Registro Oficial No.47- Lunes 31 de Julio de 2017 Supplemento

Lunes, 31 de julio de 2017

Última modificación: Martes, 19 de septiembre de 2017 | 16:12

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Lunes, 31 de Julio de 2017  (R. O. SP 47, 31-julio-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Servicio de Rentas Internas:

 

Ejecutivo:

Resoluciones       

NAC-DGERCGC17-00000369

Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00202 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 216 de 1 de abril de 2014

               

NAC-DGERCGC17-00000370

Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000260, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 990 de 24 de abril de 2017

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

Convocatoria       

 

-Convóquese al ?CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanzas         

 

-Cantón Santa Isabel: Que regula las ayudas económicas, médicas y de servicios, prestadas por el GAD Municipal de Santa Isabel y sus Empresas Públicas, a favor de los Grupos de Atención Prioritaria

 

 

CONTENIDO


 

No. NAC-DGERCGC17-00000369

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República  del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por  los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,  simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,  transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los  impuestos directos y progresivos;

 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la  actuación de la Administración Tributaria se desarrollará  con apego a los principios de simplificación, celeridad y  eficacia;

 

Que el literal d) del numeral 1 del artículo 96 del Código  Tributario establece como deber formal de los contribuyentes  o responsables de tributos, presentar las declaraciones que  correspondan;

 

Que de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Régimen Tributario  Interno, son sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos  Especiales (ICE), las personas naturales y sociedades,  fabricantes de bienes gravados con este impuesto; quienes  realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto;  y, quienes presten servicios gravados;

 

Que el artículo 83 ibídem establece que los sujetos pasivos  del ICE presentarán mensualmente una declaración por las  operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del  mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que  se establezcan en el reglamento;

 

Que el artículo 204 del Reglamento para la Aplicación de la  Ley de Régimen Tributario Interno señala que los fabricantes  e importadores de bienes y quienes presten servicios sujetos  al ICE, inclusive de aquellos expresamente exonerados del  impuesto, remitirán en forma mensual, un informe acerca  de su actividad en los medios, forma, plazo y contenido que  defina el Servicio de Rentas Internas;

 

Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00202  publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial  216 de 01 de abril de 2014, se dispone que los fabricantes  e importadores de bienes y los prestadores de servicios  gravados con ICE, presenten los informes mensuales de  sus ventas mediante el ?Anexo ICE? de conformidad con el  nuevo formato y especificaciones técnicas publicadas en la  página institucional del Servicio de Rentas Internas;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código  Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de  Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del  Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las  resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general  y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas  legales y reglamentarias;

Que es deber de la Administración Tributaria, a través del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley, y;

 

En ejercicio de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00202 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 216 de 1 de abril de 2014 y reformada por la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00000342 publicada en el Registro Oficial 485 del 22 de abril de 2015.

 

Art. 1.- Sustituir en el artículo 2 por el siguiente:

 

?Artículo 2. Plazos de Presentación.- El Anexo ICE deberá ser presentado a mes siguiente a través de la página web institucional www.sri.gob.ec, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de conformidad con el siguiente cronograma:

 

Si el noveno dígito del

RUC es:

Fecha de vencimiento (hasta el día)

1

10 del mes siguiente

2

12 del mes siguiente

3

14 del mes siguiente

4

16 del mes siguiente

5

18 del mes siguiente

6

20 del mes siguiente

7

22 del mes siguiente

8

24 del mes siguiente

9

26 del mes siguiente

0

28 del mes siguiente

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La información correspondiente a las ventas de bienes y servicios gravados con ICE de los meses de agosto y septiembre del presente año, se presentarán en el mes de octubre de 2017, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 1 de la presente resolución.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito DM, a 27 de julio de 2017.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, Leonardo Orlando  Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 27 de julio de 2017.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas

 

No. NAC-DGERCGC17-00000370

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

 

Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el numeral 20 del artículo 1 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, establece la retención en la fuente de impuesto a la renta en la comercialización de minerales y otros bienes de explotación regulada que requiera de permisos especiales, tales como licencias, guías, títulos u otras autorizaciones administrativas similares conforme a lo dispuesto en el reglamento;

 

Que el inciso primero del artículo innumerado a continuación del artículo 279 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, agregado por el numeral 18 del artículo 1 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas establece que estarán sujetos a retención en la fuente a cargo del propio sujeto pasivo, los ingresos provenientes de la comercialización y/o exportación de sustancias minerales y de productos forestales que requieran la obtención de licencias de comercialización, señalados por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución;

 

Que el inciso segundo ibídem establece que el documento sustento de la retención deberá ser presentado ante la autoridad aduanera correspondiente, conjuntamente con los documentos de acompañamiento, como requisito previo a la regularización de la declaración aduanera de exportación;

 

Que mediante Resolución No. NACDGERCGC17- 00000260, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 990 de 24 de abril de 2017 y sus reformas, el Servicio de Rentas Internas estableció las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la renta a cargo del propio sujeto pasivo en la comercialización y/o exportación de productos forestales;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la  Directora o el Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir los actos normativos necesarios para facilitar a  los contribuyentes el cumplimientos de las obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,

 

En ejercicio de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

Reformar la Resolución No. NACDGERCGC17- 00000260, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 990 de 24 de abril de 2017 y sus reformas

 

Artículo Único.- En la Disposición Final de la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000260, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 990 de 24 de abril de 2017 y sus reformas, sustitúyase la frase ?y será aplicable a partir del primero de agosto de 2017? por lo siguiente: ?y será aplicable a partir del primero de enero de 2018?.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito DM, a 27 de julio de 2017.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D.M., a 27 de julio de 2017.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General Servicio de Rentas Internas.

 

 

CONSEJO

DE LA JUDICATURA

 

CONVOCATORIA:

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria de 26 de julio de 2017, aprobó la convocatoria para el: ?CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?.

 

REQUISITOS GENERALES:

 

Ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos;

 

Título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país;

 

Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años;

 

Cumplir con los requisitos generales para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley Orgánica de Servicio Público; y,

 

No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley para ejercer el cargo de juez de Corte Nacional de Justicia.

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

 

Para postular en el concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, el registro de la postulación se realizará únicamente a través del sistema informático implementado para el efecto por el Consejo de la Judicatura en la página web: www.funcionjudicial.gob.ec., mediante el formulario electrónico de registro que contendrá la información general y específica de los aspirantes. En ningún caso se receptarán postulaciones a través de otro medio y/o fuera del tiempo establecido.

 

PLAZO PARA PRESENTAR LA POSTULACIÓN:

 

Las postulaciones se receptarán en línea, a partir de las 00H01 del lunes 31 de julio de 2017 hasta las 23H59 del domingo 6 de agosto de 2017, en todos los casos hora del Ecuador Continental.

 

INFORMACIÓN GENERAL:

 

En la página web del Consejo de la Judicatura se encuentra a disposición de los aspirantes la normativa y reglamento que rigen este concurso.

 

Para solventar cualquier duda, los postulantes podrán enviar sus inquietudes al correo electrónico: jueces. cortenacional17@funcionjudicial.gob.ec.

 

Quito, 26 de julio de 2017.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General

 

EL CONCEJO CANTONAL

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE SANTA ISABEL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República  del Ecuador instituye los principios de aplicación de los  derechos, entre ellos, el numeral 1 que establece que los  derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma  individual o colectiva ante las autoridades competentes, las  que garantizarán su cumplimiento;

 

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la  República del Ecuador establece que todas las personas  son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y  oportunidades y que el Estado adoptará medidas de acción  afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los  titulares de derechos que se encuentren en situación de  desigualdad;

 

Que, el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la  República del Ecuador establece que en materia de derechos  y garantías constitucionales, las servidoras y servidores  públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la  norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva  vigencia;

 

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de  la República del Ecuador manda que el contenido de los  derechos se desarrollará de manera progresiva a través de  las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El  Estado generará y garantizará las condiciones necesarias  para su pleno reconocimiento y ejercicio;

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del  Ecuador reconoce como grupos de atención prioritaria por  parte del Estado a las personas adultas mayores, niñas,  niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con  discapacidad, personas privadas de libertad y quienes  adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta  complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada  en los ámbitos público y privado. La misma atención  prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las  víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,  desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará  especial protección a las personas en condición de doble  vulnerabilidad;

 

Que, el artículo 38 de la Constitución de la República  del Ecuador manda a que el Estado establezca políticas  públicas y programas de atención a las personas adultas  mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas  entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la  etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas,  comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo,  fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y  participación en la definición y ejecución de estas políticas;

 

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que el Estado debe garantizar los derechos  de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo  ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y  recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su  participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular  en los espacios del poder público;

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que el Estado, la sociedad y la familia  promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio  pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés  superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las  demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán  derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso  de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y  de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un  entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad  y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus  necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales,  con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y  locales;

 

Que, el artículo 45 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que las niñas, niños y adolescentes tienen  derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,  nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la  educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia  familiar y comunitaria; a la participación social; al  respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los  asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria  en su idioma y en los contextos culturales propios de sus  pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca  de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera  perjudicial para su bienestar;

 

Que, el artículo 48 de la Constitución de la República  del Ecuador manda a que el Estado adopte a favor de  las personas con discapacidad medidas que aseguren su  inclusión social, mediante planes y programas estatales  y privados coordinados, que fomenten su participación  política, social, cultural, educativa y económica;

 

Que, el artículo 70 de la Constitución de la República del  Ecuador enfatiza que el Estado debe formular y ejecutar  políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres,  a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley,  e incorporará el enfoque de género en planes y programas  y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación  en el sector público;

 

Que, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos  Humanos establece el deber de adoptar, con arreglo a los  procedimientos constitucionales y a las disposiciones de  la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter  que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y  libertades contempladas en este instrumento internacional;

 

Que, el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicado en  el Registro Oficial 101 el 24 de enero de 1966 , establece  que cada uno de los Estados Partes se compromete a  adoptar medidas, tanto por separado como mediante la  asistencia y la cooperación internacionales, especialmente  económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de  que disponga, para lograr progresivamente, por todos los  medios apropiados, inclusive en particular la adopción de  medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos  aquí reconocidos;

 

Que, el numeral 4 del artículo 24 del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y políticos manda que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos  de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o  social, posición económica o nacimiento, a las medidas de  protección que su condición de menor requiere, tanto por  parte de su familia como de la sociedad y del Estado;

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Convención sobre  los Derechos del Niño de 1989, establece que en todas  las medidas concernientes a los niños que tomen las  instituciones públicas o privadas de bienestar social, los  tribunales, las autoridades administrativas o los órganos  legislativos, una consideración primordial a que se atenderá  será el interés superior del niño;

 

Que, el artículo 4 de la Convención sobre los derechos de  las personas con discapacidad establece que los Estados se  comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de  todos los derechos humanos y las libertades fundamentales  de las personas con discapacidad sin discriminación alguna  por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes  se comprometen, entre otros, a: Adoptar todas las medidas  legislativas, administrativas y de otra índole que sean  pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos  en la presente Convención; tomar todas las medidas  pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar  o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas  existentes que constituyan discriminación contra las  personas con discapacidad; y, tener en cuenta, en todas las  políticas y todos los programas, la protección y promoción  de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del  Ecuador manda que las ciudadanas y ciudadanos, en forma  individual y colectiva, participarán de manera protagónica  en la toma de decisiones, planificación y gestión de los  asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones  del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un  proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de  igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la  diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de  interés público es un derecho, que se ejercerá a través de  los mecanismos de la democracia representativa, directa y  comunitaria;

 

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que en todos los niveles de gobierno  se conformarán instancias de participación integradas por  autoridades electas, representantes del régimen dependiente  y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada  nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios  democráticos;

 

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del  Ecuador define al sistema nacional de inclusión y equidad  social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas,  instituciones, políticas, normas programas y servicios  que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los  derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento  de los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador manda que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias;

 

Que, el artículo 3, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que la igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres;

 

Que, el artículo 128, primer inciso, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que trata el ?Sistema integral y modelos de gestión? establece que todas las competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto, será responsabilidad del Estado en su conjunto;

 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

 

Que, el artículo 18, cuarto inciso, de la Ley de Modernización del Estado establece que los funcionarios públicos son plenamente competentes para ejercer todas aquellas acciones que son compatibles con la naturaleza y fines del respectivo órgano o entidad administrativa que dirigen o representan;

 

Que, entre los objetivos nacionales para el buen vivir contemplados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, se establece garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de derechos a través de, entre otros, desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil;  implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes; generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional; generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad; y, generar e implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y de su facultad normativa, establecida en el artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

EXPIDE:

 

LA ORDENZA QUE REGULA LAS AYUDAS

ECONOMICAS, MEDICAS Y DE SERVICIOS,

PRESTADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE SANTA

ISABEL Y SUS EMPRESAS PUBLICAS, A FAVOR

DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

DEL CANTON

 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular y conceder las ayudas económicas, médicas y administrativas prestadas por el GAD municipal de Santa Isabel y sus empresas públicas a favor de los grupos de atención prioritaria del cantón Santa Isabel, estas son personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que se encuentren dentro del Quintil de pobreza 1 y 2.

 

Art. 2.- Ayudas que presta el GAD Municipal.- El GAD Municipal de Santa Isabel a través de sus departamentos municipales podrá otorgar ayudas económicas para:

 

Gastos para reparación de vivienda.

 

Gastos Mortuorios.

 

Gastos para la adquisición de útiles escolares.

 

Gastos para tratamiento de personas que padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.

 

Dotación de sillas de ruedas.

 

Art. 3.- Ayudas que presta el GAD Municipal de Santa  Isabel a través de la empresa FARMASI-EP:

 

1. Medicinas e insumos médicos.

 

 

Art. 4. Montos de las ayudas económicas.- El monto  máximo de las ayudas económicas serán las siguientes:

 

1.- Para las determinadas en los numerales 1, 2 y 3 del Art.  2 y Art. 3 de la presente ordenanza la cantidad de doscientos  dólares con 00/100 ( $200,00).

 

2.- Para las determinadas en el numeral 4 del Art. 2 de  la presente ordenanza la cantidad de dos mil dólares con  00/100 ($2.000,00).

 

Art. 5.- Trámite.- La persona que se encuentre dentro de  las condiciones señaladas en el Art. 1 de esta ordenanza,  presentara la solicitud dirigida al alcalde del cantón,  acompañada de todos los documentos del que se crea  asistido y que justifiquen dicha necesidad.

 

El señor alcalde solicitara a la Jefatura de Atención  Prioritaria la investigación correspondiente, quien dentro  del término de 10 días deberá elevar el informe razonado  y técnico, donde recomendara o negara la ayuda solicitada.

 

El señor alcalde del cantón con el informe emitido por  la Jefatura de Atención Prioritaria, autorizará las ayudas  correspondientes.

 

Las ayudas que trata la presente ordenanza serán cancelados  directamente al proveedor de bienes y servicios, para lo  cual se emitirá una factura nombre del GAD Municipal de  Santa Isabel; esto en virtud de que el Art. 104 del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas prohíbe la  trasferencia de recursos públicos a personas particulares.

 

Art. 6.- Registro.- La Jefatura de Atención Prioritaria,  llevara un registro de las ayudas realizadas y sus  beneficiarios, de las determinadas en el Art. 2 y 3 de la  presente ordenanza y emitirá un informe trimestral para  conocimiento de la máxima autoridad.

 

Art. 7.- Tasa por los servicios de fisioterapia.- Las  personas que deseen acceder a los servicios de Fisioterapia  en el centro municipal, cancelaran previamente el valor de  cinco dólares con 00/100 ($5,00), por cada sesión.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la  fecha de su aprobación; sin perjuicio de su publicación en  la página web y en la Gaceta de la institución.

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal  del GAD Municipal de Santa Isabel, el día lunes 15 de  febrero de 2016.

 

f.) Rodrigo Quezada Ramón, Alcalde del Cantón Santa  Isabel.

 

f.) Abg. Fernanda Campos Mendieta, Secretaría General  GAD Municipal Santa Isabel.

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la  presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada  por el Concejo Cantonal en primero y segundo debates  en Sesiones Ordinarias del 01 de febrero y 15 de febrero  de 2016, respectivamente.- Santa Isabel, 18 de febrero de  2016.

 

f.) Abg. Fernanda Campos Mendieta, Secretaria General  GAD Municipal Santa Isabel.

 

ALCALDIA DE SANTA ISABEL.- Ejecútese y  publíquese.- Santa Isabel, 18 de febrero de 2016.

 

f.) Rodrigo Quezada Ramón, Alcalde del GAD Municipal  Santa Isabel

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Sr. Rodrigo  Quezada Ramón, Alcalde del GAD Municipal de Santa  Isabel, a los dieciocho días del mes de febrero de 2016.

 

f.) Abg. Fernanda Campos Mendieta, Secretaria General  GAD Municipal Santa Isabel.

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL.- f.) Ilegible.-  Secretaría General.- Certifica que es fi el copia del original.