Registro Oficial No.76- Lunes 11 de septiembre de 2017 Suplemento

Lunes, 11 de septiembre de 2017

Última modificación: Martes, 26 de septiembre de 2017 | 16:41

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 11 de Septiembre de 2017 (R. O. SP 76, 11-septiembre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República:

 

Ejecutivo:

 

Decretos               

 

126

Modifíquese el Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1152, publicado en el Registro Oficial 697 de 7 de mayo de 2012

               

135

Expídense las normas de optimización y austeridad del gasto público

               

146

Otórguese personería jurídica y apruébense los estatutos del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible

 

                              

CONTENIDO


 

No. 126

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

 

Que, los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establece las atribuciones del Presidente de la República, entre ellas, definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;

 

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la planificación nacional es de responsabilidad y competencia del Gobierno Central y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, así como que, para el ejercicio de esa  competencia, el Presidente de la República podrá disponer la  forma en que la Función Ejecutiva se organice institucional  y territorialmente;

 

Que, el artículo 40 de la Ley de Modernización del Estado,  Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por  parte de la Iniciativa Privada indica que es de competencia  exclusiva del Ejecutivo la regulación de la estructura,  funcionamiento y procedimientos de todas sus dependencias  y órganos administrativos;

 

Que, de acuerdo a las letras a), b), f), h) e i) del artículo  11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva, corresponde al Presidente de  la República dirigir y resolver los asuntos superiores  fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado  Ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las  actividades de los organismos y entidades que conforman  la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter  general o específico, según corresponda, mediante decretos  ejecutivos y suprimir, fusionar y reorganizar organismos de  la Función Ejecutiva;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1152, publicado en  el Registro Oficial 697 de 7 de mayo de 2012, se expidió el  Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del  Poder de Mercado;

 

Que, mediante Decretos Ejecutivos No. 64, publicado en  (Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de julio del 2017) R. O. (2SP) julio 14 No. 36 de 2017,  y No. 100, publicado en Registro Oficial Suplemento 53  de 8 de agosto del 2017, se reformó el artículo 45 del  Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del  Poder de Mercado, que establece la Junta de Regulación; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren  el artículo 141, numerales 3 y 5 del artículo 147, y artículos  226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador,  artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas  Públicas, artículo 40 de la Ley de Modernización del  Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos  por parte de la Iniciativa Privada y, las letras a), b), f), h)  e i) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Sustitúyase el inciso primero del artículo  45 del Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y  Control del Poder de Mercado, expedido mediante Decreto  Ejecutivo No. 1152, publicado en el Registro Oficial 697 de  7 de mayo de 2012, por el siguiente:

 

?Art. 45.- Integración.- La Junta de Regulación estará  integrada por la máxima autoridad del organismo nacional  de planificación y desarrollo, quien la presidirá; por la  máxima autoridad del ministerio encargado de la economía  y finanzas; y por la máxima autoridad de ministerio  encargado de las industrias y productividad.?

 

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en  vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, a 23 de agosto de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República  Quito, 7 de septiembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 135

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el preámbulo de la Constitución de la República del  Ecuador determina que es voluntad del pueblo soberano  del Ecuador, construir una nueva forma de convivencia  ciudadana para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;  una sociedad que respeta la dignidad de las personas y las  colectividades;

 

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República,  al establecer los deberes y responsabilidades de las  ecuatorianas y de los ecuatorianos, preceptúa como parte  de éstos, el promover el bien común y anteponer el interés  general al interés particular, administrar honradamente y  con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, asumir  las funciones públicas como un servicio a la colectividad y  rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conservar el  patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener  los bienes públicos, participar en la vida política, cívica  y comunitaria del país de manera honesta y transparente.  Deberes y responsabilidades que deben observarse también  en la relación entre la ciudadanía y el Estado para la  administración de las finanzas públicas;

 

Que, el número 4 del artículo 261 de la Constitución de la  República del Ecuador dispone que el Estado Central tenga  competencias exclusivas sobre la planificación nacional;

 

Que, de conformidad con el artículo 284 de la Constitución  de la República del Ecuador, la política económica  tendrá; entre otros, el objetivo de asegurar una adecuada  distribución del ingreso y de la riqueza nacional;

 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República  establece como objetivos específicos de la política fiscal el  financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias,  tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos  para la inversión en los diferentes sectores de la economía  y para la producción de bienes y servicios, socialmente  deseables y ambientalmente aceptables;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador respecto  del manejo de las finanzas públicas establece en su artículo  286: ?Las finanzas públicas, en todos los niveles de  gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y  transparente y procurarán la estabilidad económica (?)?;

 

Que, el artículo 292 de la Constitución de la República  dispone: ?El Presupuesto General del Estado es el  instrumento para la determinación y gestión de los ingresos  y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos  del sector público, con excepción de los pertenecientes a la  seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y  los gobiernos autónomos descentralizados?;

 

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República  del Ecuador establece que la formulación y ejecución  del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan  Nacional de Desarrollo;

 

Que, el artículo 342 de la Constitución de la República  determina que el Estado asignará de manera prioritaria y  equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes  para el funcionamiento y gestión del sistema; y,

 

Que, los artículos 71 y 74 numerales 6 y 11 del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establecen  que la rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas  (SINFIP) corresponde al Presidente de la República quien  la ejercerá a través del Ministerio a cargo de la economía  y finanzas públicas; determinando como unas de las  atribuciones del Ministro el dictar las normas, manuales,  instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios  y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por  parte de las entidades del sector público para el diseño,  implantación y funcionamiento del SINFIP y sus  componentes; y dictar de manera privativa las políticas,  normas y directrices respecto a los gastos permanentes y su  gestión del Presupuesto General del Estado;

 

Que, es necesario establecer las normas y disposiciones  necesarias en relación al ahorro y austeridad en el gasto  de la administración pública para una correcta y eficiente  ejecución del recurso público; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los números  3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del  Ecuador;

 

Decreta:

 

LAS NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y

AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del  presente decreto, en lo correspondiente a gasto permanente,  son de aplicación obligatoria para todas las instituciones  descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República  del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función  Ejecutiva, con excepción de las entidades que integran el  régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas  creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos  descentralizados para la prestación de servicios públicos.

 

En materia de gasto no permanente, las disposiciones del  presente decreto son de aplicación obligatoria para todas las  instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución  de la República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas  de la Función Ejecutiva, con excepción de las Funciones Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control  Social, y de las entidades que integran el régimen autónomo  descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto  normativo de los gobiernos autónomos descentralizados  para la prestación de servicios públicos.

 

No obstante lo expuesto, se exhorta a las máximas autoridades de todas las entidades públicas, no contempladas en  dicho ámbito procurar la aplicación de estas disposiciones.

 

Artículo 2.- Responsabilidad de los representantes de las  instituciones del Estado.- Los representantes de todas las  instituciones del Estado contempladas en el artículo primero  y el personal a cargo de las unidades administrativas,  financieras y de talento humano, serán responsables de la  aplicación de las disposiciones contenidas en el presente  decreto, en sus respectivas entidades.

 

SECCIÓN I

 

GASTOS EN PERSONAL

 

Artículo 3.- Unificación de escala remunerativa.- La  escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas  y banca pública amparadas en las Leyes Orgánicas del  Servicio Público y de Empresas Públicas, será unificada de  conformidad con la Escala de Remuneraciones Mensuales  del Sector Público, con base a la descripción y perfiles  de puestos contemplados en los manuales de descripción,  valoración y clasificación de puestos, establecidos por la  Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP y  el Ministerio del Trabajo, de manera coordinada.

 

Artículo 4.- Remuneraciones mensuales unificadas.- Las remuneraciones mensuales unificadas que superen la  remuneración del grado 2 del nivel jerárquico superior se  reajustarán en un 10% en menos a partir del 1 de septiembre  de 2017. En ningún caso, los grados sujetos a ajuste tendrán  una diferencia respecto al grado inmediato inferior no  menor de 50 dólares. Se exceptúa de esta disposición a los  directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de  salud, director/rector 4 y miembros activos de las Fuerzas  Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del  Ecuador.

 

El Ministerio del Trabajo procederá a reestructurar dichas  escalas. Esta disposición incluye las empresas públicas y  las instituciones que conforman la banca pública.

 

Los servidores públicos de nombramiento regular que a la  fecha reciban una remuneración mensual unificada superior  al grado 2 mantendrán su remuneración actual bajo criterio  de sobrevaloración.

Artículo 5.- Pago de remuneración variable por  eficiencia.- Se suspende el pago de la remuneración variable  por eficiencia para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

 

Artículo 6.- Vacantes.- Se eliminan las vacantes de todas  las instituciones del Estado contempladas en el ámbito del  presente decreto, salvo las que previo informe técnico del Ministerio del Trabajo se determine su estricta necesidad  de permanencia en el distributivo de remuneraciones  institucional, hasta el 29 de septiembre de 2017.

 

Artículo 7.- Personal de apoyo.- Las Unidades de Gestión  del Talento Humano de todas las instituciones del Estado  contempladas en el artículo primero del presente decreto  crearán un banco de servidores a disposición del Ministerio  del Trabajo con el personal de las áreas de apoyo y asesoría  que exceda la regulación 70/30 (70% procesos generadores  de valor agregado o sustantivo y 30% procesos habilitantes  de apoyo y asesoría o adjetivos); el cual conformará el  personal que puede ser reasignado para cumplir tareas  en otras entidades del ámbito de este decreto. No podrá  contratarse nuevo personal de apoyo mientras exista  personal que pueda ser reasignado de otras entidades.

 

El  Ministerio del Trabajo emitirá el instructivo necesario para  la aplicación del presente artículo. El Ministerio del Trabajo evaluará la pertinencia de  continuar utilizando los puestos estratégicos en las  instituciones públicas del Presupuesto General del Estado,  para lo cual emitirá las normas que hagan operativa esta  disposición, en un plazo no mayor a treinta días laborales.

 

Artículo 8.- Evaluación de cargas de trabajo del  personal de las empresas públicas Petroecuador y  Petroamazonas.- Las empresas públicas petroleras, con  el objetivo de realizar su planificación anual de talento  humano, deberán evaluar las cargas óptimas de trabajo de  sus funcionarios y obreros, en función de las actividades que  cumplen. La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas  EMCO EP y el Ministerio del Trabajo supervisarán la  evaluación correspondiente para el año 2017 y planificación  del año 2018.

 

Artículo 9.- Contratos de servicios profesionales y  consultorías.- La contratación de prestación de servicios  profesionales y consultorías por honorarios solo se podrá  ejecutar cuando el objeto de la contratación haga referencia  a actividades relacionadas con los procesos agregadores de  valor de las entidades sujetas al ámbito del presente decreto.  

 

De manera previa a la contratación de consultorías,  cualquiera que fuera su objeto, se deberá verificar en el  banco de consultorías del sector público, el cual se encuentra  a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública, para  evitar la duplicidad con estudios ya realizados.

 

De igual forma se restringe la celebración de contratos  civiles de servicios profesionales o contratos técnicos  especializados sin relación de dependencia sujetos a la Ley  Orgánica del Servicio Público, a excepción de aquellos  casos que justifiquen la imperativa necesidad institucional  de contratar, para lo cual se requiere un informe técnico  emitido por la Unidad de Gestión de Talento Humano.

 

Artículo 10.- Racionalización del pago por horas  extraordinarias y suplementarias.- La planificación de  las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal  de cada institución que se encuentren sujeto a la Ley  Orgánica de Servicio Público será autorizada por la máxima  autoridad o su delegado, hasta un monto de 30 horas al  mes, entre horas suplementarias y extraordinarias, basada  en la debida justificación de la necesidad emitida por el  responsable del área; sin perjuicio de lo cual, los servidores  deberán cumplir con las tareas asignadas dentro de la  jornada ordinaria de trabajo.

 

Artículo 11.- Licencias con remuneración.- El  otorgamiento de licencias con remuneración para aquellos  servidores públicos que vayan a efectuar estudios de post  grado, maestrías o especializaciones en la misma ciudad de  manera presencial o virtual, deberá ser evaluado en función  al interés institucional, el cual contará con el informe  favorable del Ministerio del Trabajo, previo informe de la  Unidad de Gestión de Talento Humano institucional.

 

Artículo 12.- Depuración institucional.- El Ministerio  del Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación  y Desarrollo, con base al análisis técnico respectivo,  identificarán aquellas unidades de las instituciones públicas  de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo  al cumplimiento de su misión institucional, tanto en su  funcionamiento como en los productos y servicios que  brinden, a fin de proceder a su eliminación.

 

Artículo 13.- Racionalización de programas públicos.-  La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  procederá a la racionalización de aquellos programas y  proyectos institucionales que no sean eficaces y eficientes e  impliquen duplicidad o contraposición con otros similares.  Se pondrá especial énfasis en limitar la contratación de  personal a través de programas y proyectos de inversión, en  ningún caso se procederá a contratar servicios ocasionales  para actividades permanentes o de funcionamiento de  procesos habilitantes.  

 

SECCIÓN II

 

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

 

Artículo 14.- Racionalización del pago por viático por  gastos de residencia.- Todas las instituciones del Estado  contempladas en el artículo primero del presente decreto,  deberán priorizar la contratación de personal residente en  la localidad donde presten sus servicios. En el caso de que  se autorice la vinculación de personal no residente, no se  reconocerá el pago por viático por gastos de residencia, a  excepción de la Función Legislativa, de conformidad con  la Ley Interpretativa del Artículo 3 de la Ley Orgánica del  Servicio Público.

 

El Ministerio del Trabajo revisará la normativa vigente que  regula el pago del viático por gastos de residencia a los  servidores públicos a fin de que incorpore mecanismos de  control que garantice el pago óptimo de este beneficio, en  un plazo no mayor de 30 días.

 

Artículo 15.- Viajes al exterior.- Los viajes al exterior de los  servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo  sea la participación en eventos oficiales y en representación  de la institución o del Estado, serán previamente calificados  y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia  de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la  Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado,  la que autorice los viajes al exterior de sus servidores  públicos de conformidad con la dinámica del sector pero  deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria  General de la Presidencia.

 

La Secretaria General de la Presidencia en coordinación  con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad  Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar  viajes internacionales del personal del servicio exterior.

 

Artículo 16.- Movilización interna.- La máxima autoridad  de la entidad, o su delegado, autorizará la movilización  interna de los funcionarios que se trasladan para cumplir  con las funciones derivadas de su cargo o para asistir a  reuniones de trabajo y/o eventos de capacitación deberá  estar plenamente justificada. Se preferirá el uso de  herramientas informáticas como videoconferencias en el  caso que la situación lo amerite.  

 

Artículo 17.- Compra de pasajes.- Para la Función  Ejecutiva, se elimina la compra de pasajes premier (que  permiten cambiar la hora o fecha), salvo para miembros del  gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de  la Presidencia de la República.

 

Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se  deberá seleccionar el menor valor de las cotizaciones de  pasajes por internet, de la agencia de viajes, de la compañía  u otros.

 

Artículo 18.- Evaluación de vehículos terrestres.- Para  el caso de la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas,  se dispone al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público realizar una evaluación de los vehículos terrestres  institucionales públicos con la finalidad de su redistribución  entre las instituciones que comprende este decreto, con  la sola excepción de los vehículos de uso especializado,  incluidos patrulleros, vehículos tácticos militares,  ambulancias, motobombas, equipo caminero, y agrícolas.

 

Los vehículos de alta gama se procederán con su  enajenación, de conformidad del Reglamento de Bienes  del Sector Público, para lo cual el Servicio de Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, tendrá el plazo de 180 días,  salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

 

Artículo 19.- Compra de vehículos.- Para el caso de la  Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, se prohíbe la  compra de automóviles de alta gama y se autoriza el uso  máximo de dos vehículos todo terreno/todo camino, que no  sean camionetas, por unidad de administración financiera  pública, de gama superior a 2.000 c.c.; en caso de disponer  de más de dos vehículos, el número en exceso se deberá  poner a disposición del Servicio de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público para su respectiva redistribución  o enajenación; con la única excepción para el parque  automotor asignado a la Presidencia.

 

Se prohíbe además la compra de vehículos no especializados,  salvo aquellos aprobados por la Secretaría General de la  Presidencia de la República.

 

Para el resto de Funciones del Estado, la compra de  vehículos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de  cada entidad.

 

Artículo 20.- Uso de sirenas y balizas en vehículos  oficiales.- Para el caso de la Función Ejecutiva y sus  Empresas Públicas, se prohíbe la instalación de sirenas y  balizas en vehículos oficiales y se dispone la inmediata  desinstalación de las mismas, a excepción de las autorizadas  por la Secretaría General de la Presidencia de la República.

 

Artículo 21.- Actualización de estado de funcionamiento  del parque automotor del sector público.- Para el caso de  la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, se dispone  a las entidades actualizar el registro del parque automotor  de cada institución en el Sistema de Bienes y Existencias  del eSIGEF, incluyendo el estado de funcionamiento actual.  El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público  realizará la evaluación técnica y del estado mecánico del  parque automotor del sector público que se encuentre en  mal estado de funcionamiento, en forma previa a reparar o  dar de baja con el objetivo de evitar su reposición, acorde al  Decreto Ejecutivo No. 1515 de fecha 15 de mayo de 2013.

 

Artículo 22.- Uso de vehículos oficiales.- Para el caso de  la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, conforme  a las necesidades institucionales, los servidores públicos  podrán conducir los vehículos oficiales, siempre y cuando  tengan una licencia de conducir tipo B, exceptuando los  vehículos de uso especializado, incluidos patrulleros,  vehículos tácticos militares, ambulancias, motobombas,  equipo caminero, y agrícolas). Se autoriza la asignación y utilización de los vehículos  oficiales institucionales únicamente hasta las autoridades  ubicadas en el grado 6 de la Escala de Remuneración  Mensual Unificada del Nivel Jerárquico Superior.

 

Se  prohíbe la asignación de vehículos oficiales de manera  expresa para los grados inferiores al grado citado del  nivel jerárquico superior, incluido asesores bajo cualquier  denominación.

 

La utilización de los vehículos oficiales debe estar a servicios  del cumplimiento de las funciones de las instituciones de  estado.

 

Artículo 23.- Realización de eventos públicos y de  capacitación.- Para el caso de la Función Ejecutiva, se  prohíbe la realización de eventos públicos y de capacitación  en hoteles, hosterías y locales privados, salvo aquellos  debidamente autorizados por la Secretaría General de la  Presidencia de la República.

 

Para el resto de Funciones del Estado, la realización  de eventos públicos y de capacitación estará sujeta a la  disponibilidad presupuestaria de cada entidad, y se exhorta  a utilizar los espacios públicos disponibles.

 

Artículo 24.- Arriendo, remodelación, adecuación y  mantenimiento de inmuebles.- Para el caso de la Función

Ejecutiva, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del  país, destinados al funcionamiento de entidades públicas,  siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles  en la localidad que cumplan con los requerimientos de la  entidad.

 

En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro  del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público observará el costo promedio de arrendamiento de  inmuebles en la localidad, y el costo de remodelaciones y  adecuaciones requeridas por las entidades.

 

Para la adecuación de los inmuebles arrendados dentro  del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público autorizará el monto de gasto para remodelaciones  y adecuaciones requeridas por las entidades, observándose  las áreas máximas por persona y los mecanismos de  recuperación o compensación de inversión en remodelación  y/o adecuaciones.

 

El arrendamiento de inmuebles en el exterior para vivienda  de los funcionarios del servicio exterior y de las ofi cinas  de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y  representantes permanentes del Ecuador en el exterior,  será regulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y  Movilidad Humana, sin perjuicio del cumplimiento de las  normas de control que fueren pertinentes. El funcionario del  servicio exterior que goce con este beneficio no percibirá el  viático por gastos de residencia.

 

Artículo 25.- Propaganda y publicidad.- Las instituciones  públicas de la Función Ejecutiva podrán difundir, informar,  publicitar, contratar propaganda y elaborar material  publicitario únicamente previa autorización de su Plan  de Comunicación por parte de la Secretaría Nacional de  Comunicación, quién emitirá las regulaciones pertinentes.

 

Artículo 26.- Control de inventarios.- Las instituciones  públicas establecerán procesos de control de inventarios de  bienes y existencias, emitirán políticas a fin de regular los  niveles óptimos de inventario, sobre montos superiores a  USD 5 millones, y realizarán el seguimiento del control de  inventarios de manera semestral, con el objetivo de reducir  pérdidas o caducidad de inventarios, mejorar los procesos  de compra, y optimizar su presupuesto.

 

 

Artículo 27.- Asignación y uso de teléfonos celulares.- Para el caso de la Función Ejecutiva, se autoriza la  asignación y uso de teléfonos celulares institucionales  únicamente al grado 7 y superiores de la Escala de  Remuneración Mensual Unificada del Nivel Jerárquico  Superior. Se prohíbe de manera expresa la asignación y  utilización por parte de los grados inferiores. En el caso  de las Empresas Públicas creadas por Decreto Ejecutivo la  asignación será solo para las Gerencias Generales.

 

Artículo 28.- Contratación de empresas de seguridad.-  Para el caso de la Función Ejecutiva, el Ministerio del  Interior autorizará y establecerá los costos referenciales  para la contratación de empresas de seguridad.

 

Artículo 29.- Tarifas de proveedores para la prestación  de servicios en general y de provisión nacional.- Previa  la contratación de servicios en general y de provisión  nacional, se deberá realizar la comparación de las tarifas  de proveedores actuales con otros proveedores de dichos  servicios, de conformidad con las normas establecidas por el  Servicio de Contratación Pública, mismas que privilegiarán  siempre la producción nacional, para lo cual el SERCOP  deberá revisar los precios o valores con los que actualmente  viene trabajando en beneficio de la optimización del gastos.

 

Artículo 30.- Enajenación o transferencia de activos  inmuebles improductivos.- Para el caso de la Función  Ejecutiva, se dispone la enajenación o transferencia a título  gratuito de los activos inmuebles improductivos de las  entidades a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector  Público; incluyendo, aquellos bienes inmuebles localizados  fuera del territorio nacional.

 

Artículo 31.- Personal de seguridad.- Se dispone la  reducción del personal asignado a la seguridad de las  autoridades públicas de conformidad con los lineamientos  que emita el Ministerio del Interior.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Primera.- Informes.- Todas las instituciones del Estado  sujetas al ámbito de aplicación de este decreto, presentarán  en su sitio de internet informes semestrales sobre su  cumplimiento. La Presidencia de la República, el Ministerio  de Economía y Finanzas y Ministerio del Trabajo, podrán  solicitar en cualquier momento información específica  a las mencionadas instituciones, las cuales la deberán  proporcionar información en un plazo no mayor de quince  (15) días de la recepción del requerimiento.

 

Segunda.- Control.- Todos los organismos de control  del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,  están obligados a aplicar y vigilar el cumplimiento de las  disposiciones del presente decreto.

 

Tercera.- Sanción.- El incumplimiento de las disposiciones  contenidas en el presente decreto se sancionará de  conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

 

Cuarta.- Domicilio de BanEcuador B.P.- Cámbiese la  palabra Quevedo por la palabra Quito en el artículo 2 del  Decreto Ejecutivo No. 677 del 13 de mayo del 2015, por  lo que el domicilio principal de BanEcuador B.P., será la  ciudad de Quito.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.- Se exceptúa de la disposición contemplada en  el artículo 6 del presente decreto, las partidas vacantes  cuyos procesos de concursos de méritos y oposición hayan  sido convocados hasta la fecha de expedición del presente  decreto, así como aquellas que se encuentran en proceso  de litigio, en comisión de servicios sin remuneración, las  vacantes temporalmente inactivas o las correspondientes  al nivel jerárquico superior a excepción de los puestos de  asesores.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará  en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución  encárguense los Ministros de Economía y Finanzas y de  Trabajo.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de septiembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 7 de septiembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  

 

No. 146

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del  Ecuador, determina que el Presidente de la República ejerce  la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y  responsable de la administración pública;

 

Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la  Constitución de la República del Ecuador establecen, entre  otras atribuciones y deberes del Presidente de la República,  el definir y dirigir las políticas públicas de la Función  Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma  desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su  integración, organización, regulación y control, así como  los referentes a su modificación o supresión;

 

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la  República del Ecuador observa y garantiza a las personas el  derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre  y voluntaria;

 

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del  Ecuador reconoce todas las formas de organización de la  sociedad, como expresión de la soberanía popular, para el  desarrollo de procesos de autodeterminación e incidir en  las decisiones y políticas públicas y en el control social de  todos los niveles de gobierno, así como de las entidades  públicas y de las privadas que presten servicios públicos;  organizaciones que podrán articularse en diferentes  niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de  expresión y, deberán garantizar la democracia interna, la  alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas;

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana establece que el Estado, en todos sus niveles de  gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas,  programas y proyectos que se realicen con el apoyo de  las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a  incentivar la producción y a favorecer la redistribución de  los medios de producción;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3409 de 16 de enero  de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 865 del 18  de enero de 1996, se creó el Fondo Ambiental Nacional,  cuyo objetivo principal constituía el financiamiento  de planes, programas, proyectos y cualquier actividad  tendiente a la protección, conservación y mejoramiento de  los recursos naturales y el medio ambiente, de conformidad  con las prioridades y políticas ambientales y de desarrollo  sostenible establecidas en las políticas básicas ambientales;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 998 de 10 de abril  del 2016, publicado en el Segundo Suplemento del Registro  Oficial No. 742 de 27 de abril del 2016, se decretó la  disolución del Fondo Ambiental Nacional;

 

Que, en el artículo 2 del precitado Decreto Ejecutivo No.  998, se encargó la liquidación del Fondo Ambiental Nacional  a la comisión liquidadora, cuya acción debía garantizar  que los fondos públicos resultantes de la liquidación del  Fondo Ambiental Nacional sean empleados en políticas de  conservación y protección al medio ambiente, observando  las disposiciones legales e instrumentos pertinentes;

 

Que, el artículo 565 del Código Civil dispone que constituyen  personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que se  hayan establecido en virtud de una ley o que hayan sido  aprobadas por el Presidente de la República;

 

Que, la letra k del artículo 11 del Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva  contempla, entre las atribuciones del Presidente de la  República, la de delegar a los ministros, de acuerdo con  la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos  de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de  personalidad jurídica respectiva;

 

Que, el artículo 8l del Decreto Ejecutivo No. 739,  publicado en Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto  del 2015, se expidió el Reglamento del Sistema Unificado  de Información de Organizaciones Sociales, en el cual se  señala que las instituciones competentes del Estado para  otorgar la personalidad jurídica de las organizaciones  sociales sin fines de lucro, observarán que los actos  relacionados con la constitución, aprobación, reforma y  codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro  y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de  las organizaciones sociales, ajustándose a la disposiciones  constitucionales, legales y a dicho reglamento;

 

Que, de acuerdo a las letras a), b), f), h) e, i) del artículo  11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva, corresponde al Presidente de  la República dirigir y resolver los asuntos superiores  fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado  Ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los organismos y entidades que conforman  la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter  general o específico, según corresponda, mediante decretos  ejecutivos y, suprimir, fusionar y reorganizar organismos de  la Función Ejecutiva;

 

Que, el artículo 60 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva indica que los  organismos administrativos jerárquicamente superiores  podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto  cuya resolución corresponda por atribución propia o por  delegación a los órganos dependientes, cuando lo estimen  pertinente por motivos de oportunidad técnica, económica,  social, jurídica o territorial;

 

Que, el Estado ecuatoriano y sus instituciones han  suscrito convenios internacionales de carácter bilateral y  multilateral, tanto con otros estados como con organismos  internacionales, a fin de apoyar iniciativas, planes,  programas y proyectos tendientes a la gestión ambiental  o la protección, conservación y uso sostenible de los  recursos naturales y biodiversidad, así como para acciones  de mitigación y adaptación al cambio climático, y calidad  ambiental;

 

Que, el Fondo Ambiental Nacional, contaba con recursos  provenientes de cooperación internacional amparados por  convenios internacionales que establecían condiciones  especiales relativas al manejo de los mismos; así como con  recursos propios del Estado y de aportantes privados;

 

Que, en virtud del mandato encomendado, la comisión  liquidadora ha propuesto un nuevo mecanismo financiero  que garantice que los recursos provenientes de la liquidación  del Fondo Ambiental Nacional sean empleados en políticas  de conservación y protección al medio ambiente, observando  las disposiciones legales e instrumentos pertinentes, y con  el objetivo de evitar que se afecten programas y proyectos  en marcha;

 

Que, resulta necesario crear un mecanismo financiero que  sustituya al Fondo Ambiental Nacional que se adecúe  plenamente al marco jurídico constitucional y legal vigente,  así como a los compromisos internacionales suscritos por el  estado ecuatoriano, y que cuente con la estructura jurídica  y financiera que le permita la consecución de sus fines  institucionales;

 

Que, mediante oficio No. MAE-MAE-2017-0416-O de  21 de junio del 2017, el Ministro de Ambiente, efectúa un  análisis financiero del Fondo Ambiental Nacional y realiza  la solicitud de creación de una organización similar;

 

Que, mediante oficio No. MREMH-MREMH-2017-0583- OF de 29 de junio del 2017, la Ministra de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana considera pertinente la  creación del nuevo Fondo;

 

Que, mediante oficio No. MEF-MINFIN-2017-0382-O de  18 de agosto del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas  expide el correspondiente informe favorable previo; y,

 

Que, mediante oficios Nos. MAE-MAE-2017-0685-O  y MAE-MAE-2017-0687-O de 31 de agosto del 2017,  el Ministro del Ambiente señala que dentro del proceso  de revisión del nuevo organismo existe predisposición de  organismos de cooperación internacional de acogerse al  mismo.

 

En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 13  del artículo 66, artículos 96 y 141, numerales 3, 5 y 6  del artículo 147 de la Constitución de la República del  Ecuador, artículo 565 del Código Civil, letras a), b), f), h)  e, i) del artículo 11 y artículo 60 del Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

 

Decreta:

 

OTORGAR PERSONERÍA JURÍDICA Y APROBAR  LOS ESTATUTOS DEL FONDO DE INVERSIÓN  AMBIENTAL SOSTENIBLE

 

Artículo 1.- Otórgase al FONDO DE INVERSION  AMBIENTAL SOSTENIBLE personería jurídica y  apruébase su existencia como persona jurídica privada sin  fines de lucro, con finalidad ambiental y patrimonio propio,  de acuerdo a las disposiciones del Título XXX del Libro  I del Código Civil, y en lo aplicable, a las disposiciones  del Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en Registro  Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, que contiene  el Reglamento del Sistema Unificado de Información de  Organizaciones Sociales y demás normativa vigente.

 

El Fondo podrá contar con participación del sector público.

 

Artículo 2.- Apruébase los estatutos del FONDO DE  INVERSION AMBIENTAL SOSTENIBLE que constan a  continuación:

 

?ESTATUTOS DEL FONDO DE INVERSIÓN

AMBIENTAL SOSTENIBLE

 

TÍTULO I

 

ASPECTOS GENERALES

 

 

CAPITULO I

 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y

DURACIÓN

 

Artículo 1.- Nombre y Naturaleza.- El FONDO DE  INVERSION AMBIENTAL SOSTENIBLE, es una  persona jurídica de derecho privado con participación del  Sector Público, sin fines de lucro, con finalidad ambiental  y patrimonio propio; regulada conforme a las disposiciones  del Título XXX del Libro I del Código Civil, y en lo  aplicable, a las disposiciones del Decreto Ejecutivo No.  739, Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto del 2015,  que contiene el Reglamento del Sistema Unificado de  Información de Organizaciones Sociales y demás normativa  vigente.

 

Artículo 2.- Domicilio y duración.- El FONDO DE  INVERSION AMBIENTAL SOSTENIBLE se constituye  bajo la legislación ecuatoriana vigente, y por ende, tendrá  la misma nacionalidad.

El FONDO DE INVERSION AMBIENTAL SOSTENIBLE  tendrá su domicilio legal en la ciudad de Quito, Distrito  Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, sin  perjuicio de poder abrir oficinas o sucursales en cualquier  parte del país. Ejercerá su acción a nivel nacional y su  duración será de carácter indefinido.

 

CAPÍTULO II

 

FINES Y OBJETIVOS

 

Artículo 3.- Objeto.- El FONDO DE INVERSION  AMBIENTAL SOSTENIBLE tiene como objeto principal  gestionar, receptar, administrar, movilizar, invertir y  ejecutar fondos para financiar iniciativas, planes, programas  y proyectos tendentes a la gestión ambiental, protección,  conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de  la biodiversidad; así como para las acciones de mitigación  y adaptación al cambio climático y para la gestión de la  calidad ambiental, articuladas en la legislación ecuatoriana,  convenios internacionales y políticas ambientales  nacionales.

 

Las operaciones del Fondo se realizarán de conformidad  con lo establecido en los objetivos del Plan Nacional de  Desarrollo y las políticas ambientales nacionales. El Fondo  podrá canalizar el financiamiento para la implementación  de actividades relacionadas con la mitigación y adaptación  al cambio climático enmarcadas en las políticas públicas  nacionales.

 

El FONDO DE INVERSION AMBIENTAL SOSTENIBLE  deberá adecuarse a las actualizaciones y revisiones que se  produzcan tanto en la normativ

 

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