Registro Oficial No 480 - Jueves 28 de Enero de 2016 Edicion Especial

Jueves, 28 de enero de 2016

Última modificación: Jueves, 11 de febrero de 2016 | 17:52

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 28 de Enero de 2016 - R. O. No. 480

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

 

Función Judicial y Justicia Indígena                      

 

Corte Nacional de Justicia: Sala Especializada de lo Contencioso Tributario

               

192-2010  Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

CONELSA Conductores Eléctricos S. A. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur

 

203-2010AH Hugo Fernando Estrada Bravo en contra del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas

 

Resoluciones         

 

 

206-2010 Productos Alimenticios PROALCO en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

210-2010 REYBANPAC en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

 

227-2010 Perforadora del Litoral PERLISA S. A. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

                              

Sala Especializada de la Familia Niñez y Adolescencia

                              

Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas:

 

 

100-2012 Señor Nestor Olmedo Poveda Gancino en contra de la señora Hermelinda Chugchilan Gancino

 

 

102-2012 Señor Walter Gerardo Valverde Galarza en contra de la señora Erika Cristina Reyes Torres

 

 

103-2012 Señor Diego Ormaza Andrade en contra de la señora Bertha Ávila Córdova

 

104-2012 Señor Richar Acaro Chamba en contra de la señora Rubia Betancourt Ojeda

 

105-2012 Señor Segundo Vicente Chávez Pusay en contra de la señora Luz Célida Chávez Zumba

               

106-2012 Señora Rita Elizabeth Izurieta Meneses en contra del señor Nelson Alfredo Robalino Pérez          

 

107-2012 Señora Gloria Cecibel Quimi Donoso en contra del señor Williams Ramiro Ayo Molina

               

111-2012 Señor Pedro Ruiz Correa en contra de la señora Eulalia Vintimilla Zea

 

112-2012 Señora Sara Oviedo Fierro, Secretaria Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en contra de la señora Catalina Pérez Camargo

               

113-2012 Señor Sergio de Jesús Farez en contra de la señora Rosa Elena Valladares Sinchi

                              

Primera Sala de lo Penal

                              

Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas

 


13-07 Señor Jhon Jairo Velásquez Chingue en contra del señor Freddy Fernando Fernández Bravo

      

212-2008 Señora Rosa Torres Portilla en contra del señor José Francisco Torres Coello

               

200-2009 Señor Segundo Asitimbay Asitimbay en contra del señor Ranulfo Izurieta Brito

               

253-09 Señor Alex Shiguango en contra del señor Polico Jorge Shiguango

               

356-09 Filanbanco en Liquidación en contra del señor Pablo Yumiseva Marín

               

555-2009 Señora Judith Yanchapanta Lagua en contra del señor Juan Rivera Guamán

               

564-2009 Y.T. Señor Stálin Feijo Jaramillo en contra del señor Tarquino Carpio Ortega

               

670-2009 Y.T. Señor Luis Oña y otro en contra del señor Pedro Gallardo

 


 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE LA EMPRESA CONELSA S.A. contra EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL LITORAL SUR.

 

No. 192-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 7 de Mayo del 2012.- Las 09H30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Dr. Patricio Salazar Pazmiño, Procurador Fiscal del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2010, por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de Impugnación No. 23937-3607 seguido por la empresa CONELSA Conductores Eléctricos S.A.,  en contra de la Administración Tributaria. Calificado el recurso, la empresa actora lo contesta el 26 de mayo de 2010. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Administración Tributaria fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación; considera infringidas las siguientes disposiciones: arts. 31, inciso primero, y 121 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas; art. 20 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 8 del Reglamento del Comprobante de Venta y Retención y art. 19 de la Ley de Casación; manifiesta que es evidente que la Administración Tributaria no puede arribar a conclusiones unívocas sobre la existencia del gasto, debe aplicar las reglas generales de interpretación, particularmente la interpretación literal y obvia y por ende la aplicación de disposiciones normativas vigentes, que para que el gasto sea reconocido por la Administración Tributaria, debe existir certezas en las conclusiones, sustentando sus costos y gastos con comprobantes de venta autorizados y que éstos cumplan con las normas legales y reglamentarias; que en el caso de no ser así o no presentarlos, dichos desembolsos son considerados como no deducibles; que la declaración  presentada por todo contribuyente debe estar respaldada en su contabilidad y ésta, estar sujeta al cumplimiento de las normas que rigen la manera en que debe llevarse la misma; que si no se presentó los comprobantes de compras de bienes y servicios válidos, la administración tributaria no puede considerar, a más de los gastos respaldados de acuerdo con los requisitos exigidos, más gastos deducibles; que el cumplimiento de deberes formales y de las disposiciones del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y los Reglamentos tributarios, son de aplicación obligatoria, tanto para el contribuyente como para la Administración, nosiendo potestativo para el contribuyente cumplir o no con sus obligaciones; que la existencia del gasto no constituye de por sí una garantía para el contribuyente, que en todos los casos está obligado a cumplir con las disposiciones tributarias vigentes, que el reconocimiento del gasto como tal, procede únicamente dentro de procedimientos de determinación tributaria, en los que se pueda verificar sin lugar a dudas, la existencia de la transacción; que la sentencia recurrida infringe los precedentes jurisprudenciales de obligatoria aplicación, relativos al principio de congruencia de las sentencias, propio del derecho procesal. Que la sentencia incurrió en falta de aplicación del art. 258 del Código Tributario, pues relevó a la compañía de la obligación de justificar o señalar que el procedimiento realizado por la administración estuvo erróneo y que no fue directa, concluyendo por parte de la Sala que, la Administración no tuvo información, pese a que el propio acto administrativo impugnado consta que el Servicio de Rentas Internas utilizó información de la propia compañía y que por tanto no debía efectuar una determinación presuntiva, que correspondía a la compañía, ante la negativa de la parte demandada, demostrar que la Administración no tenía información o que el procedimiento de forma legal no era el adecuado; que la Administración realizó una determinación directa en base a las propias declaraciones de la compañía y se fundamentó en la información solicitada a la propia compañía cunado se le realizó los requerimientos de información, que la Administración no ha presumido con meras suposiciones hechos económicos sino que, se fundamentó en informaciones y documentos entregados por la actora; que en la sentencia no se considera los informes periciales en materia contable realizados dentro del juicio, en donde se indican que existen comprobantes que no cumplen con ciertos requisitos y formalidades. TERCERO: El representante de la Empresa actora en la contestación al recurso, en lo principal manifiesta que, la sentencia fue dictada en el marco de la más austera y sabia aplicación e interpretación de las normas de derecho relacionadas con la materia principal del litigio; que la empresa al presentar la demanda en contra del SRI lo hizo con el fin de demostrar que todas sus actividades de producción de sus bienes acabados y su comercialización se hallan sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias que le rigen, para lo cual sustenta su trabajo en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en parámetros contables, generalmente aceptados por la administración tributaria; que las actas y las glosas que originaron la demanda y que causaron el conflicto contuvieron una interpretación disparatada tanto desde el punto de vista formal como del punto de vista real de la contabilidad correspondiente al año 2001; que el SRI desconoció y no aceptó todas las facturas por venta de producto terminado, al  cambiar el tipo de unidad de medida utilizado por la empresa, para la venta y distribución de sus productos y cuantificar los ingresos reales de la misma mediante un procedimiento presuntivo; que reconociendo que el hecho económico ocurrió, no se lo puede soslayar o dejar a un lado a pretexto de un supuesto incumplimiento de requisitos formales, o en base a una interpretación extensiva de la ley; que la Sala de instancia no encuentra que, ni en la actuación realizada en el SRI ni en las aportaciones que ha cumplido en el juicio, se haya justificado que el sujeto pasivo no haya declarado su impuesto a la renta y menos aunque no lo haya declarado debidamente o que, los documentos y la contabilidad en los que respaldó su declaración, no sean aceptables por cualquier motivo y peor aún que encontró alguna razón fundamental para dudar de la consistencia que debe existir entre los registros y sus respaldos documentales; que las facturas que respaldan las compras efectuadas por la empresa se encuentran detalladas en rollos de alambre y no en kilogramos como pretende transformarlos el SRI. CUARTO: Uno de los cuestionamientos que formula el representante de la Administración Tributaria es la falta de aplicación de normas de derecho, concretamente, el art. 20 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, arts. 26, número 7 y 31 el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como el art. 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. Para verificar si ello ocurre, la Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: 4.1. La glosa impugnada sobre impuesto a la renta del ejercicio 2001 obedece al cálculo utilizado por la Administración Tributaria para convertir los rollos a kilogramos y tomar como referencia los precios de venta final de los conductores tanto de cobre como de aluminio, todo lo cual es analizado en forma pormenorizada en el considerando Quinto del fallo de instancia, por lo que las razones para establecer la glosa por parte de la Administración, no obedecen a la falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, a los que aluden las normas presuntamente no aplicadas que han sido esgrimidas por el recurrente; 4.2. Es más, la Sala juzgadora ratifica la glosa por US $ 14.145,84 (considerando 5.2) porque estima que no se ha justificado debida y legalmente los movimientos contables hechos con la utilización de estos instrumentos defectuosos, en definitiva porque las notas de crédito no cumplen con los requisitos previstos para los comprobantes de venta, que son las disposiciones que según el recurrente no fue observado por la Sala juzgadora; 4.3. Al formular los cuestionamientos en contra de la sentencia el representante de la Administración Tributaria, al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, omite identificar qué glosa explícitamente es a la que, no se ha aplicado las disposiciones que refiere, limitándose a formular declaraciones generales, lo cual resta eficacia al cuestionamiento, habida cuenta que son varias las glosas establecidas, algunas de las cuales son ratificadas por la Sala de instancia. Tales deficiencias impiden atender los cuestionamientos formulados. QUINTO: Respecto al cuestionamiento fundado en la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, el recurrente esgrime argumentos y fallos de esta Sala relacionados con la carga de la prueba, mas no con la valoración de la misma; omite considerar que para que esta causal proceda, es menester identificar la norma de valoración de la prueba que se infringe,  el vicio en el que se incurre y la norma de derecho que como consecuencia de lo primero se aplica en forma equivocada o no se haya aplicado. La inobservancia de estos requisitos obligatorios, que no pueden ser subsanados por la Sala, vuelve improcedente el cuestionamiento. Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso interpuesto. Actúe la Dra. Carmen Dávila Yépez, como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la titular, de acuerdo al oficio s/n de 30 de abril de 2012, dirigido por el Dr. José Suing Nagua, Presidente de la Sala de lo Contencioso Tributario.- Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional y Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a siete de mayo del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A., en el casillero judicial No. 1169 del Dr. Manuel Badillo y otros; y al DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en el casillero judicial No. 1200.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las cinco copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 192-2010, seguido por LA EMPRESA CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A., contra EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Quito, a 18 de Mayo del 2012.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE HUGO FERNANDO ESTRADA BRAVO, EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

No. 203-2010AH

 

JUEZ PONENTE: Gustavo Durango Vela.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 28 de Junio del 2012. Las 16H20.

 

Vistos: Atento el desistimiento presentado por el señor HUGO FERNANDO ESTRADA BRAVO, que obra a fs. 17 del expediente, se considera: 1) HUGO FERNANDO ESTRADA BRAVO, con fecha 28 de febrero de 2012, presenta desistimiento de la acción presentada en contra de los DIRECTORES GENERAL Y REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. En dicho desistimiento señala que por haber llegado a un arreglo satisfactorio entre las partes litigantes, en forma libre y voluntaria DESISTE expresamente de la acción presentada en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y el DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, porque el mismo se encuentra enmarcado dentro de la Constitución y las Leyes de la República; y se compromete a NO iniciar ninguna acción de carácter Civil y/o Penal, que por este motivo pudiera dar lugar en lo posterior en contra de los accionados. 2. Se ha corrido traslado a las Autoridades Tributarias demandadas, los Directores General y Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, quienes no han contestado. 3. El señor Hugo Fernando Estrada Bravo presentó la demanda de impugnación que motivó el presente recurso, por sus propios derechos, y por tanto, está facultado para desistir según lo prevé el inciso segundo del art. 265 del Código Tributario. 3. La diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica en el escrito de desistimiento se ha llevado a cabo el 20 de junio de 2012, ante el Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Ponente en el presente proceso y la Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada. 4. El desistimiento de la especie es voluntario, ha sido hecho por persona capaz ? quien además ha reconocido su firma y rúbrica-, no es condicional, y se ha presentado antes de dictar autos para sentencia, por lo que se ha cumplido con todos los requisitos previstos en los arts. 265 del Código Tributario y 374 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria aplicable al caso, por lo que se lo acepta, con los efectos previstos en el art. 266 del Código de la materia, y se ordena su devolución al Tribunal de origen, para los fines consiguientes. Con costas. Notifíquese. Devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional y Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a veintinueve de Junio de dos mil doce, a partir de las quince horas notifico mediante boleta el auto que antecede al señor HUGO FERNANDO ESTRADA BRAVO, en el casillero judicial No. 2560 del Dr. Franklin Tito Figueroa; a los señores DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Dr. Fabricio Miguel Batallas Mariño; y al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1200 de la Dra. Martha Escobar Koziel. Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las dos copias que anteceden son iguales a su original constante en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 203- 2010 que sigue HUGO FERNANDO ESTRADA BRAVO, EN  CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.. Quito, a 10 de Julio del 2012.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROALCO. contra EL GERENTE GENERAL CORP. ADUANERA ECUATORIANA.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

No. 206-2010

 

JUEZA PONENTE: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. DEMANDADO: GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA.

 

RECURRENTE ACTORA: Ing. Axel Reich, Representante Legal de Cía. Productos Alimenticios y Licores PROALCO CÍA. LTDA.

 

Quito, a 18 de Junio del 2012.- Las 10H30.

 

VISTOS: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República, artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, la Resolución No 004- 2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y la Resolución de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ANTECEDENTES: 1.1.- La Procuradora Fiscal de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (hoy SENAE), interpone recurso de casación en contra de la sentencia del 25 de febrero de 2010, 11H48, expedida por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, dentro del juicio de Impugnación No 565-09, propuesto por el Ing. Miguel Peña Valle, representante legal de la compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO CÍA. LTDA. Concedido el recurso, contesta la Actora en forma oportuna el 16 de junio de 2010. 1.2.- La recurrente se fundamenta en las causales 1° y 3° del Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia impugnada se han infringido las siguientes normas de derecho: falta de aplicación de los artículos 68 del Código Tributario, 44 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, 7 y 10 del Régimen General de Origen de la ALADI ?Texto Consolidado y ordenado-, aprobado por la Resolución 252 del Comité de Representantes, 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación de las Normas de la Decisión 416 de la CAN. Fundamenta su recurso expresando que el punto de controversia radica en la falta de presentación física del certificado de origen entre los documentos anexos a la  declaración aduanera DUI No. 1380071, Refrendo No. 028- 01-10070370-6 por parte de la importadora compañía Productos Alimenticios y Licores PROALCO CÍA. LTDA. Además alega que, la sentencia recurrida yerra al considerar que los productos amparados en la declaración aduanera DUI No. 1380071, Refrendo No. 028-01-10070370-6 gozan de preferencias arancelarias, por el simple hecho de que en la factura comercial y el certificado de verificación constan que las mercancías tienen nacionalidad chilena; y, siendo así se añade que no tendría razón la existencia de las Normas del Régimen General del Origen de la ALADI. Que su representada impugnó, tachó y rechazó en su legitimidad todas y cada una de las pruebas presentadas por el actor, incluido el certificado de origen. 1.3.- La Actora al contestar el traslado del recurso, manifiesta: a) Que su representada al realizar la importación adjuntó los requisitos de forma y de fondo determinados en el Art. 44 de la Ley Orgánica de Aduanas; b) Que la propia Administración Aduanera confirmó dentro del proceso de impugnación, que la misma Aduana aceptó la documentación al momento de desaduanizar la mercadería reconociendo que se había cumplido con el Art. 44 de la Ley Orgánica de Aduanas; c) Que si no se hubiera presentado el certificado de origen al momento de la nacionalización de las mercaderías, la Administración Aduanera debió aplicar la Decisión 293 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sección B del capítulo II artículo 13; d) Que su representada dentro de la etapa probatoria presentó el certificado de origen de 19 de noviembre del 2001; que dentro del reclamo administrativo también consta copia certificada del mencionado documento, con lo que se demuestra que el certificado fue presentado oportunamente y la exención arancelaria fue correctamente aplicada; y, e) Que no existe duda del origen de la mercadería puesto que el certificado y todos los documentos acompañantes a la declaración aduanera demuestran que tiene procedencia chilena y que la Aduana en ningún momento ha cuestionado la legitimidad de los mismos y que se debe respetar la preferencia arancelaria otorgada. Pedidos los autos, para resolver se considera: II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA: 2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. 2.2.- Determinación del problema jurídico a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta al análisis casacional por el recurrente, tiene sustento legal y para ello es necesario determinar cuál es el fundamento que se plantea dentro del recurso: a) ¿La sentencia del Tribunal A quo, incurre en las causales las causales 1° y 3° del Art. 3 de la Ley de Casación, y si al expedirse la sentencia impugnada se han infringido las siguientes normas de derecho: arts. 68 del Código Tributario, 44 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, 7 y 10 del Régimen General de Origen de la ALADI ?Texto Consolidado y ordenado-, aprobado por la Resolución 252 del Comité de Representantes, 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación de las Normas de la Decisión 416 de la CAN. Existe falta de presentación física del certificado de origen entre los documentos que debía adjuntarse a la declaración aduanera DUI No. 1380071, Refrendo No. 028-01-10070370-6 por parte  de la compañía Productos Alimenticios y Licores PROALCO CÍA. LTDA.; y si al considerar que los productos amparados en la declaración aduanera DUI No. 1380071, Refrendo No. 028- 01-10070370-6 gozan de preferencias arancelarias, por el simple hecho de que en la factura comercial y el certificado de verificación constan que, las mercancías tienen nacionalidad chilena; se inaplica las Normas del Régimen General del Origen de la ALADI. Por lo que se cuestiona en fin, qué efecto produce la no presentación del certificado de origen por parte del importador al momento de la declaración aduanera? III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO: 3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revalorización de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto por varios fallos de la Sala. 3.2.- El punto principal a dilucidar en el presente caso es el referente a la problemática planteada, esta Sala considera que: a) Analizada la sentencia, la Sala observa que no existe falta de aplicación de los artículos 68 del Código Tributario, 44 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, ni séptimo ni décimo del Texto Consolidado del Régimen General de Origen de la ALADI, pues la falta de documentos como el certificado de origen al momento de la declaración aduanera, no convierte en debido el pago realizado por un tributo sobre el que existe expreso reconocimiento de exoneración del cien por ciento; aseveración que encuentra su asidero en que, el ejercicio de la facultad determinadora de la Autoridad Aduanera prevista en el art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas procede siempre que, existan errores en la liquidación y no en la falta de documentos o de los requisitos de éstos; criterio que ya ha sido vertido por la Sala y por tanto, no se advierte la existencia de falta de aplicación de las normas de la Decisión 416 de la CAN; por tanto, la presentación del certificado de origen tiene relación con documentos que se deben adjuntar a la declaración de importación, la falta de presentación produce que la autoridad aduanera del país importador otorgue un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento; vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes; b) En cuanto a la alegación que hace el recurrente referente a la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, esto es, la falta de aplicación de los artículos 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil, al respecto cabe señalar, que esta causal no se encuentra debidamente configurada, pues únicamente menciona normas procesales pero no determina con claridad cuáles fueron las normas derecho que se dejaron de aplicar o que se aplicaron equivocadamente por la falta de aplicación de los mencionados artículos, lo cual torna inviable su análisis y decisión. Así la Ley de Casación en su Art. 6 dispone que: ?en el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente: ? 2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido?. IV.- DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la  siguiente: SENTENCIA. 1.-Desecha el recurso de casación interpuesto. Actúe como Secretaria Relatora Encargada la Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, de conformidad al Oficio de 30 de abril de 2012 y oficio No. 40-2012-PSCT-CNJ de 21 de mayo de 2012. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional y Dr. Gustavo Durango Vela, Juez Nacional.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a dieciocho de junio del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO CIA LTDA., en el casillero judicial No. 2645 de los Dres. Armando Serrano y Marcela Rodríguez; y al GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA, en el casillero judicial No. 1346 de los Dres. Gerardo Vallejo y Dora Vega.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las cuatro copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 206-2010, seguido por LA COMPAÑÍA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO., contra EL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA.- Quito, a 2 de Julio del 2012.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE LA COMPAÑÍA REYBANPAC. contra EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR.

 

No. 210-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. José Suing Nagua.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 17 de Mayo del 2012.- Las 10H30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, con forme la Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el economista Elvis Raúl Rovayo Nieto, Director Regional Encargado del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada  el 8 de marzo de 2010 por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 1001-09 (7716-5128-09) seguido por la compañía Rey Banano del Pacífico, REYBANPAC S.A. Esta Sala califica el recurso y la Empresa actora no lo contesta. Pedidos los autos para resolver, se considera. PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto de conformidad con el primer 7 numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante del Servicio de Rentas Internas fundamenta el recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación; considera que existe falta de aplicación de los artículos 57 y 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 13 del Código Orgánico Tributario, así como falta de aplicación de los precedentes jurisprudenciales establecidos por la Ex Corte Suprema de Justicia en los fallos 180-2003, 67-2003 y 144-2004. Manifiesta que la sentencia de instancia declara con lugar la demanda de impugnación interpuesta por la Empresa actora y declara la invalidez de las Resoluciones 109012008RDEV002544, 109012008RDEV002569, 109012008RDEV002625, 109012008RDEV002764, 109012008RDEV002687 y 109012008RDEV003022, emitidas por el Director Regional del SRI, ordenando que la Administración Tributaria emita la correspondiente nota de crédito por la cantidad de US$ 746,084.11 por los valores del IVA pagado, más los respectivos intereses, sin considerar lo prescrito en los referidos artículos 57 y 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que rigen la devolución del IVA y el derecho al crédito tributario. Señala que la ley es clara en cuanto a su contenido, por lo que no cabe desatender su tenor literal, pues el legislador ha sido contundente al limitar el derecho a devolución por concepto de IVA pagado a la fabricación de bienes, por lo que mal podría acudirse a su espíritu para ampliar el alcance de la norma; que puede colegirse que el rubro por el que los exportadores pueden solicitar la devolución del IVA es el correspondiente al ?Impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten? y no a la devolución en la adquisición de servicios, puesto que la ley no contempla dicha situación. Cita los fallos que cree pertinentes alegando que al no ser considerados, se incumple lo establecido en el segundo inciso del artículo 19 de la Ley de Casación.- TERCERO: La sentencia recurrida acepta la demanda de impugnación propuesta por la Compañía REYBANPAC, Rey Banano del Pacifico C.A., ??declara la invalidez de las Resoluciones No. 109012008RDEV002544, 109012008RDEV002569, 109012008RDEV002625, 109012008RDEV002764, 109012008RDEV002687 y 109012008RDEV003022 emitidas por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, y ordena que la Administración Tributaria demandada emita la correspondiente Nota de Crédito por la cantidad de US$ 746.084,11??. CUARTO: La impugnación que el representante de la Administración formula en contra de la sentencia está relacionada con la presunta falta de aplicación de los arts. 72 y 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Para resolver, la Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: 4.1. El contribuyente, con los argumentos que obran de la demanda, solicita la devolución de la totalidad del  IVA pagado correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007, no reconocidos por la Administración Tributaria en las Resoluciones que impugna, emitidas por el Director Regional del Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas; 4.2. Analizada la sentencia cuestionada, se observa que las razones en las que la Sala juzgadora fundamenta su fallo constan en el considerando Cuarto, puesto que los argumentos que constan en los otros considerandos hacen referencia, de modo general, a la validez del proceso y carga de la prueba (Tercero) y a la motivación del fallo (Quinto), con referencias a las normas que regulan cada aspecto, pero sin una aplicación específica al caso que juzgan; el contenido del considerando Cuarto gravita en torno al contenido de la Resolución No. 588 del Director General del Servicio de Rentas Internas, que determina que no se incorpore el IVA pagado por el proveedor en sus propias adquisiciones y en consecuencia no se exporte el impuesto, que esta Sala Especializada considera inaplicable a los temas que se discuten y que dicen relación a la pertinencia o no de la aceptación de los comprobantes que respaldan los pedidos de devolución de IVA y las razones de rechazo esgrimidas por la Administración. 4.3. Las Resoluciones impugnadas contienen dos conceptos en los que agrupa comprobantes que no acepta, a saber: 8.1. COMPROBANTES DE COMPRAS CON IVA, NO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACION; los criterios por los que no los incluye son: NCP No costo de producción y/o gastos de comercialización; A. F. Activos fijos presentados y no depreciados; y, S Servicios no considerados; y, 8.2. COMPROBANTES DE COMPRA CON IVA, RECHAZADOS; las razones por las que la Administración rechaza los comprobantes de compra con IVA son: 116 Comprobante de venta ilegible; 182 Comprobante de venta fuera del período de validez (autorización de imprenta caducada); 218 Comprobante de venta sin fecha de emisión; 242 Comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica; 469 Comprobante de venta con fecha anterior al período solicitado; y, 479 Comprobante de venta sin número de impresión o autorización de impresión incorrecta, todo lo cual se desprende de las resoluciones impugnadas; de lo expuesto se determina que las mismas especifican las razones y fundamentos por los que los comprobantes con IVA no son considerados en la liquidación, por lo que correspondía a la Empresa actora demostrar en el proceso la pertinencia de los justificativos rechazados por la Administración Tributaria; nada de esto es considerado por la Sala de instancia en su sentencia; 4.4. En lo que tiene que ver con la pertinencia o no de la devolución del IVA, debe observarse lo que establece el Art. 72 de la LRTI, que en la parte que interesa al caso, a la letra dice: ?Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago?.?(el subrayado es de la Sala). 4.5. Del contenido de las Resoluciones impugnadas, en el número 8.1., se desprende que los comprobantes de venta no considerados son porque no constituyen gastos relacionados con la fabricación de bienes que se exporten, lo cual no ha sido desvirtuado por la Empresa actora en el proceso, pues no  consta que haya demostrado que los comprobantes no aceptados, correspondan a adquisiciones locales o importaciones de bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten, cual es la exigencia de la norma, que no ha sido aplicada por la Sala juzgadora; 4.6. En lo que tiene que ver con los rubros identificados con el número 8.2. de las Resoluciones en referencia, consta que las causas de rechazo son ?Comprobante de venta ilegible?, ?Comprobante de venta fuera del período de validez (autorización de imprenta caducada)?, ?Comprobante de venta sin fecha de emisión?, ?Comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica?, ?Comprobante de venta con fecha anterior al período solicitado? y, ?Comprobante de venta sin número de impresión o autorización de impresión incorrecta?, de los cuales, únicamente los que están identificados como ?comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica?, esta Sala no considera razón suficiente para rechazarlos, ya que, contrario sensu, la Administración no cuestiona la validez de los comprobantes. De los demás, es pertinente su rechazo en tanto no cumplen con los requisitos contenidos en el Reglamento de Facturación y en el Reglamento de Comprobantes de Venta. Por lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida y declara la validez parcial de las resoluciones impugnadas, en los términos consignados en el considerando Cuarto de este fallo. Actúe la Dra. Carmen Dávila Yépez, como Secretaria Relatora Encargada, por ausencia de la titular, de conformidad con el Oficio s/n de 30 de abril de 2012, dirigido por el Dr. José Suing Nagua, Presidente de la Sala de lo Contencioso Tributario.- Sin Costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional y Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a diecisiete de mayo del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., en el casillero judicial No. 2645 de la Dra. Marcela Rodríguez y otros; y al DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR, en los casilleros judiciales No. 2424 y 568 de la Dra. Nidia Medranda Cevallos.

 

Certifico.- Dra. Carmen Elena Dávila Yépez. Secretaria Relatora (e).

 

210-2010 / AMPLIACIÓN

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

 

Quito, a 11 de Junio del 2012.- Las 11H00.

 

VISTOS: El Ab. LEONARDO VITERI ANDRADE, por los derechos que representa de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DE PACIFICO C.A., mediante escrito de 22 de mayo de 2012, solicita ampliación de la sentencia dictada por esta Sala el 17 de mayo del mismo año, dentro del recurso de casación 210-2010, por considerar que a su criterio sobre el rubro que la sentencia reconoce un crédito a favor de su representada, no menciona si cabe intereses o no tal como fuera solicitado; además pide ampliar la sentencia en aquellos criterios que no están vinculados con la ?aceptación de los comprobantes que respaldan los pedidos de devolución de IVA y las razones de rechazo esgrimidos por la administración?, que el tribunal de instancia se pronunció sobre la materia, reconociendo la aplicación del art. 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es la única norma que reconoce el derecho a favor del fabricante que a su vez exporta, tema que considera no ha merecido pronunciamiento alguno en la sentencia, que al aplicarse el art. 72 excluye totalmente su tratamiento. El Art. 274 del Código Tributario, norma aplicable a la aclaración y ampliación en materia contencioso-tributaria, establece que la ampliación, que es lo peticionado por la empresa actora, procede cuando se hubiere omitido resolver sobre algún punto de la litis o sobre multas, intereses o costas. En el presente caso, al no constar en forma expresa en la parte resolutiva de la sentencia, se amplía la misma señalando que los valores rechazados por la Administración que se aceptan, identificados con el número 8.2 bajo la denominación ?comprobante de venta mal informado en anexo o ficha técnica? en las resoluciones impugnadas, deberán ser devueltos con intereses de conformidad con lo previsto en el art. 22 del Código Tributario y art. 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. En lo que tiene que ver con el reconocimiento de la aplicación del art. 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que según el actor, es la única norma que reconoce el derecho a favor del fabricante que a su vez exporta, esta Sala considera que aquello no es parte del tema que se cuestiona a la sentencia, por lo que se considera que no es procedente la ampliación solicitada. En los términos expuestos esta Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, atiende el pedido de ampliación solicitado y ordena la devolución del proceso al Tribunal de origen para los fines consiguientes. Actúe la Dra. Carmen Dávila Yépez, en calidad de Secretaria Relatora encargada, por comisión de servicios de la titular, conforme oficio No. 40-SCT-CNJ, fecha 21 de mayo de 2012 Notifíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional y Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico:

 

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a once de junio del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Providencia que antecede a la COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DE PACIFICO C.A., en el casillero judicial No. 2645 de la Dra. Marcela Rodríguez y otros; y al DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR, en los casilleros judiciales No. 2424 y 568 de la Dra. Nidia Medranda Cevallos.

 

Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las seis copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 210-2010, seguido por LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DE PACIFICO C.A., contra EL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR.- Quito, a 2 de Julio del 2012. Certifico:

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE SIGUE EL AB. THOMAS PELLEHN DEY, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A., EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

 

No. 227-2010

 

JUEZ PONENTE: Dr. Gustavo Durango Vela.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 7 de Mayo del 2012. Las 16H00.

 

VISTOS:- Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, mediante sentencia dictada el 23 de abril del 2010, la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, declara con lugar la demanda presentada por el señor Lcdo. Thomas Pellehn Drey, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía PERFORADORA DEL LITORAL S.A. (PERLISA), y declara la invalidez jurídica de la Resolución Nº 5355 del 25 de noviembre del 1996 emitida por la Dirección General de Rentas y por ende la Resolución N° 004299 del 16 de mayo de ese mismo año.- Dentro del término concedido en el art. 5 de la Ley de Casación, el Econ. Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas, presenta recurso de casación, el que ha sido aceptado por la Sala Juzgadora en auto de 17 de mayo del 2010, en tales circunstancias esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha confirmado tal aceptación, aceptado a trámite en auto de 5 de julio del 2010 y se ha corrido traslado a la Empresa actora, para que se pronuncie conforme lo señala el art. 13 de la Ley de la materia, sin que lo haya hecho ni ha señalado casillero donde recibir sus notificaciones.- Concluida la tramitación de la causa y siendo su estado el de dictar sentencia para hacerlo se considera: PRIMERO:- Esta Sala es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República vigente en concordancia con el art. 1 de la Ley de Casación y numeral 1 del Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO:- El Director General del Servicio de Rentas  Internas, fundamenta su recurso en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, sostiene que la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital No. 2 en la sentencia ha incurrido en ?errónea interpretación? del numeral 10 del art. 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente a la época de la importación.- En síntesis manifiesta que, la declaración de importación N° 01811574, amparó la importación de bienes de ?uso múltiple?, como tolvas, compresores, ventiladores, succionadores, etc. que sirven a un proceso de tratamiento del arroz que no constituyen de modo alguno una actividad agrícola, sino industrial, la que no se halla contemplado en la referida norma de la Ley de Régimen Tributario Interno, que grava ?tarifa cero? a tales importaciones; en conclusión, estima que la resolución impugnada se halla debidamente fundamentada y por ello solicita a la Sala Especializada de lo Corte Nacional de Justicia, case la sentencia dictada y ratifique en sentencia las resolución 05355 de 25 de noviembre de 1996. TERCERO:- El Tribunal A-quo ha declarado la invalidez jurídica de la últimamente mencionada Resolución, emitida por el Director General de Rentas, fundamentada en que la Empresa actora ha adjuntado la autorización previa para importación N° 966329 del Banco Central del Ecuador y certificada por la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería del Litoral Sur, en que se establece que ?el producto descrito si es de uso agropecuario?, y por tanto sometidos a ?tarifa cero?, conforme al numeral 10 del Art. 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno, además hace hincapié en la Resolución N° 4676 de 23 de abril de 1997 del Subdirector General Técnico de Reclamaciones de la Dirección General de Rentas en que resuelve gravar con ?tarifa cero? la importación de máquina y partes para el tratamiento de arroz. CUARTO:- Planteada así la controversia, y siendo el recurso de casación una verdadera impugnación a la validez jurídica de la sentencia, conforme lo sostiene la doctrina y los Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, para resolver, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, hace las siguientes consideraciones: 1.) El numeral 10 del Art. 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente a la época de la importación, y agregado por el literal a del Art. 25 de la Ley 72 publicado en el Registro Oficial N° 441 del 21 de mayo de 1990, textualmente dice: ?Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:? 10.-? Maquinaria, equipos, implementos y herramientas de uso agrícola y pecuario, así como llantas y repuestos para maquinaria agrícola;? 2.) Siendo la producción agrícola, de esencial y primordial preocupación del Estado en general, es evidente que el legislador pretende con este tipo de normativa, no sólo exonerar la trasferencia y la importación de productos que directamente se usan en ella, sino también de maquinaria e insumos que van a propender a una masificación en la producción de alimentos con el ánimo de favorecer a la población de menores recursos, más en el caso del arroz que indudablemente es el primer producto de consumo en el Ecuador; 3.) Del Documento Único de Importación N° 0181572 (fs. 3 de los autos) se desprende en la descripción arancelaria que se trata de ?máquinas para el tratamiento de arroz? y ?motores y generadores eléctricos?, ésta última podría dar lugar a dudas, pero quedan saldadas cuando la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería mediante Autorización previa a la importación certifica, que todas son partes para tratamiento de arroz (fs. 2), y más todavía cuando  en Resolución N° 4676 de 23 de abril de 1997 del Subdirector General Técnico de Reclamaciones de la Dirección General de Rentas, ratificada en Resolución N° 4674 de la misma fecha, en impo

 

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