Registro Oficial No.27- Lunes 03 de Julio de 2017 Suplemento

Lunes, 03 de julio de 2017

Última modificación: Miércoles, 16 de agosto de 2017 | 12:51

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Lunes, 3 de Julio de 2017 (R. O. SP 27, 3-julio-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República:

 

Ejecutivo:

 

Decretos               

 

49

Declárese como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, y el diálogo amplio permanente con todos los sectores de la sociedad

               

50

Créese el Consejo Consultivo Productivo y Tributario

               

51

Concédese indulto presidencial a favor de los señores: Jose Rodrigo Tubón Guano y otros

               

52

Desígnese al doctor Camilo Aurelio Salinas Ochoa, Gobernador de la provincia de Los Ríos

               

53

Desígnese al economista David Israel Sabando Elizalde, Gobernador de la provincia de Santa Elena

               

54

Desígnese al licenciado Luis Manuel Quishpi Vélez, Gobernador de la provincia de Cañar

               

Ministerio de Educación:

 

Acuerdo

MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A

Expídese la Planificación de Servicios Públicos

               

Servicio de Rentas Internas:

 

Resolución           

NAC-DGERCGC17-00000335

Apruébese el ?Anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes?

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados:  Orenanza Municipal:

 

Ordenanza           

 

-Cantón Guayaquil: Que expide la décima tercera reforma a la Ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios

 

                              

 

CONTENIDO


 

No. 49

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República  establece que el Ecuador es un Estado constitucional  de derechos y justicia, social, democrático, soberano,  independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  y que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es  el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los  órganos del poder público y de las formas de participación  directa previstas en la Constitución;

 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana garantiza como derecho de participación de  la ciudadanía en todos los asuntos de interés público que  se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia  representativa, directa y comunitaria;

 

Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana establece que, corresponde a las distintas  funciones del Estado establecer mecanismos para  garantizar la transparencia de sus acciones, así como los  planes y programas que faciliten la participación activa de  la ciudadanía en su gestión;

 

Que, el Gobierno Nacional ha expresado su voluntad de  trabajar con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana  para fortalecer la unidad y la democracia en función de los  grandes objetivos nacionales;

 

Que, es necesario fomentar espacios de diálogo social como  eje estratégico en la administración pública, para garantizar  un Estado más próximo a los ciudadanos, que involucre a  todos los actores de la sociedad para lograr acuerdos, en el  marco de la identidad y la unidad nacional; y.

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral  5 del artículo 147 de la Constitución de la República del  Ecuador,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Declárese como política prioritaria de  gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación  ciudadana, y el diálogo amplio y permanente con todos los  sectores de la sociedad.

 

Artículo 2.- Declárese al Diálogo Social Nacional  como mecanismo para la generación de acuerdos en la  construcción de políticas, programa, proyectos y otros  instrumentos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad,  en una forma transparente y accesible para todos.

 

Artículo 3.- Los Ministerios y Secretarías de Estado  en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión  de la Política podrán, en el ámbito de sus competencias,  instalar espacios de diálogo en el marco del Diálogo Social  Nacional.

Artículo 4.- Los Ministerios y Secretarías de Estado que  instalen espacios de diálogo, en el marco del Diálogo Social  Nacional, serán responsables de:

 

Convocar a los espacios de diálogo conjuntamente con  la Secretaria Nacional de Gestión de la Política.

 

Ejecutar el proceso de diálogo de acuerdo a la  metodología establecida para el Diálogo Social  Nacional.

 

Recopilar los acuerdos a los que se lleguen con los  diferentes actores para ponerlos en consideración del  Presidente de la República,

 

Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos  alcanzados producto del Diálogo Social Nacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Primera.- La Secretaría Nacional de Gestión de la Política  coordinará el Diálogo Social Nacional, en articulación con  la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y la  Secretaría Nacional de Comunicación.

 

Segunda.- La Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo diseñará la metodología del Diálogo Social  Nacional y sistematizará los acuerdos establecidos en  los espacios de diálogo instalados por los Ministerios y  Secretarías de Estado.

 

Tercera.- La Secretaría Nacional de Comunicación  elaborará e implementará estrategias comunicacionales  permanentes durante las diferentes fases del Diálogo Social  Nacional.

 

Disposición Transitoria.- En un plazo no mayor a sesenta  días a partir de la suscripción del presente decreto, la  Secretaría Nacional de Gestión de la Política conjuntamente  con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,  y la Secretaría Nacional de Comunicación, presentarán al  Presidente de la República la evaluación del proceso de  Diálogo Social Nacional y de los acuerdos alcanzados.

 

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará  en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a 20 de junio de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la   República.

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es  fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR.

No. 50

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución  de la República establecen que son atribuciones y deberes  del Presidente de la República definir y dirigir las políticas  públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración  pública en forma desconcentrada y expedir los decretos  necesarios para su integración, organización, regulación y  control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios  entidades e instancias de coordinación;

 

Que el artículo 284 de la Constitución de la República  establece entre los objetivos de la política económica:  incentivar la producción nacional, la productividad y  competitividad sistémica, la inserción estratégica en la  economía mundial; promocionar la incorporación del  valor agregado con máxima eficiencia; impulsar el pleno  empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto  a los derechos laborales; así como mantener la estabilidad  económica, entendida como el máximo nivel de producción  y empleo sostenible en el tiempo;

 

Que el artículo 95 de la Constitución de la República del  Ecuador al referirse a los principios de participación en  democracia, señala que las ciudadanas y ciudadanos,  en forma individual y colectiva, participarán de manera  protagónica en la toma de decisiones, planificación y  gestión de los asuntos públicos, y en el control popular  de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus  representantes, en un proceso permanente de construcción  del poder ciudadano. La participación se orientará por los  principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,  respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e  interculturalidad;

 

Que el numeral 3 del artículo 276 de la Constitución de  la República del Ecuador establece que el régimen de  desarrollo tendrá, entre otros, el objetivo de fomentar la  participación y el control social, con reconocimiento de  las diversas identidades y promoción de su representación  equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público;

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República  dispone que el régimen tributario se regirá por los principios  de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad  administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y  suficiencia recaudatoria. Adicionalmente, dispone que la  política tributaria promoverá la redistribución y estimulará  el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas  ecológicas, sociales y económicas responsables;

 

Que el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación  Ciudadana, establece los Consejos Consultivos como  mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas  o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se  constituyen en espacios de consulta; y que las autoridades  o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en  cualquier momento a dichos consejos

 

Que en la actualidad el desarrollo de la actividad económica  en un mundo globalizado, conviven a la par temas  financieros, tecnológicos, nuevas formas de contratación y  transacciones internacionales de gran incidencia en el ámbito  productivo y tributario, que requieren una perspectiva  general de estas materias, y la visión y experiencia práctica  del sector privado;

 

Que el Ecuador está listo para avanzar hacia un nuevo  momento en las relaciones entre el Gobierno y el Sector  Privado, y continuar con el cambio de la matriz productiva.  Para ello se requiere la confianza y la corresponsabilidad de  toda la sociedad;

 

Que es necesario sostener el diálogo y la deliberación  público-privada para la construcción de un Acuerdo  Nacional por la Inversión, la Producción y el Empleo; y,

 

En el ejercicio de sus facultades conferidas por el numeral  6 del artículo 147 de la Constitución de la República del  Ecuador y el literal f) del artículo 11 del Estatuto del  Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

LA CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

PRODUCTIVO Y TRIBUTARIO

 

Artículo 1.- Créase el Consejo Consultivo Productivo y  Tributario, con representación y participación pública y  privada, como instancia de consulta, asesoría y diálogo  social, sobre propuestas de políticas y de normativas  para incentivar y dinamizar la producción, la inversión,  el empleo y la generación de divisas, en el marco de los  principios constitucionales del Régimen de Desarrollo y del  Sistema Tributario.

 

Artículo 2.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario  tendrá un Comité Ejecutivo encargado de canalizar y  evaluar las propuestas y recomendaciones desarrolladas en  los espacios de diálogo que se conformen.

 

Estará integrado por:

 

El Vicepresidente de la República, quien lo presidirá;

 

El Ministro de Economía y Finanzas;

 

El Ministro de Comercio Exterior;

 

El Ministro de Industrias y Productividad;

 

El Ministro del Trabajo;

 

El Ministro de Agricultura;

 

El Director del Servicio de Rentas Internas;

 

Seis representantes del sector privado y de la economía  popular y solidaria, designados por el Presidente de la  República, con participación indelegable. En caso de  ausencia permanente del representante, el Presidente de  la República realizará una nueva designación.

 

Cuando el Presidente de la República decida participar en las sesiones del Comité Ejecutivo, será quien lo presida.

 

En aquellos casos en los cuales las propuestas o recomendaciones tengan incidencia en el ámbito legislativo, se podrá invitar al Presidente de la Asamblea Nacional, quien podrá participar de forma directa o a través de su delegado. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario contará con una Secretaría Ad-Hoc.

 

Artículo 3.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario tendrá la atribución de emitir recomendaciones, propuestas de política y de normativas para la productividad y la competitividad, en los siguientes ámbitos:

 

Impulso al cambio de la matriz productiva;

 

Fortalecimiento de la dolarización;

 

Fortalecimiento de sector exportador;

 

Generación de empleo, en el marco de la garantía de los derechos de las y los trabajadores;

 

Impulso a las alianzas público-privadas;

 

Inversión en iniciativas productivas nacionales;

 

Fomento de la producción nacional;

 

Promoción del consumo responsable;

 

Atracción de capitales nacionales invertidos en el exterior,

 

Atracción de la inversión extranjera directa;

 

Cumplimiento de la transparencia fiscal:

 

Crédito y financiamiento productivo;

 

Optimización y simplificación tributaria, para lograr más eficiencia, equidad y progresividad de la política tributaria

 

Armonización y simplificación de trámites del sector productivo; y

 

Los demás que se consideren necesarios.

 

Artículo 4.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario conformará mesas consultivas de diálogo, bajo esquemas sectoriales y temáticos relacionados con los ámbitos señalados en el artículo 3 del presente decreto.

 

La Secretaría Nacional de Gestión de la Política realizará el acompañamiento al Comité en lo relacionado con la instalación de las mesas de diálogo que se conformen.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.- En el plazo de hasta 15 días contados a partir de la expedición del presente decreto, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario convocará a las mesas de diálogo.

 

Segunda.- En el plazo de hasta 90 días a partir de su conformación, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Tributario, entregará al Presidente de la República un primer documento de propuestas de política, para su consideración.

 

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 22 de junio de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

 

No. 51

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el número 18 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone entre las atribuciones del Presidente de la República, indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley;

 

Que el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal, promulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 180 de 10 de febrero de 2014, establece que el Presidente de la República podrá conceder el indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada, si la persona privada de la libertad observa buena conducta en lo posterior al delito;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el (Registro Oficial Suplemento No. 351 de 9 de octubre de 2014) R. O. (2SP) oct. 09 No. 351 de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, el cual establece los requisitos y el trámite correspondiente para acceder al indulto presidencial;

 

Que los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano, cédula de ciudadanía Nro. 160023248-0; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez, cédula de ciudadanía Nro. 050066502-1; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi, cédula de ciudadanía Nro. 160073794- 2; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, cédula de ciudadanía Nro. 0501060826, han sido sentenciados a cumplir la pena de seis meses de privación de libertad, y al pago de una multa que asciende a tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que les impuso el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Pastaza, en el procedimiento Nro. 16571-2015-00329, por haberles encontrado responsables de la comisión del delito tipificado y sancionado en el primer inciso del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, cuyos fallos fueron ratificados por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza, y que se encuentran ejecutoriados;

 

Que mediante oficio Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0307- OF, de 21 de junio de 2017, la señora Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, remite el informe motivado sobre la pertinencia de la concesión del Indulto Presidencial a favor de los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe; instrumento que en lo relacionado recomienda la concesión de Indulto Presidencial, de conformidad con su atribución establecida en el segundo inciso del artículo 5 del Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas;

 

Que los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano; ii} José Manuel de la Cruz Sánchez: iii) Elvis Javier Guamán Cuvi; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, no registran otros procesos judiciales pendientes de resolución, y que se encuentran privados de la libertad, durante lo cual registran una conducta óptima;

 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 3 del Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, el señor Presidente Constitucional de la República ha dispuesto el inicio del trámite para la concesión de indulto a favor de los ciudadanos mencionados; y,

 

Que en el contexto del proceso de diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, se ha tomado en cuenta que los ciudadanos ecuatorianos somos herederos de las luchas sociales de liberación, con un profundo compromiso con el presente y el futuro, para afianzar la construcción de un país democrático que respeta la dignidad de las personas y colectividades,

 

En ejercicio de la atribución conferida en el número 18 del artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Concédase el Indulto Presidencial a favor de los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano, cédula de ciudadanía Nro. 160023248-0; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez, cédula de ciudadanía Nro. 050066502-1 ; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi, cédula de ciudadanía Nro. 160073794- 2; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, cédula de ciudadanía Nro. 050106082-6, el cual consiste en el perdón de la pena impuesta, inclusive la sanción pecuniaria.

 

 

Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto, encárguese el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

 

Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 23 de junio de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

 

No. 52

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política;

 

Que según el mismo artículo, la facultad para nombrar a los Gobernadores corresponde al Presidente de la República; y,

 

En ejercicio de la atribución que confieren el número 9 del Artículo 147 de la Constitución de la República y la letra d del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al doctor Camilo  Aurelio Salinas Ochoa, para que desempeñe el cargo de  Gobernador de la provincia de Los Ríos.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales  servicios prestados a la Patria por parte del Gobernador  saliente, ingeniero Omar Juez Juez.

 

Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente  fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de junio de  2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es  fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR.

 

No. 53

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en  el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y  coordinará sus acciones con la Secretaria Nacional de la  Gestión de la Política;

 

Que según el mismo artículo, la facultad para nombrar a los  Gobernadores corresponde al Presidente de la República; y,

 

En ejercicio de la atribución que confieren el número 9  del Artículo 147 de la Constitución de la República y la  letra d del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Economista David  Israel Sabando Elizalde, para que desempeñe el cargo de  Gobernador de la provincia de Santa Elena

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales  servicios prestados a la Patria por parte del Gobernador  saliente, Economista Erick López Zeballo

 

Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente  fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de junio de  2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es  fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR.

 

 

No. 54

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en  el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y  coordinará sus acciones con la Secretaria Nacional de la  Gestión de la Política;

 

Que según el mismo artículo, la facultad para nombrar a los  Gobernadores corresponde al Presidente de la República; y,

 

En ejercicio de la atribución que confieren el número 9  del Artículo 147 de la Constitución de la República y la  letra d del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al licenciado Luis  Manuel Quishpi Vélez, para que desempeñe el cargo de  Gobernador de la provincia de Cañar.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales  servicios prestados a la Patria por parte de la Gobernadora  saliente, ingeniera Gladys Paulina Padrón Saeteros  Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente  fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de junio de  2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es  fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR.

 

 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A

 

Freddy Peñafiel Larrea

MINISTRO DE EDUCACIÓN

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en  el artículo 227, ordena que la administración pública  constituye un servicio a la colectividad, se rige por los  principios de eficacia, efi ciencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el numeral 1 del artículo 85 de la Norma Suprema  manda que el Estado asegurará que las políticas y servicios  públicos garanticen los derechos reconocidos por la  Constitución: ?Las políticas públicas y la prestación de  bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos  el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir  del principio de solidaridad?.

 

Que, el numeral 3 del artículo 85 de la Constitución indica  que: ?El Estado garantizará la distribución equitativa y  solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas  públicas y la prestación de bienes y servicios públicos?.

 

Que, el numeral 5 del artículo 6 del Código Orgánico de  Planificación y Finanzas Públicas establece que: "[...]  en el funcionamiento de los sistemas de planificación y  de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de  descentralización y desconcentración pertinentes, que  permitan una gestión eficiente y cercana a la población?.

 

Que, el artículo 11 del Código Orgánico de Planificación  y Finanzas Públicas, respecto del ejercicio desconcentrado  de la planificación nacional, menciona que: ?La  función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación  nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera  desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumento  pertinentes que propicien la planificación territorializada  del gasto público y conformarán espacios de coordinación  de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial,  municipal y distrital?;

 

Que, conforme lo establece el artículo 15 del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: ?[...] la  definición de la política pública nacional le corresponde a la  Función Ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias.  Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de  política, formularán y ejecutarán políticas y planes  sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente  a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo?.

 

Que, la organización administrativa y territorial de las  entidades y organismos que conforman la Administración  Pública Central e Institucional deberá observar la  zonificación establecida en el Decreto Ejecutivo No. 878,  publicado en Registro Oficial 268 de 8 de febrero del 2008,  reformado con Decretos Ejecutivos Nos. 956 y 357 de 12  de marzo del 2008 y 20 de mayo de 2010 respectivamente.

 

Que, el artículo 40.2 del Código Orgánico de Planificación  y Finanzas Públicas, respecto a los planes sectoriales del  Ejecutivo con incidencia en el territorio establece que:  ?Serán emitidos por los ministerios correspondientes y se  deberán articular con el Plan Nacional de Desarrollo y su  Estrategia Territorial Nacional. [ ...] Los planes sectoriales  del Ejecutivo con incidencia en el territorio contendrán, al  menos, un diagnóstico del sector, la propuesta, el modelo  de gestión, la planificación de los servicios públicos y el  presupuesto respectivo del plan. La Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo definirá el contenido de cada  componente?.

 

Que, el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento del Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que  le corresponde a la Secretaría Nacional de Planificación  y Desarrollo: ?emitir informes de pertinencia sobre la  organización institucional del Ejecutivo en el territorio y  los servicios públicos por competencia de las entidades de  la Función Ejecutiva?.

 

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación  Intercultural (LOEI), publicada en el Segundo Suplemento  del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, determina  que: ?La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría  del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le  corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal  de las garantías y derechos constitucionales en materia  educativa, ejecutando acciones directas y conducentes  a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la  República. Está conformada por cuatro niveles de gestión,  uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que  son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y  bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües?.

 

Que, la referida Ley, en su artículo 27, establece que los  niveles desconcentrados: ?Son los niveles territoriales en  los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas  definidas por el nivel central. Están conformados por  los niveles zonales, distritales y circuitales, todos ellos  interculturales y bilingües?.

 

Que, el primer inciso del artículo 29 de la Ley ibídem,  prescribe que: ?El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, garantiza que cada circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda educativa?;

 

Que, el fortalecimiento de la educación pública y la coeducación asegura el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas constituyendo responsabilidad del Estado determinado en el numeral 1 del artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual tiene concordancia con el literal d) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural;

 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1577 publicado en el Registro Oficial 535 de 26 de febrero de 2009 determinó como atribuciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el formular, promover, impulsar y monitorear los procesos de desconcentración y descentralización de competencias y funciones de los organismos y entidades de la Función Ejecutiva;

 

Que, mediante el Acuerdo Ministerial 020 de 25 de enero de 2012, la Autoridad Educativa Nacional, expide el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Educación, en el cual se establece facultades de los niveles desconcentrados, que corresponde a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación;

 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, refuerza la desconcentración mediante el Objetivo No. 1: ?Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular?, mediante la estrategia ?El Estado en los territorios y los servicios públicos? que permita un desarrollo equitativo y equilibrado en el país. Esto consolida una estructura estatal cercana al ciudadano considerando las realidades y dinámicas locales?;

 

Que, la Coordinación General de Planificación, mediante  Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2017-01251-M, de 19 de mayo de 2017, remite el informe técnico respectivo para que con Acuerdo Ministerial, la Autoridad Educativa Nacional, oficialice el documento que contiene la Planificación de los Servicios Públicos del Ministerio de Educación; y,

 

Que, es deber de esta Secretaría de Estado, cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, a fi n de garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas?administrativas?pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del país.

 

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

Expedir la siguiente PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

Artículo 1.- Expedir la planificación de servicios públicos que formará parte de la planificación sectorial, y que busca asegurar que la localización de los servicios garantice el acceso, cobertura y equidad de la población.

 

CAPÍTULO I

DEL MODELO DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

 

Artículo 2.- El modelo de Prestación de Servicios tiene como objeto la reorganización el servicio educativo, en función de la oferta y demanda para el sector educativo, considerando las dinámicas territoriales actuales, inclusión social y el modelamiento de variables geográficas y demográficas, entre otras características que defina la máxima Autoridad Educativa Nacional, para la conformación de Nodos Educativos, que promuevan la optimización y racionalización de recursos, en el marco de la planificación sectorial.

 

Se define como nodo educativo a una institución eje que organiza y articula la demanda y oferta de instituciones educativas fusionadas física o administrativamente, a fin de promover la eficiencia y efectividad del servicio educativo, para: ampliar la cobertura, optimizar y racionalizar los recursos disponibles, tomando en cuenta las características del territorio.

 

CAPÍTULO II

DE LAS TIPOLOGÍAS

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

PRESTADORES DE SERVICIO

 

Artículo 3.- El servicio educativo se distribuye en niveles, subniveles y grados, tanto para educación ordinaria como para la extraordinaria, y aplica la malla curricular de acuerdo a la pertinencia cultural. Además, existen otras características asociadas a la oferta educativa como son: el sostenimiento (fiscal, municipal, fiscomisional, particular), jornada (matutina, vespertina, nocturna), modalidad (presencial, semipresencial, distancia), sistema (intercultural e intercultural bilingüe), entre otras.

 

Servicio por tipo de oferta: Esta categorización responde a la identificación de la oferta según lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General a la LOEI:

 

Educación Ordinaria: Se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a estudiantes en las edades sugeridas por la Ley;

 

Educación Extraordinaria: Se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa necesidades educativas especiales en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

 

 

Para el presente acuerdo, se presenta la planificación de servicios ajustada respecto a la educación ordinaria, de sostenimiento fiscal.

 

 

Los establecimientos prestadores de servicios de acuerdo a la tipología establecida para el efecto presentan las siguientes características conforme se detalla a continuación:

 


 

TIPOLOGÍA

ESTÁNDARES

Nivel desconcentrado de  atención

 

Capacidad de atención (Población que puede ser atendida

? Nro.)

 

 

Cobertura Poblacional (Rango de población que puede ser atendida)

 

Talento Humano (Nro. de personas requeridas para la prestación de servicios en función de la población)

 

 

Cartera de Servicios (Detallar los servicios que se prestan dentro de cada tipología)

 

 

Denominación de la Tipología

 

 

Naciona l

 

 

Zonal

 

 

Distrital

 

 

Circuital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa Tipo Mayor

 

 

 

 

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