Registro Oficial No.82- Martes 12 de septiembre Edición Especial

Martes, 12 de septiembre de 2017

Última modificación: Jueves, 28 de septiembre de 2017 | 16:09

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Martes, 12 de Septiembre de 2017 (R. O. Ed. Esp. 82, 12-septiembre-2017)

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

SUMARIO

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

003-SGC-GADMP-2017

Cantón Pablo Sexto: Sustitutiva a la Ordenanza que regula la organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos

               

-Cantón Saraguro: Que establece el pliego tarifario para la emisión de permisos de funcionamiento anuales ocasionales, para el Cuerpo de Bomberos

               

-Cantón Tena: Que fija las tarifas del servicio de transporte terrestre comercial en taxi convencional y ejecutivo

               

-Cantón Rocafuerte: Derogatoria a la Ordenanza que regula la remisión del pago del 50% del valor de las tasas por faenamiento de ganado mayor y menor, a los expendedores organizados domiciliados en la jurisdicción cantonal

               

Ordenanza Provincial:

               

-Gobierno Provincial de Los Ríos: Que expide la segunda reforma a la Ordenanza de creación de la Empresa Pública de Fomento a las Actividades Productivas, Turísticas Agropecuarias, Habitacionales y Ambientales de la provincia de Los Ríos - PRODURIOS EP?

 

CONTENIDO


 

Nº 003-SGC-GADMP-2017

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1.- de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, Social, democrático, que se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada?.

 

Que, el artículo 3.- de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone que: ?Son deberes primordiales del  Estado:

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce  de los derechos establecidos en la Constitución y en los  instrumentos internacionales, en particular la educación,  salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para  sus habitantes?.

 

Que, el artículo 10.- de la Constitución de la República  del Ecuador, determina que: ?Las personas, comunidades,  pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán  de los derechos garantizados en la Constitución y en los  instrumentos internacionales?.

 

Que, el artículo 11.- numeral 2 de la Constitución de la  República del Ecuador define que: ?Todas las personas  son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y  oportunidades.

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar  de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad  cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación  política, pasado judicial, condición socio-económica,  condición migratoria, orientación sexual, estado de  salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por  cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o  permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o  anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de discriminación.

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que  promuevan la igualdad real en favor de los titulares de  derechos que se encuentren en situación de desigualdad;  y, el numeral 9 establece que, el más alto deber del  Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos  garantizados en la Constitución?.

 

Que, el numeral 5, del artículo 11.- de la Constitución  de la República del Ecuador establece que en materia de  derechos y garantías constitucionales, las servidoras y  servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán  aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su  efectiva vigencia;

 

Que, el numeral 8.- del artículo 11 de la Constitución de  la República del Ecuador manda que el contenido de los  derechos se desarrollará de manera progresiva a través de  las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El  Estado generará y garantizará las condiciones necesarias  para su pleno reconocimiento y ejercicio;

 

Que, el artículo 35.- de la Constitución de la República del  Ecuador, consagra que: ?Las personas adultas mayores,  niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas  con discapacidad, personas privadas de la libertad y  quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta  complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada  en los ámbitos público y privado. La misma atención  prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las  víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,  desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará  especial protección a las personas en condición de doble  vulnerabilidad?.

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de  la República del Ecuador, reconocen y garantizan los  derechos de las personas adultas mayores. Que, el artículo 39.- de la Constitución de la República  del Ecuador establece que el Estado debe garantizar  los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá  su efectivo ejercicio a través de políticas y programas,  instituciones y recursos que aseguren y mantengan de  modo permanente su participación e inclusión en todos los  ámbitos, en particular en los espacios del poder público;

 

Que, los artículos 40, 41 y 42.- de la Constitución de la  República del Ecuador, enuncia el derecho de las personas  a migrar así como ordena los derechos de las personas,  cualquiera sea su condición migratoria.

 

Que, los artículos 44, 45 y 46.- de la Constitución de la  República del Ecuador, instala los derechos de la niñez y  la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la  familia en sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo  integral de una manera prioritaria, atendiendo al principio  del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los  de las demás personas.

 

Que, los artículos 47, 48 y 49.- de la Constitución de la  República del Ecuador, reconocen los derechos para las  personas con discapacidad, garantizando políticas de  prevención y procura la equiparación de oportunidades y  su integración social.

 

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60.- de la Constitución  de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los  derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, del pueblo afro ecuatoriano,  el pueblo montubio y las que forman parte del Estado  ecuatoriano, único e indivisible.

 

Que, el artículo 70.- de la Constitución de la República  del Ecuador, define que: ?El Estado formulará y ejecutará  políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres,  a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley,  e incorporará el enfoque de género en planes y programas  y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación  en el sector público?.

 

Que, el artículo 95.- de la Constitución de la República  del Ecuador garantiza la participación de las ciudadanas  y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera  protagónica en la toma de decisiones, planificación y  gestión de los asuntos públicos, y en el control popular  de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus  representantes, en un proceso permanente de construcción  del poder ciudadano.

 

Que, el artículo 100.- de la Constitución de la República  del Ecuador establece que en todos los niveles de gobierno  se conformarán instancias de participación integradas por  autoridades electas, representantes del régimen dependiente  y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada  nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios  democráticos;

 

Que, el artículo 156.- de la Constitución de la República  del Ecuador, señala que: ?Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena  vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la  Constitución y en los instrumentos internacionales de  Derecho Humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la  formulación, transversalización, observancia, seguimiento  y evaluación de las políticas públicas relacionadas con  las temáticas de género, generacionales, interculturales y  de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la  ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con  las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos  especializados en la protección de derechos en todos los  niveles de gobierno.

 

Que, el artículo 340.- de la Constitución de la República  del Ecuador, instaura el sistema nacional de inclusión y  equidad social como el conjunto articulado y coordinado  de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y  servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad  de los derechos reconocidos en la Constitución y el  cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

 

Que, el artículo 341.- de la Constitución de la República  del Ecuador, manda que, el Estado generará las condiciones  para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus  vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos  en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad  y la no discriminación, y priorizará su acción hacia  aquellos grupos que requieran consideración especial por  la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación  o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud  o de discapacidad.  

 

La protección integral funcionará a través de sistemas  especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas  especializados se guiarán por sus principios específicos y  los del sistema nacional de inclusión y equidad social. Que, el artículo 2.- de la Convención Americana de Derechos  Humanos establece el deber de adoptar, con arreglo a los  procedimientos constitucionales y a las disposiciones de  la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter  que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y  libertades contempladas en este instrumento internacional;

 

Que, el numeral 1.- del artículo 2 del Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicado  en el Registro Oficial 101 el 24 de enero de 1966, establece  que cada uno de los Estados Partes se compromete a  adoptar medidas, tanto por separado como mediante la  asistencia y la cooperación internacionales, especialmente  económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de  que disponga, para lograr progresivamente, por todos los  medios apropiados, inclusive en particular la adopción de  medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos  aquí reconocidos;

 

Que, el numeral 4.- del artículo 24 del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y políticos manda que todo niño  tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos  de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o  social, posición económica o nacimiento, a las medidas de  protección que su condición de menor requiere, tanto por  parte de su familia como de la sociedad y del Estado;

 

Que, el numeral 1.- del artículo 3 de la Convención sobre  los Derechos del Niño de 1989, establece que en todas  las medidas concernientes a los niños que tomen las  instituciones públicas o privadas de bienestar social, los  tribunales, las autoridades administrativas o los órganos  legislativos, una consideración primordial a que se atenderá  será el interés superior del niño;

 

Que, el artículo 4.- de la Convención sobre los derechos de  las personas con discapacidad establece que los Estados se  comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de  todos los derechos humanos y las libertades fundamentales  de las personas con discapacidad sin discriminación alguna  por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes  se comprometen, entre otros, a: Adoptar todas las medidas  legislativas, administrativas y de otra índole que sean  pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos  en la presente Convención; tomar todas las medidas  pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar  o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas  existentes que constituyan discriminación contra las  personas con discapacidad; y, tener en cuenta, en todas las  políticas y todos los programas, la protección y promoción  de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

 

Que, el artículo 2.- de la Convención sobre la eliminación  de todas las formas de discriminación contra las mujeres  establece que los Estados condenan la discriminación  contra las mujeres en todas sus formas y que convienen en  seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,  una política encaminada a eliminar la discriminación contra  las mujeres y, con tal objeto, se comprometen, entre otros,  a consagrar en sus legislaciones internas el principio de la  igualdad de los hombres y de las mujeres y asegurar por  ley u otros medios apropiados la realización práctica de  ese principio; y establecer la protección jurídica de los  derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los  de los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales  nacionales o competentes y de otras instituciones públicas,  la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de  discriminación;

 

Que, la Declaración de Viena sobre Feminicidio del año  2012 del Consejo Académico de Naciones Unidas, insta  a los Estados miembros, en relación con su obligación de  diligencia debida para proteger a las mujeres, así como  prevenir y perseguir el feminicidio, a emprender iniciativas  institucionales para mejorar su prevención y la provisión  de protección legal, los remedios y reparación a las  mujeres sobrevivientes de la violencia contra la mujer, de  conformidad con los tratados internacionales de derechos  humanos; así como reconoce el trabajo indispensable de  las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra  el feminicidio en todo el mundo y alienta a los Estados  miembros y los donantes para apoyar y financiar sus  esfuerzos;

 

Que, el artículo 3.- numeral 3, de la Ley Orgánica de  Participación Ciudadana, determina que es necesario:  ?Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación  e implementación de medios de acción afirmativa que  promuevan la participación a favor de titulares de derechos  que se encuentren situados en desigualdad.?

 

Que, el artículo 30.- de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana, señala que: ?Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la  soberanía popular que contribuyan a la defensa de los  derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución  de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la  construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir;  que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el  control social de todos los niveles de gobierno, así como,  de las entidades públicas y de las privadas que presten  servicios públicos.

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes  niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas  de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y  organizativas deberán garantizar la democracia interna, la  alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y  el respeto a los derechos establecidos en la Constitución  y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos  casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de  mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración  no existan miembros suficientes de un género para integrar  de manera paritaria su directiva?.

 

 

Que, el artículo 80.- de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana define a los consejos consultivos, como:  ?mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas  o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen  en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las  instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier  momento a dichos consejos. Su función es meramente  consultiva?.

 

Que, el artículo 3.- del Código Orgánico de Ordenamiento  Territorial Autonomías y Descentralización, de los  Principios, a) Unidad, inciso 5, resuelve que la: ?La  Igualdad de trato implica que todas las personas son iguales  y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades,  en el marco del respeto a los principios de interculturalidad,  y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos  y costumbres?.

 

Que, el artículo 4.- literal h, del Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización,  tiene entre sus fines: ?La generación de condiciones  que aseguren los derechos y principios reconocidos en  la Constitución de la República a través de la creación y  funcionamiento del sistema de protección integral de sus  habitantes??

 

Que, el artículo 31.- literal h, Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización  manda, como función del gobierno autónomo  descentralizado regional: ?Promover los sistemas de  protección integral a los grupos de atención prioritaria para  garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en  el marco de sus competencias?.

 

Que, el artículo 41.- literal g. del Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial y Autonomías y Descentralización  establece al Gobierno autónomo descentralizado provincial  ?Promover los sistemas de protección integral a los  grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos  consagrados en la Constitución en el marco de sus  competencias?

Que, el artículo 54.- literal j, del Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización,  establece al Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal: ?Implementar los sistemas de protección  integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y  exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución  y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la  conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales  y redes de protección de derechos de los grupos de atención  prioritaria. Para la atención de las zonas rurales coordinará  con los Gobiernos Autónomos Parroquiales y Provinciales?.

 

Que, el artículo 57.- literal a, del Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización,  determina el ejercicio de la facultad normativa en la materia  de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal, mediante la expedición de ordenanzas  cantonales, acuerdos y resoluciones.

 

Que, el artículo 64.- literal k, del Código Orgánico de  Ordenamiento Territorial y Autonomías y Descentralización  establece al Gobierno autónomo descentralizado parroquial  rural ?Promover los sistemas de protección integral a los  grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos  consagrados en la Constitución, en el marco de sus  competencias?.

 

Que, el artículo 128 inciso 3º, ?Sistema integral y modelos  de gestión; del Código Orgánico de Ordenamiento  Territorial Autonomías y Descentralización, establece que:  ?Todas las competencias se gestionarán como un sistema  integral que articula los distintos niveles de gobierno y por  lo tanto, será responsabilidad del Estado en su conjunto.

 

El ejercicio de las competencias observará una gestión  solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de  gobierno, con participación ciudadana y una adecuada  coordinación interinstitucional.

 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se  organizarán, funcionarán y someterán a los principios y  normas definidos en el sistema nacional de competencias.

 

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes  especiales observarán necesariamente la distribución de  competencias y facultades, criterios y normas, contenidas  en este Código para los distintos niveles de gobierno.

 

Que, el art 148.- del COOTAD sobre el ejercicio de  las competencias de protección integral a la niñez y  adolescencia determina: ?Los gobiernos autónomos  descentralizados ejercerán las competencias destinadas  a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes  que les sean atribuidas por la Constitución, este Código  y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación  con la ley que regule el sistema nacional descentralizado  de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para  el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción  determinado en este Código para cada nivel de gobierno y  se garantizará la organización y participación protagónica  de niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus familias,  como los titulares de estos derechos?.

Que, el artículo 302.- del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, en su parte pertinente establece que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos?.

 

Que, el artículo 303.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos;

 

Que, el artículo 598.- del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, de los Consejo Cantonal para la protección de derechos manifiesta que: ?Cada Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos?.

 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 240, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 57, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

 

ORDENANZA SUSTITUTIVA, A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, EN EL CANTÓN PABLO SEXTO

 

TITULO I

 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS DEL CANTÓN PABLO SEXTO

 

 

Capítulo I

 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETO

 

Art. 1. Definición.- El Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Pablo Sexto, es el conjunto articulado y coordinado de instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los Sistemas Especializados y se regirá por sus  mismos principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

 

 

Forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Pablo Sexto, además de los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.

 

 

Art. 2. Principios.- Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Pablo Sexto serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación.

 

 

Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

 

 

Art. 3. Objeto.- La presente Ordenanza determina la estructura del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el cantón Pablo Sexto; la organización y atribuciones de los organismos que lo conforman; la formulación, transversalización, observancia, seguimiento, evaluación de políticas y servicios públicos, de los organismos de ejecución y restitución de derechos.

 

Capítulo II

 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES RECTORES DEL

SISTEMA

 

Art. 4.- Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos en el cantón Pablo Sexto, son:

 

1. Principio pro ser humano.- El Sistema aplicará en todos los casos las disposiciones más favorables a la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En la formulación, seguimiento y ejecución de políticas y servicios públicos y en todas sus decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido;

 

2. Principio de igualdad en la diversidad y no discriminación.- El Sistema considerará que todos los seres humanos son iguales en dignidad y merecen igual respeto pero también todas las personas son diferentes y con características específicas sobre las cuales construyen su identidad. Los organismos del Sistema, en el ámbito de sus competencias, tomarán las decisiones y acciones necesarias para eliminar progresivamente las relaciones de poder asimétricas en las estructuras sociales, económicas y culturales; la discriminación y la exclusión basada en prácticas como el sexismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, entre otros;

 

3. Principio de participación social.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica y en igualdad de condiciones en todos los procesos de definición, difusión, ejecución, control y evaluación de políticas, planes, programas y acciones del Sistema en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;

 

4. Principio del interés superior del niño, niña y adolecentes.- Las decisiones y acciones del Sistema se ajustarán para la plena satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizarán el ejercicio efectivo del conjunto de derechos, garantías, deberes y responsabilidades. Los organismos del Sistema, en el ámbito de sus competencias, promoverán y crearán los espacios necesarios para la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de los asuntos públicos, considerándolos como actores, críticos, vigilantes y capaces de exigir el pleno cumplimiento de sus derechos;

 

5. Principio de interculturalidad.- En todas las acciones y decisiones del Sistema se deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos se buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante;

 

6. Principio de atención prioritaria y especializada.- Las decisiones y acciones del sistema se orientarán a brindar atención prioritaria y especializada en el ámbito de sus competencias a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas en movilidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos y todos aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia; con el fin de asegurar sus derechos, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación;

 

7. Principio de especialidad y especificidad.- Los organismos del Sistema, para el cumplimiento de sus fines, considerarán las características específicas de todos los seres humanos sobre las cuales construyen su identidad individual y colectiva para alcanzar el ideal abstracto de universalidad de los derechos humanos;

 

8. Principio de progresividad.- Las decisiones y acciones de los organismos del Sistema desarrollarán de manera progresiva el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y serán responsables de cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;

 

9. Principio de ética laica.- Es deber primordial de todos los organismos del Sistema garantizar la ética laica como sustento de sus acciones y decisiones, con el fin de desarrollar una moral ciudadana, más humana, propia de una sociedad amplia y abierta, de reglas mínimas pero exigibles, que se funde en el respeto del otro, que reconozca que todos somos iguales y que se centre en el respeto de lo público; 

 

10. Principio de coordinación.- Todos los organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral tienen el deber de coordinar acciones a fin de que se cumplan los principios que orientan al sistema y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos;

 

11. Principio de autonomía y descentralización.- Los organismos que conforman el Sistema serán autónomos y descentralizados con la finalidad de promover: la participación social; la eficiente prestación de servicios públicos y políticas públicas; una relación más directa entre las instituciones públicas; una adecuación de las normas, políticas públicas y resoluciones con las necesidades del territorio, los grupos de atención prioritaria y sociedad civil; y, la generación de recursos propios; sin perjuicio de la coordinación necesaria entre las políticas nacionales, regionales y cantonales;

 

12. Principio de confidencialidad.- Los organismos del Sistema, en el ámbito de sus competencias, en los casos en que sea necesario por la naturaleza de la materia de que se trate, atenderán al principio de confidencialidad y salvaguarda de los datos de las personas involucradas;

 

13. Enfoque de derechos humanos.- Con base en el carácter de los derechos humanos como indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, todas las acciones y decisiones del Sistema considerarán a los derechos humanos como eje para buscar cambios a estructuras e instituciones, como eje forjador de relaciones, como base de reglas de participación igualitarias e incluyentes en procesos democráticos, abiertos y transparentes que permitan el respeto, interculturalidad y convivencia pacífica de la sociedad. El enfoque de derechos humanos fortalecerá a las instituciones del Sistema y al balance en las responsabilidades del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados;

 

14. Enfoque de género.- En todas las acciones y decisiones del Sistema se considerará la categoría de género como herramienta de análisis y como elemento constitutivo de las relaciones sociales, económicas y culturales, clave para entender y construir el orden patriarcal y para buscar la manera de superar las brechas entre hombres y mujeres en materia de igualdad, distribución y reconocimiento.

 

Capítulo III

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

INTEGRAL DE DERECHOS

DEL CANTÓN PABLO SEXTO

 

Art. 5.- Son objetivos del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el cantón Pablo Sexto:

 

Velar por el cumplimiento y aplicación de la ordenanza que regula la organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos, en el cantón  Pablo Sexto bajo la corresponsabilidad institucional y participación social.

 

Constituir la estructura normativa e institucional necesaria para la garantía de los derechos consagrados en la Constitución, leyes y en los instrumentos internacionales de derechos humanos;

 

Garantizar que los organismos y entidades que conforman el Sistema Cantonal de Protección Integral, en el marco de sus competencias, definan anualmente su accionar de manera coordinada y articulada con el Plan de Acción para la Protección Integral de los grupos de atención prioritaria elaborado por el Consejo de Protección de Derechos de Pablo Sexto;

 

Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución, leyes y en los instrumentos internacionales de derechos humanos;

 

Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las instituciones y organismos que conforman el Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos;

 

Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas especializados y la sociedad;

 

Establecer los mecanismos para la participación protagónica de los grupos de atención prioritaria y sociedad civil conforme lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social para el cumplimiento de la presente Ordenanza;

 

Establecer los espacios y mecanismos de participación de los grupos de atención prioritaria en todos los procesos de definición, ejecución, control y evaluación de políticas, planes, programas y acciones del Sistema;

 

Asegurar la implementación de las políticas públicas de protección integral, desarrollando los mecanismos que aseguren su funcionamiento y sus capacidades locales, técnicas y gerenciales.

 

Establecer los mecanismos que permitan la articulación e implementación de los sistemas de protección a través del fortalecimiento de las propuestas metodológicas, técnicas y económicas de los actores públicos y privados del Cantón Pablo Sexto;

 

Promover la relación cercana entre los organismos del sistema, los grupos de atención prioritaria y la sociedad civil, a fin de aumentar el grado de efectividad en la respuesta del Sistema a las demandas y necesidades sociales; y,

 

Promover la corresponsabilidad del Estado, el gobierno seccional, las familias y la sociedad en el cumplimiento efectivo de los derechos de los grupos de atención prioritaria.

 

 

 

Capítulo IV

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

EN EL CANTÓN PABLO SEXTO

 

 

Art. 6.- El Consejo Cantonal para Protección de Derechos de Pablo Sexto, en el marco de sus competencias, definirá anualmente un Plan Operativo Anual para la Protección Integral de los grupos de atención prioritaria, con el financiamiento, la participación y articulación directa de los organismos públicos; del sector privado; organizaciones no gubernamentales; y, organizaciones sociales de los grupos de atención prioritaria, que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Pablo Sexto. El Plan Operativo Anual, establecerá su accionar en función de las políticas locales, articuladas al Plan Nacional del Buen Vivir.

 

 

Los organismos y entidades que conforman el Sistema Cantonal de Protección Integral asegurarán la coordinación y articulación necesaria con el Plan Operativo elaborado por el Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos de Pablo Sexto.

 

TÍTULO II

 

DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS, EN EL CANTÓN PABLO SEXTO

 

Capítulo I

 

DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN

INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN PABLO

SEXTO

 

Art. 7. Naturaleza Jurídica- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón Pablo Sexto, es un organismo paritario de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil.

 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (C.C.P.I.D.), es un organismo de derecho público con personería jurídica y autonomía orgánica y administrativa; será el organismo coordinador del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Pablo Sexto dependiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto.

 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas Municipales de Protección de Derechos, articuladas a las Políticas Públicas de los Consejos Nacionales para la igualdad.

 

Su finalidad es garantizar la protección Integral, asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria del Cantón Pablo Sexto.

 

Art. 8.- Funciones.- El Consejo Cantonal de Protección  Integral de Derechos de Pablo Sexto, tendrá las siguientes  funciones:

 

 

Elaborar las Agendas de Política Pública que atiendan  las necesidades específicas de los grupos de atención  prioritaria en el cantón.

 

Formular políticas públicas cantonales relacionadas  con las temáticas de los grupos prioritarios, articuladas  a las políticas públicas de los Consejos Nacionales de  Igualdad.

 

Transversalizar el enfoque de derechos, en las políticas  públicas del cantón relacionadas a los grupos de  atención prioritaria.

 

Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el  cumplimiento de los derechos individuales y colectivos  en la aplicación de los servicios públicos y privados  relacionados con las políticas de igualdad.

 

Hacer seguimiento y evaluación de la política pública  para la igualdad a las instituciones locales, en la  aplicación de las medidas legales, administrativas y de  otra índole, que sean necesarias para la protección de  los derechos de los grupos de atención prioritaria,

 

Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras,  los organismos especializados y las redes  interinstitucionales de Protección de Derechos en su  jurisdicción.

 

Elaborar y proponer políticas de comunicación y  difusión sobre los derechos, garantías, deberes y  responsabilidades de los grupos de atención prioritaria;

 

Coordinar acciones con la Comisión Permanente  de Igualdad, Género e Inclusión Social y Comisión  Social del Concejo Municipal de Pablo Sexto, para el  cumplimiento de sus fines;

 

Promover la conformación y fortalecimiento de las  defensorías comunitarias y consejos consultivos como  instancias de participación de los titulares de derechos,  para la consulta, diseño y evaluación de las políticas  públicas locales;

 

Promover la asistencia técnica de organismos  nacionales e internacionales para el fortalecimiento de  los organismos o servicios cantonales de protección de  derechos;

 

Dar seguimiento y evaluar las funciones de las y los  miembros de la Junta de Protección de Derechos, a  través del reglamento respectivo;

 

Elaborar y aprobar las normas reglamentarias internas  necesarias para su funcionamiento; y,

 

Las demás que le atribuya la normativa legal vigente.

 

Art. 9.- De la integración.- El Consejo cantonal para la  protección de derechos se constituirá con la participación  paritaria de los representantes de la sociedad civil  especialmente de los titulares de derecho; del sector  público, integrados por los delegados de los organismos  desconcentrados del gobierno nacional que tengan  responsabilidad directa en la garantía protección y defensa  de los derechos de las personas y grupos de atención  prioritaria y por, delegados del gobierno municipal.

 

Del sector público:

 

Alcalde o alcaldesa, quien presidirá el Consejo  Cantonal de Protección Integral de Derechos del  Cantón Pablo Sexto, o su delegado o delegada;

 

Delegado o delegada del Ministerio de Inclusión  Económica y Social, principal o alterno;

 

Delegado o delegada Distrital del Ministerio de  Educación principal o alterno;

 

Delegado o delegada Distrital del Ministerio de Salud,  principal o alterno;

 

La/el representante de la Comisión Permanente  de Igualdad y Género del Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón Pablo Sexto o su alterno.

 

De la sociedad civil:

 

Un delegado o delegada de las organizaciones de  género o su alterna/o;

 

Un delegado o delegada de las organizaciones étnicas  e interculturales o su alterna/o;

 

Un delegado o delegada de las organizaciones  generacionales y su alterna o alterno, que deberá ser  de otro grupo etario;

 

Un delegado o delegada de las organizaciones de  movilidad humana o su alterna/o;

 

Un delegado o delegada de las organizaciones de  personas con discapacidad o su alterna/o;

 

Estará presidido por la máxima autoridad de la Función  Ejecutiva Municipal o su delegada o delegado, y su  Vicepresidenta o Vicepresidente, será electo de entre los  miembros de la sociedad civil, mediante votación universal  y mayoría simple.

 

Tanto los miembros del Estado como los de la sociedad  civil, tienen la obligación de mantener informados a  sus respectivas instituciones u organizaciones sobre las  decisiones tomadas en el Consejo Cantonal de Protección  Integral de Derechos.

 

Art. 10.- Del patrimonio.- El patrimonio del Concejo  Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón  Pablo Sexto, será destinado al cumplimiento de sus  objetivos.

 

Art. 11.- Del financiamiento.- El Consejo Cantonal para  la Protección Integral de Derechos se financiará con el  5% del valor que resulte de lo establecido en el Art. 249  de la COOTAD, del presupuesto del Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón Pablo Sexto.

 

 

Capítulo II

 

DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN

DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN

INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN PABLO

SEXTO

 

Art. 12.- Designación de Miembros del Estado.- Los/las  delegados de los Ministerios, serán designados por cada uno  de ellos. La/el delegado/a de la Comisión Permanente de  Igualdad y Género del Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón Pablo Sexto, estará representada por su  Presidente/a.

 

Art. 13.- Proceso de Elecciones de los Miembros de la  Sociedad Civil.- Los miembros principales y alternos  de la sociedad civil serán elegidos conforme lo establece  el Reglamento aprobado por el Consejo Cantonal de  Protección Integral de Derechos.

 

Art. 14.- Requisitos de los Miembros de la Sociedad  Civil.- Para ser miembro del Consejo Cantonal de  Protección Integral de Derechos se requiere:

 

1.- Ser ecuatoriano o extranjero residente.

 

2.- Ser mayor de 16 años y estar en ejercicio de sus derechos  de ciudadanía.

 

3.- Conocer de las temáticas de igualdad, correspondientes  a su representación y demostrar su interés para aportar al  trabajo de protección de derechos.

 

4.- Los adultos deberán tener conocimiento en alguna de las  áreas, en temas relacionados con la protección de derechos.

 

5.- Residir por lo menos dos años en el Cantón Pablo Sexto.

 

Art. 15.- Inhabilidades e incompatibilidades de los  Miembros de la Sociedad Civil.- No podrán ser miembros  principales ni suplentes ante el Consejo Cantonal de  Protección Integral de Derechos: ?

 

Quienes hayan sido condenados por delitos con  sentencia ejecutoriada.

 

Quienes hayan sido privados de la patria potestad de sus  hijos e hijas.

 

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