Registro Oficial

Registro Oficial No. 645 Viernes 22 de julio de 2017 Edición Especial

Sábado, 22 de julio de 2017

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 22 de Julio de 2016  (R. O. Ed. Esp. 645, 22-julio-2016)

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

SUMARIO

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-Cantón Baños de Agua Santa: Que crea y regula la emisión, administración y control de especies valoradas

               

-Cantón Chone: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación, recaudación y administración del impuesto de alcabala

               

-Cantón Machala: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta el arrendamiento y venta de solares municipales

               

-Cantón Machala: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación y recaudación del impuesto a las utilidades en la transferencia de los predios urbanos y plusvalía

               

-Cantón Pichincha: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos

               

-Cantón Palanda: Que reforma a la Ordenanza de constitución de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P.

 

-Cantón Alausí: Ordenanza que regula el proceso de incorporación de bienes mostrencos al patrimonio municipal y legalización de predios en posesión de particulares

               

002-2016-CM

Cantón Penipe: Que regula el uso, funcionamientoy administración del mercado municipal y de las ferias de la economia popular y solidaria

               

003-2016-CM

Cantón Penipe: Que regula el cobro del impuesto al rodaje para vehículos motorizados

               

-Cantón Gonzalo Pizarro: Que fi ja la tabla de aranceles o tarifas por servicios que presta el Registro de la Propiedad y Mercantil

               

Ordenanza Provincial:

 

Ordenanza           

-Provincia de Imbabura: Que regula la gestión ambiental mediante la aplicación del subsistema de evaluación de impacto ambiental

 

CONTENIDO

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

BAÑOS DE AGUA SANTA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 5 establece la competencia de la municipalidad de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

 

Que, el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública señala: Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes.

 

Que, el artículo 169 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, reconoce la emisión de especies valoradas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que al concejo municipal le corresponde: Literal a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; Literal b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de los tributos previstos en la ley a su favor; y, c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que prestan y obras que ejecutan;

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Baños de Agua Santa, como entidad del sector público que dispone de recursos públicos, tiene como obligación normar la prestación de servicios que permitan un mejor y eficiente servicio a la colectividad;

 

Que, la Norma de Control Interno No. 403-03 emitida por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo No. 039-CG, publicada en el Registro Oficial No. 87 del 14 de diciembre del 2009, establece que las especies valoradas que por excepción son emitidas por los organismos del régimen seccional autónomo, se entregarán al beneficiario por la recepción de un servicio prestado por parte de un órgano del sector público, las que serán elaboradas únicamente por el Instituto Geográfico Militar. Y, en uso de la facultad legislativa prevista en el artículo

7 y artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA

 

CAPITULO I

 

GENERALIDADES

 

Art 1.- OBJETO.- Constituye objeto de esta Ordenanza la regulación de la emisión, administración y control de especies valoradas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa. La emisión, administración y control de las especies valoradas se hará de acuerdo a las leyes que rigen para el efecto y lo dispuesto en la presente ordenanza.

 

Art. 2.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa por la emisión de especies valoradas como constancia documental de liquidación de impuestos y recaudar valores por otros conceptos, valores que se recaudarán únicamente a través de las ventanillas de recaudación de la Tesorería Municipal.

 

Art. 3.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos aquellos contribuyentes que requieran una especie valorada, y están obligados a pagarlas.

 

CAPITULO ll

 

DE LAS ESPECIES VALORADAS

 

ART. 4.- DEFINICIÓN.- Es el documento valorado emitido en serie, con características comunes y similares, tanto en su impresión, forma y tamaño, que solo variará en el número de identificación, concepto, valor y vigencia, que se entrega al beneficiario de un servicio prestado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, y permite el control sobre la recaudación de los recursos que deben ingresar a la Tesorería Municipal.

 

ART. 5.- ELABORACIÓN.- La autorización para la elaboración de las especies valoradas se formalizará previa solicitud o requerimiento del Tesorero/a, con la suficiente anticipación, debiéndose elaborar las mismas a través de la institución competente del Estado para el efecto..

 

 

ART. 6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES VALORADAS.- Las especies valoradas tendrán las siguientes características:

 

 

Designación de la Administración Tributaria: “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Baños de Agua Santa”.

 

Denominación: “Especie Valorada”.

 

Número de Serie;

 

Valor de la Especie;

 

Vigencia de la Especie, de así requerirlo;

 

 

 

Espacio para la firma de la autoridad competente de así requerirlo; y,

 

Constará de original y copias, en caso de ser necesario. A más de las características generales señaladas, cada dependencia que requiera de modificaciones en las especies valoradas que le corresponda a su unidad, solicitará los mismos a la Dirección Financiera.

 

 

ART. 7.- ESPECIES VALORADAS.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, establece como especies valoradas, su nominación, valor y vigencia desde la fecha de utilización a favor del contribuyente; y, son las siguientes:

 

ESPECIE

NOMINACIÓN ESPECIE VALORADA

VALORES

USD

VIGENCIA

1

FORMULARIO

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL GADBAS

2,00

30 DÍAS

2

FORMULARIO

CERTIFICADO DE BIENES RAÍCES

4.00

1 AÑO

3

FORMULARIO

COMPROBANTE DE PAGO DEL IMPUESTO A LAS ALCABALAS

4.00

1 AÑO

4

FORMULARIO

REGISTRO DE PATENTE

MUNICIPAL

2.00

Tendrá vigencia hasta cuando se produzcan los siguientes cambios:

 

Por ingreso al catastro;

Cambio de Dirección o apertura de sucursales; Cambio de propietario o representante legal; Variación del patrimonio;

Integración a Leyes Artesanales; Suspensión o liquidación de actividades; y, Cambio de Nombre comercial o razón social.

5

FORMULARIO

LÍNEA DE FÁBRICA

2.00

1 AÑO

6

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA COMPRA - VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS

MISMOS

4.00

1 AÑO

7

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES

4.00

1 AÑO

8

FORMULARIO

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA

4.00

1 AÑO

9

FORMULARIO

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL

4.00

1 AÑO

10

FORMULARIO

SOLICITUD DEL SERVICIO (INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE)

2.00

60 DÍAS

11

FORMULARIO

CAMBIO DE NOMBRE DE MEDIDOR DE AGUA

2.00

30 DÌAS

 

12

TIKES

USO EVENTUAL O TEMPORAL DE VÍA PÚBLICA HASTA 3,50m.

10.00

POR EVENTO HASTA 2 DIAS CONTINUOS

13

TIKES

PEAJE TERMINAL TERRESTRE

1.00

POR CADA FRECUENCIA

14

TIKES

USO DE PARQUEADERO SANTA ANA

0.50

POR VEHÍCULO

 

 

 

ART. 8.- EMISIÓN.- La Jefatura de Rentas realizará las actas de ingreso de las especies valoradas a Tesorería previa verificación de cantidad y numeración

 

ART. 9.- RESPONSABLE Y CUSTODIO.- El Tesorero/a Municipal, será el custodio de las especies valoradas, que se entregarán mediante Acta de Entrega Recepción, por parte de la persona responsable de la Unidad de Rentas.

 

ART. 10.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES.- El despacho de especies valoradas a los recaudadores y recaudadoras, se lo realizará mediante acta de entrega-recepción, en la que se hará constar el tipo de especie, la cantidad, la numeración, fecha de entrega, oficina solicitante, fecha de recepción, nombre y firma de quien entrega y recibe, y cualquier otro dato que la Dirección Financiera considere necesario.

 

ART. 11.- RESPONSABILIDAD.- Toda pérdida, daño o destrucción de especies valoradas será repuesto por el responsable o responsables de su custodia, al valor de venta al público, independientemente de las responsabilidades administrativas que esto pueda generar.

 

ART. 12.- UTILIZACIÓN.- Las especies valoradas mantendrán una secuencia numérica lógica, serán utilizados en orden correlativo y cronológico a fin de mantener el control sobre las mismas. En el caso de errores en la emisión de los documentos esto se salvará emitiendo uno nuevo. Si el formulario numerado es erróneo, será anulado y archivado el original y las copias respetando su secuencia numérica según lo establece la Norma de Control Interno 405-07 expedida por el Órgano de Control.

 

ART. 13.- DE LOS INGRESOS.- Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas serán parte del presupuesto institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Baños de Agua Santa y se depositarán en la cuenta que esta entidad municipal mantenga en el banco correspondiente y se registrarán en la partida Presupuesto de Ingresos correspondientes.

 

ART. 14.- BAJA DE ESPECIES VALORADAS.- En caso de mantener especies valoradas fuera de uso por más de dos años o que las mismas hubieren sido objeto de cambio en su valor, concepto, lugar, deterioro, errores de imprenta u otros cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza o valor, el Tesorero/a Municipal a cuyo cargo se encuentran, elaborará un inventario detallado y valorado de tales especies y lo remitirá al Director/a Financiero/a Municipal, para que en concordancia con el Reglamento de Bienes y Normas Vigentes realice el proceso administrativo para su baja.

 

La máxima autoridad administrativa, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, dispondrá por escrito se proceda a dar de baja y destrucción de las especies valoradas, en tal documento se hará constar lugar, fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia.

 

ART. 15.- PROCEDIMIENTO.- En todos los procedimientos y aspectos no previstos en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás cuerpos legales que sean aplicables.

 

CAPÍTULO III

 

REGISTRO Y CONTROL

 

ART. 16.-REGISTRO.- Las especies valoradas serán registradas contablemente, por el valor de venta de las mismas.

 

ART. 17.- CONTROL.- El tesorero y Jefe de Recaudación llevarán el registro de las emisiones, venta y baja de especies valoradas de acuerdo a las Normas de Control Interno 403- 02 y 403-04, emitidas por la Contraloría General del Estado.

 

Los Custodios entregarán bajo Acta de entrega recepción al recaudador de turno, las especies valoradas.

 

Los responsables de la custodia y manejo de especies valoradas, llevarán kardex para cada tipo de especie valorada, a fin de registrar los movimientos y mantener el control sobre las mismas.

 

Además se manejará tarjetas kárdex independientes en cada balneario la misma que será utilizada por los/las recaudadores/as de turno. La/el Jefa/e de Recaudación realizará constatación física en cada balneario. Se realizará arqueos de cajas sorpresivos a las especies valoradas por parte de la Tesorería y/o Jefa/e de Recaudación.

 

ART. 18.- CONTABILIZACIÓN.- La Unidad de Contabilidad llevará el control de existencias de especies valoradas mediante cuentas de orden.

 

ART. 19.- CONCILIACIÓN.- La/el Jefa/e de Recaudación solicitará cada fin de mes a todos los recaudadores el saldo de especies valoradas (en cantidad y valor) mantenidas en cada una de estas y las cotejará con los registros contables.

 

ART. 20.- CONSTATACIÓN.- La Dirección Financiera dispondrá a un servidor municipal distinto del que tiene la responsabilidad de la custodia realice las constataciones físicas sorpresivas de especies valoradas en la oficina de la Tesorería Municipal, a fin de determinar su correcto manejo, custodia y registro de las mismas.

 

Los resultados de la constatación física se dejarán por escrito en un acta, la misma que será firmada por los responsables de la custodia y la persona que realizó dicha constatación.

 

En caso de determinar faltantes de especies valoradas, se comunicará por escrito al/la Director/a Financiero/a para que proceda de acuerdo al Art. 11 de la presente ordenanza.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

PRIMERA.- Concomitante al artículo 7 y al artículo 17 de la presente ordenanza, se establece a los tickets para el cobro de las tasa para el ingreso y uso de los balnearios Municipales del Cantón Baños de Agua Santa como especia valorada correspondiendo su valor y utilización a lo establecido en la Ordenanza que Reglamenta los Horarios de Funcionamiento y Regula el Cobro del Ingreso a los Balnearios Municipales del Cantón Baños de Agua Santa.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

PRIMERA.- Deróguese la Ordenanza Sustitutiva para la administración, control y recaudación de Especies Valoradas, aprobada el 11 de noviembre del 2015 y publicada en el Registro Oficial Nro. 426, del 28 de diciembre del 2015.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

PRIMERA.- Las especies valoradas en existencia podrán ser utilizadas para la realización de trámites, hasta la emisión de las nuevas especies; luego de lo cual se procederá a dar de baja a las mismas, siguiendo el procedimiento determinado en el inciso segundo del Art. 14 de esta ordenanza.

 

SEGUNDA.- Al amparo de lo claramente normado en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y Descentralización –COOTAD-, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua Santa, a los 09 días del mes de junio del 2016.

 

f.) Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva, Alcalde del cantón

 

f.) Abg. Lourdes Sánchez, secretaria de Concejo enc.

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Baños de Agua Santa, junio 10 de 2016. CERTIFICO: Que la ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, en sesiones realizadas los días jueves 02 de Junio de 2016 en primer debate y el jueves 09 de junio de 2016 en segundo y definitivo debate.

 

Lo certifico.

 

f.) Abg. Lourdes Sánchez H., Secretaria de Concejo enc.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA.- A los diez días del mes de junio de 2016 a las 10h00.- Vistos: De conformidad con el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, enviase tres ejemplares de la presente Ordenanza, ante el señor Alcalde para su sanción y promulgación.

 

f.) Abg. Lourdes Sánchez H., Secretaria de Concejo enc.

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA.- A los diez días del mes de junio de 2016, a las 11H00.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y demás Leyes de la República. SANCIONO para que entre en vigencia, a cuyo efecto y de conformidad al Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se publicará en el Registro Oficial, la gaceta oficial y el dominio web de la Institución.

 

f.) Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva, Alcalde del cantón.

 

Proveyó y firmó la ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, el Mgs. Marlon Fabricio Guevara Silva, Alcalde del Cantón Baños de Agua Santa, a los 10 días de junio del 2016.

 

Lo certifico.

 

f.) Abg. Lourdes Sánchez H., Secretaria de Concejo enc.

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN CHONE

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238 inciso 1, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de plena autonomía política, administrativa y financiera, y en inciso 2 determina que, constituye Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros, los concejos municipales;

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territoriales;

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 265 dice que: “que los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades expedirán ordenanzas cantonales”

 

Que, el Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización, determina: “…Art. 54.- Contiene las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal…Art. 56.- El Concejo Municipal es el órgano de Legislación y Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Estará integrado por el Alcalde que lo presidirá con voto dirimente y por los y las Concejalas y Concejales, elegidos por votación popular… Art. 57 literal b), establece que entre las facultades del Concejo Municipal, está el Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

 

Que, en el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización, señala: “Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde l alcalde o alcaldesa:…d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno…”

 

Que, en el Art. 527 del Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización se detalla los actos jurídicos, que contengan el traspaso de dominio de bienes inmuebles, objeto del impuesto de alcabala. Que, en el Artículo 528 del Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización estipula lo siguiente: “Otras adjudicaciones causantes de alcabalas.- Las adjudicaciones que se hicieren como consecuencia de particiones entre coherederos o legatarios, socios y, en general, entre co-propietarios, se considerarán sujetas a este impuesto en la parte en que las adjudicaciones ex-cedan de la cuota a la que cada condómino o socio tiene derecho.

 

 

Que, en el Artículo 529 del Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización en su cuarto inciso establece: “Si para celebrar la escritura pública del acto o contrato que cause el impuesto de alcabala, éste hubiere sido pagado, pero el acto o contrato no se hubiere realizado, se tomará como pago indebido previa certificación del notario respectivo.

 

 

Que, en la Edición Especial 128 del Registro Oficial, el 25 de marzo de 2011, se publicó la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Recaudación y Administración del Impuesto de Alcabala.

 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

Expide:

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA DEL CANTÓN CHONE:

 

Art. 1.- Agréguese al final del título de la ordenanza la frase “del Cantón Chone:

 

Art. 2.- Sustitúyase los artículos 6 y 7 por el siguiente: “Art… Determinación de la base imponible y la cuantía gravada.- La base del impuesto será el valor contractual, si este, fuere inferior al avalúo de la propiedad que conste en el catastro, regirá este último.

 

Si se trata de constitución de derechos reales, la base será el valor de dichos derechos a la fecha en que ocurra el acto o contrato respectivo.

 

Para la fijación de la base imponible se considerarán las siguientes reglas:

 

a) En el traspaso de dominio, excepto el de la nuda propiedad, servirá de base el precio fijado en el contrato o acto que motive el tributo, siempre que se cumpla alguna de estas condiciones:

 

1.-           Que, el precio no sea inferior al que conste en los catastros oficiales como valor de la propiedad.

 

2.-           Que no exista avalúo oficial o que la venta se refiera a una parte del inmueble cuyo avalúo no pueda realizarse de inmediato.

 

En tal caso, el Director de la Dirección Financiera podrá aceptar el valor fijado en el contrato u ordenar que se efectúe un avalúo que será obligatorio para las autoridades correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de los derechos del contribuyente. En este caso, si el contribuyente formulare el reclamo, se aceptará provisionalmente el pago de los impuestos teniendo como base el valor del contrato, más el cincuenta por ciento de la diferencia entre ese valor y el del avalúo practicado por la entidad.

 

Si el contribuyente lo deseare, podrá pagarse provisionalmente el impuesto con base en el avalúo existente o del valor fijado en el contrato, más un veinte por ciento que quedará en cuenta especial y provisional, hasta que se resuelva sobre la base definitiva;

 

b) Si la venta se hubiere pactado con la condición de que la transacción se ha de efectuar cuando se haya terminado de pagar los dividendos del precio estipulado, el valor del avalúo de la propiedad que se tendrá en cuenta será el de la fecha de la celebración del contrato.

 

De no haberlo o de no ser posible establecerlo, se tendrá en cuenta el precio de adjudicación de los respectivos contratos de promesa de venta;

 

c) Si se vendieren derechos y acciones sobre inmuebles, se aplicarán las anteriores normas, en cuanto sea posible, debiendo recaer el impuesto sobre el valor de la parte transferida, si se hubiere determinado. Caso contrario, la materia imponible será la parte proporcional del inmueble que pertenezca al vendedor.

 

Los interesados presentarán, para estos efectos, los documentos justificativos al Director de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone y se determinará el valor imponible, previo informe de la Asesoría Jurídica;

 

d) Cuando la venta de derechos y acciones versare sobre derechos en una sucesión en la que se haya practicado el avalúo para el cobro del impuesto a la renta, dicho avalúo servirá de base y se procederá como se indica en el inciso anterior. El impuesto recaerá sobre la parte proporcional de los inmuebles, que hubieren de corresponder al vendedor, en atención a los derechos que tenga en la sucesión;

 

e) En este caso y en el anterior, no habrá lugar al impuesto de alcabala ni al de registro sobre la parte del valor que corresponda al vendedor, en dinero o en créditos o bienes muebles;

 

f) En el traspaso por remate público se tomará como base el precio de la adjudicación;

 

g) En las permutas, cada uno de los contratantes pagará el impuesto sobre el valor de la propiedad que transfiera, pero habrá lugar al descuento del treinta por ciento por cada una de las partes contratantes;

 

h) El valor del impuesto en la transmisión de los derechos de usufructo, vitalicio o por tiempo cierto, se hará según las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno.

 

Los porcentajes se señalan en la tabla anexa a la ordenanza; i) La base imponible en la constitución y traspaso de la nuda propiedad será la diferencia entre el valor del inmueble y el del correspondiente usufructo, calculado como se indica en el numeral anterior;

 

j) La base imponible en la constitución y traspaso de los derechos de uso y habitación será el precio que se fijare en el contrato, el cual no podrá ser inferior, para estos efectos, del que resultare de aplicarse las tarifas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre el veinticinco por ciento del valor del avalúo de la propiedad, en los que se hubieran constituido esos derechos, o de la parte proporcional de esos impuestos, según el caso; y,

 

k) El valor imponible en los demás actos y contratos que estuvieren sujetos al pago de este impuesto, será el precio que se hubiere fijado en los respectivos contratos, siempre que no se pudieren aplicar, por analogía, las normas que se establecen en los numerales anteriores y no fuere menor del precio fijado en los respectivos catastros…”

 

Art. 3.- Sustitúyase el Art. 10 por el siguiente: “Art…

 

Porcentaje aplicable.- Sobre la base imponible se aplicará el uno por ciento (1%).

 

Art. 4.- Sustitúyase los Arts. 12, 13, 14 y 15 por los siguientes:

 

“Art. … Responsables del tributo.- Los notarios, antes de extender una escritura de las que comportan impuestos de alcabalas, pedirán al Director de la Dirección Financiera, que extienda un certificado con el valor del inmueble, según el catastro correspondiente, debiéndose indicar en ese certificado, el monto del impuesto municipal a recaudarse, así como el de los adicionales, si los hubiere.

 

Los notarios no podrán extender las antedichas escrituras, ni los registradores de la propiedad inscribirlas, sin que se les presenten los recibos de pago de las contribuciones principales y adicionales, debiéndose incorporar estos recibos a las escrituras.

 

En los legados, el Registrador de la Propiedad previa inscripción deberá solicitar el pago de la alcabala. En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio, el Juez, previo a ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad, deberá disponer al contribuyente el pago del impuesto de alcabala.

 

Los notarios y los registradores de la propiedad que contravinieren a estas normas, serán responsables solidariamente del pago del impuesto con los deudores directos de la obligación tributaria, y serán sancionados con una multa igual al ciento por ciento del monto del tributo que se hubiere dejado de cobrar. Aun cuando se efectúe la cabal recaudación del impuesto, serán sancionados con una multa equivalente al cien por ciento (100%>) de la remuneración mensual mínima unificada del trabajador privado en general; potestad que la ejercerá la Dirección Financiera.

 

Art...Reclamos y recursos.- Los sujetos pasivos tienen derecho a presentar reclamos y recursos, con documentos que sustenten el reclamo, ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá de acuerdo al contenido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y subsidiariamente por las normas contenidas en el Código Tributario.

 

 

Art… Forma de determinación.- Para efectos de determinación, los sujetos pasivos deberán ingresar en las oficinas de rentas del GADMCCH, la o las minutas que contengan los contratos o actos gravados, conjuntamente con el formulario de transferencia, además de los antecedentes como la escritura anterior de adquisición del bien, certificado del Registrador de la Propiedad y pago del impuesto predial y contribuciones del año que decurre, certificado de no adeudar al GAD Municipal de Chone; actualización catastral; y, documentos que justifiquen la calidad de las partes contratantes. Con esta información la administración procederá a determinar la cuantía de obligación y a emitir el o los correspondientes títulos de crédito.

 

Art. 5.- Agréguese las siguientes disposiciones:

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia partir de su publicación en el Registro Oficial, conforme lo determina el Art. 324 del COOTAD.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Deróguese expresamente todas las normas internas municipales cuyas disposiciones de menor o igual jerarquía contravengan la presente reforma a la ordenanza.

 

Dado en la Sala de Sesiones “Andrés Delgado Coppiano” del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, el miércoles 30 de marzo del 2016, de conformidad con lo que dispone el Art 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

f.) Dr. Deyton Alcívar Alcívar, Alcalde.

 

f.) Abg. Yimy Zambrano Limongi, Secretario del Concejo.

 

CERTIFICO: Que la presente “Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Recaudación y Administración del Impuesto de Alcabala del Cantón Chone”, fue discutida y aprobada en la sesión ordinaria del martes 08 y miércoles 30 de marzo del 2016, de conformidad en lo que dispone el inciso segundo del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

f.) Abg. Yimy Zambrano Limongi, Secretario del Concejo.

 

SECRETARÍA GENERAL: El jueves 31 de marzo del 2016, a las 11:00, de conformidad con la razón que precede y, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al Señor Alcalde para su sanción en cinco ejemplares la “Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Recaudación y Administración del Impuesto de Alcabala del Cantón Chone”.

 

f.) Abg. Yimy Zambrano Limongi, Secretario del Concejo

 

VISTOS.- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, el viernes 01 de abril del 2016, sanciono la “Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Recaudación y Administración del Impuesto de Alcabala del Cantón Chone” y procédase de acuerdo a la ley.

 

f.) Dr. Deyton Alcívar Alcívar, Alcalde.

 

Proveyó y firmó la reforma que antecede el Dr. Deyton Alcívar Alcívar, Alcalde del cantón Chone, el viernes 01 de abril de 2016.

 

f.) Abg. Yimy Zambrano Limongi, Secretario del Concejo.

 

EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE MACHALA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, determina en el artículo 37 numeral 7. que el Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a acceder a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento;

 

Que, la Norma Suprema en su artículo 47 numeral 6 reconoce el derecho a las personas con discapacidad, de una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana;

 

Que, la Carta Magna determina en el artículo 238: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana…”;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, señala en el artículo 264 que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas….1) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial….; 2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón…;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización indica en su artículo 4 literal f) como uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 415 define que son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobres los cuales ejercen dominio;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece en su artículo 445 que el concejo cantonal, cuando los arrendatarios de inmuebles municipales hubieren cumplido estrictamente con las cláusulas de los respectivos contratos y especialmente con la obligatoriedad de edificación, procederá a la renovación de los contratos en períodos sucesivos o a la venta directa a los mismos arrendatarios, sin que sea necesaria la subasta, pero sujetando dicha venta a los valores de mercado a la fecha en que deba efectuarse el arriendo o la venta.

 

 

Que, la Ordenanza que Reglamenta el Arrendamiento y Venta de Solares Municipales, fue discutida y aprobada por el I. Concejo de Machala en las sesiones ordinarias de mayo 3 y junio 3 del 2010 y publicada en el registro oficial No. 231 del Jueves 08 de julio de 2010;

 

Que, es obligación del GAD Municipal de Machala lograr el bienestar de los ciudadanos del cantón, principalmente de los grupos de atención prioritaria como son los adultos mayores y discapacitados;

 

En ejercicio de la competencia establecida en la Constitución y en el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

 

Expide:

 

La REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL ARRENDAMIENTO Y VENTA DE SOLARES MUNICIPALES.

 

Art. 1.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Segunda por la siguiente

 

“Segunda.- Con la finalidad de regular a quienes posean más de un solar municipal o a quienes tengan a más de un solar municipal, terrenos propios, y que tengan en ellos construcciones, están obligados a efectuar los trámites para comprar el terreno municipal, durante un año de puesta en vigencia la presente ordenanza, caso contrario el GAD Municipal iniciará los trámites de Ley pertinentes.”

 

Art.- 2.- Incorpórese en las Disposiciones Transitorias la siguiente:

 

“Tercera.- Con el fin de incentivar a los actuales posesionarios, en la compra del solar municipal y bajo el cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ordenanza, se exonera el pago del 50% del valor del avalúo catastral, a las siguientes personas naturales que ocupan un solar municipal donde han edificado su vivienda:

 

a) La persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas;

 

b) La persona con discapacidad, cuando su patrimonio no exceda de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas; y, c) La persona que mantenga el solar municipal catastrado a su nombre por más de quince años o justifique su calidad de heredero.

 

La presente disposición aplica a las compras por diferencia de área y estará vigente por el lapso de un año.”

 

Art. 3.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial, publicación en la Gaceta Oficial Municipal y página Web Institucional.

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

 

Machala, junio 23 del 2016.

 

f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde de Machala.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

CERTIFICO:

 

Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL ARRENDAMIENTO Y VENTA DE SOLARES MUNICIPALES, fue discutida y aprobada en primer y segundo debate en las sesiones ordinarias de 16 y 23 de junio del 2016, respectivamente.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General, Secretaria General del I. Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Machala.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al señor Alcalde, el original y las copias de la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL ARRENDAMIENTO Y VENTA DE SOLARES MUNICIPALES, para su respectiva sanción y aprobación.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.

 

En uso de la facultad concedida en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, declaro sancionada la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL ARRENDAMIENTO Y VENTA DE SOLARES MUNICIPALES, y ordeno su promulgación en el Registro Oficial y su publicación de conformidad a lo establecido en el artículo 324 ibídem, en vista de que se han cumplido y observado los trámites legales, y está de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y las leyes.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde de Machala.

 

 

CERTIFICO:

 

Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL ARRENDAMIENTO Y VENTA DE SOLARES MUNICIPALES, fue sancionada y ordenada su promulgación en el Registro Oficial y su publicación de conformidad a lo establecido en el artículo 324 ibídem por el Ing. Carlos Falquez Aguilar-Alcalde de Machala, a los veinte y cuatro días de junio del año dos mil dieciséis.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

EL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, indica en el artículo 37 numeral 5, que el Estado garantizará a las personas adultas mayores, el derecho a exenciones en el régimen tributario;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, señala en su artículo 47, numeral 4, que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, reconociendo el derecho a las personas con discapacidad, entre otros, a exenciones en el régimen tributario;

 

Que, la Norma Suprema en el artículo 240, establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

 

Que, la Ley del Anciano indica en el artículo 14 que toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales y si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina en el artículo 57 literal a) el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 492 faculta a los municipios a reglamentar mediante ordenanza el cobro de tributos;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD en su Art. 556 establece el impuesto del diez por ciento (10%) a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía, porcentaje que se podrá modificar mediante ordenanza;

 

Que, la Ordenanza que Reglamenta la Determinación y Recaudación del Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de los Predios Urbanos y Plusvalía en el Cantón Machala, fue discutida y aprobada por el I. Concejo de Machala en sesiones ordinarias de octubre 24 y 31 del 2011 y publicada en el Registro Oficial No. 584 de 25 de Noviembre del 2011.

 

Que, la Ordenanza para la Formación y Administración de la Información Predial; Determinación del Avalúo de la Propiedad; y Determinación del Impuesto Predial de los Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales del Cantón Machala, Bienio 2016-2017, fue publicada el 31 de Diciembre del 2015, en la Edición Especial del Registro Oficial No. 444.

 

Que, la Procuraduría General del Estado, ha realizado un pronunciamiento vinculante, mediante ofi cio 00988, emitido con fecha Quito D.M. del 21 de marzo del 2011, en atención a tres consultas efectuada por el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, relacionadas con las normas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que regulan el impuesto municipal a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos, en atención a dichas consultas el oficio de la referencia con amplia motivación concluye: “en la transferencia de inmuebles con nuevas construcciones, el impuesto a la plusvalía y sus deducciones, se debe calcular respecto del inmueble sin considerar las nuevas construcciones, debido a que éstas al no haber existido antes, están sujetas a nuevos catastros y no pueden ser consideradas mejoras”; y,

 

En ejercicio de la competencia establecida en la Constitución y en el artículo 57 literales a) y b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

 

Expide:

 

La REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA EN EL CANTÓN MACHALA.

 

Art. 1.- Inclúyase en el Art. 4 de la ordenanza lo siguiente:

 

“Conforme lo indicado en el Art. 14 de la Ley del Anciano, si el contribuyente es una persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago del impuesto a las utilidades en la transferencia de los predios urbanos y plusvalía. Si la renta o patrimonio excede las cantidades antes señaladas, pagará el impuesto únicamente por la diferencia o excedente. No serán objeto de exoneración de este inmueble las personas adultas mayores que sean representantes legales de personas jurídicas, sociedad de hecho u otras similares.

 

En aplicación del Art. 47 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, las personas con discapacidad están exentos del cincuenta por ciento (50%) del pago del impuesto a las utilidades en la transferencia de los predios urbanos y plusvalía, cuando su patrimonio no exceda de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas. En caso de superar este valor, se cancelará el impuesto por el excedente.”

 

Art.- 2.- Sustitúyase el Art. 6 de la Ordenanza por el siguiente:

 

“Art. 6.- IMPUESTO POR UTILIDADES Y PLUSVALÍA.- Sobre la base imponible se aplicará la tarifa del cinco por ciento (5%) como impuesto.

 

Para el caso de las primeras transferencias de dominio, la tarifa aplicable será del 1%, cuando estas sean realizadas por personas naturales o jurídicas cuyo objeto social, giro de negocio o actividad económica sea la inmobiliaria o de construcción, conforme se determine en el Registro Único de Contribuyentes, escritura de Constitución o cualquier otra certificación obtenida en registros públicos.

 

Para el caso de las transferencias de nuevas construcciones se calculará el valor de utilidad únicamente del terreno.”

 

Art. 3.- La presente ordenanza, entrará en vigencia una vez publicada y promulgada en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal y dominio web institucional.

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

 

Machala, junio 23 del 2016.

 

f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde de Machala.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

CERTIFICO:

 

Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA EN EL CANTÓN MACHALA, fue discutida y aprobada en primer y segundo debate en las sesiones ordinarias de 16 y 23 de junio del 2016, respectivamente.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

SECRETARIA GENERAL DEL I. CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA. Machala, junio 24 del 2016.

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al señor Alcalde, el original y las copias de la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA EN EL CANTÓN MACHALA, para su respectiva sanción y aprobación.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.

 

En uso de la facultad concedida en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, declaro sancionada la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA EN EL CANTÓN MACHALA, y ordeno su promulgación en el Registro Oficial y su publicación de conformidad a lo establecido en el artículo 324 ibídem, en vista de que se han cumplido y observado los trámites legales, y está de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y las leyes. Machala, junio 24 del 2016. f.) Ing. Carlos Falquez Aguilar, Alcalde de Machala.

 

CERTIFICO:

 

Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA EN EL CANTÓN MACHALA, fue sancionada y ordenada su promulgación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal y dominio web institucional, por el Ing. Carlos Falquez Aguilar- Alcalde de Machala, a los veinte y cuatro días de junio del año dos mil dieciséis.

 

Machala, junio 24 del 2016.

 

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización en sus artículos 1 y 5 consagran la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados;

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010 se publica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD que establece la organización político administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera;

 

Que, el artículo 57 literal “c)” del COOTAD, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, faculta: “Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute”;

 

Que el segundo párrafo del Art. 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiesta que son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos;

 

Que el Art. 1 del Código Tributario, tipifica, “Ámbito de aplicación. Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales, locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos; Para estos efectos entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejoras”; y,

 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Expide:

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA.

 

Art. 1.- Que se sustituya en la presente Ordenanza el inciso tercero del literal c) del artículo 4.- Tasas.- por lo siguiente:

 

Por servicio administrativo de emisión de títulos de créditos

3 dólares

 

DISPOSICION FINAL

 

La presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA, entrara en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pichincha, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil quince.

 

f.) Ab. Washington Giler Moreira, Vicealcalde del Cantón.

 

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

 

CERTIFICO: Que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA fue discutido y aprobado por el Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pichincha, en Sesiones Ordinarias del 17 de y 28 de Diciembre del año dos mil quince, en primero y segundo debate respectivamente.

 

Pichincha, 28 de Diciembre de 2015.

 

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ; a los 28 días del mes Diciembre de 2015; a las 15h05.- VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 322 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente Ordenanza, ante el señor Alcalde, para su sanción y promulgación.-

 

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA y ordeno su vigencia, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Pichincha, 29 de Diciembre de 2015.

 

f.) Sr. Nilo A. Álava Molina, Alcalde del Canton Pichincha.

 

Sancionó REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA y ordenó su vigencia, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, el señor Nilo Álava Molina, Alcalde del Cantón Pichincha a los veinte y nueve días del mes de Diciembre del año dos mil quince.- LO CERTIFICO.

 

Pichincha, Diciembre 29 de 2015.

 

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA

 

Considerando:

 

Que, el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador incorpora entre las entidades del sector público a: “4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados…”

 

Que, por su parte el Art. 240 ibídem, atribuye facultad legislativa a los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus competencias y dentro de su jurisdicción, la que se ejerce mediante ordenanzas, conforme prevé el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Que, el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “El Estado constituirá empresas públicas para la…prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas….estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.”

 

Que, el literal f), del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre.

 

Que, el artículo 57, literal “j” del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina las atribuciones del Concejo, aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. Así como también en el literal “q” del mismo artículo, Decidir la participación en mancomunidades o consorcios.

 

Que, la disposición Transitoria Decima Octava de la LOTTTSV, dispone que los GADs Regionales, Metropolitanos y Municipales, asumirán las competencias en materia de planificación, regulación, control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, una vez que hayan cumplido con el procedimiento establecido en el COOTAD.

 

Que, el artículo 285 del COOTAD, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar Mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este Código.

 

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos niveles se denominarán consorcios.

 

Que, el artículo 286 del COOTAD, establece que las mancomunidades y consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos determinados de manera expresa en el convenio de creación.

 

 

Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que las empresas públicas sean personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, destinadas a la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que correspondan al Estado.

 

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de empresas públicas se haga mediante acto normativo del gobierno autónomo descentralizado; en tanto que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que los Gobiernos Municipales “…podrán crear empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía: Garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. La creación de estas empresas se realizará por acto normativo del órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado respectivo y observará las disposiciones y requisitos previstos en la ley que regule las empresas públicas….”

 

Que, el Artículo 289 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización permite que “Los gobiernos autónomos descentralizados mancomunados o que constituyan consorcios, podrán crear empresas públicas a través del acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados que deseen conformar la empresa en comunidad, de acuerdo con la ley que regula las empresas públicas.”

 

Que, los artículos 264 número 6 de la Constitución de la República, en concordancia con el literal f) del Art. 55 y 130 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 30.3.3 de la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial atribuyen a los Gobiernos Municipales la competencia para planificar, regular y controlar el transporte terrestre y tránsito, dentro de sus jurisdicciones.

 

Que, mediante Oficio W. CNC-SE-2014-0303, de 26 de septiembre de 2014, se da a conocer que en los registros del Concejo Nacional de Competencias, se encuentra inscrita la Mancomunidad de Zamora Chinchipe, con W. de Registro MANC-016-2012-CNC, de 08 de junio del 2012, bajo el nombre de Mancomunidad de Integración Ejercicio de Competencias Municipales de Zamora Chinchipe.

 

Que, mediante Estatuto se creó la Mancomunidad de Integración Municipal de Zamora Chinchipe, que entre otros objetivos y fines tiene el propósito de ejercer la competencia en materia de planificación, regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en forma mancomunada, la misma que se encuentra registrada en el Consejo Nacional de Competencias, con el No. MANC-016-2012-CNC, de fecha 08 de junio de 2012.

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 48, de 16 de octubre de 2009, se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas que regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas.

 

Que, mediante Of. Nro. ANT-ANT-2014-10821 de fecha Quito, D.M., 20 de octubre de 2014 emiten las Observaciones de la Ordenanza para la Creación de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe para que mediante la Asesoría Jurídica de cada Municipio se proceda a realizar la aprobación de acuerdo a las Observaciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda con fecha 21 de noviembre del año 2014 aprobó LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE E.P., misma que se encuentra publicada en la Edición Especial Nro. 309 de Registro Oficial, con fecha 24 de abril de 2015.

 

Que, mediante memorando Nro. 002-IJ-2015- EMMSZACH E.P de fecha 01 de junio del 2015, suscrito por el Ab. Henrry Fausto Córdova Asesor Jurídico de la EMMSZACH E.P y dirigido a la Ing. Mónica Álvarez Vargas GERENTE DE LA EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE, en la misma que solicita reformar a los estatutos especialmente en el literal “K” del Art. 4 por existir una incoherencia de acuerdo a las competencias asumidas.

 

Que, se hace imperiosa la necesidad de reformar la actual Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública denominada “EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE”, poniéndola acorde con lo emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

 

Que, es pertinente que la atención que presta la EMMSZACH E.P., sean reformadas, adecuándose a la realidad de acuerdo a las competencias asumidas y brindar el servicio a la colectividad zamorana chinchipense.

 

Que, de acuerdo a lo antes descrito y por solicitud expresa, como GADs nos faculta realizar las reformas mediante acto normativo que establece el COOTAD, por ser facultad del legislativo y ejecutivo debemos realizar la reforma al Art. 4 literal “K”… En uso de la facultad legislativa prevista en los artículos 240 de la Constitución de la República, y facultad normativa prevista en el artículo 7 y en el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial.

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales:

 

Expide:

 

LA PRESENTE REFORMA A LA ORDENANZA

DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

DE ZAMORA CHINCHIPE E. P.

 

Art. 1.- Sustitúyase el literal “k” del artículo 4 y agréguense el siguiente:

 

Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre que operen dentro de sus circunscripciones territoriales; los permisos o contratos de operación que la Mancomunidad regulará serán exclusivamente en las modalidades que el Consejo Nacional de Competencias transfiera y la Agencia Nacional de Tránsito realice el traspaso mediante resoluciones para certificar la ejecución de competencias a los GADs.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente Reforma entrará en vigencia, a partir de su aprobación en cada uno de los Concejos Municipales de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Zamora Chinchipe, que conforman la MIMZACH, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, a los 03 días del mes de julio del año 2015.

 

f.) Ing. Segundo Misael Jaramillo Quezada, Alcalde del Gad del Cantón Palanda.

 

f.) Dr. Ángel Augusto Lanche Jara, Secretario del Gad del Cantón Palanda.

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: CERTIFICO.- Que la presente “Reforma a la Ordenanza de Constitución de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E. P.” que precede, fue conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Municipal del Cantón Palanda, durante las sesiones ordinarias de fechas 19 de junio de 2015 y 03 de julio de 2015, respectivamente, conforme lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización . Palanda 03 de julio de 2015, a las 14h00.

 

f.) Dr. Ángel Augusto Lanche Jara, Secretario General del Gad del Cantón Palanda.

 

SECRETARIO GENERAL DEL GAD DEL CANTÓN PALANDA.- A los 03 días del mes de julio del año 2015, a las 14h30: VISTOS.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, enviase tres ejemplares de la presente ordenanza al señor Alcalde, para su correspondiente sanción.

 

f.) Dr. Ángel Augusto Lanche Jara, Secretario General del Gad del Cantón Palanda.

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN PALANDA.- A los 07 días del mes de julio del año 2015, a las 08h30; de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República, la SANCIONO para que entre en vigencia a partir de su aprobación en cada uno de los Concejos Municipales de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Zamora Chinchipe, que conforman la MIMZACH, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

f.) Ing. Segundo Misael Jaramillo Quezada, Alcalde del Gad del Cantón Palanda.

 

Proveyó y firmó la presente ordenanza el Ing. Segundo Misael Jaramillo Quezada, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, el 07 de julio de 2015.- LO CERTIFICO.

 

f.) Dr. Ángel Augusto Lanche Jara, Secretario General del Gad del Cantón Palanda.

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON ALAUSÍ

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”;

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana....”;

 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”;

 

Que, la como lo estipula el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera....”;

 

Que, el Art. 54 del COOTAD, establece que: “Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”;

 

Que, el Art. 55 del COOTAD, ordena que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón...”;

 

Que, el Art. 419 del COOTAD, determina que constituyen bienes del dominio privado: “… c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales...”;

 

Que, de conformidad con el literal f) del Art. 486 del COOTAD: “Las controversias de dominio o de derechos personales que, por efectos de la resolución administrativa de partición y adjudicación, se produzcan entre el beneficiario del acto administrativo y quien manifieste tener algún derecho vulnerado, serán conocidas y resueltas por la o el juez competente en juicio ordinario que tratará únicamente respecto del valor que el beneficiario de la resolución administrativa de partición y adjudicación estará obligado a pagar por efecto del acto administrativo.

 

Para el cálculo del precio de las acciones y derechos de los lotes no se considerarán las plusvalías obtenidas por las intervenciones municipales en infraestructura, servicios, regulación constructiva y cualquier otra que no sea atribuible al copropietario.

 

En razón del orden público, la resolución administrativa de partición y adjudicación no será revertida o anulada. En caso de existir adulteración o falsedad en la información concedida por los beneficiarios, la emisión de la resolución y la partición y adjudicación en la parte correspondiente será nula.

 

La acción prevista en este literal prescribirá en el plazo de diez años contados desde la fecha de inscripción de la resolución administrativa de partición y adjudicación en el registro de la propiedad.”;

 

Que, es necesario establecer el procedimiento a través del cual el GAD Municipal de Alausí debe ejercer el derecho de declarar la calidad de mostrencos de aquellos bienes que se encuentren en dicha situación; y, su forma de adjudicar a sus posesionarios; y,

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Expide:

 

LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES.

 

CAPITULO I

 

AMBITO DE APLICACION, OBJETO,

 

PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y BENEFICIARIOS

 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza será aplicada en los límites urbanos y en los suelos urbanizables o de expansión de la cabecera cantonal, así como también en las cabeceras parroquiales rurales del cantón Alausí.

 

Art. 2.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto lo siguiente:

 

Incorporar al patrimonio municipal de conformidad con la Ley, los inmuebles que se encuentren vacantes, o también denominados mostrencos, ubicados dentro de los límites urbanos y suelos urbanizables o de expansión de la cabecera cantonal y de las cabeceras parroquiales.

 

Autorizar a las personas naturales o jurídicas que se encuentran en posesión de los bienes inmuebles dentro de los limites urbanos y suelos urbanizables o de expansión de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del cantón Alausí a que procedan con la celebración de las escrituras públicas correspondientes.

 

Art. 3.- Principios.- Los principios en que se sustenta la presente Ordenanza son: de legalidad, generalidad, autonomía, solidaridad y responsabilidad.

 

Art. 4.- Definiciones.- Para efectos legales de la presente ordenanza, se deja constancia de las siguientes definiciones:

 

Bien Mostrenco.- Para efecto del presente artículo se entienden mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido; se encuentra ubicados dentro de los límites urbanos y suelos urbanizables o de expansión, que se encuentran perdidos, abandonados, deshabitados, sin uso y sin saberse su dueño.

 

Posesión.- Se deberá considerar a la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño por el lapso no menor a los ocho años.

 

Posesionario.- Se considera posesionario a la persona natural que de manera directa, pacifica, pública y de buena fe viene ocupando un lote de terreno por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre, dentro de límites urbanos y suelos urbanizables o de expansión en los predios previamente identificados como aptos para vivienda, comercio, educación, todo ello concordante con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El posesionario será considerado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

 

Límite Urbano.- Es aquel fijado mediante ordenanza municipal para incluir los suelos ocupados por edificaciones en mínimo 50% de su COS, dotados de infraestructura vial, equipamientos, redes completas de dotación y/o prestación de servicios básicos.

 

Suelo urbanizable o de expansión.- Es aquel susceptible de ser urbanizado, ya que cuenta con condiciones topográficas favorables, factibilidad de dotación de servicios básicos, planeamiento, infraestructura y equipamiento parcial, exento de riesgos naturales y en proceso paulatino de ocupación como vivienda rural. De conformidad y en concordancia con el Art 508 del COOTAD, esta clase de suelo la será denominado Suelo de promoción inmediata.

 

Predio.- Se considerara predio a todo bien inmueble con o sin edificación.

 

Art. 5.- De los beneficiarios.- Los bienes mostrencos al estar vacantes y carentes de dueño, luego de cumplir con el proceso y con los requisitos correspondientes señalados en la presente Ordenanza, serán legalizados en calidad de bienes de dominio privado a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Alausí.

 

 

CAPITULO II

 

DE LOS BIENES VACANTES O MOSTRENCOS

 

 

Art. 6.- De la identificación y solicitud de adjudicación.- La identificación como bien mostrenco o vacante de un inmueble y la solicitud de incorporación como bien municipal, lo podrán realizar las autoridades del Cantón, sean estas municipales o parroquiales, así como también los funcionarios municipales y la ciudadanía en general.

 

 

Art. 7.- De los Requisitos.- La incorporación de bienes mostrencos al patrimonio municipal, cumplirá con la documentación y el correspondiente proceso, luego de lo cual será conocida, analizada y aprobada por el Concejo Municipal.

 

 

Los requisitos son los siguientes:

 

Solicitud dirigida al señor/a Alcalde/sa.

 

Levantamiento planimétrico del predio con la superficie, linderos y ubicación, debidamente georeferenciado.

 

Informe de la Dirección de Planificación para determinar la existencia de algún proyecto que afecte al predio o si la adjudicación del mismo afecta la ejecución del PDOT cantonal.

 

Informe de la Dirección de Avalúos y Catastros sobre el catastro del inmueble y avalúo correspondiente.

 

Informe de Procuraduría Síndica, misma que, luego de revisar la documentación correspondiente, deberá publicar por la prensa, durante tres (3) días consecutivos, solicitando que dentro del término de cinco días se presente oposición o reclamo sobre el inmueble a adjudicarse la municipalidad.

 

 

Art. 8.- De la Resolución, escrituración e inscripción.- Con los informes señalados en el artículo precedente, el señor Alcalde pondrá en consideración del Concejo Municipal para, mediante Resolución, aprobar que se incluya el predio como bien de dominio privado de la municipalidad.

 

 

La Secretaria General, para los fines pertinentes, será la encargada de notificar a la Dirección de Planificación, Dirección de Avalúos y Catastros, así como a la Dirección Financiera para el correspondiente registro y a la Procuraduría Síndica para que se protocolicen las escrituras e inscripción en el Registro de la Propiedad.

 

CAPITULO III

 

DE LA LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES

 

EN POSESION DE PERSONAS NATURALES

 

Art. 9.- Solicitud de adjudicación e identificación.- Los/ las posesionarios/as, mediante comunicación dirigida al señor Alcalde, solicitaran la identificación y adjudicación a su favor, del bien inmueble en posesión.

 

Art. 10.- Requisitos para la legalización.- Para proceder con la legalización de un bien inmueble en posesión y recibir la autorización municipal, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

 

Solicitud dirigida al señor/a Alcalde/sa.

 

Copia de la Cedula de Ciudadanía y Certificado de Votación del último proceso electoral.

 

Certificado de no adeudar al Municipio.

 

Pago del impuesto correspondiente al año en que se realiza el trámite, del lote solicitado.

 

Pago de las tasas fi jadas por la municipalidad al inicio del proceso, por inspección y/o levantamiento catastral.

 

Declaración Juramentada efectuada en cualquier Notaria del país, referente a los siguientes aspectos:

 

No existir escritura del inmueble en referencia.

 

Estar habitando o en posesión del bien inmueble, al menos por un espacio no menor a ocho (8) años.

 

Señalamiento de los beneficiarios directos y el grado de parentesco entre ellos.

 

Estado civil o unión de hecho

 

Que el predio solicitado no da lugar a reclamo o discusión sobre linderos y extensiones con los colindantes.

 

Art. 11.- Para el caso de dolo o falsedad.- En caso de comprobarse que en la información proporcionada por los interesados exista dolo o falsedad, se procederá ipso facto a archivar el caso, al mismo tiempo que se iniciará el proceso para que dicho bien inmueble pueda ingresar al patrimonio municipal, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.

 

Art. 12.- Aspectos Técnicos del proceso.- Se deberán observar estrictamente los siguientes aspectos:

 

El levantamiento del predio, deberá contener el correspondiente cuadro de áreas y linderos y estará georeferenciado en el Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18 Sur.

 

El posesionario deberá solicitar y presentar el Informe de Línea de Fabrica.

 

El frente del predio deberá estar acorde a la zonificación del uso del suelo del sector, salvo casos especiales y consolidados, que siendo independientes y funcionales no presenten otra alternativa.

 

Los predios que se encuentren afectados por el Plan de Ordenamiento.

 

En el caso de presentarse la solicitud de adjudicar los inmuebles a padres, hijos y hermanos, previa autorización del posesionario, se podrá subdividir el predio y adjudicarlos, tomando en cuenta las dimensiones que sobre lote minino consta en el Plan de Ordenamiento Territorial.

 

Se prohíbe la adjudicación de bienes inmuebles a aquellas personas que tienen como actividad el tráfico ilícito de tierras.

 

Art. 13.- Proceso e informes previos.- En recepción de documentos, el peticionario ingresará una solicitud dirigida al Alcalde solicitando la adjudicación del predio en su posesión. Solicitud a la que se deberá agregar una carpeta donde consten los requisitos exigidos en el Art. 10 de la presente Ordenanza; luego de lo cual se observara el siguiente procedimiento:

 

Se remitirá la documentación a la Dirección de Planificación, para que se proceda con la inspección, levantamiento planimétrico e informe correspondientes.

 

Procuraduría Sindica procederá a revisar la documentación en el ámbito legal; y, emitirá un informe al señor Alcalde.

 

Una vez tomada la Resolución por parte del Concejo Municipal, Secretaria General notificara a: Procuraduría Síndica a fin de que proceda a elaborar el acta de adjudicación, Dirección Financiera a fin de que a través de la Jefatura de Rentas emita el Titulo de Crédito por concepto de “Adjudicación de Bien Inmueble”.

 

Al posesionario o propietario a fin de que se le proporcione los datos técnicos; el acta de adjudicación; cancele el Titulo de Crédito antes señalado; y, proceda con la celebración de las escrituras correspondientes en cualquier Notaria del país y su inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Alausí.

 

CAPITULO IV

 

TASAS Y FORMA DE PAGO

 

Art 14.- Tasas.- La persona beneficiaria deberá cancelar en una de las ventanillas de recaudación municipal los siguientes valores:

 

Por concepto de inicio del proceso, inspección, levantamiento de campo y publicación por la prensa, el 1% (uno por ciento) del avaluó de la propiedad. Avaluó que deberá ser certificado por la Dirección de Avalúos y Catastros.

 

Por concepto de adjudicación de bien inmueble, el 3% (tres por ciento) del avaluó municipal vigente.

 

Art. 15.- Forma de pago.- El pago deberán hacerlo los beneficiarios de contado, en moneda de curso legal, o mediante un convenio de pago mensual, que el beneficiario pueda acordar con la Dirección Financiera pero en ningún caso este acuerdo de pago podrá sobrepasar los doce (12) meses, o un (1) año.

 

Art. 16.- Incumplimiento en el pago.- En el caso de que el beneficiario no pagare tres (3) cuotas en forma consecutiva, el inmueble se revertirá a favor de la municipalidad, la misma que procederá a devolver el valor pagado hasta esa fecha por parte del beneficiario, sin derecho a reclamar pago de intereses, los que se entenderán compensados con el uso o usufructo del predio.

 

CAPITULO V

DE LAS PROHIBICIONES

 

Art. 17.- Ninguna persona natural, ni familia; podrá beneficiarse con la legalización de más de dos (2) predios.

 

Art. 18.- Aquellos predios cuyos beneficiarios hayan adquirido un compromiso de pago, en la forma en que este se haya llevado a cabo, están prohibidos de enajenar, la misma que podrá ser levantada una vez que la deuda haya sido pagada en su totalidad, previa certificación otorgada por la Dirección Financiera.

 

Art. 19.- Los beneficiarios quedan prohibidos de hipotecar los predios a una entidad bancaria para fines comerciales, en tanto mantengan deuda con la municipalidad; pero, en cambio, quedan autorizados para que procedan a hipotecar los predios para construir, reservando sus derechos y obligaciones con la municipalidad, y acogerse de esta manera a ser beneficiarios de los incentivos para construcción o mejoramiento de vivienda.

 

 

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- El GADMCA tiene la competencia para la titularización de predios, que estando en las condiciones señaladas por el COOTAD, se ubican en el área urbana, de expansión urbana y áreas urbanas parroquiales, mientras que el MAGAP a través de la Subsecretaría de Tierras de la jurisdicción correspondiente titulariza predios rústicos sin título de propiedad de acuerdo con el Art. 38 de la Ley de Desarrollo Agrario y el Art. 1 de la Ley de Tierras Baldías, en tanto que el Ministerio del Ambiente lo hace sobre aquellas tierras que integran el patrimonio forestal del Estado, bosques protectores y bosques naturales, mientras que los jueces civiles titularizan entre otros casos, al resolver juicios de prescripción adquisitiva de dominio, cuando la posesión regular se la tiene sobre predios con título de propiedad.

 

SEGUNDA.- Normas Supletorias.- En todo aquello que no esté contemplado en la presente Ordenanza, se regirá por lo que estipula el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Civil, La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la Ley Notarial y más leyes conexas que sean aplicables y no se contrapongan.

 

TERCERA.- Derogatoria.- Queda derogada toda normativa expedida con anterioridad por el Concejo Municipal del GAD de Alausí referente a la incorporación de bienes mostrencos al patrimonio municipal y legalización de predios en poder de particulares, que se opongan a la presente Ordenanza.

 

CUARTA.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su sanción, y se publicara en la Página Web institucional, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Alausí, a los veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil quince.

 

f.) Sr. Manuel Vargas Villa, Alcalde.

 

f.) Armando Guaminga, Secretario del Concejo.

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.- Certifico: Que la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, en primer debate en sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre del 2015 y en segundo debate, en sesión ordinaria realizada el 22 de septiembre del 2015.

 

f.) Armando Guaminga, Secretario del Concejo

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAUSÍ.- Alausí, a los veinte y cinco días del mes de septiembre del 2015, a las 13h15.- Vistos: De conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase la norma aprobada al Sr. Alcalde para su sanción y promulgación.- Cúmplase.

 

f.) Armando Guaminga, Secretario del Concejo

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN ALAUSÍ.- Sr. Manuel Vargas Villa, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, a los 28 días del mes de septiembre del 2015.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- Sanciono la presente Ordenanza para que una vez promulgada en la página web institucional entre en vigencia conforme lo establece el Art. 324 del COOTAD.

 

f.) Sr. Manuel Vargas Villa, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canton Alausí.

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.- Sancionó, firmó y ordenó la promulgación por la página web institucional la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, el señor Manuel Vargas Villa, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, a los 28 días del mes de septiembre de dos mil quince, siendo las 08H05.

 

f.) Armando Guaminga, Secretario del Concejo.

 

Nº 002-2016-CM

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE PENIPE

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nº 449, del 20 de octubre del año 2008, establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional.

 

Que, el artículo 47 numerales 4, 5, 10 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

 

4.             Exenciones en el régimen tributario.

 

5.             El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas”

 

Que, el artículo 48 numerales 1, 2, 6, 7 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa.

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad”

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 329 que las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones.

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento - Registro Oficial Nº 303, del 19 de octubre del 2010, determina claramente las fuentes de obligación tributaria.

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, numeral 5, faculta a los gobiernos municipales, a crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art 186, en sus artículos 5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades.

 

Que, los artículos 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga la atribución a los concejales de presentar proyectos de ordenanzas y a los municipios la facultad de regular mediante ordenanza, los tributos municipales, creados expresamente por la ley.

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

 

Que, el Art. 53, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”.

 

Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe, es optimizar la atención al público en el Mercado Municipal; y, en las Ferias de la Economía Popular y Solidaria.

 

En uso de las atribuciones legales que le confiere los artículos 7, 57 letras a), b), c) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y la Resolución No. 0004-CNC-2014, expedida por el Consejo Nacional de Competencias, y en pleno goce del derecho de autonomía establecido en la Constitución de la República del Ecuador,

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LAS FERIAS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN PENIPE.

 

CAPÍTULO I

 

GENERALIDADES

 

Art. 1.- Funcionamiento.- El funcionamiento de los Mercados Municipales y realización de Ferias de Economía Popular y Solidaria, estarán sujeto a la autoridad y disposiciones del Alcalde como primera autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe; y de la Jefatura de Mercados. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe concederá el derecho a ejercer el comercio informal en la vía pública, previa inscripción en el registro que para el efecto mantendrá la Jefatura de Rentas Municipales en coordinación con la Jefatura de Mercados.

 

Art. 2.- Ámbito.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el arrendamiento, uso, funcionamiento y administración de los Mercados Municipales y realización de Ferias de Economías Popular y Solidaria del cantón Penipe.

 

Art. 3.- Ubicación.- Los Mercados Municipales y realización de Ferias de la Economía Popular y Solidaria, contaran con bienes inmuebles destinados al servicio público, y estarán ubicados estrictamente de acuerdo las consideraciones de la Jefatura de Mercados.

 

Art. 4.- Usos y servicios.- Las actividades, usos y servicios que presten los Mercados Municipales y realización de Ferias de la Economía Popular y Solidaria, serán los establecidos por la Jefatura de Mercados.

 

Art. 5.- Áreas comunes.- Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios que al interior del mercado municipal, la entidad destina para el uso público como: Los pasillos, patios de comida, veredas e instalaciones.

 

Art. 6.- Cuidado de áreas comunes.- Las áreas comunes y mobiliarios destinados al servicio público están sometidos al mantenimiento, cuidado y responsabilidad común por parte de los comerciantes de la sección respectiva. La utilización de tales áreas es general y gratuita de acuerdo a las condiciones naturales y propias de su uso.

 

 

CAPÍTULO II

 

DEL ARRENDAMIENTO

 

Art. 7.- Arrendamiento.- Los locales comerciales existentes en el mercado municipal y demás inmuebles, serán entregados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento anuales

 

 

Art. 8.- Procedimiento.- Para proceder al arrendamiento de un local comercial la Dirección Jurídica observará lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, la presente ordenanza

 

Art. 9.- Precio del arriendo.- El precio del arriendo mensual de cada local, se clasifica de acuerdo al área, ubicación y servicios, de la siguiente manera:

 

 

 

DETALLE

ÁREA m2

VALOR

TOTAL LO CAL MENSUAL

1

LOCALES DE ACOPIO

11,80

3

$ 35,4

2

LOCALES COMERCIALES

13,85

3

$ 41,55

3

LOCALES COMERCIALES

12,30

3

$ 36,90

4

OFICINAS DE TRANSPORTE

10,60

3

$ 31,80

5

PUESTO CÁRNICOS

5,95

3

$ 17,85

6

PUESTO DE LEGUMBRES Y FRUTAS

4,00

1

$ 4,00

7

LOCALES COMERCIALES INTERNOS

5,30

2

$ 10,60

8

PATIO DE COMIDAS

7,50

2

$ 15,00

9

SALON DE USO MÚLTIPLE

205,00

1

 

 

 

 

Las personas pertenecientes a la tercera edad y con discapacidad, debidamente justificada, serán beneficiadas con el cobro del 50 % de canon arrendaticio estipulado en este artículo.

 

Todos los valores fijados serán reajustables anualmente al 10%, previo informe del Administrador de la factibilidad o no del incremento.

 

Art. 10.- Requisitos para el arrendamiento.- Conjuntamente con la solicitud dirigida al Señor Alcalde, el interesado presentará los siguientes requisitos:

 

Ser de nacionalidad ecuatoriana; caso contrario, se tendrá que demostrar estar legalmente domiciliado en el Ecuador.

 

Ser mayor de 18 años.

 

Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación.

 

Certificado de no adeudar a la Municipalidad.

 

No estar incurso en prohibiciones que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

Determinar la clase de negocio que va a establecer,

 

Certificado otorgado por la Dirección Provincial o el Centro de Salud,

 

Una foto tamaño carnet, y

 

Copia del Carnet de Discapacidad en caso de poseerlo.

 

Art. 11.- Falta de requisitos.- El solicitante que no cumpla con los requisitos del artículo 10, de la presente ordenanza no será tomado en cuenta para el arrendamiento.

 

Art. 12.- Deterioros o daños en la infraestructura.- Para garantizar el buen uso de los locales arrendados y precautelar los bienes municipales sobre posibles deterioros que se ocasionaren, los arrendatarios de un local comercial o puestos en el mercado, se responsabilizarán y se comprometerán a cubrir todos los costos que demanden la reparación de las zonas en donde se hubieren causado desperfectos. Se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados y se emitirá el respectivo título de crédito para su cobro inmediato, este artículo constara dentro del contrato de arrendamiento.

 

Art. 13.- Adjudicación.- Para otorgar un local o puesto en arrendamiento, se preferirá a los oferentes oriundos del Cantón Penipe; y, a los de mayor tiempo de servicio en los mercados de economía popular y solidaria.

 

Art. 14.- Si dos o más personas coincidieran en solicitar la adjudicación de un mismo puesto o local, para resolver se tomará en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, dándose preferencia a ciudadanos que hubieren sido vendedores en puesto fijo, feriantes o ambulantes de la ciudad, con preferencia a los ciudadanos locales, que residen en el Cantón, personas con capacidades especiales, tipo de productos que ofertan, calidad de la producción y si presenta productos con valor agregado.

 

Art. 15.- Con las solicitudes presentadas, se formará una comisión integrada por el delegado del Alcalde, Comisaria Municipal, Administrador del Mercado, y se evaluara a los solicitantes, y determinara quiénes son los más idóneos para ingresar en el mercado y ferias de economía popular y solidaria.

 

Art. 16.- Al cabo de ocho días se informara al solicitante la existencia o no de un puesto para ejercer su actividad.

 

Art. 17.- Firma de contrato.- El contrato de arriendo debe ser firmado por el adjudicatario en el término de cinco días, contados desde la notificación de la adjudicación, caso contrario la Dirección Jurídica concederá al solicitante que siga en orden de preferencia. Toda la documentación precontractual y contractual se remitirá en copias a la Jefatura de Avalúos y Catastros, Tesorería, Y Jefatura de Mercados; para efectos de la determinación, emisión y recaudación de los valores pactados.

 

Art. 18.- Requisitos para funcionamiento.- La persona a quien se adjudique el contrato de arrendamiento, debe cumplir con los siguientes requisitos para el respectivo funcionamiento del local comercial:

 

Patente municipal.

 

Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos.

 

Permisos de uso otorgados por la Dirección de Planificación; y,

 

Plan de la Unidad de Gestión de Riesgos.

 

e )           Copia del RUC

 

En el caso de la patente municipal, se observará lo que establece la Ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patentes municipales en el cantón Penipe, si el arrendatario no cumple con estos requisitos, su solicitud no será aprobada.

 

Art. 19.- El o la Alcalde (sa), autorizará la renovación del contrato de arrendamiento del local, previa solicitud del arrendatario al Administrador del Mercado, quién emitirá un informe de viabilidad de la renovación.

 

Art. 20.- Prohibición de traspaso de local.- Queda estrictamente prohibido a los comerciantes subarrendar, vender o traspasar el local que les fue arrendado. Cualquier operación que viole esta disposición será nula y se dará por terminado unilateralmente el contrato de arriendo.

 

Art. 21.- Entrega de un solo local.- A cada comerciante no podrá entregarse en arriendo más de un local, dentro de la cabecera cantonal, o dentro de la cabecera parroquial.

 

Art. 22.- Disponibilidad de espacios.- El Administrador del Mercado ordenará la disponibilidad del puesto, previo informe escrito del Inspector del mercado.

 

Art. 23.- Nuevos ocupantes.- Los puestos de disponibilidad podrán ser dados en ocupación al comerciante que solicite el espacio de acuerdo al artículo 10 y posterior serán entregados de acuerdo al artículo 18.

 

Art. 24.- Del Operador Alterno.- Podrán ser operadores alternos: los hijos mayores de edad, hermanos o padres, cónyuge o conviviente del titular del permiso registrado.

 

Art. 25.- Justificación por ausentismo del adjudicatario.- cuando el arrendatario tenga que ausentarse de un puesto por una semana, el inspector del respectivo mercado concederá la licencia, si la ausencia fuere hasta de un mes, la licencia le concederá el Administrador del Mercado, para un lapso mayor la licencia la dará el Alcalde. En cualquiera de los casos se tiene que realizar una petición por escrito.

 

En ningún caso el puesto podrá permanecer cerrado, en el horario establecido, y se lo encargará al operador alterno.

 

Art. 26.- Apertura de puestos cerrados.- Cuando un puesto permaneciere cerrado y hubiese sido declarado en disponibilidad, el Administrador del Mercado pedirá la intervención del Comisario Municipal y pedirá a la Dirección de Gestión de Proyectos y Planificación la designación de un Auditor quienes conjuntamente con el Inspector del Mercado y el Presidente de la Asociación de comerciantes, abrirán el local en presencia de dos testigos de preferencia que laboren contiguo al puesto que estuviese intervenido. Los bienes encontrados y todo lo que se detalle en el acta, quedarán bajo custodia y responsabilidad del Comisario Municipal, lo que será firmado por las personas intervinientes en el acto.

 

Art. 27.- Mercadería y Bienes de los puestos cerrados que fueren abiertos por orden Municipal.- En el plazo de ocho días el ocupante o quienes justifiquen legalmente tener derecho para ello, podrán reclamar al Comisario Municipal, la mercadería y demás pertenencias que hubiesen sido inventariadas al momento de la apertura del local, previo al pago de los valores adeudados a la municipalidad. Vencido el plazo antes señalado se liquidara la mercadería mediante invitación pública, y se procederá a depositar en la tesorería municipal.

 

Art.28.- Representante de los comerciantes del Mercado Municipal.- al primer mes de conformado el mercado se formara una organización de comerciantes la cual debe estar registrada en el Ministerio Respectivo, los representantes de la organización harán de portavoz oficial de la agrupación de los ocupantes, para los efectos contemplados en la presente ordenanza. Los representantes, están obligados a que las disposiciones dictadas en la presente ordenanza se cumplan a cabalidad. Podrán firmar acuerdos de administración con la Municipalidad y conceder todas las medidas necesarias para el buen orden, limpieza y funcionamiento del mercado.

 

Art.29.- Horario de atención.- El horario para la atención al público será diferenciado, dependiendo el lugar de expendio en que se encuentren ubicados los puestos comerciales y los productos que se expendan:

 

Desde las 06h00 hasta las 18h00 de lunes a sábado; y, domingos desde las 06h00 hasta las 15h00; y,

 

Desde las 08h00, hasta las 18h00 de lunes a sábado; y, domingos 08h00 hasta las 15h00.

 

Después de cumplidos estos horarios, el personal de la Dirección de Gestión Ambiental, conjuntamente con cada uno de los arrendatarios de los locales comerciales, procederá a realizar la limpieza respectiva.

 

Art. 30.- Publicidad.- Se permitirá a los arrendatarios el uso de publicidad, previa aprobación de los diseños, por la Jefatura de Mercados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe, quedando prohibido el uso de altavoces, el voceo y los procedimientos que puedan afectar a la imagen general de los locales.

 

Art. 31.- Pago de canon arrendaticio.- Los arrendatarios pagarán el canon de arrendamiento mensualmente bajo el subproceso de Tesorería Municipal, en el transcurso de los cinco primeros días de cada mes y en caso de mora se les cobrará el interés permitido por la ley, sobre el canon de arrendamiento. Se entiende por mora el retraso del pago a partir del día sexto del mes siguiente.

 

CAPÍTULO III

 

DIVISIÓN DEL INMUEBLE DEL MERCADO

MUNICIPAL POR NIVELES Y CLASIFICACIÓN DE

LOS LOCALES COMERCIALES.

 

SECCIÓN I

 

Generalidades

 

Art. 32.- División.- El mercado municipal cuenta con dos plantas, por ello para la correcta aplicación de los horarios y mejor atención al público se fracciona por secciones.

 

Art. 33.- Clasificación.- Los puestos comerciales se clasifican en permanentes y eventuales:

 

Los puestos permanentes, son los que se encuentran ubicados en el exterior e interior del mercado municipal y se utilizan para la venta constante de una determinada mercancía, previa la firma de un contrato de arrendamiento con la Municipalidad.

 

Los puestos eventuales, son aquellos que están ubicados en las calles colindantes del mercado municipal, para la venta de ciertas mercancías, previa autorización de la Jefatura de Mercados, por el tiempo máximo de tres días en la semana y en horarios definidos, en el caso de que superare este tiempo pasara a considerarse un puesto permanente, y deberá regirse a las normas de la presente ordenanza.

 

Las ferias de economía de economía popular y solidara deberán ser solamente los días sábados y domingos. Estos puestos tendrán la dimensión de 2 x 2 metros cuadrados y, los puestos podrán ser de dimensiones menores o superiores, debidamente determinadas por la Dirección de Gestión Ambiental, dando preferencia a los comerciantes que vienen del sector rural para lo cual se deberá autorizar a los miembros de la Policía Municipal para que se los ubique adecuadamente.

 

Art. 34.- Autorización para puestos eventuales.- Los interesados en ejercer el comercio con productos de la zona los días de feria, deberán tener autorización de la respectiva autoridad municipal, con la obligación de dejar limpio el lugar ocupado.

 

Art. 35.- Numeración.- La numeración de locales, será conforme al plano que realice la Dirección de Planificación, y aprobado por el Alcalde como máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe.

 

SECCIÓN II

 

De los locales y puestos de expendio de Comida preparada

 

Art. 36.- Ubicación de locales.- Los locales destinados al expendio de comidas, tiendas de víveres y refrescos estarán ubicados en una determinada sección del mercado municipal y conforme lo dispone el artículo 4 de esta ordenanza; y, los locales destinados al expendio de productos cárnicos, quesos y víveres, estarán ubicados en otra sección del mercado municipal.

 

Art. 37.- Del expendio de comidas.- La preparación y venta de comidas, se permitirá exclusivamente en los locales destinados para el efecto; particular que debe constar en el contrato de arriendo.

 

Art. 38.- Del expendio de bebidas.- La venta de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos, batidos, y similares, se permitirá únicamente en los locales que se destine para el efecto; particular que debe constar en el contrato de arriendo.

 

Art. 39.- Para servir los alimentos al público, los expendedores deben utilizar vajilla de cerámica, cuidando las normas de higiene, ofreciendo un trato respetuoso al cliente; y, portando el uniforme determinado por el GADMPenipe; así también, los locales de expendio de comidas, serán considerados como comedores populares, por lo tanto no podrá exigírseles la utilización del cilindro de G. L. P., de 15 Kg., o industrial.

 

Art. 40.- Todos los comerciantes que arrienden locales en el Mercado Municipal, obligatoriamente realizarán las labores de limpieza del mismo, una vez terminado el horario de atención al público. Además, cuidarán del mobiliario, pasillos, patio de comidas, basureros municipales y baterías sanitarias.

 

Art. 41.- En caso de destrucción o pérdida del mobiliario de uso común u objetos de propiedad municipal, los comerciantes serán solidariamente responsables, excepto cuando se conozca el causante, a quien se le exigirá la reposición o el pago respectivo.

 

SECCIÓN III

 

Locales de venta de ropa, bazares y afines

 

Art. 42.- Los locales destinados a venta de ropa, bazares y afines, estarán ubicados conforme lo dispone el artículo 4 de esta ordenanza.

 

Art. 43.- Cada comerciante realizará diariamente la limpieza de los corredores con frente a su local, después del horario establecido en el artículo 29 de esta ordenanza.

 

Art. 44.- Cada comerciante tendrá la obligación de realizar la limpieza y cuidado del mobiliario de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe.

 

SECCIÓN IV

 

Locales de víveres de la sierra, frutas y verduras

 

Art. 45.- Los locales de víveres de la sierra y frutas estarán ubicados conforme lo establecido en el artículo 4 de esta ordenanza.

 

Art. 46.- Los expendedores de víveres de la sierra, verduras y frutas, deben observar estrictas normas de higiene, y ofrecer un trato respetuoso al cliente y portar el uniforme determinado por la Dirección de Higiene y Servicios Públicos.

 

CAPÍTULO IV

 

Del control y seguridad de los locales comerciales

 

Art. 47.- Control.- El control de los puestos comerciales estará a cargo de la Comisaria Municipal, a través de los policías municipales.

 

Art. 48.- Deberes y atribuciones de del Administrador e Inspector.- El Administrador e Inspector del Mercado será nombrado por el Alcalde, el mismo será responsable inmediato de la buena marcha de los mercados deberá:

 

 

ADMINISTRADOR

 

1. Productos y Servicios:

 

Propuestas de políticas, programas, proyectos y presupuesto sobre administración y mantenimiento de mercados y centros de acopio.

 

Propuestas de ordenanzas y resoluciones sobre administración y mantenimiento de mercados y centros de acopio.

 

Elaborar el padrón de comerciantes del municipio y hacer su actualización anual.

 

Elaborar el reglamento de mercados.

 

Modelo de Sistema de gestión de mercados de calidad (Plan de Riesgos, Señalética, Plan de Residuos, Plan de Atención al cliente, Plan de mantenimiento y mejora continua)

 

Proyecto de Normativa de higiene de mercados.

 

Indicadores de logro de la gestión de mercados.

 

Presentar informes mensuales del manejo a las autoridades competentes.

 

2. Funciones:

 

Fomentar la promoción y organización del centro

 

Coordinar las acciones dentro del centro

 

Garantizar la seguridad y el abastecimiento de servicios básicos

 

Vigilar el pago de los derechos, productos y demás contribuciones en las fechas fijadas por la Tesorería Municipal.

 

Dar mantenimiento a las instalaciones a su cargo.

 

Cumplir con lo establecido en las disposiciones legales en materia de sanidad.

 

 

INSPECTOR 1. Funciones:

 

Vigilar el uso adecuado de las instalaciones;

 

Distribuir a los comerciantes y prestadores de servicios en los puestos de manera ordenada;

 

Proporcionar mantenimiento y conservación al inmueble y sus instalaciones;

 

Colocar sus mercancías a la venta únicamente en el espacio que ocupa su local o puesto asignado;

 

Mantener limpios sus puestos y el frente de los mismos;

 

Mantener libres de obstáculos los pasillos, andadores, banquetas y corredores;

 

Colocar en un lugar visible los precios oficiales de las mercancías y artículos de primera necesidad sujetos a control; y,

 

Tener licencias sanitarias actualizadas y de funcionamiento expedida por las autoridades correspondientes.

 

Art. 49.- El o la Jefe (a) de Mercados, será el responsable directo ante la Municipalidad cuando se incumpliera esta ordenanza; así como por las infracciones que cometan los arrendatarios de los puestos, como consecuencia de las instrucciones y acuerdos arbitrarios emanados de este.

 

DE LA SEGURIDAD Y CONTROL

 

Art. 50.- De los Policías Municipales.- Son deberes y atribuciones de la Policía Municipal:

 

Usar el uniforme que los identifique como tales;

 

Vigilar la seguridad íntegra de las instalaciones de los mercados municipales;

 

Cumplir su labor de seguridad en el horario establecido por la autoridad municipal;

 

Desalojar del predio del mercado municipal a las personas que se encuentren en horas no laborables;

 

Presentar el parte y novedades sobre trabajos de control e informar oportunamente a la autoridad;

 

Ejercer un trabajo responsable y control permanente durante las jornadas nocturnas;

 

Apoyar el cumplimiento y control de precios y calidad, control de pesas y medidas y otras disposiciones inherentes emanadas en la Ley de Defensa del Consumidor; y,

 

Realizar las demás tareas que le asigne la máxima autoridad.

 

CAPÍTULO V

 

De los derechos, obligaciones y prohibiciones de los comerciantes

 

Art. 51.- Derechos.- Los comerciantes tienen los siguientes derechos:

 

Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las leyes y ordenanzas municipales;

 

Tener un trato preferencial en la asignación de puestos en las festividades de Penipe.(las fechas las fijará el municipio)

 

Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales;

 

Ser atendidos oportunamente por el Concejo Municipal en el mejoramiento de los servicios de: agua potable, alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías sanitarias, seguridad en sus locales y arreglo de los mismos;

 

Recibir cursos de capacitación y acceder al derecho para que a futuro se construya una guardería para que los hijos de los comerciantes estén atendidos y protegidos del trabajo infantil;

 

Ser informados oportunamente con cualquier resolución del Concejo Municipal, a través de la Jefatura de Mercados; y,

 

Denunciar por escrito ante el Alcalde, cualquier irregularidad cometida por el personal encargado de la administración de los mercados municipales, como: peculado, cohecho, concusión, extorsión, chantaje, agresiones físicas o verbales, amenazas y otros similares.

 

Art. 52.- Obligaciones.- Los comerciantes tienen las siguientes obligaciones:

 

Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas jurídicas aplicables;

 

Pagar mensualmente el canon arrendaticio, conforme lo establecido en el contrato;

 

Mantener buena presentación en sus locales, una esmerada limpieza en los frentes y techos de los mismos y las instalaciones, con las debidas condiciones de higiene y salubridad;

 

Exhibir los precios de venta de los productos incluido el IVA;

 

Usar pesas y medidas debidamente controladas por la Jefatura de Mercados, con el apoyo de la Policía Municipal;

 

Ingresar las mercancías a través de los lugares y corredores habilitados para tal fin;

 

Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de inspección, suministrando toda clase de información sobre instalaciones, precios, calidad de los productos o documentación justificativa de las transacciones realizadas;

 

Cumplir con las disposiciones vigentes reguladoras del comercio minorista, así como con la normativa higiénico-sanitaria vigente;

 

Moderar el volumen de los aparatos musicales instalados en el interior de sus locales, cuando los utilicen. Así mismo deberán ser respetuosos con el público, debiendo dirigirse a las personas con respeto y buenas maneras, evitando palabras que sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres;

 

Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el local arrendado;

 

Contribuir con la conservación de la higiene en sus puestos, depositando la basura y desperdicios en un colector adecuado proporcionado por la Municipalidad, el mismo que será desocupado por el encargado del servicio de limpieza y trasladado al relleno sanitario;

 

Informar al Alcalde por lo menos con treinta días de anticipación, su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento;

 

Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y otras actividades convocadas por la Municipalidad, a través de la Dirección de Gestión Ambiental;

 

Responder por las acciones u omisiones de sus colaboradores;

 

Observar las normas de disciplina, cortesía y buen trato a los demás arrendatarios, autoridades y usuarios; y, p) Colocar lonas cubriendo los productos de expendio, con unificación de colores.

 

Art. 53.- Obligación de carácter individual.- Cada arrendatario tendrá en su local un depósito de basura con tapa, de color y modelo sugerido por la Dirección de Gestión Ambiental. Todos los establecimientos estarán sujetos a la inspección sanitaria y de control municipal, para garantizar tanto la calidad de los productos, como el debido estado de las instalaciones y útiles de trabajo.

 

Art. 54.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los comerciantes:

 

Provocar algazaras, griteríos y escándalos que alteren el orden público,

 

Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas para su consumo o de terceros dentro del mercado;

 

Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos;

 

Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que deforme los puestos, obstruya puertas y pasillos, obstaculice el tránsito del público o impida la visibilidad;

 

Lavar y preparar las mercancías en áreas de uso común;

 

Modificar los locales sin el permiso respectivo;

 

Utilizar los puestos y locales para fin distinto al autorizado;

 

Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para este propósito;

 

Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales, sin el permiso respectivo;

 

Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente;

 

Criar o mantener en el local animales domésticos o cualquier tipo de mascotas;

 

Ejercer el comercio en estado de ebriedad;

 

La presencia permanente de niños, en los puestos comerciales y áreas comunes;

 

Alterar el orden público;

 

Obstaculizar con cualquier objeto las zonas destinadas para pasillos;

 

Mantener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes que visiten sus negocios;

 

Vender de una manera ambulante en el mercado;

 

Evitar que los locales comerciales permanezcan cerrados, en los horarios establecidos; y,

 

Las demás que establezca esta ordenanza.

 

CAPÍTULO VI

 

Faltas y sanciones generalidades

 

Art. 55.- La autoridad competente para aplicar las sanciones por violación a las disposiciones establecidas en esta ordenanza, es la Jefatura de Mercados, previa denuncia por escrito de cualquier persona o de oficio, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Las multas se cancelarán en Tesoreria, una vez emitido el respectivo título de crédito.

 

Art. 56.- Las faltas en las que pueden incurrir los arrendatarios son:

 

Faltas leves; y,

 

Faltas graves.

 

Art. 57.- Faltas leves.- Se establece como faltas leves:

 

El cierre no autorizado de los locales comerciales en forma injustificada;

 

La falta de limpieza de las áreas y mobiliario de uso común del frente y el interior del local y no depositar la basura en el lugar destinado para ello;

 

No usar el uniforme exigido por el GADM-Penipe; y,

 

Vestir de manera indecorosa, que afecte a la moral y buenas costumbres.

 

Art. 58.- Faltas graves.- Se considera como faltas graves:

 

Las discusiones o altercados que produzcan molestias a los usuarios de los locales;

 

La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso de un año;

 

El incumplimiento de esta ordenanza;

 

No asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y otras actividades convocadas por la Dirección de Gestión Ambiental, sin justificación alguna;

 

La inobservancia de las instrucciones emanadas por la Municipalidad;

 

Expender bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro del mercado para su consumo dentro o fuera del mismo;

 

Causar en forma dolosa o negligente daños al edificio o sus instalaciones;

 

Obstaculizar con cualquier objeto las áreas comunes;

 

La modificación no autorizada en la estructura o instalaciones de los locales;

 

La utilización de los puestos para fines no autorizados;

 

Subarrendar o transferir los derechos de ocupación del local;

 

La infracción de la normativa sanitaria y de consumo vigente, sin perjuicio de lo que se establezca en la misma; y,

 

Falta de palabra y obra a una autoridad municipal, funcionario, y/o Policía Municipal.

 

Art. 59.- Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento y multa equivalente al 5% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente.

 

Art. 60.- Las faltas graves se sancionarán con multa equivalente al 15% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente.

 

Art. 61.- Los comerciantes que ejerzan el comercio en puestos eventuales y no realicen la limpieza del mismo, luego de haber utilizado, serán sancionados con multa equivalente al 5% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente. En caso de reincidencia, se sancionará con el doble de las multas singularizadas en los Arts. 59 y 60 de esta ordenanza.

 

Art. 62.- Clausura.- Se clausurará el local y se dará por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento, por las siguientes causales:

 

En caso de reincidir en faltas graves;

 

Por falta de pago de dos meses o más del canon arrendaticio mensual; y,

 

Por ofensas de palabra u obra a las autoridades, empleados y a los demás arrendatarios.

 

Art. 63.- No obstante, las infracciones que signifiquen incumplimiento del contrato de arrendamiento, darán lugar a la terminación unilateral conforme a lo previsto en el mismo; sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Salud, Código Penal y otras disposiciones legales.

 

CAPÍTULO VII

 

DE LAS FERIAS DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA

 

Art. 64.- Las ferias de economía popular y solidaria funcionarán en los lugares y días que determinen el GADM Penipe mediante acto administrativo previo informe de la Jefatura de Mercados.

 

Art. 65.- La ubicación de las ferias de economía popular y solidaria, será en los lugares abiertos que se señalaren para el efecto, debiendo dejarse suficientes espacios para la libre circulación de las personas.

 

Art. 66.- El canon de arrendamiento por ocupación de puestos en las ferias de economía popular y solidaria, será fijado por el Departamento Financiero Municipal.

 

Art. 67.- En lo que no esté previsto en esta ordenanza se aplicará la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

 

Art. 68.- Se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes al interior del mercado municipal, quienes en caso de incumplimiento serán sancionados con el retiro de la mercadería.

 

Art. 69.- Está prohibida la presencia permanente de niños, niñas, adolescentes jugando en los locales comerciales y áreas comunes.

 

Art. 70.- Ejecución.- Encárguese la ejecución de la presente ordenanza a la Jefatura de Mercados y demás dependencias municipales que tengan relación con la misma.

 

DISPOSICION GENERAL

 

PRIMERA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y demás leyes conexas que sean aplicables y no se contrapongan.

 

SEGUNDA.- Dentro de 15 días posteriores a la vigencia de la presente ordenanza, se deberá elaborar los convenios de ocupación con asociaciones o agrupaciones de comerciantes.

 

TERCERA.- Créese la Jefatura de Mercados, como una Unidad adscrita desconcentrada del GADM-Penipe, la misma que está conformada por: Jefe (a) de Mercados, Inspector (a) de Mercados y secretaria (o).

 

CUARTA.- El pago que realizan los comerciantes que pertenecen a las Ferias de Economía Popular y Solidaria (Ferias Libres) se seguirá manteniendo, en el mismo valor estipulado hasta antes de la sanción y promulgación de la presente ordenanza, esto es el valor de Cincuenta centavos de dólar (0,50 ctvs).

 

DEROGATORIA

 

PRIMERA.- Derogatoria.- Deróguese en fin todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones y disposiciones que sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Penipe, a los 21 días del mes de enero de dos mil dieciséis.

 

 

f.) Sr. Robin Velasteguí Salas, Alcalde del Cantón Penipe.

 

f.) Ab. Alex Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.

 

 

Certifico que la presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe, en primer debate en la Sesión Ordinaria del diecinueve de noviembre del dos mil quince y en segundo y definitivo debate en Sesión Ordinaria del veinte y uno de enero del dos mil dieciséis.

 

 

f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo., Secretario de Concejo.

 

 

Ejecútese y Publíquese LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LAS FERIAS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN PENIPE, el 29 de Enero del 2016.

 

 

f.) Sr. Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del Cantón

 

 

Penipe. Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el señor Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del cantón Penipe, a los veinte y nueve días del mes de enero del dos mil dieciséis.

 

 

f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.

 

Nº 003-2016-CM

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE PENIPE

 

Considerando:

 

Que, el Art. 238 de constitución de la República del Ecuador, establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera.

 

Que, el Art. 264 de la constitución de la República del Ecuador, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedir ordenanzas cantonales.

 

Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ejercerá la competencia exclusiva de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones, así como, planificar, regular y controlar en tránsito y el transporte terrestre en la circunscripción cantonal.

 

Que, el Art. 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta a los gobiernos municipales a crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tarifas, y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación que son de su responsabilidad.

 

Que, el Art. 538 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina el impuesto que se aplicará en base al avalúo de los vehículos, el mismo que se lo deberá pagar en el Cantón donde este registrado el vehículo, estableciendo una tabla para el cobro en todos los municipios del País.

 

Que, el Art. 103 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, menciona: “la matrícula será emitida en el ámbito de sus competencias… por los GADs previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento…”.

 

Que, el Art. 160 del reglamento a la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, inciso tercero, dice “La matrícula será emitida…Por los por los GADs, según corresponda, previo al pago de todas las tasas e impuestos vigentes”.

 

Que, la Resolución N° 566-DE-ANT-2015, de fecha 13 de Noviembre del 2015, emitida por la Agencia Nacional de Transito, resuelve “Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, empezará a ejecutar las competencias de Matriculación y Revisión Técnica vehicular en el ámbito de jurisdicción…”

 

En uso de las atribuciones legales que le confiere los artículos 7, 57 letras a), b), c) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el Concejo Cantonal de Penipe,

 

Expide

 

ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS DEL CANTÓN PENIPE

 

Art. 1.- Objeto de impuestos.- el impuesto se aplicará a todos los propietarios de vehículos registrados en el Cantón Penipe que realicen procesos de matriculación y revisión técnica vehicular en la Unidad de Tránsito de este Gobierno Autónomo Descentralizado.

 

Art. 2.- Competencia de Matriculación y Revisión Vehicular.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, ejercerá la competencia en el Ámbito de su jurisdicción, en observancia de las disposiciones de la Ley y demás normas aplicables.

 

Art. 3.- Requisitos para la Matriculación.- Son requisitos para la emisión de matrículas los siguientes.

 

Pago de todos los valores adeudados a los organismos competentes por concepto de matrícula, impuesto ambiental, SPPAT, multas, sanciones y otros verificables en el Sistema de Matriculación;

 

Pago de impuesto al Rodaje;

 

Certificado de no adeudar a la Municipalidad;

 

Y, demás requisitos contenidos en la Resolución N° 110-DIR-2013-ANT y los solicitados en el Sistema de Matriculación, según cada caso.

 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto, todos los propietarios de vehículos, sean personas naturales o jurídicas registrados en este Cantón.

 

Art. 5.- Catastros de Vehículo.- El Departamento de Avalúos y Catastros deberá generar un catastro de vehículos cuyos propietarios tengan domicilio en el Cantón y mantener permanentemente actualizado, con los siguientes datos:

 

 

Nombres y apellidos completos del propietario del vehículo;

 

Cédula y/o RUC;

 

Dirección domiciliaria del propietario;

 

Tipo de vehículo;

 

Modelo de vehículo;

 

Placa;

 

Avalúo del vehículo;

 

Tonelaje;

 

Número del motor y chasis del vehículo; y,

 

Servicio que presta el vehículo;

 

Art. 6.- Transferencia de Dominio.- En forma previa a la transferencia de dominio del vehículo, el nuevo propietario deberá verificar que el anterior se halle al día en el pago de impuestos y notificará sobre la transmisión de dominio al Departamento de Avalúos a fin de que actualice el catastro. En caso de que el dueño anterior no hubiere pagado el impuesto correspondiente al año anterior, el nuevo propietario asumirá el pago correspondiente de acuerdo a la tabla contenida en la presente Ordenanza.

 

TABLA PARA EL COBRO DEL RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 

Art. 7.- Base imponible.- La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y los organismos de Tránsito correspondientes, acorde a la siguiente tabla.

 

BASE IMPONIBLE TARIFA

 

BASE IMPONIBLE

TARIFA

DESDE US $

HASTA US $

US $

0

1.000

0.00

1.001

4.000

5.00

4.001

8.000

10.00

8.001

12.000

15.00

12.001

16.000

20.00

16.001

20.000

25.00

20.001

30.000

30.00

30.001

40.000

50.00

40.001

En Adelante

70.00

 

Art. 8.- Exenciones.- Estarán exentos de este impuesto los vehículos oficiales al servicio:

 

De los miembros del cuerpo Diplomático y consular

 

De los Organismos Internacionales, aplicando el principio de reciprocidad

 

De la Cruz Roja Ecuatoriana, como Ambulancias y otros con igual finalidad; y,

 

De los Cuerpos de Bomberos, como autobombas, coches, escala y otros vehículos especiales contra incendios, y;

 

Personas con Discapacidad

 

Estarán exentos de este impuesto los vehículos que importen o que adquieran las personas con discapacidad, según lo establecido por la Ley de Discapacidades.

 

Art. 9.- Emisión de Títulos de Crédito.- El Departamento de Rentas Municipal deberán en base al Artículo 4 de la presente Ordenanza emitir los correspondientes títulos de crédito, en forma automatizada según programación realizada por el Departamento de Sistemas e informará a Tesorería para que realice recaudación.

 

Art. 10.- Lugar y Forma de Pago.- Los propietarios de vehículos registrados en el Cantón, en forma previa a la matrícula anual de los mismos, pagará el impuesto al rodaje en la ventanilla de recaudación que para el efecto el Departamento de Rentas Municipal haya designado.

 

El (la) recaudador(a) responsable del cobro del impuesto y las tasas adicionales, deberá generar un parte diario de Recaudación y depositar los valores correspondientes con los intereses si lo hubiere en la forma en que lo determina el Código Tributario.

 

Art. 11.- Vencimiento.- los Títulos de crédito vencerán el 31 de diciembre del respectivo año fiscal y, que a partir del siguiente año se cobrará con los intereses respectivos en la forma que determina el Código Tributario.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

SEGUNDA.- Inmediatamente luego de su publicación en el Registro Oficial, deberá ser comunicada a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para el control correspondiente.

 

DISPOSICION DEROGATORIA

 

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas o resoluciones que se hayan dictado o que se opongan a la presente Ordenanza.

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Penipe, a los 04 días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

 

f.) Sr. Robin Velasteguí Salas, Alcalde Del Cantón Penipe.

 

f.) Ab. Alex Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.

 

Certifico que la presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Penipe, en primer debate en la Sesión Ordinaria del veinte y ocho de enero del dos mil dieciséis y en segundo y definitivo debate en Sesión Ordinaria del cuatro de febrero del dos mil dieciséis.

 

f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.

 

Ejecútese y Publíquese LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LAS FERIAS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN PENIPE, el 12 de Febrero del 2016.

 

f.) Sr. Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del Cantón Penipe.

 

Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el señor Robin Humberto Velasteguí Salas, Alcalde del cantón Penipe, a los doce días del mes de febrero del dos mil dieciséis.

 

f.) Ab. Alex Fabricio Lluguin Valdiviezo, Secretario de Concejo.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

GONZALO PIZARRO

 

Considerando:

 

Que, el inciso último del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades expedirán ordenanzas cantonales; Que, el Art. 265 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el gobierno central y las municipalidades;

 

Que, el Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone que, la administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales;

 

Que, el Art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dispone que, la presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías;

 

Que, el Art. 2 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala que la presente Ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos;

 

Que, el Art. 13 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, determina que, son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes vigentes. Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información pública, conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección Nacional;

 

Que, el inciso segundo del Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala que, en el caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de cada cantón el que con base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste;

 

Que, la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial No. 505, de 3 de agosto del 2011, se crea el Registro de la Propiedad.

 

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley,

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE FIJA LA TABLA DE ARANCELES O TARIFAS POR SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO

 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es garantizar el servicio del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro a los usuarios, dentro de los principios de publicidad, eficacia, eficiencia, transparencia e implementación de nuevas tecnologías. Para la determinación del valor a pagar por concepto de tasa o arancel se tomara en cuenta el avaluó municipal actualizado a la fecha que se solicita el servicio.

 

Art. 2.- Servicios.- El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro, presta los servicios de inscripciones, certificados de Gravamen previstos en el ordenamiento jurídico nacional. Los servicios que presta y coloca a disposición de los administrados del Registro de la Propiedad es potencial y efectivo.

 

Art. 3.- De los aranceles o tarifas.- El sujeto activo del arancel o tarifa de los servicios y certificación del Registro de la Propiedad y Mercantil es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro.

 

Art. 4.- Sujeto obligado al pago del arancel.- Son sujetos obligados al pago del arancel o tarifa las personas naturales o jurídicas que soliciten los servicios que proporciona el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro.

 

Art.- 5.- Exigibilidad.- El arancel o tarifa se devenga por cada acto o contrato al que refiere el servicio solicitado por el usuario aunque estén comprendidos en un solo instrumento, haciéndose exigible a la presentación de la respectiva solicitud del servicio.

 

 

Art. 6.- Tabla de aranceles y tarifas.- Los aranceles y tarifas por los servicios de registro y certificación que presta el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro, se establece de conformidad con los criterios:

 

1.-           Para el pago del arancel o tarifa de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la constitución, modificación, transferencia de dominio, adjudicaciones y extinción de derechos reales o personales sobre inmuebles, así como la imposición de gravámenes o limitaciones de dominio y cualquier otro acto similar, se considerará las siguientes rangos previstos en la tabla con base en las cuales se liquidará el arancel o tarifa:

 

 

 

Desde

Hasta

Tarifa Base

(valor USD)

Porcentaje

excedente

Servicios

Administrativos

0.01

5,000.00

$ 48,00

0.1584%

1% S.B.U.

5,000.01

10,000.00

$ 58,50

0.1668%

1% S.B.U.

10,000.01

15,000.00

$ 66,75

0.1752%

1% S.B.U.

15,000.01

20,000.00

$ 78,85

0.1836%

1% S.B.U.

20,000.01

30,000.00

$ 108,25

0.1920%

1% S.B.U.

30,000.01

40,000.00

$ 153,00

0.2004%

1% S.B.U.

40,000.01

50,000.00

$ 180,00

0.2088%

1% S.B.U.

50,000.01

60,000.00

$ 205,75

0.2172%

1% S.B.U.

60,000.01

70,000.00

$ 220,75

0.2256%

1% S.B.U.

70,000.01

80,000.00

$ 235,00

0.2340%

1% S.B.U.

80,000.01

90,000.00

$ 253,00

0.242%

1% S.B.U.

90,000.01

100,000.00

$ 270,75

0.250%

1% S.B.U.

100,000.01

110,000.00

$ 290,20

0.259%

1% S.B.U.

110,000.01

120,000.00

$ 305,44

0.267%

1% S.B.U.

120,000.01

130,000.00

$ 331,52

0.276%

1% S.B.U.

130,000.01

140,000.00

$ 351,44

0.284%

1% S.B.U.

140,000.01

150,000.00

$ 375,20

0.292%

1% S.B.U.

150,000.01

160,000.00

$ 400,80

0.301%

1% S.B.U.

160,000.01

170,000.00

$ 413,25

0.309%

1% S.B.U.

170,000.01

180,000.00

$ 433,53

0.318%

1% S.B.U.

180,000.01

190,000.00

$ 453,65

0.327%

1% S.B.U.

190,000.01

200,000.00

$ 474,61

0.335%

1% S.B.U.

200,000.01

Enadelante

$ 496,41

0.344%

1% S.B.U.

 

 

 

2.- Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, adjudicaciones, constitución de derecho de usufructo, de uso y habitación; y, rectificaciones se cancelará la cantidad equivalente al 17% del salario básico unificado;

 

3.- Por el registro de las hipotecas constituidas a favor del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de las instituciones del sistema financiero nacional, se pagará el cincuenta por ciento (50%) de los valores fijados en la tabla de tasas que consta en ésta ordenanza para la respectiva categoría;

 

4.- Las aclaraciones de homónimos, de imputados o acusados en procesos penales y la inscripción de las demandas ordenadas judicialmente serán gratuitas, así como la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y alimentos;

 

5.- Por la inscripción de posesión efectiva se cancelará la cantidad equivalente al 10% del salario básico unificado;

 

6.- Por la inscripción de embargos, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones se cancelará la cantidad equivalente al 10% del salario básico unificado, por cada acto; 7.- Por las razones que certifiquen inscripciones en los libros de inscripciones se pagará la cantidad equivalente al 3% del salario básico unificado;

 

8.- Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio se cancelará la cantidad equivalente al 3% del salario básico unificado;

 

9.- Por las cancelaciones de hipotecas o créditos se pagará la cantidad equivalente al 10% v del salario básico unificado;

 

10.- Por las cesiones de hipotecas o créditos se cancelará la cantidad equivalente al 10% del salario básico unificado;

 

11.- Por la inscripción de hipotecas por cuantía indeterminada se pagará la cantidad equivalente al 22% del salario básico unificado;

 

12.- La constitución de organizaciones religiosas, estatutos, modificaciones, nombramiento de directiva y representante legal y sus cancelaciones se pagará la cantidad equivalente al 7% del salario básico unificado;

 

13.- Para la inscripción de arrendamientos civiles se cancelará la cantidad equivalente al 7% del salario básico unificado;

 

14.- En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: fraccionamientos, fusiones, autorización de ventas, entre otros se pagará la cantidad equivalente al 15% del salario básico unificado;

 

15.- Por aprobación de un proyecto de urbanización se cobrará la cantidad equivalente al 15% del salario básico unificado por los primeros diez lotes y el valor equivalente al 2% del salario básico unificado por cada lote adicional;

 

16.- Por la inscripción de los actos de renuncia de gananciales se cancelará la cantidad equivalente al 40% del salario básico unificado;

 

17.- Por la inscripción de donaciones y otros similares se pagará la cantidad equivalente al 10% del salario básico unificado;

 

18.- Por la emisión de certificaciones con historial de dominio se cancelará la cantidad equivalente al 4% del salario básico unificado más el 2% del salario básico unificado por hoja;

 

19.- Por la búsqueda de inscripciones se pagará la cantidad equivalente al 2% del salario básico unificado;

 

20.- Por copias certificadas de documentos y por razones de inscripción en copias certificadas se cancelará la cantidad de equivalente al 1% del salario básico unificado por cada uno;

 

21.- Por inscripción de trámites realizados por compañías, actos y contratos de carácter mercantil, disposiciones judiciales y de órganos auxiliares de la función judicial, nombramientos, certificaciones, copias, compulsas y marginaciones, actos y contratos determinados como cuantía determinada, se cancelará los aranceles o tarifas determinados por las resoluciones que dicte la Dirección Nacional de Datos Públicos; y,

 

22.- En los casos no previstos en esta ordenanza se cancelará la cantidad equivalente al 10% del salario básico unificado.

 

Art. 7.- Exoneración.- Se encuentran exentos del pago total del arancel o tarifa de inscripción las adjudicaciones y prohibiciones derivadas de este contrato dispuestas y realizadas por la subsecretaria de Tierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Gonzalo Pizarro.

 

Art. 8.- Vigencia y Publicidad.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del ejecutivo. Publíquese esta normativa en la gaceta oficial y en el dominio Web de la institución y en el Registro oficial, por mandato del Art. 324 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Sinónimos. Los conceptos de arancel o tarifa se consideraran sinónimos en la aplicación de la presente ordenanza, según su sentido natural y obvio, según el uso general de las palabras en el lenguaje común.

 

SEGUNDA.- Derogatoria.- Se deroga la Reforma a la Ordenanza para la Organización Administración del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gonzalo Pizarro publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 824 de 6 de noviembre del 2012.

 

TERCERA.- Vigencia y Publicidad.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del ejecutivo. Publíquese esta normativa en la gaceta oficial y en el dominio Web de la institución y en el Registro oficial, por mandato del Art. 324 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización.

 

Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, a los dos días del mes de febrero de 2016.

 

f.) Luis Ordóñez Inga, alcalde.

 

f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés, Secretario del Concejo.

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN.- Certifico que la presente Ordenanza, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en primer y segundo debate de sesiones Ordinaria y extraordinaria realizadas los días 26 de enero y 2 de febrero de 2016, respectivamente.

 

Lumbaquí, 2 de febrero de 2016.

 

f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés, Secretario del Concejo.

 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO.- Lumbaquí, 3 de febrero de 2016 a las 14H00.- Visto: remito original y dos copias de la presente ordenanza de igual contenido y valor al señor Alcalde, para que en plazo determinado en el inciso cuarto del Art. 322, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, proceda a observar o sancionar la Ordenanza.- Cúmplase.-

 

f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés, Secretario del Concejo.

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO.- Lumbaquí, 5 de febrero de 2016, a las 08h40.- Vistos: En la tramitación de La Ordenanza Que Fija La Tabla De Aranceles O Tarifas Por Servicios Que Presta El Registro De La Propiedad Y Mercantil Del Cantón Gonzalo Pizarro, se ha observado el trámite legal establecido en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y leyes vigentes, por lo que procedo a sancionar la presente ordenanza para que entre en vigencia. Ejecútese y envíese al Registro Oficial para su publicación.

 

f.) Luis Ordoñez Inga, Alcalde.

 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO.- Proveyó y firmó la presente ordenanza el señor Luis Ordoñez Inga, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, el día 5 de febrero del año 2016.- Lo Certifico.

 

f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés, Secretario del Concejo.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 14 y 66, numeral 26, reconoce y garantiza el derecho de la población a “vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”; y, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético el país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

 

Que en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución de la República, se dispone el respeto integral de los derechos de la naturaleza, derecho a la restauración y la obligación del Estado de aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

 

Que la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 83, numeral 6, consagra que son deberes y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, “respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, establece que “los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 263, numeral 4 establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales la Gestión Ambiental Provincial, sin perjuicio de las otras que determine la ley;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 276, numeral 4, señala que el régimen de desarrollo tiene entre sus objetivos recuperar, conservar y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad a los recursos naturales y a los beneficios del patrimonio natural;

 

Que la Carta Magna, en su artículo 395, numerales 1 y 4, reconoce como principios ambientales que ”el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”; y, “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”;

 

Que en el tercer inciso del artículo 396 de la Constitución de la República, se establece que “cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente”;

 

Que la Carta Magna, en su artículo 398, dispone que la participación ciudadana es un derecho de la población a ser consultada y a acceder adecuadamente a la información disponible sobre una actividad, obra o proyecto que pudiera afectar su entorno;

 

Que el artículo 4, literal d), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD), dispone como uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable;

 

Que en los artículos 41 y 42, literal d), del COOTAD, se establece como una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, en dicho marco, la gestión ambiental. Para dicho efecto se establece como competencia exclusiva la gestión ambiental provincial;

 

Que el artículo 136 del COOTAD dispone que le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional;

 

Que la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 12, literal e), establece como obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, el regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social;

 

Que el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente regula las actividades, responsabilidades y procedimientos de las personas naturales y jurídicas en materia de calidad ambiental a través del Sistema Único de Manejo Ambiental, en el cual se establece el procedimiento de acreditación para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan ejercer la calidad de autoridad ambiental de aplicación responsable;

 

Que el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución N° 5, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 415, de 13 de enero de 2015, asigna de forma específica a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en el ámbito de su competencia y de su respectiva circunscripción territorial, la definición de la política pública local ambiental de incidencia provincial y la emisión de la política pública local para la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional;

 

Que para dar cumplimiento a las competencias, fines y objetivos el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura debe contarse con una normativa clara que regule todos los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental en la Provincia de Imbabura;

 

Que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en el artículo 7, letra a) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

 

TÍTULO I

 

NORMAS GENERALES

 

CAPITULO I

 

OBJETO, AMBITO Y FINES

 

Art. 1. Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es regular los procedimientos y requisitos del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental y en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y Políticas Ambientales emitidas por la autoridad ambiental nacional.

 

Art. 2. Ámbito.- La presente ordenanza se aplica a toda actividad, obra o proyecto público, privado, comunitario o mixto, nacional o extranjero que pueda generar impactos socio-ambientales en la provincia de Imbabura, para lo cual se observará de forma obligatoria la reglas establecidas en el régimen institucional del Sistema Único de Manejo Ambiental, regulado en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y las atribuciones y facultades establecidas en la acreditación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura como autoridad ambiental de aplicación responsable, AAAr.

 

Art. 3. Fines.- Son fines de la presente Ordenanza:

 

Establecer los mecanismos adecuados para la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que generan las actividades, obras o proyectos a ejecutarse sujetos a la presente Ordenanza.

 

Regular los mecanismos de coordinación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental – SNDGA.

 

Establecer el marco institucional y de gestión de la potestad sancionadora por infracciones ambientales previstas en la presente Ordenanza.

 

Establecer mecanismos de regularización, seguimiento y control ambiental a las actividades, obras y proyectos sujetos a la presente Ordenanza.

 

Garantizar los derechos ambientales de los ciudadanos y de la naturaleza mediante la prevención y control de la contaminación ambiental.

 

CAPITULO II

 

DE LOS PRINCIPIOS Y RÉGIMEN

INSTITUCIONAL

 

Art. 4. Principios.- Los principios ambientales previstos en la presente Ordenanza, sin perjuicio de otros previstos en normas nacionales e internacionales, tendrán la función de ser directrices rectoras para la gestión ambiental en la provincia de Imbabura y para la determinación en la formulación de normas y políticas, que motiven las decisiones administrativas de la autoridad provincial.

 

Principio de prevención.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura atenderá en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los problemas ambientales, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir.

 

Principio de responsabilidad integral.- Todo generador de riesgos ambientales deberá responder por los efectos, daños y deterioro causados por los productos y sus residuos durante todo su ciclo de vida, esto es, durante su producción, utilización y eliminación.

 

Principio de corresponsabilidad.- El ejercicio integral de la tutela sobre el ambiente corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura y la ciudadanía es corresponsable en su preservación y garantía de recursos naturales.

 

Principio in dubio pro natura.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

 

Principio contaminador pagador.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura fomentará la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que quien contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés general y público.

 

Principio de reducción en la fuente.- Toda fuente que genere descargas, emisiones y vertidos deberá responsabilizarse por la reducción de su nivel de contaminación hasta los valores previstos en las regulaciones ambientales, de tal forma que su descarga y disposición final no ocasionen deterioro de la calidad de los diversos elementos del ambiente.

 

Principio de gradualidad.- La aplicación de obligaciones ambientales e internalización de costos se podrán ir aplicando de forma progresiva en el tiempo de conformidad con los criterios que establezca el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura con el objeto de cumplir con la normativa ambiental.

 

Principio de transparencia.- Las decisiones administrativas, así como la información del Sistema de Gestión Ambiental Provincial, deben estar disponibles y ser de fácil acceso para toda la sociedad, mediante sistemas informáticos, educación ambiental y otros que establezca el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Principio de coordinación y colaboración.- La construcción, ejecución y administración del Sistema de Gestión Ambiental Provincial debe ser participativo y en coordinación con los diferentes niveles de gobierno dentro del marco del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, para lo cual se podrán suscribir convenios de cooperación interinstitucional, entre otros mecanismos que establezca el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Principio precautorio.- Cuando exista peligro de daño grave o irreversible o duda razonable sobre el impacto negativo al ambiente, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Con el fin de proteger el ambiente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura aplicará el criterio de precaución conforme a sus capacidades.

 

Principio de responsabilidad objetiva.- Todo daño sobre el ambiente implicará, sin necesidad de determinarse por parte de los afectados, el dolo, la culpa, fuerza mayor o caso fortuito que lo hubiere originado, acarreará para el o los causantes directos, la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

 

Principio de solidaridad.- Las instituciones públicas y privadas, las organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas y los ciudadanos tienen la obligación compartida de construir el desarrollo justo, equilibrado y equitativo, en el marco del respeto a la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.

 

Principio de subsidiariedad.- En caso de daños ambientales el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño por las obligaciones que conlleve la reparación integral. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.

 

Principio de uso o aplicación de mejor tecnología.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria y el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

 

Art. 5. Autoridades Ambientales Competentes.- Para determinar la autoridad ambiental competente en los procesos de evaluación de impacto ambiental en la provincia de Imbabura, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura observará las competencias exclusivas otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional y previstas en el artículo 6 de la presente Ordenanza y los mecanismos establecidos en el Libro VI del TULSMA.

 

En caso de existir conflictos de competencias entre diferentes autoridades o niveles de gobierno dentro de la provincia de Imbabura, en el marco de la acreditación, la competencia será definida de conformidad con lo dispuesto en la legislación ambiental nacional vigente.

 

Art. 6. Competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control y emitirá los respectivos permisos ambientales en los siguientes casos:

 

Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el Presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional;

 

Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados;

 

Aquellos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador que supongan alto riesgo e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Nacional; y,

 

En todos los casos en los que no exista una Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.

 

Art. 7. Autoridad Ambiental Provincial.- La Autoridad Ambiental Provincial será ejercida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, a través de la Dirección General de Ambiente, en virtud del ejercicio de la acreditación y de conformidad con lo previsto en la presente ordenanza. Para dicho efecto establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia para realizar el seguimiento y control ambiental de las actividades, obras o proyectos que se desarrollen en la provincia de Imbabura.

 

La Autoridad Ambiental Provincial coordinará el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y otras normas aplicables, así como todo lo establecido en el presente instrumento.

 

Para dicho efecto tendrá las siguientes atribuciones:

 

Emitir las políticas ambientales provinciales para la gestión ambiental en concordancia con las políticas nacionales ambientales.

 

Ejercer la facultad regulatoria para la prevención y control de la contaminación y por tanto expedir las ordenanzas necesarias para la gestión ambiental, las normas técnicas y procedimientos internos para el control y prevención de la calidad ambiental de la provincia, en concordancia con las normas técnicas expedidas por la autoridad ambiental nacional.

 

Ejercer la acreditación sobre las actividades, obras y proyectos previstos en dicho instrumento.

 

Controlar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y provincial en la jurisdicción de la Provincia de Imbabura.

 

Evaluar, observar, aprobar y/o archivar los estudios ambientales de las actividades, obras y proyectos sujetos al control del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura en su jurisdicción territorial.

 

Evaluar, observar, aprobar y/o archivar las auditorías ambientales de cumplimiento u otros instrumentos de control y seguimiento ambiental que deban ser presentados por los regulados.

 

Emitir las Licencias Ambientales y los respectivos permisos ambientales de las actividades, obras y proyectos sujetos al control del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura en su jurisdicción territorial, en el marco de sus competencias y de conformidad con la legislación ambiental nacional.

 

Realizar el control de las actividades, obras y proyectos licenciados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Realizar el control del cumplimiento de las normas técnicas ambientales nacionales y locales.

 

Suspender y/o revocar Licencias Ambientales.

 

Planificar, en coordinación con las instancias respectivas, la gestión ambiental provincial.

 

Realizar de conformidad a la normativa nacional los procesos de participación ciudadana en el marco de la regularización ambiental.

 

Ejercer la facultad sancionatoria por infracciones previstas en la presente ordenanza y demás normativa ambiental nacional y local vigente.

 

Art. 8. Atribuciones del Prefecto.- Son atribuciones del Prefecto Provincial para el adecuado ejercicio de la acreditación:

 

Emitir y suscribir las licencias ambientales previo informe motivado de la Dirección General de Ambiente.

 

Proponer al Consejo Provincial las políticas para la gestión ambiental en la provincia de Imbabura.

 

Emitir los instructivos y manuales necesarios para la aplicación de la presente Ordenanza.

 

El Prefecto Provincial podrá delegar al Director General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura las atribuciones inherentes que considere pertinentes.

 

TÍTULO II

 

DE LA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES

 

CAPÍTULO I

 

DE LA REGULARIZACIÓN E INFORMACION AMBIENTAL

 

Art. 9. Obligación de la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA).- Las actividades, obras o proyectos públicos o privados, comunitarios o mixtos, nacionales o extranjeros y toda ampliación o modificación de éstos, que puedan causar impactos ambientales, en forma previa a su ejecución, deberán someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales y obtener su respectivo permiso ambiental.

 

Las actividades, obras o proyectos nuevos y en funcionamiento dentro de la provincia de Imbabura deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de conformidad con la presente ordenanza y la normativa ambiental nacional. En caso de no regularizarse se establecerán las responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las civiles y penales a las que hubiere lugar.

 

Las obligaciones de carácter ambiental recaerán sobre el promotor que realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental, se deberá presentar los documentos habilitantes y la petición formal por parte del nuevo titular ante la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Art. 10. Promotores.- Para efectos de la presente ordenanza, se considera promotor a toda persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, nacional o extranjera que promueva el desarrollo de actividades, obras o proyectos que puedan generar impactos ambientales en el territorio de la provincia de Imbabura, por lo cual debe someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales correspondiente, adquiriendo las obligaciones ambientales previas a la ejecución de las actividades, obras y proyectos.

 

Art. 11. Consultor.- Todos los consultores, sean personas naturales o jurídicas, para la elaboración y desarrollo de estudios ambientales, deberán contar con el registro y calificación otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional - MAE.

 

Art. 12.- Sistema de Información.- Todo proceso de regularización de las actividades, obras o proyectos que generen impactos ambientales en la provincia de Imbabura se realizará a través del uso del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que será el sistema en línea que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura utilizará para el proceso de regularización ambiental y el otorgamiento del permiso ambiental.

 

Art. 13. Obtención del Certificado de Intersección.- Todo proyecto, obra o actividad que genere impactos y riesgos ambientales en la Provincia de Imbabura deberá obtener el Certificado de Intersección, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional.

 

Art. 14. Condiciones para la modificación del proyecto e incorporación de actividades.- En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados o pretenda generar nuevas actividades diferentes a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados, la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura aplicará para estos casos lo dispuesto en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

 

Art. 15. Catálogo.- Para la obtención del respectivo permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente de actividades, obras o proyectos, se aplicará el Catálogo de Proyectos, actividades y obras previsto en el Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, contenido en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

 

CAPITULO II

 

DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

 

Art. 16. Otorgamiento de Permisos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura otorgará los permisos ambientales de conformidad con la acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, a través del Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, previo el cumplimiento del proceso de regularización y en virtud de la magnitud de impactos o riesgos ambientales que una obra, actividad o proyecto realice.

 

Los permisos ambientales serán los siguientes:

 

a) Certificado Ambiental.

 

b) Registro Ambiental; y,

 

c) Licencia Ambiental.

 

Art. 17. Certificado Ambiental.- Será otorgado por la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura a través del SUIA, para lo cual el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado, sin ser de carácter obligatorio, a los actividades, obras o proyectos considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental.

 

Art. 18. Registro Ambiental.- El registro ambiental será otorgado por la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura mediante el SUIA, siendo obligatorio para aquellas actividades, obras o proyectos considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para dicho efecto el promotor deberá realizar los pagos de las tasas previstas en la presente Ordenanza e ingresar la información requerida por la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura en el registro automático elaborado para el efecto y disponible en línea.

 

Una vez obtenido el registro ambiental, éste será publicado por la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo

 

Descentralizado Provincial de Imbabura en la página web del SUIA.

 

Art. 19. Licencia Ambiental.- La Licencia Ambiental será emitida por el Prefecto Provincial o su delegado, de conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza y en la Legislación Ambiental Nacional vigente.

 

CAPÍTULO III

 

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

 

Art. 20. De la Evaluación de Impactos Ambientales.- Para la evaluación de impactos ambientales, el promotor de una actividad, obra o proyecto deberá observar las variables ambientales relevantes de los medios o matrices, entre estos:

 

Físico (agua, aire, suelo y clima);

 

Biótico (flora, fauna y sus hábitat);

 

Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros).

 

Art. 21. Estudios Ambientales.- Son los instrumentos en los que se establecen los impactos ambientales de los actividades, obras o proyectos existentes en la Provincia de Imbabura, producto de la evaluación de impactos ambientales.

 

Los estudios ambientales prevén también las medidas de control para la gestión de los impactos ambientales y sus riesgos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por el promotor de la actividad, obra o proyecto.

 

Los estudios ambientales para la obtención de las licencias ambientales deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Ambiental Nacional. Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de una actividad, obra o proyecto, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad, obra y proyecto; y, en base de la normativa ambiental, se establezcan diferentes fases y dentro de éstas, diferentes etapas de ejecución.

 

Los estudios ambientales deberán contener básicamente:

 

Descripción del Entorno Ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la obra, actividad o proyecto propuesto, con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos Términos de Referencia.

 

Descripción detallada de la actividad, obra o proyecto propuesto.

 

Análisis de alternativas para la actividad, obra o proyecto propuesto.

 

Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales de la actividad, obra o proyecto.

 

Plan de Manejo Ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo

 

Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio.

 

Anexos.

 

Art. 22. Términos de Referencia.- Los términos de referencia son documentos preliminares que deben contener el alcance, la focalización, los métodos y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Se encontrarán en línea dentro del SUIA y deberán enfocarse a los lineamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, a través de la Dirección General de Ambiente, de conformidad con la actividad, obra o proyecto a realizarse y la magnitud del impacto ambiental.

 

Art. 23. Estudios Ambientales Ex Post (EsA Ex Post).- Excepcionalmente el promotor de una actividad en funcionamiento, previo a la determinación de la existencia de responsabilidades administrativas o civiles, con el objeto de regularizar la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, deberá desarrollar los estudios ambientales expost, conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y la presente Ordenanza.

 

Art. 24. Plan de Manejo Ambiental.- El promotor presentará, junto a los estudios ambientales, el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se incluirá:

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.

 

Plan de Contingencias.

 

Plan de Capacitación.

 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

 

Plan de Manejo de Desechos.

 

Plan de Relaciones Comunitarias.

 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.

 

Plan de Abandono y Entrega del Área; y,

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento.

 

Art. 25. Participación Social.- Para la aplicación de los procesos de participación exigidos para el otorgamiento de las respectivas licencias ambientales se aplicará la normativa emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional.

 

Art. 26. Procedimiento.- Para la emisión del respectivo permiso ambiental el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, a través de la Dirección General de Ambiente, observará el siguiente procedimiento:

 

1.             Revisión y pronunciamiento.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, a través de la Dirección General de Ambiente, realizará, sobre la información presentada por el promotor y sobre el informe del Proceso de Participación Social, el correspondiente informe técnico. Si en el proceso de revisión de los estudios ambientales la Dirección General de Ambiente encuentra observaciones, ésta podrá solicitar al promotor:

 

La modificación del proyecto, obra o actividad propuesta, incluyendo las correspondientes alternativas;

 

La incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando éstas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;

 

La realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;

 

La realización de análisis complementarios o nuevos en el estudio ambiental.

 

La Dirección General de Ambiente emitirá observaciones por una vez, las que serán notificadas al promotor para que las acoja y emita las respuestas requeridas. Igualmente, en relación a las respuestas recibidas, requerirá al promotor información adicional para su aprobación final. Si éstas observaciones no son absueltas después de un segundo requerimiento, el proceso será archivado.

 

2.             Informe Técnico.- Cuando la Dirección General de Ambiente considere que se han cumplido todos los requisitos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá un informe técnico favorable a través de oficio el cual será notificado al promotor para la emisión de la resolución que otorga la respectiva Licencia Ambiental.

 

3.             Pagos.- Para aquellas actividades, obras o proyectos que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable, deberán realizarse los pagos por servicios administrativos que para cada caso correspondan, conforme a los requerimientos previstos en la presente Ordenanza.

 

4.             Licencia Ambiental.- Los actividades, obras o proyectos que requieran obtener Licencia Ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable y la presente Ordenanza. La Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura procederá a la emisión de la correspondiente Licencia Ambiental.

 

5.             Resolución.- La Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura notificará al promotor la emisión de la Resolución de la Licencia Ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad y contendrá las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; la aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes; el otorgamiento de la Licencia Ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la Licencia Ambiental en caso de incumplimientos; y, las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad.

 

Art. 27.- Póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- Para aquellas actividades que requieran Licencia Ambiental, el promotor deberá presentar a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, a fin de enfrentar eventuales incumplimientos al Plan de Manejo.

 

No se exigirá ésta garantía cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en sus dos terceras partes a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, pero serán administrativa y civilmente responsables por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.

 

CAPÍTULO IV

 

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

 

Art. 28. Control Público Ambiental.- El ejercicio de control público de las actividades sujetas a la presente Ordenanza y de la calidad ambiental de la Provincia de Imbabura serán realizadas por la Dirección General de Ambiente y la Comisaría Ambiental Provincial de Imbabura, de forma coordinada, mediante los mecanismos de control ambiental.

 

El control público se realizará sin necesidad de notificación previa a actividades, obras o proyectos sujetos al ámbito de la presente Ordenanza o regulados en general; para dicho efecto podrá contarse con el apoyo de la fuerza pública en los casos que fueren necesarios.

 

Art. 29. Mecanismos de Control.- Para la ejecución del control y seguimiento de las actividades licenciadas por la Dirección General de Ambiente, ésta autoridad, aplicará, entre otros mecanismos, los siguientes: monitoreo, muestreos, inspecciones, auditorías ambientales, informes ambientales de cumplimiento, vigilancia ciudadana, etc.

 

Art. 30. Obligaciones de los Administrados.- Los sujetos de control, en el marco del control público, están obligados a:

 

Facilitar el acceso a las dependencias e instalaciones de la actividad, obra o proyecto objeto de la inspección.

 

Permitir el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad de inspección que realice la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Permitir y dar las facilidades para la toma de muestras y mediciones que la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura requiera.

 

Comparecer a las oficinas de Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura a fin de atender las citaciones realizadas por ésta.

 

Presentar los informes, auditorías ambientales, actualizaciones de Planes de Manejo y demás requerimientos que la Dirección General de Ambiente requiera dentro de los tiempos establecidos por ésta.

 

Todas aquellas obligaciones establecidas por la normativa provincial.

 

En caso de que el sujeto de control o administrado negare al personal de la Dirección General de Ambiente la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no facilitare la documentación solicitada o no acudiere a la oficina administrativa prevista en la respectiva citación, el servidor advertirá sobre la posible infracción administrativa, previo al levantamiento del acta de inspección correspondiente.

 

Art. 31. Denuncias.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones ambientales ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, con el objeto de establecer la responsabilidad administrativa, civil o penal.

 

Art. 32. Hallazgos.- En virtud de la aplicación de los instrumentos de control, la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura determinará hallazgos que pueden ser observaciones, conformidades y No Conformidades, cuya determinación y calificación se realizará aplicando los criterios establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA.

 

Art. 33. De la Suspensión de la Licencia Ambiental.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura suspenderá la Licencia Ambiental y por tanto la ejecución de la actividad, obra o proyecto, cuando se determinen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente que ha sido observada en más de dos (02) ocasiones por la Dirección General de Ambiente y no hubieren sido subsanadas por el promotor.

 

Art. 34. Revocatoria de la Licencia Ambiental.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, a través del Prefecto Provincial o su delegado, podrá revocar la Licencia Ambiental cuando se incumplan las disposiciones emitidas por la Dirección General de Ambiente al momento de suspender la Licencia Ambiental y ordenará la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental en base o previo informe técnico.

 

Art. 35. Continuidad.- Los criterios, periodicidad y mecanismos del control ambiental dependerán de la naturaleza de la actividad, obra o proyecto.

 

SECCION I

 

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

 

Art. 36. Inspecciones.- La Dirección General de Ambiente y/o la Comisaría Ambiental Provincial, sin notificación previa, podrán realizar las inspecciones a los sujetos de control que consideren necesarias, con el objeto de:

 

Verificar la veracidad de la información y documentación presentadas para la evaluación de impacto ambiental o cumplimiento de normas técnicas.

 

Constatar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y provincial vigente.

 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental o en los permisos ambientales emitidos.

 

Verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.

 

Verificar que las actividades, obras o proyectos se encuentren cumpliendo las normas técnicas.

 

El personal de la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura y/o de la Comisaría Ambiental Provincial de Imbabura que realiza las actividades de inspección, podrán solicitar a los sujetos de control la documentación o información que estime necesarias para el cumplimiento de sus funciones o bien citarlos a las dependencias de dicha Dirección o Comisaría a fin de que justifiquen sus acciones u omisiones, fijando para tal efecto un plazo prudencial.

 

Los funcionarios de la Dirección General de Ambiente o de la Comisaría Ambiental Provincial podrán tomar muestras in situ de las emisiones, descargas o vertidos a fin de registrar los resultados.

 

Art. 37. Actas de Inspección.- Los resultados de las inspecciones se harán constar en las respectivas actas. Las actas de inspección son un acto administrativo mediante el cual el personal de la Dirección General de Ambiente del Gobierno o de la Comisaría Ambiental Provincial de Imbabura que realiza el control público, detalla la labor de inspección y los actos de control realizados a los sujetos de control, para determinar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

 

Art. 38. Tipos de Acta.- Las actas de inspección podrá ser de cuatro (04) tipos:

 

Actas de conformidad, en las que se informará el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones previstas a la normativa nacional y provincial, los requerimientos y condiciones establecidos en permisos, licencias u otras autorizaciones ambientales emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura a los sujetos de control.

 

Actas de obstrucción al personal inspector, en las que se detallarán las circunstancias en las que el sujeto de control no ha cumplido con sus obligaciones de permitir y garantizar el ejercicio del control público al personal de la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Actas de incumplimiento de obligaciones ambientales, en las que se determinará de forma clara y concreta los incumplimientos a las obligaciones ambientales y las posibles infracciones en las que incurran los sujetos de control; además, se deberán detallar las acciones emergentes y correctivas inmediatas a ejecutarse por parte del regulado; y,

 

Las actas de incumplimiento, en las que se establezcan posibles infracciones administrativas, serán remitidas a la Comisaría Ambiental Provincial para el inicio del respectivo proceso de juzgamiento.

 

Art. 39. Contenido de las Actas.- Las actas de inspección deberán contener como elementos mínimos:

 

Nombres, apellidos, firma y rúbrica del personal que realiza la acción de control público.

 

El motivo que originó la diligencia.

 

Datos identificativos del establecimiento, actividad, obra o proyecto o las acciones u omisiones realizadas por el presunto infractor.

 

Fecha y hora de la visita; y,

 

Hechos constatados.

 

Cuando se trate de actas de inspección de incumplimiento de obligaciones ambientales se especificarán los hechos relevantes a efectos de tipificar la infracción y graduar la sanción.

 

Art. 40. Generación de Formularios.- La Dirección General de Ambiente generará los formularios que estime necesarios para la inspección de actividades y revisión de cumplimiento de la normativa técnica, los mismos que se agregarán a la correspondiente acta.

 

Art. 41. Riesgo.- Si de la inspección se aprecia la existencia de elementos de riesgo inminente a las personas, bienes o ambiente, el personal de la Dirección General de Ambiente deberá adoptar una medida cautelar oportuna de conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza.

 

Art. 42. Notificación.- Las actas de inspección deberán ser firmadas por el sujeto de control, por el representante legal de éste o, en su defecto, por cualquier dependiente. La firma del acta de inspección se entenderá como notificación de la misma al sujeto de control.

 

Si se negaren a firmar el acta de inspección los sujetos previstos en el inciso precedente, el personal de la Dirección General de Ambiente del GPI sentará razón del hecho y especificará los motivos de tal negativa. Se entregará copia de tal acta al sujeto de control, acto que surtirá los efectos de notificación.

 

Las actas de inspección serán consideradas como prueba en los procesos administrativos.

 

Art. 43. Auditoría Ambiental.- La auditoría ambiental consiste en un conjunto de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador usados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura a través de la Dirección General de Ambiente para evaluar el desempeño ambiental de una actividad, obra o proyecto. Para la ejecución de las auditorías ambientales se observarán las siguientes reglas:

 

Las auditorías ambientales serán elaboradas por un consultor calificado por la Autoridad Ambiental Nacional o por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

De acuerdo al estado de la actividad, obra o proyecto, se establecerá el tipo de auditoría requerido.

 

Cada auditoría ambiental deberá desarrollarse sobre la base de los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría y de actividad, obra o proyecto a ser auditado.

 

Toda auditoría ambiental deberá ser observada, aprobada o negada por la Dirección General de Ambiente.

 

Art. 44. Tipos de Auditorías Ambientales.- La Dirección General de Ambiente determinará el tipo de auditoría a ser aplicada para cada obra, actividad o proyecto. Los tipos de auditoría a aplicarse son:

 

Auditoría Ambiental de Oficio. Cuando existiese una denuncia, por requerimiento de algún Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia o de la Autoridad Ambiental Nacional, por daños ambientales y emergencias, reinicio de actividades suspendidas o presunción de incumplimiento a la normativa ambiental.

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. La Dirección General de Ambiente exigirá su realización al sujeto de control para evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como por la incidencia de los impactos ambientales.

 

Auditoría Ambiental de Cierre. Se aplicará una vez que el regulado haya ejecutado el Plan de Cierre y Abandono; para ello deberá presentar una auditoría ambiental de cierre, la misma que deberá contener la verificación del cumplimiento del mencionado Plan. De identificarse incumplimientos, la Dirección General de Ambiente determinará las acciones que deberá ejecutar el regulado para subsanarlos.

 

Art. 45. Procedimiento de Revisión.- El procedimiento de revisión de las auditorías ambientales será el siguiente:

 

Presentada la auditoría ambiental a la Dirección General de Ambiente ésta tendrá un término máximo de treinta (30) días para aprobar el informe de auditoría ambiental, observarlo y/o emitir las recomendaciones u observaciones técnicas o rechazarlo.

 

La Dirección General de Ambiente otorgará al regulado un término de 15 días para absolver las observaciones emitidas, el mismo que podrá ampliarse por un término de diez (10) días adicionales a solicitud motivada del regulado.

 

De aprobarse la auditoría, el regulado deberá aplicar los planes de acción y medidas previstos por la Dirección General de Ambiente y deberá cancelar las tasas correspondientes.

 

La Dirección General de Ambiente y/o la Comisaría Ambiental Provincial podrán realizar inspecciones para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de los hallazgos y la coherencia del Plan de Acción establecidos.

 

Art. 46. Plan de Acción.- El sujeto de control deberá adoptar las medidas correctivas y de reparación ambiental mediante un Plan de Acción, en casos de identificarse incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental aplicable, contaminación, daños o pasivos ambientales.

 

La Dirección General de Ambiente, independientemente de la ejecución del Plan de Acción, remitirá a la Comisaría Ambiental Provincial los casos de incumplimiento previstos en el inciso precedente para el inicio del proceso administrativo de juzgamiento, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar.

 

TÍTULO III

 

TASAS POR SERVICIOS DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

 

Art. 47. Obligación de Pago de los Regulados.- Todo regulado tiene la obligación de realizar el pago de las tasas y demás valores establecidos en la presente Ordenanza. La falta de pago impedirá la prestación del servicio, la autorización administrativa o la obtención de permisos ambientales.

 

Art. 48. De las Tasas.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura aplicará los valores establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional para la prestación de servicios de gestión y calidad ambiental.

 

TÍTULO IV

 

RÉGIMEN DE JUZGAMIENTO

 

CAPÍTULO I

 

DE LA COMISARÍA AMBIENTAL PROVINCIAL Y

DEL PROCEDIMIENTO

 

Art. 49. Facultad.- Para conocer y juzgar las infracciones que establece la presente Ordenanza es competente la Comisaría Ambiental Provincial de Imbabura.

 

La Comisaría Ambiental instaurará los procesos por denuncia escrita del afectado, por petición expresa fundamentada en un informe técnico de la Dirección General de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, por acción popular iniciada por cualquier persona o agrupación y/o de oficio.

 

Art. 50. Procedimiento.- El procedimiento de juzgamiento de las conductas infractoras de la presente Ordenanza le corresponde al Comisario Ambiental Provincial una vez que ha conocido de las mismas mediante las formas previstas en este capítulo, el Reglamento de la Comisaría Ambiental y, en forma supletoria, en aplicación de lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD). El procedimiento para el juzgamiento será el previsto en el Reglamento de la Comisaría Ambiental.

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Art. 51. Infracciones.- Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en “muy leves”, “leves”, “graves” y “muy graves”, de conformidad con el grado de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ordenanza y la generación de impactos ambientales negativos.

 

Art. 52. Son infracciones “muy leves”:

 

No contar en las instalaciones de la actividad, obra o proyecto con los suficientes medios, instrumentos o medidas de seguridad o de prevención de riesgos; y,

 

Disponer de instrumentos de seguridad para prevención de riesgos como extintores, sistemas de alerta, entre otros., no debidamente autorizados o avalados por la autoridad competente.

 

Art. 53. Son infracciones “leves”:

 

No presentar los alcances, observaciones y requerimientos de los trámites de gestión exigidos por la Dirección General de Ambiente en los plazos establecidos.

 

La inobservancia a las normas nacionales, a la presente Ordenanza, a las obligaciones o condiciones establecidas en los permisos, certificados o licencias ambientales, siempre que no generen impactos ambientales negativos o No Conformidades Mayores en la ejecución de una obra, proyecto o actividad.

 

No prestar las facilidades técnicas para la realización del monitoreo y toma de muestras de las descargas y emisiones.

 

Incumplir con la presentación de los reportes de caracterización o presentar caracterizaciones con número de muestreos incompletos a los que se encuentre obligado el sujeto de control.

 

Presentar extemporáneamente reportes de caracterización de recursos naturales.

 

Presentar extemporáneamente documentos ambientales solicitados por la Dirección General de Ambiente como auditorías, alcances solicitados, documentos de descargo, planes de manejo, programas perentorios de cumplimiento, etc.

 

Presentar información errónea por parte del regulado sobre la base de cualquier documento de Auditoría Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y alcance solicitado.

 

Presentar documentos ambientales elaborados por personas naturales o jurídicas que no calificadas como consultores ambientales por la Autoridad Ambiental Nacional.

 

Incumplir con los planes de manejo ambiental de las actividades que cuentan con registros ambientales; y,

 

Incumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de las actividades, obras o proyectos que cuentan con certificados ambientales.

 

 

Art. 54. Son infracciones “graves”:

 

La reincidencia en un mismo año en una infracción leve.

 

Ejecutar una actividad, obra o proyecto sin someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales.

 

No contar con la debida licencia o autorización ambiental.

 

Incumplir con la Notificación de Situaciones de Emergencia a la Dirección General de Ambiente.

 

Realizar modificaciones o ampliaciones de actividades obras y proyectos que cuenten con planes de manejo aprobados y que no hayan sometido dichas ampliaciones o modificaciones al proceso de evaluación de impactos ambientales.

 

Los promotores que utilicen, reporten o presenten, para conocimiento o evaluación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, análisis, datos o resultados emitidos por laboratorios no acreditados por la autoridad competente.

 

No haber cumplido con la presentación de la Auditoría Ambiental (AA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) o alcance solicitado.

 

Incumplir con los compromisos asumidos en los planes de manejo y otros planes.

 

No permitir al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura la práctica de inspecciones de control o tomas de muestras; y,

 

No mantener vigentes las garantías o seguros requeridos por la Dirección General de Ambiente para la ejecución de una actividad.

 

Art. 55. Son infracciones “muy graves”:

 

La reincidencia en un año en una infracción grave.

 

Aportar información incompleta o errónea con el fin de obtener subrepticiamente la aprobación de algún documento ambiental.

 

Sobrepasar los límites permisibles establecidos en las normas técnicas ambientales.

 

Causar derrames o emisiones de materias primas, productos químicos peligrosos, residuos sólidos no domésticos o lodos potencialmente contaminantes que perjudiquen a la salud y bienestar de la población, la infraestructura o el medio ambiente en general, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que estos hechos puedan producir; y,

 

Transgredir las normas técnicas nacionales y locales que generen un daño ambiental.

 

Art. 56. De las Sanciones.- Las infracciones “muy leves” serán sancionadas con multa equivalente entre el quince por ciento (15%) y el cincuenta por ciento (50%) de una remuneración mensual unificada. Se otorgará un plazo prudencial para subsanar el incumplimiento.

 

Las infracciones “leves” se sancionarán con multa de entre uno (01) a cinco (05) remuneraciones mensuales unificadas. Se otorgará un plazo prudencial para subsanar el incumplimiento

 

Las infracciones “graves” serán sancionadas con una multa de entre diez (10) a quince (15) remuneraciones mensuales unificadas y la anulación del trámite para la obtención de la aprobación de un documento, permiso, autorización o Licencia Ambiental, y, de ser el caso, la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido. Además, se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra y actividad hasta que se obtenga el nuevo documento que lo habilite. De ser el caso, se impondrá la obligación de remediar el daño ambiental causado.

 

Complementariamente, el Comisario Ambiental Provincial podrá suspender las actividades en cuestión, clausurar el establecimiento o solicitar la cancelación de los permisos otorgados al infractor.

 

Las infracciones “muy graves” se sancionarán con multa de entre cincuenta (50) a sesenta (60) remuneraciones mensuales unificadas, con la suspensión de la ejecución de la obra, proyecto o actividad y con la exigencia de reparación del daño ambiental causado, posible o previsible. Complementariamente, el Comisario Ambiental Provincial podrá suspender las actividades en cuestión, clausurar el establecimiento o solicitar la cancelación de los permisos otorgados al infractor.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- GLOSARIO.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se observarán las siguientes definiciones:

 

Auditoría Ambiental (AA).- Proceso fiscalizador posterior a la ejecución de una actividad, obra o proyecto realizado generalmente por un tercero independiente con el objeto de identificar el grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales y posibles afectaciones ambientales.

 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Instituciones públicas con competencias ambientales. Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura como institución cuyo sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y por tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias.

 

Autoridad Ambiental Competente (AAC).- Son competentes para llevar los procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar el Ministerio del Ambiente y por delegación los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados.

 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus dependencias desconcentradas a nivel nacional.

 

Calidad Ambiental.- Características cualitativas y cuantitativas de algún factor ambiental o del ambiente en general y que son susceptibles de ser modificados.Catálogo de Actividades, Obras o Proyectos.- Listado y clasificación de las actividades, obras o proyectos existentes en el país o la provincia de Imbabura en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos negativos que causan al ambiente.

 

Certificado Ambiental.- Es el documento no obligatorio otorgado por la Autoridad Ambiental Competente que certifica que el promotor ha cumplido en forma adecuada con el proceso de registro de su proyecto, obra o actividad.

 

Certificado de Intersección.- El certificado de intersección es un documento emitido por la Autoridad Ambiental Nacional generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento.

 

Consultor.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, acreditada, calificada y registrada por la Autoridad Competente que presta sus servicios en la elaboración de estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo y auditorías ambientales.

 

Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental.

 

Estudio Ambiental Ex Post.- Son estudios similares a los EsA, pero aplicables a los proyectos o actividades que están en funcionamiento u operación, que tienen por objetivo la identificación y determinación de los efectos beneficiosos o nocivos que una actividad está provocando sobre los componentes socio - ambientales, los mismos que se determinan mediante un diagnóstico ambiental.

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, pasando por las fases intermedias.

 

Impacto Ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto, público o privado, que, por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural.

 

Internalización de Costos.- Proceso mediante el cual se incorpora en los modelos económicos y de gestión de una actividad, obra o proyecto el presupuesto necesario para prevenir y disminuir los impactos ambientales negativos que se puedan generarse en su ejecución o funcionamiento.

 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente a una persona natural o jurídica para la ejecución de una actividad, obra o proyecto. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada puedan causar en el ambiente.

 

Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el sujeto de control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o normativa ambiental vigente.

 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub- planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.

 

Permiso Ambiental.- Es la autorización administrativa emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de una actividad, obra o proyecto y por tal razón el promotor está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura.

 

Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental Competente en el que se certifica que el promotor ha cumplido con el proceso de regularización de su proyecto, obra o actividad.

 

Regularización Ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de una actividad, obra o proyecto presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad generan y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable.

 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar.

 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).- Es el sistema que permite articular a las instituciones del Estado con competencia ambiental mediante las directrices establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional como instancia rectora, coordinadora y reguladora de la gestión ambiental a nivel nacional. Este sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, de integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales.

 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Es el conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismos que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional y organismos acreditados.

 

SUIA.- Sistema Único de Información Ambiental.

 

Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera u organización que, a cuenta propia o a través de terceros, desempeña en el territorio nacional y de forma regular o accidental una actividad económica o profesional que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos naturales como resultado de sus acciones u omisiones o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación nacional o provincial dispongan para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas.

 

SEGUNDA.- SOCIALIZACIÓN.- Encárguese a la Dirección General de Ambiente la ejecución del proceso de socialización de la presente Ordenanza para lo cual coordinará interna y externamente los mecanismos necesarios para su cumplimiento.

 

TERCERA.- NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA.- Los regulados sometidos al ámbito de la presente Ordenanza deberán remitir los informes de situación de emergencia a la Dirección General de Ambiente, estando obligados a:

 

 

a) Informar a la Dirección General de Ambiente, mediante un informe preliminar, sobre la situación de emergencia, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir del momento de producido el hecho.

 

b) Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados para el efecto.

 

c) Presentar, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas, un informe detallado sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo para prevenir y corregir la falla. El promotor deberá asumir todos los costos en los que se incurra para cubrir los daños y perjuicios causados en el entorno.

 

d) Realizar las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños que en la situación de emergencia se hayan ocasionado, sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar.

 

La Dirección General de Ambiente informará a la Autoridad Ambiental Nacional sobre la ocurrencia de este tipo de situaciones, así como de la remediación de la emergencia citada.

 

CUARTA.- Para solventar cualquier eventualidad no prevista en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); en la Ley de Gestión Ambiental; en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; en la legislación ambiental nacional y en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.

 

QUINTA.- Toda actividad en funcionamiento que, de conformidad con la normativa ambiental aplicable y la presente Ordenanza, deba obtener un permiso ambiental, se regularizará a partir de la fecha de expedición de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que se puedan generar por su falta de regularización.

 

SEXTA.- Para los proyectos en proceso de regularización ambiental que, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable, cambien de tipo de permiso ambiental, podrán concluir su regularización de conformidad con el procedimiento que inició para dicho proceso. De ser el caso, podrán solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura la anulación del proceso iniciado y el inicio de uno nuevo, según corresponda.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

PRIMERA.- En un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, la Dirección General de Ambiente del GPI elaborará todo manual, reglamento, norma técnica o instrumento necesario para el ejercicio de la acreditación.

 

SEGUNDA.- Las tasas previstas en la presente Ordenanza se revisarán a partir del primer año de su vigencia.

 

TERCERA.- La presente Ordenanza que Regula la Gestión Ambiental en la Provincia de Imbabura entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Dado en la ciudad de Ibarra, en la sala de sesiones del Gobierno Provincial de Imbabura, hoy día lunes quince de febrero del año dos mil dieciséis.

 

f.) Lcdo. Pablo Jurado Moreno, Prefecto de Imbabura.

 

f.) Dr. Fernando Naranjo Factos, Secretario General.

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACION DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, fue discutida y aprobada en primera y segunda y definitiva discusión por el Consejo Provincial de Imbabura, en sesiones ordinaria y extraordinaria realizadas los días jueves 29 de enero y lunes 15 de febrero de 2016, respectivamente. Ibarra, 15 de febrero de 2016

 

f.) Dr. Fernando Naranjo Factos, Secretario General.

 

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, se envió al señor Lcdo. Pablo Jurado Moreno, Prefecto de Imbabura, para su respectiva sanción la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACION DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. Ibarra, 16 de febrero de 2016

 

f.) Dr. Fernando Naranjo Factos, Secretario General.

 

De conformidad con la razón sentada por el señor Secretario General del Gobierno Provincial de Imbabura, y no encontrado objeción alguna, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización- COOTAD, Sanciono la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACION DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA; en consecuencia, ordeno su publicación en el Registro Oficial y promulgación a través de la Gaceta Oficial y página WEB institucional.

 

Ibarra, 16 de febrero de 2016

 

f.) Lcdo. Pablo Jurado Moreno, Prefecto de Imbabura.

 

RAZON: Sancionó y ordenó la publicación en el Registro Oficial y la promulgación a través de la Gaceta Oficial y página WEB institucional, de la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACION DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, el señor Lcdo. Pablo Jurado Moreno, Prefecto de Imbabura. Certifico.-

 

Ibarra, 16 de febrero de 2016

 

f.) Dr. Fernando Naranjo Factos, Secretario General.

 

mortiz@imbabura.gob.ec

 

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