actuariales y requisitos técnicos que deben constar en sus informes”, establece que las firmas o profesionales calificados por la Superintendencia de Bancos, que hayan permanecido sin actividad por un período de dos o más años, tendrán que rehabilitar su calificación;

 

Que la licenciada en actuaria, Laura Piedad Lalama Hidalgo, en comunicación de 21 de julio del 2017, ha solicitado la rehabilitación de la calificación para realizar estudios actuariales en las instituciones que integran el sistema nacional de seguridad social;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

 

Que la disposición transitoria segunda de la Resolución No. 385-2017-A, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 22 de mayo del 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio del 2017, establece que las disposiciones de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, quedarán derogadas en el plazo de 90 días;

 

Que el artículo 1, del capítulo I de las “Normas para la calificación de los profesionales que realizan estudios actuariales y requisitos técnicos que deben constar en sus informes”, establece los requisitos para los profesionales que realizan estudios actuariales;

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-1046-M de 31 de agosto del 2017, se señala que la licenciada en actuaria, Laura Piedad Lalama Hidalgo cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y resolución ADM-2016-13306 de 22 de febrero de 2016,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la licenciada en actuaria, Laura Piedad Lalama Hidalgo, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170198045-8, para realizar estudios actuariales en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social, bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de profesionales que realizan estudios actuariales y se mantenga el número de registro No. PEA-2007-008.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete.

 

 

f.) Ab. Gabriel Solís Vinueza, Director de Trámites Legales.

 

 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete.

 

 

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fi el copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017.

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-728

 

Gabriel Solís Vinueza

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

 

Considerando:

 

Que el arquitecto Oswaldo William Coronel Salazar, ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

 

Que la segunda disposición transitoria de la Resolución No. 385-2017-A expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 22 de mayo del 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio del 2017, establece que las disposiciones de la Codificación de Resoluciones quedarán derogadas en el plazo de 90 días;

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017- 1068-M de 4 de septiembre del 2017, se señala que, el arquitecto Oswaldo William Coronel Salazar cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y de la subrogación conferida mediante resolución No. ADM-2017-13683 de 14 de julio de 2017;

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al arquitecto Oswaldo William Coronel Salazar portador de la cédula de ciudadanía No. 170440458-9, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles, en las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2017-1860 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Gabriel Solís Vinueza, Director de Trámites Legales.

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-793

 

Gabriel Solís Vinueza

DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES

 

Considerando:

 

Que mediante resolución No. SB-INJ-DNJ-2015-204 de 23  de marzo del 2015, el tecnólogo en administración aduanera  Pablo César Pavón Espín obtuvo la calificación para ejercer  el cargo de perito valuador de vehículos en las instituciones  que se encuentran bajo el control de la Superintendencia  de Bancos;

 

Que el tecnólogo en administración aduanera Pablo César  Pavón Espín, en comunicación de 3 de agosto del 2017,  ha solicitado la calificación como perito valuador de bienes  inmuebles y con comunicación de 4 de septiembre del 2017,  completa la documentación requerida para su calificación;

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico  Monetario y Financiero, publicado en el Segundo  Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de  septiembre del 2014, establece dentro de las funciones  otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación  de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico  Monetario y Financiero dispone que, las resoluciones  que constan en la Codificación de Resoluciones de la  Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta  Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se  oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario  y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación  Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según  el caso;

 

Que la segunda disposición transitoria de la Resolución No.  385-2017-A expedida por la Junta de Política y Regulación  Monetaria y Financiera el 22 de mayo del 2017, publicada  en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de  26 de junio del 2017, establece que las disposiciones de la  Codificación de Resoluciones quedarán derogadas en el  plazo de 90 días;

 

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la  calificación y registro de peritos avaluadores”, establece los  requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

 

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-1113-M de  13 de septiembre del 2017 se señala que, el tecnólogo en  administración aduanera Pablo César Pavón Espín cumple  con los requisitos establecidos en la norma citada en el  considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora  como deudor directo o indirecto y no registra cheques  protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

 

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor  Superintendente de Bancos, Encargado, mediante  resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y  resolución ADM-2016-13306 de 22 de febrero de 2016;

 

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al tecnólogo en administración aduanera PABLO CÉSAR PAVÓN ESPÍN, portador de la cédula de ciudadanía No. 171658669-6, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el trece de septiembre del dos mil diecisiete.

 

 

f.) Ab. Gabriel Solís Vinueza, Director de Trámites Legales.

 

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el trece de septiembre del dos mil diecisiete. f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-803

 

Rossana Loor Aveiga

DIRECTORA DE TRÁMITES LEGALES,

SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que la señora Daniela del Rocío Barreno Barreno, ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación como perito valuador;

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se  oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

 

Que la segunda disposición transitoria de la Resolución No. 385-2017-A expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 22 de mayo del 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio del 2017, establece que las disposiciones de la Codificación de Resoluciones quedarán derogadas en el plazo de 90 días;

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-1147-M de 19 de septiembre del 2017, se señala que, la señora Daniela del Rocío Barreno Barreno cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y de la subrogación conferida mediante resolución No. ADM- 2017-13740 de 18 de septiembre de 2017,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la señora Daniela del Rocío Barreno Barreno portadora de la cédula de ciudadanía No. 180353251-2, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles, en las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVQ-2017-1863 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Rossana Loor Aveiga, Directora de Trámites Legales, Subrogante.

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fi el copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-804

 

Rossana Loor Aveiga

DIRECTORA DE TRÁMITES LEGALES,

SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que mediante resolución No. SBS-INJ-2006-685 de 23 de noviembre del 2006, el arquitecto Jaime Eduardo Regalado Rosero obtuvo la calificación para ejercer el cargo de perito valuador de bienes inmuebles en los bancos y cooperativas que se encontraban bajo el control de la Superintendencia de Bancos; y, con resolución SB-INJ-DNJ-2014-869 de 8 de octubre del 2014, se dejó sin efecto la mencionada calificación;

 

Que el arquitecto Jaime Eduardo Regalado Rosero, en comunicación de 2 de agosto del 2017, ha solicitado la calificación como perito valuador de bienes inmuebles y con comunicaciones de 24 de agosto y 7 de septiembre del 2017, completa la documentación requerida para su calificación;

 

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

 

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que, las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

 

Que la segunda disposición transitoria de la Resolución No. 385-2017-A expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 22 de mayo del 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio del 2017, establece que las disposiciones de la Codificación de Resoluciones quedarán derogadas en el plazo de 90 días;

 

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-1148-M de 19 de septiembre del 2017 se señala que, el arquitecto Jaime Eduardo Regalado Rosero cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y de la subrogación conferida mediante resolución No. ADM- 2017-13740 de 18 de septiembre de 2017,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al arquitecto Jaime Eduardo Regalado Rosero, portador de la cédula de ciudadanía No. 040063275-8, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le mantenga el número de registro No. PA-2006-841 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Rossana Loor Aveiga, Directora de Trámites Legales, Subrogante.

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete.

 

 

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

No. SB-DTL-2017-822

 

Rossana María Loor Aveiga

DIRECTORA DE TRÁMITES LEGALES,

SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que mediante comunicación de 13 de septiembre del 2017, el licenciado Giovanny Jorge Morejón Calderón solicita la calificación como auditor interno para las entidades financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos;

 

Que el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico  Monetario y Financiero, establece que entre las funciones  de la Superintendencia de Bancos, está la calificación de los  auditores internos;

 

Que el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y  Financiero, determina los impedimentos para los auditores  internos;

 

Que mediante Resolución No. SB-2016-1193 de 21 de  diciembre del 2016, esta Superintendencia de Bancos  expidió la “Norma de Control para la Calificación de  los Auditores Internos de las Entidades de los Sectores  Financieros Público y Privado”, que establece los requisitos  necesarios para la calificación de los Auditores Internos;

 

Que el licenciado Giovanny Jorge Morejón Calderón  reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias  pertinentes; y, no registra hechos negativos en la base  de datos de operaciones activas y contingentes, cuentas  corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que mediante memorando No. SB-DTL-2017-1179-M de  22 de septiembre del 2017, se ha emitido informe favorable  para la calificación solicitada; y,

 

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor  Superintendente de Bancos, Encargado, mediante  resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y de  la subrogación conferida mediante resolución No. ADM- 2017-13740 de 18 de septiembre de 2017,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al licenciado Giovanny  Jorge Morejón Calderón, portador de la cédula de  ciudadanía No. 1707616601, para que pueda desempeñarse  como auditor interno en las instituciones financieras, sujetas  al control de la Superintendencia de Bancos.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente  resolución en el registro de auditores internos y se comunique  del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores  y Seguros.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL  REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de  Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el veinte y dos de  septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Rossana María Loor Aveiga, Directora de Trámites  Legales, Subrogante.

 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veinte  y dos de septiembre del dos mil diecisiete.

 

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que  es fi el copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna,  Secretario General (E).- 26 de septiembre de 2017.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN ESPEJO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 23 de la Constitución de la República  promulga el derecho de las personas “a acceder y participar  del espacio público como ámbito de deliberación,  intercambio cultural, cohesión social y promoción de  la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el  espacio público las propias expresiones culturales se  ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley,  con sujeción a los principios constitucionales”.

 

Que, los Arts. 238 de la Constitución de la República del  Ecuador; 1; 2 literal a); 5; y, 6 del Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía y Descentralización  (COOTAD), reconocen y garantizan a los gobiernos  autónomos descentralizados, autonomía política,  administrativa y financiera;

 

Que, los Arts. 240 de la Constitución de la República  del Ecuador; y 53 del COOTAD, otorgan a los gobiernos  autónomos descentralizados municipales, la facultad de  legislar y fiscalizar;

 

Que, el artículo 264, en el inciso final de la Constitución  de la República del Ecuador, determina que los gobiernos  autónomos descentralizados, en el ámbito de sus  competencias y territorio, y en uso de sus facultades,  expedirán ordenanzas cantonales.

 

Qué, el artículo 375 de la Constitución de la República  declara que “el Estado, en todos sus niveles de gobierno,  garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para  lo cual generará la información necesaria para el diseño  de estrategias y programas que comprendan las relaciones  entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos,  equipamiento y gestión del suelo urbano”.

 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República  señala que “el Estado central y los gobiernos autónomos  descentralizados adoptarán políticas integrales y  participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso  del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el  manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento  de zonas verdes”.

 

Que, el Artículos 7 del COOTAD Facultad normativa.- Para  el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades  que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a  los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas  de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos  y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción  territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá  al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de  gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la  Ley.

 

Que, el artículo 54 literal “m” del COOTAD: “Regular  y controlar el uso del espacio público cantonal y, de  manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad  que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes  o señalización”; en concordancia con lo establecido en  el literal “o” ibídem que dice: “Regular y controlar las  construcciones en la circunscripción cantonal, con especial  atención a las normas de control y prevención de riesgos  y desastres.

 

Que, el Art. 322 del COOTAD, dispone que  los proyectos de ordenanzas se referirán a una sola materia  y que serán sometidos a dos debates realizados en días  distintos para su aprobación;

 

Que, el Art. 56 del COOTAD determina que el concejo  municipal es el órgano de legislación y fiscalización;

 

Qué; el Articulo 57 COOTAD determina Atribuciones del  concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:  a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias  de competencia del gobierno autónomo descentralizado  municipal, mediante la expedición de ordenanzas  cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante  ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a  su favor; c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas  y contribuciones especiales por los servicios que presta  y obras que ejecute; x) Regular y controlar, mediante la  normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el  territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre  la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra.

 

Qué; el Artículo 297 del COOTAD determina Objetivos  del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio  regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene  por objeto complementar la planificación económica, social  y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las  intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo  y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes  objetivos: a) La definición de las estrategias territoriales  de uso. Ocupación y manejo del suelo en función de los  objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos.

 

Qué, el Art. 466 del Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización, determina  que dentro de las atribuciones del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal, de manera exclusiva le  corresponde el control sobre el uso y distribución del  suelo en el cantón, por lo cual los planes y políticas de  ordenamiento territorial, racionalizarán las intervenciones  en su territorio, orientando el proceso urbano y territorial  del cantón para lograr un desarrollo armónico sustentable y  sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos  naturales, la organización del espacio, la infraestructura y  las actividades conforme a su espacio físico, con el fin de  mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 388, de  fecha 03 de diciembre del 2014, fue publicada la Ordenanza  de Construcciones;

 

Que, una de las funciones del gobierno autónomo  descentralizado es regular y controlar las construcciones  en la circunscripción cantonal, con especial atención a las  normas de control y prevención de riesgos y desastres;  conforme lo dispone el literal o) del artículo 54 del  COOTAD;

 

Que, entre las funciones y competencias del gobierno  autónomo descentralizado municipal, consta establecer y  ejercer el control del régimen de uso y ocupación del suelo,  acorde a lo previsto en los Arts. 54 literal c) y 55 literal  b) del COOTAD, en concordancia con el Art. 264 de la  Constitución de la República del Ecuador; y

 

En uso de sus atribuciones contempladas en Art. 57  literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y Descentralización:

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA  DE CONSTRUCCIONES, publicada en el Suplemento  del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre  del 2014.

 

Art. 1.- El Art. 36, sustitúyase por el siguiente:

 

“Art. 36.- En caso de incumplimiento de los planos  aprobados y/o permiso de construcción, reparación,  remodelación, restauración, se procederá con la sanción  del 1% del valor de la construcción y para dicho cobro se  emitirá el respectivo Titulo de Crédito, previo al informe  emitido por la Dirección de OO-PP, del GADM-Espejo.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente ordenanza entrará en vigencia, luego de su  aprobación por parte del concejo municipal y sancionada  por ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Espejo, y su publicación en la Gaceta Oficial  y Pagina web institucional de acuerdo a lo que establece  los Arts. 322 y 324, del Código Orgánico de Organización  Territorial Autonomía y Descentralización.

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno  Autónomo Municipal del Cantón Espejo, a los 27 días del  mes de julio del 2017.

 

f.) Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del Cantón Espejo.

 

f.) Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (E) del  GADM-E.

 

CERTIFICACIÓN: Certifico.- Que la presente “LA  ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA  DE CONSTRUCCIONES, publicada en el Suplemento  del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre  de del 2014”, fue conocida, discutida y aprobada por el  concejo municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Espejo, en primer debate de sesión ordinaria  de concejo, del día 13 de julio del 2017, y en segundo y  definitivo debate en sesión ordinaria del día 27 de julio del  2017.

 

El Ángel, 28 de julio del 2017.

 

f.) Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (E) del  GADM-E.

 

Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (e) del Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, El Ángel,  08 de agosto del 2017, siendo las 12H:00, en atención a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el Art. 322, y al haberse aprobado la “LA ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014.”, remito a consideración de usted señor Alcalde del Cantón Espejo, para que proceda a su sanción y aprobación.

 

f.) Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (E) del GADM-E.

 

ALCALDIA DEL CANTÓN ESPEJO.- El Ángel, 08 de agosto del 2017, las 12H:15.

 

 

VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente “LA ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014.”, en lo principal y al amparo a lo que dispone el Art. 322, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.- SANCIONO la presente ordenanza a fin de que se ejecute desde esta misma fecha 08 de agosto del 2017, y ordeno su publicación de conformidad en lo establecido en el Art. 324, del COOTAD, en vista de haberse cumplido con todos los trámites legales.- Notifíquese.-

 

f.) Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del Cantón Espejo.

 

 

Dictó y firmó la providencia que antecede el Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del Cantón Espejo, en la ciudad de El Ángel, 08 de agosto del 2017, las 12H:15.- CERTIFICO.-

 

 

f.) Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (E) del GADM-E.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON LIMON INDANZA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y en su literal l), determina : “Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no existan una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno , así como la elaboración, manejo y expendio de víveres”.

 

Que, el Art. 57 literal c) del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización dentro de sus atribuciones faculta al Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal “Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute”

 

Que, el artículo 489 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización indica: Son fuentes de la obligación tributaria municipal o metropolitana, el contenido en el literal c): Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la facultad conferida por la Ley.

 

Que, el artículo 568, inciso primero del COOTAD, instituye sobre los servicios sujetos a tasas: Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo para la prestación del servicio contenido en éste artículo en su literal b) Rastro.

 

Que, el artículo 4, numeral 5 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor manifiesta: Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: numeral 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;

 

Que, es deber de la Municipalidad velar por el bienestar de sus habitantes, dictando ordenanzas tendientes a evitar que el consumidor sea perjudicado en su economía.

 

En uso de sus facultades y atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA

LA AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS EN LOS

MERCADOS, PLAZAS, TIENDAS Y COMERCIOS

EN DONDE SE EXPENDAN PRODUCTOS AL

POR MAYOR O MENOR DENTRO DEL CANTON

LIMON INDANZA.

 

CAPÍTULO I

 

DE LAS PESAS Y MEDIDAS

 

Art. 1.- Del registro.- Todos los expendedores de artículos sean éstos industriales, comerciales, artesanales o agropecuarios que para su comercialización necesitan cualquier tipo de pesas y medidas, se sujetarán a las condiciones de la unidad del Sistema Internacional (S. I.) de Pesas y Medidas, aprobadas por el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), las mismas que serán registradas hasta el 31 de enero de cada año en la oficina de la Comisaría Municipal, previo el pago del 1 % de un salario básico unificado de un trabajador en general, para lo cual se mantendrá un control permanente.  En el registro incluirá la determinación de la marca, número de serie de la balanza o medida, nombre de la persona, cédula de ciudadanía, dirección y nombre del establecimiento, número telefónico y características que se podrán considerar para su individualización e identificación.

 

Art. 2.- Renovación de Registro.- Es obligación de los propietarios de tiendas de abarrotes, ferreterías, almacenes de insumos, trabajadores autónomos y otros similares que expendan productos al peso en el Cantón Limón Indanza, renovar anualmente el registro de sus pesas y medidas.

 

Art. 3.- De las inscripciones.- Las inscripciones se harán hasta el 31 de enero de cada año; los expendedores que inicien sus actividades comerciales después de éste tiempo, dicho registro se hará en el lapso improrrogable de 30 días después de haber iniciado sus negocios; de no haberse inscrito en el tiempo establecido, serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el capítulo de las infracciones y sanciones.

 

Art. 4.- De la supervisión de pesas y medidas.- El Comisario Municipal, de oficio realizará periódicamente revisiones de las pesas y medidas que se están utilizando en el cantón Limón Indanza a fin de controlar el correcto funcionamiento.

 

Art. 5.- De la exhibición de precios, pesos y medidas.- Todos los locales comerciales que expendan productos tanto al por mayor o por menor, tienen la obligación de exhibir en un lugar visible la lista de productos con sus respectivos precios, pesos y medidas de acuerdo a su naturaleza. Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen.

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y

SANCIONES

 

Art. 6.- Infracciones y Sanciones.- El Comisario Municipal es la Autoridad Competente para actuar y sancionar las infracciones señaladas en la presente ordenanza.

 

Art. 7.- Lugar de Expendio.- Se prohíbe el pesaje de queso y quesillo en los domicilios o en lugares no establecidos para el comercio al por mayor; esta comercialización se la hará únicamente en el lugar establecido por la Autoridad competente.

 

La inobservancia será sancionada con un multa equivalente al 5% de un salario básico unificado de un trabajador en general. La reincidencia se sancionará con el doble de la multa interpuesta y de persistir la inobservancia al enunciado en este artículo, la sanción será del 50% del salario básico unificado del trabajador en general.

 

Art. 8.- De la Falta de Inscripción.- Se sancionará con el 5 % de un salario básico unificado de un trabajador en general a quién infrinja lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ordenanza.

 

La reincidencia a lo dispuesto en éste artículo se sancionará con el doble de la sanción impuesta anteriormente o sea el 10% del salario básico unificado del trabajador en general; y si incurre en esta falta por tercera ocasión con el 20% del salario básico unificado del trabajador en general y el retiro de la balanza.

 

Art. 9.- Alteración de pesas y medidas.- La alteración de las pesas y medidas comprobada por el funcionario Municipal ya sea por Denuncia o de Oficio, será sancionada con una multa del 10 % de un Salario Básico Unificado del trabajador en general, la reincidencia será sancionada con un 20% de un Salario Básico Unificado del trabajador en general, y en caso de una tercera infracción de la misma naturaleza, se sancionará con la multa del 50 % del salario básico unificado del trabajar en general y el retiro de la balanza.

 

Art. 10.- Flagrancia.- De encontrarse a los expendedores utilizando pesas y medidas que no cuenten con registro por parte de la Comisaría Municipal, y que no cumplan con las medidas oficiales Sistema Internacional (S. I.) de Pesas y Medidas, aprobadas por el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), serán decomisadas y puestas a disposición de la autoridad competente.

 

Art. 11.- Incumplimiento a la exhibición de la lista de precios.- El incumplimiento en la Exhibición de la lista de precios de los productos a comercializarse regulado en el Art. 5 de la presente ordenanza, será sancionado con el 10% del Salario Básico Unificado del Trabajador en General, la reincidencia se sancionará con el doble de la sanción interpuesta anteriormente, y de existir una tercer infracción de la misma naturaleza se sancionará con una multa del 50% de un Salario Básico Unificado de un Trabajador en General.

 

 

Art. 12.- Si se cometiera irregularidades en el peso, con conocimiento del empleado encargado de la balanza municipal o en otras, este será sancionado de acuerdo al Código de Ética del GAD Municipal de Limón Indanza.

 

CAPITULO III

 

TARIFAS POR PESAJE

 

Art. 13.- Servicio de Pesaje.- El GAD Municipal con el afán de evitar la especulación por parte de los comerciantes mayoristas, a los productores de queso y quesillo, pondrá a disposición el personal y una balanza los días sábados y domingos, para el pesaje de estos productos, y por éste servicio el usuario pagará una tarifa de acuerdo al siguiente cuadro:

 

De           0              Lb            a              50 Lb.      0.25 centavos de dólar

 

De           51            Lb            a              100 Lb.    0.50 centavos de dólar

 

De           101          Lb            a              200 Lb.    1.00 centavos de dólar

 

De           201          Lb            a              300 Lb.    1.50 centavos de dólar

 

Con el objeto de facilitar las transacciones en las ferias y mercados, el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Limón Indanza, pondrá a disposición del  público, balanzas, la misma que servirá para verificar  el peso correcto de los productos que se expenden al por  menor.

 

Art. 14.- Del horario de pesaje.-

 

Sábados de           15 H 00   a              18 H 00  

 

Domingos             de           08 H 30   a              12 H 30

 

Art. 15.- De la recaudación.- La tasa por aferición de  pesas y medidas se recaudará mediante la emisión de las  respectivas especies valoradas y el valor de las multas  establecidas en la presente Ordenanza, serán pagadas en la  Tesorería Municipal, y/o en caso de negativa del pago la  Entidad recaudará mediante el proceso de coactiva.

 

CAPÍTULO IV

 

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA, Y

PROCEDIMIENTO.

 

Art. 16.- De la jurisdicción y competencia.- La  jurisdicción y competencia administrativa, para ejercer su  control, nace del COOTAD y de esta Ordenanza.

 

Tienen jurisdicción para conocer, juzgar e imponer las  sanciones previstas en esta Ley y demás normas vigentes,  las siguientes autoridades:

 

a) El Alcalde; y,

 

b) El Comisario Municipal.

 

El Alcalde y el Comisario Municipal, tienen competencia  en todo el territorio cantonal.

 

Art. 17.- Apoyo.- Las autoridades municipales coordinarán  con el Ministerio del Interior para hacer cumplir las  disposiciones de esta ordenanza, cuando se requiera su  intervención.

 

DEL PROCEDIMIENTO

 

Art. 18.- De las Denuncias.- Las autoridades municipales  competentes para conocer las infracciones a la presente  ordenanza, actuarán de oficio, por denuncia escrita o  informe para conocer y sancionar las infracciones señaladas  en esta Ley. Las denuncias se presentarán en forma verbal  o por escrito.

 

Art. 19.- Obligación de cumplimiento.- Las autoridades  municipales señaladas en el artículo 16, que no cumplieren  adecuadamente su obligación de conocer, juzgar e imponer  las sanciones previstas en esta ordenanza, serán sancionadas  de conformidad con las normas atinentes a la materia, sin  perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales  a que hubiere lugar.

 

Se concede acción pública para denunciar cualquier  infracción a las disposiciones de la presente ordenanza

 

Art. 20.- Proceso.- Cuando se actúe de oficio o mediante  informe o denuncia, la autoridad municipal correspondiente  dictará un auto inicial que contendrá:

 

La relación sucinta de los hechos y del modo como  llegaron a su conocimiento;

 

La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que  señale domicilio para entregar las notificaciones, bajo  prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de  no comparecer;

 

La orden de agregar al expediente el informe o denuncia,  si existieren, y de que se practiquen las diligencias que  sean necesarias para comprobar la infracción;

 

El señalamiento del día y hora para que tenga lugar la  audiencia de juzgamiento; y,

 

La designación del secretario que actuará en el proceso.  Revisar Segunda Discusión.

 

Art. 21.- Conocimiento.- Corresponde conocer y resolver  las causas en primera instancia:

 

a) Al comisario municipal; y,

 

b) Al Alcalde en caso de existir apelación.

 

De no ser competente la autoridad municipal se inhibirá de  conocer la causa y la remitirá de oficio, a quien corresponda.

 

En caso de que la infracción tenga indicios de responsabilidad penal, el expediente se remitirá a la autoridad  competente.

 

Art. 22.- Citación.- La citación con el auto inicial, se  hará personalmente al infractor, en su domicilio o lugar  de trabajo; si no se le encontrare, se le citará mediante  tres boletas dejadas en el domicilio o lugar de trabajo, en  diferentes días, sentando la razón de la citación.

 

Art. 23.- Audiencia.- En la audiencia de juzgamiento,  se oirá al infractor, que intervendrá por sí o por medio  de su abogado; se recibirán las pruebas que presente y se  agregarán al proceso, de lo cual se dejará constancia en  acta firmada por el compareciente, la autoridad municipal  correspondiente y el secretario.

 

Art. 24.- Prueba.- De solicitarlo cualquiera de las partes o  de oficio, en la misma diligencia, se abrirá la causa a prueba  por el término de diez días, en la cual se practicarán todas  las pruebas que se soliciten.

 

Art. 25.- Resolución.- De no haberse solicitado que se abra  la causa a prueba, la autoridad municipal correspondiente  procederá a dictar la resolución en el término de cinco días.

 

Vencido el término de prueba y practicadas todas las  diligencias oportunamente solicitadas y ordenadas, la  autoridad municipal correspondiente dictará su resolución  dentro del término de cinco días.

 

Art. 26.- Apelaciones.- De las resoluciones del comisario municipal, podrá apelarse ante el Alcalde; siendo estas decisiones de segunda y definitiva instancia.

 

Las resoluciones podrán ser apeladas dentro del término de tres días luego de ser notificadas a las partes; la autoridad superior dentro del término de ocho días desde que avoca conocimiento deberá dictar la correspondiente resolución.

 

Únicamente podrán apelarse las resoluciones de primera instancia, las de segunda instancia causarán ejecutoria.

 

Art. 27.- Ejecución.- Una vez que la resolución esté ejecutoriada, se emitirá la orden de pago, la misma que de no ser pagada por el sujeto pasivo, será cobrada por la vía coactiva por el GAD Municipal de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 157 del Código Tributario y a los artículos 340 y 344 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el cual se le concede al Estado y a sus instituciones, acción y jurisdicción coactiva a nivel nacional.

 

Art. 28.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta Ley, se actuará de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, Código Tributario y COGEP y Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Queda derogada cualquier ordenanza que se haya dictado al respecto anteriormente y que se contraponga a lo prescrito a la presente.

 

SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Limón Indanza, a los 04 días del mes de septiembre del 2017.

 

f.) M.V.Z Freddy Torres Montenegro, Alcalde.

 

f.) Abg. Catherin Oleas Guzmán, Secretaria.

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.- CERTIFICA: Que el texto de la Ordenanza precedente fue discutido, analizado y aprobado por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Limón Indanza, en dos sesiones ordinarias de fecha 26 de septiembre del 2016 y 04 de septiembre del 2017; fecha última en que fue aprobado su contenido definitivamente. General Plaza, cantón Limón Indanza, 04 de septiembre del 2017 a las 17h00.

 

Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Catherin Oleas Guzmán, Secretaria del Concejo. 

 

SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA: En uso de las atribuciones legales que me confiere el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito a su autoridad tres ejemplares originales, de la “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS EN LOS MERCADOS, PLAZAS, TIENDAS Y COMERCIOS EN DONDE SE EXPENDAN PRODUCTOS AL POR MAYOR O MENOR DENTRO DEL CANTON LIMON INDANZA”, aprobada por el Concejo Municipal en dos sesiones ordinarias de fecha 26 de septiembre del 2016 y 04 de septiembre del 2017; fecha última en que fue aprobado su contenido definitivamente, para que de acuerdo a su acertado criterio, proceda a aprobarla u observarla de conformidad con la ley. General Plaza, cantón Limón Indanza, 05 de septiembre del 2017 a las 09h00.

 

Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Catherin Oleas G., Secretaria del Concejo.

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal por cuanto se ha emitido de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, SANCIONO la “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS EN LOS MERCADOS, PLAZAS, TIENDAS Y COMERCIOS EN DONDE SE EXPENDAN PRODUCTOS AL POR MAYOR O MENOR DENTRO DEL CANTON LIMON INDANZA”, para que entre en vigencia a partir de su Publicación en el Registro Oficial. General Plaza, cantón Limón Indanza, 08 de septiembre del 2017 a las 12h00.

 

f.) Mvz. Freddy Torres Montenegro, Alcalde de Limón Indanza.

 

 

Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede, el Médico Veterinario Zootecnista Freddy Torres Montenegro, Alcalde del cantón Limón Indanza, en fecha y hora señalada. General Plaza, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, 08 de septiembre del 2017, a las 12h30.

 

Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Catherin Oleas G., Secretaria del Concejo.

 

 

 

 

 

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