Registro Oficial No.485- Martes 02 de Febrero de 2016 Edicion Especial

Jueves, 18 de febrero de 2016

Última modificación: Jueves, 18 de febrero de 2016 | 17:12

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 02  de Febrero de 2016 - R. O. No. 485

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

Función Judicial y Justicia Indígena                      

 

Corte Nacional de Justicia: Sala de lo Contencioso Tributario

               

               

Recursos de casación en los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

238-2010 Exxonmobil Ecuador Cía. Ltda. en contra del Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas

 

252-2010 Aduanaprecua Cía Ltda. en contra del Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

266-2010 Señor Ignacio Medranda Saltos en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí

 

278-2010 Grupo Empresarial Emprortega Cía. Ltda. en contra del Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas

 

Resoluciones         

 

281-2010 Ecuajugos S. A. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

283-2010 Industria Acero de los Andes S. A. en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

               

306-2010 Mamut Andino S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas

 

333-2010 Compañía Mila S. A. en contra del Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas

 

335-2010 Compañía Agrícola Carlapia S. A. en contra del Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas

 

346-2010 Compañía Cartonera Andina S. A. en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro

 

353-2010 Señora Nora Graciela Vallejo Ullauri en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

368-2010 Señora María Teresa Bueno Heredia en contra del Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

388-2010 Compañía Ransert S. A. en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

396-2010  Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil ? Eléctrica de Guayaquil en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

425-2010 Señor Wilson Roberto González Flores en contra del Gerente Distrital de Cuenca de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

                              

Sala de lo Penal

                              

Recursos de casación en los juicios interpuestos por las siguientes personas:

 

Señora Johana Rodríguez Machado en contra del señor Juan Carlos Imbaquingo

 

               

517-2010 Y.T.

 

716-2010 Y.T.Señora Carmen Guillen Chaguay en contra de la señora Cecilia Guayamabe y otro

 

 

 

 

CONTENIDO

 


 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE LA COMPAÑÍA EXXONMOBIL DEL ECUADOR contra EL DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

No. 238-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZA PONENTE: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia.

 

ACTORA: EXXONMOBIL ECUADOR CÍA. LTDA.

 

(RECURRENTE)

 

DEMANDADO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

Quito, a 18 de Junio del 2012.- Las 11H30.

 

VISTOS: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República, artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, la Resolución No 004- 2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y la Resolución de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. I. ANTECEDENTES: 1.1.- El señor Raúl Xavier Granda León, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía EXXONMOBIL CÍA, LTDA., interpone recurso de casación contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, de Quito el 28 de abril de 2010 a las10h00. 1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en las causales 1ª, 3ª y 4ª del artículo 3 de la Ley de Casación; alega que las normas de derecho infringidas son los artículos: 260, 262 y 258 del Código Tributario, 118 y 114 del Código de Procedimiento Civil; 51 del Código de Comercio; y, 169 de la Constitución de la República. Para sustentar las causales invocadas, afirma: a) Que su representada aportó en juicio documentos privados que son previstos en la ley como medios de prueba, siendo idóneos y suficientes por sí mismos para demostrar las afirmaciones constantes en la demanda; b) Que ninguna norma jurídica obliga a los litigantes a someter a examen pericial todas las pruebas documentales que aporten en el juicio, por lo que resulta evidente que en la sentencia recurrida se deja de aplicar lo previsto por los artículos 260, 121 y 51 de los Códigos Orgánico Tributario, Procedimiento Civil y de Comercio, en su orden; c) La Cuarta Sala del Tribunal Distrital señala que era necesaria la intervención pericial para resolver el caso en cuestión, pese a lo que no ordenó de oficio la práctica de tal diligencia, con lo que se demuestra la inobservancia y falta de aplicación del artículo 169 de la Constitución de la República y del artículo 262 del Código Orgánico Tributario; así como una total falta de motivación de la sentencia; d) Que su representada, la parte actora, ha demostrado todos los hechos constitutivos del pago en exceso; en tanto que, la Administración Tributaria no ha demostrado los hechos impeditivos o extintivos que ha venido alegando; que la sentencia impugnada mediante el recurso de casación, en nada se refiere a este incumplimiento de la obligación procesal por parte de la Administración Tributaria, habiéndose dejado de aplicar los principios relativos a la carga de la prueba contemplados en el artículo 114 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 258 y 259 del Código Orgánico Tributario. 1.3.- Al dar contestación al traslado, la Administración Tributaria, manifiesta: a) Que en el extenso escrito mediante el que se interpone el recurso se dice que se han violado alrededor de siete normas legales, pero no se precisa en qué consiste la violación de cada una de ellas; b) Que no se han explicado los fundamentos para demostrar que se han infringido normas de derecho y que se han propuesto de manera genérica las causales 1ª, 2ª , 3ª y 4ª existiendo en consecuencia contradicción, ya que no se puede alegar a la vez falta de aplicación, errónea interpretación e indebida aplicación de una misma norma de derecho y menos vincularla con errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; c) Al referirse a la tercera causal, indica que el recurso de casación, no es una segunda instancia ya que su finalidad está dirigida a verificar la legalidad de la sentencia y unificar los criterios jurídicos, y no efectuar un nuevo análisis de la prueba aportada en el proceso; d) Que la Cuarta Sala que resolvió el caso, valoró debidamente la prueba, al contrario de lo que dice el recurrente; e) Al citar el actor los artículos 114 del Código de Procedimiento Civil, 258 y 259 del Código Tributario, no establece como han conducido a la equivocada aplicación o falta de aplicación de alguna norma en la sentencia; f) Respecto a la causal 1ª del artículo 3 de la Ley de Casación, invocada por el recurrente en relación con el artículo 169 de la Constitución de la República y 262 del Código Tributario, no cabe valoración de pruebas por parte de la Sala, pretensión en la que insiste el actor, tratando de hacer valer a su favor el precepto constitucional de no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades. Dentro del marco jurídico vigente y concretamente en el campo jurisprudencial existe el criterio, recurrente y uniforme de que los requisitos no son meras formalidades como pretende hacer aparecer el actor. Concluye citando y transcribiendo varios fallos de casación para solicitar se rechace el recurso interpuesto por el actor. 1.4.- La sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal Fiscal Nº 1, rechaza la demanda incoada por el señor Jaime Salvador Marti Brown, Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA., al considerar que para que proceda la devolución del IVA o de retenciones en la fuente, por concepto del impuesto a la renta, es necesario que los comprobantes o documentos de retención cumplan con los requisitos establecidos en la Ley o el Reglamento, argumentos aplicados al criterio tributario al que tienen derecho los contribuyentes. Pedidos los autos para resolver, se considera: II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA: 2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. 2.2.- Determinación del problema Jurídico a Resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo siguiente: A) ¿La sentencia del Tribunal a quo, incurre en la causal 1ª, 3ª y 4ª del artículo 3 de la Ley de Casación; al supuestamente haber aplicado indebidamente los artículos: 260, 262 y 258 del Código Tributario, 118 y 114 del Código de Procedimiento Civil; 51 del Código de Comercio; y, 169 de la Constitución de la República?. III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS: 3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala. 3.2.- El tema que ha motivado la litis es la Resolución Nº 117012006RRECO10266 de 24 de mayo del 2006, emitida por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas que, acepta parcialmente la solicitud de devolución del pago en exceso correspondiente al impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2003, que en total suma la cantidad de US$ 350.585,33, habiendo sido aceptado en la resolución indicada únicamente la cantidad de US$ 271.975,24, desconociendo en consecuencia la suma de US$ 78.610,08, valor que reclama la Compañía EXXONMOVIL ECUADOR CÍA LTDA., también la falta de reconocimiento de la Administración Tributaria, que tiene como fundamento la existencia de comprobantes de retención que, no cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 13 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y de los artículos 37 y 38 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, con lo que se desconocen los artículos 45 y 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el 2 y 7 del Código Tributario. La pretensión del actor ha sido contradicha por la Administración Tributaria, indicando que no procede la devolución del valor reclamado porque, se trata de sustentar en documentos privados que no cumplen con los presupuestos exigidos por el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 3.- La parte recurrente, en el escrito mediante el que interpone el recurso de casación, dice: ?Las causales en las que fundamento el presente recurso de casación son la primera, tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de casación: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva?3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto??, continúa haciendo un listado de las normas legales que considera vulneradas por la ?Falta de aplicación de las normas de derecho en la sentencia o auto que hayan sido determinantes de su parte dispositiva?; y, al referirse a la causal 3ra. del artículo 3 de la Ley de Casación, lo hace indicando que en la sentencia se ha dejado de aplicar un principio jurídico pertinente a la valoración de la prueba ? carga de la prueba. 3.4.- Analizada la resolución impugnada, se desprende: a) Los comprobantes de retención son los únicos documentos que demuestran que se ha efectuado una retención siempre que, cumplan con los requisitos reglamentarios. Lo dicho, permite concluir que no todo documento sirve para demostrar que se han efectuado retenciones, pues las mismas deben estar contenidas en los comprobantes que tienen que cumplir con ciertos requisitos que se encuentran establecidos en los reglamentos pertinentes; b) Si bien el reglamento en la clasificación de las normas jurídicas ocupa un sitial de inferioridad, está destinado a la aplicación y viabilización, de la ley en consecuencia está íntimamente vinculado a la misma, como ésta debe estar subordinada a la Constitución para ser válida; c) La Constitución de la República, en el artículo 147 establece las atribuciones y deberes del Presidente de la República, y en su numeral 13, reza: ?Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración?. Con el texto constitucional, está en plena armonía lo que manda el artículo 5 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en el inciso 2º ?La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la República quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria ??; de otro lado, el Código Tributario, en el artículo 7, confiere de manera expresa la facultad reglamentaria al Presidente de la República; d) Los reglamentos, entonces, surten efecto para la aplicación de las leyes; y, en algunos casos en materia tributaria que hayan sido determinados expresamente, surten efectos obligatorios de actos normativos; e) La parte final del artículo 169 de la Constitución de la República, establece: ??No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades legales?, texto con el que guarda íntima relación lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el presente caso, la omisión de formalidades, no se refiere a la administración de justicia, sino al cumplimiento de los presupuestos en cuanto los documentos de retención en la fuente, conforme a lo que dispone el Código Tributario; 3.5.- En el escrito que contiene la interposición del recurso, el señor Granda León, afirma que lo fundamenta en las causales 1ª, 3ª y 4ª del artículo 3 de la Ley de Casación, para luego sostener que las normas de derecho que considera infringidas son las que hace constar en un largo listado que van desde la a) hasta la g); prosigue afirmando, la Sala no ha hecho un análisis sobre la pertinencia de la prueba aportada, sin tener en cuenta que los documentos privados son considerados como medios probatorios autónomos por el Código Tributario. Señala además que, la Sala no ha considerado los documentos contables que han sido presentados. Posteriormente se refiere a la causal 1ª del artículo 3 de la Ley de Casación, para señalar que no se aplicó el artículo 169 de la Constitución y el 262 del Código Orgánico Tributario. Por fin, al referirse a la causal 3ª, dice que se ha dejado de aplicar un precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba, como cuya consecuencia no se han aplicado las normas jurídicas al respecto. Como se observa el amplio contenido del escrito no es suficiente para demostrar lo que se impugna o ataca. El recurso (acción) de casación, es de naturaleza extraordinaria, en la que necesariamente habrá que plantearse una especie de silogismo, en el que la premisa mayor es la sentencia impugnada, la premisa menor, el escrito que contiene la interposición del recurso y la conclusión estaría formada por la resolución de la Sala de Casación; planteamiento que no permite que se corrijan errores u omisiones en las que pudo incurrir el que hace uso de este recurso. 3.6.- El Código Tributario, en los artículos 258 y 259, establecen que la prueba está a cargo del actor y la administración tributaria en su orden. En la especie la carga de la prueba se revirtió exclusivamente para el actor, dado que la demanda fue contestada de manera negativa, lo que está de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil. Al juzgador, le corresponde la dirección del proceso, debiendo velar porque se cumplan las normas constitucionales, y legales para poder concluir con un fallo en el que, luego de analizar los principios respecto a la forma de aportación de la prueba, resuelva mediante un análisis motivado, que le permite decidir con certeza y justicia, aplicando los principios constitucionales y legales de valoración de la prueba; la que debe sujetarse al principio de contradicción y observar rigurosamente los términos correspondientes para que se cumpla el principio de preclusión. 3.7.- El ejercicio de la facultad oficiosa del juez tributario prevista en el Art. 262 del Código Orgánico Tributario no es obligatoria, ya que procede únicamente cuando la Sala juzgadora lo considere necesario, no como pretende el recurrente. 3.8.- La empresa cuya representación la ejerce el recurrente, viene reclamando la existencia de pago indebido y en exceso, el que ha sido reconocido parcialmente por la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, al aceptar la solicitud de devolución por pago en exceso del Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2003, en la suma de US $ 271.975,24, del total reclamado de US $350.585,33, se debe a que algunos comprobantes de retención en la fuente no cumplían los requisitos exigidos, por lo que no pueden sustentar crédito tributario, conforme los artículos 37 y 38 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. Al respecto, es de tener presente lo que dispone el artículo 73 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que considera que únicamente los comprobantes de retención originales o copias certificadas, conferidos conforme a ley y reglamento, justificarán el crédito tributario. No se puede dejar de considerar lo que manda el artículo 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en cuya consideración reiterados fallos de la hoy Corte Nacional de Justicia (Suprema), establecen la importancia de los requisitos que deben reunir los comprobantes para ser válidos. Vale señalar, los fallos publicados en los Registros Oficiales Nos. 439 de 11 de octubre del 2004, 222 de 1999, 181 de 30 de abril de 1999, 406 de 28 de noviembre del 2006; entre otros; todos los que, en síntesis establecen que para que proceda la devolución del IVA o retenciones en la fuente por concepto de impuesto a la renta, los comprobantes deben reunir los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos, presupuestos que no cumplen los del caso de la especie, sin que sea posible que la empresa pueda beneficiarse de sus errores pues no son simples ?formalidades? que pueden ser soslayadas por el juzgador, sino verdaderos requisitos sustanciales. IV.- DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA 1.- Rechaza el recurso de casación planteado por el señor Raúl Xavier Granda León; Gerente General de EXXONMOVIL ECUADOR CÍA. LTDA. Actúe la Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora Encargada de conformidad al oficio de 30 de abril de 2012 y oficio No. 40-2012-SCT-CNJ de 21 de mayo de 2012. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces Nacionales. Gustavo Durango Vela, Conjuez.

 

Certifico. Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

En Quito, a dieciocho de junio del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA EXXONMOBIL DEL ECUADOR CIA LTDA., en el casillero judicial No. 129 de la Dra. Anita Izquierdo; y al DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Dr. Fabricio Batallas; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero judicial No. 1200.

 

Certifico. Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

RAZÓN: Las seis copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACION No. 238-2010, seguido por LA COMPAÑÍA EXXONMOBIL DEL ECUADOR CIA LTDA., contra EL DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Quito, a 27 de Junio del 2012.

 

Certifico. Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE LA COMPAÑÍA ADUANAPRECUA CIA. LTDA. contra EL GERENTE DISTRITAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA.

 

No. 252-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 17 de mayo del 2012.- Las 09H00. VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, la Ingeniera Fernanda Cisneros, representante legal de la compañía ADUANAPRECUA CIA. LTDA., interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 21 de abril de 2010, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3 con sede en la ciudad de Cuenca, dentro del juicio de Impugnación No. 17-08 seguido por la Empresa contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Calificado el recurso la Autoridad Aduanera lo contesta el 14 de julio de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: La representante de la compañía recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación; considera infringidas las siguientes disposiciones: arts. 1, 62 y 217 del Código Tributario; arts. 10, 12, 13, 17, 25, 40 y 76 de la Ley Orgánica de Aduanas; el art. 151 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas y art. 19 de la Ley de Casación. Luego de analizar los antecedentes del proceso, transcribir textos de la sentencia y hacer referencia a fallos del Tribunal Juzgador, a varios de la Sala de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia y de la actual Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, sobre la naturaleza tributaria de la causa, manifiesta que, a pesar de existir dichos precedentes jurisprudenciales sobre el caso, que no sólo han reconocido la competencia del Tribunal para resolver sobre el hecho materia de la controversia, sino sobre la procedencia de la acción, sin mayor sustento se desconocen estos fallos, se cambia el criterio y se acepta, sin ninguna razón que explique el cambio de criterio de que se trata de una acción civil, a pesar de que se ha demostrado que lo que se pretende es cobrar tributos; que se ha dejado de aplicar el art. 1 del Código Orgánico Tributario, pues en el caso quedó reconocido por la Autoridad demandada que, lo que se pretende es el cobro de unos denominados tributos eventuales, que la sentencia reconoce que las garantías tenían por objeto afianzar el eventual pago de impuestos con lo que, no queda duda alguna de que el asunto era tributario; que se ha aplicado indebidamente el art. 62 del Código Orgánico Tributario; que se ha demostrado por parte de la Empresa actora que no es sujeto pasivo del tributo lo que ha sido también reconocido por la Autoridad demandada por lo que, la fijación de domicilio no aplica para este caso que debe sujetarse sobre todo al lugar que más convenga para efectos de determinación y recaudación del tributo; que ha existido indebida aplicación del art. 217 del Código Tributario que define la jurisdicción contencioso tributaria, que en el caso, se atribuye responsabilidad tributaria y se habla de eventuales tributos pero se aplica indebidamente la norma al concluir que el asunto no es tributario sino civil; que no se ha aplicado los arts. 10, 12, 13, 17, 25 y 40 de la Ley Orgánica de Aduanas que determinan y definen de forma clara la obligación aduanera, su hecho generador, nacimiento y extinción y la responsabilidad respecto a su pago; que se ha inaplicado en art. 76 de la Ley Orgánica de Aduanas que establece qué es materia de reclamo y cuándo procede; que se ha inaplicado el art. 19 de la Ley de Casación que establece la obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales que no se han aplicado en el presente caso. TERCERO: El representante de la Administración Tributaria Aduanera manifiesta que el recurrente incurre en confusión al considerar que los artículos que refiere han sido indebida y erróneamente interpretados, criterio que se encuentra alejado de la realidad en virtud de que en el caso no se encontraban en disputa obligaciones de carácter tributario sino contractual, como consta de la resolución impugnada con lo que a su criterio demuestra que las pretensiones de la CAE no han sido de carácter tributario, que lo que se pretende es la reparación de los daños causados por el robo de mercaderías, reclamo planteado con apego a cláusulas contractuales en relación al contrato de concesión, donde resulta obvio que tributos y perjuicios económicos no tienen el mismo sentido, que no puede una sentencia dictada en otra causa constituirse en instrumento de obligatoria aplicación a otros casos, que la circunstancia de igualdad alegada no existe en tanto que en la Resolución que es materia del recurso, la Administración Aduanera ha ordenado el pago de ?perjuicios económicos ocasionados por el robo de las referidas mercancías?, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley de Casación para que un fallo se convierta en precedente jurisprudencial de carácter obligatorio y vinculante requiere de triple reiteración, cuestión que no ocurre en el presente caso. CUARTO: El cuestionamiento a la sentencia gira en torno a la naturaleza de la Resolución impugnada por la Empresa actora y la competencia de la Sala de instancia para resolverlo, puesto que en este caso, ésta ha determinado ser de carácter civil por tanto fuera de su ámbito de competencia. Para resolver el tema controvertido la Sala especializada de la Corte Nacional de Justicia formula las siguientes consideraciones: 4.1. La Empresa actora impugna la Resolución s/n de 30 de enero de 2008, por la que el Gerente Distrital de Cuenca de la Corporación Aduanera Ecuatoriana resuelve no calificar ni aceptar como caso de fuerza mayor el robo de mercancías del importador MIGUEL ALBERTO PESÁNTEZ LÓPEZ, y dispone que previo al cierre de la Guía de Movilización Interna, la Empresa actora proceda al pago a la CAE de los perjuicios económicos ocasionados por el robo de las referidas mercancías y en caso de falta de pago voluntario, se haga efectivo la parte proporcional de la Póliza de Seguros No. GA-57750; 4.2. De conformidad con las estipulaciones contenidas en la cláusula Décima del contrato de concesión de almacenamiento temporal suscrito entre la CAE y la Empresa actora (fs. 16 a 19 del proceso), el concesionario, para afianzar el pago de tributos aduaneros y el cumplimiento de formalidades derivadas del servicio concedido, presentará la correspondiente Garantía General Aduanera. La misma cláusula prevé que, el concesionario deberá disponer de garantía suficiente que cubra las posibles pérdidas o daños de los mismos, y agrega que los reclamos procedentes por esta causa deberán ser presentados de manera directa por el usuario al concesionario; 4.3. La póliza de seguro No. GA-57750, cuya copia certificada obra a foja 20 del proceso, ?garantiza eventual pago de impuestos por la permanencia de la carga en las bodegas del concesionario?; 4.4. De los elementos referidos en los números precedentes de este considerando, se establece que la póliza de seguro de la cual se dispone en la Resolución impugnada hacer efectivo el cobro de los perjuicios económicos ocasionados por el robo de las mercancías, tiene como único propósito, para la CAE, garantizar el eventual pago de impuestos, lo cual es distinto de las posibles pérdidas o daños de la mercancía que refiere la cláusula contractual, que no están relacionados con perjuicios a la CAE sino al usuario del servicio, en este caso al importador, quién, de considerarlo pertinente, deberá reclamarlo de manera directa al concesionario, conforme así lo estipula la mencionada cláusula; 4.5. Al haber dispuesto el Administrador de Aduanas en la Resolución impugnada que, se haga efectiva la póliza de seguro que garantiza el eventual pago de impuestos, es indudable que la naturaleza de la misma es de carácter tributario, a pesar de que en la misma resolución disponga, en forma errónea, el pago a la CAE ?de los perjuicios ocasionados por el robo de las referidas mercancías?, perjuicios que no pueden ser otros que los que se derivan de la naturaleza tributaria de la gestión de la CAE, porque los de otra naturaleza le corresponden al usuario del servicio que brinda el concesionario; 4.6. Ante la declaratoria de incompetencia del Tribunal de instancia en razón de la materia resuelto en sentencia, esta Sala, como lo ha sostenido en casos similares, considera que el controvertido es un asunto de índole tributario en razón de que la garantía que la Administración Aduanera ha dispuesto su ejecución fue otorgada con la finalidad de avalar el cumplimiento de obligaciones tributarias aduaneras, relaciones jurídicas tributarias que son equivalentes ??a las situaciones jurídicas que se deriven o relacionen con ellos? [los tributos], previsto en el art. 1 del Código Orgánico Tributario, por lo que existe falta de aplicación de la citada norma alegada por el recurrente; al haber resuelto la Sala de instancia que la impugnación objeto de la litis no es de naturaleza tributaria sino civil, no ha producido sentencia de mérito. Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia y en vista de que el Tribunal de Instancia no ha producido una sentencia de mérito, dispone que vuelva el proceso al juez de origen a efectos de que, a la brevedad posible, se pronuncie sobre el fondo del asunto controvertido. Sin costas. Actúe la Dra. Carmen Dávila Yépez, como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la titular, de conformidad con el Oficio s/n de 30 de abril de 2012, dirigido por el Dr. José Suing Nagua, Presidente de la Sala de lo Contencioso Tributario.- Notifíquese, publíquese y devuélvase. Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces Nacionales. Gustavo Durango Vela, Conjuez Certifico. Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e). En Quito, a diecisiete de mayo del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA ADUANAPRECUA CIA LTDA., en el casillero judicial No. 2142 de los Dres. Fabricio Moreno y Leonardo Moreno Aguilar; y al GERENTE DISTRITAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA, en el casillero judicial No. 1346 del Dr. Olmedo Álvarez; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero judicial No. 1200.

 

Certifico. Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

RAZÓN: Las cinco copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 252-2010, seguido por LA COMPAÑÍA ADUANAPRECUA CIA LTDA., contra EL GERENTE DISTRITAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA.- Quito, a 7 de Junio del 2012.

 

Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

No. 266-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBTUARIO

 

Quito, a 17 de Mayo del 2012.- Las 09H30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, la economista MOSERRATE AUXILIADORA HOLGUÍN ALVIA, Directora Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 29 de abril de 2010, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4, con sede en la ciudad de Portoviejo, dentro del juicio de impugnación No. 31-2007, seguido por el señor IGNACIO MEDRANDA SALTOS en contra de la Administración Tributaria. Esta Sala acepta a trámite el recurso y el actor no lo contesta. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: La representante de la Administración Tributaria fundamenta el recurso en las causales primera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. Considera que se han infringido las siguientes disposiciones: arts. 67, 68, 96 números 1, letras c, d y e, y números 2 y 3, y 99 del Código Tributario; art. 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información; y, art. 201 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigentes a la fecha en que la Administración Tributaria verificó la información contenida en la declaración del impuesto a la renta del año 2004. Manifiesta que en la sentencia recurrida, el Tribunal juzgador considera que el acto impugnado no satisface la garantía motivacional exigida para todos los actos del poder público, que la Administración Tributaria debió consignar los datos necesarios que sean capaces de permitir el conocimiento de cada uno de los hechos o transacciones que originaron los ingresos, que el contribuyente tenía derecho a conocer todos los hechos o transacciones para cuestionar una eventual arbitrariedad o desviación de la Administración Tributaria; que el Tribunal no aplica lo dispuesto en los artículos que considera infringidos, cuyos textos transcribe; que la información que proporcionan terceras personas respecto de las transacciones que realizan con los contribuyentes constituye una herramienta fundamental del sistema tributario que permite a la administración tener un veraz conocimiento del verdadero nivel de ingresos de quienes están obligados a declararlos; que no es procedente revelar la identidad de los adquirentes y el detalle de cada una de las transacciones informadas a través de los anexos y que son generadoras del ingreso en las comunicaciones de diferencias e inconsistencias; que detallar la información es darle una ilegítima oportunidad al contribuyente para que en vez de declarar conforme a su realidad económica, se incrementen los costos y gastos deducibles para compensar las inconsistencias en sus declaraciones; que es la Administración Tributaria que como sujeto activo del tributo, tiene la facultad de verificar las declaraciones realizadas tanto por el contribuyente como de los terceros, que es el contribuyente quien debe informar o entregar la información de manera veraz para que la Administración Tributaria haga las verificaciones y llegue a realizar la determinación. TERCERO: En la sentencia el Tribunal juzgador declara con lugar la demanda y deja sin efecto el acto contenido en la Orden de Cobro No. 1320070200090 de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2004, ordenándose la baja de la contabilidad fiscal el crédito tributario generado. CUARTO: Uno de los cuestionamientos que se formulan en contra de la sentencia está relacionado con la falta de aplicación de las normas que regulan la facultad determinadora, arts. 67 y 68 del Código Tributario y 201 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario; y, el cumplimiento de deberes formales así como el carácter de la información tributaria, regulado en los arts. 96 y 99 del Código Tributario. Para resolver, esta Sala especializada formula las siguientes consideraciones: 4.1. El actor impugna la orden de cobro No. 1320070200090 por Liquidación de Pago por Diferencias en Declaraciones de Impuesto a la Renta del año 2004 de 2 de marzo de 2007, argumentando que la Administración basa la diferencia en la confrontación de su declaración de impuesto a la renta del año 2004, con la información reportada en anexos de adquirentes que no se detallan en la liquidación como era su obligación al motivar sus actos administrativos y que, procedió a determinar ingresos no declarados sin considerar costos y gastos que debieron intervenir en la generación de esa renta que, atenta el principio de proporcionalidad; 4.2. La presunta falta de motivación del acto impugnado, es asumido como elemento esencial por la Sala de instancia para aceptar la demanda, conforme se desprende de lo contenido en los considerandos Cuarto y Quinto del fallo; sin embargo, la Sala juzgadora, al relievar la falta de motivación del acto, omite considerar otros elementos que forman parte de la controversia, como es la no consideración de costos y gastos, que para la Sala es uno de los argumentos esenciales de la impugnación del contribuyente; 4.3. El propio actor en su demanda reconoce de manera expresa que la Orden de Cobro motivó a que presente una declaración sustitutiva, que lo hace fuera del tiempo requerido por la Administración, en la que corrige los errores de su declaración original (foja seis del proceso), lo cual implica un reconocimiento expreso de las diferencias detectadas por la Administración y de su omisión de registrarlos en la declaración original; este elemento, por si solo, desvirtúa la presunta falta de motivación del acto impugnado, pues la presentación de la declaración sustitutiva evidencia que se trataba de información que si tenía el contribuyente, pues él generó las transacciones que no fueron informadas en la declaración original; la actuación de la Administración, en ejercicio de la facultad determinadora prevista en la Ley (arts. 67 y 68 del Código Tributario y 201 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno), lo que hace es evidenciar tales hechos, fruto de la confrontación de la información de terceros (los adquirentes del contribuyente), de los que no tiene la obligación de incluir referencia específica en el acto de determinación; esto además, desvanece el precario argumento de falta de motivación del acto impugnado, punto en el que se concreta la Sala de instancia, desviando su obligación de realizar un análisis íntegro de todos los elementos materia de la controversia. El razonamiento de esta Sala de ninguna manera resta valor a la obligación de motivar las resoluciones que, expresamente consagra la Constitución de la República, (letra e No. 7 Art. 76) lo que establece es que, en el caso específico que se juzga, la falta de motivación es una inconsistencia que, de aceptarla, equivale a revertir la carga de la prueba que, en este caso corresponde al contribuyente o sujeto pasivo. QUINTO: El tema de la controversia que está pendiente de resolución es el relacionado con la pertinencia de la declaración sustitutiva presentada por el actor. Al respecto se establece que la declaración sustitutiva ha sido presentada por el contribuyente el 19 de marzo de 2007, como lo reconoce de manera expresa el actor en su demanda, advirtiendo que ello fue posterior a la notificación de la Orden de Cobro por Liquidación de Pago por Diferencias No. 1320070200090, realizada el seis de marzo de 2007, con lo que, a pesar de que su presentación es un reconocimiento expreso de la existencia de las diferencias detectadas por la Administración, como se expuso en el considerando precedente, la misma no puede ser aceptada, porque no se  presentó en tiempo oportuno, de conformidad con lo previsto en el art. 89 del Código Tributario, pues con anterioridad fue notificado del error por la Administración Tributaria. Por lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia y declara la validez de la Orden de Cobro por Liquidación de Pago por Diferencias No. 1320070200090 impugnada. Actúe la Dra. Carmen Dávila Yépez, por ausencia de la titular, de conformidad al oficio s/n de 30 de abril de 2012, dirigido por el Dr. José Suing Nagua, Presidente de la Sala de lo Contencioso Tributario.- Notifíquese publíquese y devuélvase.

 

Fdo.) Dres. José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces Nacionales. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e). En Quito, a diecisiete de mayo del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede al DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Dr. Juan Gallardo; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero judicial No. 1200.- No notifico a IGNACIO MEDRANDA SALTOS., por cuanto no ha señalado casillero judicial para el efecto.

 

Certifico. f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

RAZÓN: Las cuatro copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 266-2010, seguido por IGNACIO MEDRANDA SALTOS., contra EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ.- Quito, a 7 de Junio del 2012.

 

Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora (e).

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE COMPAÑÍA GRUPO EMPRORTEGA CIA. LTDA. contra EL DIRECTOR REGIONAL DEL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

No. 278-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 30 de Mayo del 2012.- Las 14H00.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de Enero de 2012, dictada por el Pleno de la corte Nacional de Justicia En lo principal el doctor Fabián Roberto Cueva Monteros, en calidad de Procurador designado por la Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2010 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe con competencia en materia tributaria, con sede en la ciudad de Loja, dentro del juicio de impugnación No. 005-2008 propuesto por el GRUPO EMPRESARIAL EMPRORTEGA CIA. LTDA. Esta Sala califica el recurso y la Empresa actora lo contesta el 28 de julio de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: La Autoridad Tributaria fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Considera que se han infringido las siguientes normas de derecho: literal l del numeral 7 del artículo 76 y numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República, numeral 4 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos 273, 258, 261 y 270 del Código Tributario.- Señala que el actor planteó la demanda que motivó la sentencia recurrida, contra el Acta de Determinación Tributaria No. 112006010004 expedida por el Director Regional del Sur el 23 de febrero de 2006, la cual se relaciona con el impuesto al valor agregado IVA de los meses de febrero a diciembre de 2002. Que el Tribunal Distrital No. 5 dictó sentencia rechazando la demanda y declarando la validez del acto administrativo impugnado; posteriormente la sociedad actora presentó recurso de casación para que suban los autos a la Corte Nacional de Justicia, la misma que casó la sentencia y reenvió el proceso al Tribunal de origen para que supla la omisión de incorporar la ampliación del informe pericial que debió haber presentado el licenciado Jorge Zúñiga; que con dicha base y extralimitándose en la actuación dispuesta por la Corte Nacional, el Tribunal de instancia emite, sin fundamento, una sentencia en la cual acepta la pretensión de la sociedad actora. Que la sentencia recurrida incumple lo establecido en el segundo inciso del artículo 273 del Código Tributario y lo dispuesto en el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, concordantes con el literal i del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República; que en la referida sentencia, en el considerando cuarto, señala que ante la contradicción entre los criterios de los peritos nombrados para que presenten sus informes en la causa, era obligación de la Administración demostrar que existió una mayor cantidad de ventas que las declaradas inicialmente por la sociedad actora y que fueran establecidas en el proceso determinativo, es decir luego de hacer relación de lo expuesto por cada uno de los peritos intervinientes, concluye que el SRI, no ha presentado prueba suficiente que sustente su acto determinativo. Que dicho infundado y contradictorio argumento incumple con el mandato constitucional y legal de motivación, debido a que no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho expuestos y que de manera extraña el Tribunal de instancia manifiesta que era la Administración la que debía aportar las pruebas necesarias en el proceso para respaldar los hechos que se encuentran debidamente fundamentados a lo largo del proceso determinativo, sin embargo no se ha considerado que el acto impugnado contiene la debida explicación y detalle de las glosas determinadas y que se establecen de manera clara las circunstancias fácticas que están soportadas con la respectiva base legal que las avala. Que el fallo emitido por la Corte Nacional, que ordenó el reenvío de la causa al Tribunal de origen, disponía que se supla la omisión de no haber incluido en el expediente ni haber analizado el informe pericial presentado por el Lic. Jorge Zúñiga, pero lastimosamente el referido Tribunal incumple dicho mandato y de manera extemporánea e improcedente acepta el pedido de la sociedad actora respecto de que se ordene al perito Ing. Guillermo Togra que presente una supuesta ampliación de su informe pericial, quien presenta un nuevo informe mediante el cual se realiza una diferente y parcializada exposición de argumentos que se enmarcan en defender la infundada excepción planteada. Que la actuación del Tribunal al permitir nuevamente la participación del perito de la sociedad actora, se contrapone con lo establecido en el fallo emitido en el proceso de casación No. 91-2008, pues viola el artículo 261 del Código Tributario y que se debió considerar el artículo 76 numeral 4 de la Constitución que señala ?Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecen de eficacia probatoria?. Que en la infundada redacción de la sentencia, se puede observar que a pesar de la demostración por parte de la ampliación del peritaje del Lic. Zúñiga (en atención a lo dispuesto en el fallo de casación 91-2008) de que el sistema contable de la sociedad actora refleja transacciones por el valor establecido por la Administración y que el mismo no cumple con las normas y disposiciones contables correspondientes, que le permita llevar sus transacciones por el sistema de cuenta múltiple y solamente se recoge el criterio establecido por el perito de la parte actora, sin ninguna motivación y razonamiento jurídico o técnico, por lo que ha existido una indebida valoración de la prueba, que incluso fue extemporánea. TERCERO: El Gerente General del Grupo Emprortega Cía. Ltda. contesta el recurso señalando que respecto a la supuesta falta de aplicación del literal l del artículo 76 de la Constitución de la República y de las normas alusivas a la falta de motivación carecen de fundamento y que dicha sentencia cumple a cabalidad con esta exigencia, que motivación no significa mencionar hechos y normas en una forma ?inértica? y mecánica como erradamente pretende hacer creer la Administración, que el juez motiva cuando razona, argumenta, justifica y explica por qué llega a su conclusión, cuando devela en forma racional y progresiva la verdad que resulta del examen lógico del proceso; y que dicha sentencia contiene una cadena eslabonada de razonamientos y argumentaciones que resuelven progresivamente los puntos materia del litigio. Que respecto de la carga de la prueba correspondiente al actor, la sentencia hace referencia a la falta de prueba en la Administración, no es cierta porque lo que ésta expone es que la Administración incumplió con una obligación propia de su gestión administrativa. Que la ampliación presentada por el Ing. Togra no es una nueva prueba, que más bien es totalmente viable por el carácter cuasi oficioso del Tribunal y que más bien las normas alegadas por el SRI, la primera faculta al juez a ordenar nuevas pruebas o disponga cualquier diligencia investigativa que juzgue necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad y la segunda incluso faculta al juez para que tome en consideración pruebas extemporáneas con tal que ellas permitan establecer la verdad. CUARTO: Corresponde a la Sala de Casación resolver de manera prioritaria, la existencia o no del vicio de falta de motivación de la sentencia recurrida, habida cuenta de los efectos previstos por la norma constitucional, si ello ocurre. Analizado el expediente, se encuentra que la Sala de instancia realiza un análisis detallado de los hechos, los confronta con las normas de derecho que las soportan, por lo que se concluye que existe suficiente motivación, lo cual no necesariamente implica que sus razonamientos sean válidos; al existir motivación, se vuelve improcedente la alegación formulada por el recurrente. QUINTO: Sobre el cuestionamiento relacionado con la indebida valoración de la prueba esta Sala formula las siguientes consideraciones: a) La sentencia expedida por esta Sala en el recurso No. 91- 2008, de 18 de mayo de 2009, que corresponde a la misma causa, en el considerando Tercero, en la parte pertinente señala: ??Al respecto se observa que a fs. 386 de los autos consta la providencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo No. 5 con funciones de Tribunal Fiscal el 26 de marzo de 2008, por la que se dispone que ?el perito Lic. Jorge Arturo Zúñiga Oviedo realice un análisis del informe pericial de fs. 345 a fs. 350 específicamente respecto al llamado (SIC) ?duplicidad de ventas? que argumenta la parte actora como error en la determinación tributaria que impugna e informe a este Tribunal en ocho días?. Esta providencia evidencia la existencia de una duda sobre aspectos importantes que el Tribunal deseaba despejar de oficio al amparo de lo previsto en el art. 262 del Código Tributario. Sin embargo, antes de cumplirse el plazo concedido por el propio Tribunal y sin que haya presentado la ampliación pericial dispuesta, el 2 de abril de 2008 se dicta sentencia?Lo referido implica que el Tribunal, pese a tener dudas sobre los hechos, se pronuncia sobre los mismos, lo cual contagia de incertidumbre a la motivación constante en la sentencia y causa indefensión al no haberse esperado a la ampliación del informe pericial, misma que debió haberse puesto en conocimiento de las partes a fin de que éstas ejerzan plenamente su derecho a la defensa. Sobre este punto ha de tenerse en cuenta que la causal 2ª del art. 3 de la Ley de Casación concierne a la aplicación indebida, a la falta de aplicación o a la errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa??; la Sala casa la sentencia y reenvía el proceso a fin de que el Tribunal de instancia supla la omisión señalada en el Considerando Tercero; b) La Sala de Conjueces del Tribunal No. 5 que conoce la causa ante la excusa de los jueces titulares, en providencia de 16 de septiembre de dos mil nueve, atiende el escrito presentado por la Empresa actora y dispone que el perito Ing. Guillermo Togra ??realice un análisis del informe pericial de fs. 345 a fs. 350, específicamente respecto al llamado ?duplicidad de ventas? que argumenta la parte actora como error de la determinación tributaria que impugna??, actuación del Tribunal que excede sus atribuciones, toda vez que, atiende un pedido de la parte Actora cuando el término para solicitar pruebas o la ampliación del informe ya había fenecido, pues no se trata de la aplicación de la facultad oficiosa prevista en el art. 262 del Código Tributario, que de hacerlo, debía así constar de manera expresa en la providencia que lo provee, lo cual en el caso no ocurre; c) El Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala de Casación en su sentencia de 18 de mayo de 2009, lo que debió es únicamente dar paso a la ampliación del informe del perito Lic. Jorge Zúñiga y no a atender el petitorio de la Empresa actora, que por extemporáneo debió ser desechado de plano; la prueba así actuada carece de validez y eficacia probatoria al tenor de lo previsto en el art. 76, numeral 4 de la Constitución. Al sustentar su fallo en un informe ampliatorio indebidamente actuado, la Sala juzgadora incurre en el vicio de indebida valoración de la prueba; d) El Tribunal, frente a la existencia de ?un panorama totalmente contradictorio entre los peritos contables?, en relación al incremento injustificado de ventas de febrero a diciembre de 2002 considera que era obligación del Servicio de Rentas Internas probar dicho incremento, revirtiendo de manera impropia la carga de la prueba que de conformidad con lo preceptuado en el art. 258 del Código Tributario, correspondía a la Empresa actora, ante la negativa pura y simple de la Administración Tributaria; e) La existencia de la mayor cantidad de ventas establecida por la Administración Tributaria es corroborada por el informe elaborado por el perito Jorge Zúñiga Oviedo, incluida su ampliación, que fuere ordenada por esta Sala, conforme queda expuesto. Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Naciona

 

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