Registro Oficial No.31- Viernes 07 de Julio de 2017 Segundo Suplemento

Viernes, 07 de julio de 2017

Última modificación: Viernes, 18 de agosto de 2017 | 12:56

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Viernes, 7 de Julio de 2017: (R. O. 2SP 31, 7-julio-2017)

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

ASAMBLEA NACIONAL

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

COA

 

CONTENIDO


 

ASAMBLEA NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Oficio No. SAN 2017-0403

 

Quito, 03 de julio del 2017

 

Ingeniero

 

Hugo del Pozo Barrezueta

Director Del Registro Oficial

En su despacho.-

 

De mis consideraciones:

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones  que le confiere la Constitución de la República del Ecuador  y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y  aprobó el PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO  ADMINISTRATIVO COA.

 

En sesión de 20 de junio de 2017, el Pleno de la Asamblea  Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial  presentada por el señor ex Presidente Constitucional de la  República.

 

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la  Constitución de la República del Ecuador y al Artículo 64  de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño  el texto del CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO  COA, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

 

Atentamente,

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

ASAMBLEA NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

CERTIFICACIÓN

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea  Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea  Nacional discutió el ?PROYECTO DE CÓDIGO  ORGÁNICO ADMINISTRATIVO COA?, en primer  debate el 25 y 30 de agosto de 2016; y, se discutió en  segundo debate el 5 y 19 de enero; se aprobó el 10 de mayo  de 2017; y, se pronunció cobre la objeción parcial del ex  Presidente Constitucional de la República el 20 de junio  de 2017.

 

 

Quito, 3 de julio de 2017

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

Considerando

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República  del Ecuador consagra al Estado como constitucional d derechos y justicia, por lo que es necesario realizar cambios  normativos que respondan a su espíritu;

 

Que, la administración pública constituye un servicio a  la colectividad y se rige por los principios proclamados  expresamente en el artículo 227 de la Constitución de la  República del Ecuador;

 

Que, el ejercicio de la función administrativa exige  coordinar acciones para el cumplimiento de los fines de  las instituciones del Estado sus organismos y dependencias  para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución de la República de acuerdo  con el artículo 226;  

 

Que, la profesionalización del servicio público, garantizada  en el artículo 234 de la Constitución, a través de la  formación y capacitación continua, requiere instrumentos  simplificados y de fácil aplicación;

 

Que, es necesario simplificar los trámites que deben  efectuar los ciudadanos ante las administraciones públicas  con el fin de desarrollar actividades productivas y tornar  eficientes los mismos; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral  6 del artículo 120 de la Constitución de la República y el  numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función  Legislativa, expide el siguiente:

 

Código Orgánico Administrativo

 

COA

 

LIBRO PRELIMINAR

NORMAS RECTORAS

 

TÍTULO I

PRELIMINAR

 

Artículo 1.- Objeto. Este Código regula el ejercicio de la  función administrativa de los organismos que conforman  el sector público.

 

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES

 

Artículo 2.- Aplicación de los principios generales. En  esta materia se aplicarán los principios previstos en la  Constitución, en los instrumentos internacionales y en este  Código.

 

Artículo 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones  administrativas se realizan en función del cumplimiento de  los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el  ámbito de sus competencias.

 

Artículo 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones  administrativas aplicarán las medidas que faciliten el  ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben  las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de  requisitos puramente formales.

Artículo 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos.

 

Artículo 6.- Principio de jerarquía. Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos.

 

Artículo 7.- Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

 

Artículo 8.- Principio de descentralización. Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones públicas.

 

Artículo 9.- Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

 

Artículo 10.- Principio de participación. Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

 

Artículo 11.- Principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.

 

Artículo 12.- Principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley.

 

Artículo 13.- Principio de evaluación. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido.

 

Artículo 14.- Principio de juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código.

 

La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho.

 

Artículo 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.

 

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad.

 

Artículo 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecuan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico.

 

Artículo 17.- Principio de buena fe. Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

 

PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN

CON LAS PERSONAS

 

Artículo 18.- Principio de interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades discrecionales, observará los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad.

 

Artículo 19.- Principio de imparcialidad e independencia. Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.

 

Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma.

 

Artículo 20.- Principio de control. Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin que esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control.

 

Los órganos y entidades públicas, con competencias de control, no podrán sustituir a aquellos sometidos a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo.

 

Las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los mecanismos previstos.

 

Artículo 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.

 

En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad,  buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia,  dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares  profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la  primacía del interés general, sobre el particular.

 

Artículo 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza  legítima. Las administraciones públicas actuará bajo los  criterios de certeza y previsibilidad.

 

La actuación administrativa será respetuosa con las  expectativas que razonablemente haya generado la propia  administración pública en el pasado. La aplicación  del principio de confianza legítima no impide que las  administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la  política o el criterio que emplearán en el futuro.

 

Los derechos de las personas no se afectarán por errores u  omisiones de los servidores públicos en los procedimientos  administrativos, salvo que el error u omisión haya sido  inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada.

 

Artículo 23.- Principio de racionalidad. La decisión de las  administraciones públicas debe estar motivada.

 

Artículo 24.- Principio de protección de la intimidad. Las administraciones públicas, cuando manejen datos  personales, deben observar y garantizar el derecho a la  intimidad personal, familiar y respetar la vida privada de  las personas.

 

CAPÍTULO TERCERO

 

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES ENTRE  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

Artículo 25.- Principio de lealtad institucional. Las  administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio  legítimo de las competencias y ponderarán los intereses  públicos implicados.

 

Las administraciones facilitarán a otras, la información que  precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de  sus propias competencias.

 

Artículo 26.- Principio de corresponsabilidad y  complementariedad. Todas las administraciones tienen  responsabilidad compartida y gestionarán de manera  complementaria, en el marco de sus propias competencias,  las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y  ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de  los objetivos del buen vivir.

 

Artículo 27.- Principio de subsidiariedad. Las  administraciones de nivel territorial superior intervendrán  cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan  ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los  principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía.

 

Cuando ejerzan competencias concurrentes sobre la misma  materia, actuará la administración pública más cercana al  domicilio de las personas.

 

En caso de falta temporal de la administración pública  competente, le corresponde la actuación a la de nivel  superior en territorio.

 

En caso de ser necesario se aplicará el artículo 3 del  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización.

 

Artículo 28.- Principio de colaboración. Las  administraciones trabajarán de manera coordinada,  complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán  mecanismos de coordinación para la gestión de sus  competencias y el uso eficiente de los recursos.

 

La asistencia requerida solo podrá negarse cuando la  administración pública de la que se solicita no esté  expresamente facultada para prestarla, no disponga  de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo,  causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene  encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones.

 

Las administraciones podrán colaborar para aquellas  ejecuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus  respectivos ámbitos territoriales de competencia.

 

En las relaciones entre las distintas administraciones  públicas, el contenido del deber de colaboración se  desarrolla a través de los instrumentos y procedimientos,  que de manera común y voluntaria, establezcan entre ellas.

 

CAPÍTULO CUARTO

 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

 

Artículo 29.- Principio de tipicidad. Son infracciones  administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley.

 

A cada infracción administrativa le corresponde una sanción  administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no  son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de  interpretación extensiva.

 

Artículo 30.- Principio de irretroactividad. Los hechos que  constituyan infracción administrativa serán sancionados de  conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes  en el momento de producirse.

 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto  retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

 

CAPÍTULO QUINTO

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS

 

Artículo 31.- Derecho fundamental a la buena  administración pública. Las personas son titulares del  derecho a la buena administración pública, que se concreta  en la aplicación de la Constitución, los instrumentos  internacionales, la ley y este Código.

 

Artículo 32.- Derecho de petición. Las personas tienen  derecho a formular peticiones, individual o colectivamente,  ante las administraciones públicas y a recibir respuestas  motivadas, de forma oportuna.

Artículo 33.- Debido procedimiento administrativo. Las  personas tienen derecho a un procedimiento administrativo  ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

 

Artículo 34.- Acceso a los servicios públicos. Las personas  tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer  en detalle los términos de su prestación y formular  reclamaciones sobre esta materia.

 

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad  ha sido reservada al sector público en la Constitución o en  una ley.

 

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya  titularidad no ha sido reservada al sector público. Las  administraciones públicas intervendrán en su regulación,  control y de modo excepcional, en su gestión.

 

Artículo 35.- Remoción de los obstáculos en el ejercicio  de los derechos. Los servidores públicos responsables de la  atención a las personas, del impulso de los procedimientos  o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas  oportunas para remover los obstáculos que impidan,  dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de  las personas.

 

Artículo 36.- Restricciones sobre requisitos formales.  Las administraciones públicas no podrán exigir, para  ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de  nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de  cambio de estado civil.

 

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se  presente la cédula de identidad ni documentos acreditados  dentro de la misma Administración.

 

Artículo 37.- Interés general y promoción de los derechos  constitucionales. Las administraciones públicas sirven con  objetividad al interés general. Actúan para promover y  garantizar el real y efectivo goce de los derechos.

 

Fomentan la participación de las personas para que  contribuyan activamente a definir el interés general.

 

CAPÍTULO SEXTO

 

DEBERES DE LAS PERSONAS

 

Artículo 38.- Deber general de solidaridad. Las personas  deben promover el bien común y anteponer el interés general  al interés particular. Deben participar en la realización de  los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito,  con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.

 

Artículo 39.- Respeto al ordenamiento jurídico y a la  autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad  de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la  Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general  y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

 

Artículo 40.- Abstención de conductas abusivas del  derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus  derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por  conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa  daño a terceros o al interés general.

 

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones  dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar  o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos;  o, formular afirmaciones temerarias u otras conductas  contrarias al principio de buena fe.

 

Artículo 41.- Deber de colaboración con las  administraciones públicas. Las personas deben colaborar  con la actividad de las administraciones públicas y el buen  desarrollo de los procedimientos.

 

Facilitarán a las administraciones públicas informes,  inspecciones y otros actos de investigación en los casos  previstos por el ordenamiento jurídico.

 

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes,  información dirigida a identificar a otras personas no  comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

Comparecerán ante los titulares de los órganos  administrativos responsables de la tramitación de las  actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando  sean requeridos.

 

Denunciarán los actos de corrupción.

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO

 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

 

Artículo 42.- Ámbito material. El presente Código se  aplicará en:

 

La relación jurídico administrativa entre las personas y  las administraciones públicas.

 

La actividad jurídica de las administraciones públicas.

 

Las bases comunes a todo procedimiento administrativo.

 

El procedimiento administrativo.

 

La impugnación de los actos administrativos en vía  administrativa.

 

La responsabilidad extracontractual del Estado.

 

Los procedimientos administrativos especiales para el  ejercicio de la potestad sancionadora.

 

La impugnación de los procedimientos disciplinarios  salvo aquellos que estén regulados bajo su propia  normativa y apliquen subsidiariamente este Código.

 

La ejecución coactiva.

 

Para la impugnación de actos administrativos, en vía  administrativa y, para el procedimiento coactivo, se  aplicarán únicamente las normas previstas en este Código.

Artículo 43.- Ámbito subjetivo. El presente Código es de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público, de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas, se aplicarán las disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales que las rigen.

 

Cuando en este Código se hace referencia a los términos administración o administraciones públicas se identifica a los órganos y entidades públicos comprendidos en su ámbito de aplicación.

 

Cuando en este Código se utiliza el término persona, además de referirse a las personas naturales, nacionales o extranjeras, se emplea para identificar a las personas jurídicas, públicas o privadas y a aquellos entes que, aunque carentes de personalidad jurídica, el ordenamiento jurídico les otorga derechos y obligaciones con respecto a la administración, tales como, comunidades de personas o bienes, herencias yacentes, unidades económicas o patrimonios independientes o, en general, universalidades de hecho o de derecho, entre otros.

 

LIBRO PRIMERO

 

LAS PERSONAS Y LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 

TÍTULO I

 

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

 

CAPÍTULO PRIMERO

 

ASPECTOS GENERALES

 

Artículo 44.- Administración Pública. La administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República.

 

Artículo 45.- Administración Pública Central. El Presidente de la República es responsable de la administración pública central que comprende:

 

La Presidencia y Vicepresidencia de la República

 

Los ministerios de Estado

 

Las entidades adscritas o dependientes

 

Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central.

 

En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia.

 

Artículo 46.- Personalidad jurídica. El Estado ecuatoriano tiene personalidad jurídica única en sus relaciones   de derecho internacional, con independencia de su organización interna. Su representación y delegación se rigen por las disposiciones de la Constitución y las leyes específicas en la materia.

 

La administración pública central, las personas jurídicas de derecho público creados por la Constitución y la ley y las empresas públicas, tienen personalidad jurídica en sus actos, contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno.

 

Para todos los propósitos previstos en este Código, las divisiones funcionales de la administración pública central se consideran administraciones carentes de personalidad jurídica, representadas por la máxima autoridad administrativa en su organización.

 

Artículo 47.- Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

 

Artículo 48.- Representación jurisdiccional de las administraciones públicas. Las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Las demandas se dirigirán, en todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o la relación jurídica objeto de la controversia.

 

La representación de las administraciones públicas es delegable de conformidad con la ley.

 

Artículo 49.- Órgano administrativo. El órgano administrativo es la unidad básica de organización de las administraciones públicas.

 

Sus competencias nacen de la ley y las ejercen los servidores públicos, de conformidad con las normas e instrumentos que regulan su organización y funcionamiento.

 

Artículo 50.- Entidad administrativa. Es el conjunto de órganos administrativos con una única misión institucional.

 

Artículo 51.- Requisitos mínimos para la creación de órganos y entidades administrativos. Para la creación de un órgano o una entidad administrativa se cumplirán los siguientes requisitos:

 

Determinación de su forma de integración y su dependencia o adscripción.

 

Delimitación de sus competencias.

 

Especificación de los recursos necesarios para su funcionamiento.

 

Presentación de informes de los órganos competentes en materia de planificación y finanzas, cuando se requiera. 

 

Artículo 52.- Duplicación de competencias. Se prohíbe  crear nuevos órganos o entidades administrativas que  supongan duplicación de otros ya existentes, salvo que en el  mismo acto se suprima o restrinja la competencia de estos.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN

 

Artículo 53.- Régimen jurídico. Los órganos colegiados  se sujetan a lo dispuesto en su regulación específica y este  Código.

 

Artículo 54.- Integración. Los órganos colegiados se  integran en número impar y con un mínimo de tres personas  naturales o jurídicas. Pueden ser permanentes o temporales.  Ejercen únicamente las competencias que se les atribuya en  el acto de creación.

 

Artículo 55.- Competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados  se tomará en cuenta al menos:

 

 

Las políticas públicas a cargo de las administraciones  públicas.

 

Reglamentación interna.

 

Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos.

 

Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos  administrativos bajo su dirección.

 

Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la  representación de la administración de los órganos bajo  su dirección.

 

Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre  la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos  provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las  actividades de ejecución y asesoría en la administración.

 

En ningún caso serán competentes para conocer y resolver  recursos de impugnación, en vía administrativa.

 

Artículo 56.- Organización. En todo órgano colegiado se  designará un presidente, un vicepresidente y un secretario.  Sus respectivas funciones estarán determinadas en el acto  de creación.

 

Artículo 57.- Miembros. Los miembros de los órganos  colegiados tienen los derechos y deberes previstos en este  Código y les corresponde al menos:

 

Ser convocados con la oportunidad debida.

 

Participar en el debate durante las sesiones.

 

Ejercer su derecho al voto, con la respectiva  responsabilidad prevista en el ordenamiento jurídico.

 

Artículo 58.- Quorum de instalación y decisorio. Para la  instalación de un órgano colegiado se requiere la presencia,  al menos, de la mitad de sus miembros.

 

Las decisiones se adoptarán por la mayoría simple de votos  afirmativos de los miembros asistentes a la sesión.

 

Artículo 59.- Convocatoria. Para la instalación del órgano  colegiado se requiere de convocatoria cursada a cada  miembro, a la dirección por el proporcionada, por cualquier  medio del que quede constancia en el expediente, con al  menos un día de anticipación.

 

En la convocatoria constará el orden del día y se acompañará  los documentos que deban ser tratados en la correspondiente  sesión, por cualquier medio.

 

Artículo 60.- Excepción a los requisitos de instalación. Es  válida la instalación en sesión extraordinaria de un órgano  colegiado y las decisiones que se adopten sobre cualquier  asunto bajo su competencia, siempre que participen en la  sesión, la mayoría de los miembros del órgano colegiado:

 

Previa declaración de urgencia por parte del convocante,  motivada debidamente en una situación de excepcional  gravedad.

 

Cuando la convocatoria haya sido requerida por la  mayoría de los miembros del órgano colegiado y  su presidente o quien lo sustituya, se haya negado a  efectuarla dentro de un período de tres meses, desde el  requerimiento.

 

Cuando sea necesario nombrar al presidente o quien lo  sustituya, en caso de ausencia definitiva.

 

Es válida la instalación en sesión extraordinaria de un  órgano colegiado y las decisiones que se adopten sobre  cualquier asunto bajo su competencia, cuando participen  en ella todos sus miembros y adopten sus decisiones por  unanimidad.

 

Artículo 61.- Constancia. Para el registro y reproducción  fidedignos de lo actuado en las sesiones del órgano colegiado,  se empleará los medios técnicos idóneos, de preferencia  grabaciones digitales y comunicaciones electrónicas, con el  fin de que estén al alcance de sus miembros.

 

Al finalizar las sesiones se sentará una razón en la que conste  el número de sesión, fecha, lugar, miembros asistentes, la  duración de la misma y la decisión adoptada, todo lo cual,  se ingresará junto con el registro.

 

 

Artículo 62.- Actas. El acta que será aprobada en la misma  o en la siguiente sesión, al menos, contendrá:

 

Nómina de los miembros asistentes.

 

El orden del día.

 

Lugar y fecha.

 

Aspectos principales de los debates y deliberaciones.

 

Decisiones adoptadas, con la respectiva responsabilidad  prevista en el ordenamiento jurídico.

 

 

Artículo 63.- Votos y su motivación. En el acta debe  figurar, a solicitud de los respectivos miembros del órgano,  el sentido favorable o contrario a la decisión adoptada o a  su abstención y los motivos que la justifiquen.

 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se  abstengan, quedan exentos de la responsabilidad, que en su  caso, pueda derivarse de las decisiones adoptadas.

 

Cualquier miembro del órgano colegiado tiene derecho  a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o  propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que  señale el presidente, el texto que corresponda fielmente  con su intervención. Este texto debe constar en el acta o  agregarse copia a la misma.

 

Los miembros que discrepen de la decisión mayoritaria,  pueden formular su voto particular por escrito en el término  de tres días desde la fecha de finalización de la sesión. El  voto particular se incorporará al texto aprobado.

 

 

Artículo 64.- Sesiones por medios electrónicos. Las  sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.

 

CAPÍTULO TERCERO

 

EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS

 

Sección Primera

 

Aspectos generales

 

Artículo 65.- Competencia. La competencia es la medida  en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano  para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el  territorio, el tiempo y el grado.

 

Artículo 66.- Distribución de competencias asignadas a las  administraciones públicas. Si alguna disposición atribuye  competencia a una administración pública, sin especificar el  órgano que la ejercerá, corresponde a la máxima autoridad  de esa administración pública determinarlo. Para la distribución de las competencias asignadas a la  administración pública se preferirán los instrumentos  generales que regulen la organización, funcionamiento y  procesos.

 

Artículo 67.- Alcance de las competencias atribuidas. El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o  entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente  definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para  el cumplimiento de sus funciones.

 

Si en aplicación de esta regla existe conflicto de  competencias, se resolverá de conformidad con lo dispuesto  en este Código.

 

 

Sección Segunda

 

Formas de transferencia de la competencia

 

Artículo 68.- Transferencia de la competencia. La  competencia es irrenunciable y se ejerce por los órgano  o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo  los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación,  descentralización y desconcentración cuando se efectúen en  los términos previstos en la ley. Parágrafo Primero Delegación

 

Artículo 69.- Delegación de competencias. Los órganos  administrativos pueden delegar el ejercicio de sus  competencias, incluida la de gestión, en:

 

Otros órganos o entidades de la misma administración  pública, jerárquicamente dependientes.

 

Otros órganos o entidades de otras administraciones.

 

Esta delegación exige coordinación previa de los  órganos o entidades afectados, su instrumentación y el  cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento  jurídico en caso de que existan.

 

Los titulares de otros órganos dependientes para la  firma de sus actos administrativos.

 

Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la  materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad  de la competencia.

 

Artículo 70.- Contenido de la delegación. La delegación  contendrá:

 

La especificación del delegado.

 

La especificación del órgano delegante y la atribución  para delegar dicha competencia.

 

Las competencias que son objeto de delegación o los  actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento  de las mismas.

 

El plazo o condición, cuando sean necesarios.

 

El acto del que conste la delegación expresará además  lugar, fecha y número.

 

Las decisiones que pueden adoptarse por delegación

 

La delegación de competencias y su revocación se  publicarán por el órgano delegante, a través de los medios  de difusión institucional.

 

Artículo 71.- Efectos de la delegación. Son efectos de la  delegación:

 

Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por  el delegante.

 

La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el  delegado o el delegante, según corresponda.

Artículo 72.- Prohibición de delegación. No pueden ser  objeto de delegación:

 

Las competencias reservadas por el ordenamiento  jurídico a una entidad u órgano administrativo  específico.

 

Las competencias que, a su vez se ejerzan por  delegación, salvo autorización expresa del órgano  titular de la competencia.

 

La adopción de disposiciones de carácter general.

 

La resolución de reclamos en los órganos administrativos  que hayan dictado los actos objeto de dicho reclamo.

 

En ningún caso, el objeto de la delegación de gestión puede  referirse a prestaciones en los contratos públicos, cuando se  la instrumenta con respecto a una contraprestación dineral.

 

Artículo 73.- Extinción de la delegación. La delegación se  extingue por:

 

Revocación.

 

El cumplimiento del plazo o de la condición.

 

El cambio de titular del órgano delegante o delegado no  extingue la delegación de la competencia, pero obliga,  al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo  titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su  cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa,  las competencias que ha ejercido por delegación y las  actuaciones realizadas en virtud de la misma.

 

En los casos de ausencia temporal del titular del órgano  competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma la  titularidad por suplencia, comprende las competencias que  le hayan sido delegadas.

 

Parágrafo Segundo

 

Delegación de gestión excepcional

a sujetos de derecho privado

 

Artículo 74.- Excepcionalidad. Cuando sea necesario,  en forma excepcional y motivada, para satisfacer el  interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la  capacidad técnica o económica o cuando la demanda del  servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o  mixtas con mayoría pública, el Estado o sus instituciones  podrán delegar a sujetos de derecho privado, la gestión  de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios  públicos, sin perjuicio de las normas previstas en la ley  respectiva del sector.

 

La delegación de actividades económicas que no  correspondan a servicios públicos o sectores estratégicos,  esto es, aquellas que no se encuentren reservadas  constitucional o legalmente al Estado, no está sujeta al  criterio de excepcionalidad previsto en el inciso precedente,  sino a los criterios de eficiencia y eficacia administrativas.

La gestión delegada por autorización administrativa es  siempre precaria y en ningún caso generará derechos  exclusivos para el gestor. A falta de ley especial se aplicarán las normas previstas en  este parágrafo.

 

Artículo 75.- Proyecto de interés público. La gestión  delegada estará vinculada con la ejecución de un proyecto  de interés público específico, evaluado técnica, económica  y legalmente por la administración competente.

 

El proyecto definirá los riesgos que se transfieren al  gestor de derecho privado y a aquellos retenidos por la  administración competente, de modo que el proyecto pueda  ser viable.

 

El proyecto puede ser propuesto por el interesado, no  obstante la administración competente no estará obligada  a acoger la iniciativa.

 

 

Artículo 76.- Delegación de gestión por contrato. La  gestión delegada mediante contrato se sujetará a las  siguientes reglas:

 

La selección del gestor de derecho privado se efectuará  mediante concurso público.

 

Para la selección del gestor de derecho privado, la  administración competente formulará el pliego de bases  administrativas, técnicas y económicas y los términos  contractuales que regirán el procedimiento y la relación  entre la administración y el gestor.

 

Los contratos para la gestión delegada a sujetos de  derecho privado se formularán según las mejores  prácticas internacionales y salvaguardando el interés  general. La administración puede elaborar modelos  de contratos que pueden ser empleados como base en  actuaciones de similar naturaleza.

 

El ejercicio de las potestades exorbitantes de la  administración se sujetará al régimen general en materia  de contratos administrativos.

 

Se determinarán expresamente los términos de  coparticipación de la administración y el sujeto de  derecho privado.

 

Artículo 77.- Gestión a sectores estratégicos o servicios  públicos. Cuando la gestión se refiera a sectores estratégicos  o servicios públicos, la participación pública se ajustará al  régimen constitucional, en la materia.

 

Cuando la ley especial no haya determinado la  excepcionalidad de modo general, le corresponde al  Presidente de la República, dicha calificación.

 

Cuando las normas jurídicas locales no hayan determinado la  excepcionalidad de modo general, en los servicios públicos  a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  le corresponde esta calificación a su máxima autoridad  administrativa.

Parágrafo Tercero

 

Avocación

 

Artículo 78.- Alcance. Los órganos superiores pueden  avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución  corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos  administrativos dependientes, cuando circunstancias de  índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo  hagan conveniente o necesario.

 

La avocación se notificará a los interesados en el  procedimiento, con anterioridad a la expedición del acto  administrativo.

 

Artículo 79.- Avocación por el delegante. En órganos no  jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto  puede ser avocado únicamente por el órgano delegante.

 

Artículo 80.- Impugnación del acto de avocación. Contra  la decisión de avocación no cabe recurso.

 

Puede impugnarse la avocación con ocasión del recurso que  se interponga contra el acto administrativo.

 

Parágrafo Cuarto

 

Suplencia

 

Artículo 81.- Suplencia. Las competencias de los órganos  administrativos pueden ser suplidas en caso de ausencia  temporal. La suplencia se regula a través de los instrumentos  de organización, funcionamiento y procesos de la respectiva  administración pública.

 

 

Parágrafo Quinto

 

Subrogación

 

Artículo 82.- Subrogación. Las competencias de un órgano  administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior  en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación  únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley. Parágrafo Sexto Descentralización

 

Artículo 83.- Descentralización. La descentralización de la  gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria,  progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos  talentos humanos y recursos financieros, materiales y  tecnológicos, desde la administración pública central hacia  los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través del  procedimiento previsto en la ley. Parágrafo Séptimo Desconcentración

 

Artículo 84.- Desconcentración. La desconcentración  es el traslado de funciones desde el nivel central de una  administración pública hacia otros niveles jerárquicamente  dependientes de la misma, manteniendo la primera, la  responsabilidad por su ejercicio. Sección Tercera Conflicto de competencia

 

Artículo 85.- Procedimiento para la resolución de  conflictos de competencia. Los conflictos de competencia  entre órganos administrativos de la misma administración  pública serán resueltos por su máxima autoridad.

 

Si un órgano administrativo considera que no es competente  para la resolución de un asunto, remitirá directamente las  actuaciones al órgano que considere competente, en el  término de tres días desde la fecha en que tuvo conocimiento  de

 

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