Registro Oficial No.31- Viernes 07 de Julio de 2017 Suplemento

Viernes, 07 de julio de 2017

Última modificación: Viernes, 18 de agosto de 2017 | 12:37

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 7 de Julio de 2017 (R. O. SP 31, 7-julio-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Asamblea Nacional:

 

Legislativo:

 

Resolución           

 

-?Apruébese la Enmienda de la Convención sobre la ProtecciónFísica de los Materiales Nucleares y las instalaciones nucleares?

 

Servicio de Rentas Internas:

 

Ejecutivo:

 

Resoluciones       

 

NAC-DGERCGC17-00000345

 

Expídense las normas para establecer los factores de ajuste en procesos de determinación de impuesto a la renta mediante comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago y su forma de aplicación

               

Autoridad Portuaria Guayaquil:

               

APG-G-2016-072-R

Refórmese la Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de 6 de septiembre de 2016

               

Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda:

               

EPNHV-GG-81-2017

Deléguense atribuciones al Gerente General

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena               

 

085-2017

Nómbrense jueces a nivel nacional

               

086-2017

Nómbrese Subdirector Nacional de Gestión Procesal Penal y Subdirector Nacional de Gestión Procesal General

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza           

 

-Cantón Putumayo: Que regula la tarifa del servicio de agua potable

 

 

CONTENIDO


 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO DE

LA ASAMBLEA NACIONAL

 

CONSIDERANDO:

 

Que, según lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 120 de la Constitución de la República, y el numeral 8 del Art. 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es función de la Asamblea Nacional, aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda;

 

Que, de acuerdo al numeral 3 del Art. 419 de la Constitución de la República, y al numeral 3 del Art. 108 de de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la ratificación de los tratados internacionales requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley;

 

Que, mediante oficio No. T.7309-SGJ-16-524, de 7 de septiembre de 2016, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite respectivo, la ?Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, Enmienda? adoptada en Viena, el 8 de julio de 2005;

 

Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen No. 006-16-DTI-CC, de 27 de julio de 2016, que las disposiciones contenidas en la ?Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, Enmienda? adoptada en Viena, el 8 de julio de 2005, guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente a la ?Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares? y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales: 

 

 

RESUELVE:

 

?APROBAR LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y LAS INSTALACIONES NUCLEARES?

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil diecisiete.

 

f.) DR. JOSÉ SERRANO SALGADO, Presidente.

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

 

No. NAC-DGERCGC17-00000345

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de  los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

 

Que conforme el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea esta Institución como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;

 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;

 

Que el artículo 68 del ibídem indica que el ejercicio de la facultad determinadora comprende la verificación,  complementación o enmienda de las declaraciones de los sujetos pasivos; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles; y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación;

 

Que el artículo 90 del mismo cuerpo legal establece que el sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, directa o presuntivamente. La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal;

 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Administración Tributaria efectuará la determinación directa o presuntiva, conforme lo dispuesto en el Código Tributario, en los casos en que fuere procedente;

 

Que el último inciso del artículo 24 de la Ley antes indicada establece que cuando el sujeto pasivo tuviere más de una actividad económica, la Administración Tributaria podrá aplicar al mismo tiempo las formas de determinación directa y presuntiva debiendo, una vez determinadas todas las fuentes, consolidar las bases imponibles y aplicar el impuesto correspondiente a la renta global;

 

Que los artículos 107A, 107B y 107C ibídem, establecen el proceso para la emisión de Comunicaciones de Diferencias a los contribuyentes cuando al confrontar sus declaraciones con otra información se encuentren diferencias a favor del fisco, indicando que para tales casos el contribuyente dispone de hasta 20 días hábiles para presentar la respectiva declaración sustitutiva y cancelar las diferencias, caso contrario el Servicio de Rentas Internas procederá con la emisión de la correspondiente ? Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración? o ?Resolución de Aplicación de Diferencias? y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos;

 

Que los artículos 273 y 274 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno señalan el procedimiento para notificar a los sujetos pasivos las diferencias que se hayan detectado en las declaraciones tanto las que impliquen valores a favor del fisco por concepto de impuestos, intereses y multas, como aquellas que disminuyan el crédito tributario o las pérdidas declaradas, para que en un plazo no mayor a veinte días contados desde el día siguiente de la notificación, presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias o disminuyan las pérdidas o crédito tributario determinado o en su caso, justifiquen las diferencias notificadas con los documentos probatorios pertinentes;

 

Que el artículo 275 ibídem reformado por el numeral 29 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 973, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 736 del 19 de abril de 2016, establece que en los procesos de diferencias en los cuales los valores establecidos, comunicados y no justificados por el sujeto pasivo generen una utilidad gravable que no concuerda con la realidad económica del contribuyente, en detrimento de su capacidad contributiva, la Administración Tributaria podrá utilizar factores de ajuste para establecer la base imponible, de conformidad con lo que se establezca en la resolución de carácter general que el Servicio de Rentas Internas emitirá para el efecto;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para el desarrollo y la gestión de los procesos de comunicación de diferencias de conformidad con los dispuesto en la normativa citada anteriormente que le permita a la Administración cumplir a cabalidad sus facultades; y,

 

En ejercicio de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

Expedir las normas para establecer los factores de

ajuste en procesos de determinación de impuesto a

a renta mediante comunicaciones de diferencias y

liquidaciones de pago y su forma de aplicación

 

Artículo 1. Ámbito.- Los factores de ajuste a los que se refiere la presente Resolución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 275 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán ser aplicables a aquellos casos en que la respectiva utilidad gravable en determinación, sea superior al coeficiente de estimación presuntiva de carácter general por ramas de actividad económica para la determinación presuntiva de impuesto a la renta, fijados por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución, correspondiente a la actividad económica del sujeto pasivo, del ejercicio fiscal en determinación.

 

Artículo 2. Excepciones.- No serán aplicables factores de ajuste sobre ingresos provenientes o generados por:

 

Capital o patrimonio;

 

Trabajo en relación de dependencia;

 

Ganancias provenientes de la enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos de exploración, explotación o similares;

 

Actividades profesionales;

 

Actividades sujetas a determinación del sujeto pasivo de tipo monotributo o régimen presuntivo;

 

Exploración, explotación, transporte y comercialización de recursos naturales no renovables;

 

Quienes hubiesen efectuado transacciones con sujetos  pasivos notificados mediante resolución como empresas  inexistentes o fantasmas, así como con personas  naturales o sociedades con actividades supuestas y/o  transacciones inexistentes.

 

Actividades acogidas al régimen impositivo  simplificado; y,Loterías, rifas y similares.

 

Artículo 3. Factores de ajuste.- Como factores de ajuste  se aplicarán los coeficientes de carácter general para la  estimación presuntiva de impuesto a la renta por ramas de  actividad económica, fijados por el Director General del  Servicio de Rentas Internas mediante resolución, para el  respectivo ejercicio fiscal determinado.

 

Artículo 4. Aplicación de los factores de ajuste.- El factor  de ajuste se aplicará multiplicándolo por el rubro de activos,  ingresos, costos y gastos determinados por el Servicio de  Rentas Internas, según corresponda, y se escogerá el mayor  de los resultados para establecer la base imponible.

 

En caso que el contribuyente obtenga ingresos en más de  una actividad económica, los factores de ajuste se aplicarán  para cada actividad según el sector que corresponda; el  resultado así obtenido se sumará a la utilidad gravable o  pérdida tributaria de las otras actividades desarrolladas por  el sujeto pasivo, sujetas o no al factor de ajuste. Sobre la  base imponible total se calculará el impuesto a la renta.

 

El impuesto determinado, no podrá ser inferior a las  retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le han  efectuado al sujeto pasivo, en el respectivo ejercicio fiscal.

 

Los factores de ajuste señalados en la presente Resolución  serán aplicados en procesos de control de diferencias, para  lo cual el Servicio de Rentas Internas notificará mediante  la respectiva ?Comunicación de Diferencias? los valores  de aquellas detectadas en la base o bases imponibles.

 

El  contribuyente dentro del plazo de veinte (20) días hábiles  siguientes a partir de la notificación, podrá presentar  la respectiva declaración sustitutiva y cancelar dichas  diferencias o justificar las mismas de conformidad con el  artículo 273 del Reglamento para la aplicación a la Ley de  Régimen Tributario Interno vigente. Si el contribuyente no realizare la respectiva declaración  sustitutiva considerando el valor comunicado, o no presenta  los respectivos descargos, el Servicio de Rentas Internas, en  atención a lo dispuesto en el artículo 275 del Reglamento  para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario  Interno, procederá con la emisión de la correspondiente  ?Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración? y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso  por la vía coactiva, sin perjuicio de las acciones penales a  que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o  retenidos.

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Los factores de  ajuste señalados en la presente Resolución podrán ser  aplicables en procesos de comunicación de diferencias y  liquidaciones de pago efectuados inclusive respecto del  impuesto a la renta correspondiente a ejercicios fiscales  anteriores al 2016, considerando los plazos de caducidad de  la facultad determinadora de la Administración Tributaria.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará  en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Quito, D. M., a 29 de junio de 2017.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista  Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio  de Rentas Internas, en Quito D.M., a. 29 de junio de 2017.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de  Rentas Internas.

 

Nro. APG-G-2016-072-R

 

Guayaquil, 29 de septiembre de 2016

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del  Ecuador, prescribe: ?El derecho a la seguridad jurídica se  fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia  de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por  las autoridades competentes?;

 

Que, Autoridad Portuaria de Guayaquil es una institución  que forma parte del sector público, conforme lo dispuesto  en el artículo 225 de la Constitución de la República del  Ecuador, por tanto se rige en cuanto a su organización y  administración, por las disposiciones contenidas en la Ley  General de Puertos, la Ley de Régimen Administrativo  Portuario Nacional y demás disposiciones que le son  aplicables conforme la Constitución y la ley;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador, establece que: ?Las instituciones del Estado,  sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal ejercerán solamente las competencias y facultades  que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán  el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución?;

 

Que, el artículo 227 de la antedicha Carta Magna,  dispone: ?La administración pública constituye un  servicio a la colectividad que se rige por los principios de  eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración; descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que, el artículo 6, literal d) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, señala entre las atribuciones de las Autoridades Portuarias, en sus respectivas jurisdicciones la siguiente: ?Aplicar las leyes portuarias y reglamentos referentes al uso de los servicios y facilidades. Los manuales y reglamentos correspondientes, serán aprobados de conformidad con lo que dispone al respecto la Ley General de Puertos.?;

 

Que, la letra l) del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: ?l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho??;

 

Que, con fecha 31 de agosto de 2016, la máxima autoridad aprobó el ?Manual de Normas que Regulan el Uso del Estacionamiento de Vehículos Pesados denominado Centro de Atención Logístico al Transporte CALT de Autoridad Portuaria de Guayaquil?, expedida mediante Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de fecha 6 de septiembre de 2016, que en su parte ?Disposición Final?, se indicó: ?? Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica??;

 

Que, el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, Erjafe, en su artículo 98, ?Rectificaciones? se establece que: ??Los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento??; igualmente el artículo 170, ibídem, habla de la ?Revocación de actos y rectificación de errores?, en su numeral 2, expresa lo siguiente: ??La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos??;

 

Que, dentro de las funciones y atribuciones conferidas al Gerente de las Autoridades Portuarias dentro de los literales k) del artículo 13 de la ley ibídem, se establece la de: ?k) Elaborar los proyectos de Reglamentos, tarifas o modificaciones, programas de acción y de inversiones, asignación de fondos presupuestarios para tales programas, proformas de orgánicos de personal y cualquier otra mejora en la organización y administración, que estimare conveniente para la buena marcha de la institución?;

 

Que, los literales c) y g) del artículo 10 literal B ?Gestión Estratégica Institucional?, del Estatuto Orgánico por Procesos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, establecen como atribuciones y responsabilidades del Gerente de la Entidad las siguientes: ?c) Dirigir la planificación administrativa, técnica, económica y la gestión estratégica de la institución?; g) Legalizar los actos administrativos?;

 

Que el suscrito en uso de sus atribuciones, motivado por los considerandos que anteceden, en el ejercicio de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

PRIMERO.- Rectificar la ?Disposición Final?, contenida en la Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de fecha 6 de septiembre de 2016, a través de la cual mediante sesión de fecha 31 de agosto de 2016, se aprobó el ?Manual de Normas que Regulan el Uso del Estacionamiento de Vehículos Pesados denominado Centro de Atención Logístico al Transporte CALT de Autoridad Portuaria de Guayaquil?, que dice: ??Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica??, se modifica de la siguiente manera:

 

??Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, estará a cargo de la Dirección de Gestión de Control de Concesionarias??

 

De la elaboración de la presente Resolución de Rectificación que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica.

 

Dado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiún días del mes de septiembre del año 2016.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Ing. Jorge Xavier Vera Armijos, Gerente.

 

No. EPNHV-GG-81-2017

 

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL

DE HÁBITAT Y VIVENDA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República en su artículo 226 señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el mismo texto constitucional, señala en su artículo 227, que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que ?El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, para la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas... estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales....?.

 

Que en el Registro Oficial Suplemento No. 48 de 16 de octubre de 2009 se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyo artículo 1, estipula que la disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo ?regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República?;

 

Que el artículo 10 de la norma citada en el párrafo anterior determina que: ?La o el Gerente General de la empresa pública ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.? Y en el mismo sentido el artículo 11 establece que El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

 

(?)4. Administrar la empresa pública (...)8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley;

 

Que el artículo 9 y el literal a), numeral 1) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone como responsabilidad de la máxima autoridad de cada organismo del sector público, el establecimiento de políticas, métodos y procedimientos de control interno para salvaguardar sus recursos;

 

Que el literal e) del artículo 77 de la norma ibídem dispone que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y establece para éstas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la de: ?e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...);

 

Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el R.O. 100; Segundo Suplemento, de fecha 14 de octubre de 2013, son delegables  todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública;

 

Que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala ?Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado. Deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS (...)?;

 

Que el artículo 4 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588 de 12 de mayo del 2009, señala: ?Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación (...)?;

 

Que el reglamento a la Ley de Modernización en su artículo 34 determina que la desconcentración administrativa es el proceso mediante el cual las instancias superiores de un ente u organismo público transfieren el ejercicio de una o más de sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 55 señala que: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.?

 

Que la Norma No. 200-05, contenida en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo No. 039 CG 2009, publicadas en el Registro Oficial Suplemento No. 87 del 14 de diciembre del 2009 , establece que la delegación de autoridad, constituye la asignación de responsabilidad que permiten el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios;

 

Que la Norma de Control Interno No. 200-05 señala que la asignación de responsabilidad, delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas conlleva no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 622 de 17 de marzo  de 2015 publicado en el R.O. No. 474 de 7 de abril de 2015,  se crea la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda  EP, como una persona jurídica de derecho público, con  patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria,  financiera, económica, administrativa, operativa y de  gestión, acorde con los objetivos establecidos en el Sistema  Nacional Descentralizada de Planificación Participativa y  disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y  dicho decreto ejecutivo;

 

Que con fecha 01de abril de 2016 el Directorio de la  EMPRESA PÚBLICA NACIONAL DE HÁBITAT Y  VIVIENDA EP, nombra a la economista Monserrat  Benedito Benet como Gerente General de la misma. En el  mismo acto, la economista Monserrat Benedito Benet tomó  posesión de su cargo;

 

Que mediante Resolución de Directorio de XX enero de  2017, se expidió el Estatuto Orgánico por procesos de la  Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, en el cual  se establecen los procesos institucionales en función de  su grado de contribución o valor agregado que aporten al  cumplimiento de la misión institucional;

 

Que es necesario dar mayor agilidad y atender con eficacia,  eficiencia y oportunidad los diferentes trámites que realiza  la institución, especialmente referentes a la contratación de  bienes, servicios y obras; de gestión del recurso humano; y,  para el manejo financiero, a nivel nacional; y,

 

En ejercicio de las atribuciones Que le confiere la Ley  Orgánica de Empresas Públicas y el Estatuto del Régimen  Jurídico de la Función Ejecutiva;

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Delegar las siguientes atribuciones y  responsabilidades establecidas legalmente al Gerente  General de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y  Vivienda, en adelante ?la EPV?, como representante legal  y máxima autoridad de la institución, a favor del abogado  Gonzalo Mendoza Ojeda, con la finalidad de realizar  una gestión inmediata a las actividades y requerimientos  institucionales.

 

Asistir y decidir a nombre de la Gerencia General en  reuniones, juntas de fideicomiso y demás relacionadas  a las actividades comerciales de la Empresa Pública;

 

Suscribir memorandos, oficios, contratos de la EPV a  nombre de la Gerencia General

 

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos  judiciales y en los procedimientos alternativos solución  de conflictos, de conformidad con la ley y los montos  establecidos por el Directorio.

 

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que  permitan la venta de productos o servicios para atender  las necesidades de los usuarios en general y del mercado,  para lo cual podrá establecer condiciones comerciales  específicas y estrategias de negocio competitivas

 

Disposiciones Generales

 

Primera.- La autoridad delegante, cuando lo considere  procedente, podrá tomar las atribuciones delegadas en  virtud de la presente resolución, sin necesidad de que este  sea reformado o derogado.

 

Segunda.- Encárguese a las Gerencias institucionales de la  EPV de la ejecución de la presente resolución en el ámbito  de sus competencias y dispóngase a la Gerencia Jurídica la  notificación del contenido de la presente Resolución a todo  el personal de la EPV.

 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en  vigencia a partir de su suscripción.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  Metropolitano, a los 15 días del mes de mayo de 2017.

 

f.) Montserrat Benedito Benet, Gerente General, Empresa  Pública Nacional de Hábitat y Vivienda.

 

EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA.- Fiel copia del  original.- Fecha: 01/06/17.- Firma: Ilegible.

 

No. 085-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República  del Ecuador, prescribe: ?El Consejo de la Judicatura es el  órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina  de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República  del Ecuador, prevé: ?Para el ingreso a la Función  Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad,  probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y  participación ciudadana.?;

 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República  del Ecuador, dispone: ?Los requisitos y procedimientos  para designar servidoras y servidores judiciales  deberán contemplar un concurso de oposición y méritos,  impugnación y control social; se propenderá a la paridad  entre mujeres y hombres.?;

 

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República  del Ecuador, dictamina: ?El ingreso al servicio público,  el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se  realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la  forma que determine la ley??;

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico  de la Función Judicial, establece como principios rectores:  ?En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y  en la promoción, se observarán los principios de igualdad,  probidad, no discriminación, publicidad, oposición y  méritos.?;

 

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función  Judicial, determina: ?El perfil de las servidoras o servidores  de la Función Judicial deberá ser el de un profesional  del Derecho con una sólida formación académica; con  capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con  trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado  al servicio de la justicia, con vocación de servicio  público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y  compromiso con el cambio institucional de la justicia.?;

 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función  Judicial, manifiesta: ?Todo ingreso de personal a la  Función Judicial se realizará mediante concurso público  de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación,  control social y se propenderá a la paridad entre mujeres  y hombres; a través de los procedimientos establecidos en  este Código.?;

 

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función  Judicial, señala: ?Los que aprobaren el curso de formación  inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos  de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados,  constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo  la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a  quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden  de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban  reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o  contingencia. La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

 

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de  elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el  reglamento respectivo.?

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función  Judicial, menciona: ?Los resultados de los concursos  y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la  Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades  nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar,  para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido  el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de  promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación,  mínima y máxima, correspondiente

 

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma  categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que  hayan obtenido los puntajes que siguen al primero.?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de  la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la  Judicatura le corresponde: ?10. Expedir (?) resoluciones  de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley,  para la organización, funcionamiento, responsabilidades,  control y régimen disciplinario; particularmente para velar  por la transparencia y efi ciencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 16 de  octubre de 2013, mediante Resolución 157-2013, publicada  en el Suplemento del Registro Oficial No. 114 de 1 de  noviembre de 2013, resolvió: ?UNIFICAR LOS BANCOS  DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS  POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES  DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL  NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de  27 de diciembre de 2013, mediante Resolución 212-2013,  publicada en el Registro Oficial No. 177 de 5 de febrero  de 2014, resolvió: ?REALIZAR UN NUEVO CURSO DE  FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y  JUECES A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión  de 7 de abril de 2014, mediante Resolución 054-2014,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.  248 de 19 de mayo de 2014, resolvió: ?APROBAR EL  INFORME DE RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE  EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO  ESCRITO Y EXAMEN PRÁCTICO ORAL DEL CURSO  DE FORMACIÓN INICIAL DE ASPIRANTES A JUEZAS Y  JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES  A LOS POSTULANTES QUE APROBARON CURSO DE  FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y  JUECES A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17  de abril de 2015, mediante Resolución 072-2015, publicada  en el Suplemento del Registro Oficial No. 492 de 4 de mayo  de 2015, resolvió: ?UNIFICAR EN UN SOLO BANCO  DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE APROBARON  EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN  EN LA RESOLUCIÓN 070-2015 Y LAS PERSONAS  QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES  PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN 157-2013, PARA  LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS  MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE  2015?;

 

Que, mediante Memorandos CJ-DNTH-SA-2017-2450  de 22 de mayo de 2017, y CJ-DNTH-SA-2017-3028  de 6 de junio de 2017, suscritos por la ingeniera Nancy  Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano,  pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez  Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e),  el ?Informe No. 004-2017 postulante a Juezas y Jueces a  Nivel Nacional?; y, el ?? proyecto de resolución para la  validación respectiva?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los  Memorandos CJ-DG-2017-2386 de 29 de mayo de 2017  y CJ-DG-2017-2580 de 7 de junio de 2017, suscritos por  el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien  remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-651 y CJ  DNJ-SNA-2017-683, de 24 de mayo de 2017 y de 7 de junio de 2017, respectivamente, suscritos por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para: ?NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

NOMBRAR JUECES A NIVEL NACIONAL

 

Artículo 1.- Nombrar jueces a los postulantes elegibles a nivel nacional, conforme con el anexo que forma parte de esta resolución.

 

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y posesión de los jueces, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el siete de junio de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el siete de junio de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 


 

ANEXO

 

NOMBRAMIENTO DE JUECES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

 

No.

JUSTIFICACIÓN

CÉDULA

APELLIDOS Y

NOMBRES

SE SUGIERE NOMBRAMIENTO PARA:

JUDICATURA

PROVINCIA

CANTÓN

PUNTAJE

 

 

 

 

1

VACANTE, POR TRASLADO DE GINA BRAVO, EN

LA UNIDAD JUDICIAL

DE LO PENAL DE

GUAYAS SE SUGIERE EL NOMBRAMIENTO DEL BANCO DE ELEGIBLES 1027.

 

 

 

 

0300649621

 

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