Registro Oficial

Registro Oficial No 521 - Martes 01 de Marzo de 2016 Edicion Especial

Martes, 01 de marzo de 2016

Última modificación: Viernes, 29 de abril de 2016 | 17:12

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 01 de Marzo de 2016 - R. O. No. 521

 

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

 

Función Judicial y Justicia Indígena                      

 

 

Corte Nacional de Justicia: Sala de lo Contencioso Tributario:

               

373-2010 Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

Aquamar S. A. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

               

383-2010 IMI del Ecuador S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

               

384-2010  S. A. en contra del Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas Almagro

 

392-2010 Inchcape Shipping Services S. A. I.S.S. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

 

394-2010 FERTISA Fertilizantes, Terminales y Servicios S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

 

399-2010 Ordóñez Armijos Cía. Ltda. en contra del Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas

               

414-2010 Banco Bolivariano C. A. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

417-2010 Patronato Municipal de San Miguel de Ibarra en contra del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas

 

423-2010 Señor Servio Vicente Coello Aguilar en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

               

431-2010 Señora María Teresa Bueno Heredia en contra del Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

               

436-2010 Unipartes S. A. en contra del Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas

 

439-2010 SJ Jersey Ecuatoriano C. A. en contra del Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

443-2010 CELLSHOP S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

 

453-2010 Consejo Provincial de Pichincha en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

469-2010 Señor Ramiro Zambrano Espinel en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas

 

503-2010 Asesoría Legal S. A. LEGALSA en contra del Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas

               

504-2010 Señora Ximena del Pilar Aguinaga Calderón en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas

 

511-2010 IBM del Ecuador C. A. en contra del Director General y Regional Norte del Servicio de Rentas Internas

 

               

513-2010 Medicamenta Ecuatoriana S. A. en contra del Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

516-2010 Islas Galápagos Turismo y Vapores C. A. en contra del Director Financiero Tributario del Municipio de Quito

 

523-2010 Señor Pedro Amado Lucero Lucero en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

               

532-2010 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas

 

538-2010 Financiera de la República FIRESA S. A. en contra del Director Financiero de la Superintendencia de Compañías

 

539-2010 Marco Antonio Apolo Berru en contra del Director Regional Centro Uno del Servicio de Rentas Internas

 

 

 

CONTENIDO

 


 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE EL SEÑOR ING. ALFONSO DELFINI M., REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AQUAMAR S. A., EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

No. 373-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, 27 de Febrero de 2012.- Las 11h15.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme Resolución No. 004-2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el doctor Agustín Salazar Córdova, ofreciendo poder o ratificación del Ing. Enrico Delfini Escala, representante legal de la compañía AQUAMAR S.A., interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 14 de abril de 2010, por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 1005-09 seguido en contra del Director General y Director Regional Sur del Servicio de Rentas Internas. Esta Sala califica el recurso y la Administración Tributaria lo contesta el 7 de septiembre de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera:

 

PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Empresa actora fundamenta su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación; considera infringidas las siguientes disposiciones: arts. 76, número 7, letras a, b, c, h y l y 86 de la Constitución de la República; arts. 5, 9, 19, 27 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial; arts. 259, 270 y 273 del Código Tributario; arts. 115, 257 y 262 del Código de Procedimiento Civil. En lo principal, argumenta que la Sala al momento de dictar sentencia se limita a indicar que la demanda de impugnación es la materia de controversia sobre la que debe pronunciarse, sin analizar los puntos sobre los que se trabó la litis y resuelve simplemente declarar sin lugar la impugnación presentada, al considerar que la Resolución impugnada no adolece de nulidades; que han incurrido en errores importantes que deben ser objeto del análisis en casación, tomando en cuenta que el asunto sobre el que se trabó la litis no es el definir si la resolución impugnada es nula, sino, de reconocer a favor de la Empresa los valores de IVA a los que tiene derecho; que la Sala incurre en una serie de errores que puntualiza en el escrito de interposición del recurso, que sin tener el expediente que originó la Resolución impugnada, sin poder confrontar los documentos incorporados por el perito designado por la parte actora, afirma que la información contenida en el mismo no forma parte de los archivos ni del producto exportado, sin establecer el análisis que le permita llegar a esa conclusión; que en la motivación de la sentencia únicamente se menciona que durante la tramitación de la causa se realizaron dos inspecciones judiciales y una exhibición contable, sin prestar mérito a las conclusiones que se derivaron de cada una de dichas actuaciones, que no menciona el incumplimiento incurrido por el SRI al no haber incorporado el expediente administrativo que dio origen a la resolución impugnada; que la sentencia resolvió un asunto que no formó parte de la controversia y que no fue alegado en la pretensión de la demanda interpuesta. TERCERO: El representante de la Administración Tributaria por su parte, en la contestación al recurso señala que, la sentencia ha sido dictada cumpliendo con todos los requisitos que se expresan con claridad en el segundo inciso del art. 273 del Código Orgánico Tributario así como en las normas del Código de Procedimiento Civil que también refiere; que la Resolución impugnada fue emitida en forma correcta y debidamente motivada, entendida en los términos establecidos en el art. 76, número 7, letra l de la Constitución; que el acto administrativo impugnado no trastoca el requisito constitucional y legal de la motivación, pues está compuesta de una parte considerativa en la que se explica y hace referencia a los fundamentos que antecedieron su emisión y las normas jurídicas que sustentaron la parte resolutiva; que correspondía al actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la autoridad demandada, que en el proceso, a pesar de las pruebas que aportó la parte actora, nunca pudo fundamentar  su  pretensión; cita  sentencias  sobre  la  carga de la prueba; que  el  actor  no  ha  demostrado  de  qué  modo  la  Sala juzgadora  ha  aplicado  indebidamente, no  ha  aplicado  o  haya interpretado  erróneamente  las  normas  que  refiere,  que  simplemente alega que se han infringido tales normas pero no de qué manera lo ha hecho. CUARTO: Un tema que esta Sala Especializada considera prioritario resolver es el relacionado con la presunta falta de motivación de la sentencia, atento el efecto previsto en el art. 76, número 7, letra l de la Constitución; para hacerlo, esta Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: 4.1. El acto impugnado por la Empresa actora es la Resolución No. 109012008REDV002385, de 29 de febrero de 2008, por la que la Administración resuelve la devolución parcial del IVA a favor de la reclamante; 4.2. Analizada la sentencia, se observa que las razones en las que, la Sala juzgadora fundamenta su fallo constan en el Considerando Tercero, puesto que los argumentos que constan en los otros considerandos hacen referencia, de modo general, a la valoración de la prueba (Cuarto) y al debido proceso (Quinto), pero sin una aplicación específica al caso que juzgan; entre las razones que se refieren, vale destacar, el informe pericial del CPA. Udley Arellano Mejía, quien incorpora documentación no considerada por la Administración Tributaria que consiste en facturas y comprobantes por prestación de servicios y gastos que no forman parte de los activos fijos ni del producto exportado; y, que en relación al art. 148 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno dice: ??es necesario establecer que en el inciso séptimo del numeral 9, determina que la devolución del IVA pagado en exportaciones no supera el 12% del valor FOB pagado en el período, Que el art. 4 de la Decisión 388, de la Comunidad Andina de Naciones, por sí sola no es aplicable cuando afecta a la Soberanía de los Estados Integrantes ya que no existe Supranacionalidad, en este caso la aplicación de la norma Tributaria es de carácter interno, el numeral 4 del Art. 127 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, que en lo principal dice: Las personas naturales y las Sociedades que hubiesen pagado el Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos es inaplicable por ser contraria a los principios y jurisprudencia Constitucional??(las mayúsculas y puntuación corresponden al texto); 4.3. De lo resumido y transcrito de la sentencia en análisis, se puede deducir, con claridad suficiente, que la Sala de instancia no llega a confrontar adecuadamente los hechos, los comprobantes y justificativos del IVA reclamado, con el derecho, las normas que amparan la negativa a devolver el IVA que es lo que resuelve la Administración en la Resolución impugnada y que la sentencia declara válida; estos razonamientos de la Sala no cumplen con el deber de motivar exigido por la norma Constitucional, a consecuencia de lo cual, se casa la sentencia. QUINTO: Corresponde entonces a esta Sala Especializada pronunciar sentencia de mérito, para lo cual formula los siguientes razonamientos: 5.1. El contribuyente, con los argumentos que obran de la demanda, solicita la devolución de la totalidad del IVA pagado correspondiente al mes de julio de 2007, no reconocido por la Administración Tributaria mediante Resolución No. 109012008RDEV002385 emitida por el Director Regional del Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas; 5.2. La Resolución impugnada contiene dos conceptos en los que agrupa comprobantes que no acepta, a saber: 8.1 COMPROBANTES DE COMPRAS CON IVA, NO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN; los criterios por los que no los incluye son: NCP No costo de producción y/o gastos  de comercialización, Act. Fijo Activos fijos presentados y no depreciados y S servicios no considerados; y, 8.2. COMPROBANTES DE COMPRA CON IVA, RECHAZADOS; la razón por la que la Administración rechaza los comprobantes de compra con IVA es 242: Comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica; de lo expuesto se determina que la Resolución sí especifica las razones y fundamentos por los que los comprobantes con IVA no son considerados en la liquidación, por lo que correspondía a la Empresa actora demostrar en el proceso la pertinencia de los justificativos rechazados por la Administración Tributaria; 5.3. En lo que tiene que ver con la pertinencia o no de la devolución del IVA, debe observarse lo que establece el Art. 72 de la LRTI, que en la parte que interesa al caso, a la letra dice: ?Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago?? (el subrayado es de la Sala). En la especie, por afirmación de la propia Empresa actora, foja 11 del proceso, se desprende que sus actividades de acuacultura, siembra, cultivo y cosecha de especies acuáticas, están orientadas a la exportación y comercialización interna (el subrayado es de la Sala), lo cual implica que es una parte, no la totalidad, de la producción la que se destina a la exportación, por lo que no cabe reconocer el 100% del IVA pagado, al amparo de la norma citada; 5.4. De la Resolución impugnada, en el número 8.1., se desprende que los comprobantes de venta no considerados son porque no constituyen gastos relacionados con la fabricación de bienes que se exportan, lo cual no ha sido desvirtuado por la Empresa actora en el proceso, pues no consta que haya demostrado que los comprobantes no aceptados correspondan a adquisiciones locales o importaciones de bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten, por lo que mal se puede disponer la devolución de los valores no reconocidos por la Administración en la resolución impugnada; 5.5. En lo que tiene que ver con los rubros identificados con el número 8.2. de la Resolución en ciernes, consta de la misma que la causa del rechazo es ?comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica?, razón que esta Sala no considera suficiente para rechazarlos, ya que, contrario sensu, la Administración no cuestiona la validez de los comprobantes. Por lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta parcialmente la demanda en los términos consignados en el considerando Quinto de este fallo. Sin costas. Actúe la Abg. Dolores Proaño Zevallos como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la titular, de conformidad al Oficio No. 64-2011-SCT-CNJ de 18 de mayo de 2011.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Carlos Ramírez Romero, y, Maritza Tatiana Pérez Valencia. Jueces Nacionales. Certifico.

 

f.) Abg. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora,

 

Encargada.

 

En Quito, a veintiocho de Febrero de dos mil doce, a partir de las quince horas notifico mediante boleta la sentencia que antecede al señor DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Ab. Jorge Reinoso Campoverde. No se notifica al señor ING. ENRICO DELFINI ESCALA, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A., por no haber señalado casillero judicial en esta ciudad de Quito.

 

Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

RAZÓN: Las cinco copias que anteceden son iguales a su original constante en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 373- 2010 que sigue el ING. ALFONSO DELFINI M., REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AQUAMAR S.A., en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Quito, a 6 de marzo del 2012. Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE: FELIPE JAVIER VIVA JURADO REPRESENTANTE LEGAL DE IMI DEL ECUADOR S.A. EN CONTRA DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR.

 

No. 383-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, 5 de marzo de 2012.- Las 08h45.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el consejo de la Judicatura; y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ab. Jorge Reinoso Campoverde, a nombre de la Autoridad Tributaria, interpone recurso de hecho ante la negativa al de casación planteado en contra de la sentencia dictada el 28 de junio de 2010 por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 6627-4293-06 seguido por la Compañía IMI DEL ECUADOR S.A., en contra de la Administración Tributaria. Esta Sala Especializada en auto del 24 de agosto del 2010 acepta el recurso de hecho con lo que habilita el conocimiento del recurso de casación. El representante de la Empresa actora lo contesta el 31 de agosto de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera:

 

PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver los recursos interpuestos de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, fundamenta el recurso de casación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de la materia. Considera que se han infringido las siguientes disposiciones: art. 76, número 7, letra l de la Constitución; arts. 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil; y, arts. 260, 270 y 273 del Código Tributario. Respecto de la primera causal manifiesta que la sentencia no contiene los requisitos exigidos por las normas constantes en la letra l del numeral 7 del art. 76 de la Constitución y arts. 273, 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia en ningún momento hace referencia a norma jurídica alguna o a algún fallo de casación mediante el cual explique la decisión tomada, que la motivación constituye un requisito absolutamente necesario legal y constitucionalmente exigido lo cual, ante la falta de motivación torna nula la sentencia dictada; agrega argumentos doctrinarios y jurisprudenciales en respaldo de sus alegaciones sobre la motivación; Respecto de la tercera causal, sostiene que no se ha considerado totalmente las pruebas presentadas por las partes, que en ninguna momento de la sentencia se realiza una explicación jurídico contable de la validez de la documentación aportada por la parte actora, simplemente la aceptan como válida y en base a ello emiten su dictamen, que no consideraron el escrito de prueba presentado por la Administración, no mencionan los alegatos expuestos en defensa de los intereses institucionales, que de acuerdo con el contenido de la norma de la Ley de Racionalización Tributaria, Ley 99-44, publicada en el Registro Oficial 321 de 18 de noviembre de 1999, que cita, vigente para el año 2000, el impuesto retenido dentro de ese año se constituye en crédito tributario y podía compensarse del impuesto causado en la declaración anual para tal período, si el monto de las retenciones superaba al impuesto causado, entonces el contribuyente podía proponer reclamo de pago indebido, que en ninguna parte de la norma se indica que el impuesto a la renta causado pudiera compensarse con el crédito tributario resultante de años anteriores al de la promulgación de la ley referida, que más bien únicamente podía utilizarse como crédito tributario las retenciones efectuadas durante el mismo ejercicio fiscal, tal como lo realizó el actor, valor que no fue glosado por la Administración Tributaria; respecto a la errónea interpretación del art. 92, sustituido por el art. 45 del Decreto Ejecutivo 1628, publicado en el Registro Oficial 350 de 30 de diciembre de 1999 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que según el actor ampara la utilización como crédito tributario el saldo a favor resultante del año 1998, y cuyo texto transcribe, que el último inciso se refiere a los anticipos del Impuesto a la Renta, figura que existe hasta la actualidad, el cual se paga en dos cuotas y se deduce del impuesto causado del ejercicio fiscal, que no se refiere a las retenciones del Impuesto a la Renta que superen el impuesto causado y que no puedan ser compensados en el mismo ejercicio fiscal; que el contribuyente nunca interpuso reclamo de pago indebido, hecho cuya responsabilidad no es atribuible a la Administración sino al contribuyente al no ejercer su legítimo derecho; respecto de la tercera causal, que dentro del proceso eran admisibles todos los medios de prueba, que el Tribunal no despachó la solicitada  y por el contrario dictó sentencia. TERCERO: El representante de la Empresa actora por su parte, en el escrito de contestación al recurso, luego de argumentar sobre la improcedencia del mismo, respecto a los cuestionamientos al fallo, en lo principal, manifiesta que el Tribunal aplicó debidamente el art. 92 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, que no se encuentra en discusión la existencia del saldo del crédito tributario, a favor del actor sino que el único mecanismo a utilizar a fin de recuperarlo habría sido el reclamo de pago indebido, dentro de los plazos legalmente establecidos; respecto de la causal tercera, que la Administración no pudo desvirtuar durante la etapa probatoria que existiera un procedimiento especial para notificar a ésta sobre la utilización del saldo del crédito tributario del año 1998, por lo que el Tribunal aceptó que una forma de hacerlo fue la presentación de la correspondiente declaración del impuesto a la renta del año 2000 en el que se refleja la compensación; que la Administración ha reconocido la existencia del crédito tributario a favor de la empresa, que la afirmación de la Administración de que existe una errónea interpretación del art. 92 del Reglamento a la LTRI porque no es lo mismo ?anticipo de impuesto a la renta? que ?crédito tributario?, quedó desvirtuado en la valoración de la prueba con el concepto de retención que consta en la página web del SRI, considerado por el Tribunal, que para que el recurso sea procedente la recurrente está obligada a citar la regla jurídica concerniente a la valoración de la prueba que ha sido infringida y a explicar cómo ese error ha conducido a la violación del derecho y consecuentemente el perjuicio al recurrente, lo cual no se ha realizado. CUARTO: Uno de los cuestionamientos a la sentencia que esta Sala considera prioritario resolver dice relación con la presunta falta de motivación de la misma por lo que corresponde verificar si ello ocurre, para lo cual esta Sala Especializada establece que el tema de la litis tiene que ver con las diferencias encontradas por la Administración Tributaria en las retenciones que le han efectuado al contribuyente y que la Administración establece en un monto menor al declarado por éste, quien había procedido a compensar el crédito tributario por retenciones realizadas, mecanismo que para la Administración no es el pertinente porque considera que debió recuperarlos a través del reclamo de pago indebido; todo ello se deduce de lo determinado por la Sala en el considerando Cuarto de la sentencia, lo cual nos conduce a concluir que la Sala realiza una adecuada motivación de los hechos, que los aplica al derecho, sin que ello signifique que su aplicación sea la que corresponde. QUINTO: El tema de fondo de la discusión está relacionado con el mecanismo para recuperar el crédito tributario, cuyo saldo correspondía al ejercicio de 1998, habida cuenta que la Empresa lo realizó mediante compensación en la declaración del impuesto a la renta del año 2000, que la Administración lo objeta porque considera que lo que cabía era hacerlo a través de reclamo de pago indebido y no mediante compensación. Para resolver, esta Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: 5.1. La Sala juzgadora sustenta su decisión a favor de la Empresa en el principio indubio pro reo consagrado en el art. 76, número 5 de la Constitución, que establece que en caso de conflicto entre dos leyes de una misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción, por lo que considera acertado que el  contribuyente haya optado por la opción de compensar el crédito tributario que provenía del año 1998, en vez de solicitar el reclamo por pago indebido, según la Sala de instancia, en aplicación de la disposición contenida en el art. 92 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario, sustituido por el art. 45 del Decreto Ejecutivo 1628, publicado en el Registro Oficial No. 350 de 30 de diciembre de 1999; 5.2. El inciso final del referido art. 92 del Reglamento a la LRTI, reformado, que regula la ?Justificación de las retenciones y crédito tributario?, que sirve de sustento para la decisión de la Sala juzgadora, a la letra señala: ?Quienes mantuvieren a su favor diferencias motivadas por el pago del anticipos de Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 1998, no compensadas en declaraciones de Impuesto a la Renta, podrán seguir compensándolos con el impuesto a la renta de ejercicios futuros sin necesidad de resolución previa? (el subrayado es de la Sala); 5.3. En la especie, lo que el contribuyente ha compensado no son diferencias motivadas por el pago de anticipos de impuesto a la renta, cual es la exigencia de la norma, sino el saldo de crédito tributario, que provenía de 1998, como lo reconoce de manera expresa, para el cual, el mismo art. 92, inciso quinto del Reglamento a la LRTI establecía como mecanismo para recuperar retenciones mayores al impuesto causado, como es el reclamo de pago indebido, del cual no existe evidencia que el contribuyente lo haya ejercitado; 5.4. No existen fundamentos para que la Sala haya aplicado el principio indubio pro reo puesto que no existe dicotomía entre normas y porque las obligaciones tributarias, como las que se discuten en la causa, no son sanciones sino cargas económicas impuestas por el Estado en virtud de su potestad de imperio, que ejercidas en los términos previstos en la ley, contribuyen al cumplimiento de sus fines específicos, como es el bien común de la sociedad. Lo indicado deja en evidencia la errónea aplicación de la norma reglamentaria esgrimida por el recurrente. Por las consideraciones expuestas, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida y declara la validez de la Resolución impugnada. Sin costas. Actúe la Abg. Dolores Proaño Zevallos, como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la titular, de conformidad al Oficio No. 64-2011-SCT-CNJ de 18 de mayo de 2011.- Notifíquese, publíquese y devuélvase. Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Carlos Ramírez Romero, y, Maritza Tatiana Pérez Valencia. Jueces Nacionales. Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

En Quito, a cinco de Marzo del dos mil doce, a partir de las quince horas notifico mediante boleta la sentencia que antecede al señor FELIPE XAVIER VIVAR JURADO, REPRESENTANTE LEGAL DE IMI ECUADOR S.A., en el casillero judicial No. 707 de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga y Dr. Fernando Pinto Vinueza; y al señor DIRECTOR REGIONAL REGIONAL LITORAL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Ab. Jorge Reinoso Campoverde.


 

Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

RAZÓN: Las cinco copias que anteceden son iguales a su original constante en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 383- 2010 que sigue FELIPE JAVIER VIVA JURADO REPRESENTE LEGAL DE IMI DEL ECUADOR S.A. en contra del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR. Quito, a 27 de Marzo del 2012.

 

Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

JUICIO DE NULIDAD QUE SIGUE: CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL DEL SRI.

 

No. 384-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, 29 de marzo de 2012.- Las 15h30. VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ing. José Rafael Vacas Almeida, Gerente General de la empresa Constructora Almagro S.A, interpone recurso de hecho ante la negativa al recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada el 08 de junio de 2010 por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de acción directa No. 23683-05 de nulidad del procedimiento coactivo de prescripción a la acción de cobro del proceso coactivo No. 057/2005 que sigue la Empresa actora en contra del Servicio de Rentas Internas. Esta Sala acepta el recurso de hecho, con lo que habilita el conocimiento del recurso de casación; la Administración Tributaria lo contesta el 1 de septiembre de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver los recursos interpuestos de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Empresa actora fundamenta el recurso de casación en las causales primera y segunda del artículo 3 de la Ley de la materia; considera infringidos los artículos 224 y 261 del Código Tributario; 35, 36 y numeral 5 del artículo 37 de la Constitución de la República. Manifiesta que su representada es una empresa familiar donde el motor es la fuerza laboral personal, pero de conformidad con el certificado adjunto en el escrito de interposición del recurso, desde 1987 se ha visto agobiado por la enfermedad de Parkinson por lo que se han  paralizado sus actividades. Que consta en el punto 2.2 del propio escrito de la demanda que se fijó domicilio especial para futuras notificaciones, de conformidad con el artículo 62 del Código Tributario, situación que fue recalcada en el mismo escrito en el punto 3.3, sin embargo en ningún momento se recibió escrito alguno, ni consta que la Administración no haya aceptado dicho domicilio especial. Arguye que, en la sentencia recurrida jamás se hace mención al certificado médico que se adjuntó al escrito de nulidad y menos la indefensión que se le ha causado al actor, puesto que en el proceso de ejecución No. 057/2005 se ha fijado domicilio especial para notificaciones, sin que la Administración Tributaria haya notificado en el mismo. El recurrente cita el considerando primero de la sentencia de instancia, donde el Tribunal de origen ratifica su competencia para el caso y transcribe la Resolución del Consejo de la Judicatura por la cual se otorga competencia a la Cuarta y Quinta Salas Temporales del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, recalcando en la parte de la disposición que señala ??Excluir del resorteo las causas que, estando en autos para resolver, por su cuantía, puedan comprometer los altos intereses del Estado, con la demora de su estudio representaría en una nueva Sala?? así como la fecha que fue aprobada ?veinte y un días del mes de abril del 2009?. Que la propia Sala, en su considerando primero reconoce que asumió la competencia en base a lo dispuesto en la Resolución 015-09 de 21 de abril de 2009, más no toma en cuenta que el texto de dicho documento se publicó en el Registro Oficial No. 607 de 8 de junio de 2009 y que ninguna resolución ni ley pueden tener efecto retroactivo. Señala los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución de la República que garantiza una atención especial para los adultos mayores, por lo que considera que al haber presentado certificado médico de su enfermedad y demostrar su edad, la Sala no ha resuelto todos los puntos planteados en su demanda pues nada ha dicho sobre ello. TERCERO: Por su parte el Procurador de la Autoridad Tributaria contesta el recurso y manifiesta que el 8 de junio de 2010 la Sala de instancia rechaza la demanda contenciosa de acción directa de nulidad y declara la validez del procedimiento coactivo No. 0057-2005 y el acta de embargo del inmueble ubicado en el edificio Colinas del Pichincha y dispone que el SRI continúe con el proceso y remate del inmueble. Que la acción coactiva en contra de la empresa CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. es por declaraciones correspondientes a IVA y Retenciones en la Fuente presentadas a través de internet por el representante legal y su contador, que no están pagadas hasta la presente fecha. Que el auto de pago fue citado por boletas el 24, 25 y 28 de febrero de 2005, recibido por la señora Sonia Cevallos con Cédula de Ciudadanía No. 1714412036, conforme consta en el expediente del proceso. Que dentro de la ejecución coactiva se ordenó la retención de fondos de la empresa así como del representante legal señor VACAS ALMEIDA JOSE RAFAEL. Que el 7 de marzo de 2005 el representante legal de la empresa ingresa un escrito en donde textualmente indica que ?en relación al juicio coactivo No. 057/2005 en contra de la Constructora Almagro S.A. con RUC 1790289508001 por obligaciones tributarias del IVA y Retenciones en la Fuente (?) me permito dejar constancia que los valores adeudados serán cancelados mediante pagos parciales y como plazo máximo la totalidad al 17 de abril de 2005? y entrega copias de la escritura de levantamiento de la  hipoteca del bien inmueble citado en el Conjunto habitacional Colinas del Pichincha; y, en la misma fecha se emite providencia a través de la cual, se ordena la prohibición de enajenar el bien inmueble y se dispone el levantamiento de la medida cautelar de retención de cuentas de la empresa y del representante legal, que el 9 de marzo de 2005 se notifica lo actuado, documento recibido por Sonia Cevallos. Que al no cumplir el contribuyente con el pago ofrecido, el 28 de julio de 2005 se dispone el embargo del bien inmueble propiedad de la compañía CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. y con fecha 9 de agosto de 2005 se notifica el referido auto de embargo, el cual es recibido por Sonia Cevallos. Que el 13 de septiembre de 2005, la Sra. María de Lourdes de Vacas, presidenta de la empresa entrega el juego de 3 llaves del bien embargado y en el escrito indica que, se entrega el juego de 3 llaves del bien inmueble a ser embargado. Todo este recuento lo presenta el Procurador aduciendo que, de esta manera demuestra que se ha respetado el debido proceso en la presente causa. Que el recurrente indica que en la sentencia recurrida no se ha hecho mención al domicilio especial fijado y que la Sala tampoco se ha pronunciado sobre el certificado médico adjunto a la demanda, pero no hace ninguna relación entre estos hechos y las causales en las que fundamenta su recurso que son la primera y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, es decir en ningún momento indica porqué se realizó la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho o que hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión. Que el recurrente cita además, los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución de la República referente a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, haciendo énfasis en que sufre de Parkinson y es anciano, sin embargo se debe tomar en cuenta que el Estado garantiza a los adultos mayores exenciones en el régimen tributario, conforme lo dispone el artículo 37 numeral 5 de la Constitución y que estas exenciones están contempladas en el artículo 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sin embargo hay que tomar en cuenta que, en este caso el contribuyente es una persona jurídica, la cual es la que ha contraído las obligaciones, que está claro que los manejos de la empresa los realizaba el representante legal, pero no se debe tomar su condición para favorecer a una empresa que no ha cumplido con sus obligaciones tributarias, más aun tomando en cuenta que éstos son impuestos indirectos retenidos por el contribuyente y que no han sido entregados a la Administración Tributaria. CUARTO: El cuestionamiento formulado por el representante de la Empresa actora a la sentencia al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, no ha sido adecuadamente fundamentada, pues en ninguna parte del escrito de interposición del recurso se menciona de manera concreta, el yerro en el que incurre la sentencia, si es falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, como tampoco determina las normas de derecho que supuestamente se han violentado, salvo referencias generales a disposiciones constitucionales y legales, vacíos que atañen al fondo del asunto, que no pueden ser subsanados por la Sala, por lo que el cuestionamiento, al amparo de esta causal resulta improcedente. QUINTO: Respecto a los errores de procedimiento en los que se habría incurrido en el fallo, esta Sala Especializada considera preciso señalar que, la acción de nulidad del procedimiento coactivo puede fundarse en la  omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, según lo preceptúa el número 3 del art. 221 del Código Tributario; en concordancia con lo previsto en el art 165 del referido Código, que señala cuales son las solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecución: legal intervención del funcionario ejecutor, legitimidad de personería del coactivado, existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido facilidades para el pago, aparejar a la coactiva títulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas y citación legal de auto de pago al coactivado; ninguna de éstas ha demostrado el recurrente que se hayan producido en la especie; por el contrario, quedan en evidencia las actuaciones del representante legal de la Empresa actora, reconociendo la existencia de la obligación y la oferta de pago, la entrega de la escritura de cancelación de hipoteca (comunicación de 3 de marzo de 2005, fs. 100) y de las llaves del bien inmueble embargado (comunicación de 13 de septiembre de 2005, fs. 101), acciones evidentes que demuestran que el representante legal de la empresa coactivada conocía del procedimiento de ejecución y que jamás estuvo en indefensión. Tampoco puede atenderse las alegaciones referidas a que se ha inobservado normas constitucionales que protegen a personas con capacidades especiales, en tanto, las obligaciones en discusión no corresponden a una persona natural sino a una persona jurídica. En lo que dice relación a la intervención de la Sala de instancia, ésta se encuentra validada con la Resolución del Consejo de la Judicatura que de manera expresa se hace constar en la sentencia, resolución que no ha sido objeto de impugnación ni existe constancia de que la misma se haya derogado o dejado sin efecto; consta también del proceso la razón del resorteo de causas, de 12 de octubre de 2009 (fs. 118), la que fue puesta en conocimiento de las partes mediante providencia de 12 de enero de 2010, que no ha sido objetada en su legitimidad, por lo que se encuentra ejecutoriada y produce todos los efectos de ley. Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso interpuesto. Sin costas. Actúe la Abg. Dolores Proaño Zevallos, como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la Titular, de conformidad al Oficio No. 64-SCT-CNJ-2011 de 18 de Mayo de 2011.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces Nacionales, Gustavo Durango Vela. Conjuez.

 

Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

 

En Quito, a dos de abril del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A., en el casillero judicial No. 497 del Dr. Milton Subía; y al DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No.

 

568; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero judicial No. 1200.

 

Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

RAZÓN: Las cinco fojas que anteceden son iguales a sus originales. Quito, 9 de mayo de 2012.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora, Encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE: LA COMAPÑÍA INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. contra EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL LITORAL SUR.

 

No. 392-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, 25 de febrero de 2012.- Las 10h30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ing. JOHNNY ALCÍVAR ZAVALA, Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, interpone recurso de hecho ante la negativa al recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada el 24 de junio de 2010, por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 6292-4041-05 seguido por la Compañía INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO), en contra de la Administración Tributaria. Esta Sala acepta el recurso de hecho, con lo cual habilita el de casación y el representante de la Empresa actora lo contesta el 27 de agosto de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver los recursos interpuestos de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Administración Tributaria fundamenta el recurso de casación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de la materia. Considera que se han infringido las siguientes disposiciones: art. 76, numeral 7, letra l de la Constitución; arts. 274,275 y 276 del Código de Procedimiento Civil; y, arts. 260, 270 y 273 del Código Tributario. En lo principal manifiesta que la sentencia realiza una transcripción de los diferentes escritos presentados por la parte actora, pero no se hace referencia detallada de normas jurídicas o algún fallo de casación mediante el cual explique la decisión tomada; que el art. 274 del Código de Procedimiento Civil establece que las sentencias deberán contener la decisión de todos los puntos que fueren  materia de la resolución fundándose en la ley y los méritos del proceso y a falta de ley en los principios de justicia universal; que la obligación de motivar las sentencias ha sido reconocido por la jurisprudencia en fallos, cuyos textos pertinentes refiere; que la sentencia no contiene los requisitos legales lo cual se adecua a la causal de casación contenida en el numeral primero del art. 3 de la Ley de Casación, ya que tan sólo se limita a transcribir los escritos de demanda, contestación a la misma, así como los escritos de prueba sin especificar el criterio jurídico o contable que sirve de soporte para haber dictado la resolución; que en la sentencia en ningún momento se tomó en consideración o se analizó el acto impugnado y sus antecedentes, lo cual a más de la inaplicación del art. 270 del Código Tributario, ha provocado la indefensión de la Administración Tributaria al no considerar el acto impugnado y que la negativa pura y simple presentada se debió a que en sede administrativa no se presentó documentación o pruebas que sustenten sus pretensiones; que se ha violado preceptos respecto a la valoración de las pruebas y se ha violado el derecho a la defensa; que en el juicio eran admisibles todos los medios de prueba menos la confesión, considerando como prueba plena un documento que carece de validez. TERCERO: El representante de la Empresa actora por su parte, en el escrito de contestación al recurso manifiesta que, de la lectura exhaustiva de la sentencia consta que, la misma se encuentra plenamente motivada en estricta aplicación a lo que disponen disposiciones legales que refiere; que consta de autos la inmotivada liquidación de pago emitida por la Administración Tributaria de 28 de febrero de 2005 y 10 días después, el 9 de marzo de 2010 (SIC) procede a notificar con oficio alegando falta de información, por lo que primero notifica una liquidación de pago y 10 días posteriores requiere información, lo cual de acuerdo a la norma suprema, implica la nulidad del acto administrativo; que el demandado una vez citado comparece al proceso contestando la demanda con una negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho; que su representada procedió a incorporar mediante instrumento certificado el comprobante de retención cancelado en el exterior como Federal TAX por los intereses percibidos del exterior por la suma de US $ 49.788 derivados del crédito otorgada a su relacionada de los EEUU de Norteamérica. CUARTO: El tema que la Sala estima debe resolverse de manera prioritaria es el relacionado con la presunta falta de motivación de la sentencia, ya que de configurarse tal vicio, la consecuencia es su nulidad, al tenor de lo previsto en el art. 76, numeral 7, letra l de la Constitución. Al respecto, se formulan las siguientes consideraciones: a) La Empresa actora en su demanda pretende que se declare la nulidad de la Liquidación de Pago por Diferencia en Declaraciones No. RLS-GTRLP-A05-2005-0006, notificada el 9 de marzo de 2005; b) La Sala juzgadora para atender en sentencia la pretensión de la Empresa actora debió proceder a analizar los hechos, esto es, determinar con suficiencia y claridad, sobre la base de las pruebas actuadas por las partes, si la Liquidación de Pago por Diferencia en Declaraciones que es el acto impugnado, adolece de vicios de nulidad, hecho lo cual, debió confrontar con las normas de derecho que determinen esa consecuencia; c) Tal ejercicio no aparece de los considerandos del fallo, en el que se limitan a describir la pretensión de la Empresa actora, la contestación de la demanda (considerando tercero); una descripción de los  pormenores de la actuación de las pruebas por las partes, una referencia a la carga de las pruebas que a decir de la Sala lo cumplió únicamente la parte actora y una escueta referencia a una prueba específica de que ?la actora hace uso y reproduce como prueba a su favor del crédito tributario por impuestos pagados en el exterior? (¿?) lo cual es complementado con la cita del art. 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno que para la Sala juzgadora respalda el beneficio, así como los comprobantes de retención y demás documentos administrativos (considerandos cuarto, quinto y sexto); y, en los considerandos séptimo y octavo refiere a disposiciones constitucionales que regulan el régimen de derechos, el debido proceso y su aplicación directa, inmediata y preferente así como a la ausencia procesal y falta de descargo jurídico de la demandada; d) De lo expuesto en el literal precedente se determina que la Sala de instancia no ha realizado la confrontación de los hechos con las normas de derecho de lo que se desprende, de manera inobjetable, la vulneración del derecho que generen el vicio de nulidad del acto impugnado, incurriendo en la falta de motivación alegada por el demandado, por lo que la sentencia es nula y así se la declara. QUINTO: Corresponde entonces, en aplicación del art. 16 de la Ley de Casación, expedir sentencia, para lo cual esta Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: 5.1. El cuestionamiento al acto impugnado, según la Empresa actora, obedece al hecho de que la liquidación de Pago por Diferencia en Declaraciones fue emitida el 28 de febrero de 2005, notificada el 9 de marzo de 2005, a las 11h20; y que, con la misma fecha 9 de marzo de 2005, a las 11h15, notifica la falta de información para justificar totalmente la diferencia en declaraciones establecidas por el año 2001, lo cual, a su decir, inmotivadamente sin haber agotado previamente el proceso de revisión llevado a cabo por el Departamento de Gestión Tributaria, la Administración Tributaria emitió la Liquidación de Pago, violentando procedimientos reglamentarios y derechos constitucionales como el debido proceso, por lo que resulta ineficaz e inmotivada la Liquidación de Pago por Diferencia de Declaraciones; 5.2. Analizados los dos actos en aparente conflicto se encuentra que, la Liquidación de Pago por Diferencia en Declaraciones, fue efectivamente emitida el 28 de febrero de 2005 y notificada el 9 de marzo de 2005, a las 11h20; en ella se liquida las diferencias detectadas por la Administración Tributaria, en base a lo previsto en el art. 200 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que prevé que procede la Liquidación de Pago si el contribuyente no ha presentado las declaraciones sustitutivas, lo cual debió hacerlo en base a la Comunicación de Diferencias en Declaraciones o Cruces de Información de 13 de enero de 2005 por el que se le concedió el plazo de 15 días hábiles para atender lo solicitado; 5.3. El oficio No. 109012005OGTR001765 que es una contestación al trámite No. 109012005001676 iniciado por la Empresa en base a la petición ingresada el 19 de enero de 2005, es decir luego de recibir la Comunicación de Diferencias, también está fechado el 28 de febrero de 2005 y su notificación ocurre el 9 de marzo de 2005; en él la Administración expone que no es procedente justificar totalmente las diferencias correspondientes establecidas mediante la Comunicación de Diferencias, por lo que señala que procederá a emitir la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración; 5.4. No es ajustado a la realidad  procesal lo que pretende el representante de la Empresa actora que con dicho oficio se notifica la falta de información, como tampoco que medie entre el uno y otro acto, diez días como lo expresa en la demanda, pues, como se deja establecido, corresponden a la misma fecha, mediando cinco minutos únicamente en el acto de notificación de los mismos; estos hechos no afectan la validez de la Liquidación de Pago, que es ratificada en la Resolución No. 109012005RREC007578 de 18 de agosto de 2005 emitida como consecuencia del reclamo formulado por la actora, que pese a señalarlo como el acto administrativo impugnado en la demanda (3.3.1) no lo refiere en la petición concreta de la misma (6.1), Resolución que contiene la suficiente motivación pues, realiza una adecuada confrontación de los hechos con el derecho, en base a la documentación proporcionada por la misma Empresa, luego de haber recibido la notificación de la Liquidación de Pago. No se encuentran elementos que determinen la nulidad de la Liquidación de Pago por Diferencias en Declaración impugnada por la Empresa actora como pretende en su demanda. Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida y desecha la demanda, ratificando la validez de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración impugnada. Actúe la Abg. Dolores Proaño Zevallos como Secretaria Relatora Encargada por ausencia de la titular, de conformidad al Oficio No. 64-2012-SCT-CNJ de 18 de mayo de 2011.- Notifíquese publíquese y devuélvase.

 

Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Carlos Ramírez Romero, y, Maritza Tatiana Pérez Valencia. Jueces Nacionales. Certifico.

 

f.) Ab. Dolores Proaño Zevallos, Secretaria Relatora, Encargada.

 

En Quito, a veintisiete de febrero del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA INCHCAPE

 

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