Registro Oficial No 683 - Miércoles 03 de Febrero de 2016 Segundo Suplemento

Viernes, 19 de febrero de 2016

Última modificación: Viernes, 19 de febrero de 2016 | 16:53

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 03 de Febrero de 2016 - R. O. No. 683

 

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Defensoría del Pueblo:

 

 

Transparencia Y Control Social

 

Resoluciones         

 

058-DPE-CGAJ-2015 Expídense las reglas para la admisibilidad y trámite de casos de competencia proporcionada por las personas postulantes a las vacantes existentes

               

070-DPE-2015 Expídese el Protocolo de Tratamiento Confidencial de la Información

               

096-DPE-DNMPT-2015 Expídese el Protocolo de Visitas de la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes

               

Corte Constitucional del Ecuador: Sala de Admisión:

 

Causas  

 

0091-15-IN Acción pública de inconstitucionalidad: Legitimado Activo: Andrés Donoso Echanique, Procurador Judicial de la Compañía OTECEL S.A.

               

0094-15-IN Acción pública de inconstitucionalidad: Legitimado Activo: Jorge Washington Ayala Onofre, Jefe y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí.

               

Fe de Erratas:

               

-       Rectificamos el error deslizado en la publicación de la Ordenanza para la concesión de incentivos y beneficios de carácter tributario, para el pago de cartera vencida por concepto de predios urbanos, rurales y otros servicios municipales, mediante la aplicación de condonación de intereses de mora en general, por multas y recargos que se encuentran vencidos y pendiente de pagos, del Cantón Putumayo, efectuada en el Registro Oficial No. 652 de 18 de diciembre de 2015

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 058 -DPE-CGAJ-2015

 

Ramiro Rivadeneira Silva

DEFENSOR DEL PUEBLO

 

Considerando:

 

Que el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República establecen que son deberes primordiales del Estado: "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.?;

 

Que los artículos 204 y 214 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen la autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa de la Defensoría del Pueblo;

 

Que la autonomía significa la capacidad de la institución para gobernarse a sí misma mediante la expedición de sus propias normas;

 

Que el artículo 215 de la Constitución de la República, determina que serán funciones de la Defensoría del Pueblo, la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;

 

Que el mismo artículo 215 de la Constitución establece las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, mismas que serán: el patrocinio de garantías jurisdiccionales y reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios, la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio, el investigar y resolver sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, y el ejercicio y promoción de la vigilancia del debido proceso, así como prevenir e impedir de inmediato la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes;

 

Que el artículo 52 de la Constitución determina que las personas usuarias y consumidoras tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;

 

Que el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que a más de las acciones particulares o de oficio contempladas en el ordenamiento jurídico, la Defensoría del Pueblo, dentro del ámbito de su competencia, vigilará y controlará el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante. Podrá dictar medidas de protección de cumplimiento obligatorio en el sector público y privado y sancionar su inobservancia; así como, solicitar a las autoridades competentes que juzguen y sancionen las infracciones que prevé la Ley, sin perjuicio de la  reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil, administrativa y penal a que pueda haber lugar. Para la ejecución de las sanciones pecuniarias, se podrá hacer uso de la jurisdicción coactiva;

 

Que el artículo innumerado agregado luego del Art. 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, agregado de la Ley Orgánica de Discapacidades por las disposiciones reformatorias y derogatorias, establece que corresponde a la Defensoría del Pueblo dictar las medidas de protección y tomar las medidas necesarias para fortalecer y brindar la protección necesaria a las personas con discapacidad;

 

Que el artículo 115 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que la Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte podrá solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad;

 

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, determina que corresponderá a la Defensoría del Pueblo: ?a) Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran; b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, e) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley?;

 

Que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), define los derechos humanos de la siguiente forma:

 

"Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad\ lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos";

 

Que los principios relativos al Estatuto y funcionamiento de las institucionales de promoción y protección de los DDHH determinan en el numeral 3 acápites 2do., como atribución conocer ?Toda situación de violación de los derechos humanos  de la cual decida ocuparse?;

 

Que el Art. 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, otorga legitimación activa a la Defensoría del Pueblo para interponer las acciones jurisdiccionales contempladas en la Constitución y esta ley;

 

Que dentro de las normas comunes a todo proceso de garantías jurisdiccionales, el Art. 21 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, otorga a las juezas y jueces constitucionales la facultad de delegar a la Defensoría del Pueblo, el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, facultando a esta Institución a deducir las acciones necesarias para cumplir dicha delegación;

 

Que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, faculta a la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor;

 

Que el artículo 82 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en relación al procedimiento, señala que serán aplicables las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, con las disposiciones reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo;

 

Que dentro de los deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, el literal b) del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establece que deberá organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; mientras que el literal c) del mencionado artículo le faculta elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución;

 

Que el Art. 277 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona con pena privativa de libertad a la persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad;

 

Que el Art. 11 del Reglamento de Trámites de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo, dispone la obligación de calificar las quejas en cuanto a su admisibilidad o inadmisibilidad, así como en cuanto a quienes corresponde su solución;

 

Que, mediante el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se establece la estructura organizacional por procesos alineada con su misión consagrada en la Constitución de la República, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Direccionamiento Estratégico Institucional;

 

Que es necesario establecer criterios claros respecto a la admisibilidad de casos que son de competencia de la Defensoría del Pueblo, así como de los órganos misionales encargados de tramitarlos y resolverlos; y,

 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley que me asisten como representante legal de la Defensoría del Pueblo

 

Resuelve:

 

EXPEDIR LAS REGLAS PARA LA ADMISIBILIDAD Y TRÁMITE DE CASOS DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR

 

Art. 1 Del Objeto.- El presente instrumento tiene por objeto regular el procedimiento para la admisibilidad y tramitación de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales.

 

TITULO I

DE LA ADMISIBILIDAD E INADMISIBILIDAD

 

CAPÍTULO I

DE LOS CASOS ADMISIBLES

 

Art. 2.- De la Admisibilidad.- Constituye un proceso sustancial, mediante el cual se determina tanto la competencia de la Defensoría del Pueblo para intervenir como Institución Nacional de Derechos Humanos, cuanto el tipo de proceso o trámite defensorial a iniciarse, proceso primordial por el cual se generan y se sustancian los demás procedimientos o trámites defensoriales.

 

La Defensoría del Pueblo es competente para conocer, investigar y pronunciarse motivadamente cuando:

 

El presunto vulnerador del derecho sea una institución o servidor/a del Estado o la Fuerza Pública o una persona, natural o jurídica, que actúe por delegación o concesión del Estado.

 

Se trate de una amenaza o vulneración de uno o algunos de los derechos humanos o de la naturaleza, establecidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de Derechos Humanos y normativa legal vigente.

 

Cuando las políticas públicas nacionales, provinciales o locales amenacen o vulneren uno o algunos de los derechos humanos o de la naturaleza, establecidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales.

 

Cuando se trate de mala o inadecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios determinados en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes de la materia.

 

Cuando se presenten reclamos por parte de cualquier consumidor nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor,  establecidos en la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, así como las demás leyes conexas.

 

Cuando se vulneren o amenacen derechos y no exista entidad pública que tenga la responsabilidad para atender el caso.

 

Cuando exista disposición legal expresa que determine competencias a la Defensoría del Pueblo para la atención de casos específicos.

 

Cuando el caso presentado ante la Defensoría del Pueblo, tenga por sujeto pasivo a particulares, deberá observarse lo siguiente:

 

Que preste servicios públicos, actúe por delegación, concesión o ejercicio de una potestad pública.

 

Que provea bienes o preste servicios privados.

 

Que ejerza una relación de poder, político, social, económico, cultural, religioso u otro, sobre la presunta víctima de amenaza o vulneración de derechos.

 

Que discrimine con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

 

Que la persona, comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad o colectivo afectado se encuentre en situación de subordinación o indefensión.

 

Que la persona o colectividad afectada pertenezca a un grupo de atención prioritaria.

 

Cuando existan indicios claros de que la autoridad competente judicial o administrativa ha incumplido las normas procesales expresas o, ha inobservado los derechos procesales de alguna de las partes.

 

Cuando se trate de delitos internacionales que dada su naturaleza requieran una vigilancia procesal permanente, tales como: delitos de lesa humanidad, delitos de desaparición forzada, delitos de tortura, delitos de ejecución extrajudicial, genocidio u otros considerados como tales por el ordenamiento jurídico.

 

 

CAPÍTULO II

DE LOS CASOS INADMISIBLES

 

Art. 3.- De la Inadmisibilidad.- Las peticiones presentadas a la Defensoría del Pueblo serán inadmisibles, cuando se presente una o varias de las siguientes situaciones:

 

Peticiones anónimas

 

Peticiones que revelen carencia de pretensión y fundamentos.

 

Cuando el trámite irrogue algún perjuicio a derechos de terceros.

 

 

Cuando la cuestión o asunto objeto de la petición estuviere sometido a resolución judicial, administrativa o constitucional, salvo que en la petición se presuman vulneraciones al debido proceso. En tales casos, de ser procedente y conforme a la presente resolución, se podrá vigilar el respeto al debido proceso.

 

 

No se admitirán casos cuya cuestión u objeto principal esté relacionado al cumplimiento de cláusulas de contratos de carácter civil, mercantil, laboral u otros de índole patrimonial; salvo que su contenido contemple una afectación directa a derechos reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales y leyes vigentes, en cuyo caso, podrán servir únicamente como elementos referenciales y serán considerados para la admisibilidad, sin que constituyan el objeto principal de la misma.

 

 

No se admitirán peticiones examinadas con anterioridad por la Defensoría del Pueblo, a menos que la petición contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos que den lugar a una nueva presunción de amenaza o vulneración de derechos.

 

 

No se admitirán peticiones que no sean de competencia de la Defensoría del Pueblo por existir una entidad específicamente competente; sin embargo, se analizará la admisibilidad de éstos casos cuando la misma no haya logrado proteger los derechos específicos después de conocer el caso.

 

 

No se admitirán las peticiones que pretendan conseguir criterios sobre el fondo de la litis en procesos de carácter civil, mercantil, laboral, administrativo, penal, contencioso administrativo, contencioso electoral, tributario y otros.

 

 

No se admitirán las peticiones para actuar en gestiones del debido proceso cuando la Defensoría del Pueblo haya interpuesto un Amicus Curiae con anterioridad a la petición de vigilancia del proceso. La inadmisión de una petición se hará motivadamente, por escrito y se deberá informar a la persona interesada sobre las acciones o recursos que puede ejercitar para hacer valer sus derechos.

 

Art. 4.- Solicitud de reconsideración.- Se podrá solicitar la reconsideración de la providencia de inadmisibilidad ante la Adjuntía que corresponda; para lo cual se remitirá el expediente completo.

 

El término para presentar la solicitud será de 8 días.

 

CAPITULO III

DE LA COMPETENCIA DE LAS

DIRECCIONES NACIONALES DE

LA DIRECCION GENERAL TUTELAR

 

Art. 5.- Casos de competencia exclusiva de las Direcciones Nacionales de la Dirección General Tutelar.- Los casos que deberán remitirse a las Direcciones Nacionales de la Dirección General Tutelar para su tramitación, sin perjuicio de que se las pueda poner en conocimiento y consideración de las Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales y Delegaciones Provinciales, son los siguientes:

 

 

Las peticiones sobre amnistías o indultos;

 

Las peticiones de revisión de sentencias ante la Corte Constitucional;

 

Las peticiones sobre demandas de Inconstitucionalidad;

 

Las peticiones de acciones por incumplimiento de normas, sentencias e informes de Organismos Internacionales; e) Las acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional de sentencias y dictámenes constitucionales;

 

Las peticiones de interposición de garantías jurisdiccionales y medidas cautelares en contra de las máximas autoridades de las Instituciones del Estado;

 

Las peticiones sobre acciones extraordinarias de protección;

 

El seguimiento de sentencias constitucionales, cuyos demandados sean las máximas autoridades de las funciones del Estado o Instituciones Públicas;

 

Los Amicus Curiae en garantías jurisdiccionales, cuyos demandados sean las máximas autoridades de las funciones del Estado o Instituciones Públicas; y, en todas las demandas de inconstitucionalidad, acciones extraordinarias de protección, acciones por incumplimiento y acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales.

 

Las peticiones de selección de sentencias.

 

Los casos que traten acerca de situaciones que amenacen o vulneren derechos fundamentales en más de una provincia, en un ámbito regional o nacional.

 

Los casos que se presenten en contra de las máximas autoridades de las Funciones del Estado o de las instituciones públicas de carácter nacional, siempre que el caso tenga relevancia nacional o sea de su directa competencia.

 

Los casos cuyos hechos sean reiterativos o evidencien situaciones recurrentes de vulneración de derechos.

 

Las peticiones de vigilancia del debido proceso en casos que se encuentren tramitándose por las máximas autoridades o Funciones del Estado, tanto en los ámbitos administrativos como jurisdiccionales.

 

o)            Los casos que sean dispuestos por la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.

 

Las acciones señaladas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) requerirán la aprobación y/o firma del Defensor del Pueblo.

 

Art. 6.- Casos paradigmáticos.- Serán de competencia de las Direcciones Nacionales de la Dirección General Tutelar para su tramitación, los casos en los que no existan precedentes judiciales o constitucionales en su desarrollo e interpretación; o aquellos casos que permitan la creación o el desarrollo de otros derechos o el establecimiento de una política pública; sin perjuicio de la coordinación con las distintas unidades territoriales defensoriales.

 

TITULO II

DE LOS TRÁMITES DEFENSORIALES

 

Art. 7.- De los Trámites Defensoriales.- Las peticiones presentadas ante la Defensoría del Pueblo, después de su admisión, se tramitarán de acuerdo a su competencia mediante:

 

Gestión Oficiosa

 

Investigación Defensorial

 

Vigilancia del Debido Proceso

 

Sumario de Servicios Públicos Domiciliarios

 

Sumario de Consumidores

 

Patrocinio de Garantías Jurisdiccionales

 

Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia de Garantías Jurisdiccionales

 

Amicus Curiae en garantías jurisdiccionales

 

Medidas de Cumplimiento Obligatorio-Medidas de Protección

 

Proceso de legitimación Activa, en demandas relativas a la patria potestad.

 

Seguimiento del cumplimiento de Resoluciones Defensoriales

 

Y otras que puedan crearse por ley y atribuidas a la competencia de la Defensoría del Pueblo, que serán debidamente identificadas en la admisión de casos.

 

En la sustanciación de los trámites defensoriales, se tomará en cuenta la protección de datos confidenciales, para lo cual se  deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias, para precautelar los mismos.

 

CAPÍTULO I

DE LA GESTIÓN OFICIOSA

 

Art. 8.- Gestión Oficiosa.- Son acciones y actuaciones directas e inmediatas que tienen como finalidad solucionar de manera eficaz la afectación de un derecho. La Defensoría del Pueblo podrá realizar gestiones oficiosas, ante las instancias públicas o privadas involucradas, únicamente aquellos casos que sean competencia de la Defensoría del Pueblo.

 

Art. 9.- Procedimiento de la gestión oficiosa.-

 

Las peticiones de gestión oficiosa se receptarán por: correo electrónico, a través de la página web institucional, de forma verbal, por escrito, por derivación de instituciones u organismos de carácter público o privado, o por cualquier otro medio.

 

Su intervención inmediata podrá ser mediante llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, realizar visitas in situ, convocar a reuniones, emitir oficios, o cualquier otra acción apropiada que se realice de manera inmediata y oportuna.

 

La gestión oficiosa que haya sido positiva, y mediante la cual se haya logrado proteger derechos, concluirá con un informe que detalle las actividades realizadas y sus resultados eficaces, con lo cual se dispondrá el archivo de la gestión.

 

La gestión oficiosa que no haya logrado proteger derechos da lugar al inicio de otro tipo de trámite defensorial.

 

Art. 10.- Término de la gestión oficiosa.- La gestión oficiosa por su propia naturaleza y en cumplimiento de sus características, la inmediatez, oportunidad y eficacia no podrá extenderse más allá de 10 días.

 

Excepcionalmente se ampliará este término por 10 días más, siempre exista un informe que justifique que la solución de la gestión obedece simplemente a circunstancias que se cumplen por el tiempo.

 

CAPÍTULO II

DE LA INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL

 

Art. 11.- Investigación Defensorial.- Constituye una serie de acciones concretas y necesarias que tienen por objeto el esclarecimiento de los hechos investigados, con la finalidad de determinar la existencia de amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales que hayan sido aludidos por el peticionario.

 

Art. 12.- Procedimiento de la Investigación Defensorial.-

 

La investigación defensorial iniciará con el  correspondiente análisis de admisibilidad de casos.

 

Podrá solicitar información a las partes procesales o a terceros involucrados en la investigación defensorial.

 

Podrá convocar a audiencias o reuniones de trabajo, realizar visitas in situ o cualquier otra diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos, de las peticiones realizadas y la debida fundamentación del derecho que presuntamente les asista a las partes.

 

En cualquier momento de la sustanciación de la Investigación defensorial, que se llegare a determinar de manera objetiva una clara vulneración de alguno de los derechos humanos o de la naturaleza, la investigación defensorial podrá ser suspendida, y se procederá con la interposición de las garantías jurisdiccionales u otras gestiones defensoriales que sean pertinentes.

 

En caso de que, de la Investigación Defensorial se determinaren indicios objetivos de la existencia de un delito, se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, mediante la remisión de una copia certificada del expediente defensorial.

 

No obstante, de lo anteriormente manifestado, se podrá continuar con la investigación para determinar exclusivamente la existencia de la vulneración de derechos fundamentales. Esta Resolución Defensorial no tendrá carácter vinculante, pero puede ser utilizado por el juez para motivar su decisión.

 

Una vez que se hayan realizado las diligencias necesarias y se tengan los elementos suficientes que configuren la presunta vulneración o no, de uno o varios derechos, así como de los presuntos derechos que les pueda asistir a las partes, se emitirá una resolución motivada con la que concluye este proceso defensorial.

 

 

Art. 13.- Solicitud de revisión.- Una vez notificada la resolución Defensorial, las partes podrán solicitar su revisión ante la Adjuntía que corresponda a efectos de que, en mérito de los autos se ratifique o rectifique la resolución, debiéndose remitir el expediente completo a la Adjuntía.

 

 

Art. 14.- Procedimiento para solicitar la revisión.

 

Las partes tendrán un plazo máximo de 8 días contados desde la notificación de la resolución para solicitar la revisión.

 

La solicitud de revisión se efectuará ante la Adjuntía delegada por el Defensor/a del Pueblo, para lo cual la autoridad que haya tramitado y resuelto la Investigación Defensorial remitirá el expediente completo. La o el Adjunto resolverá en mérito de los autos ratificando o rectificando la resolución venida en grado, en el término de 15 días.

 

CAPÍTULO III

VIGILANCIA DEL DEBIDO PROCESO

 

Art. 15.- Vigilancia del Debido Proceso.- Constituye el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos y etapas realizados dentro de un proceso administrativo o jurisdiccional en el que se determinen derechos u obligaciones de cualquier índole, a fin de asegurar la aplicación, la oportunidad y la eficacia del derecho fundamental al debido proceso.

 

La vigilancia del debido proceso cabe de aquellos procesos judiciales o administrativos que se encuentren en sustanciación.

 

La vigilancia del debido proceso cabe, tanto de un momento procesal específico y determinado cuanto del proceso general en determinada instancia judicial o administrativa, hasta antes de la sentencia o resolución.

 

La vigilancia del debido proceso no faculta a la Defensoría del Pueblo para pronunciarse sobre el fondo del asunto motivo de la litis, ni para esgrimir argumentos a favor de alguna de las partes procesales; no convierte a la Defensoría del Pueblo en parte procesal, ni suple las acciones de los jueces o autoridades administrativas, ni la de las abogadas o abogados defensores, como tampoco implica la ejecución de una sentencia judicial o resolución administrativa.

 

La Defensoría del Pueblo, en cualquier momento, podrá visitar a las instituciones en donde se estuviere sustanciando el proceso administrativo o jurisdiccional, a fin de verificar directamente el estado del proceso.

 

La Defensoría del Pueblo podrá asistir en calidad de observadora a toda audiencia o diligencia judicial o administrativa, que considerare fuere necesaria para la observancia y vigilancia del debido proceso.

 

Art. 16.- Contenido de la petición.- Además de la información general de una petición, el pedido de observancia y vigilancia del debido proceso contendrá:

 

Identificación del interés legítimo en el caso.

 

Identificación de la autoridad, servidora o servidor administrativo o jurisdiccional que sustancia el proceso, la instancia correspondiente, el número de causa, proceso o trámite administrativo.

 

La determinación de las amenazas o vulneraciones a las garantías básicas del debido proceso. En lo posible, se acompañará una copia simple del expediente o de la pieza procesal que evidencie la amenaza o vulneración de las normas del debido proceso.

 

Determinación de indicios claros de que la autoridad, servidora o servidor competente ha incumplido normas procesales expresas o ha inobservado los derechos procesales de las partes.

 

Descripción de las características del caso o de la  relación inequitativa entre las partes, en las cuales se presuma una amenaza o vulneración al debido proceso, principalmente cuando:

 

Una de las partes procesales esté en situación de desventaja frente a la otra por circunstancias de poder económico, político, religioso, cultural, social u otra.

 

Se trate de casos de discriminación por cualquiera de sus formas.

 

Las personas involucradas pertenezcan a un grupo de atención prioritaria.

 

En los casos que tengan relación a derechos de la naturaleza y ambiente.

 

Cuando se trate de delitos considerados como internacionales; y,

 

Cuando se evidencie vulneración al derecho a la defensa.

 

Art. 17.- Procedimiento de la vigilancia del debido proceso.-

 

Ingreso de la petición al sistema de la Defensoría del Pueblo

 

Previo a la admisión o inadmisión de la petición de la vigilancia del debido proceso, se realizará una breve revisión del expediente judicial o administrativo.

 

De la revisión anteriormente realizada, el funcionario de la DPE, presentará un informe preliminar que determinará la admisión o no de la petición.

 

Admitida a trámite la petición, se pondrá en conocimiento de las partes y de las autoridades competentes el inicio de la vigilancia al debido proceso, solicitando su contestación de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

 

Si de la revisión procesal se encontraren elementos suficientes que identifiquen la presunta vulneración de las normas del debido proceso, propias de la materia que está siendo sometida a la vigilancia, se informará a la autoridad competente los argumentos por los cuales se considera que se estaría vulnerando el debido proceso, a fin de que observe el procedimiento correspondiente.

 

En cualquier etapa del proceso judicial o administrativo, cuando se evidenciare amenaza o vulneración al debido proceso por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional, se le notificará a ésta con el informe pertinente de vigilancia del debido proceso, identificando objetivamente la normativa transgredida con el correspondiente análisis y fundamentación, a fin de que la autoridad correspondiente observe y encause el procedimiento propio de la materia.

 

Concluida la vigilancia procesal, si el peticionario requiere la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto en otro momento procesal determinado de una misma instancia judicial o administrativa, como en otra instancia administrativa o judicial, lo solicitará mediante petición escrita.

 

Art. 18.- Diligencias propias de la vigilancia del debido proceso.- En todo trámite en el que se vigile el debido proceso los servidores responsables vigilarán el respeto de los derechos de protección contemplados en la Constitución y normas aplicables; sin perjuicio de aquello, deberán constatar las siguientes situaciones:

 

Detectar si existen reiteradas peticiones de alguna de las partes procesales que no hayan sido despachadas oportunamente por los operadores de justicia o autoridad administrativa.

 

Verificar que las pruebas hayan sido legalmente pedidas, practicadas e incorporadas al proceso.

 

Prestar atención a posibles alteraciones fraudulentas de los expedientes.

 

Acompañar a la realización de diligencias probatorias.

 

Verificar la asistencia de los operadores judiciales, auxiliares o personal administrativo que estén obligados a actuar en las diligencias procesales que determine la autoridad.

 

Verificar que las víctimas y/o familiares han sido informados sobre sus derechos y procedimientos a aplicarse en cada caso.

 

Verificar que no exista trato desigual o discriminatorio a las partes.

 

Constatar que no se haya producido re-victimización de las personas denunciantes, especialmente a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

 

Constatar la presencia o ausencia de intérpretes o traductores en el caso de personas que no hablan español o que presenten alguna discapacidad que limite su capacidad de comprensión o comunicación.

 

Verificar desde la fecha de la denuncia o demanda se ha dispuesto una pronta y oportuna investigación por parte de las instancias competentes.

 

Verificar que el personal que interviene en la investigación ha sido debidamente designado y posesionado conforme lo previsto en la ley.

 

Verificar si existe inacción por parte de las instancias obligadas a actuar de oficio en delitos de acción pública y en particular en aquellos casos de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

 

Verificar si en los delitos de acción pública, se condiciona a la víctima a aportar pruebas para iniciar la acción penal.

 

Verificar si existen restricciones, influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas sobre los jueces.

 

Verificar que los plazos o términos de las diversas etapas procesales se ajusten a lo determinado en la ley.

 

Detectar conductas irregulares de parte de los abogados/ das, defensores/ras públicos y/o fiscales, que retarden el proceso o provoquen indefensión a los sujetos procesales.

 

Art. 19.- Información reservada.- Dentro de la sustanciación del trámite de vigilancia del debido proceso, en los casos que exista información reservada o información de circulación restringida, la Defensoría del Pueblo guardará la misma, advirtiendo que su inobservancia será sujeto de la acción prevista en el Código Orgánico Integral Penal.

 

Art. 20.- Conclusión de la vigilancia del debido proceso.- La vigilancia del debido proceso concluirá con un informe final, que contendrá las actuaciones defensoriales y las observaciones realizadas a lo largo del proceso, en el caso de haberlas.

 

La vigilancia de un momento procesal específico y determinado, concluirá en cualquier momento de la etapa procesal judicial o administrativa, una vez que se haya emitido el Informe correspondiente que refiera a las observaciones realizadas, respecto del cumplimiento o no de ese momento procesal específico vigilado.

 

La vigilancia del procedimiento general por las características de la relación inequitativa entre las partes, constantes en el numeral 5 del Art. 16 de este reglamento y otras que pudieran presentarse, concluirá con un informe final, hasta antes de la sentencia o resolución administrativa, sin perjuicio de la emisión de informes de seguimiento que puedan emitirse en cualquier momento de la sustanciación del proceso judicial o administrativo, a fin de que alerten a la autoridad competente el encausamiento oportuno del procedimiento propio de la materia.

 

CAPÍTULO IV

DEL SUMARIO DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 

Art. 21.- Sumario de Servicios Públicos Domiciliarios.- Es un proceso ágil y simplificado, que tiene por objeto tutelar los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios, garantizados en la Constitución de la República y las leyes del Ecuador, cuando existan temas de orden técnico que deban justificarse.

 

Se entenderá por usuario/a a la persona natural o jurídica que recibe un servicio público domiciliario como destinatario final.

 

Art. 22.- Procedimiento para el sumario de Servicios Públicos Domiciliarios.-

 

El proceso sumario de Servicios públicos domiciliarios inicia con el correspondiente análisis de admisibilidad a fin de determinar faltas o incumplimientos de carácter técnico como: a) Facturación excesiva; b) Refacturaciones, c) Períodos de Consumo para la emisión de facturas; d) Facturación de consumos promedios; e) Doble facturación por el servicio f) Suspensión del servicios imputables a la distribuidora o empresa que brinda el servicio; g) Facturación retroactiva de consumos presuntivos previos a la suscripción del contrato de suministro; h) Cobros de valores no estipulados en la normativa vigente; i) Cobros por costos de corte y re conexión por falta de pago, y j) Demás circunstancias o características de orden técnico que sea responsabilidad del prestador del servicio.

 

Admitida a trámite la petición se solicitará información al prestador de servicios públicos y a la persona usuaria y se convocará a una audiencia pública.

 

En la misma providencia de admisión se podrá señalar día y hora para la realización de una visita in situ.

 

Si una vez convocadas las partes a la audiencia, éstas no comparecieran, la/el servidor/a de la Defensoría del Pueblo, sentará una razón.

 

Se volverá a convocar por segunda y última vez, a la audiencia siempre que las partes justifiquen debidamente las razones de su no comparecencia a la convocatoria inicial.

 

En la audiencia pública la/el servidor/a de la Defensoría del Pueblo, procurará buscar una conciliación entre las partes, de esta audiencia se elaborará un Acta.

 

Se realizaran otras actuaciones defensoriales que se creyeran necesarias para la defensa de los derechos de las personas usuarias.

 

El proceso Sumario de Servicios Públicos Domiciliarios concluye con un el Informe Motivado del cual no cabe solicitud de revisión en virtud del Art. 83 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

 

Art. 23.- Formas de concluir el proceso Sumario de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

De existir un acuerdo previo a la audiencia, se elaborará la providencia de archivo de la petición solicitada, con lo cual finalizará el trámite.

 

Cuando las partes lleguen a un Acuerdo posterior a la elaboración del Acta, se elaborará una providencia de archivo, procurando tener constancia por parte de la Defensoría del Pueblo, que los acuerdos fueron cumplidos.

 

Cuando las partes no llegaren a un acuerdo, dentro del término de diez días se emitirá el Informe Motivado.

 

Cuando el peticionario no justifique la no comparecencia a  la audiencia, en el término de cinco días se emitirá la respectiva providencia de abandono y archivo de forma inmediata.

 

Cuando el requerido no comparezca a la audiencia y de contar únicamente con la presencia de la persona peticionaria, se sentará una razón y se volverá a señalar día y hora para la segunda y última audiencia. Si en la nueva convocatoria a audiencia la parte requerida no asiste, se sentará una razón y se emitirá el Informe Motivado dentro del término de diez días.

 

De no comparecer las dos partes, se insistirá en la convocatoria a audiencia por segunda y última vez. Si en este segundo señalamiento las partes no asisten, se debe sentar una razón y realizar una providencia de abandono y archivo.

 

En el caso de que llegue a conocimiento de la Defensoría del Pueblo en forma verbal o escrita que las partes han llegado a un acuerdo, antes de cumplirse con las disposiciones señaladas en la providencia de admisibilidad, se procederá de la siguiente manera:

 

Si la comunicación proviene de la parte requerida, se deberá verificar dicha información con la persona peticionaria para proceder a la elaboración de la providencia de archivo.

 

Si la comunicación es verbal y es efectuada por la/ el peticionario, se sentará la respectiva razón y se elaborará la providencia de archivo;

 

Si la comunicación es escrita y en la misma el peticionario/a desiste de su intención de continuar con el proceso, se realizará la providencia de archivo.

 

CAPITULO V

DEL SUMARIO DE CONSUMIDORES

 

Art. 24.- Sumario de Consumidores.- Es un proceso que busca de una manera rápida, eficiente, eficaz y oportuna, tutelar a las personas consumidoras por la vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución de la República y las leyes del Ecuador.

 

Se entenderá por consumidor/a toda persona natural o jurídica que recibe un bien o servicio privado como destinatario final.

 

 

Art. 25.- Procedimiento del proceso Sumario de Consumidores.-

 

El proceso sumario de consumidores inicia con el correspondiente análisis de admisibilidad

 

Admitida a trámite la petición se solicitará información al proveedor de bienes o servicios privados y/o peticionario/a, quienes deberán contestar en el término de  ocho días; y se convocará a una única audiencia pública que tendrá por objeto el acuerdo de las partes.

 

 

Change password



Loading..