Registro Oficial

Registro Oficial No.19- Martes 21 de Junio de 2017 Suplemento

Miércoles, 21 de junio de 2017

Última modificación: Lunes, 14 de agosto de 2017 | 12:57

Administración del Sr. Lcdo. Lenín Moreno Garcés    

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 21 de Junio de 2017  (R. O. SP 19, 21-junio-2017)

SUPLEMENTO

CONTENIDO

ASAMBLEA NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Oficio No. SAN-2017-0245

Quito, 16 de junio del 2017.

Ingeniero

Hugo Del Pozo Barrezuet

Director Del Registro Oficial

En su despacho.

De mis consideraciones:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones  que le confiere la Constitución de la República del Ecuador  y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y  aprobó el PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE  LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y  ORDEN PÚBLICO.

En sesión de 13 de junio de 2017, el Pleno de la Asamblea  Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial  presentada por el señor ex Presidente Constitucional de la  República.

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la  Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64  de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el  texto del CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES  DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

Atentamente,

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

ASAMBLEA NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea  Nacional, me permito CERTIFICAR que la  Asamblea Nacional discutió el ?PROYECTO DE  CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE  SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO?, en primer debate el 16 de julio de 2013; posteriormente  discutió el ?PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE  LAS ENTIDADES COMPLEMENTARIAS DE  SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO? en primer debate el 19 de julio de 2016, ambos proyectos  fueron unificados, por lo que se discutió y aprobó en segundo  debate el ?PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE  LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA  Y ORDEN PÚBLICO? el 10 de mayo de 2017; y, se  pronunció sobre la objeción parcial del ex Presidente  Constitucional de la República el 13 de junio de 2017.

Quito, 13 de junio de 2017

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3, número 8  de la Constitución de la República es deber primordial del  Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a  una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una  sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República  indica que el Estado garantizará la seguridad humana a  través de políticas y acciones integradas, para asegurar la  convivencia pacífica de las personas, promover una cultura  de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación  y la comisión de infracciones y delitos. La planificación  y aplicación de estas políticas se encargará a órganos  especializados en los diferentes niveles de gobierno;

Que, el numeral 4 del artículo 83 de la Constitución de  la República indica que son deberes y responsabilidades  de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin prejuicio de  otros previstos en la Constitución y la ley, colaborar en el  mantenimiento de la paz y de la seguridad;

Que, los artículos 158 y 163 de la Constitución de la  República establecen que la Policía Nacional es una  institución estatal de carácter civil, armada, técnica,  jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente  especializada, cuya misión fundamental es la protección  interna y el mantenimiento del orden público, así como la  tutela de los derechos, libertades y garantías de las y los  ciudadanos;

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República  dispone que para cumplir con sus funciones, la Fiscalía  organizará y dirigirá un sistema especializado integral  de investigación, de medicina legal y ciencias forenses,  que incluirá un personal de investigación civil y policial;  dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas,  testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con  las demás atribuciones establecidas en la ley;

Que, el artículo 448 del Código Orgánico Integral Penal  dispone que en materia preprocesal y procesal penal, la  Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema Especializado  Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias  Forenses con el apoyo del organismo especializado de la  Policía Nacional y personal civil de investigación, los que  dependerán administrativamente del ministerio del ramo;

Que, es necesario un nuevo modelo de Policía Nacional que  responda a las necesidades de la comunidad, adaptado al  marco constitucional de la actuación policial en materia de  prevención y reacción de delitos e investigación efectiva,  sobre la base de los principios rectores establecidos para  su actuar;

Que, es necesario que la investigación de la infracción sea fortalecida y especializada por lo que, además de la Policía  Nacional, intervendrá un Servicio de Medicina Legal y  Ciencias Forenses, aplicando los auxilios de la ciencia,  mejorando su calidad de respuesta frente a los vestigios de  la infracción y colaborando con el sistema de justicia para  esclarecer los actos delictivos y sus responsables;

Que, es fundamental, en el marco de la seguridad ciudadana,  precautelar la integridad de las máximas autoridades de  las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus  funciones y la integridad de personas que en función de  estudios de perfiles de riesgo requieren similar protección,  mediante un servicio especializado que libere los recursos  de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus  integrantes se dediquen a sus labores y tareas específicas;

Que, es necesario la creación de un nuevo régimen  profesional para las entidades complementarias de seguridad  de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos  Descentralizados, que contenga parámetros actualizados,  adecuados y homologados respecto al ingreso, carrera,  formación, capacitación y ascensos de sus funcionarios, así  como también a la uniformidad de su régimen disciplinario,  promoción, estabilidad y evaluación; y,

En uso de la atribución que le confiere el numeral 6 del  artículo 120 de la Constitución de la República, expide el  siguiente:  

CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE

SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto  regular la organización, funcionamiento institucional,  regímenes de carrera profesional y administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad  ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos,  garantías y principios establecidos en la Constitución de la  República.

Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de este Código  son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y  se rigen al mismo las siguientes entidades:

Policía Nacional.

Entidades del Sistema Especializado Integral de  Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Servicio de Protección Pública.

Entidades complementarias de seguridad de la Función  Ejecutiva:  

Cuerpo de Vigilancia Aduanera.

Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del  Ecuador; y,

Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria

Entidades complementarias de seguridad de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y  Metropolitanos:

Cuerpos de Control Municipales o Metropolitanos;

Cuerpos de Agentes Civiles de Transito; y,

Cuerpos de Bomberos.

Artículo 3.- Funciones de seguridad ciudadana,  protección interna y orden público.- Las entidades  reguladas en este Código, de conformidad a sus  competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad  integral de la población, tienen funciones de prevención,  detección, disuasión, investigación y control del delito, así  como de otros eventos adversos y amenazas a las personas,  con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la  convivencia social pacífica.

En ese marco realizan operaciones coordinadas para el  control del espacio público; prevención e investigación  de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate,  atención prehospitalaria y en general, respuesta ante  desastres y emergencias.

Artículo 4.- Régimen Jurídico. - Las disposiciones de este  Código y sus reglamentos constituyen el régimen jurídico  especial de las entidades de seguridad antes descritas. En  todos los aspectos no previstos en dicho régimen se aplicará  supletoriamente la ley que regula el servicio público.

Las escalas remunerativas y los ingresos complementarios  de las entidades regidas por este Código se sujetarán a las  políticas y normas establecidas por el ente rector nacional  del trabajo.

CAPÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y FINES DE

LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 5.- Principios.- Las entidades previstas en este  Código, y sus servidores, se rigen por los siguientes  principios:

1. Respeto de los derechos humanos: Las actuaciones  a cargo de las entidades de seguridad previstas en este  cuerpo legal, se realizarán con estricto apego y respeto a los  derechos constitucionales e instrumentos internacionales en  materia de derechos humanos ratificados por el Ecuador.

2. Eficacia: La organización y la función administrativa  de las entidades previstas en este Código deben estar  diseñadas para garantizar el ejercicio de sus competencias y  la obtención de los objetivos, fines y metas institucionales  propuestas, debiendo para ello planificar y evaluar su  gestión permanentemente.

3. Eficiencia: El cumplimiento de los objetivos y metas  institucionales de las entidades de seguridad se realizarán  con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los  recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

4. Transparencia: Los actos realizados por las entidades de  seguridad son de carácter público y garantizan el acceso  a la información y veracidad de la misma, salvo los casos  expresamente autorizados por la ley, de modo que se facilite  la rendición de cuentas y el control social.

5. Igualdad: Es la equivalencia de trato y de oportunidades  sin discriminación por razones de etnia, religión, orientación  sexual, género y otras previstas en la Constitución,  reconociendo la igualdad de derechos, condiciones y  oportunidades de las personas.

6. Diligencia: Es la atención oportuna y adecuada  en el cumplimiento de los procedimientos legales y  reglamentarios vigentes.

7. Imparcialidad: Es la objetividad y neutralidad en el  desempeño de las funciones previstas en este Código, sin  favorecer indebidamente, con su intervención, a persona o  grupo alguno.

8. Participación ciudadana: Es un conjunto de mecanismos  para que la población se involucre en las actividades de  seguridad ciudadana, protección interna, mantenimiento  del orden público, y garantía de derechos realizadas por las  entidades de seguridad.

9. Equidad de género: Es la igualdad de oportunidades  para mujeres, hombres y personas con opciones sexuales  diversas, para acceder a responsabilidades y oportunidades  al interior de las entidades de seguridad;

10. Coordinación: Es la articulación entre las entidades  responsables de la seguridad ciudadana.

11. Complementariedad: Es el trabajo complementario en la  implementación de los planes de cada una de las entidades  de seguridad con el Plan Nacional de Seguridad Integral y  el Plan Nacional de Desarrollo, evitando la duplicidad de  funciones.

Artículo 6.- Características generales.- Las entidades de  seguridad reguladas en este Código tienen las siguientes  características:

1. Su organización prioriza una administración  territorialmente eficaz, eficiente y, en los casos que  corresponda, desconcentrada de conformidad con los  lineamientos y directrices dispuestas en este cuerpo legal;

2. Cumplirán su misión con estricta sujeción a lo previsto en  la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente;

3. Su respuesta será oportuna, necesaria e inmediata para  proteger a todas las personas, con especial énfasis en los  grupos de atención prioritaria, las comunidades, pueblos y  nacionalidades, en situaciones que constituyan amenaza,  vulnerabilidad, riesgo o daño de su vida, integridad física,  hábitat o propiedades;

4. Mantendrán la transparencia en su desempeño  e intercambiarán la información de interés para el  cumplimiento de sus objetivos y funciones que les sean  solicitadas, conforme a lo establecido en las leyes y  reglamentos respectivos;

5. Respetarán y harán respetar los derechos y garantías de  las personas, sin discriminación alguna;

6. Los procedimientos que utilicen en el cumplimiento de la  misión y responsabilidades institucionales se aplicarán con  apego irrestricto al ordenamiento jurídico;

7. Su accionar deberá adecuarse rigurosamente al principio  de uso progresivo de la fuerza; 8. Privilegiarán las tareas y el proceder preventivo y  disuasivo antes que el uso de la fuerza, procurando siempre  preservar la vida, integridad y libertad de las personas;

9. Las tareas y funciones de búsqueda y recolección de  información de interés para el orden público y la seguridad  ciudadana se sustentarán en el principio del debido proceso;

10. Ejercerán sus funciones con sujeción a las disposiciones  constitucionales, legales y reglamentarias que regulan  sus derechos y obligaciones, sistemas de ascensos y  promociones basado en los méritos; con criterios de equidad,  no discriminación, estabilidad y profesionalización,  promoviendo la igualdad de oportunidades de las personas  que sirven en las entidades de seguridad;

11. No podrán infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura  u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni  invocar, para tal efecto, la orden de un superior en cualquier  circunstancia, en especial en situaciones , como estado de  excepción o amenazas a la seguridad interna o nacional,  inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia  pública; y,

12. Establecerán responsabilidades administrativas y  civiles, e indicios de responsabilidad penal, de manera  individual. Las autoridades serán responsables por las  órdenes que impartan.

La obediencia de las órdenes ilegítimas o contrarias a la  Constitución y la ley, no eximirá de responsabilidad a  quienes las ejecuten y a quienes las impartan.

Artículo 7.- Fines.- En el marco de las competencias  y funciones específicas reguladas por este Código, las  actividades de las entidades de seguridad tendrán los  siguientes fines:

1. Contribuir, de acuerdo a sus competencias, a la seguridad  integral de la población velando por el cumplimiento  del ejercicio de los derechos y garantías de las personas,  garantizando el mantenimiento del orden público y  precautelando la paz social;

2. Prevenir la comisión de infracciones;

3. Colaborar con la administración de justicia en la  investigación de infracciones siguiendo los procedimientos  establecidos y el debido proceso;

4. Proteger a las máximas autoridades de las Funciones del  Estado y sus sedes;

5. Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos  y manejo de eventos adversos; y,

6. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad  competente enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LAS

CARRERAS DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES

DE SEGURIDA

Sección Primera

Aspectos generales de la carrera

Artículo 8.- Carrera.- La carrera de las entidades  de seguridad previstas en este Código constituye el  sistema mediante el cual se regula la selección, ingreso,  formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y  permanencia en el servicio de las y los servidores que las  integran.

Artículo 9.- Jerarquía.- La jerarquía es el orden de  precedencia de los grados o categorías, según corresponda,  que el orgánico de personal de cada una de las entidades  previstas en este Código establece, asignando competencias,  atribuciones, responsabilidades y mando.

Todas las disposiciones operacionales y de gestión se  realizarán a través de los respectivos órganos competentes,  sin perjuicio de los canales directos de información  necesarios para cumplir con los fines de coordinación.

Artículo 10.- Mando.- El mando es la facultad legal que  permite a las y los servidores de la entidad de seguridad que  cuentan con mayor jerarquía, ejercer autoridad y mando con  responsabilidad en sus decisiones sobre aquellas de menor  jerarquía, de acuerdo con la Constitución de la República,  las leyes y reglamentos.

Artículo 11.- Grado. - Es la denominación de las escalas  jerárquicas de acuerdo al cargo. Se encuentra determinado  por el nivel de gestión y rol de cada una de las carreras  de las entidades de seguridad reguladas en el presente  Código. Para el caso del Servicio de Medicina Legal y  Ciencias Forenses, las escalas jerárquicas se conformarán  por categorías.

Artículo 12.- Cargo.- El cargo es el perfil del puesto  necesario para lograr los objetivos institucionales. La  determinación del cargo se realizará en coordinación con  el ministerio rector en materia de trabajo de acuerdo a la  estructura organizacional de las entidades de seguridad y  los requisitos establecidos en la ley y sus reglamentos.

Toda persona que sirva en las entidades previstas en este  Código será destinada a cumplir el cargo dentro de su grado  o categoría y competencia, en observancia con el inciso  anterior. A falta de personas que cumplan con los requisitos  legales para ocupar el cargo, podrán ocuparlo servidores o  servidoras del grado inmediato inferior.

Por ningún concepto se destinará a la o el servidor de la  entidad de seguridad a cargos que requieran un menor  grado y jerarquía del que ostentan

Artículo 13.- Circunstancias del cargo.- El cargo de las  y los servidores de las entidades previstas en este Código  será de tres clases:

1. Titular: Es el conferido para el ejercicio de una función  mediante designación expresa de plazo indefinido o por el  tiempo que determine la ley.

2. Subrogante: Es el conferido por orden escrita de la  autoridad competente, de conformidad a lo previsto en la  ley, cuando el titular se encuentre legalmente ausente.

3. Encargado: Es el conferido por designación temporal en  cargo vacante hasta que se nombre al titular. Sección Segunda Niveles de Gestión

Artículo 14.- Niveles de gestión.- Los niveles de gestión  comprenden el primer factor de ordenamiento de la carrera,  que define el ámbito de la gestión en el nivel directivo o  técnico operativo.

La primera autoridad del nivel directivo será electa de  una terna de candidatos compuesta por las personas de  carrera que cuenten con mayor jerarquía y antigüedad en  la entidad, conforme los procedimientos establecidos para  cada entidad. En el caso del Servicio Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses se realizará mediante concurso  de méritos y oposición y podrá acceder, según su perfil, a la  categoría que le corresponda.

El nivel técnico operativo está conformado por el personal  de carrera de las entidades de seguridad, que desempeñan  los roles de supervisión y ejecución operativa.

Artículo 15.- Rol. - El rol comprende el conjunto de  funciones y responsabilidades que realiza la persona en un  determinado nivel de gestión y grado o categoría. El rol lo  ejerce la persona nombrada por la autoridad competente  para desempeñar un cargo con su respectiva misión,  atribuciones y responsabilidades.

De acuerdo a su nivel de gestión, se establecen los  siguientes roles para las personas de carrera de cada una de  las entidades previstas en el Código:

Artículo 16.- Rol de conducción y mando.- El rol de  conducción y mando comprende la responsabilidad de la  planificación y manejo operativo de los distintos procesos  internos o unidades de las entidades previstas en este  Código, conforme a su estructura organizacional.

Artículo 17.- Rol de coordinación operativa.- El rol de  coordinación operativa comprende la responsabilidad de la  ejecución de las actividades de coordinación de los procesos  internos o unidades operativas de las entidades previstas en  este Código, conforme a su estructura organizacional.

Artículo 18.- Rol de supervisión operativa.- El rol de  supervisión operativa comprende el control operativo de  equipos de trabajo, procesos internos o unidades, de las  entidades previstas en este Código, conforme a su estructura  organizacional. Artículo 19.- Rol de ejecución operativa.- El rol de  ejecución operativa comprende la realización de las  actividades operacionales necesarias parar la prestación  del servicio institucional, conforme a su estructura  organizacional.

Artículo 20.- Funciones específicas.- Las y los servidores  de las entidades de seguridad cumplirán sus funciones  específicas de acuerdo a su jerarquía, nivel de gestión, rol,  grado o categoría, y de conformidad con lo establecido en  este Código, leyes conexas y sus respectivos reglamentos.

Sección Tercera

Sistema de Competencias, Evaluación, Capacitación,  Formación, Especialización y Plan de Carrera

Artículo 21.- Sistema de competencias.- Las entidades  previstas en este Código desarrollarán sus actividades  sobre la base del sistema de competencias coordinado e  integral, definido por la autoridad rectora en asignación de  competencias que contemple las respectivas funciones y  ámbitos de acción así como la articulación entre estas.

Toda gestión se asignará considerando las competencias  personales y profesionales de las y los servidores de las  entidades mencionadas, según corresponda.

Artículo 22.- Evaluación de desempeño y gestión.- La  evaluación de desempeño y gestión de las y los servidores  de las entidades de seguridad es un proceso integral y  permanente. En la evaluación se medirán los resultados  de su gestión, la calidad de su formación profesional e  intelectual, el cumplimiento de las normas disciplinarias y  las aptitudes físicas y personales demostradas en el ejercicio  del cargo y nivel al que han sido designados. La evaluación  será obligatoria para determinar el ascenso, cesación y  utilización adecuada del talento humano.

Cada entidad regulada por este Código establecerá las  normas de evaluación para la gestión realizada en cada  grado o categoría, nivel de gestión y cargo sobre la base  de indicadores objetivos de desempeño. Los requerimientos  específicos, así como la metodología de evaluación, se  realizarán de acuerdo con la norma técnica emitida por el  órgano competente.

Artículo 23.- Contenidos.- Los contenidos de la  capacitación, formación y especialización promoverán  el respeto y garantía a los derechos consagrados en la  Constitución, con especial énfasis en la soberanía, equidad  de género y en las garantías a los grupos de atención  prioritaria. Promoverán la investigación especializada,  la prevención y control de la infracción, la gestión de  conflictos, priorizando el uso de medios de disuasión como  alternativas preferentes al empleo de la fuerza, en el ámbito  de sus competencias.

Los contenidos de los programas de capacitación, formación  y especialización serán elaborados coordinadamente  entre el ministerio rector de la seguridad ciudadana,  protección interna y orden público, los gobiernos  autónomos descentralizados municipales y metropolitanos  y las instituciones de educación superior, manteniendo  criterios técnicos y conceptos estandarizados en materia de  seguridad.

Artículo 24.- Gratuidad de capacitación, formación  y especialización.- La capacitación, formación y  especialización de las y los aspirantes y de las y los  servidores de las entidades previstas en este Código será  gratuita, responsabilidad del Estado y estarán contempladas  en el presupuesto anual del órgano competente de cada una  de las entidades.

Artículo 25.- Capacitación permanente.- Las y los  servidores de las entidades previstas en este Código  participarán en programas de capacitación y entrenamiento  continuo, a través de actividades planificadas por cada  entidad dentro y fuera del país.

Las y los servidores deberán cumplir con todos los programas  de actualización y entrenamiento. El cumplimiento de esta  norma será tomado en cuenta en la evaluación y calificación  de las y los servidores de acuerdo con la norma técnica  emitida por el órgano competente.

Artículo 26.- Formación del personal.- La formación  estará sustentada en el conocimiento de los derechos  humanos, de los principios y garantías constitucionales y  en una doctrina democrática de la seguridad ciudadana, con  apego irrestricto al ordenamiento jurídico. La formación  académica de las y los servidores de las entidades previstas  en este Código se impartirá a través del sistema nacional de  educación superior, por medio de centros acreditados para  tal efecto, en coordinación con la autoridad nacional rectora  de la educación superior.

El Estado podrá otorgar becas de estudio en el país o en  el exterior para cursos que no se impartan en los centros  de educación superior públicos, de acuerdo con el nivel de  rendimiento académico de las y los aspirantes.

Artículo 27.- Especialización.- Los órganos competentes  responsables de la gestión de talento humano de las  entidades previstas en este Código tienen la obligación  de especializar a sus servidores y servidoras mediante  programas de formación profesional específicos.

Artículo 28.- Plan de Carrera.- Las entidades de  seguridad previstas en este Código definirán el Plan de  Carrera para sus servidores y servidoras, que deberá  contener fundamentalmente los procesos de formación  académica profesional y especialización. En dicho Plan  se determinarán mecanismos y criterios de promoción y  evaluación de desempeño de las actividades a su cargo.

Artículo 29.- Principios rectores.- En los procesos de  administración del talento humano se observarán los  principios previstos en este Código y los contemplados en  la Constitución de la República.

Sección Cuarta

Convocatoria, Selección, Promoción y Ascensos

Artículo 30.- Convocatoria.- La convocatoria para formar  parte de las entidades de seguridad será pública, abierta y  respetará los principios previstos en la Constitución de la  República y en este Código.

Artículo 31.- Selección.- Todo proceso de selección  de personal para las entidades previstas en este Código  requiere una planificación previa que establezca y justifique  las necesidades específicas de talento humano que se deben  satisfacer.

La selección puede desarrollarse a nivel nacional, provincial  o de las respectivas zonas de planificación del país.

Los cupos de ingreso anual a las entidades de seguridad se  definirán considerando sus requerimientos en los territorios  donde operen y de acuerdo con las vacantes previstas,  dando prioridad a los candidatos o candidatas que sean  de origen o tengan domicilio civil o residencia familiar  en las circunscripciones territoriales donde existan dichas  vacantes.  

El proceso será dirigido y gestionado por el órgano  competente de cada una de las entidades previstas en este  Código.

Artículo 32.- Perfiles.- Los órganos competentes de  la gestión del talento humano elaborarán los perfiles  requeridos para el ingreso de los y las aspirantes para  integrarse como servidoras o servidores públicos de las  entidades de seguridad previstas en este Código.

Asimismo, elaborarán los perfiles requeridos para cada una  de las posiciones de conducción y mando, coordinación  operativa, supervisión operativa y ejecución operativa.

Artículo 33.- Requisitos.- A más de los requisitos  establecidos en la ley que regula el servicio público, se  exigirán como requisitos mínimos para ingresar a las  entidades previstas en este Código, los siguientes:

1. Tener título de bachiller;

2. Cumplir con el perfil elaborado para el efecto;

3. Aprobar las pruebas de admisión, exámenes médicos,  psicológicos y físicos, según corresponda; entrevista  personal y cuando sea necesario pruebas integrales de  control y confianza técnicamente elaboradas y aprobadas  por el ministerio rector de la seguridad ciudadana,  protección interna y orden público, a las que deberán  someterse a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo a  los reglamentos respectivos; y,

4. No deber dos o más pensiones alimenticias, ni haber  recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada en su  contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género

Artículo 34.- Inhabilidades.- No podrá ser aspirante a  servidor o servidora de las entidades previstas en este  Código, quienes incurran en las siguientes inhabilidades:

1. Hallarse en interdicción judicial mientras no se rehabilite;

2. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por  los delitos contra la administración pública;

3. Haber sido destituido de las Fuerzas Armadas o de alguna  de las entidades de seguridad reguladas en este cuerpo legal  mediante una resolución en firme; y,

4. Estar incurso en alguna de las inhabilidades para el  ingreso o ejercicio de un cargo en el servicio público,  conforme lo establece la ley que rige en esta materia.

Artículo 35.- Ascenso.- El ascenso o promoción de las y  los servidores de cada una de las entidades de seguridad,  se realizará previo el cumplimiento de los requisitos  establecidos en este Código.

El ascenso o promoción al grado o categoría inmediata  superior de la o el servidor de cada una de las entidades de  seguridad procederá en caso de fallecimiento en actos de  servicio, aun cuando no haya cumplido con los requisitos  legales establecidos para tal efecto.

CAPÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE EL

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Sección Primera

Lineamientos Generales

Artículo 36.- Régimen Administrativo Disciplinario.- Es el conjunto de principios, doctrina, normas e instancias  administrativas que de manera especial regulan, controlan  y sancionan la conducta de las y los servidores de las  entidades de seguridad reguladas por este Código, en el  ejercicio de sus cargos y funciones, con el fin de generar  medidas preventivas y correctivas.

Artículo 37.- Potestad Sancionatoria.- La potestad  sancionatoria es la facultad de las entidades previstas en  este Código para conocer, investigar, sancionar y hacer  cumplir lo resuelto de acuerdo con sus atribuciones, por la  comisión de todo acto tipificado como falta administrativa  disciplinaria.

Las autoridades con potestad sancionatoria son  responsables de los procedimientos y decisiones que se  adopten, tienen responsabilidad por la demora injustificada  en la investigación y decisión de los casos materia de  su competencia. Su acción u omisión que produzca la  caducidad y prescripción de los plazos previstos en este  Código para la sustanciación de un sumario administrativo  o impida de cualquier manera el ejercicio de la potestad  disciplinaria en un determinado caso, será sancionada  como falta muy grave.

Artículo 38.- Responsabilidad administrativa  disciplinaria.- La responsabilidad administrativa  disciplinaria consiste en la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias, funciones y obligaciones de las y los servidores de las entidades de seguridad reguladas en este Código

Las faltas disciplinarias serán sancionadas administrativamente sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que hubiere lugar.

Las y los servidores de las entidades de seguridad podrán recurrir la resolución que imponga una sanción disciplinaria, en vía administrativa o judicial, de conformidad a lo previsto en este Código y el ordenamiento jurídico.

Sección Segunda

Faltas y Sanciones Administrativas

Artículo 39.- Falta administrativa disciplinaria.- Es toda acción u omisión imputable a un servidor o servidora de las entidades de seguridad, establecida y sancionada de conformidad con este Código y debidamente comprobada.

Artículo 40.- Tipos de faltas.- Las faltas administrativas disciplinarias se clasifican en:

1. Faltas leves;

2. Faltas graves; y,

3. Faltas muy graves.

Artículo 41.- Concurrencia de Faltas.- Las faltas cometidas por la o el servidor se sancionarán de forma independiente mediante procedimientos separados. En caso de concurrencia de faltas originadas en la misma conducta, se sancionará la falta más grave.

Artículo 42.- Sanciones Disciplinarias.- Las sanciones aplicables a las faltas administrativas previstas en este Código, por su orden de gravedad, son:

1. Amonestación verbal;

2. Amonestación escrita;

3. Sanción pecuniaria menor;

4. Sanción pecuniaria mayor;

5. Suspensión de funciones; y,

6. Destitución.

Cuando como consecuencia de una falta administrativa se produzcan daños materiales a los bienes de la institución, será obligatoria la reparación de los mismos a costa del infractor.

Artículo 43.- Amonestación verbal y escrita.- Amonestación verbal y escrita es el acto administrativo por medio del cual un superior jerárquico llama la atención a un servidor o servidora a su cargo, por haber cometido  cualquiera de las faltas leves previstas en este Código.

La  amonestación verbal, constará en la respectiva hoja de vida  del personal. La amonestación escrita se impone a la servidora o servidor  por el cometimiento de la segunda falta leve en un periodo  no superior a los trescientos sesenta y cinco días, contados  a partir de la primera falta.

Artículo 44.- Sanción Pecuniaria Menor.- La sanción  pecuniaria menor es la imposición económica equivalente  al cuatro por ciento (4%) de la remuneración mensual del  servidor público por el cometimiento de una tercera falta  leve en un periodo no superior a los trescientos sesenta y  cinco días, contados a partir del cometimiento de la primera  falta.

Artículo 45.- Sanción Pecuniaria Mayor.- La sanción  pecuniaria mayor es la imposición económica del ocho  por ciento (8%) de la remuneración mensual, por el  cometimiento de una falta grave; o por la reincidencia de  tres o más faltas leves en un periodo no superior a trescientos  sesenta y cinco días, contados desde el cometimiento de la  primera falta.

Artículo 46.- Destino de las sanciones pecuniarias.- Los  fondos provenientes de las multas y sanciones pecuniarias  impuestas a las y los servidores de las entidades de seguridad  por faltas disciplinarias, se depositarán en la cuenta única  de la institución a la que pertenece la o el servidor. Los  fondos percibidos por este concepto serán destinados  exclusivamente a la formación y capacitación del personal  de la respectiva entidad.

Artículo 47.- Suspensión de Funciones.- La suspensión de  funciones es la separación temporal de la o el servidor de  las entidades de seguridad reguladas por este Código, por  un plazo de hasta treinta días, sin goce de remuneración,  por la reiteración de dos faltas graves en un plazo de  trescientos sesenta y cinco días, contados desde la fecha del  cometimiento de la primera falta.

Durante el lapso de suspensión no podrá ejercer actividades  atribuibles a su cargo y su función, ni podrá hacer uso de los  bienes institucionales.

Artículo 48.- Destitución.- La destitución es el acto  administrativo mediante el cual las servidoras o servidores  son cesados definitivamente del servicio o de la entidad de  la que dependan orgánicamente por haber cometido una  falta administrativa muy grave o por la reincidencia de dos  faltas graves en un período de trescientos sesenta y cinco  días contados desde el cometimiento de la primera falta, o  por otras causas señaladas en la ley que regula el servicio  público y demás leyes vigentes que incluyan causales de  destitución.

Artículo 49.- Graduación de la sanción.- Para la  graduación de la sanción en las faltas administrativas  disciplinarias de graves a muy graves, se tomará en cuenta  las circunstancias que acompañan al hecho.

Artículo 50.- Motivación.- Las resoluciones de los  procedimientos administrativos disciplinarios deberán  contener:

1. La identificación de la o el servidor;

2. La descripción de los hechos fácticos que motivan el  procedimiento;

3. La descripción y análisis de los medios probatorios de  cargo y descargo;

4. La motivación de hecho y de derecho;

5. La adecuación al tipo de la falta incurrida;

6. La sanción impuesta en caso de haberla; y,

7. La fe de notificación de la sanción. En caso de no mediar impugnación o recurso dentro del  término correspondiente, se procederá al registro de la  sanción en la hoja o libro de vida profesional de la o el  servidor.

Artículo 51.- Rehabilitación de faltas.- Todo servidor  o servidora de las entidades de seguridad que haya sido  sancionado por faltas leves o graves, podrá solicitar  la correspondiente rehabilitación de las mismas en su  hoja de vida, siempre que, luego del cumplimiento de la  respectiva sanción y reparación a que haya lugar, demuestre  haber enmendado su proceder y mantenido una conducta  intachable.

Para el caso de las faltas leves, la rehabilitación podrá  solicitarse transcurridos dos años desde que se impuso la  sanción. En el caso de faltas graves, dicho lapso será de  tres años.

La solicitud de rehabilitación se presentará ante la máxima  autoridad del ministerio rector, del gobierno autónomo o su  delegado. Para concederla o negarla, sin perjuicio de otros  insumos objetivos que se puedan recabar, se contará con  el sustento de un informe proporcionado por la unidad de  talento humano, siguiendo el procedimiento previsto en el  respectivo reglamento.

Artículo 52.- Registro.- Para fines de registro, la resolución  sancionatoria se adjuntará a la hoja de vida de la o el  servidor. Si la resolución fuese ratificatoria de inocencia se dispondrá  el archivo del sumario.

Artículo 53.- Prohibiciones.- Adicionalmente a lo  establecido en la Constitución de la República y la ley  que regula el servicio público, se prohíbe a los servidores  de las entidades sujetas a las disposiciones previstas en  este Código, realizar directamente o a través de terceros,  castigos corporales, injurias, trabajo humillante o cualquier  otra forma que atente contra la integridad y dignidad o los  derechos constitucionales.

Sección Tercera

Procedimiento Disciplinario

Artículo 54.- Oralidad.- El procedimiento para sancionar  las faltas administrativas cometidas por las y los servidores  de las entidades de seguridad regulados en este Código  será oral y seguirá los principios y garantías del debido  proceso. Se dejará constancia por escrito de las principales  actuaciones del procedimiento administrativo.

Artículo 55.- Debido proceso y derecho a la defensa.- Las sanciones administrativas disciplinarias se impondrán  previo procedimiento administrativo, garantizando los  principios del debido proceso y el derecho a la defensa  establecidos en la Constitución de la República.

Para el ejercicio del derecho a la defensa, en el caso de  cualquier falta, la o el servidor podrá solicitar el patrocinio  de una o un profesional del derecho de considerarlo  necesario.

Artículo 56.- Prescripción de la potestad sancionadora.- El plazo de prescripción de la potestad sancionadora  de la administración comenzará a contarse desde el día  en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de  que la infracción sea continua, permanente o concurran  varios tipos de infracciones de naturaleza administrativa  disciplinaria, el plazo comenzará a correr desde que finalizó  la conducta infractora.  

Cabe la prescripción cuando no se ha iniciado el  procedimiento sancionador o cuando el expediente  estuviere paralizado, por causas no imputables al presunto  responsable de la infracción, de acuerdo a las siguientes  reglas:

1. Tratándose de faltas administrativas disciplinarias leves,  en el plazo de treinta días;

2. Tratándose de faltas administrativas disciplinarias graves,  en el plazo de ciento veinte días; y,

3. Tratándose de faltas administrativas disciplinarias muy  graves, en el plazo de ciento ochenta días.Interrumpirá la prescripción, la iniciación con notificación a  la persona sumariada del procedimiento sancionador.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a  contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera  firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Este  plazo será de treinta días.

Artículo 57.- Caducidad.- El plazo máximo para resolver  un sumario administrativo es de noventa días. Si fue  iniciado de oficio, dicho plazo se contará desde la fecha en  que se emitió el auto inicial; si se inicia a petición de parte,  se contará a partir de la fecha en que se recibió el reclamo  o impugnación. El incumplimiento de este plazo dará lugar  a la caducidad del respectivo procedimiento. La caducidad  podrá ser declarada de oficio o a petición de parte. Una vez  declarada, en el plazo de 60 días el sumario administrativo  será archivado.

Artículo 58.- Denuncias de actos de corrupción.- En  caso de denuncias de actos de corrupción se garantizará  al denunciante la reserva de su nombre, habilitando un  registro reservado para tal efecto. El procedimiento de  conocimiento y de investigación de las denuncias se regulará en el respectivo Reglamento. La información  o denuncia sobre faltas administrativas o de corrupción  deberá ser admitida de forma obligatoria. La ausencia de  denuncia no exime la obligación de sustanciar las acciones  disciplinarias ante la comisión de una falta e imponer la  sanción que corresponda.

LIBRO I

POLICÍA NACIONAL

TÍTULO PRIMERO

ESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

NATURALEZA, MISIÓN Y FUNCIONES

Artículo 59.- Naturaleza.- La Policía Nacional es una  institución estatal de carácter civil, armada, técnica,  jerarquizada, disciplinada, profesional, altamente  especializada, uniformada, obediente y no deliberante;  regida sobre la base de méritos y criterios de igualdad y no  discriminación. Estará integrada por servidoras y servidores  policiales.

El ejercicio de sus funciones comprende la prevención,  disuasión, reacción, uso legítimo, progresivo y  proporcionado de la fuerza, investigación de la infracción  e inteligencia antidelincuencial. Su finalidad es precautelar  el libre ejercicio de los derechos, la seguridad ciudadana,  la protección interna y el orden público, con sujeción al  ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección  interna y orden público.

Artículo 60.- Misión.- Tiene como misión la protección  interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden  público y, dentro del ámbito de su competencia, el apoyo  a la administración de justicia en el marco del respeto y  protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad  de las personas dentro del territorio nacional, a través de los  subsistemas de prevención, investigación de la infracción e  inteligencia antidelincuencial.

Artículo 61.- Funciones.- La Policía Nacional tiene las  siguientes funciones:

1. Implementar planes, programas y proyectos elaborados  por el ministerio rector de la seguridad ciudadana,  protección interna y orden público;

2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas  contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de  responsabilidad exigido por su profesión;

3. Desarrollar acciones operativas para la protección de  derechos; mantenimiento, control y restablecimiento de la  paz social y orden público; prevención de las infracciones y  seguridad ciudadana, bajo la dependencia del ministerio  rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden  público; y, en coordinación con las entidades competentes  de los diferentes niveles de gobierno;

4. Participar en la determinación de los factores que  generan inseguridad para proponer directrices y estrategias  de seguridad ciudadana;

5. Impulsar y facilitar la participación comunitaria en  materia de seguridad ciudadana, protección interna y en  el mantenimiento del orden público, de la paz y seguridad;

6. Cumplir con el control operativo en los ámbitos  requeridos de la seguridad ciudadana, protección interna  y orden público, en coordinación con las entidades  competentes de los distintos niveles de gobierno, en el  marco de los lineamientos y directrices del ministerio  rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden  público;

7. Coordinar su actuación y cumplir las disposiciones de  los órganos de la Función Judicial en el ámbito de sus  competencias;

8. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar, indicios  o vestigios relacionados con el cometimiento de una  infracción, en cumplimiento de las disposiciones de la ley,  reglamentos y procedimientos establecidos por el Sistema  Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y  Ciencias Forenses;

9. Prestar a las autoridades públicas el auxilio de la fuerza  que estas soliciten, en el ejercicio de sus atribuciones  legales;

10. Apoyar en el control de las organizaciones de vigilancia,  seguridad y servicios de investigación privados, de  conformidad con las políticas y regulaciones del ministerio  rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden  público;

11. Prevenir e investigar la delincuencia común y  organizada, nacional y transnacional;

12. Garantizar la cadena de custodia, vestigios y los  elementos materiales de la infracción en la escena del  delito;

13. Privilegiar la protección de los derechos de las  personas en especial de los grupos de atención prioritaria  contempladas en la Constitución de la República;

14. Apoyar en el mantenimiento del orden y seguridad  en eventos públicos, en coordinación con las entidades  competentes de los respectivos niveles de gobierno, acorde  a la regulación que para el efecto establezca el ministerio  rector de la materia; y,

15. Las demás funciones asignadas en la Constitución de la  República, leyes y el Reglamento de este Código.

CAPÍTULO SEGUNDO

AUTORIDADES Y ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 62.- Presidenta o Presidente de la República.-  La o el Presidente de la República es la máxima autoridad  de la Policía Nacional quien determina sus políticas y  objetivos. Designa al Comandante General de la Policía  Nacional.

Artículo 63.- Rectoría.- Al ministerio rector de la  seguridad ciudadana, protección interna y orden público le  corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación,  gestión y control de la Policía Nacional.

Artículo 64.- Ministro o Ministra.- El titular del ministerio  rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden  público tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar planes, programas y proyectos en materia de  seguridad ciudadana, protección interna y orden público,  articulados al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo  establecido en las leyes y reglamentos;

2. Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de la  Policía Nacional, en concordancia con la planificación de  seguridad interna;

3. Velar por la debida ejecución de las políticas públicas en  materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden  público, en el marco de los derechos constitucionales y en  armonía con el Plan Nacional de Desarrollo;

4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de  la Policía Nacional; 5. Regular, coordinar, supervisar y controlar la correcta  prestación de la actividad policial en los subsistemas  preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial;

6. Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados  su participación en la construcción de la política de  seguridad ciudadana, protección interna y orden público;

7. Ejercer el control de desempeño y evaluación de la  Policía Nacional, de acuerdo con los estándares que se  defina en las leyes y reglamentos;

8. Establecer y supervisar los planes operativos especiales  para la Policía Nacional en circunstancias extraordinarias  o de desastres naturales, en coordinación con la entidad  rectora de la gestión de riesgos;

9. Aprobar el orgánico de personal y la proforma de  presupuesto anual de la Policía Nacional, con base a  estudios pertinentes;

10. Aprobar la reglamentación interna de la institución con  el apoyo de la autoridad de la Policía Nacional, de acuerdo  a los méritos y tomando en cuenta la inclusión del principio  de igualdad de género y no discriminación en los mismos;

11. Crear o suprimir agregadurías o representaciones  policiales en el exterior, en coordinación con el ministerio  rector de la política exterior, así como designar a las y los  servidores policiales para dichos destinos en función de  acuerdos y convenios internacionales;

12. Conocer y resolver, en última instancia, los recursos  de apelación o extraordinario de revisión de los actos  administrativos relacionados con los procesos que afecten  a las carreras profesionales de policía, como el caso de  descensos, condecoraciones, derechos, evaluación anual de  desempeño, y juzgamiento disciplinario mediante sumario  administrativo. Esta competencia podrá ser delegada

13. Aprobar la creación, supervisar y controlar a las  organizaciones de vigilancia y seguridad privada;

14. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar a los órganos  de la Policía Nacional;

15. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la colaboración  con las Policías Internacionales, necesaria para el desarrollo  de las misiones de la Policía Nacional del Ecuador;

16. Diseñar, supervisar y evaluar, de forma coordinada  con el organismo rector en educación superior y con una  institución de educación superior, los programas de estudio  relacionados con la formación profesional de las y los  servidores policiales;

17. Expedir acuerdos ministeriales reservados respecto  del personal de la Policía Nacional cuya identidad deba  mantenerse en reserva en razón de sus funciones; y,

18. Las demás funciones que se asigne a través de la  Constitución de la República, ley o Decreto Ejecutivo.

Artículo 65.- Comandante General de la Policía  Nacional.- La o el Comandante General de la Policía  Nacional ejerce el mando directivo operacional del personal  policial, bajo los lineamientos y directrices del titular del  ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección  interna y orden público. Será designado de entre los tres  Oficiales Generales más antiguos. Sus funciones son las  siguientes:

1. Dirigir y coordinar los procesos acorde con la misión de  la Policía Nacional;

2. Coordinar la elaboración de propuestas y análisis de  estrategias policiales operativas;

3. Conocer, controlar y evaluar las operaciones y estrategias  operativas;

4. Emitir las resoluciones administrativas de su competencia  conforme