Registro Oficial No.76- Lunes 11 de septiembre de 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017

Última modificación: Martes, 26 de septiembre de 2017 | 16:36

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 11 de Septiembre de 2017 (R. O. 76, 11-septiembre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio del Interior:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos              

 

0158-A

Deléguense atribuciones al Coordinador (a) General de Asesoría Jurídica y otro

               

0159

Subróguense las funciones de Ministro, al Magíster Andrés Fernando Vega Grunauer, Viceministro de Seguridad Interna,

               

0199

Revóquese delegación conferida al sector Carlos Roberto Caputi León, constante en el Acuerdo Ministerial de 10 de marzo de 2015

               

Ministerio del Trabajo:

 

MDT-2017-0110

Refórmese el Acuerdo Ministerial MDT-2016-0303

               

MDT-2017-0112

Créese la Unidad de la Gestión de Mediación Laboral para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

               

MDT-2017-0113

Expídese el registro obligatorio de la información de contratos y actas de finiquito, conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 098-2015 de la norma que crea el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo ?SAITE?

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría del Sistema de la Calidad:

 

Resoluciones       

 

17 421

Apruébese y oficialícese con el carácter de voluntaria la primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2510 (Chatarra metálica ferrosa. Acopio. Requisitos)

               

Ministerio de Trabajo y Obras Públicas: Subsecretaría de la Región 5:

               

SUBZ5-OS-010-2017

Concédese personalidad jurídica a la Asociación de Conservación Vial denominada ?EL SAMAN?, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

SUBZ5-OS-011-2017

Concédese personalidad jurídica a la Asociación de Conservación Vial denominada ?13 DE DICIEMBRE?, con domicilio en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

               

Secretaría de Gestión de Riesgos

SGR-002-2017

Acógese lo indicado en los memorandos: SGR-SGGR-2017-001-FQ de febrero 17 del 2017 y otros

 

Resoluciones       

 

SGR-003-2017

Acógense las recomendaciones realizadas por el Ing. Ricardo Peñaherrera, Subsecretario General de Gestión de Riesgos y otro

               

SGR-004-2017

Acógense las recomendaciones realizadas por el Ing. Ricardo Peñaherrera, Subsecretario General de Gestión de Riesgos y otro

               

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

               

INMOBILIAR-SGLB-2017-0022

Acéptese la transferencia de dominio de varios inmuebles urbanos pertenecientes a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD, a favor de INMOBILIAR

               

Avisos Judiciales:

 

Judicial y Justicia Indígena               

 

-Muerte presunta de la señora Lucila Quishpe Quishpe (1ra. publicación)

               

-Muerte presunta del señor José María Elías Vallejo (1ra. publicación)

               

-Muerte presunta del señor Kléver Rafael Jaya Muy (1ra. publicación)

               

-Juicio de rehabilitación de insolvencia del señor Pedro Pablo Medina Cobo

               

-Muerte presunta del señor Olmedo Salomon Bonilla Sánchez (2da. publicación)

               

-Juicio de expropiación seguido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil en contra del señor Bolívar Medina (2da. publicación)

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza           

 

-CantónArenillas: Que regula el servicio público de cementerios

 

CONTENIDO


 

No. 0158-A

 

Mgs. César Navas Vera

MINISTRO DEL INTERIOR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en Ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área cargo y expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

 

Que, de conformidad con el artículo 227 de la Constitución la República del Ecuador, administración pública constituye servicio colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que el artículo 1 del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 506 de 22 mayo de 2015, reformado el 09 de diciembre de 2016, establece que éste cuerpo normativo regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso;

 

Que, el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, instituye el Proceso oral por audiencias, estableciendo que la sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible;

 

Que, el artículo 42 del Código Orgánico General de Procesos señala que la constitución de la procuración judicial. La procuración judicial se constituirá únicamente a favor de una o un defensor que no se encuentre inserto en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. La procuración judicial podrá conferirse: 1. Por oficio, en el caso de entidades públicas o mediante escrito reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso. (...)?,

 

Que, de conformidad con el artículo 86 del Código Orgánico General de Procesos las partes están obligadas  a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en  las siguientes circunstancias: ?1.

 

Que concurra procurador  judicial con cláusula especial o autorización para transigir.  2. Que concurra procurador común o delegado con la  acreditación correspondiente, en caso de instituciones de  la administración pública (...);

 

Que, el artículo 293 del Código Orgánico General de  Procesos establece que las partes están obligadas a  comparecer personalmente a la audiencia preliminar, con  excepción que se haya designado una o un procurador  judicial o procurador común con cláusula especial o  autorización para transigir, una o un delegado en caso  de instituciones de la administración pública o se haya  autorizado la comparecencia a través de videoconferencia  u otro medio de comunicación de similar tecnología. Las  partes, por una sola vez y de mutuo acuerdo, podrán diferir  la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su celebración;

 

Que, el artículo 305 del Código Orgánico General de  Procesos, en relación a la comparecencia a través de  patrocinador, señala que la autoridad competente de la  institución de la administración pública que interviene  como parte o el funcionario a quien se delegue por acto  administrativo, podrán designar, mediante oficio, al  defensor que intervenga como patrocinador de la defensa  de los intereses de la autoridad demandada. Tal designación  surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser  que se lo sustituya. No obstante, en aquellas acciones o  procedimientos en los que deba intervenir directamente la  o el Procurador General del Estado se procederá conforme  con la ley;

 

Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 de la Ley  de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación  de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; 17  y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva; el Ministro del Interior está  autorizado para delegar sus atribuciones a los funcionarios  de la institución que representa cuando lo estime necesario;

 

Que, el artículo 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva establece que salvo  autorización expresa, no podrán delegarse las competencias  que a su vez se ejerzan por delegación;

 

Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva señala que la  delegación podrá ser revocada en cualquier momento por  el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso  de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya  expedición o ejecución se delegó;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo  de 2017, artículo primero, el Presidente Constitucional  de la República del Ecuador, señor Lic. Lenín Moreno  Garcés, nombró como Titular del Ministerio del Interior, al  Ingeniero César Navas Vera;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1292 de 4 de enero  de 2017, el señor Presidente de la República del Ecuador  Economista Rafael Correa Delgado, designó como titular  del Ministerio del Interior, al señor Abogado Pedro Solines  Chacón;

Que, con Acuerdo Ministerial Nro. 2345 de 13 de octubre  de 2011, el señor Doctor José Serrano Salgado, Ministro  del Interior a esa fecha, delega al Coordinador (a)  General de Asesoría Jurídica y al Director (a) Jurídico del  Ministerio del Interior, para que de manera independiente  y las circunstancias lo amerite, intervengan a nombre y  representación del Ministerio del Interior, personalmente o  con el patrocinio de un profesional del derecho, en todas  las causas constitucionales, judiciales o administrativas  que sea parte esta Secretaría de Estado, ya sea como actor,  demandado o tercerista. Facultándoles para suscribir,  presentar y contestar demandas en juicios penales,  civiles, administrativos, tributarios, laborales, de tránsito,  inquilinato, acciones de protección, hábeas data, acciones  de inconstitucionalidad, etc., en todas sus instancias,  así como para iniciar juicios, continuarlos, impulsarlos,  presentar o impugnar pruebas, interponer recursos, sin  limitación alguna, hasta su conclusión;

 

Que, es necesario armonizar racionalizar y desconcentrar la  gestión administrativa del Despacho Ministerial conforme  al ordenamiento jurídico vigente; y,

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador y los artículos 17, 55 y 56 del Estatuto del Régimen  y Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y,

 

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- DELEGAR al Coordinador (a) General de  Asesoría Jurídica, y al Director (a) Jurídico del Ministerio  del Interior, para que a nombre y representación del Ministro  (a) del Interior, ya sea de manera conjunta o individual de  conformidad con la Ley, ejerzan las siguientes atribuciones:

 

Intervengan en todas las causas judiciales, extrajudiciales,  administrativas, contencioso administrativas, de  mediación, laborales, civiles, arbitrales, constitucionales  y de garantías jurisdiccionales en las que sea parte el  Ministerio del Interior, ya sea como actor, demandado o  tercerista, en todas sus instancias y fases; en calidad de  procuradores judiciales quedando facultados (as) para  sustituir la procuración a favor de otro u otros profesionales  del Derecho que laboren en este Portafolio de Estado,  allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del  recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir  al juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la  cual verse el litigio o tomar posesión de ella, quedando  expresamente facultados (as) para iniciar juicios e incoar  acciones, continuarlos, impulsarlos, presentar o impugnar  pruebas, comparecer audiencias, interponer recursos, sin  limitación alguna hasta su culminación.

 

Artículo 2.- De conformidad con el artículo 56 del  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva se autoriza expresamente al  Coordinador (a) General de Asesoría Jurídica, y al  Director (a) Jurídico del Ministerio del Interior para que  de manera conjunta o individual confieran delegación a los  profesionales del Derecho del Ministerio del Interior para  que ejerzan las atribuciones establecidas en el artículo 1  del presente Acuerdo Ministerial, para lo cual bastará oficio  como título suficiente para el ejercicio de tal delegación.

Artículo 3.- De conformidad con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva los actos emitidos en virtud de las delegaciones constantes en los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo Ministerial serán considerados dictados por el Ministro del Interior, siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados que actúan.

 

Artículo 4.- El Coordinador (a) General de Asesoría Jurídica; y, el Director (a) Jurídico, informarán al Ministro del Interior de las acciones adoptadas en ejercicio de las delegaciones constantes en los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo Ministerial, siendo penal, civil y administrativamente responsables por los actos que realicen o las omisiones en que incurrieren en tal virtud.

 

Artículo 5.- Póngase en conocimiento de la Secretaria Nacional de la Administración Pública; del Coordinador (a) General de Asesoría Jurídica; y, del Director (a) Jurídico del Ministerio del Interior.

 

Artículo 6.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese el Despacho Ministerial.

 

Disposición Final.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva la delegación conferida en el Acuerdo Ministerial No. 2345 de 13 de octubre de 2011, queda revocada con la suscripción del presente Acuerdo Ministerial.

 

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de julio de 2017.

 

f.) Mgs. César Navas Vera, Ministro del Interior.

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 09 de agosto de 2017.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

 

No. 0159

 

Mgs. César Navas Vera

MINISTRO DEL INTERIOR

 

Considerando:

 

Que, conforme a lo dispuesto por la letra g) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, es derecho irrenunciable de las servidoras y servidores públicos gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo a lo prescrito por dicha Ley;

 

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia con el artículo 270 de su Reglamento General establece que la subrogación procede por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, cuando una servidora o servidor público deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente;

 

Que, de conformidad con el literal f) numeral 1 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 de mayo de 2017 la Secretaría General de la Presidencia de la República tiene como atribución expedir acuerdos de autorización de vacaciones, licencias con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado ocho de la escala del nivel jerárquico superior;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, artículo primero, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Titular del Ministerio del Interior, al Magíster César Antonio Navas Vera;

 

Que, mediante Oficio No. PR-SGPR-2017-2875-O de 19 de julio de 2017, el Secretario General de la Presidencia de la República en relación al Oficio No. MDI-2017-0482- OF de 05 de julio de 2017 mediante el cual el Magister César Antonio Navas Vera Ministro del Interior, solicita licencia con cargo a vacaciones desde el 21 hasta el 28 de julio de 2017, pone en conocimiento el Acuerdo No. 0009 de 13 de julio de 2017, a través del cual de conformidad con las atribuciones conferidas en el literal f) numeral 1 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 de mayo de 2017 autoriza la licencia solicitada; y,

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Disponer al Magíster Andrés Fernando de la Vega Grunauer, Viceministro de Seguridad Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro del Interior, por el período comprendido desde el 21 hasta el 28 de julio de 2017 inclusive, en razón de la licencia con cargo a vacaciones del Titular.

 

Artículo 2.- El subrogante informará al Ministro del Interior, sobre las gestiones desarrolladas en ejercicio de las funciones referidas en el artículo precedente.

 

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial, póngase en conocimiento del Secretario General de la Presidencia de la República y del Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, mismo que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 20 de julio de 2017.

 

f.) Mgs. César Navas Vera, Ministro del Interior.

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fi el copia del original que reposa en el Archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 09 de agosto de 2017.-

 

f.) Ilegible, Secretaría General.

 

No. 0199

 

Mgs. Andrés Fernando de la Vega Grunauer

MINISTRO DEL INTERIOR

SUBROCANTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la norma suprema establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación;

 

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva el Ministro del Interior está autorizado para delegar sus atribuciones a los funcionarios de la institución que representa cuando estime necesario;

 

Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala que la delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó;

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011 publicado en el Registro Oficial No. 372, de 27 de enero del 2011, el Presidente Constitucional de la República dispone que: ?Art. 1.- Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumido por el Ministerio del Interior, quien a su vez podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con la Ley.?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombra como titular del Ministerio del Interior al Magister César Navas Vera;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 4096 de 21 de marzo de 2014 y posteriores reformas, se delegó a varios servidores del Ministerio del Interior, para que, en el ámbito de su jurisdicción territorial a nombre y representación del titular como representantes de las Zonas Administrativas de Planificación, ejerzan varias atribuciones en relación a la situación de los bienes de propiedad de este Portafolio de Estado;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5440 de 10 de marzo de 2015, se delegó al señor Carlos Roberto Caputi León como responsable de la Zona Administrativa de Planificación No. 8;

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 193 de 02 de agosto de 2017, el Mgs. César Navas Vera, Ministro del Interior, dispuso al Magíster Andrés Fernando de la Vega Grunauer, Viceministro de Seguridad Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro del Interior, por el período comprendido desde el 03 hasta el 06 de agosto de 2017 inclusive; y

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión administrativa del Despacho Ministerial, inclusive en lo atinente a la aplicación del Reglamento General para la Administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público,

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral primero del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial No. 193 de 02 de agosto de 2017;

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Revocar la delegación conferida al sector Carlos Roberto Caputi León constante en el Acuerdo Ministerial No. 5440 de 10 de marzo de 2015 de conformidad con el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Artículo 2.- DELEGAR a la licenciada Yanina Andrea Gómez Gavilánez como Responsable de la Zona Administrativa de Planificación No. 8, para que, a nombre y representación del Ministro del Interior .en el ámbito de su jurisdicción territorial, proceda, de conformidad con la normativa vigente, a:

 

 

La baja de los bienes muebles obsoletos;

 

La transferencia gratuita de los bienes que sean considerados inservibles o que hubieren dejado de usarse por la institución;

 

Resolver lo que concierne a la enajenación mediante remate y venta de bienes;

 

Suscribir la permuta, traspasos y comodato;

 

La baja de semovientes;

 

t) La demolición de edificios;

 

La baja por hurto, robo, pérdida, destrucción total o  parcial de bienes;

 

La baja de título de Crédito y Especies;

 

La aprobación del Plan de Mantenimiento y Control de  Equipos Informáticos;

 

Disponer la distribución y uso de vehículos asignados  a la zona, por parte del personal que labora en el  Ministerio del Interior, de acuerdo al Reglamento  correspondiente y otorgar salvoconductos cuando estos  sean requeridos y debidamente justificados; y,

 

Las demás que legalmente se le asignaren.

 

Artículo 3.- La delegada informará al Ministro del Interior  de las acciones adoptadas en ejercicio de la presente  delegación, siendo penal, civil y administrativamente  responsable por los actos que realizare o las omisiones en  que incurriere en virtud de la misma.

 

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará  en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de  su publicación en el Registro Oficial; de su ejecución  encárguese la Coordinadora General Administrativa  Financiera.

 

Artículo 5.- Póngase en conocimiento de la Secretaría  General de la Presidencia de la República, de la  Coordinadora General Administrativa Financiera; y de a  licenciada Yanina Andrea Gómez Gavilánez

 

COMUNÍQUESE y PUBLIQUÉSE: Dado en el Distrito  Metropolitano de Quito, a 03 de agosto de 2017.

 

f.) Mgs. Andrés Fernando de la Vega Grunauer, Ministro  del Interior Subrogante.

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el  presente documento es fiel copia del original que reposa en  el Archivo de la Dirección de Secretaría General de este  Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 09  de agosto de 2017.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

No. MDT-2017-0110

 

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la  República del Ecuador, establece que el más alto deber del  Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos  garantizados en la Constitución;

 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del  Ecuador, manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber  social, y un derecho económico, fuente de realización  personal y base de la economía; señala además que el  Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno  respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones,  retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable  y libremente escogido o aceptado;

 

Que, el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la  República del Ecuador, determina que con el fin de asegurar  el derecho al debido proceso la ley establecerá la debida  proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones  penales, administrativas o de otra naturaleza;

 

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone que a las Ministras y  los Ministros de Estado, les corresponde, además de las  atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las  políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos  y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador, indica que las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las o los servidores públicos y  las personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que les  sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del  Ecuador, señala que la administración pública constituye  un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por  los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación y transparencia;

 

Que, el artículo 284 de la Constitución del República del  Ecuador, en el numeral 6 determina que es deber del Estado  impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de  trabajo, con respeto a los derechos laborales;

 

Que, el artículo 326 numeral 2 de la Constitución de la  República del Ecuador establece que el derecho al trabajo  se sustenta en varios principios, entre ellos que los derechos  laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda  estipulación en contrario;

 

Que, el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8  establece que las violaciones de las normas del Código  del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los  artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y cuando no se  haya fijado sanción especial, la o el Director Regional del  Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un  máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados del  trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia;

 

Que, el Ecuador con fecha 26 de agosto de 1975 ha  ratificado el Convenio No. 81 de la OIT, sobre la inspección  del trabajo;

Que, el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que se sancionará la violación a las disposiciones referentes al trabajo con amonestaciones y multas según corresponda;

 

Que, el artículo 4 del Código del Trabajo determina que los derechos del trabajador son irrenunciables y que será nula toda estipulación en contrario;

 

Que, los artículos 42 y 44 del Código del Trabajo establecen respectivamente, las obligaciones y las prohibiciones de los empleadores con relación a sus trabajadores;

 

Que, el artículo 410 del Código del Trabajo establece las obligaciones del empleador con respecto a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida;

 

Que, el artículo 412 del Código del Trabajo establece que la Dirección de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades y de los preceptos establecidos en este artículo;

 

Que, el artículo 436 del Código del Trabajo establece que el Ministerio del Trabajo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo?.

 

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo, determina que corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, organización y protección del trabajo. Así como también corresponde al Ministerio rector del trabajo ejercer la rectoría en materia de seguridad en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo será competente para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia.

 

Que, el artículo 542 del Código del Trabajo, en sus numerales 1, 3, 4, 5, 7, 9, y 10, establece las atribuciones de los Directores Regionales del Trabajo relacionadas con su obligación de precautelar el cumplimiento de las obligaciones laborales;

 

Que, el artículo 545 del Código del Trabajo, en sus numerales 1, 2 y 4 establece las atribuciones de los inspectores del trabajo relacionadas con su obligación de precautelar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y trabajadores;

 

 

Que, el artículo 628 del cuerpo legal en mención, establece que las violaciones de las normas en el ámbito laboral serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes, y cuando no se haya fijado sanción especial, la o el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América y para su aplicación se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del trasgresor;

 

Que, el artículo 631 del mismo Código, establece que tienen competencia para la imposición de multas y sanciones las autoridades del trabajo, dentro de su respectiva jurisdicción y de las funciones que les están encomendadas en este Código;

 

Que, de conformidad con la Disposición General Cuarta del Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente No. 8, el Ministerio del Trabajo en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas efectuará los correspondientes controles posteriores a las empresas de actividades complementarias con la finalidad de establecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la contratación de tales actividades;

 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento 557 de 17 de abril del 2002 se publicó la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 167 de 27 de abril del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 593 de 19 de mayo de 2009 se emitió la normativa que define los tipos las infracciones laborales;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 53 publicado en el Registro Oficial 701 de 11 de mayo del 2012, se emitió el Instructivo de Identificación de actividades de voluntariado para los inspectores del trabajo;

 

Que, es necesario realizar una actualización de las disposiciones emitidas respecto del proceso de inspecciones laborales e incluir multas específicas para personas naturales en calidad de empleadoras en apego lo prescrito en el Código de Trabajo, por concepto de incumplimiento de obligaciones laborales, fijadas por parte del Ministerio de Trabajo, observando el principio de proporcionalidad para la determinación de las mismas; así como, para el establecimiento de sanciones administrativas en razón de la infracción cometida, considerando lo prescrito en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador;

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 539 del Código del Trabajo,

 

Acuerda:

 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL MDT- 2016-0303 POR MEDIO DEL CUÁL SE EXPIDIÓ LAS NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS INSPECCIONES INTEGRALES DEL TRABAJO.

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente:

 

Art. 1.- Del Objeto y Ámbito.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto regular y establecer los procedimientos a aplicarse en las inspecciones, que serán realizadas por los Inspectores del Trabajo y Directores Regionales del Trabajo respecto a las obligaciones  laborales que tienen los empleadores del sector privado,  empresas públicas, personas naturales en relación de  dependencia, en relación a: trabajo infantil; grupos de  atención prioritaria; seguridad y salud en el trabajo; y, todas  aquellas determinadas en el Código del Trabajo, Acuerdos  Ministeriales correspondientes.

 

Artículo 2.- Sustitúyase el Título III por el siguiente:

 

?De los mecanismos de verificación?

 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:

 

?Art. 6.- Mecanismos de verificación.- Los mecanismos  de verificación del incumplimiento de la normativa laboral  se dividen en los siguientes:

 

a) Procesos de inspección integral de campo.

 

b) Proceso de inspección focalizada de campo.

 

c) Procesos de verificación electrónica.

 

Para la planificación de las inspecciones la o el Director  Regional del Trabajo realizará la priorización respectiva,  considerando las alertas establecidas en el Manual de  Aplicación del Sistema de Gestión de Inspecciones que  forma parte de este Acuerdo.

 

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 7 por el siguiente:

 

Art. 7.- De la inspección integral de campo.- La  Inspección integral de campo consiste en la visita física  a las instalaciones del empleador, cuando los sistemas  informáticos han emitido una alerta de incumplimiento alto  o muy alto.

 

La visita consiste en una vigilancia o verificación por parte  de los Inspectores del Trabajo sobre el cumplimiento de  la normativa laboral relativa a las condiciones de trabajo  y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de sus  actividades laborales.

 

Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 8 por el siguiente:

 

Art. 8.- De los procesos de inspección focalizada de  campo.- La inspección integral focalizada de campo  consiste en la visita física a las instalaciones del empleador,  cuando ha ingresado una denuncia o petición de trabajadores  activos, a los canales oficiales del ministerio rector del  trabajo.

 

La visita consiste en una vigilancia o verificación por parte  de los Inspectores del Trabajo sobre los puntos específicos  señalados en la denuncia o petición.

 

Artículo 6.- Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:

 

Art. 9.- De los procesos de verificación electrónica.- La  verificación electrónica, es aquel proceso que se realizan a  las empresas mediante la utilización de medios electrónicos,  cuando los sistemas informáticos han emitido una alerta de  incumplimiento medio o bajo.

Para el efecto, mediante el sistema informático se  procederá a emitir la correspondiente providencia a fin de  que el empleador enmiende o corrija los incumplimientos  laborales. Si el empleador dentro del término de 15 días  subsana los incumplimientos, el inspector del trabajo  procederá a archivar el proceso; en caso de verificarse que  se mantienen los incumplimientos el empleador será objeto  de sanción.

 

En estos procesos no será necesario realizar una visita de  campo por parte del Inspector del Trabajo a las instalaciones  del empleador.

 

Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente:

 

?Art. 10.- Notificaciones.- Mediante los sistemas  informáticos los Inspectores del Trabajo remitirán  al empleador notificaciones mediante documentos  electrónicos con: requerimientos de información;  providencias y resoluciones de sanción; ya sea al domicilio  judicial electrónico del empleador; correo electrónico  de la o el defensor autorizado y legalmente inscrito en el  foro de abogados del Consejo de la Judicatura; o el correo  electrónico registrado en los sistemas informáticos del  Ministerio del Trabajo.

 

Los documentos producidos electrónicamente a través  del sistema serán considerados originales para todos  los efectos legales, mientras que la documentación que  remita el empleador mediante anexos deberá cumplir con  los requisitos dispuestos en el artículo 194 del Código  Orgánico General de Procesos para que sean considerados  como válidos.

 

Artículo 8.- Inclúyase a continuación del artículo 12 lo  siguiente:

 

Art. 12.1.- Ningún proceso de inspección integral de  campo, podrá realizarse sin la notificación previa de los  incumplimientos de la normativa laboral al empleador, y  la inspección deberá realizarse únicamente cuando haya  transcurrido un tiempo mínimo de 15 días término, desde la  notificación efectuada a través de los sistemas informáticos  del ministerio.

 

Artículo 9.- Refórmese el Capítulo V por el siguiente:

 

?Capítulo V

 

Del procedimiento de los mecanismos de verificación

 

Art. 13.- Procedimiento de la inspección integral de  campo.- El procedimiento que se debe cumplir en las  inspecciones de campo, es el siguiente:

 

El inspector del trabajo revisará y planificará las  inspecciones asignadas, según los incumplimientos  establecidos por los sistemas informáticos del  Ministerio rector del trabajo.

 

Con el posible incumplimiento laboral se procede a  realizar la notificación electrónica al empleador, a fin  de que la inspección se lleve a cabo luego del término  de 15 días posteriores a la notificación enviada.

En el lugar de la inspección de campo, se notificará  al empleador con los incumplimientos que han sido  identificados, a fin de que el mismo justifique, corrija  o subsane, los incumplimientos puntualizados, en el  término de cinco días.

 

En caso de haberse justificado el incumplimiento o  desvirtuado los hechos, dentro del término establecido,  se procede al archivo del proceso.

 

Caso contrario, si transcurridos cinco días término  desde la notificación en la inspección de campo, no  se ha corregido o subsanado los incumplimientos, se  notificará con providencia que debe contener fecha para  la audiencia (dicha diligencia deberá celebrarse dentro  de los 5 días término posteriores a la notificación), a fin  de que se justifiquen sus incumplimientos.

 

El empleador tiene la posibilidad de solicitar ampliación  del término señalado para la realización de la audiencia,  la misma que se podrá conceder por una única vez por  el término de tres días.

 

En caso de que el empleador no comparezca a la  audiencia, se sienta razón y en el término de 5 días,  el inspector elaborará el informe con los detalles  correspondientes, a fin de poner en conocimiento del  Director(a) de Trabajo.

 

De llevarse a cabo la audiencia, el inspector revisará la  información presentada, y elaborará un informe en el  término de cinco días, el cual pondrá en conocimiento  del Director Regional de Trabajo.

 

El Director Regional del Trabajo, tiene el término de  quince días para emitir la resolución administrativa de  sanción o archivo del proceso.

 

Art. 14.- Procedimiento a cumplir en las Inspecciones  Focalizadas de Campo.- El procedimiento que se debe  cumplir en las inspecciones focalizadas de campo, es el  siguiente:

 

1.-           El trabajador activo presentará su denuncia o petición a  través del Sistema Nacional de Control de Inspectores  SINACOI, y correo electrónico [email protected] trabajo.gob.ec.

 

2.-           El inspector validará la información de la denuncia,  determinando los incumplimientos mediante los  sistemas informáticos del Ministerio rector del Trabajo,  para verificar o no el incumplimiento de los derechos  laborales.

 

3.-           Sin perjuicio de la validación virtual, el inspector de  trabajo acudirá a la inspección de campo de la persona  natural o jurídica, para verificar los motivos de la  petición o denuncia, dentro del término de 5 días.

 

4.-           El inspector notificará a la persona natural o jurídica  el incumplimiento, y procederá a convocar a  audiencia en un término de 5 a 10 días según el tipo  de incumplimiento, para que demuestre o justifique los  incumplimientos notificados.

5.-           En caso de que el incumplimiento sea subsanado dentro  del término concedido, se archiva el proceso.

 

6.-           El empleador podrá solicitar una prórroga de hasta  máximo 5 días término, durante la audiencia a fin de  justificar el incumplimiento.

 

7.-           En caso de que el empleador no comparezca a la  audiencia o no justifique su cumplimiento, se sienta  razón y en el término de 5 días, el inspector elaborará  el informe con los detalles correspondientes, a fin de  poner en conocimiento del Director(a) de Trabajo.

 

8.-           El Director Regional del Trabajo, tiene el término de 10  días para emitir la resolución administrativa de sanción  o archivo del proceso.

 

Art. 15.- Procedimiento a cumplir en los procesos de&

 

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