Registro Oficial No.74- Jueves 07 de septiembre de 2017 Suplemento

Sábado, 09 de septiembre de 2017

Última modificación: Martes, 26 de septiembre de 2017 | 14:37

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 7 de Septiembre de 2017 (R. O. SP 74, 7-septiembre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

Resoluciones       

 

142-2017

Otórguese un nombramiento de Defensor Público, al abogado Gálvez Angulo Cristian Miguel, elegible de la Resolución 017-2016, de 3 de febrero de 2016, para la Carrera Defensorial en la provincia de Zamora Chinchipe

               

143-2017

Créese el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos; suprímese el Segundo Tribunal Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de Quevedo; y, refórmense las resoluciones

012- 2012; 106-2013; y, 012-2014

               

145-2017

Otórguense dos nombramientos de Agentes Fiscales a los elegibles que constan en la Resolución 022-2015, de 12 de Febrero de 2015, para la Carrera Fiscal en las provincias de Cotopaxi y Pastaza

               

147-2017

Otórguense nombramientos provisionales a los servidores de la Función Judicial

               

149-2017

Nómbrense Coordinador y Subcoordinador Jurídico de la Corte Nacional de Justicia

 

CONTENIDO


 

Nº 142-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (?) La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial??;

 

Que, el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ?2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera??;

 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: ?Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres?;

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ?La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, prevén: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: ?La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias.

 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.?;

 

Que, el numeral 5 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: ?Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: 5. Quienes prestan sus servicios como defensores públicos pertenecen a la carrera de la defensoría.?;

 

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: ?Quienes pertenecen a las carreras judicial, fiscal o de la defensoría pública se rigen por las nomas que establecen este Código, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos...?;

 

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: ?Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos  de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

 

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

 

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respectivo??;

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: ?Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente.

 

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al primero.?;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: ? El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos??;

 

Que, los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; (...); y, 10. Expedir, (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el inciso cuarto del artículo 289 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?Las y los fiscales y las defensoras y defensores públicos deberán reunir los mismos requisitos y observar los procedimientos exigidos para el ingreso de una jueza o juez y estarán sometidos al régimen de carrera fiscal o de la defensoría según corresponda.?;

 

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, expresa: ?Para desempeñar un puesto público se requiere   de nombramiento o contrato legalmente expedido por la  respectiva autoridad nominadora.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  11 de mayo de 2015, mediante Resolución 107-2015,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  508, de 26 de mayo de 2015, resolvió: ?EXPEDIR EL  INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS  Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y  CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS  CUPOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA  DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA  DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante  publicación en el Suplemento del Registro Oficial No.  520, de 11 de junio de 2015, convocó a los profesionales  del derecho a participar en el: ?Concurso de Méritos,  Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social,  para acceder a uno de los cupos de formación inicial de la  Escuela de la Función Judicial para la Carrera Defensorial  a nivel nacional?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  3 de febrero de 2016, mediante Resolución 017-2016,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.  690, de 15 de febrero de 2016, resolvió: ?APROBAR  EL INFORME FINAL DEL SEGUNDO CICLO DEL  CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA  DEFENSORIAL A NIVEL NACIONAL; Y, DECLARAR  ELEGIBLES A LOS POSTULANTES DE ESTE CURSO?;

 

Que, mediante Oficio DP-JTC-2017-0174-O, de 13 de julio  de 2017, el doctor Patricio Renato Poveda García, Jefe  Departamental de Talento Humano y Capacitación (e) de  la Defensoría Pública, comunica que: ??mediante oficio  No. DP19-339-2017 de 7 de julio de 2017, la Dra. Beatriz  Reátegui Cueva, Directora Provincial del Consejo de la  Judicatura de Zamora Chinchipe, remite el Expediente  Disciplinario No. 19001-2016-0023 (?), con la respectiva  resolución de destitución emitida con fecha 26 de junio de  2017; misma que fue notificada al servidor en mención por  parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario  y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura con  fechas 5 y 6 de julio del presente año.

 

En virtud de lo expuesto y vista la necesidad institucional,  agradeceré poner en conocimiento del Pleno del Consejo  de la Judicatura la información anteriormente detallada,  con el propósito de que se designe el defensor público que  cubriría ésta vacante en la provincia de Zamora Chinchipe,  mediante la respectiva Resolución.?;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-3903, de  28 de julio de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera  Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en  conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez,  Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe  técnico para: ?Nombramiento de carrera defensorial en la  provincia de Zamora Chinchipe?;  

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el  Memorando CJ-DG-2017-3771, de 7 de agosto de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-930, de 2  de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  que contiene el proyecto de resolución para: ?Un (1)  nombramiento de defensor público para la provincia de  Zamora Chinchipe?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

OTORGAR UN NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR

PÚBLICO AL ABOGADO GÁLVEZ ANGULO

CRISTIAN MIGUEL, ELEGIBLE DE LA

RESOLUCIÓN 017-2016, DE 3 DE FEBRERO DE

2016, PARA LA CARRERA DEFENSORIAL EN LA

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

 

Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico contenido en  el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-3903 de 28 de julio  de 2017, referente a la emisión de un nombramiento de  defensor público para la provincia de Zamora Chinchipe,  suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora  Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Otorgar un (1) nombramiento de defensor  público al abogado Gálvez Angulo Cristian Miguel, para  la carrera defensorial en la provincia de Zamora Chinchipe,  elegible que consta en la Resolución 017-2016, de 3 de  febrero de 2016, conforme la descripción del siguiente  cuadro:


 

 

Cédula

Apellidos

Nombres

Puntaje

Provincia de designación

ZAMORA CHINCHIPE

1900411347

Gálvez Angulo

Cristian Miguel

85,10

Zamora Chinchipe

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- La notificación al mencionado profesional la realizará la Defensoría Pública una vez que el ingreso del abogado Gálvez Angulo Cristian Miguel, al sistema presupuestario de remuneraciones (SPRYN), se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Finanzas.

 


 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de  su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro  oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el diecisiete  de agosto de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  aprobó esta resolución el diecisiete de agosto de dos mil  diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.  

 

Nº 143-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el  órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República  del Ecuador, establece: ?Toda persona tiene derecho al  acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial  y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a  los principios de inmediación y celeridad; en ningún  caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las  resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador, determinan: ?Serán funciones  del Consejo de la Judicatura además de las que determine la  ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento  y modernización del sistema judicial; (?) y, 5. Velar por la  transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función  Judicial, señala: ??los órganos de la Función Judicial, en  el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas  administrativas que transformen la Función Judicial para  brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades  de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función  Judicial, manifiesta: ?La administración de justicia por  la Función Judicial es un servicio público, básico y  fundamental del Estado?? 

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prevé: ?La administración de justicia será rápida  y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la  causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en  todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas  y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de  los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los  casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prescribe: ?Competencia es la medida dentro de  la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre  las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las  personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico  de la Función Judicial, indica: ?Excepcionalmente, y previo  estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de  la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos  de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes,  tribunales y juzgados.?;

 

Que, el artículo 206 del Código Orgánico de la Función  Judicial, expresa: ?En cada provincia funcionará una  Corte Provincial de Justicia integrada por el número de  juezas y jueces necesarios para atender las causas, según  lo resuelva motivadamente el Consejo de la Judicatura??;

 

Que, el primer inciso del artículo 209 del Código Orgánico  de la Función Judicial, estipula: ?El Pleno del Consejo  de la Judicatura, de acuerdo con el número de salas de  una Corte Provincial, hará la distribución y precisará  la competencia por razón del territorio, la materia y del  grado de cada una de ellas.?;

 

Que, el artículo 220 del Código Orgánico de la Función  Judicial, manifiesta: ?En cada provincia habrá el número  de juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura  para que integren los Tribunales de Garantías Penales. Las  o los juzgadores serán competentes para conocer y resolver  los procesos penales que se les asigne.

 

El Consejo de la Judicatura deberá determinar la localidad  de la residencia y de la circunscripción territorial en la  que ejercen competencia los Tribunales. En caso de no  establecerlo, se entenderá que es provincial.?;

 

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264  del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan  que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno  del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear,  modificar o suprimir salas de las cortes provinciales,  tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados  de paz; así como también establecer el número de jueces  necesarios previo el informe técnico correspondiente;  y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y  precisar la competencia en que actuarán las salas de las  cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo  contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de  primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la  Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar  (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la  Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,  responsabilidades, control y régimen disciplinario;  particularmente para velar por la transparencia y eficiencia  de la Función Judicial?;

 

Que, en el Registro Oficial No. 775 de 28 de junio de 1984,  se publicó la Resolución de la Corte Suprema de Justicia,  mediante la cual resolvió sobre el funcionamiento de varios  Tribunales Penales a nivel nacional, entre ellos: ?Uno en  la ciudad de Babahoyo, con jurisdicción en los cantones  Babahoyo, Baba, Urdaneta y Montalvo de la provincia de  Los Ríos. Uno en la ciudad de Quevedo con jurisdicción en  los cantones Quevedo, Ventanas, Pueblo Viejo y Vinces, de  la Provincia de Los Ríos.?;

 

Que, en el Registro Oficial No. 688 de 19 de mayo de 1987,  se publicó la Resolución de la Corte Suprema de Justicia,  a través de la cual resolvió modificar la jurisdicción  territorial de los Tribunales Penales de la provincia de Los  Ríos, de la siguiente manera: a) El Primer Tribunal Penal  de la provincia de Los Ríos, con sede en Babahoyo, tendrá  jurisdicción en los cantones: Babahoyo, Baba, Urdaneta,  Montalvo, Ventanas, Pueblo Viejo y Vinces. b) El Segundo  Tribunal Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de  Quevedo, tendrá jurisdicción en el cantón Quevedo.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de  14 de febrero de 2012, mediante Resolución 012-2012,  publicada en el Registro Oficial No. 682 de 13 de abril  de 2012, resolvió: ?EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE  TRANSFORMACIÓN DE LAS DOS SALAS DE LA CORTE  PROVINCIAL DE LOS RÍOS EN MULTICOMPETENTES  Y TRASLADAR LA SEDE DE UNA DE ELLAS AL CANTÓN  QUEVEDO?;

 

Que,   el artículo 4 de la resolución antes mencionada  dispone: ?La Primera Sala Multicompetente, con sede en  el cantón Babahoyo, ejercerá su competencia en razón del  territorio, en los siguientes cantones: Babahoyo, Baba,  Montalvo, San Francisco de Puebloviejo, Urdaneta, Vinces  y Palenque.?;

 

Que, el artículo 5 de la resolución antes señalada indica: ?La Segunda Sala Multicompetente, con sede en el  cantón Quevedo, ejercerá su competencia en razón del  territorio, en los siguientes cantones: Quevedo, Ventanas,  Quinsaloma, Mocache, Valencia, Buena Fe.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión  de 28 de agosto de 2013, mediante Resolución 106- 2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro  Oficial No. 87 de 24 de septiembre de 2013, resolvió:  ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 012-2012 PARA  CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LAS DOS SALAS  MULTICOMPETENTES DE LA CORTE PROVINCIAL  DE LOS RÍOS Y AMPLIAR LA COMPETENCIA DE  ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO  208 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN  JUDICIAL?;

 

Que,   el artículo 1 de la resolución antes mencionada,  señala: ?En todos aquellos artículos de la Resolución 012- 2012, aprobada en sesión del Pleno del Consejo de la  Judicatura, el 14 de febrero de 2012, donde diga: ?Sala  Primera y Segunda Multicompetente de la Provincia de  Los Ríos? sustituir por: ?Sala Multicompetente de la Corte  Provincial de Los Ríos con sede en el cantón Babahoyo? y  ?Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos  con sede en el cantón Quevedo?;

 

Que,   el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 16  de enero de 2014, mediante Resolución 012-2014, publicada  en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 192 de  26 de febrero de 2014, resolvió: ?CREAR EL TRIBUNAL  DE GARANTÍAS PENALES DE LA PROVINCIA DE LOS  RÍOS CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO Y LAS  UNIDADES JUDICIALES CIVIL Y DE FAMILIA, MUJER,  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE LOS  RÍOS CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO?, con  competencia en razón del territorio para los cantones de  Babahoyo, Montalvo, Baba, Vinces, San Francisco de  Puebloviejo, Urdaneta, Palenque y Ventanas.;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-566 de  1 de agosto de 2017, suscrito por el ingeniero Segundo  Ruperto Amaguai, Director Nacional de Innovación,  Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (s), pone  en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez,  Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe  técnico referente a la ?Implementación Plan de Cobertura  Judicial 2017 ? Tribunales de Garantías Penales y Salas de  la Corte Provincial, provincia de Los Ríos.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el  Memorando CJ-DG-2017-3926, de 16 de agosto de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-945, de  9 de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y,  CJ-DNP-2017-1315, de 15 de agosto de 2017, suscrito por  la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional  de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y  el informe técnico, respectivamente, para: Crear el Tribunal  de Garantías Penales, con sede en el cantón Quevedo,  provincia de Los Ríos; y, suprimir el Segundo Tribunal  Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de Quevedo;  reformar la Resolución 012-2014 de 16 de enero de 2014,  mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura,  resolvió: ?Crear el Tribunal de Garantías Penales de la  provincia de Los Ríos con sede en el Cantón Babahoyo?;  y, reformar la Resolución 012-2012 de 14 de febrero de  2012, reformada por la Resolución 106-2013 de 28 de  agosto de 2013, mediante la cual el Pleno del Consejo de  la Judicatura, resolvió crear la: ?Sala Multicompetente  de la Corte Provincial de Los Ríos, con sede en el cantón  Babahoyo?; y, ?Sala Multicompetente de la Corte  Provincial de Los Ríos, con sede en el cantón Quevedo?;

 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS  PENALES, CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO,  PROVINCIA DE LOS RÍOS; SUPRIMIR EL  SEGUNDO TRIBUNAL PENAL DE LOS RÍOS,  CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO; Y,  REFORMAR LAS RESOLUCIONES 012-2012; 106- 2013; Y, 012-2014

CAPÍTULO I

 

CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS; Y, SUPRIMIR EL SEGUNDO TRIBUNAL PENAL DE LOS RÍOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUEVEDO

 

Artículo 1.- Crear el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, integrado por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, serán competentes en razón del territorio para los cantones: Quevedo, Ventanas, Quinsaloma, Mocache, Valencia y San Jacinto de Buena Fe, de la provincia de Los Ríos.

 

Artículo 3.- Los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

 

Penal, conforme lo determinado en el artículo 221 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las disposiciones determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,

 

Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Artículo 4.- Las causas que ingresen al Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, serán conocidas por un Tribunal conformado por sorteo de entre los jueces de garantías penales que lo integren.

 

Integrado el Tribunal, por sorteo se designará al juez ponente quien lo presidirá.

 

En los casos de ausencia, excusa o recusación de uno o todos los miembros del Tribunal designado, serán reemplazados, previo sorteo, por uno de los jueces que integren el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

 

Artículo 5.- Suprimir el Segundo Tribunal Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de Quevedo.

 

Artículo 6.- Las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran el Segundo Tribunal Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de Quevedo, suprimido mediante está resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia, quienes pasarán a integrar el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

 

Artículo 7.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en la judicatura suprimida mediante esta resolución, pasarán a formar parte del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, quienes deberán sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Los Ríos y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 8.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera, sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Los Ríos y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

 

CAPÍTULO II

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 012-2014 DE 16 DE ENERO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIÓ: ?CREAR EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO Y LAS UNIDADES JUDICIALES CIVIL Y DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO.?

 

Artículo 9.- Cambiar en el título: ?Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Los Ríos, con sede en el cantón Babahoyo?, por ?Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos?.

 

Artículo 10.- Sustituir en todo el texto de la Resolución 012-2014 de 16 de enero de 2014, la denominación: ?Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Los Ríos, con sede en el cantón Babahoyo?, por ?Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos?.

 

Artículo 11.- Sustituir el artículo 2 por el siguiente texto:

 

?Los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, serán competentes en razón del territorio para los cantones Babahoyo, Montalvo, Baba, Vinces, San Francisco de Puebloviejo, Urdaneta y Palenque, de la provincia de Los Ríos.?.

 

Artículo 12.- Agregar a continuación del artículo 4 el siguiente artículo innumerado:

 

?Art. (?).- Las causas que se encuentran actualmente en conocimiento de los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia.?.

 

CAPÍTULO III

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 012-2012 DE 14  DE FEBRERO DE 2012, MEDIANTE LA CUAL  EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,  RESOLVIÓ: ?EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE  TRANSFORMACIÓN DE LAS DOS SALAS DE  LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RÍOS EN  MULTICOMPETENTES Y TRASLADAR LA SEDE  DE UNA DE ELLAS AL CANTÓN QUEVEDO?;  REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 106-2013

DE 28 DE AGOSTO DE 2013

 

Artículo 13.- Cambiar la denominación de la ?Sala  Multicompetente de la Corte Provincial de los Ríos, con  sede en el cantón Babahoyo?, por ?Sala Multicompetente  de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos, con sede en  el cantón Babahoyo.?

 

Artículo 14.- Sustituir en todo el texto de las Resoluciones  012-2012 de 14 de febrero de 2012; y, 106-2013 de 28  de agosto de 2013, donde diga: ?Sala Multicompetente  de la Corte Provincial de los Ríos, con sede en el cantón  Babahoyo?, por ?Sala Multicompetente de la Corte  Provincial de Justicia de los Ríos, con sede en el cantón  Babahoyo.?

 

Artículo 15.- Cambiar la denominación de la ?Sala  Multicompetente de la Corte Provincial de los Ríos, con  sede en el cantón Quevedo?, por ?Sala Multicompetente de  la Corte Provincial de Justicia de los Ríos, con sede en el  cantón Quevedo.?

 

Artículo 16.- Sustituir en todo el texto de las Resoluciones  012-2012 de 14 de febrero de 2012; y, 106-2013 de 28  de agosto de 2013, donde diga: ?Sala Multicompetente  de la Corte Provincial de los Ríos, con sede en el cantón  Quevedo?, por ?Sala Multicompetente de la Corte  Provincial de Justicia de los Ríos, con sede en el cantón  Quevedo.?

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo  en el ámbito de sus competencias de la Dirección General;  Secretaría General, Dirección Nacional de Planificación;  Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y  Comunicaciones TIC´S; Dirección Nacional de Talento  Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y  Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional  de Gestión Procesal; y, Dirección Provincial de Los Ríos  del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días  después de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de  sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el diecisiete  de agosto de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General. 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  aprobó esta resolución el diecisiete de agosto de dos mil  diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

Nº 145-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del  Ecuador, determina: ?El Consejo de la Judicatura es el  órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial.?;

 

(?) La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado  son órganos autónomos de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República  del Ecuador, prescribe: ?Para el ingreso a la Función  Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad,  probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y  participación ciudadana??;

 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República  del Ecuador, prevé: ?Los requisitos y procedimientos  para designar servidoras y servidores judiciales  deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,  impugnación y control social; se propenderá a la paridad  entre mujeres y hombres...?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución  de la República del Ecuador, señalan: ?Serán funciones del  Consejo de la Judicatura, además de las que determine la  ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento  y modernización del sistema judicial; (?); y, 5. Velar por la  transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el numeral 3 del artículo 42 del Código Orgánico de  la Función Judicial, expresa: ?Las servidoras y servidores  de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de  acuerdo a la siguiente clasificación: 3. Quienes prestan sus  servicios como fiscales pertenecen a la carrera fiscal?;

 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función  Judicial, indica: ?Todo ingreso de personal a la Función  Judicial se realizará mediante concurso público de  oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación,  control social y se propenderá a la paridad entre mujeres  y hombres??;

 

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función  Judicial, manifiesta: ?Los que aprobaren el curso de  formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en  los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que  tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a  quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden  de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban  reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o  contingencia.

 

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

 

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de  elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el  reglamento respectivo.

 

Para el caso de vacantes de jueces de Cortes Provinciales,  Fiscales y Defensores Públicos de las distintas secciones  territoriales, se aplicarán las mismas normas establecidas  en este artículo.?;

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función  Judicial, prevé: ?Los resultados de los concursos y  de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la  Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades  nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar,  para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido  el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de  promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,  mínima y máxima, correspondiente.

 

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma  categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que  hayan obtenido los puntajes que siguen primero.?;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función  Judicial, determina: ?El Consejo de la Judicatura es un  órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y  coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales,  autónomos y auxiliares??;

 

Que, los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código  Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno  del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?1. Nombrar  (?) Fiscales Distritales, agentes fiscales (?); 10. Expedir,  (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la  Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,  responsabilidades, control y régimen disciplinario;  particularmente para velar por la transparencia y eficiencia  de la Función Judicial??;

 

Que, el inciso cuarto del artículo 289 del Código Orgánico  de la Función Judicial, prescribe: ?Las y los fiscales y las  defensoras y defensores públicos deberán reunir los mismos  requisitos y observar los procedimientos exigidos para el  ingreso de una jueza o juez y estarán sometidos al régimen  de carrera fiscal o de la defensoría según corresponda??;

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  expresa: ?Para desempeñar un puesto público se requiere  de nombramiento o contrato legalmente expedido por la  respectiva autoridad nominadora??

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de  12 de febrero de 2015, mediante Resolución 022-2015,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 446, de  26 de febrero de 2015, resolvió: ?APROBAR EL INFORME  FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA  CARRERA FISCAL; Y, DECLARAR ELEGIBLES A LOS  POSTULANTES DE ESTE CURSO?;

 

Que, mediante Oficio FGE-DTH-2017-008891-O, de 12 de  junio de 2017, la economista Ana Cristina Avilés Riascos,  Directora de Talento Humano de la Fiscalía General  del Estado, remite a la ingeniera Nancy Herrera Coello,  Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la  Judicatura, el informe técnico No. 015-FGE-DTH-NOMB?AF-2017, con base a lo cual solicitó: ??ejecute el proceso  pertinente a fin que el Pleno nombre un nuevo agente fiscal  categoría 1 para la provincia en mención...? (Cotopaxi);

 

Que, mediante Oficio FGE-DTH-2017-009464-O, de 20 de  junio de 2017, la economista Ana Cristina Avilés Riascos,  Directora de Talento Humano de la Fiscalía General  del Estado, remite a la ingeniera Nancy Herrera Coello,  Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la  Judicatura, el informe técnico No. 016-FGE-DTH-NOMB?AF-2017, con base a lo cual solicitó: ?...ejecute el proceso  pertinente a fin que el Pleno nombre un nuevo agente fiscal  de adolescentes infractores categoría 1 para la provincia  en mención...? (Pastaza);

 

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4154, de 9  de agosto de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera  Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en  conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez,  Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe  técnico para otorgar dos (2) nombramientos de agentes  fiscales para las provincias de Cotopaxi y Pastaza, a los  elegibles que constan en la Resolución 022-2015, de 12 de  febrero de 2015;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el  Memorando CJ-DG-2017-3915, de 16 de agosto de 2017,  suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General,  quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-953, de 14  de agosto de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  que contiene el proyecto de resolución para: ?Otorgar dos  (2) nombramientos de agentes fiscales para las provincias  de Cotopaxi y Pastaza, a los elegibles que constan en la  Resolución 022-2015, de 12 de febrero de 2015?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

OTORGAR DOS NOMBRAMIENTOS DE AGENTES  FISCALES A LOS ELEGIBLES QUE CONSTAN EN

LA RESOLUCIÓN 022-2015, DE 12 DE FEBRERO

DE 2015, PARA LA CARRERA FISCAL EN LAS

PROVINCIAS DE COTOPAXI Y PASTAZA

 

 

Artículo 1.- Aprobar los informes técnicos No. 015-FGE-DTH-NOMB-AF-2017 y 016-FGE-DTH-NOMB-AF-2017,  contenidos en el Memorando CJ-DNTH-SA-2017-4154,  de 9 de agosto de 2017, referente a la emisión de dos (2) nombramientos de agentes fiscales, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Otorgar nombramientos de agentes fiscales a los elegibles que constan en la Resolución 022-2015, de 12 de febrero de 2015, para la carrera fiscal en las provincias de Cotopaxi y Pastaza, conforme con el anexo que forma parte de esta resolución.

 

Artículo 3.- Delegar la posesión de estos funcionarios a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Artículo 4.- La Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, previo a la posesión de aquellas personas que han sido nombradas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, verificará que no hayan sido sancionadas con destitución de la Función Judicial y en el servicio público en general; así como, no estar inmersos en las inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

 

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