Registro Oficial No.81- Lunes 18 de septiembre de 2017

Lunes, 18 de septiembre de 2017

Última modificación: Jueves, 28 de septiembre de 2017 | 16:48

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 18 de Septiembre de 2017 (R. O. 81, 18-septiembre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio de Inclusión Económica y Social:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos              

 

015

Refórmese el Acuerdo Ministerial Nro. 0017, de 10 de noviembre de 2016, publicado en el Registro Oficial 914, de 03 de enero de 2017

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

               

MJDHC-MJDHC-2017-0003-A

Deléguense a las/los Subsecretarias/os y otros, la suscripción de convenios de pago producto de obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado

               

MJDHC-MJDHC-2017-0004-A

Deléguense facultades a las siguientes personas:

 

Doctora Catalina Natalia Mosquera Jaramillo

               

MJDHC-MJDHC-2017-0005-A

Subsecretaría de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos

               

MJDHC-CGAJ-2017-0003-A

Acéptese la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Alain Jesús Avilez Almeida

               

MJDHC-CGAJ-2017-0004-A

Apruébese el estatuto y otórguese personalidad jurídica al Comité Ecuatoriano Defensor de Justicia y Derechos Humanos ?Cancilleres Comisionados para los Derechos Universales? (CEJDHU), con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas

               

MJDHC-CGAJ-2017-0005-A

Apruébese el estatuto y otórguese personalidad jurídica a la FUNDACIÓN ?MUJERES POR MUJERES?, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

Ministerio de Minería:

               

2017-026

Deléguense las atribuciones y deberes de la Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, al ingeniero Juan Gabriel Bonilla Toapanta

               

Ministerio del Trabajo:

               

MDT-2017-0128

Expídense las directrices que regulan las comisiones de servicios con o sin remuneración por parte de las y los profesionales policiales, de la Policía Nacional del Ecuador            

Ministerio de Industrias y Productividad:

               

17 115

Desígnese al señor Marcelo Arnaldo Del Pozo Alava, delegado del Ministerio de Industrias y Productividad ante el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICCA

               

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

 

Resoluciones       

 

ARCOTEL-2017-0807

Expídese la ?Norma  técnica para uso compartido de infraestructura física de los servicios del Régimen General de Telecomunicaciones?

               

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-:

               

017-2017-DE-IEPI

Deléguense funciones al abogado David Francisco Egas Yerovi, Experto Principal en Asesoría Jurídica

               

018-2017-DE-IEPI

Déjese sin efecto la Resolución No. 105-2015-DE-IEPI, del 23 de octubre de 2015 

               

018-2017-SG-IEPI

Deléguense las atribuciones de la Unidad de Documentación y Archivo a la servidora María Antonieta Burbano Clerque de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos

               

019-2017-DE-IEPI

Desígnese al Experto Principal en Desarrollo Tecnológico, Oficial de Seguridad de la Información

               

020-2017-DE-IEPI

Deléguense funciones a Jesús Jessenia Gómez Delgado, servidora de la Unidad de Gestión de Talento Humano

               

021-2017-DE-IEPI

Deléguense funciones al servidor público que desempeñe las funciones de Analista Administrativo 3

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza           

 

-Cantón CoronelMarcelino Maridueña: Sustitutiva para la determinación del cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos

 

CONTENIDO


 

No. 015

 

Dr. José Iván Espinel Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del  Ecuador, establece: ?El Estado, la sociedad y la familia  promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de  las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio  pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su  interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de  las demás personas.?;

 

Que, la Carta Magna en su artículo 154, numeral 1,  determina que les corresponde a las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su  cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas  que requieran su gestión;

 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo  151, señala: ?La adopción tiene por objeto garantizar una  familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o  adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para  ser adoptados.?;

 

Que, el artículo 165, numeral 3 del Código de la Niñez y  Adolescencia, indica que es facultad privativa del Comité  de Asignación Familiar la asignación mediante Resolución  Administrativa, de una familia a un niño, niña o adolescente;

 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su  artículo 171, expresa: ?De los miembros de los Comités  de Asignación.- Para ser miembro de los Comités de  Asignación Familiar deberá acreditarse conocimientos  y experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o  médico con niñez y adolescencia, especialmente con niños  privados de su medio familiar y adopción. No podrán serlo  los representantes de las agencias o entidades de adopción,  los funcionarios o empleados de las mismas, y sus parientes  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de  afinidad.

 

Los miembros de los Comités de la Asignación Familiar  están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades  previstas en el reglamento.?;

 

Que, el artículo 195, literal h) del Código de la Niñez  y Adolescencia, señala como función del Ministerio  encargado de los asuntos de inclusión económica y  social: ?Establecer los Comités de Asignación Familiar,  determinando su jurisdicción y designar a los miembros  que le correspondan de conformidad con lo dispuesto en  este Código.?;

 

Que, el artículo 170 del mismo cuerpo legal, prescribe:  ?Los Comités de Asignación Familiar estarán integrados  por tres miembros designados; dos por el Ministerio  encargado de los asuntos de inclusión económica y social  y uno por el gobierno municipal donde tenga jurisdicción  cada comité.?;

Que, el 7 de julio de 2014, en el Registro Oficial Nro. 283,  se publicó la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para  la Igualdad, estableciéndose las siguientes Disposiciones  Reformatorias:

 

?Primera.- En los artículos 47, letra b; 9, 15, 43 agregados  luego del artículo 125, 170 inciso final, 183, 188, 195, 300  y 388 del Código de la Niñez y Adolescencia sustitúyase  la frase ?Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia?  por ?Ministerio encargado de los asuntos de inclusión  económica y social?, en su calidad de rector de la política  pública de protección social integral.?

 

?Quinta.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 170 del  Código de la Niñez y Adolescencia por el siguiente: ?Los  Comités de Asignación Familiar estarán integrados por  tres miembros designados; dos por el Ministerio encargado  de los asuntos de inclusión económica y social y uno por  el gobierno municipal donde tenga jurisdicción cada  comité.?;

 

Que, el primer inciso del artículo 17, del Estatuto del  Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva  dispone lo siguiente: ?Art. 17.- DE LOS MINISTROS.- Los  Ministros de Estado son competentes para el despacho de  todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad  de autorización alguna del Presidente de la República, salvo  los casos expresamente señalados en leyes especiales.?;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0017, de 10 de  noviembre de 2016, publicado en el Registro Oficial 914,  del 03 de Enero de 2017, emitido por la entonces Ministra  de Inclusión Económica y Social, se designó a los delegados  del Ministerio de Inclusión Económica y Social, como  miembros de los Comités de Asignación Familiar;

 

 

Que, Mediante memorando Nro. MIES-CZ-2-2017- 2669-M, de 02 de agosto de 2017, emitido por la  Coordinadora Zonal 2 y dirigido al señor Director de  Adopciones y Esclarecimiento Legal, indica que: ?(?) una  vez revisado el expediente de cada uno de ellos adjunto  envío la hoja de vida de la persona idónea para formar  parte del Comité de Asignación Familiar (CAF), quien  trabajaría en función del interés superior de los NNA,  por cuanto tiene una experiencia amplia y sabemos que  asumirá este rol de la mejor manera en beneficio de los  niños, niñas y adolescentes?. En efecto, adjunta la hoja de  vida del

 

Psc. Cesar Edison Pacheco Pacheco, a fin de que  sea considerado y designado como nuevo delegado;

 

Que, mediante memorando Nro. MIES-CZ-3-2017-1577-M,  de 14 de julio de 2017, emitido por el Coordinador Zonal 3,  dirigido al señor Director de Adopciones y Esclarecimiento  Legal, indica que: ?(?) me permito remitir a Usted,  las hojas de vida para validación de una de ellas para  delegar al funcionario elegido que será parte del Comité  de Asignación Familiar (CAF) para la Unidad Técnica de  Adopciones de la Zona 3 (?)?. En efecto, adjunta la hoja  de vida del Lcdo. Marco Antonio Barreno Hernández, a fin  de que sea considerado y designado como nuevo delegado;

 

Que, mediante memorando Nro. MIES-CZ-4-2017-3361-M,  de 03 de agosto de 2017, emitido por la Coordinador  Zonal 4 y dirigido al señor Director de Adopciones y  Esclarecimiento Legal, en el cual indica que la Psc. Carmen  Monserrate Quiroz Rivadeneira se encontraba designada  como delegada para conformar el Comité de Asignación  Familiar de la Zona 4, sin embargo terminó su contrato  de servicios ocasionales en el mes de mayo del año en  curso, motivo por el cual sus funciones como delegada del  CAF han finalizado.

 

En tal virtud adjunta la hoja de vida  de la Dra. Tania Beatriz Briones Avellán, a fin de que sea  considerada y designada como nueva delegada;

 

Que, mediante memorando Nro. MIES-SPE-2017-0923-M,  de 10 de agosto de 2017, el señor Subsecretario de  Protección Especial, solicitó al señor Ministro de Inclusión  Económica y Social, la designación de los nuevos miembros  de los Comités de Asignación Familiar correspondientes a  las Zonas 2, 3 y 4: Psc. Cesar Edison Pacheco Pacheco,  Lcdo. Marco Antonio Barreno Hernández y Dra. Tania  Beatriz Briones Avellán, a fin de que sean designados como  nuevos delegados respectivamente; y,

 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del  Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

 

Acuerda:

 

EFORMAR EL ARTÍCULO ÚNICO DEL ACUERDO  MINISTERIAL NRO. 0017, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE 2016, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL  914, DE 03 DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD  CON EL SIGUIENTE TEXTO:

 

Artículo Único.- Reemplácese los nombres, cédula de  ciudadanía y perfil de los delegados de los Comités de  Asignación Familiar: de la Zona 2, señora Verónica del  Pilar Escaleras Jumbo; de la Zona 3, señor Diego Javier  Cajas Logroño; y, de la Zona 4, señora Carmen Monserrate  Quiroz Rivadeneira, por los siguientes:

 

Zona

 

Delegado

Número de

Cédula de

Ciudadanía

 

Perfil

 

2

Cesar Edison

Pacheco

Pacheco

 

1716335516

Psicólogo Infantil y Psico-

rehabilitador

 

3

Marco

Antonio

Barreno

Hernández

 

0602094492

Licenciado en

Ciencias de la

Educación

 

4

Tania Beatriz

Briones

Avellán

 

1305827741

Dra. en Psico-

rehabilitacióny Educación Especial

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución del presente  Acuerdo Ministerial, se encargará la Subsecretaría de  Protección Especial y las Coordinaciones Zonales 2, 3 y 4.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial,  entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin  perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San  Francisco de Quito, a 21 de agosto de 2017.

 

f.) Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión  Económica y Social.

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y  SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL.- f.) Ilegible.- Es  fiel copia del original.- Lo certifico.- 22 de agosto de 2017.

 

Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0003-A

 

Sra. Dra. Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS  HUMANOS

Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República del  Ecuador en su numeral 17. señala: ?[...] El derecho a la  libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine  la ley [...]?.

 

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Carta Magna,  dispone que: ?A las ministras y ministros de Estado además  de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde:  1.- Ejercer la rectoría de las políticas pública del área  a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones  administrativas que requiera su gestión [...]?;

 

Que que el artículo 226 de la Norma Suprema, determina:  ?Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos que  actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente  las competencias y facultades que les sean atribuidas en la  Constitución y la ley tendrán el deber de coordinar acciones  para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y  ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone: ?La administración pública  constituye un servicio a la colectividad que se rige por  los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que el Código Orgánico Planificación y Finanzas Públicas  en su artículo 115 establece los requisitos para contraer  compromisos y obligaciones, señalando que: ?(...) Ninguna  entidad u organismo del sector público, ni funcionario o  servidor de los mismos, contraerá compromisos, celebrará  contratos, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de  recursos financieros, sin que conste la respectiva asignación  presupuestaria y sin que haya disponible un saldo suficiente  para el pago completo de la obligación correspondiente?;

 

Que el artículo 116 ibídem, señala, que: ?Los créditos  presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en  que la autoridad competente, mediante acto administrativo  expreso, decida la realización de los gastos, con o sin  contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que  exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún  caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta  a la prevista en el respectivo presupuesto.

 

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen,  los bienes se entreguen o los servicios se presten. En tanto  no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales  e internacionales, se podrá anular total o parcialmente el  compromiso?;

 

Que el artículo 117 del precitado Código determina que la  obligación se genera y produce afectación presupuestaria  definitiva en los siguientes casos: [...] ?2. Cuando se  reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por  autoridad competente, mediante acto administrativo válido,  haya habido o no compromiso previo?;

 

Que el artículo 178 ibídem, establece las sanciones  por comprometer recursos públicos sin certificación  presupuestaria, siendo que: ?[...] Ninguna entidad u  organismo público podrán contraer compromisos, celebrar  contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin que  conste la respectiva certificación presupuestaria.[...]  Los funcionarios responsables que hubieren contraído  compromisos, celebrado contratos o autorizado o contraído  obligaciones sin que conste la respectiva certificación  presupuestaria serán destituidos del puesto y serán  responsables personal y pecuniariamente?;

 

 

Que la referida norma se aplica en concordancia al artículo  24 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública,  que señala: ?Las entidades previamente a la convocatoria,  deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la  existencia presente o futura de recursos suficientes para  cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.?;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de  la Función Ejecutiva, en su artículo 17, señala que: ?Los  Ministros de Estado son competentes para el despacho  de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin  necesidad de autorización alguna del Presidente de la  República, salvo los casos expresamente señalados en leyes  especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de  su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes  al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos  Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios  al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y  cuando las delegaciones que concedan no afecten a la  buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin  perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que  de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario  delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se  refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros  de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que  será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación?;

 

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina que: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial?;

 

Que el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que: ?Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.?;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, cambió la denominación de ?Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?, por la de ?Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó como titular del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que es preciso citar el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, en torno a la suscripción de convenios de pago mediante oficio Nro. PGE-00466 de 16 de febrero de 2011, que en su parte pertinente señala: ?[...] En aplicación al principio del Art. 66 número 17 de la Constitución de la República de que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso; y, de conformidad con lo previsto en los artículos 115, 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que he citado, es procedente que la Municipalidad de Portoviejo suscriba convenios de pago con los prestadores de bienes o servicios que han sido recibidos a su entera satisfacción, pero que carecen de un contrato o instrumentación previa que contenga la obligación prestada, o existiendo esta, ha fenecido su plazo, pero que se ha continuado recibiendo la prestación de estos bienes y servicios, para cancelar los valores adeudados por estos conceptos, por la adquisición de bienes y prestación de servicios a las personas naturales y empresas, en las condiciones, términos y precios detallados en el oficio de consulta y que he señalado en líneas anteriores.

 

Que así mismo, la citada Entidad mediante oficio Nro. PGE-05605 de 26 de diciembre de 2011, emitido a esta Cartera de Estado señala en su parte pertinente: ?[...] Según  lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el convenio de pago es una vía jurídica para extinguir las obligaciones surgidas por prestaciones recibidas a satisfacción por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siempre que exista la correspondiente disponibilidad presupuestaria, en virtud de lo dispuesto en los artículo 115 y 178 del mismo código orgánico.

 

Que el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Título I, numeral 1.1, establece como misión del Ministro/a: ?Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pudiendo celebrar a nombre de éste, toda clase de actos administrativos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la legislación vigente?; y,

 

Que mediante memorando Nro. MJDHC-MJDHC-2017- 0374-M de 27 de junio de 2017, la titular de esta Cartera de Estado requirió a los funcionarios comprendidos en el nivel de jerárquico superior se informe sobre obligaciones contraídas fuera del procedimiento precontractual y contractual correspondiente; De la información entregada a la fecha se desprende que existen varias adquisiciones de bienes, obras y servicios que han sido generadas sin proceso legal correspondiente;

 

En el citado memorando adicionalmente se estableció el mecanismo y trámite que deben seguir las diferentes dependencias de esta Institución previa la suscripción de convenios de pago;

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; el Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, y el Acuerdo Ministerial No. 93 de 23 de septiembre de 2013,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Delegar a las/ los Subsecretarias/os y las/ los Coordinadoras/es Generales la suscripción de convenios de pago producto de obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado hasta el 24 de mayo de 2017, que no cumplieron con el proceso de contratación establecido en la ley, una vez verificado el cumplimiento del procedimiento establecido en el memorando Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0374-M de 27 de junio de 2017, en el caso de prestaciones de obras, bienes o servicios generadas en las áreas a su cargo.

 

Adicionalmente se delega a las/ los Viceministras/os y a la o el Coordinador General Administrativo Financiero la suscripción de convenios de pago generados en las Coordinaciones Zonales en los casos de obligaciones cuya necesidad nació del área técnica o administrativa que tienen a su cargo, para lo cual, el Coordinador Zonal responsable deberá detallar en el informe respectivo el área que originó la obligación, cumpliendo en cualquier caso, el procedimiento citado en el párrafo precedente.

 

Artículo 2.- Queda expresamente prohibida la generación  de obligaciones que no cumplan los procedimientos y normativa legal vigente así como la suscripción de convenios de pago que no se encuentren dentro de las delegaciones establecidas en el presente Acuerdo.

 

DISPOSICIÓNES GENERALES

 

PRIMERA.- El/la servidor/a delegado/a mantendrá bajo su responsabilidad la custodia de toda la información y documentación generada en virtud de la presente delegación debiendo verificar la entrega de una copia del expediente completo a la Dirección Nacional de Secretaría General de la Institución.

 

SEGUNDA.- Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto, la autoridad delegada llevará adelante los procesos administrativos en apego al ordenamiento jurídico vigente, e informará inmediatamente a la autoridad delegante, sobre los actos realizados en ejercicio del presente Acuerdo Ministerial. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por infracciones al ordenamiento jurídico, la autoridad delegada responderá por sus actuaciones ante la autoridad delegante.

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- De la ejecución, cumplimiento y seguimiento del presente acuerdo encárguese a todas las autoridades señaladas en el artículo 1 del presente Acuerdo.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Queda derogada toda delegación emitida para la suscripción de convenios de pago anterior al presente Acuerdo. Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde el momento de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y Publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 25 día(s) del mes de Julio de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente Sra. Dra. Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que a foja(s) 1-5; es (son) copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.- Fecha: 23 de agosto de 2017.- f.) Abg. Priscila Barrera, Directora Nacional de

 

Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0004-A

 

Sra. Dra. Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: ?El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución [...]?;

 

Que el artículo 3, numeral 1 de la norma constitucional establece entre los deberes primordiales del Estado, el de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

 

Que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber del Estado consiste en: ?[...] respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas [...];

 

Que el artículo 78 de la Carta Magna determina que: ?[...] Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado?;

 

Que el artículo 154 ibídem, señala: ?A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. [...]?;

 

Que el Decreto Ejecutivo No. 305, de 3 de mayo de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 87, de 18 de mayo de 2007, creó la Comisión de la Verdad con la finalidad de ?[...] investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los Derechos Humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos?;

 

Que los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas  internacionales de Derechos Humanos y de violaciones  graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer  recursos y obtener reparaciones en los casos de violación  de Derechos Humanos, señala que la reparación abarca la  restitución, la satisfacción, la rehabilitación, las garantías  de no repetición y la indemnización o compensación  económica;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748, de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial  Suplemento No. 220, de 27 de noviembre de 2007, el  Presidente Constitucional de la República del Ecuador,  economista Rafael Correa Delgado, crea el Ministerio  de Justicia y Derechos Humanos; el mismo que tiene  como misión velar por el acceso a una justicia oportuna,  independiente y de calidad, mejorar la rehabilitación social,  promover la paz social y la plena vigencia de los Derechos  Humanos, mediante políticas, programas y la coordinación  de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema  de justicia;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de  2010, publicado en el Registro Oficial No. 235, de 14 de  julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República  del Ecuador, cambia la denominación de ?Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos? por el de ?Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos?;

 

Que el 13 de diciembre de 2013, se publicó en el Registro  Oficial Suplemento No. 143, la Ley para la Reparación de  las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de  Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos  en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de  diciembre de 2008;

 

Que el artículo 7 de la Ley para la Reparación de las  Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones  de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad  ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el  31 de diciembre de 2008, atribuye al Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos, en coordinación con el Programa  de Reparación, reglamentar el procedimiento para los  acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto  de indemnización y las medidas para su cumplimiento;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial 865 publicado en el  suplemento del Registro Oficial No. 444 de 24 de febrero de  2015 se expidió el Reglamento de procedimiento para los  acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto  de indemnización y las medidas para su cumplimiento?;

 

Que el artículo 19 del citado Reglamento establece la  conformación de la Comisión Negociadora entre los cuales  consta la actuación de un secretario que participará en las  audiencias de negociación;

 

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva determina: ?Las  atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades  de la Administración Pública Central e Institucional, serán  delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía  [...]?;

 

Que mediante memorando Nro. MJDHC-SDHC-2017- 0214-M de 10 de agosto de 2017, la doctora Marisol  Peñafiel en calidad de Subsecretaria de Derechos Humanos  y Cultos solicitó ?se convoque a la Comisión Negociadora  y a las víctimas directas, sus beneficiarios o apoderados  especiales, a las rondas de negociación que se llevarán a  cabo en las fechas y lugares que se detalla a continuación:? Las rondas de negociación de las Víctimas/beneficiarios  del caso No. 60 se realizaran en la ciudad de Machala en  las instalaciones del ECU 911 entre las calles Arízaga y  Bolívar.- La ronda de negociación de la Víctima del caso  No. 54 se llevará a cabo en la ciudad de Lago Agrio en  el Centro de Atención Ciudadanía del MJDHC en la Av.  Circunvalación y Aguarico?;

 

Que mediante memorando Nro. MJDHC-SDHC-DDH- 2017-0068-M de 14 de agosto de 2017, la Directora de  Derecho Humanos informó que no será posible realizar la  ronda de negociación que se había planificado para el día  martes 15 deagosto de 2017, en la ciudad de Lago Agrio;

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución  de la República del Ecuador; artículos 17, 55, y 59 del  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la  Función Ejecutiva:

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Delegar a doctora Catalina Natalia Mosquera  Jaramillo a actuar en calidad de secretaria de la Comisión  Negociadora que establecerá el acuerdo indemnizatorio en  las audiencias de negociación a realizarse desde el día 16  hasta el 18 de agosto de 2017 en la ciudad de Machala, en  cumplimiento a lo establecido en la Ley para la reparación  de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de  derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos  en el Ecuador entre el 04 de octubre de 1983 y el 31 de  diciembre de 2008.

 

Artículo 2.- Notifíquese a la doctora Catalina Natalia  Mosquera Jaramillo con el contenido del presente  Acuerdo.

 

Artículo 3.- La delegada debe informar a la Ministra de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos de las acciones  tomadas en ejercicio de su delegación.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en Quito,  D.M. , a los 15 día(s) del mes de Agosto de dos mil  diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Sra. Dra. Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS  HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que a foja(s) 1-3; es  (son) copia (s) del documento que se encuenta en el Sistema  de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.-  Fecha: 23 de agosto de 2017.- f.) Abg. Priscila Barrera,  Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0005-A

 

Sra. Dra. Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su  artículo 154, numeral 1, prescribe que: ?... a las ministras y  ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas  en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión?;

 

Que el artículo 226 de la Norma Suprema, determina: ?Las  instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las  servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de  una potestad estatal ejercerán solamente las competencias  y facultades que les sean atribuidas en la Constitución  y la ley tendrán el deber de coordinar acciones para  el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y  ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República  del Ecuador determina que: ?La administración pública  constituye un servicio a la colectividad que se rige por  los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  en su artículo 77 establece entre las atribuciones de los  Ministros de Estado y de las máximas autoridades de las  instituciones del Estado, el ?Dictar los correspondientes  reglamentos y demás normas secundarias necesarias para  el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las  instituciones?;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado,  dispone que cuando la ?...conveniencia institucional lo  requiera, los máximos personeros de las instituciones del  Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean  necesarios para delegar sus atribuciones?;

 

Que, en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)  establece que: ?Los ministros de Estado dentro de la esfera  de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y  deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos  ministerios?;

 

Que el artículo 55 del ERJAFE, determina que: ?Las  atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades  de la Administración Pública Central e Institucional,  serán delegables en las autoridades u órganos de inferior  jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por  Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el  Registro Oficial?;

 

Que el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que:  ?Cuando las resoluciones administrativas se adopten  por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad  delegante, siendo la responsabilidad del delegado que  actúa.?;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio  de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14  de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de  la República, cambió la denominación de ?Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos?, por la de ?Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos?;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de  2017, el señor Presidente Constitucional de la República del  Ecuador, designó como titular del Ministerio de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado  Carrión;

 

Que el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio  de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Título  I, numeral 1.1, establece como misión del Ministro/a:  ?Ejercer la repre

 

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