Registro Oficial

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Lunes, 17 de Julio de 2017  (R. O. 37, 17-julio-2017)

SUMARIO

Ministerio de Hidrocarburos:

Ejecutivo:

Acuerdos              

MH-2017-0101-AM

Desígnese al doctor Juan Diego Jácome Ordóñez, Delegado del Ministro de Hidrocarburos presida el Directorio y la Junta de Accionistas de la Compañía AUSTROGAS

MH-2017-0102-AM

Deléguense funciones al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

1560

Expídese el Reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:

SENESCYT, 2017 -144

Deléguense facultades a las siguientes personas: SENESCYT?2017 - 141 Dr. Luis Pastor Carmenate Fuentes, Subsecretario de Investigación Científica:

El/la Subsecretario/a General de Educación Superior

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad: Consejo Sectorial de la Producción:

Resoluciones       

CSP-2016-14EX-03

Apruébese la terminación y la suscripción de los contratos de inversión de las siguientes compañías:

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.

CSP-2016-14EX-02B

Procesamiento de Minerales Chinec Invesments Chinecinvesments S. A.

CSP-2016-14EX-02C

Khaled de Ecuador S.A.

CSP-2016-14EX-02D

Extractora Quevepalma S.A.

CSP-2016-14EX-02E

TECHNOFILM S.A.

CSP-2016-14EX-02F

Unilever Andina Ecuador S.A.

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría del Sistema de la Calidad:

Resoluciones       

17 269

Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas ecuatorianas:

NTE INEN-EN 374-2 (Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos ? Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración (EN 374-2:2003, IDT))

17 270

NTE INEN-EN 407 (Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) (EN 407:2004, IDT))

17 271

NTE INEN-EN 12477 (Guantes de protección para soldadores (EN 12477:2001+2005, IDT))

17 272

NTE INEN-2 Aparamenta de bajo voltaje - Parte 7-2: Equipamiento auxiliar protección de los bloques de terminales del conductopara conductores de cobre (IEC-60947-7-2:2009, IDT):

17 273

NTE INEN cables aislados IDT))

Ministerio Salud Pública: Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - INDOT:

36-INDOT-2017

Apruébese el Instructivo para Codificación Operativos de Donación, Receptores de Órganos y Tejido Corneal y su anexo

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria -IEPS-:

033-IEPS-2017

Expídese el Instructivo para calificación a las organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, con el propósito de que sean acreditadas a fin de que puedan acceder a los diversos incentivos de fomento y promoción

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial:

MTOP-SPTM-2017-0064-RApruébese el Modelo de Gestión para Proveer el Servicio de Apoyo al Practicaje a través de Operadores Portuarios de Servicios Conexos

Secretaría Nacional de Comunicación:

SNC-SBNC-2017-016

Apruébese el Estatuto y concédese personalidad jurídica a la Asociación ?ECUADOR DX CLUB?, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

Servicio de Contratación de Obras:

SECOB-DG-2017-0024

Subróguese funciones al Director General Servicio de Contratación Obras, al Subdirector Ab. Eustorgio Virgilio Tandazo Rodriguez

Empresa Pública YACHAY E.P.

YACHAY-EP-GG-0019

Dispónese el inicio del concurso público para seleccionar socio aliado para el desarrollo del ?PROYECTO YELOU?

CONTENIDO

Nro. MH-2017-0101-AM

Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García

MINISTRO DE HIDROCARBUROS

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, número 1, determina que les corresponde a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ?Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión?;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria; Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, dispone que cuando la conveniencia institucional lo  requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, prescribe: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial?;

Que, con Resolución Nro. DIR-EPP-41-2010-11-15, el Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, dispuso que en los Directorios de las Empresas de Economía Mixta con capital accionario mayoritario del Estado ecuatoriano, subsidiarias de dicha Empresa Pública, cuya conformación esté compuesta de cinco (5) miembros, presidirá el Directorio el Ministro de Recursos Naturales No Renovables (hoy Ministro de Hidrocarburos);

Que, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 14 de septiembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 del mismo mes y año, se constituyó la Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS;

Que, mediante Resolución No. 16 de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS de 22 de noviembre de 2013, se establece que los señores accionistas por unanimidad nombran al delegado del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (hoy Ministerio de Hidrocarburos) como Presidente del Directorio y de la Junta General de la referida Compañía;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado; artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017.

Acuerda:

Art. 1. Designar al Doctor Juan Diego Jácome Ordóñez, Coordinador General Jurídico, delegado del Ministro de Hidrocarburos para que presida el Directorio y la Junta de Accionistas de la Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS.

Art. 2. El Doctor Juan Diego Jácome Ordóñez en su calidad de delegado informará al Ministro de Hidrocarburos, sobre las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en virtud de la presente delegación.

Art. 3. El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M. , a los 06 día(s) del mes de Junio de dos mil diecisiete.

f.) Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García, Ministro de Hidrocarburos.

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Gestión Documental.- Fecha: 13 de junio de 2017.

Nro. MH-2017-0102-AM

Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García

MINISTRO DE HIDROCARBUROS

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las ?[...] instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?Ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos?;

Que, el primer párrafo de la Disposición General Sexta de la Ley 2007-85, reformatoria de la ley de Hidrocarburos y el Código Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 170 de 14 de septiembre de 2007, establece que: ?La Dirección Nacional de Hidrocarburos, elaborará en forma coordinada con PETROCOMERCIAL o quien haga sus veces, el programa mensual de requerimientos de la comercializadora de abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, para todo el territorio nacional, el mismo que será aprobado por el Ministerio del Ramo; para tal efecto se considerará la densidad poblacional, el parque automotriz, industrial y naviero, incluida la pesca artesanal en cada una de las jurisdicciones, calidad, cantidad y precio en beneficio de los consumidores y evitar el contrabando [...]?;

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos creó la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) ?como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales  en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que  realicen las empresas públicas o privadas, nacionales,  extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u  otras formas contractuales y demás personas naturales o  jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades  hidrocarburíferas en el Ecuador [...]?; Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado,  Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte  de la Iniciativa Privada, dispone que cuando la conveniencia  institucional lo requiera, los máximos personeros de las  instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u  oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión  administrativa del Ministerio de Hidrocarburos, con la  finalidad de proveer de mayor agilidad al despacho de las  labores inherentes a dicha Institución; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador; artículo 35 de la Ley de Modernización del  Estado; artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva; y Decreto  Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017.

Acuerda:

Art. 1.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia  de Regulación y Control Hidrocarburífero, para que en  representación del Ministro de Hidrocarburos, ejerza las  siguientes funciones:

Aprobar el programa mensual de requerimientos de la  comercializadora de abastecimiento de hidrocarburos  y sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo  y biocombustibles, para todo el territorio nacional, al  que refiere el primer párrafo de la Disposición General  Sexta de la Ley 2007-85, publicada en el Suplemento  del Registro Oficial No. 170 de 14 de septiembre de  2007.

Suscribir oficios y/o comunicaciones para solicitar  información o documentación complementaria, a fin de  agilizar el trámite de aprobación.

Art. 2.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación  y Control Hidrocarburífero informará periódicamente al  Despacho Ministerial, sobre las actividades cumplidas y  resoluciones adoptadas en virtud de la presente delegación;  debiendo observar lo establecido en el inciso segundo de la  Disposición General Sexta de la Ley 2007-85, reformatoria  de la Ley de Hidrocarburos y el Código Penal.

Art. 3.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. MH-DM- 2016-0025-AM de 8 de junio de 2016, publicado en el  Registro Oficial No. 784 de 27 de junio de 2016.

Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia  a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en  el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M. , a los 06 día(s) del mes de Junio de  dos mil diecisiete.

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS.- Es fiel  copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Gestión  Documental.- Fecha: 13 de junio de 2017.

No. 1560

Dra. Ledy Andrea Zúñiga Rocha

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del  Ecuador incluye a las personas privadas de la libertad como  parte de los grupos de atención prioritaria y especializada;

Que el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la  República del Ecuador determina que ??La privación de la  libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar  la comparecencia del imputado o acusado al proceso,  el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta,  oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento  de la pena??;

Que el artículo 87 de la Constitución de la República  del Ecuador señala que se podrá ??ordenar medidas  cautelares conjunta o independientemente de las acciones  constitucionales de protección de derechos, con el objeto  de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación  de un derecho?;

Que el artículo 154 de la Constitución de la República  del Ecuador, en su numeral 1, señala que además de las  atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde a las  ministras y ministros de Estado, ejercer la rectoría de las  políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos  y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 201 ibídem, establece que ??el sistema de  rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación  integral de las personas sentenciadas penalmente para  reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las  personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos?;

Que el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal  señala que la o el juzgador podrá ordenar una o varias  medidas cautelares y de protección con el fin de proteger los  derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso  penal; garantizar la presencia de la persona procesada en el  proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación  integral; evitar que se destruya u obstaculice la práctica  de pruebas que desaparezcan elementos de convicción; y  garantizar la reparación integral a las víctimas;

Que el artículo 522 ibídem, señala que la o el juzgador  podrá imponer una o varias medidas cautelares con el fin  de asegurar la presencia de la persona procesada, entre las  que se encuentra en el numeral 4, el uso del dispositivo de  vigilancia electrónica;

Que que artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal,  establece que ??en los casos de infracción flagrante,  dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la  aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral  ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad  de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario,  formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas  cautelares y de protección que el caso amerite y se  determinará el proceso correspondiente?;

Que el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal  señala que la prisión preventiva ??podrá ser sustituida por  las medidas cautelares establecidas en el presente Código.  No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con  pena privativa de libertad superior a cinco años?;

Que el establecimiento de esta medida alternativa a la  privación de la libertad, se constituye en una herramienta  fundamental para mejorar la vida de las personas privadas de  la libertad a través de una vigilancia electrónica que permite  reducir el impacto negativo que ello implica y promueve  una mayor integración de las personas a su núcleo familiar  contribuyendo a su rehabilitación y reinserción, así como  también se constituye en una valiosa herramienta para hacer  frente al hacinamiento carcelario;

Que conforme lo establece el Estatuto Orgánico por  Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, esta Cartera de Estado tiene por misión entre  otras, mejorar la rehabilitación y su reinserción social en  las personas adultas privadas de libertad y el desarrollo  integral en adolescentes infractores o en conflicto con la ley  penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos  y actividades coordinadas con sus unidades territoriales  desconcentradas y la instituciones relacionadas;

Que la Disposición Transitoria Décimo Novena del Código  Orgánico Integral Penal señala que ?El Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos en coordinación con  el Consejo de la Judicatura, en el plazo de ciento cincuenta  días, contados desde la publicación en el Registro Oficial de  este Código, pondrá en funcionamiento los dispositivos de  vigilancia electrónica y su respectiva plataforma?; y,

En uso de las atribuciones constitucionales y legales  acuerda expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto  regular la prestación del servicio coordinado para el uso  de dispositivos de vigilancia electrónica en el marco de las  disposiciones contempladas en el Código Orgánico Integral  Penal y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Finalidad.- El presente reglamento tiene por finalidad establecer el marco jurídico y administrativo  para la instalación, activación, monitoreo, intervención,  desactivación y retiro de los dispositivos de vigilancia  electrónica y todas sus fases.

Artículo 3.- Ámbito.- Las disposiciones previstas en este  reglamento deberán ser observadas y aplicadas por todos  los servidores públicos que intervienen en la prestación del  servicio de vigilancia electrónica y de quienes se encuentren  encargados de la implementación, custodia, control y  respuesta del mismo; así como, de las personas a quienes  se les ha dispuesto judicialmente el uso del dispositivo de  vigilancia electrónica de conformidad a los casos previstos  en la ley.

Artículo 4.- Principios rectores.- El servicio de vigilancia  electrónica, observará los principios de gratuidad,  eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, participación,  planificación, transparencia y demás principios aplicables  previstos en la Constitución y la ley.

Artículo 5.- Administración de la información.- El  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  mantendrá y administrará la información y nómina  actualizada de las personas que mediante resolución judicial  se haya ordenado el uso del dispositivo de vigilancia  electrónica, con el objeto de llevar un adecuado control de  la información, para lo cual se realizará la apertura de un  expediente que contendrá toda la documentación relativa a  la persona usuaria del dispositivo de vigilancia electrónica,  el mismo que además contará con la información  proporcionada por el juzgador en base a la coordinación  que debe mantenerse con el Consejo de la Judicatura.

Artículo 6.- Definiciones.- Para efectos de aplicación del  presente reglamento, se entiende por:

Alarma.- Señal electrónica de advertencia del sistema de  monitoreo emitida por la vulneración de la medida judicial o  fallas en el dispositivo de vigilancia electrónica atribuibles  a la responsabilidad del usuario.

Alerta Preventiva.- Señal electrónica de prevención del  sistema de monitoreo emitida por posibles o potenciales  vulneraciones a la medida judicial o posibles fallas en  el dispositivo de vigilancia electrónica atribuibles a la  responsabilidad del usuario.

Aviso Técnico.- Señal electrónica de advertencia del  sistema de monitoreo emitida por fallas en el dispositivo de  vigilancia electrónica o en sus sistemas de comunicación,  ajenos a la responsabilidad del usuario. Área de exclusión.- Espacio geográfico de acceso  restringido para la o el usuario del dispositivo de vigilancia  electrónica en virtud de una disposición judicial. Área de inclusión.- Espacio geográfi co donde la o el  usuario del dispositivo de vigilancia electrónica está  obligado a permanecer durante el período de tiempo  establecido mediante disposición judicial.

Área de libre circulación.- Para efectos de la aplicación de este reglamento se considera como área de libre circulación todo el territorio nacional, conforme a la legislación vigente y la disposición judicial.

Central de Monitoreo.- Unidad técnica de control, vigilancia y gestión de respuesta del Servicio de Vigilancia Electrónica.

Dispositivo de vigilancia electrónica.- Equipo transmisor electrónico portable utilizado por el usuario para determinar su ubicación geográfica en tiempo real.

Equipo técnico.- Personal del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos encargado de realizar la instalación, activación, monitoreo y gestión de respuesta relativos al uso del dispositivo de vigilancia electrónica, a través de una plataforma tecnológica implementada para el efecto.

Informe técnico de viabilidad.- Es el documento de carácter no vinculante emitido por la institución que otorga el soporte técnico e informa respecto de los parámetros tecnológicos para asegurar una efectiva vigilancia electrónica y correcto funcionamiento que permitan ejecutar la posible medida judicial ordenada.

Intervención.- Constituye el conjunto de recursos y acciones adoptadas para la prestación del servicio con el fin de precautelar el cumplimiento de la medida judicial que determina el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, o en su defecto, asegurar la comparecencia del usuario ante la autoridad judicial competente por causa de su incumplimiento.

Plataforma tecnológica geo referencial.- Conjunto de recursos tecnológicos que permiten determinar la ubicación geográfica del dispositivo de vigilancia electrónica en tiempo real.

Servicio de vigilancia electrónica.- Conjunto de procesos, normas y protocolos de funcionamiento de las Instituciones que se interrelacionan para el cumplimiento de las disposiciones judiciales que determinen el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Sistema de Monitoreo.- Sistema informático que permite localizar de manera geo referencial en tiempo real a la o el usuario del dispositivo de vigilancia electrónica.

Usuario del dispositivo de vigilancia electrónica.- Persona portadora del dispositivo de vigilancia electrónica por disposición judicial.

CAPÍTULO II

RECTORÍA Y COORDINACIÓN DEL

SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Artículo 7.- Entidad rectora.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, será la entidad encargada de la prestación del servicio de vigilancia electrónica.

Artículo 8.- Coordinación y cooperación Interinstitucional.-

El servicio de vigilancia electrónica operará a través de acciones de coordinación y cooperación interinstitucional, de conformidad al ámbito de competencias y atribuciones previstas en la Constitución, la ley y demás normativa aplicable de las siguientes instituciones.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Consejo de la Judicatura.

Ministerio del Interior ? Policía Nacional.

Fiscalía General del Estado.

Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU911.

Para garantizar la coordinación y cooperación interinstitucional, se podrán suscribir los convenios marco y específicos que correspondan.

CAPÍTULO III

DEL DISPOSITIVO DE

VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Artículo 9.- Dispositivo de vigilancia electrónica.- Los dispositivos de vigilancia electrónica, son artículos electrónicos portables, los cuales reflejan la posición del usuario, ya sea en forma de coordenadas o en forma de presencia o ausencia dentro de un área geográfica determinada. Los dispositivos de vigilancia electrónica poseerán de manera general las siguientes características:

El dispositivo es un artículo de material resistente al polvo, agua e hipoalergénico.

Dispone de sensores de apertura de correa.

Genera avisos técnicos, alertas preventivas y alarmas en tiempo real.

Dispone de un botón de SOS.

Soporta llamadas bidireccionales.

Soporta señal GPS y celular.

Dispone de puerto de carga

En el caso de arresto domiciliario, también se cuenta con el equipamiento electrónico correspondiente, el cual se instala en el domicilio del usuario; y, en el caso de monitoreo de protección se instalará un dispositivo de vigilancia electrónica al agresor y se entregará un dispositivo portátil a la víctima conforme a la resolución judicial.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIÓN JUDICIAL Y USUARIOS

Artículo 10.- Disposición judicial.- La entrega, instalación, activación, desactivación y retiro del dispositivo de  vigilancia electrónica, será ordenada únicamente por  autoridad judicial competente de acuerdo a lo previsto en el  COIP y demás normativa vigente.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  elaborará un informe técnico de viabilidad de carácter no  vinculante, respecto de los parámetros tecnológicos para la  correcta aplicación, funcionamiento y uso del dispositivo  de vigilancia electrónica, los cuales permitan la ejecución  de la medida judicial, el cual será puesto en conocimiento  de la o el juzgador.

Artículo 11.- Usuarios.- En el caso del infractor o persona  que por orden judicial se le haya dispuesto el uso del  dispositivo de vigilancia electrónica, el mismo deberá  ser instalado debidamente por el equipo técnico. Podrán  ser usuarios del Dispositivo de Vigilancia Electrónica las  siguientes personas:

Sentenciadas con cambio de régimen cerrado a régimen  semiabierto;

Sentenciadas con cambio de régimen semiabierto a  régimen abierto;

Procesadas con medidas cautelares o de protección;

Procesadas con caducidad de la prisión preventiva;

Casos especiales de la prisión preventiva según el  artículo 537 del COIP;

Víctimas, testigos u otros participantes del proceso  penal; y,

Las demás establecidas en la Ley.

CAPÍTULO V

FASES DEL SERVICIO DE

VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Artículo 12.- Fases.- Para la operación de la prestación  del servicio de vigilancia electrónica, se considerarán las  siguientes fases:

Instalación y activación:

Monitoreo;

Intervención; y,

Desactivación y retiro.

SECCIÓN I

FASE DE INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

Artículo 13.- Aspectos generales.- Una vez que el juzgador  notifique sobre la disposición judicial al Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que ordena el uso  del dispositivo de vigilancia electrónica, se procederá con  la instalación y activación del dispositivo en un plazo no  mayor a 48 horas.

Realizada la instalación del dispositivo de vigilancia  electrónica, el usuario recibirá la capacitación necesaria  sobre el uso del dispositivo, el manual correspondiente y  firmará un acta de compromiso y entrega recepción del  equipo. Desde su instalación, el usuario del dispositivo de vigilancia  electrónica está obligado a portarlo ininterrumpidamente y  cumplir con las instrucciones del manual de uso y del acta  de compromiso

La activación del dispositivo será de acuerdo a las  especificidades que ordene el juzgador, en cuanto a las  restricciones y determinaciones de las áreas de inclusión  y/o exclusión.

Artículo 14.- Acta de compromiso.- Al momento de  acceder al uso del dispositivo de vigilancia electrónica el  usuario deberá firmar un acta de compromiso en la cual se  establecerán los aspectos respecto a su uso y mantenimiento  que serán de responsabilidad del usuario.

También se deberá indicar que en caso de inobservancia  de las instrucciones determinadas en el manual de uso del  dispositivo de vigilancia electrónica, la o el usuario podrá  incurrir en incumplimiento de la medida judicial con las  consecuencias respectivas que ello implica.

En los casos de arresto domiciliario, el usuario se  comprometerá a permitir el ingreso del equipo técnico  del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al  domicilio fijado para el efecto, a fin de verificar los aspectos  tecnológicos del dispositivo.

Artículo 15.- Aspectos específicos de la medida cautelar.- En cuanto el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos y el usuario, sean notificados sobre la disposición  judicial que ordene el uso del dispositivo de vigilancia  electrónica como medida cautelar, se trasladará de manera  inmediata al procesado al punto de instalación disponible  más cercano bajo la custodia de la entidad competente. El  plazo para la instalación no podrá ser superior a 48 horas.

Artículo 16.- Aspectos específicos de flagrancia.- Una  vez notificada la orden al Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos por parte del juzgador que conoció el  delito flagrante, se realizará la instalación y activación del  dispositivo de vigilancia electrónica dentro de las 24 horas  correspondientes.

Artículo 17.- Aspectos específicos de la medida de  protección.- Respecto de esta medida se tomarán en  cuenta los aspectos generales en cuanto a la instalación y  activación del dispositivo de vigilancia electrónica.

En los casos de protección de víctimas la instalación y  activación se efectuarán por separado en la víctima y al  agresor, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado  de la medida de protección y se les capacitará sobre el  uso del dispositivo y procesos a seguir en caso de alertas  preventivas o alarmas, a efectos de precautelar el bienestar  de los usuarios en riesgo.

Artículo 18.- Aspectos específicos del arresto domiciliario.- Una vez que se ha notificado al Ministerio  de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la orden de arresto  domiciliario, la cual deberá contener los detalles exactos  del domicilio del usuario, así como las áreas de inclusión  y/o exclusión, la Policía Nacional encargada de la custodia  del usuario, lo trasladará de forma inmediata al domicilio  indicado junto con el personal del equipo técnico, a fin de  llevar a cabo la instalación y activación del dispositivo y  todo el equipamiento electrónico correspondiente. El plazo  para la instalación no podrá ser superior a 48 horas.

En este caso el informe técnico de viabilidad deberá  contener los detalles de la construcción y las características  del domicilio en el que residirá el usuario bajo vigilancia  electrónica, las características del entorno de la vivienda,  si dispone de requerimientos técnicos necesarios para  el normal funcionamiento del servicio de vigilancia  electrónica, tales como: línea telefónica, disponibilidad de  cobertura celular, suministro de energía eléctrica, rango  de cobertura respecto de la dimensión de la vivienda y  conclusiones.

Artículo 19.- Aspectos específicos en los regímenes  de rehabilitación social.- Una vez que el Ministerio  de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, conozca de la  petición de una persona privada de la libertad a acogerse al  régimen semiabierto o abierto, verificará el cumplimiento  de los requisitos determinados en la Ley y en el Reglamento  del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de ser  procedente realizará un informe técnico de viabilidad,  que indicará de manera individualizada los parámetros  tecnológicos y cobertura del dispositivo de vigilancia  electrónica, a fin de que sea considerado por el juzgador al  momento de disponer esta medida.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  será quien custodie y traslade a las personas supeditadas  al régimen de rehabilitación social al punto de instalación  y activación del dispositivo de vigilancia electrónica  determinado en el protocolo correspondiente.

Artículo 20.- Del cumplimiento de instalación y  activación.- Transcurridos los plazos señalados, el  personal del equipo técnico de la entidad rectora informará  al juzgador que dispuso la medida, respecto de la correcta  realización o no de la instalación y activación del dispositivo  de vigilancia electrónica, así como las novedades suscitadas  durante la instalación del dispositivo para los fines legales  pertinentes. Dicho informe formará parte del expediente  administrativo del usuario.

SECCIÓN II

FASE DE MONITOREO

Artículo 21.- Monitoreo.- El monitoreo a los usuarios del  dispositivo de vigilancia electrónica se efectuará mediante  la plataforma tecnológica geo referencial implementada  en las instalaciones operativas del Servicio Integrado de  Seguridad ECU 911 en el territorio nacional.

Su ejecución será permanente e ininterrumpida, y se la  llevará a cabo por el equipo técnico.

Artículo 22.- Tipos de Monitoreo.- La prestación del  servicio de vigilancia electrónica, a través de la plataforma  tecnológica geo referencial permitirá ejecutar los siguientes  tipos de monitoreo:

Monitoreo de libre circulación;

Monitoreo de protección; y

Monitoreo de arresto domiciliario.

Artículo 23.- Monitoreo de libre circulación.- Permite  efectuar el control y vigilancia de la movilidad del usuario  dentro de los límites territoriales del Estado ecuatoriano.

Artículo 24.- Monitoreo de protección.- Permite prevenir  y restringir el acercamiento del infractor a la víctima, su  familia, testigos y demás participantes en cualquier etapa  del proceso penal, con base en los espacios físicos o  límites territoriales establecidos en las áreas de exclusión  e inclusión determinadas en la disposición judicial que  ordena el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Artículo 25.- Monitoreo de arresto domiciliario.- Permite  controlar y vigilar la permanencia del usuario en el domicilio  fijado para el efecto, limitando la movilidad del mismo  a los espacios físicos o límites territoriales establecidos  en las áreas de exclusión e inclusión determinadas en la  disposición judicial que ordena el uso del dispositivo de  vigilancia electrónica.

Artículo 26.- Cambio de domicilio del usuario.- La o el  juzgador que haya resuelto el cambio de domicilio de un  usuario del dispositivo de vigilancia electrónica, deberá  comunicar al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, para los reajustes tecnológicos necesarios, quien  emitirá un nuevo informe técnico de viabilidad.

SECCIÓN III

FASE DE INTERVENCIÓN

Artículo 27.- De la intervención.- La gestión de las  acciones y recursos para la prestación del servicio de  vigilancia electrónica utilizados para ejecutar la fase de  intervención, estará a cargo del equipo técnico.

Artículo 28.- Advertencias del dispositivo de vigilancia  electrónica.- Para efectos del cumplimiento de la  disposición judicial, el dispositivo de vigilancia electrónica  generará las siguientes advertencias:

Aviso Técnico;

Alerta preventiva;

Alarma.

Toda advertencia será gestionada por el equipo técnico de  acuerdo a los protocolos correspondientes.

Artículo 29.- Ejecución.- La ejecución de la fase de  intervención estará sujeto según corresponda a los  siguientes parámetros:

En el caso de avisos técnicos, el Ministerio de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos a través del personal  correspondiente tomará contacto con el usuario del  dispositivo de vigilancia electrónica para que se acerque  al punto de instalación y activación, o permita el ingreso  al domicilio por parte de un funcionario autorizado  por dicha entidad, para subsanar los inconvenientes  técnicos del dispositivo.

En el caso de alerta preventiva, el equipo técnico se  comunicará con el usuario del dispositivo de vigilancia  electrónica, a fin de que este adopte las acciones  necesarias para precautelar el cumplimiento de la  medida judicial.

En el caso de alarmas por vulneración de la medida  judicial, el equipo técnico gestionará a través de la  integración de la plataforma tecnológica geo referencial  del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  y la plataforma tecnológica del SIS ECU 911, la  intervención y ejecución de acciones inmediatas con el  fin de asegurar la custodia del usuario del dispositivo  de vigilancia electrónica y su comparecencia inmediata  ante la autoridad competente, sin perjuicio de las  acciones legales a que hubiere lugar por la comisión de  otros delitos.

Los procedimientos, responsabilidades institucionales y  las acciones adoptadas en cada uno de los casos señalados  en este artículo se remitirán a los protocolos y normas  correspondientes.

SECCIÓN IV

FASE DE DESACTIVACIÓN

Y DESINSTALACIÓN

Artículo 30.- Desactivación y desinstalación.- Una vez  que la o el juzgador ponga en conocimiento al Ministerio  de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la orden judicial  que cesa la medida para el uso del dispositivo de vigilancia  electrónica, el equipo técnico procederá con la desactivación  y posterior desinstalación del dispositivo, en un plazo que  no excederá las 48 horas.

En los casos generales, el usuario o los usuarios deberán  acercarse a los puntos de desactivación, desinstalación y  entrega en el plazo improrrogable de 48 horas.

En el caso específico del arresto domiciliario, el usuario  deberá permitir el acceso a su domicilio al personal del  equipo técnico, con el objeto de realizar la desinstalación  del dispositivo de vigilancia electrónica.

En el caso de que el usuario del dispositivo de vigilancia  electrónica haya sido detenido por el cometimiento de un  nuevo delito, el equipo técnico procederá a la desactivación  y/o desinstalación en base a la orden judicial que lo  determine.

Artículo 31.- Desactivación y desinstalación en caso  de incumplimiento.- El Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, previa disposición judicial será responsable de la desactivación y/o desinstalación de los  dispositivos de vigilancia electrónica respecto de los cuales  se haya determinado el incumplimiento de la medida  judicial que ordenó su uso.

En casos de incumplimiento de la medida judicial por  causas imputables al usuario, la entidad rectora pondrá a  consideración de la o el juzgador la solicitud debidamente  motivada de revocatoria de la medida de uso de dispositivo  de vigilancia electrónica por las causas indicadas.

Artículo 32.- Excepciones.- El dispositivo podrá ser  desinstalado provisionalmente por razones de fuerza mayor  o caso fortuito que no presupongan la vulneración de la  medida judicial, siempre que sea debidamente justificada  una emergencia. El equipo técnico será responsable de  evaluar y gestionar la situación, así como de la desinstalación  provisional del dispositivo, comunicando inmediatamente  a la autoridad competente. Superada la emergencia, el  juzgador ordenará la medida judicial pertinente.