Registro Oficial No. 80-Viernes 15 de septiembre de 2017

Viernes, 15 de septiembre de 2017

Última modificación: Jueves, 28 de septiembre de 2017 | 16:29

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Viernes, 15 de Septiembre de 2017: (R. O. 80, 15-septiembre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio del Trabajo:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos              

 

MDT-2017-0129

Refórmese la norma técnica para la contratación de consejeros de gobierno y asesores en las instituciones del Estado

               

Secretaría de Inteligencia:

 

SIN-008-2017

Deléguense funciones al abogado Diego Xavier Fuentes Acosta, Coordinador General de Asesoría Jurídica

               

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:

               

SNPD-034-2017

Refórmese íntegramente el Comité de Buenas Prácticas Ambientales

               

SNPD-035-2017

Autorícense deléguense funciones al/la Subsecretario/de Información

               

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AGRO - AGROCALIDAD:

 

Resoluciones       

 

0105

Apruébese el ?Instructivo para Evaluar y Aprobar Reducciones de Periodos de Transición?

               

0107

Dispónese se abra al mercado varias partidas arancelarias

               

0109

Deróguese la Resolución No. 56 del 26 de mayo del 2011

               

0111

Reemplácese en todos los actos y hechos administrativos emitidos antes del 03 de julio del 2017, en donde conste ?Ley de Sanidad Animal?, ?Ley de Sanidad Vegetal?, ?Ley de Mataderos? y ?Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa? por ?Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria?

               

Agencia de Regulación y Control Minero - ARCOM:

               

ARCOM-ARCOM-2017-0002-RES

Apruébese el Reglamento Interno de Control Disciplinario

               

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL:

 

Resoluciones       

 

ARCOTEL-2017-0806

Expídese la ?Norma Técnica para la Provisión de Infraestructura Física a ser usada por Prestadores de Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones en sus Redes Públicas de Telecomunicaciones?

               

Instituto Nacional de Evaluación Educativa:

               

0035A-INEVAL-2017

Expídese el Reglamento para los procesos de evaluación

               

0035B-INEVAL-2017

Expídese el Instructivo que regula el procedimiento a aplicarsem en el exámen nacional de evaluación educativa ser bachiller 2017

               

065-INEVAL-2017

Deléguense facultades al Director de Talento Humano y otro

 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - INMOBILIAR:

               

INMOBILIAR-SDT-GB-2016-00091

Refórmese la Resolución Nro. INMOBILIAR-SDTGB-2014-0166 de 16 de octubre de 2014

               

Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE:

               

UAFE-DG-VR-2017-0027

Expídese el instructivo de gestión del proceso para la emisión de certificados sobre la información contenida en la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como por delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previstos en el COIP

 

CONTENIDO


 

Nro. MDT-2017-0129

 

EL MINISTRO DEL TRABAJO

 

Considerando:

 

Que, el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público ? LOSEP, determina que es competencia del Ministerio del Trabajo ejercer la rectoría en materia de remuneraciones y expedir las normas técnicas correspondientes de talento humano;

 

Que, el literal a.9) del artículo 83 de la LOSEP establece  que se excluyen del sistema de la carrera del servicio  público a las y los asesores;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 19, de 01 de junio  de 2017, se decreta que la Presidencia de la República  contará con Consejeros de Gobierno ubicados en el grado  8 dentro de la Escala de Remuneraciones Mensuales  Unificadas del Nivel Jerárquico Superior;

 

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 34, de 14  de junio de 2017, determina que los Consejos Sectoriales  estarán articulados por un Consejero de Gobierno,  Ministro o Autoridad designados por el Presidente de la  República para el área correspondiente;

 

Que, el artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 34, de 14 de  junio de 2017, establece que en el marco de los principios  de coordinación, eficiencia y eficacia del servicio público  y en aras de garantizar la austeridad fiscal, los ministerios  sectoriales y demás entidades que sean miembros plenos de  los Consejos Sectoriales, dispondrán todas las facilidades  y gestiones administrativas, para el cumplimiento de  los objetivos encargados a los Consejos Sectoriales y a  los Consejeros de Gobierno, Ministros o Autoridades  encargados de su articulación, con el que se relacionen  directamente según su ámbito de gestión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0059, publicado  en el Suplemento del Registro Oficial No. 216 de 01 de  abril de 2014, el Ministerio del Trabajo expidió la Norma  Técnica para la Contratación de Consejeros de Gobierno y  Asesores en las instituciones del Estado;

 

 

Que, esta Cartera de Estado, mediante Acuerdos  Ministeriales No. MRL-2014-0105, publicado en el  Registro Oficial No. 252, de 23 de mayo de 2014; No.  MRL-2014-0134, publicado en el Registro Oficial No.  296, de 24 de julio de 2014; No. MRL-2014-0232,  publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 386,  de 01 de diciembre de 2014; Fe de Erratas publicada en el  Suplemento del Registro Oficial No. 411, de 8 de enero de  2015; No. MDT-2015-0246, publicado en el Suplemento  del Registro Oficial No. 622, de 06 de noviembre de 2015;  Fe de erratas publicada en el Suplemento del Registro  Oficial No. 633, de 23 de noviembre de 2015; y, Acuerdo  Ministerial No. MDT-2017-0051, publicado en el Registro  Oficial No. 11, de 09 de junio de 2017, reformó la Norma  Técnica para la Contratación de Consejeros de Gobierno y  Asesores en las instituciones del Estado;

 

Que, es necesario ajustar la Norma Técnica para la  contratación de Consejeros de Gobierno y Asesores en  las instituciones del Estado, con el fin de armonizar su  contenido con las directrices determinadas en el Decreto  Ejecutivo No. 34, expedido por el señor Presidente de la  República;

 

Que, mediante oficio Nro. MEF-VGF-2017-0134-O, de 15  de agosto de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas,  de conformidad con la competencia que le otorga el  artículo 132 literal c) de la LOSEP, emitió el dictamen  presupuestario favorable, previo a la expedición de la  presente reforma; y, En uso de las atribuciones que le confiere el literal a) del  artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público,

Acuerda:

 

REFORMAR LA NORMA TÉCNICA PARA

LA CONTRATACIÓN DE CONSEJEROS

DE GOBIERNO Y ASESORES EN LAS

INSTITUCIONES DEL ESTADO

 

Artículo Único.- Incorpórese como Disposición General Décima Quinta, la siguiente:

 

?DÉCIMA QUINTA.- Las y los Consejeros de Gobierno, Ministro o Autoridad designada por el Presidente de la República que articulen a un Consejo Sectorial, adicionalmente a lo determinado en el presente Acuerdo, podrá contar con el siguiente equipo asesor:

 

Un (1) asesor del nivel 2;

 

Si el número de integrantes plenos del Consejo es mayor a 5, adicionalmente podrán contratar a un (1) asesor del nivel 2; y,

 

Si el presupuesto de inversión es de hasta un mil (1.000) millones de dólares, podrán contratar a un (1) asesor del nivel 3; en tanto que, si el presupuesto de inversión es mayor a un mil (1.000) millones de dólares, podrán incorporar hasta dos (2) asesores del nivel 3.

 

En todo caso el responsable de cada Consejo Sectorial con la finalidad de asumir estas nuevas responsabilidades podrá contratar a un mínimo de dos (2) asesores y un máximo de cuatro (4) asesores, los cuales se incorporarán en función de la disponibilidad fiscal y las asignaciones que se les transfiera a las entidades del Estado.?

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

Única.- La incorporación de las y los servidores que se señala en el presente Acuerdo, se efectuará con los recursos asignados en los presupuestos vigentes de la institución a la que pertenece la o el Consejero de Gobierno, Ministro o Autoridad, responsable de cada Consejo Sectorial.

 

Disposición Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de agosto de 2017, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de agosto de 2017.

 

f.) Abg. Raúl Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

 

 

No. SIN-008-2017

 

Rommy Vallejo Vallejo

SECRETARIO DE INTELIGENCIA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley,  les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión?;

 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, prescribe que  la Administración Pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transferencia y evaluación;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su  artículo 326, numeral 16 determina que las Instituciones  del Estado y las entidades de derecho privado en las que  haya participación mayoritaria de recursos públicos,  quienes cumplan actividades de representación, directivas,  administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes  que regulan la administración pública y aquellos que no  se incluye en esta categorización estarán amparados por el  Código del Trabajo;

 

Que, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública establece: ?Los oferentes  que se consideren afectados por actos administrativos  emitidos por las entidades previstas en el artículo 1 de  la presente Ley por asuntos relacionados con su oferta,  respecto al trámite precontractual o de la adjudicación,  tendrán el derecho de presentar las reclamaciones y los  recursos administrativos de los que se crean asistidos, de  conformidad con la Ley.

 

La reclamación o recurso presentado no suspende la  ejecución del acto impugnado.

 

De la resolución que tome la entidad se podrá presentar  demanda contencioso administrativa?, en consecuencia,  con lo que establece el artículo 5 de las reclamaciones  y controversias del Reglamento a la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública;

 

Que, el artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública y el  Estado, publicada en el suplemento del Registro Oficial  No 35 de 28 de septiembre de 2009, define a la Secretaria  de Inteligencia como una entidad de derecho público,  con independencia administrativa y financiera, con  personalidad jurídica;

 

Que, el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva determina que  ?Las atribuciones propias de las diversas entidades  y autoridades de la Administración Pública Central e  Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos  de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren  prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será  publicada en el Registro Oficial?;

 

Que, El artículo 57 del antedicho Estatuto, dispone que la  delegación podrá ser revocada en cualquier momento por  el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso  de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya  expedición se delegó;

 

Que, El artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado  contempla respecto de la delegación de atribuciones lo siguiente: ?Cuando la importancia económica o  geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo  requiera, los máximos personeros de las instituciones  del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios  que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En  estos documentos se establecerá el ámbito geográfico  o institucional en el cual los funcionarios delegados  ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus  atribuciones a servidores públicos de otras instituciones  estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar  actividades por la consecución del bien común?

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de  2017, el señor Presidente Constitucional de la República,  Lenin Moreno Garcés, designa como Secretario de  Inteligencia al Teniente Coronel (SP) Rommy Vallejo  Vallejo;

 

Que, con Acción de Personal No. 0534, el Teniente Coronel  (SP) Rommy Vallejo Vallejo, en su calidad de Secretario  de Inteligencia nombra al Abogado Diego Xavier Fuentes  Acosta, como Coordinador General de Asesoría Jurídica;

 

Que, el literal b. del artículo 13 de la Reforma Integral  del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por  Procesos de la Secretaría de Inteligencia, expedido  mediante Acuerdo Ministerial No. SIN-001-2015,  publicado en el Registro Oficial Edición Especial N° 336  de 03 de julio de 2015 y modificado el 29 de julio de 2016,  entre las atribuciones y responsabilidades del Secretario  de Inteligencia contempla: 2. Representar legalmente a  la Secretaría de Inteligencia en lo que estuviera facultado  por ley o por decreto ejecutivo; 3. Ejercer el control y  gestión de la Secretaría de Inteligencia y todos los asuntos  relacionados con ello; 9. Aprobar políticas, normativas,  protocolos, informes técnicos y otros productos que  genera cada dependencia de la Secretaría de Inteligencia  para regular la gestión institucional;

 

En uso de sus atribuciones Legales, Reglamentarias y  Estatutarias, el Secretario de Inteligencia,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Delegar al Abogado Diego Xavier Fuentes  Acosta, en su calidad de Coordinador General de Asesoría  Jurídica de la Secretaría de Inteligencia, para que a nombre  y representación del señor Secretario de Inteligencia:

 

Intervenga personalmente o con el patrocinio de un  profesional del Derecho, bajo su responsabilidad,  en todas las causas constitucionales, judiciales  de carácter civil, penal, laboral, contencioso  administrativas, fiscales, trámites de desahucio, vistos  buenos, diligencias previas, mediación y/o arbitraje,  recursos de índole administrativo contenidos tanto en  el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva, como en cualquier otra Ley de la  materia según corresponda; pudiendo incluso presentar  demandas, denuncias, acusaciones particulares y  celebrar acuerdos reparatorios;

 

Conozca y resuelva reclamaciones y recursos  administrativos presentados por los oferentes que  se consideren afectados por actos administrativos  emitidos en la Secretaría de Inteligencia, conforme  lo contempla el artículo 102 de la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

Artículo 2.- El Secretario de Inteligencia asumirá el  conocimiento y la autorización de esta delegación cuando  lo considere pertinente.

 

Artículo 3.- Encargar la ejecución del presente Acuerdo al  Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría  de Inteligencia, así como también se encargará de su  publicación en el Registro Oficial.

 

DISPOSICIONES GENERALES. - Disponer a la  Coordinación General de Asesoría Jurídica, notificar el  contenido del presente Acuerdo a las instancias internas  pertinentes de la Institución.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. - Deróguese de forma  expresa el acuerdo ministerial número No. SIN-004-2017  de fecha 25 de mayo de 2017.

 

DISPOSICIÓN FINAL. - El presente Acuerdo entrará  en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial.

 

 

Comuníquese y publíquese.

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete del  mes de agosto de dos mil diecisiete.

 

 

f.) Rommy Vallejo Vallejo, Secretario de Inteligencia.

 

No. SNPD-034-2017

 

Andrés Mideros Mora

SECRETARIO NACIONAL

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

 

Considerando:

 

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República,  determina que: ?El Estado promoverá, en el sector  público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente  limpias y de energías alternativas no contaminantes y de  bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará  en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el  derecho al agua (?)?;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  dispone que: ?La Administración Pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación?;

Que, el numeral 2 del artículo 278 de la Constitución  de la República, dicta que: ?Para la consecución del  buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus  diversas formas organizativas, les corresponde: (?) 2.  Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con  responsabilidad social y ambiental?;

 

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República  reconoce, respecto de la aplicación de las políticas de  gestión ambiental, lo siguiente: ?Las políticas de gestión  ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de  obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos  sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas  en el territorio nacional (?)?

 

Que, el artículo 413 de la Constitución de la República,  establece que: ?El Estado promoverá la eficiencia  energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías  ambientalmente limpias y sanas, así como de energías  renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no  pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio  ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado  en el Registro Oficial No. 278, de 20 de febrero de  2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, como el organismo responsable del diseño,  implementación, integración y dirección del Sistema  Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 034, de 21 de  marzo de 2014, se reformó el Acuerdo Ministerial No.  131, publicado en el Registro Oficial No. 284, de 22 de  septiembre de 2010, para expedir las Políticas Generales  para Promover las Buenas Prácticas Ambientales en  Entidades del Sector Público, con el fin de apoyar en la  reducción de la contaminación ambiental;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 140, publicado  en el Registro Oficial Edición Especial No. 387 de 4 de  noviembre de 2015, el Ministerio del Ambiente expidió el  Marco Institucional para incentivos ambientales, dirigido  a personas naturales y jurídicas del sector público y  privado que operen dentro del territorio nacional;

 

Que, mediante Acuerdo No. 638-2012 de 15 de octubre de  2012, se expidió el Reglamento para la Gestión Documental  de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,  que norma los procedimientos de recepción, registro,  distribución, elaboración, trámite, archivo, eliminación y  despacho de documentación externa e interna, a través del  Sistema de Gestión Documental Quipux;

 

Que, con Acuerdo No. SNPD-044-2013 de 20 de junio  de 2013, se expidió la Política Interna de Uso Eficiente  de Papel de la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, que formula lineamientos que promueven  políticas de eficiencia administrativa y tecnológica,  además de cero papel en la administración pública,  coherentes con el principio de responsabilidad con el  ambiente y desarrollo sostenible del país, siendo de  cumplimiento para todos los servidores y trabajadores de  la Institución a nivel nacional;

 

Que, con Acuerdo No. SNPD-089-2013 de 18 de  noviembre de 2013, el Secretario Nacional de Planificación  y Desarrollo, dispuso la creación de los comités de Buenas  Prácticas Ambientales y Eficiencia Energética de la  Senplades;

 

Que, mediante Acuerdo No. SNPD-044-2016, de 26 de  octubre de 2016, publicado en la Edición Especial del  Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016,  se expidió la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo, emitida mediante Acuerdo No.  91, publicado en la Edición Especial de Registro Oficial  No. 97, de 22 de enero de 2014;

 

Que, el literal s) del acápite 1.1.1.1. ?Direccionamiento  Estratégico?, del Punto 1 ?Nivel de Gestión Central?,  del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional  de Planificación y Desarrollo, publicado en la Edición  Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre  de 2016, establece como atribución del Secretario Nacional  de Planificación y Desarrollo: ?(?) s) Suscribir y aprobar  todo acto administrativo, normativo y metodológico  relacionado con la Secretaría Nacional de Planificación  y Desarrollo -SENPLADES?;

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017,  se designó a Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional  de Planificación y Desarrollo;

 

Que, en el punto 8 del Acta de la Doceava Sesión del  Comité de Buenas Prácticas Ambientales de la Secretaría  Nacional de Planificación y Desarrollo, se resolvió:  ?(?) enviar al Secretario Nacional de Planificación y  Desarrollo, la solicitud de reforma al Acuerdo No. SNPD- 089-2013?;

 

Que, mediante Memorando No. SENPLADES?CGPGE-2017-0458-M, de 07 de agosto de 2017, el Ing.  Cristian Patricio Díaz Gómez, Coordinador General de  Planificación y Gestión Estratégica, solicita: ?(?) se  realice la reforma requerida al Acuerdo No. SNPD-089- 2013, con la finalidad de reorganizar a estructura de este  cuerpo colegiado, así como las responsabilidades de sus  miembros y reivindicar e compromiso de la Institución en  el cuidado del ambiente?;

 

Que, es necesario reformar la creación del Comité de  Buenas Prácticas Ambientales, en función de la reforma  al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por  Procesos de la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, expedida mediante Acuerdo No. SNPD-044- 2016, de 26 de octubre de 2016, publicado en la Edición  Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre  de 2016; esto, con el propósito de instaurar los espacios e  impulsar los mecanismos que coadyuven al cumplimiento  de las disposiciones constitucionales y legales referentes a  las buenas prácticas ambientales; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República,  artículos 17 y 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 3 del  Decreto Ejecutivo No. 1372; y, Decreto Ejecutivo No. 8,  de 24 de mayo de 2017,

 

Acuerda:

 

REFORMAR ÍNTEGRAMENTE EL COMITÉ DE

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

 

Art. 1.- Del Comité de Buenas Prácticas Ambientales.-  Créase el Comité de Buenas Prácticas Ambientales de la  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, cuyo  ámbito de acción será a nivel nacional.

 

Art. 2.- Objeto.- El Comité de Buenas Prácticas  Ambientales tiene como objeto establecer y coordinar  la ejecución de las medidas necesarias para lograr el uso  óptimo y sustentable de los recursos institucionales, tales  como: agua, papel, transporte, entre otros; y, la reducción  en la generación de desechos sólidos institucionales, en las  dependencias de la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo a nivel nacional, sin afectar las condiciones de  trabajo y bienestar de los servidores y trabajadores de la  Institución, así como, la productividad y calidad de los  servicios brindados.

 

Art. 3.- Alcance.- Las decisiones y medidas adoptadas  por el Comité de Buenas Prácticas Ambientales, serán de  obligatorio cumplimiento por parte de los/as funcionarios/ as, servidores/as y trabajadores/as de la Secretaría  Nacional de Planificación y Desarrollo, a nivel nacional.

 

Art. 4.- Conformación.- El Comité de Buenas Prácticas  Ambientales estará conformado de la siguiente manera:

 

El/la Coordinador/a General de Planificación y  Gestión Estratégica o su delegado/a, quien lo presidirá  y tendrá voto dirimente;

 

Los Subsecretarios/as Zonales de Planificación o sus  delegados/as

 

El/la Director/a de Procesos y Cultura Organizacional  o su delegado/as;

 

El/la Directora/a de Comunicación Social o su  delegado/a;

 

El/la Director/a Administrativo o su delegado/a;

 

El/la Director/a de Tecnologías de la Información y  Comunicación o su delegado/a; y,

 

Un representante de cada una de las entidades adscritas  a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

 

Actuará como Secretario del Comité, un funcionario  delegado de la Coordinación General Jurídica, quien  participará como asesor con voz y sin voto.

 

Todos los miembros del Comité tendrán derecho a voz y  voto, con excepción del Secretario de Comité, que actuará únicamente como asesor con voz; y, se encargará de  realizar las convocatorias, confirmaciones, actas, registro  de documentos pertinentes y seguimiento de compromisos  asumidos.

 

El Comité podrá convocar a las autoridades, funcionarios,  servidores y trabajadores de la Institución que estime  pertinente para colaborar a los fines del Comité. Art. 5. Atribuciones y Responsabilidades.- El Comité  de Buenas Prácticas Ambientales, tendrá las siguientes  atribuciones y responsabilidades:

 

Coordinar el cumplimiento de los lineamientos  emitidos por el Ministerio del Ambiente sobre la  aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en la  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a  nivel nacional;

 

Aprobar e implementar un plan anual de buenas  prácticas ambientales que será de cumplimiento  obligatorio por los/as funcionarios/as, servidores/as y  trabajadores/as de la Institución;

 

Definir y promover el control del consumo adecuado de  recursos: energía eléctrica, agua, papel, combustible,  generación de desechos sólidos institucionales, entre  otros; y,

 

Las demás que le asigne el Secretario Nacional de  Planificación y Desarrollo y el ordenamiento legal  vigente.

 

Art. 6.- Del Reglamento de Funcionamiento del  Comité.- En el plazo de treinta días (30) contados a partir  de la expedición del presente Acuerdo, el/la Coordinador/a  General de Planificación y Gestión Estratégica o su  delegado/a, en coordinación con los Subsecretarios/as  Zonales o sus delegados/as, de la Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo, la Dirección Administrativa  y la Coordinación General Jurídica o sus delegados/ as, prepararán el correspondiente Reglamento de  Funcionamiento del Comité de Buenas Prácticas  Ambientales, para conocimiento y aprobación del Comité.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

ÚNICA.- Deróguense de forma expresa el Capítulo I  del Acuerdo No. SNPD-089-2013, de 18 de noviembre  de 2013; y, el artículo 3 del Capítulo II, artículo 5 del  Capítulo III y artículo 8 del Capítulo IV del Acuerdo No.  SNPD-019-2014, de 24 de febrero de 2014; así como,  cualquier otro instrumento de igual o menor jerarquía que  se oponga al contenido del presente Acuerdo.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- Encárguese al/la Coordinador/a General  Jurídico/a, o quien haga sus veces, notifique con el  contenido de este Acuerdo, a los servidores y servidoras  constantes en el presente instrumento, para su oportuna  ejecución.

 

SEGUNDA.- De la ejecución del presente Acuerdo, que  entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción,  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,  encárguese a la Coordinación General de Planificación  y Gestión Estratégica de la Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de quito, a 17 de agosto  de 2017.

 

f.) Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional de  Planificación y Desarrollo.

 

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- LO CERTIFICO.- f.)  Ilegible.

 

 

No. SNPD-035-2017

 

Andrés Mideros Mora

SECRETARIO NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

 

Considerando:

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la  República, establece que es atribución de los Ministros de  Estado: ?(?) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas  del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones  administrativas que requiera su gestión (?)?;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República,  establece lo siguiente: ?Las instituciones del Estado, sus  organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una  potestad estatal ejercerán solamente las competencias y  facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la  ley (?)?;

 

Que, el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico  de Planificación y Finanzas Públicas, establece que es  atribución del Secretario Nacional de Planificación y  Desarrollo: ?(?) 4. Delegar por escrito las facultades que  estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados  por las o los funcionarios, servidores o representantes  especiales o permanentes delegados, para el efecto,  por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y  efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de  dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al  funcionario delegado?;

 

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva, sobre la  desconcentración administrativa, dispone lo siguiente: ?La  titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a  los órganos administrativos podrán ser desconcentradas  en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo  efecto será el traslado de la competencia al órgano  desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto  Ejecutivo o Acuerdo Ministerial?;

 

Que, el artículo 55 del mencionado Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  establece que: ?Las atribuciones propias de las  diversas entidades y autoridades de la Administración  Pública Central e Institucional, serán delegables en las  autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las  que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (?)?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado  en el Registro Oficial No. 278, de 20 de febrero de  2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, como el organismo responsable del diseño,  implementación, integración y dirección del Sistema  Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017,  se designó a Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional  de Planificación y Desarrollo;

 

Que, el literal r) del acápite 1.1.1.1. ?Direccionamiento  Estratégico?, del Punto 1 ?Nivel de Gestión Central?, del  artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional  por Procesos de la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, publicado en la Edición Especial del Registro  Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establece  como atribución del Secretario Nacional de Planificación  y Desarrollo: ?(?) r) Delegar facultades y atribuciones  dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando  considere necesario (?)?;

 

Que, el artículo 4 del Acuerdo No SNPD-025-2017, de 10  de julio de 2017, respecto de las condiciones para el cierre  de estudios de pre-inversión, programas y proyectos de  inversión, determina que: ?Para que proceda el cierre de un  estudio de pre-inversión, programa o proyecto de inversión  pública, se deberán cumplir las siguientes condiciones: a)  Que el estudio de pre-inversión o el proyecto de inversión  de que se trate, haya finalizado su ejecución, cumplido  el 100% de las metas físicas planteadas y logrado el  propósito para el cual fue formulado.- b) En el caso de un  programa de inversión, que todos los proyecto que formen  parte del mismo hayan finalizado su ejecución; y, que se  haya cumplido el 100% de las metas físicas y logrado el  propósito establecido en el programa.- c) Que el estudio,  programa o proyecto de inversión no se encuentre sujeto  a proceso legal ni administrativo alguno; y, que no tenga  obligaciones pendientes de pago; y, d) Que el estudio,  programa o proyecto de inversión no presente saldos  presupuestarios, contables o de tesorería, pendientes de  liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas?;

 

Que, la Subsecretaría de Información de esta Secretaría  Nacional de Planificación y Desarrollo, es ejecutora del  Proyecto ?Implementación del Sistema Nacional De  Información? (Fase I y Fase II) y del Proyecto ?Serie  de estudios sobre la educación superior ecuatoriana: financiamiento, acceso, permanencia, eficiencia terminal, oferta, demanda, docencia e investigación en las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador?; en este sentido, para la ejecución de los proyectos antes mencionados, han sido suscritos varios convenios específicos entre la Subsecretaría de Información de esta Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras instituciones del Estado;

 

Que, con la finalidad de cumplir con los requisitos para el cierre de los Proyectos que se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Información de esta Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es necesario que se cierren todos los convenios que se hayan suscrito para la ejecución de los proyectos indicados; y,

 

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, el Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Autorizar y delegar al/la Subsecretario/a de Información, o a quien hagan sus veces, para que a partir de la expedición de este Acuerdo, y salvando su responsabilidad respecto de los actos anteriores a la presente fecha, suscriba todo convenio, acto administrativo, acta de liquidación o terminación y toda comunicación que sea necesaria para el cierre de los Proyectos ejecutados por la Subsecretaría a su cargo, según las recomendaciones formuladas, y previo los informes técnicos, económicos, financieros y jurídicos correspondientes. Una vez que se cuente con el cierre de los convenios suscritos, se solicitará la autorización del cierre del proyecto, de conformidad al procedimiento establecido en el Acuerdo No. SNPD-025- 2017 de 10 de julio de 2017.

 

Art. 2.- Encárguese al/la Coordinador/ a General Jurídico/a, o a quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo al/la Subsecretario/a de Información, o a quien hagan sus veces, para su oportuna ejecución.

 

Art. 3.- De la ejecución del presente Acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al/la

 

Subsecretario/a de Información, o a quien hagan sus veces.

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de agosto de 2017.

 

f.) Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

 

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- LO CERTIFICO.- f.) Ilegible.

 

MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

 

No. 0105

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD

 

Considerando:

 

Que, El artículo 226 de la Constitución de la República preceptúa: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.?;

 

Que, el artículo 13 de la Constitución de la república del Ecuador, establece que ?las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales?;

 

Que, el numeral 13 del artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que ?La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: (?)13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.

 

Que, el artículo 12 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 515, publicado en el Registro Oficial No. 602, del 21 de junio de 2002, los Países Miembros, ?Los Países Miembros, la Comisión y la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la Subregión, y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén basadas en principios técnico-científicos, no constituyan una restricción innecesaria,injustificada o encubierta al comercio intrasubregional, y estén conformes con el ordenamiento jurídico comunitario?

 

Que, el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

 

Que, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada  en el Registro Oficial Suplemento N° 27 de 03 de julio  del 2017, CAPITULO II.- DE LA REGULACION Y  CONTROL, artículo 12 establece la creación de la Agencia  de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad  técnica de derecho público, con personería jurídica,  autonomía administrativa y financiera, desconcentrada,  con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional,  adscrita a la Autoridad Agraria Nacional;

 

Que, el artículo 13 literal c) Íbidem, establece: De las  funciones.- Son competencias y atribuciones de la Agencia  las siguientes: (?) c) Prevenir el ingreso, establecimiento  y diseminación de plagas, así como controlar y erradicar las  plagas y enfermedades cuarentenarias y no cuarentenarias  reglamentadas de los vegetales y animales;

 

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Sanidad  Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento  N° 27 del 3 de julio de 2017, establece: ?Del control  fitosanitario.- El control fitosanitario en los términos de  esta Ley, es responsabilidad de la Agencia de Regulación  y Control Fito y Zoosanitario, tiene por finalidad prevenir  y controlar el ingreso, establecimiento y la diseminación  de plagas que afecten a los vegetales, productos vegetales  y artículos reglamentados que representen riesgo  fitosanitario. El control fitosanitario y sus medidas son  de aplicación inmediata y obligatoria para las personas  naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la  producción, comercialización, importación y exportación  de tales plantas y productos.?

 

Que, la Resolución DAJ-20133EC-0201.0099,  mediante la que se expide el ?INSTRUCTIVO DE  LA NORMATIVA GENERAL PARA PROMOVER  Y REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA?ECOLÓGICA-BIOLÓGICA EN EL ECUADOR? en su  Artículo 17establece.- ?De la transición en la producción vegetal.- El período de transición o conversión se inicia  con la primera inspección ejecutada por un Organismo de  Certificación y una vez que el operador haya empezado  a poner en práctica las normas de producción orgánica  detalladas en el presente Instructivo?.

 

Para cultivos anuales el período de transición será de  dos años antes de la siembra del cultivo orgánico y  para cultivos perennes será de tres años antes de la  cosecha del producto orgánico.

 

b)            Excepcionalmente la Autoridad Nacional Competente,  

 

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