Registro Oficial

Registro Oficial No.813- Viernes 05 de Agosto 2016 Suplemento

Viernes, 05 de agosto de 2016

Última modificación: Jueves, 22 de junio de 2017 | 19:12

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 5 de Agosto de 2016  (R. O. SP 813, 5-agosto-2016)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Servicio de Rentas Internas:

 

Ejecutivo:

Resoluciones       

NAC-DGERCGC16-00000325

Refórmense las resoluciones NAC-DGERCGC16-00000217 y NAC-DGERCGC14-00787

               

NAC-DGERCGC16-00000326

Expídense las normas complementarias para la liquidación del impuesto a los consumos especiales ICE en vehículos importados

               

NAC-DGERCGC16-00000327

Establécense las condiciones para la existencia de afectación a causa del terremoto en la actividad económica de los contribuyentes

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena

Resoluciones       

113-2016

Suprímese la Unidad Interinstitucional Judicial Temporal de Garantías Penales de Los Ríos

               

114-2016

Refórmese las resoluciones 216-2014, 215-2014, 207-2013 y 129-2013

               

116-2016

Otórguense tres nombramientos de agentes fiscales a los elegibles que constan en la resolución 022-2015, de 12 de febrero de 2015, para la carrera fiscal a nivel nacional

 http://www.derechoecuador.com/admin/De/Catalog/ProductDetail.aspx?moduleId=36#No1192016

115-2016

Nómbrese Subdirectora Nacional de Gestión Procesal General

               

117-2016

Nómbrese subdirectores nacionales

               

118-2016

Nómbrese Subdirector Nacional de Administración de Talento Humano

               

119-2016

Refórmense las resoluciones 261-2015, 191-2013, 234-2014 y 190-2013

120-2016

Nómbrese jueces a nivel nacional

 

Resoluciones       

121-2016

Créese la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos fl agrantes con sede en la parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

122-2016

Apruébense los informes técnicos y desígnense notarios suplentes a nivel nacional

               

125-2016

Refórmense las resoluciones 010-2015, de 29 de enero de 2015; y, 078-2016, de 2 de mayo de 2016

               

126-2016

Refórmese la Resolución 040-2014, de 10 de marzo de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ?expedir el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial?

               

Corte Constitucional: Sala de Admisión:

 

Causa    

0047-16-IN

Acción pública de inconstitucionalidad

 

Legitimado Activo: Andrés Mendizábal Mochkofsky, Representante Legal de la Compañía Oleoductos de Crudos Pesados OCP

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza           

-Cantón Morona: Segunda Reforma a la Ordenanza de gestión del servicio de agua potable y saneamiento

 

CONTENIDO


 

No. NAC-DGERCGC16-00000325

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

 

Que conforme el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 300 ibídem señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

 

Que de acuerdo al artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad;

 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea esta Institución como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que el artículo 73 del Código Tributario señala que la actuación de la Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;

 

Que conforme el artículo 6 del Código Tributario, los tributos además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional;

 

Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de los contribuyentes o responsables presentar las declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca;

 

Que el artículo 17 de la Ley de Minería señala que se entienden por derechos mineros, aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización;

 

Que el artículo 50 de la Ley de Minería establece que deberán obtener licencias de comercialización las personas naturales o jurídicas que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a las actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas;

 

Que el artículo 52 ibídem establece que la Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá el Registro de Comercializadores de sustancias minerales metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no metálicos, con la finalidad de llevar un control estadístico de las actividades de comercialización interna y de la exportación de estas sustancias minerales, así como de verificar y precautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley;

 

Que el artículo 53 ibídem establece que son obligaciones de los comercializadores de sustancias minerales legalmente autorizados: a) Constituirse en agentes de retención sujetándose a las normas tributarias vigentes; b) Efectuar declaraciones en forma detallada, consignando todas las retenciones y deducciones realizadas; y, c) Enviar un informe semestral al Ministerio Sectorial sobre el origen, volumen y valor de sus compras; destino, volumen y valor de las ventas; retenciones efectuadas y cualquier información estadística que fuere requerida por el Ministerio Sectorial;

 

Que el numeral 20 del artículo 1 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas dispuso que se agregue a continuación del artículo 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno, un artículo innumerado sobre la retención en la comercialización de minerales y otros bienes de explotación regulada a cargo del propio sujeto pasivo;

 

Que en el artículo innumerado antes mencionado establece que la comercialización de sustancias minerales que requieran la obtención de licencias de comercialización, está sujeta a una retención en la fuente de impuesto a la renta de hasta un máximo de 10% del monto bruto de cada transacción, de conformidad con las condiciones, formas, precios referenciales y contenidos mínimos que a partir de parámetros técnicos y mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas;

 

Que el inciso final ibídem establece que el comprobante de retención y pago se constituirá en documento de acompañamiento en operaciones de comercio exterior;

 

Que el Comité de Comercio Exterior mediante Resolución No. 59 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre de 2012, aprobó el Arancel del Ecuador, mismo que constituye un instrumento de política económica;

 

Que se ha evaluado el comportamiento vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias de sujetos pasivos titulares de licencias de comercialización, verificándose que presenta un alto nivel de evasión tributaria, por lo que es necesario establecer porcentajes de retención a cargo del propio sujeto pasivo;

 

Que mediante Resolución NAC-DGERCGC16-00000217 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 765 del 31 de mayo del 2016 el Servicio de Rentas Internas estableció las normas generales para la retención en la fuente a cargo del propio sujeto pasivo en la comercialización de concentrados y/o elementos metálicos;

 

Que el Servicio de Rentas Internas considera necesario modificar los porcentajes de retención en la fuente establecidos en el acto normativo mencionado en el inciso anterior, para procurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mineras con apego a los principios de legalidad, generalidad, suficiencia recaudatoria, progresividad;

 

Que es deber de la Administración Tributaria expedir los actos normativos necesarios para fortalecer el control y facilitar el cumplimientos de las obligaciones tributarias, y deberes formales de los sujetos pasivos, alineados a gobierno y,

 

En uso de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

Reformar la Resolución NAC-DGERCGC16-00000217

que establece las normas generales para la retención

en la fuente a cargo del propio sujeto pasivo en la

comercialización de concentrados y/o elementos

metálicos y la Resolución NAC-DGERCGC14-00787

mediante la cual se establecieron los porcentajes de

retención en la fuente de impuesto a la renta

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 4 de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000217 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 765 del 31 de mayo del 2016, por el siguiente:

 

?Artículo 4. Porcentaje de retención en la fuente de impuesto a la renta.- Los porcentajes de retención en la fuente a cargo del propio sujeto pasivo, serán los siguientes:

 

El 2% cuando el titular de la licencia de comercialización cumpla con todas las condiciones siguientes:

 

Que el sujeto pasivo -titular de una licencia de comercialización- se encuentre al día en sus obligaciones tributarias y,

 

Que la retención se aplique a exportaciones de sustancias minerales provenientes de concesiones mineras, siempre que con los titulares de dichas concesiones el sujeto pasivo -titular de una licencia de comercialización- hubiese suscrito un contrato de operación minera que a la fecha de la exportación se encuentre vigente y haya sido registrado en la Agencia de Regulación y Control Minero.

 

El 3% cuando el titular de una licencia de comercialización cumpla con todas las condiciones siguientes:

 

Que el sujeto pasivo -titular de una licencia de comercialización- se encuentre al día en sus obligaciones tributarias y,

 

Que la retención se aplique a exportaciones de sustancias minerales que no provengan de contratos de operación minera conforme las condiciones del numeral 2 del literal a) del presente artículo.

 

c)            El 10% en los demás casos dentro del ámbito de aplicación de la presente Resolución.?

 

Artículo 2.- En el artículo 2 de la Resolución NACDGERCGC14- 00787 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 del 2 de octubre del 2014, mediante la cual se establecieron los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta; a continuación del literal e) del numeral 3, agréguese el siguiente literal:

 

?f) Los sujetos pasivos que adquieran sustancias minerales dentro del territorio nacional.?

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Hasta que esté disponible en el portal web www.sri.gob.ec el anexo tributario de transacciones realizadas por el sector minero, para acogerse al porcentaje de retención en la fuente de impuesto a la renta del 3% establecido en la presente Resolución, el sujeto pasivo -titular de una licencia de comercialización- deberá realizar una declaración juramentada por cada exportación en la que certifique el origen lícito de las sustancias minerales a exportar. Para el efecto, en dicha declaración debe detallar el monto de la última compra e identificar con nombres completos, razón social, número de cédula o RUC, según el caso, a todo integrante de la cadena de comercialización, de manera que se evidencie que las sustancias minerales a exportar provienen de titulares de concesiones mineras, operadores de concesiones mineras, operadores de planta de beneficio, titulares de licencias de comercialización, mineros artesanales o importadores.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito DM, a 1 de agosto de 2016.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 1 de agosto de 2016.

 

Lo certifico.-

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

 

No. NAC-DGERCGC16-00000326

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con apego a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;

 

 

Que de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Régimen Tributario Interno, son sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto; quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, quienes presten servicios gravados;

 

Que el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos;

 

Que el artículo 81 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta, por separado, el total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales.

 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de importación;

 

Que el artículo 86 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que en el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente;

 

Que la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00200, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 216 de 01 de abril de 2014, dispone que los sujetos pasivos del ICE presentarán la información de precios de venta al público sugeridos a través del ?Anexo PVP? en el formato y especificaciones técnicas publicadas en el portal web del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec dentro de los primeros cinco días del mes de enero del año al que corresponda la información reportada;

 

Que la mencionada Resolución adicionalmente dispone que para el caso de vehículos de transporte terrestre objetos de gravamen del ICE, se entenderá como presentada la información relativa a precios de venta al público sugeridos, cuando los sujetos pasivos obligados presenten la información relacionada a matriculación vehicular, de conformidad con la normativa, tributaria vigente:

 

Que la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 de 29 de abril de 2016, dispone que los vehículos de fabricación nacional o extranjera, que al 25 de abril de 2016 se encontraban físicamente en el país, como vehículos terminados o CKDS, con un precio de venta al público como vehículo terminado de hasta USD 30.000 y que se comercialicen hasta el 31 de diciembre de 2016, obtendrán una rebaja de 5 puntos porcentuales en la tarifa del ICE, siempre que sobre los mismos no se haya causado este impuesto y que, al momento de su venta un valor equivalente al menos del 140% del beneficio sea trasladado en el precio al consumidor, caso contrario se reliquidará el impuesto sin rebaja alguna, de no hacerlo ésta Administración Tributaria en el uso de su facultad determinadora establecerá el valor del impuesto con los correspondientes intereses, multas y recargos que sean aplicables;

 

Que la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, señala que por un plazo máximo de hasta doce meses contados a partir del mes siguiente al de la aprobación de la ley, los bienes gravados con ICE que tengan tarifas diferenciadas por rangos de precio de venta al público, para efecto de la determinación de la base imponible de dicho impuesto, no considerarán el incremento temporal de otros impuestos que no se incorporan al costo ni generan crédito tributario para otros impuestos;

 

Que es necesario adecuar el proceso para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se derivan de la aplicación de las disposiciones transitorias antes señaladas;

 

En ejercicio de sus facultades legales,

 

Resuelve:

 

Expedir las normas complementarias para la

liquidación del impuesto a los consumos especiales

ICE en vehículos importados a partir de la vigencia de

la Ley Orgánica para el Equilibrio de las

Finanzas Públicas

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- La presente regulación es aplicable para las importaciones de vehículos gravados con ICE, a partir de la vigencia de las Disposiciones Transitorias Duodécima y Décimo Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.

 

Artículo 2. Liquidación de ICE.- En caso de vehículos nacionalizados, sobre los que no se hubiese aplicado la rebaja del ICE prevista en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley antes referida, y siempre que dichos vehículos (terminados o en CKDS) al 25 de abril de 2016 se hayan encontrado físicamente en el país sin nacionalizarse y cuyo precio de venta al público sugerido haya sido de hasta treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 30.000), el Servicio de Rentas Internas deberá remitir al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) la información de comercialización de dichos vehículos, esta última institución con base a dicha información, atenderá las solicitudes de devolución de pago indebido o en exceso, en el marco de sus competencias.

 

Respecto de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Tercera de la mencionada Ley, esta Administración Tributaria pondrá a disposición del SENAE la información que le permitirá visualizar la base imponible descontando el efecto del incremento temporal del IVA y la tarifa del ICE correspondiente.

 

Artículo 3. Control Posterior.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2 del presente acto normativo, el Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de efectuar los procesos de control que considere pertinentes, con el fi n de verifi car que los vehículos que se acogieron a la rebaja de los puntos porcentuales del ICE, hayan cumplido con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Duodécima de la referida Ley.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para efectos de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, el Servicio de Rentas Internas proporcionará hasta 31 de agosto del año en curso, la información necesaria para la devolución de pago indebido o en exceso por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el marco de sus competencias.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.-

 

Dado en Quito DM, a 1 de agosto de 2016.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito D.M., 1 de agosto de 2016.

 

Lo certifico.-

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

 

No. NAC-DGERCGC16-00000327

 

EL DIRECTOR GENERAL

 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

 

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea esta Institución como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 señala que se crea por una sola vez, entre otras, la contribución solidaria sobre las utilidades;

 

Que el cuarto inciso del artículo 6 de la mencionada Ley indica que se exonera del pago de la contribución solidaria sobre las utilidades a los contribuyentes que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o actividad económica como consecuencia del desastre natural en las condiciones que se definan en el reglamento y cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas, así como los contribuyentes de otras circunscripciones que hubiesen sido afectados económicamente conforme a las condiciones que se definan mediante la resolución del Servicio de Rentas Internas;

 

Que la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, señala que los contribuyentes que no tengan su domicilio tributario en las provincias de Manabí y otras circunscripciones afectadas que se definan mediante Decreto, pero cuya actividad económica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de la Ley, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas;

 

Que la disposición general séptima ibídem, señala que las sociedades que no tengan su domicilio tributario en Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, pero cuya actividad económica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrán acceder a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015;

 

 

Que el artículo 23 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 establece los casos en que se considera que hubo afectación en activos de manera general, así como los casos en que se considera que hubo afectación en actividad económica para los contribuyentes con domicilio en las provincias de Manabí y Esmeraldas al 16 de abril de 2016, señalando que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá establecer otros casos de afectación directa en los activos o en la actividad económica de los contribuyentes a causa del terremoto, en las provincias de Manabí y Esmeraldas o en otras circunscripciones;

 

Que el artículo 62 del Código Tributario indica que los contribuyentes y los responsables podrán fijar domicilio especial para efectos tributarios; pero la administración tributaria respectiva estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra especial, en el lugar que más convenga para facilitar la determinación y recaudación de los tributos. El domicilio especial así establecido, será el único válido para los efectos tributarios; y,

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

 

Resuelve:

 

Establecer las condiciones para la existencia de afectación a causa del terremoto en la actividad económica de los contribuyentes que al 16 de abril de 2016 hayan estado domiciliados en otras circunscripciones distintas a las provincias de Manabí y Esmeraldas

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establecer las condiciones para la existencia de afectación provocada por el terremoto, en la actividad económica de los contribuyentes que al 16 de abril de 2016 hayan tenido su domicilio en otras circunscripciones fuera de las provincias de Manabí y Esmeraldas, para efecto de la exoneración del pago de la contribución solidaria sobre utilidades, la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 y la exoneración del pago del saldo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015.

 

Artículo 2.- Condiciones para considerar casos de afectación por parte de personas no domiciliadas en Manabí y Esmeraldas.- Los sujetos pasivos domiciliados fuera de las provincias de Manabí y Esmeraldas serán considerados como afectados siempre que:

 

Se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

 

Por lo menos el 50% del total del rubro de propiedad, planta y equipo, sin considerar terrenos, a la fecha del terremoto, se haya encontrado en las zonas afectadas.

 

Por lo menos el 50% de los ingresos totales del sujeto pasivo registrados en su declaración del impuesto a la renta del periodo 2015 se hayan generado en las zonas afectadas.

 

Por lo menos el 50% de los costos y gastos operacionales del sujeto pasivo registrados en su declaración del impuesto a la renta del periodo 2015 se hayan incurrido en las zonas afectadas.

 

b)            Cumplan con alguno de los casos previstos en el artículo 23 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, o con alguno de los otros casos de afectación establecidos en el artículo 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000309.

 

Artículo 3.- Fijación de domicilio especial.- El Servicio de Rentas Internas podrá fijar como domicilio especial la dirección ubicada en las zonas afectadas, a los sujetos pasivos que se acojan a la presente resolución, en la medida que faciliten la determinación y recaudación de los tributos.

 

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito D. M., a 1 de agosto de 2016. Dictó y firmó la Resolución que antecede, Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 1 de agosto de 2016.

 

Lo certifico.-

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

 

 

No. 113-2016

 

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?(?) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: ?La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado??;

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: ?La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial contempla: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, dictamina: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

 

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ?En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.?;

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 24 de febrero de 2012, mediante Resolución No. 017-2012, publicada en el Registro Oficial No. 661, de 14 de marzo de 2012, resolvió: ?(?) Crear la Unidad Interinstitucional Judicial Temporal de Garantías Penales de Los Ríos, (?) con sede en el cantón Babahoyo??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 19 de septiembre de 2013, mediante Resolución 129-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 192, de 26 de febrero de 2014, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS?;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2016-285, de 19 de abril de 2016, suscrito por el abogado Julio Aguayo Urgilés MSc., Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (e) a la fecha, pone en conocimiento de la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, el: ?Informe de plan de cobertura del cantón Babahoyo?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-2425, de 8 de julio de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNP-2016-1008, de 5 de mayo de 2016, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, que contienen el informe jurídico sobre el proyecto de resolución para: ?Suprimir la Unidad Interinstitucional Judicial Temporal de Garantías Penales de Los Ríos, con sede en el cantón Babahoyo?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

 

RESUELVE:

 

SUPRIMIR LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL

JUDICIAL TEMPORAL DE GARANTÍAS

PENALES DE LOS RÍOS

 

Artículo 1.- Suprimir la Unidad Interinstitucional Judicial Temporal de Garantías Penales de Los Ríos, con sede en el cantón Babahoyo.

 

Artículo 2.- Las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la judicatura suprimida mediante esta resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con la mismas competencias en razón de la materia y el territorio, quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos.

 

Artículo 3.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en la judicatura suprimida mediante esta resolución, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos, debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Los Ríos y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

ÚNICA.- Derogar la Resolución No. 017-2012, publicada en el Registro Oficial No. 661, de 14 de marzo de 2012, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición resolvió: ?(?) Crear la Unidad Interinstitucional Judicial Temporal de Garantías Penales de Los Ríos, (?) con sede en el cantón Babahoyo??.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´s, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el trece de julio de dos mil dieciséis.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, esta resolución el trece de julio de dos mil dieciséis.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

No. 114-2016

 

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...

 

 Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determina: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: ?(?) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios.?;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: ?La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado.?;

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

 

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: ?En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.?;

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 9 de septiembre de 2013, mediante Resolución 113-2013, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 86, de 23 de septiembre de 2013, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PUEBLO VIEJO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 19 de septiembre de 2013, mediante Resolución 129-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 192, de 26 de febrero de 2014, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 19 de septiembre de 2013, mediante Resolución 131-20

 

Change password



Loading..