Registro Oficial No.86-Lunes 25 de septiembre de 2017

Lunes, 25 de septiembre de 2017

Última modificación: Viernes, 29 de septiembre de 2017 | 11:53

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 25 de Septiembre de 2017 (R. O. SP 86, 25-septiembre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República del Ecuador:

 

Ejecutivo:

 

Decretos               

 

154

Declárese en comisión servicios a la comitiva oficial que acompañó al señor Presidente Constitucional de la República en su desplazamiento ciudad de Nueva York- Estados Unidos

               

155

Acéptese la renuncia del doctor Andrey Astaiza Vallejo como miembro de la Comisión Gestora de Universidad de las Artes

               

156

Ratifíquese el contenido del ?Convenio entre Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo ?

               

157

Ratifíquese el contenido del ?Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica?

               

158

Declárese el estado de excepción en el área minera de Portovelo - Zaruma, provincia de El Oro

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

 

Resoluciones       

 

154-2017

Nómbrense secretarios relatores de las cortes provinciales de Loja y de Cotopaxi

               

155-2017

Apruébense los informes técnicos y desígnense notarios suplentes a nivel nacional

               

156-2017

Resuélvese el cambio de provincia de la doctora Silvana María Cuaical Galárraga, del Banco de Elegibles de la provincia de Imbabura, a la provincia de Carchi; y refórmese la Resolución 022-2015, de 12 de febrero de 2015

               

157-2017

Refórmese la Resolución 131-2012, de 10 de octubre de 2012

 

159-2017

Nómbrese Coordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia

 

CONTENIDO


 

N° 154

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 147 número 5) de la Constitución de la República del Ecuador, y el Artículo 11 letra f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo Primero.- Declarar en comisión de servicios a la comitiva oficial que acompañará al señor Presidente Constitucional de la República en su desplazamiento a la ciudad de Nueva York-Estados Unidos del 18 al 24 de septiembre de 2017, con motivo de participar en el 72° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-:

 

Señora Rocío González de Moreno, Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan ?Toda Una Vida?;

 

Doctora María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;

 

Magíster Pablo Campana Sáenz, Ministro de Comercio Exterior; y,

 

Licenciado Alex Mora Moya, Secretario Nacional de Comunicación.

 

Artículo Segundo.- Las delegaciones y atribuciones de los señores Ministros, en su ausencia, se regirán a lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Artículo Tercero.- Los viáticos y más gastos que demanden estos desplazamientos, se cubrirán con cargo a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de esta comitiva.

 

Artículo Cuarto.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de septiembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 15 de septiembre del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

N° 155

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que Presidente de la República ejerce la función Ejecutiva, es Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de administración pública;

 

Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece entre las atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;

 

Que el artículo 26 de la Constitución de la República señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, a la vez de constituir un área protegida de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir;

 

Que la Ley de Creación de la Universidad de las Artes, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 145 del 17 de diciembre del 2013, establece las competencias y responsabilidades de la Comisión Gestora;

 

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, señala que el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el periodo de transición señalado, como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. Esta Comisión, además desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose  de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución. Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y máximo de siete integrantes, de los cuales al menos tres deberán tener derecho a voto; y,

 

Que el Dr. Andrey Astaiza Vallejo ha presentado su renuncia como miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes.

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del Dr. Andrey Astaiza Vallejo como miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes.

 

Artículo 2.- Designar como miembro con derecho a voto de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes al Dr. Raúl Enrique Vallejo Corral.

 

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, a 13 de septiembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 15 de septiembre del 2017, certifico que el que antecede es fi el copia del original.

 

Documento fi rmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

N° 156

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que según el artículo 418 de la Constitución de la República, al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo?, fue suscrito en la ciudad de Ottawa, el 8 de junio del 2016;

 

Que de conformidad con el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  previo a la ratificación por el Presidente de la República, los  tratados internacionales deben ponerse en conocimiento de  la Corte Constitucional, para que esta resuelva si requieren  o no aprobación legislativa;

 

Que el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión del 8  de marzo del 2017, declaró mediante Dictamen número  003-17-DTI-CC emitido dentro del Caso número 0008-16- TI, que el instrumento internacional sometido a análisis  requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea  Nacional y que las disposiciones contenidas en este son  compatibles con la Constitución de la República del  Ecuador; y,

 

Que el 5 de septiembre del 2017, la Asamblea Nacional se  pronunció resolviendo la aprobación del ?Convenio entre  el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de  Canadá sobre Transporte Aéreo?

 

En ejercicio de la atribución conferida por el numeral 10 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Ratificar el contenido del ?Convenio  entre el Gobierno de la República del Ecuador y el  Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo ?, suscrito en  la ciudad de Ottawa, el 8 de junio del 2016.

 

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará  en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,  de su ejecución encárguese a la Ministra de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de septiembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 15 de septiembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original. Documento firmado electrónicamente  

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  

 

N° 157

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que según el artículo 418 de la Constitución de la República,  al Presidente de la República le corresponde suscribir o  ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

Que el ?Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica?, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 1 de abril del 2011;

 

Que según el Artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, previo a la ratificación por el Presidente de la República, los tratados internacionales deben ponerse en conocimiento de la Corte Constitucional, para que esta resuelva si requieren o no aprobación legislativa;

 

Que el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión del 25 de abril del 2013, declaró mediante Dictamen número 011-13-DTI-CC emitido dentro del Caso número 0023-11- TI, que el instrumento internacional sometido a análisis requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional y que las disposiciones contenidas en este son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que el 15 de agosto del 2017, la Asamblea Nacional se pronunció resolviendo la aprobación del ?Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica?; y,

 

En ejercicio de la atribución conferida por el numeral 10 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Ratificar el contenido del ?Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica?, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 1 de abril del 2011.

 

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, de su ejecución encárguese a la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de septiembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 15 de septiembre del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDIC

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

N° 158

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

 

Que el artículo 32 ibídem reconoce que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;

 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, en los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas;

 

Que el artículo 73 de la Constitución dispone, que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Norma Suprema, es responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar las decisiones vinculadas a defender la integridad territorial de Ecuador y sus recursos naturales; colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; respetar los derechos de la naturaleza; preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

 

Que el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y oportunas;

 

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; y que el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos a través del organismo técnico establecido en la ley;

 

Que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo  11 literal d, determina que la rectoría para la prevención y las  medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de  origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad,  las ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de  Gestión de Riesgos;

 

Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de  Seguridad Pública y del Estado en su artículo 3 literales  a y f, se menciona que el órgano ejecutor de Gestión de  Riesgos tiene entre sus competencias: identificar los riesgos  de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad  que afectan o puedan afectar al territorio ecuatoriano; así  como la de coordinar los esfuerzos y funciones entre las  instituciones públicas y privadas en las fases de prevención,  mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la  recuperación y desarrollo posterior;

 

Que se registran hasta la presente fecha múltiples  detonaciones que alcanzan la superficie donde se asienta la  población del casco urbano de Zaruma, siendo percibidas  por la misma. Esta información es registrada por las  instituciones que conforman los COE cantonales, entre  otras la Agencia de Regulación y Control Minero;

 

Que la zona de El Oro se encuentra influenciada por un nido  sísmico generado por el movimiento de las fallas activas de  Machala, Ponce Enriquez, Celica y Girón, que se encuentran  entre 30 a 50 Km de distancia de Zaruma. De acuerdo con  los datos obtenidos del IG-EPN (2014), los valores de PGA  (m/s 2 ) , ubican a Zaruma en una zona con niveles de alta  sismicidad con valores de aceleración de roca de 0.35g. Por  lo tanto, se prevé la posible ocurrencia de sismos fuertes  que pueden ser el detonante para hundimientos de terreno;

 

Que según el informe técnico previo a la declaratoria de  Estado de Excepción de la Zona Urbana del Cantón Zaruma  de 14 de septiembre del año en curso, elaborado por la  Secretaría de Gestión de Riesgos, para la actividad minera  subterránea, de extracción de minerales se construye  cavidades horizontales y verticales (galerías y chimeneas),  que, al no ser construidas adecuadamente, es decir con  entibados o pilares, dejan sin soporte a los materiales  que se hallan en la parte superior, generando una alta  susceptibilidad de que se produzcan desplomes de material  en el interior o colapsos como el ocurrido en la Escuela La  Inmaculada;

 

Que la Secretaria de Gestión de Riesgos mediante Oficio  Nro. SGR-SGR-2017-1005-O, sostiene que el advenimiento  de la época invernal que inicia a finales del mes de diciembre  y se prolonga hasta el mes de abril (invierno normal),  producirá lluvias cuyas aguas, se infiltrarán en el suelo y  subsuelo, aumentando el peso de la masa, y con esto, la  posibilidad de que se generen deslizamientos, colapsos o  subsidencias. Asimismo, de ocurrir un sismo, incluso con  una magnitud moderada, existe la posibilidad de que por  efecto del paso de las ondas sísmicas (vibraciones), se  desestabilicen aún más los materiales rocosos alterados  y meteorizados que existen bajo la ciudad de Zaruma,  provocando deslizamientos, colapsos o subsidencias; y,

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos  164, 165 y 166 de la Constitución de la República; y, 29 y  36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

 

Decreta:

 

Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción en el área  minera de Portovelo- Zaruma, provincia de El Oro, por las  actividades de minería desarrolladas en la zona, que podrían  provocar daños irreparables a la población que reside en el  sector, a fin de prevenir, cesar y eliminar las actividades  mineras que se desarrollen en aquella zona y que pongan  en grave riesgo sus habitantes, a fin de precautelar el acceso  efectivo a sus derechos.

 

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo  el territorio nacional hacia el área minera de Portovelo?Zaruma, de tal manera que todas las entidades de la  Administración Pública Central e Institucional, en especial  las fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el gobierno  autónomo descentralizado de la zona de la provincia  afectada, deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar  las acciones necesarias e indispensables para mitigar y  prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar  las condiciones adversas.

 

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a  la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de la  población ubicada en el área minera Portovelo-Zaruma. Los  Ministerios del Interior y de Defensa determinarán la forma  de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

 

Artículo 4.- DISPONER las requisiciones a la que haya  lugar para solventar la emergencia producida.

 

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad  y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico  aplicable para esta situación,

 

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos  suficientes para atender la situación de excepción.

 

Artículo 6.- El estado de excepción regirá durante sesenta  días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El  ámbito territorial de aplicación se circunscribe dentro de las  siguientes coordenadas UTM WGS84:

 

 

 

Coordenadas UTM WGS84

 

Vértice

X

Y

1

652762

9592613

2

655317

9592621

3

655325

9588875

4

652769

9588867

 

Artículo 7.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de  excepción a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional  y a los organismos internacionales correspondientes.

 

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del  derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito  de la población que reside en la área minera de Portovelo-Zaruma, provincia de El Oro a la Organización de Naciones  Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

 

Artículo 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo  que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición,  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,  encárguense a los ministros: del Interior, Minería, Ambiente,  Defensa, Economía y Finanzas, Inclusión Económica y  Social; y la Secretaria de Gestión de Riesgos.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de septiembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 15 de septiembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  

 

No. 154-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador, prescribe: ?El Consejo de la Judicatura es el  órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial?;

 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República  del Ecuador, prevé: ?Para el ingreso a la Función  Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad,  probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y  participación ciudadana??;

 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República  del Ecuador, expresa:  ?Los requisitos y procedimientos  para designar servidoras y servidores judiciales  deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,  impugnación y control social; se propenderá a la paridad  entre mujeres y hombres.?;

 

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador contemplan como funciones  del Consejo de la Judicatura: ?1. Definir y ejecutar las  políticas para el mejoramiento y modernización del sistema  judicial. (?) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces  y demás servidores de la Función Judicial, así como, su  evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán  públicos y las decisiones motivadas. (?) 5. Velar por la  transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de la Función  Judicial, establece: ?En los concursos para el ingreso  a la Función Judicial y en la promoción, se observarán  los principios de igualdad, probidad, no discriminación,  publicidad, oposición y méritos??;

 

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función  Judicial, señala: ?El perfil de las servidoras o servidores  de la Función Judicial deberá ser el de un profesional  del Derecho con una sólida formación académica; con  capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con  trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado  al servicio de la justicia, con vocación de servicio  público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y  compromiso con el cambio institucional de la justicia.?;

 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función  Judicial, menciona: ?Todo ingreso de personal a la  Función Judicial se realizará mediante concurso público  de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación,  control social y se propenderá a la paridad entre mujeres  y hombres??;

 

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función  Judicial, manifiesta: ?(?) Los que aprobaren el curso de  formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en  los concursos de oposición y méritos y sin embargo no  fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que  tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a  quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden  de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban  reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o  contingencia.

 

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

 

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de  elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el  reglamento respectivo??;

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función  Judicial, dispone: ?Los resultados de los concursos y  de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la  Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades  nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar,  para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido  el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de  promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,  mínima y máxima, correspondiente. Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma  categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que  hayan obtenido los puntajes que siguen al primero?;

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos??;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir (?) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de mayo de 2014, mediante Resolución 084-2014, publicada en el Registro Oficial No. 275, de 25 de junio de 2014, resolvió: ?EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL; SECRETARIAS Y SECRETARIOS RELATORES DE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL; Y, SECRETARIAS Y SECRETARIOS RELATORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?;

 

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 2 de junio de 2014, resolvió: ?Aprobar la Convocatoria al Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y Designación de Secretarias y Secretarios de Juzgados y Unidades Judiciales a Nivel Nacional; Secretarias y Secretarios Relatores de las Cortes Provinciales a Nivel Nacional; y, Secretarias y Secretarios Relatores de la Corte Nacional de Justicia?;

 

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de abril de 2015, mediante Resolución 092-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 519 de 10 de junio de 2015, resolvió: ?APROBAR EL LISTADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL; SECRETARIAS Y SECRETARIOS RELATORES DE LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL; Y, SECRETARIAS Y SECRETARIOS RELATORES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA; Y, DECLARAR ELEGIBLES A LAS Y LOS POSTULANTES DE ESTE CONCURSO?;

 

 

Que, mediante Memorandos CJ-DNTH-SA-2017-4242, de 16 de agosto de 2017; y, CJ-DNTH-SA-2017-4254, de 17 de agosto de 2017, suscritos por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, remitió a la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el: ?Nombramiento de Secretario  Relator de Corte Provincial Loja constante de la Resolución 092-2015?; y, ?Nombramiento de Secretario Relator de Corte Provincial Cotopaxi constante de la Resolución 092- 2015?; y, los proyectos de resoluciones correspondientes;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-4036, de 22 de agosto de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-973; y, CJ-DNJ-SNA-2017-974, de 21 de agosto de 2017, suscritos por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contienen los proyectos de resolución para: ?Nombrar Secretario Relator de Corte Provincial de Loja?; y, ?Nombrar Secretario Relator de Corte Provincial de Cotopaxi?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

NOMBRAR SECRETARIOS RELATORES

DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA

Y DE LA CORTE PROVINCIAL DE COTOPAXI

 

Artículo 1.- Nombrar Secretarios Relatores de la Corte  Provincial de Loja y de la Corte Provincial de Cotopaxi, de  acuerdo con el anexo que forma parte de esta resolución.

 

Artículo 2.- Delegar la asignación de dependencias y la  posesión de estos funcionarios a la Dirección Nacional de  Talento Humano y a las Direcciones Provinciales de Loja y  Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus  competencias.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a  cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección  General y la Dirección Nacional de Talento Humano y las  Direcciones Provinciales de Loja y Cotopaxi del Consejo  de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de  su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro  oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro  de septiembre de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Ab. Alba Jácome Grijalva, Secretaria General Ad-hoc.

 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  aprobó esta resolución el cuatro de septiembre de dos mil  diecisiete.

 

f.) Ab. Alba Jácome Grijalva, Secretaria General Ad-hoc.

 

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 154-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

 

f.) Ab. Alba Jácome Grijalva, Secretaria General Ad-hoc del Consejo de la Judicatura. 

 

 

 


 

No. 155-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador; dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el  órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador, establecen: ?Serán funciones  del Consejo de la Judicatura además de las que determine la  ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento  y modernización del sistema judicial. (?); y, 5. Velar por la  transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República  del Ecuador, manifiesta: ?Las notarias y notarios son  depositarios de la fe pública; serán nombrados por el  Consejo de la Judicatura previo concurso público de  oposición y méritos, sometido a impugnación y control  social??;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función  Judicial, determina: ?Con el fin de garantizar el acceso  a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial  y los demás principios establecidos en la Constitución  y este Código, dentro de los grandes lineamientos del  Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función  Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán  formular políticas administrativas que transformen la  Función Judicial para brindar un servicio de calidad de  acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la  Función Judicial, expresa que las notarias y los notarios son  parte integrante de la Función Judicial;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, señala: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano  único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial??;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de  la Función Judicial, prescribe que al Pleno del Consejo de la  Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, (?) resoluciones  de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley,  para la organización, funcionamiento, responsabilidades,  control y régimen disciplinario; particularmente para velar  por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prevé: ?El Notariado es un órgano auxiliar de  la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el  desempeño de una función pública que la realizan las  notarias y los notarios, que son funcionarios investidos  de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los  actos, contratos y documentos determinados en las leyes  y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su  presencia??;

 

Que, el artículo 297 del Código Orgánico de la Función  Judicial, expresa: ?El Servicio Notarial se rige por la  Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás  disposiciones legales y reglamentarias.?;

 

Que, el artículo 301 del Código Orgánico de la Función  Judicial, determina: ?El servicio notarial es permanente  e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el  caso lo amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar  los actos o contratos fuera de su despacho notarial??

 

Que, el artículo 301A del Código Orgánico de la Función  Judicial, dispone: ?Cada notaria o notario titular contará  con una o un notario suplente, quien deberá reunir los  mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos  de ausencia temporal. Para tal efecto, la notaria o notario  titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de  la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente,  que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente  hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de  afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento  de requisitos.

 

La falsedad de los documentos o información  remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario  titular. La notaria o notario titular será solidariamente responsable  civil y administrativamente por las actuaciones de la  notaria o notario suplente en el ejercicio de sus funciones.

 

En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará  al titular cuando la ausencia se deba por suspensión  o destitución de la notaria o notario titular como  consecuencia de una acción disciplinaria.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de  octubre de 2014, mediante Resolución 260-2014, publicada  en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 371,  de 10 de noviembre de 2014, resolvió: ?EXPEDIR EL  REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO  DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS  SUPLENTES?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  26 de octubre de 2015, mediante Resolución 344-2015,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 630,  de 18 de noviembre de 2015, resolvió: ?REFORMAR  LA RESOLUCIÓN 260-2014 DE 14 DE OCTUBRE DE  2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO  DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL  REGLAMENTO PAR AL DESIGNACIÓN Y EJERCICIO  DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIO  SUPLENTES?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión  de 9 de mayo de 2016, mediante Resolución 085-2016,  publicada en el Registro Oficial No. 770 de 7 de junio de  2016, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260- 2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA  CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  RESOLVIÓ: ´EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA  DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS  NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES´?;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4239,  de 16 de agosto de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy  Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano,  pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  los Informes Técnicos DNTH-SNATH-388-2017; DNTH?SNATH-389-2017; y, DNTH-SNATH-390-2017 de 16 de  agosto de 2017, referentes a la designación de notarios  suplentes en las provincias de: Pichincha, Azuay y Loja;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el  Memorando CJ-DG-2017-4031, de 22 de agosto de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-975, de 21  de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  que contiene el: Proyecto de resolución para ?APROBAR  LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS  SUPLENTES A NIVEL NACIONAL?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS

Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES

A NIVEL NACIONAL

 

Artículo 1.- Aprobar los Informes Técnicos No .  DNTH?SNATH-388-2017; DNTH-SNATH-389-2017; y, DNTH?SNATH-390-2017, de 16 de agosto de 2017, contenidos en  el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4239, de 16 de agosto  de 2017 suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello,  Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la  Judicatura, referentes a la designación de notarios suplentes  en las provincias de: Pichincha, Azuay y Loja.

 

Artículo 2.- Designar notar

 

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