Registro Oficial No 488 - Jueves 04 de Febrero de 2016 Edicion Especial

Martes, 23 de febrero de 2016

Última modificación: Martes, 23 de febrero de 2016 | 18:34

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 04 de Febrero de 2016 - R. O. No. 488

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

Función Judicial y Justicia Indígena                      

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenzanas Municipales

               

-       Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

01-2013 María Magdalena Ibarra en contra de Pedro Roura Ortega y otra

               

02-2013 José Octaviano Cuenca Morocho en contra de Nelly Irene Aguirre Bonoso

               

03-2013 Gonzalo Asimbaya Guanopatín en contra de los herederos de Guillermo Asimbaya Palla y otros . 6

               

04-2013 Hilda María Ruiz Ordóñez en contra de Julio Jimmy Enríquez Vivar

               

05-2013 Inés María Flores Suárez y otro en contra de Luis Abelardo Marín Velasteguí y otros

               

06-2013 Narcisa de Jesús Andrade en contra de Gaspar Felipe Sosa Rojas y otros

               

07-2013 Luis Joffre Guillén Ojeda y otra en contra de Rosa Elvira Piña Naranjo

               

09-2013 Luis Vicente Piedra Meza en contra de la Policía Nacional

               

10-2013 Ruth Congo Maldonado en contra de Martha Cecilia de los Dolores Mendoza Prado

               

11-2013 Segundo Homero González Redrován en contra de Rogelio Alberto González y otra

               

12-2013 Carmen Robles Reina viuda de Bravo en contra de Salvador Pablo Flores Sánchez

 

               

13-2013 ECUACORRIENTE S. A. en contra de Julio Dario Belezaca Aguilar y otros

 

               

14-2013 Rosa Fabiola Arévalo Coronel en contra de Luis Oswaldo Baculima

               

15-2013 Ramiro Arrobo Rodas en contra de Rosa Amada Pinta Pesantez

               

16-2013 César Emilio Vélez Ruperti en contra de Filanbanco S. A. en liquidación

               

17-2013 Francisco Esteban Vergara Sudario en contra de la Compañía YOSELCOP S. A.

               

21-2013 Juan Bautista Caicedo Preciado en contra del Municipio de San Lorenzo .....

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 01-2013

 

En el juicio No. 184-2011 que sigue María Ibarra contra Pedro Roura Ortega y otra hay lo que sigue:

 

Juicio No. 184-2011

 

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

 

Quito a, 02 de enero del 2013, a las 09h30.

 

VISTOS: (184-2011) En virtud de que las Juezas y Juez abajo firmantes, hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de sorteo que consta en el expediente, somos competentes para conocer la presente causa.- Antecedentes: En el juicio verbal sumario de amparo posesorio seguido por María Magdalena Ibarra contra Pedro Roura Ortega y Paola Gabriela Daza Espinel; el demandado interpone recurso de casación respecto de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior Justicia de Esmeraldas, el 01 de octubre del 2010, a las 10h05, que desecha el recurso de apelación y confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y el Art. 1 de la Ley de Casación; por cuanto el recurso de casación ha sido calificado y por ende, admitido a trámite por la entonces Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 01 de agosto del 2011; las 10h25, y, por corresponder a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art. 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de la razón precedente.- SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación: El casacionista fundamenta su recurso en las siguientes causales contempladas en el Art. 3 de la Ley de Casación: 2.1.- En la  causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación del Art. 42.7 de la Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario. 2.2.- En la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de inciso segundo del Art. 69, tercer inciso del Art. 82, primer inciso del Art. 73 y Art. 346 numerales 1,2,4 del Código de Procedimiento Civil; Art. 201.1 del Código Orgánico de la Función Judicial; el Art. 82 de la Constitución de la República.-2.3.- En la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación en la sentencia de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, Arts. 113, 114, 117, 207, 208 del Código de Procedimiento Civil.- TERCERO.- Motivación: Conforme el mandato contenido en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: Consideraciones respecto del recurso de casación: 3.1. En armonía con el Art. 2 de la Ley de Casación, este recurso extraordinario y supremo ?Procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes provinciales, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo?. Para la finalidad que persigue esta resolución, es necesario precisar 1) qué comprende, cuál es el contenido de los procesos de conocimiento, y, 2) Cuándo la sentencia o auto definitivo en ellos proferidos causan cosa juzgada sustancial. 3.2. Hernando Devis Echandía, dentro de la clasificación de los procesos por su función, identifica al ?proceso declarativo genérico o de conocimiento y proceso de ejecución?; respecto de los primeros, de condena, declarativo puro y de declaración constitutiva, señala como su finalidad la declaración de derechos o de responsabilidad, o de la constitución de una relación jurídica y en los que se incluyen a los declarativos y a los dispositivos. ?En todos ellos el juez regula un conflicto singular de intereses, y determina quién tiene el derecho, es decir, el juez es quien ius dicit. Son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos?. (Teoría General del Proceso, Tercera edición revisada y corregida, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2002, p. 165). Dentro de esta clasificación, por las funciones del proceso, el citado autor incluye al proceso cautelar, el mismo que cumple función distinta de los dos  anteriores, en cuanto a ?? los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (?) se divide en conservativo e innovativo, según que tenga por objeto impedir que se modifique la situación existente, o, por el contrario, producir un cambio de ella, en forma provisional?. (Id., p. 166). Refiriéndose al proceso de conocimiento, de declaración, o de cognición, Lino Enrique Palacio, dice que es ?Aquél que tiene por objeto una pretensión tendiente a que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes?. (Manual de Derecho Procesal Civil, I. Sexta edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 393). El contenido invariable y fundamental de los pronunciamientos que se profieren en este tipo de procesos consisten en una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor, ?? declaración que requiere, por parte del órgano decisor, una actividad cognoscitiva tendiente a valorar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas ? en la base del proceso de conocimiento existe una incertidumbre jurídica inicial que es menester disipar a través del contradictorio?. (Op. cit., p. 394). Para este autor, el proceso tipo, dentro de los denominados de conocimiento, es el proceso ordinario. Asimismo, dentro de los procesos por su finalidad, ubica a más del declarativo o de conocimiento, a los de ejecución y cautelares; respecto de los segundos, dice que su objeto es hacer efectiva la sanción impuesta por una anterior sentencia de condena que, como tal, impone al vencido la realización u omisión de un acto, cuando este no es voluntariamente realizado u omitido por aquel, ?Este tipo de proceso, sin embargo, puede agotar en forma autónoma el cometido de la función judicial, es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley les asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso sustancialmente similar al de ejecución de sentencias?. (Op. cit., p. 93). En cuanto al proceso cautelar, caracterizado por carecer de autonomía, desde que su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso, el autor comenta que ?Tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o efi cacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin (desaparición de los bienes del presunto deudor, o modifi cación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la pretensión)?, (Idem, p. 93). Eduardo J. Couture, refi riéndose a las acciones (procesos) de conocimiento, expresa que por ellos ?se procura tan sólo la declaración o determinación del derecho?; que las acciones (procesos) de ejecución, ?procuran la efectividad de un derecho ya reconocido en una sentencia o en un título ejecutivo, con las medidas de coacción consiguientes?; y, respecto de las acciones (procesos) cautelares, expresa que en ellos ?se procura, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un proceso ulterior?. (Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Editorial I B de f. 4ta. Edición. Montevideo-Buenos Aires. 2002. p. 67). Como se observa, la  doctrina actual ubica por su finalidad a los procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares.- 3.3. La cosa juzgada es res judicata, en cuanto comprende lo decidido, lo que ha sido materia de decisión judicial, ?Es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla?. (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial IB de f, Montevideo ? Buenos Aires, 4ta. Edición, 2002, p. 326). ?? De la cosa juzgada puede hablarse al menos en dos sentidos. Según el primero, cosa juzgada sería el estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o cuestiones que han sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso. Así se dice que ?ya hay cosa juzgada? o ?eso es cosa juzgada?. Es el estado de un asunto, antes litigioso, cuando ha sido decidido por los órganos jurisdiccionales de forma definitiva e irrevocable. En el segundo sentido aludido, ?cosa juzgada? es expresión que designa ciertos efectos de determinadas resoluciones judiciales y? el principal efecto de la principal resolución procesal, que es la sentencia definitiva sobre el objeto esencial de un proceso (sobre el fondo, suele decirse también?). (Andrés De La Oliva y Miguel Ángel Fernández, Derecho Procesal Civil, Volumen II. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A., Madrid, 1990, pp. 157 y 158). Aldo Bacre, conceptúa a la cosa juzgada como ?un atributo de la sentencia firme que le otorga autoridad a la misma, prohibiendo a los jueces sustanciar otro proceso sobre la misma cuestión ya decidida ?non bis in ídem-. Y además, dictar una sentencia que contradiga a la anterior? El concepto de cosa juzgada se complementa con una medida de efi cacia. Esa medida se resume en tres posibilidades:? la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. La sentencia firme es inimpugnable, en cuanto ha precluído todas las impugnaciones, es decir, no pueden oponerse contra ellas más recursos que puedan modifcarla, en el mismo proceso o en otro futuro. También, es inmutable o inmodificable y consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La coercibilidad o imperatividad implica que la sentencia, básicamente de condena, es susceptible de ejecución procesal forzada, a pedido del ejecutante? (Teoría General del Proceso. Tomo III. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992, pp. 436 y 437). Como límites de la cosa juzgada se encuentran la irreversibilidad de la sentencia en cuanto no cabe renovar el mismo debate en lo futuro y, su inmutabilidad o inmodifi cabilidad en cuanto deber de abstención de los órganos del poder público, entre ellos los jurisdiccionales.- 3.4. Las acciones posesorias ?son aquellas que tienen por objeto proteger de un modo sumario y eficaz al poseedor, contra las vías de hecho que tiendan a perturbarle en la posesión o excluirle de ella.? (Víctor Manuel Peñaherrera. La Posesión. Las Acciones Posesorias. Los Juicios Posesorios, Megaleyes, Impresión Artes Gráficas Señal, Quito, 2005, p.199). Mediante el juicio posesorio, el poseedor recobra o afi anza su posesión, ?pero no de modo definitivo, sino precario: es el dueño presunto y nada más aunque eso en sí vale mucho. El triunfo en ese juicio no impide en manera alguna el que en seguida pueda disputarse el derecho en juicio petitorio, y declararse que esa posesión amparada y protegida en el posesorio, ha sido injusta e ilegal? (Víctor Manuel Peñaherrera, ibídem, pp. 200 y 201). Tan esclarecedor criterio nos lleva a concluir que, en los interdictos posesorios, la sentencia o auto  definitivo no hacen tránsito a cosa juzgada sustancial o material, pues que, por su propia naturaleza, proteger la posesión, no el dominio (para eso está la acción petitoria), solo conforman cosa juzgada formal, desde que prevalece el interés de la celeridad, del restablecimiento inmediato de un estado de hecho y que debe mantenerse mientras se ventile sobre el derecho, por lo que no cabe revestir de autoridad de cosa juzgada sustancial, irrevocable, a la resolución judicial. ?El fallo expedido en juicio posesorio no produce excepción de cosa juzgada en el petitorio, y aun respecto de la materia propia de aquel juicio. Así, si la acción posesoria ha sido rechazada, por no haber comprobado el actor su posesión o porque el reo demostró haber sido el poseedor; en el juicio petitorio se puede sostener y probar que hubo realmente la posesión negada por la sentencia del posesorio. Lo mismo sería si en el juicio posesorio se hubiere declarado interrumpida, violenta, etc., la posesión, o viceversa? (Víctor Manuel Peñaherrera. Op. cit. p. 201). De lo dicho se sigue que la cosa juzgada sustancial supone, fundamentalmente, como ya se comentó, la inmutabilidad de la sentencia, es decir que ésta, aparte de no ser susceptible de ataque directo mediante la interposición de un recurso, ?tampoco lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevo proceso, por lo que se dice que aquella goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material ? Como señala Rosemberg, la cosa juzgada en sentido material comporta la normatividad del contenido de la sentencia; es decir, de la afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expresada en el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia jurídica? (Lino Enrique Palacio, op., cit. pp. 30 y 31).- 3.5.- Esta sentencia tiene como fundamento la Resolución No. 12-2012 de 17 de octubre de 2012, publicada en el R.O. No.832 de 16 de noviembre del 2012, por la que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia teniendo por antecedente la proferida en la causa No. 114-2008, que fue aprobada de forma unánime por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, Arts. 185 inciso segundo de la Constitución de la República y 182 inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto los juicios posesorios si bien son de conocimiento, las sentencias que en ellos se dicten siendo  finales no son definitivas, pues que no hacen tránsito a cosa juzgada sustancial o material, eje trasversal para la procedencia del recurso de casación y en los términos expresados en el Art. 2 de la Ley de Casación. Consideración por la que dejó sin efecto el precedente jurisprudencial obligatorio declarado mediante Resolución de 21 de abril de 2010, publicado en el R.O. No. 195, de 18 de mayo de 2010, que estableció que las sentencias proferidas en juicios posesorios son finales y definitivas y gozan de cosas juzgada material.- Por lo que se deja expresado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no se casa la sentencia dictada por la Única Sala de la Corte Provincial Justicia de Esmeraldas, el 1 de octubre de 2010, a las 10h05.- En conformidad del Art. 12 de la Ley de Casación entréguese la caución al actor.- Notifíquese y cúmplase.

 

Fdo.) Dres. Paulina Aguirre Suárez, María Rosa Merchán Larrea, Eduardo Bermúdez Coronel, Juezas y Juez de la Sala  de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

 

Certifico.

 

f.) Dra. Lucía Toledo P., Secretaria Relatora.

 

Es fiel copia del original.

 

f.) Dra. Lucía Toledo P., Secretaria Relatora.

 

No. 02-2013

 

En el Juicio No. 530-2010 que sigue José Cuenca contra Nelly Aguirre Bonoso hay lo que sigue:

 

Juicio No. 530-2010

 

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

 

Quito a, 02 de enero del 2013, a las 10h00.

 

VISTOS: (530-2010) En virtud de que las Juezas y Jueces abajo firmantes, hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de sorteo que consta en el expediente, somos competentes para conocer la presente causa.- Antecedentes: En el juicio verbal sumario de amparo posesorio seguido por José Octaviano Cuenca Morocho contra Nelly Irene Aguirre Bonoso; el actor interpone recurso de casación respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de el Oro, el 26 de enero del 2010, a las 17h28, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por José Octaviano Cuenca Morocho y confirma la sentencia venida en grado.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el efecto, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y el Art. 1 de la Ley de Casación; por cuanto el recurso de casación ha sido califi cado y por ende, admitido a trámite por la entonces Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 09 de marzo del 2011; las 09h15, y, por corresponder a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art. 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de la razón precedente.- SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación: El casacionista fundamenta su recurso en la siguientes causales y vicios contemplados en el Art. 3 de la Ley de Casación: 2.1.- En la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los artículos 965 del Código Civil, y Arts. 113, 115, 116, 117, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil. 2.2.- En la causal tercera del  artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, esto es la falta de aplicación de los artículos del Código de Procedimiento Civil ya señalados en el numeral 2.1 de la presente resolución.- 2.3.- En la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, por violar los Arts. 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, por una distorsionada conceptualización sustantiva y objetiva civil, al confundir amparo posesorio por restitución de la propiedad.- TERCERO.- Motivación: Conforme el mandato contenido en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación: Consideraciones respecto del recurso de casación: 3.1. En armonía con el Art. 2 de la Ley de Casación, este recurso extraordinario y supremo ?Procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes provinciales, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo?. Para la finalidad que persigue esta resolución, es necesario precisar 1) qué comprende, cuál es el contenido de los procesos de conocimiento, y, 2) Cuándo la sentencia o auto definitivo en ellos proferidos causan cosa juzgada sustancial. 3.2. Hernando Devis Echandía, dentro de la clasificación de los procesos por su función, identifica al ?proceso declarativo genérico o de conocimiento y proceso de ejecución?; respecto de los primeros, de condena, declarativo puro y de declaración constitutiva, señala como su finalidad la declaración de derechos o de responsabilidad, o de la constitución de una relación jurídica y en los que se incluyen a los declarativos y a los dispositivos. ?En todos ellos el juez regula un conflicto singular de intereses, y determina quién tiene el derecho, es decir, el juez es quien ius dicit. Son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos?. (Teoría General del Proceso, Tercera edición revisada y corregida, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2002, p. 165). Dentro de esta clasificación, por las funciones del proceso, el citado autor incluye al proceso cautelar, el mismo que cumple función distinta de los dos anteriores, en cuanto ?? previene los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal ? Se divide en conservativo e innovativo, según que tenga por objeto impedir que se modifique la situación existente, o, por el contrario, producir un cambio de ella, en forma provisional?. (Id., p. 166). Refiriéndose al proceso de conocimiento, de declaración, o de cognición, Lino Enrique Palacio, dice que es ?Aquél que tiene por objeto una pretensión tendiente a que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes?. (Manual de Derecho Procesal Civil, I. Sexta edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 393). El contenido invariable y fundamental de los pronunciamientos que se profieren en este  tipo de procesos consiste en una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor, ?? declaración que requiere, por parte del órgano decisor, una actividad cognoscitiva tendiente a valorar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas? en la base del proceso de conocimiento existe una incertidumbre jurídica inicial que es menester disipar a través del contradictorio?. (Op. cit., p. 394). Para Lino Enrique Palacio, el proceso tipo, dentro de los denominados de conocimiento, es el proceso ordinario. Asimismo, dentro de los procesos por su finalidad, este autor ubica a más del declarativo o de conocimiento, a los de ejecución y cautelares; respecto de los segundos, dice que su objeto es hacer efectiva la sanción impuesta por una anterior sentencia de condena que, como tal, impone al vencido la realización u omisión de un acto, cuando este no es voluntariamente realizado u omitido por aquel, ?Este tipo de proceso, sin embargo, puede agotar en forma autónoma el cometido de la función judicial, es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley les asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso sustancialmente similar al de ejecución de sentencias?. (Op. cit., p. 93). En cuanto al proceso cautelar, caracterizado por carecer de autonomía, desde que su fi nalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso, el autor en comentario dice que ?Tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin (desaparición de los bienes del presunto deudor, o modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la pretensión)?, (Idem, p. 93). Eduardo J. Couture, refi riéndose a las acciones (procesos) de conocimiento, expresa que por ellos ?se procura tan sólo la declaración o determinación del derecho?; que las acciones (procesos) de ejecución, ?procuran la efectividad de un derecho ya reconocido en una sentencia o en un título ejecutivo, con las medidas de coacción consiguientes?; y, respecto de las acciones (procesos) cautelares, expresa que en ellos ?se procura, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un proceso ulterior?. (Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Editorial I B de f. 4ta. Edición. Montevideo-Buenos Aires. 2002. p. 67). Como se observa, la doctrina actual ubica por su finalidad a los procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares.- 3.3. La cosa juzgada es res judicata, en cuanto comprende lo decidido, lo que ha sido materia de decisión judicial, ?Es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla?. (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial IB de f, Montevideo ? Buenos Aires, 4ta. Edición, 2002, p. 326). ?? De la cosa juzgada puede hablarse al menos en dos sentidos. Según el primero, cosa juzgada sería el estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o cuestiones que han sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso. Así se dice que ?ya hay cosa juzgada? o ?eso es cosa juzgada?. Es el estado de un asunto, antes litigioso, cuando ha sido decidido por los


 

órganos jurisdiccionales de forma definitiva e irrevocable. En el segundo sentido aludido, ?cosa juzgada? es expresión que designa ciertos efectos de determinadas resoluciones judiciales y? el principal efecto de la principal resolución procesal, que es la sentencia definitiva sobre el objeto esencial de un proceso (sobre el fondo, suele decirse también?). (Andrés De La Oliva y Miguel Ángel Fernández, Derecho Procesal Civil, Volumen II. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A., Madrid, 1990, pp. 157 y 158). Aldo Bacre, conceptúa a la cosa juzgada como ?un atributo de la sentencia firme que le otorga autoridad a la misma, prohibiendo a los jueces sustanciar otro proceso sobre la misma cuestión ya decidida ?non bis in ídem-. Y además, dictar una sentencia que contradiga a la anterior? El concepto de cosa juzgada se complementa con una medida de eficacia. Esa medida se resume en tres posibilidades:? la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. La sentencia firme es inimpugnable, en cuanto ha precluído todas las impugnaciones, es decir, no pueden oponerse contra ellas más recursos que puedan modificarla, en el mismo proceso o en otro futuro. También, es inmutable o inmodificable y consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La coercibilidad o imperatividad implica que la sentencia, básicamente de condena, es susceptible de ejecución procesal forzada, a pedido del ejecutante? (Teoría General del Proceso. Tomo III. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992, pp. 436 y 437). Como límites de la cosa juzgada se encuentran la irreversibilidad de la sentencia en cuanto no cabe renovar el mismo debate en lo futuro y, su inmutabilidad o inmodificabilidad en cuanto deber de abstención de los órganos del poder público, entre ellos los jurisdiccionales.- 3.4. Las acciones posesorias ?son aquellas que tienen por objeto proteger de un modo sumario y eficaz al poseedor, contra las vías de hecho que tiendan a perturbarle en la posesión o excluirle de ella.? (Víctor Manuel Peñaherrera. La Posesión. Las Acciones Posesorias. Los Juicios Posesorios, Megaleyes, Impresión Artes Gráfi cas Señal, Quito, 2005, p.199). Mediante el juicio posesorio, el poseedor recobra o afianza su posesión, ?pero no de modo definitivo, sino precario: es el dueño presunto y nada más aunque eso en sí vale mucho. El triunfo en ese juicio no impide en manera alguna el que en seguida pueda disputarse el derecho en juicio petitorio, y declararse que esa posesión amparada y protegida en el posesorio, ha sido injusta e ilegal? (Víctor Manuel Peñaherrera, ibídem, pp. 200 y 201). Tan esclarecedor criterio nos lleva a concluir que, en los interdictos posesorios, la sentencia o auto defi nitivo no hacen tránsito a cosa juzgada sustancial o material, pues que, por su propia naturaleza, proteger la posesión, no el dominio (para eso está la acción petitoria), solo conforman cosa juzgada formal, desde que prevalece el interés de la celeridad, del restablecimiento inmediato de un estado de hecho y que debe mantenerse mientras se ventile sobre el derecho, por lo que no cabe revestir de autoridad de cosa juzgada sustancial, irrevocable, a la resolución judicial. ?El fallo expedido en juicio posesorio no produce excepción de cosa juzgada en el petitorio, y aun respecto de la materia propia de aquel juicio. Así, si la acción posesoria ha sido rechazada, por no haber comprobado el actor su posesión o porque el reo demostró haber sido el poseedor; en el juicio petitorio se puede sostener y probar que hubo realmente la posesión negada por  la sentencia del posesorio. Lo mismo sería si en el juicio posesorio se hubiere declarado interrumpida, violenta, etc., la posesión, o viceversa? (Víctor Manuel Peñaherrera. Op. cit. p. 201). De lo dicho se sigue que la cosa juzgada sustancial supone, fundamentalmente, como ya se comentó, la inmutabilidad de la sentencia, es decir que ésta, aparte de no ser susceptible de ataque directo mediante la interposición de un recurso, ?tampoco lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevo proceso, por lo que se dice que aquella goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material? Como señala Rosemberg, la cosa juzgada en sentido material comporta la normatividad del contenido de la sentencia; es decir, de la afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expresada en el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia jurídica? (Lino Enrique Palacio, op., cit. pp. 30 y 31).-3.5.- Esta sentencia tiene como fundamento la Resolución No. 12-2012 de 17 de octubre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 832, de 16 de noviembre del 2012, por la que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia teniendo por antecedente la proferida en la causa No. 114-2008, que fue aprobada de forma unánime por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, Arts. 185 inciso segundo de la Constitución de la República y 182 inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto los juicios posesorios si bien son de conocimiento, las sentencias que en ellos se dicten siendo  finales no son definitivas, pues que no hacen tránsito a cosa juzgada sustancial o material, eje trasversal para la procedencia del recurso de casación y en los términos expresados en el Art. 2 de la Ley de Casación. Consideración por la que dejó sin efecto el precedente jurisprudencial obligatorio declarado mediante Resolución de 21 de abril de 2010, publicado en el R.O. No. 195, de 18 de mayo de 2010, que estableció que las sentencias proferidas en juicios posesorios son  finales y definitivas y gozan de cosas juzgada material.- Por lo que se deja expresado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de el Oro, el 26 de enero de 2010, a las 17h28.-Notifíquese y cúmplase.

 

Fdo.) Dres. Paulina Aguirre Suárez, Paúl Iñiguez Ríos, María Rosa Merchán Larrea, Juezas y Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

 

Certifico.

 

f.) Dra. Lucía Toledo P., Secretaria Relatora.

 

Es fiel copia del original.

 

f.) Dra. Lucía Toledo P., Secretaria Relatora.

 

No. 03-2013

 

En el Juicio No. 330-2011 que sigue Gonzalo Asimbaya contra Herederos de Guillermo Asimbaya y otros hay lo que sigue:

 

Jueza Ponente: Dra. Paulina Aguirre Suárez

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

 

Quito a, 02 de enero del 2013, a las 10h15.

 

VISTOS: (330-2011) En virtud de que las Juezas y Juez abajo firmantes, hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de sorteo que consta en el expediente, somos competentes para conocer la presente causa.- Antecedentes: En el juicio ordinario que por saneamiento de nulidad absoluta y prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sigue Gonzalo Asimbaya Guanopatin contra Herederos Presuntos y/o Desconocidos de Asimbaya Palla Guillermo, y además contra Asimbaya Guanopatin María, Asimbaya Guanopatin Florinda, Asimbaya Guanopatin Florinda, Asimbaya Guanopatin Luis, Hurtado Asimbaya Rosa, Asimbaya Felisa, Asimbaya Cesar Augusto; tanto la parte actora, como también la demandada María Asimbaya Guanopatin interponen recursos de casación respecto de la sentencia dictada por la Primera Sala de Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 09 de julio de 2010, a las 11h21, que rechazando el recurso de apelación, confirma el fallo del juez de primer nivel, que rechazó la demanda.- Los recursos se encuentran en estado de resolver, para el efecto, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Competencia: Este Tribunal de la Sala es competente para conocer los recursos de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y el Art. 1 de la Ley de Casación; por cuanto los recursos de casación han sido calificados y por ende, admitidos a trámite por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 16 de agosto de 2011; las 09h30, por cumplir con los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades dispuestas en el Art. 6 de la Ley de Casación; y, por corresponder a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art. 183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de la razón precedente. La materia de este proceso, se compone de una acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, y también se demanda el saneamiento de la nulidad absoluta de una partición de hecho; pero por cuanto no se puede dividir el conocimiento de la causa, corresponde la competencia a esta Sala.- SEGUNDO.- Fundamentos de los recursos de casación: El actor fundamenta su recurso en las siguientes causales y vicios contemplados en el artículo 3 de la Ley de Casación: 1.- En la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de precedentes jurisprudenciales obligatorios; y por falta de aplicación del artículo 11 numerales 2, 3, 4, 8, 9 y del artículo 66.26 de la Constitución de la República del Ecuador; falta de aplicación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y por falta de aplicación  de los artículos 603, 715, 993, 1699, 2392, 2410 y 2411 del Código Civil. 2.- En la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los artículos 75, 76, numerales 1 y 7 literales a) c) y h), y 168.6 de la Constitución de la República; y por falta de aplicación de los artículos 115 y 118 del Código de Procedimiento Civil. 3.- En la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los principios jurídicos aplicables a la valoración de la prueba contenidos en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. 4.- Por la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, por cuanto en la sentencia no se resuelve todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis, y además se resuelve lo que no fue materia del litigio. 5.- En la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, por cuanto la sentencia no se encuentra debidamente motivada tal como manda la Constitución de la República del Ecuador; así como tampoco contiene la valoración íntegra de la prueba exigida por el segundo inciso del art. 115 del Código de Procedimiento Civil. La demandada, por su parte, fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación del Art. 66.4 de la Constitución de la República del Ecuador, y de los artículos 1699 y 2410 del Código Civil.-TERCERO.- Motivación: Conforme el mandato contenido en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación antes señalada, este Tribunal fundamenta su resolución en el análisis que se expresa a continuación.- De conformidad a lo establecido en la doctrina y la jurisprudencia, se deben analizar en primer lugar las causales que corresponden a vicios ?in procedendo? , que afectan a la validez de la causa y su violación determina la nulidad total o parcial del proceso, así como también se refi eren a la validez de la sentencia impugnada; vicios que están contemplados en las causales segunda, cuarta y quinta; en segundo orden, procede el análisis de las causales por errores ?injudicando?, que son errores de juzgamiento, los cuales se producen, ya sea por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una norma de derecho o por una infracción directa de esta clase de normas, vicios que se hallan contemplados en las causales tercera y primera. Se analizará primeramente, el recurso de casación planteado por la parte actora, por cuanto fue interpuesto el 23 de septiembre de 2010, a las 16h46, con anterioridad al recurso de la parte demandada que fue interpuesto el 27 de septiembre de 2012, a las 11h16. 3.1.- Corresponde analizar la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. 3.1.1.- El vicio que configura la causal segunda es la violación de las normas procesales que producen el efecto de nulidad procesal insanable o provoca indefensión al agraviado; violación que puede producirse por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación. La violación de las normas procesales previstas en los Arts. 344, 346 ,1014 del Código de Procedimiento Civil configuran  esta causal. En conclusión, son requisitos para que estos vicios configuren la causal segunda de casación: a) Que la violación produzca nulidad insanable o indefensión; b) Que el vicio esta contemplado en la Ley como causa de nulidad (principio de especificidad); e) Que los vicios hubiesen influido en la decisión de la causa ( trascendencia ); d) Que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente.-3.1.2.- Respecto al cargo por la causal segunda, el recurrente alega que no se aplicó el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, pues dicha norma legal confiere a toda persona el acceso a la justicia, a la tutela imparcial y expedita de los derechos, sin que en ningún caso pueda quedar en indefensión; y, en el caso sub judice, al haberse introducido en la sentencia la ?irracional? (SIC) exigencia de presentar el Certificado del Registrador de la Propiedad, se vulnera el derecho antes citado, por cuanto no se declara que el actor es dueño del inmueble controvertido. El recurrente alega además, que en la sentencia recurrida no se ha aplicado el Art. 76.7 literales a), c) y h) de la Constitución de la República, pues los jueces que dictaron la sentencia ?impidieron que se presente la prueba que, según ellos, parece ser la única idónea para justificar quien es el legítimo contradictor en un juicio meramente declarativo acerca de la adquisición ya producida por prescripción de un bien inmueble? (SIC).Respecto al cargo de falta de aplicación del Art. 76.1 de la Constitución de la República, el recurrente no fundamenta la acusación, sino se limita a transcribir la norma legal antes citada. Expresa también el casacionista, que en la sentencia recurrida no se aplica el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, pues dicha norma legal determina: ?Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia?; y en el caso materia de análisis, los jueces de instancia no ejercen tal atribución para obtener la única prueba que ellos consideraban necesaria para determinar el legítimo contradictor en los juicios de prescripción. Finalmente, el recurrente alega que tampoco se ha aplicado el inciso segundo del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, pues no se ha tomado en cuenta la inscripción en el registro de la propiedad de la sentencia que confiere a él (actor), y a sus hermanos (demandados), la posesión efectiva de los bienes de su padre. 3.1.3.- En relación a los cargos formulados por el casacionista, cabe primeramente manifestar que la acusación por falta de aplicación del artículo 75 de la Constitución no es procedente, por cuanto no se desprende del proceso que el recurrente no hubiera podido acceder a los medios de justicia previstos en el ordenamiento jurídico para hacer valer sus derechos, sino más bien, que si ha tenido acceso a ellos y a una tutela judicial efectiva, ante los jueces y mediante el procedimiento establecido para el caso. Al respecto, cabe destacar el criterio de la Corte Constitucional, que expresó: ?La Corte conceptúa que la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 75 de la Constitución de la República(2), es un derecho que consagra la Constitución, orientado a garantizar que los derechos de las personas encuentren un cauce adecuado para su realización y siendo los procesos judiciales las vías idóneas para su restablecimiento, este derecho tiene varios elementos; así, ha dicho la Corte: ?El derecho a la tutela judicial efectiva comporta tres momentos: el consagrado procesalmente como derecho de petición, es decir, el acceso a los órganos jurisdiccionales; la actitud diligente del  juez en un proceso ya iniciado, y el rol del juez una vez dictada la resolución, tanto en la ejecución como en la plena efectividad de los pronunciamientos(3)?? (Resolución de la Corte Constitucional 229, Suplemento Registro Oficial 777 de 29 de Agosto del 2012.). En todo caso, la falta de aplicación de dicha norma constitucional, tampoco corresponde ser analizada por la causal segunda de casación, como ya fue expresado en el numeral 3.1.1 de este fallo. En segundo lugar, en relación a la falta de aplicación del artículo 76.7 literales a), c) y h) de la Constitución de la República, aunque tampoco corresponde su análisis a la causal segunda de la Ley de Casación por lo ya expresado anteriormente, procede en todo caso indicar que no se desprende procesalmente que se le haya negado al recurrente la posibilidad de actuar prueba alguna para su defensa. Si a criterio del juzgador de instancia, la actuación probatoria realizada por las partes, fue insuficiente y no llegó a determinar a su convicción uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, no por eso significa que se le haya impedido a la parte recurrente la actuación probatoria dentro de juicio. En relación al cargo de falta de aplicación del artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal tampoco considera que dicho vicio corresponda su análisis por la causal segunda de casación, ya que aunque se trata de un norma procesal, su inaplicación no provoca nulidad procesal, ni indefensión; con todo cabe mencionar que el artículo alegado expresa: ?Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Exceptúase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de ofi cio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente.? Es decir, es una facultad de los jueces ordenar de oficio cuanta prueba crean necesaria para llegar a la verdad procesal; pero, ello no signifi ca de ninguna manera, que sea un imperativo en la actuación del juzgador el ordenarlas, más aún cuando la carga probatoria corresponde de forma general y obligatoria a las partes de acuerdo al Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente expresa:?Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley.?. Por todo lo expuesto, se desecha el cargo por la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.- 3.2.-Corresponde analizar la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. 3.2.1.-La causal cuarta de la Ley de Casación corresponde a: ?Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis?.- Los vicios que configuran la causal cuarta son relativos a la inconsonancia o incongruencia resultante de la comparación entre la parte resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y las excepciones deducidas, esto es, el asunto o asuntos que son materia de la litis. Los vicios que tipifican a la causal cuarta afectan al principio de congruencia, que consiste en la concordancia que debe haber entre las pretensiones de la demanda, los medios de defensa o contrademanda deducidos por la parte demandada, y la resolución del juez, a lo que la doctrina y jurisprudencia llaman congruencia externa; y, la interna, que consiste en la concordancia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia. El principio de la congruencia delimita el contenido de la sentencia en cuanto ésta debe pronunciarse de  acuerdo con el alcance de las pretensiones, impugnaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto. Acorde a la doctrina y la jurisprudencia, esta incongruencia, que es un error de procedimiento o vicio de actividad, puede tener tres formas o aspectos: 1) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); 2) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido, es decir se decide sobre puntos que no son objeto del litigio (extrapetita); 3) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citra o mínima petita).- Para que los cargos por la causal cuarta procedan, el escrito de casación debe contener: 1. El señalamiento de los puntos que configuran el objeto del litigio, refiriéndose a las pretensiones de la demanda o reconvención, a las excepciones y a las conclusiones del fallo; 2. La concreción del punto o puntos que se han resuelto sin ser parte del litigio (extra petita), o de la cuestión o cuestiones que se han resuelto en demasía o más allá de lo pedido (ultra petita), o la especificación de los aspectos que no se han resuelto habiendo sido parte del litigio (citrapetita); 3. La determinación de la norma o normas jurídicas infringidas con los antes referidos vicios.- 3.2.2.- Al respecto, el recurrente argumenta que, como pretensión inicial, solicitó se declare como saneada la nulidad que existió en la partición verbal del inmueble determinado en el párrafo I. 2 del mismo escrito de la demanda, partición efectuada por su padre, Guillermo Asimbaya Palla; en virtud de haber transcurrido quince años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2417 del Código Civil; pero en la sentencia recurrida no se ha resuelto dicha pretensión. Expresa además el casacionista, que se ha resuelto en la sentencia sobre un asunto que no fue materia del litigio, pues se rechaza la demanda por no haber presentado el Registro de Gravámenes conferido por el Registrador de la Propiedad, y tal asunto no fue materia del litigio, ya que ninguno de los demandados lo planteó como excepción, ni tampoco el juez de primera instancia rechazó la demanda por tal motivo. Finalmente se argumenta también que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por cuanto el juzgador de primer nivel, consideró que no se encontraba registrado el título que su padre tuvo sobre el bien inmueble materia del litigio; y por tanto sólo ello debía ser materia de resolución en la Corte Provincial. 3.2.3.- Respecto a lo argumentado por la causal cuarta de casación, este Tribunal considera justificada la infracción, por cuanto de la sentencia recurrida efectivamente no se desprende análisis ni resolución sobre la pretensión de declaración de saneamiento de nulidad absoluta de la partición de hecho, que fuera planteada en su debido tiempo en la demanda, y aceptada a trámite concomitantemente con la acción de prescripción extraordinaria de dominio. Por tanto, de acuerdo al artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que expresa ?La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella.?, se ha cometido el vicio de citra petita, por cuanto no se ha resuelto en la sentencia sobre todos los puntos controvertidos. Por lo expuesto, este Tribunal de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, considera justifi cada la infracción alegada y procede a casar la sentencia objeto del recurso, y dictar una sentencia de mérito en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Casación.- Cuarto.- 4.1.- Como ya se expresó en el considerando Primero de esta  sentencia, este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente causa.- 4.2.- No se han omitido ni violentado solemnidades sustanciales en la tramitación del presente proceso, y por tanto se lo declara como válido.- 4.3.- A fojas cuatro del expediente de primer nivel, comparece el señor Gonzalo Asimbaya Guanopatin, manifestando en primer lugar sus datos generales de ley; y, además expresa que su padre, Guillermo Asimbaya Palla adquirió en virtud de la adjudicación efectuada por Juan Manuel Durini, con intervención del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, un terreno de aproximadamente dieciséis mil metros cuadrados ubicado en el barrio Pucará, parroquia Amaguaña, cantón Quito, dentro de los siguientes linderos: Norte, terrenos de la hacienda Santa Cecilia, de propiedad del adjudicante; Sur, terreno de Emilio Socasi; Este, terreno de Juan Morocho; y Oeste, camino Público. Dicha adjudicación, de fecha 10 de marzo de 1965 se inscribió en el Registro de la Propiedad el 5 de abril de 1965 y se encuentra protocolizada en la Notaría Primera del Cantón Quito. Al poco tiempo de dicha adjudicación, su padre en ejercicio de la atribución conferida en el Art. 1361 del Código Civil, procedió a realizar la partición verbal del inmueble entre sus cinco hijos María, Gonzalo, Florinda, Luis y Leticia Asimbaya Guanopatin, entregándoles sendos lotes de terreno para que tuvieran su posesión y propiedad. En tal partición, al compareciente le fue adjudicado un lote de terreno de 2041 metros cuadrados, con 20 decímetros, ubicado dentro de los siguientes linderos: Norte, terreno de Luis Asimbaya; terreno de propiedad de Emilio Socasi; Este, terreno de Juan Morocho; y Oeste, terreno de Leticia Asimbaya. Por tanto, desde fi nes de 1965 se encuentra en posesión del mencionado lote de terreno, como señor y dueño del mismo, y por lo que expone, demanda: 1.- Se declare saneada la nulidad existente en la partición verbal efectuada por su padre, y que se halla extinguida como consecuencia, toda acción para demandar su nulidad; 2.- Que ha adquirido por prescripción el inmueble determinado en el párrafo I, numeral 2 de la demanda.- Aceptada a trámite la demanda, y citados en forma legal los demandados a fojas 28 del cuaderno de primera instancia, comparece el Distrito Metropolitano de Quito mediante su procurador y propone las siguientes excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2.- Ilegitimidad de personería pasiva, por cuanto la demandada no es titular de dominio del inmueble motivo de la acción; 3.- Como lo reclamado no es la totalidad, sino una parte de un inmueble, se debe contar con la autorización de partición previo a dictar sentencia. Comparece a fojas 33 del expediente de primera instancia, María Florinda Asimbaya Guanopatin, quien propone las siguientes excepciones: 1.- Improcedencia de la demanda por indebida acumulación de acciones; 2.- Improcedencia de la acción de saneamiento de nulidad de la partición verbal o ?consensual?, y de extinción de cualquier acción para demandar su nulidad; 3.- Incompatibilidad de ac

 

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