Registro Oficial No 470 - Jueves 21 de Enero de 2016 Edicion Especial

Miércoles, 27 de enero de 2016

Última modificación: Miércoles, 27 de enero de 2016 | 16:23

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 21 de Enero de 2016 - R. O. No. 470

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

Judicial y Justicia Indígena

 

Resoluciones                        

 

Corte Nacional de Justicia: Sala de Contencioso Tributario

               

456-2010 Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

Transportes Marítimos Bolivarianos S. A. en contra del Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur ??.

               

461-2010 SUMESA S. A. en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

463-2010 Ingeniero Carlos Fidel Ojeda Ordóñez en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

               

464-2010 AEROLANE, Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S. A. en contra del Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas

 

Sala Especializada de la Familia. Niñez y Adolescencia

 

021-2012 Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas:

 

Señor Luis Eduardo Lagua Agualongo en contra del señor Héctor Moposita Calapiña

               

022-2012 Señora María Verónica Torres Lema en contra del señor Arturo Noé González Calle

               

23-2012 Señor Marcos Ailla Paca en contra de la señora María Angelina Ailla Charco

               

025-2012 Señor Daniel Rosendo Arévalo Cárdenas en contra de la señora María de Jesús Yauri Arévalo

 

               

26-2012 Señor Víctor Hugo Calle en contra de la señora Julia Isabel Astudillo Astudillo

               

28-2012 Señor Edy Sandro Núñez Gómez en contra de la señora Hilda Gladys Shariano Caamaño

               

031-2012 Señora Ana del Rocío León Samaniego en contra del señor Abraham Adalberto Peláez Quiñónez

               

32-2012 Señora Mireya Escandón Bernal en contra del señor Hernán Bernal Campoverde

 

               

37-2012 Señora Rosa Susana Matute Guamán en contra del señor Vicente Adán Álvarez Rodas

               

50-2012 Señora Laura Beatriz Angamarca Calle en contra del señor Carlos Tapia Santander

               

Sala de lo Penal

               

55-2010 Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

Señor Tenorio Ayovi Yori José en contra del señor Enrique Portocarrero Castillo

               

154-2010 Señora Cecilia del Rocío Churta en contra del señor Gabriel Fabricio Chica Pazmiño y otro

               

580-2010 Señor Luis Alejandro Salan Abril en contra del señor José Eduardo Quiroga Lascano

               

453-2011 Capitanía del Puerto de Guayaquil de la Armada del Ecuador en contra del Capitán William Alberto Chacón Jiménez

               

680-2011 Señora Dolores Heredia Andrade en contra del señor Jaime Baltazar Gaona García y otro

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 456-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA.

 

ACTOR:   Antonieta Mariana Egas, Representante Legal de Transportes Marítimos Bolivarianos S. A.

 

DEMANDADO:        Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.

 

Quito, a 14 de agosto de 2012, las 9h00.

 

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de justicia. En lo principal, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República, artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación, la Resolución No 004- 2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la  Judicatura y la Resolución de 30 de enero, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.  .

 

ANTECEDENTES

 

1.1.- La abogada Antonieta Mariana Egas Viteri de Weisson, Representante Legal de la Compañía Transportes Marítimos Bolivarianos S.A, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 4 de junio del 2010, expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, dentro del juicio de Impugnación No. 626-09, propuesto en contra del Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur. 1.2.- La recurrente fundamenta el recurso en las causales primera y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. Considera que en la sentencia respecto a la causal primera existe falta de aplicación del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y numeral segundo del Art 139 y Art. 272 del Código Tributario. Sobre la causal segunda manifiesta que existió falta de aplicación del Art. 94 del Código Tributario. Alega que, la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 al expedir su sentencia no consideró que es una obligación ineludible de los jueces declarar lo procedente respecto a asuntos de orden público, como es la caducidad de la facultad procesal que se produce solamente por el transcurso del tiempo; que responde a un principio de orden público que limita la acción de la administración, y la situación de obediencia que el poder público impone a los ciudadanos, porque la caducidad de los poderes de fisco opera de pleno derecho (SIC). Manifiesta que la caducidad debe ser declarada de oficio y que al no haber sido reconocida por la  Administración Tributaria se ha producido un acto administrativo viciado de nulidad, porque el Director Regional del Servicio de Rentas Internas está obligado a hacer lo que manda la ley y nada más que lo que ella dispone; a manera de ejemplo cita la corrección del error en derecho cometido por la Dirección Regional del Litoral Sur respecto a la declaración No. RLS-GTRLP2006- 00036 que había sido efectuada, cuando estaba caducada la facultad de la Administración ya que habían transcurrido más de tres años a partir de la fecha de la declaración del impuesto a la renta. Sostiene que la liquidación de pago por diferencias en las declaraciones No. 109012004ATILID0013 no son válidas y son jurídicamente inexistentes por dos hechos, el uno por la nulidad producida por violación de una ley expresa y el otro por su emisión después de producida la caducidad del derecho de la Administración para hacerlo por haber transcurrido más de los tres años de plazo señalado en el Art 94 del Código Tributario (SIC). Que de acuerdo a las evidencias procesales que obran de fojas 30 al 41 y de 46 a 62 de los autos, señala que la notificación con la liquidación de pagos por diferencias en las doce declaraciones del IVA al haber notificado a la empresa el 30 de Marzo del 2004 se ha producido después de haber transcurrido tres años, dos meses y siete días contados desde el 18 de enero del 2001 día en que la compañía declaró el IVA del mes de diciembre del 2000, hasta el 30 de enero del 2004 fecha de la notificación con la liquidación precitada, incrementándose un mes más en el caso de las declaraciones anteriores de enero a noviembre del mismo año. Alega la recurrente que hubo falta de aplicación del Art. 94 y se ignora la disposición del Art. 272 del Código Orgánico Tributario porque no se declaró de oficio pese ha haberse cumplido los presupuestos legales que había caducado el derecho de la Administración Tributaria para efectuar la liquidación por diferencias en contra de Transportes Marítimos Bolivarianos S.A TRANSMABO. Seguidamente indica que, los señores jueces en la Sentencia recurrida no aplican la norma sustantiva del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dispone que para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Que el numeral 12 del Art. 17 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno aplicado por la Administración para establecer el exceso en los gastos de gestión, contraviene a lo dispuesto en el primer inciso del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente para el año 2000, que establece que serán deducibles del ingreso bruto, los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no están exentos; pero indica que nada dice respecto a que los gastos de gestión tienen una limitación del 2% como máximo y cuál es la base de cálculo como expresamente lo hace para los gastos de viaje en el numeral 6 del Art. 10 precitado. Sostiene que para efectos de carácter tributario, los gastos de gestión deben sujetarse a lo previsto en el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno que le da al contribuyente el derecho a deducirse y crea un deber de la Administración a reconocer su deducción en su totalidad, porque en dicha norma no existe limitación alguna para deducirse los gastos de gestión cuyo valor y concepto no fueron observados por la Administración Tributaria. Manifiesta que la glosa a la cuenta Gastos de Gestión, se la levantó fundamentándose en las  limitaciones y máximo establecido en el numeral 12 del Art. 17 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que fija ilegalmente límites no permitidos en la Ley para deducir los gastos de gestión en el ejercicio 2000; que solicita que la glosa se declare nula en razón de que el impuesto a la renta se causa sobre la renta neta y si para establecerla se dispone disminuir los gastos que la ley permite entre los que se hallan los gastos de gestión, no cabe convertir en hecho imponible un gasto por una limitación establecida en el Reglamento. Manifiesta que, la Segunda Sala inaplicó el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno al no seguir el procedimiento para dar cumplimiento a la disposición legal que dispone que solamente las utilidades, han de generar impuesto a la renta y que éste se ha de cobrar en base a un hecho imponible previsto en la ley y no sobre un gasto, que la sentencia ha violado los artículos 10 y 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno al considerar como imponibles hechos que la ley manda se los tenga como gastos, dejando de aplicar el numeral segundo del Art. 139 y el Art. 272 al no haber declarado la nulidad. (SIC) 1.3.- Concedido el recurso de casación, la Administración Tributaria lo ha contestado indicando que la sentencia emitida ha sido dictada cumpliendo todos los requisitos obligatorios que se expresan en el segundo inciso del Art. 273 del Código Tributario y Arts. 274, 275, 276 y 280 del Código de Procedimiento Civil. Que el acto que motivó el juicio es la Resolución No. 109212004RREC005758 y que correspondía verificar a los jueces si dicho acto fue emitido correctamente por parte de la Administración Tributaria y sin violentar ningún derecho de la parte actora; sostiene que la Resolución referida fue correcta y debidamente motivada. Manifiesta que correspondía al actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la autoridad demandada; en el proceso a pesar de las pruebas que la parte actora aportó, nunca pudo fundamentar su pretensión. Se indica que la Administración Tributaria notificó el 10 de noviembre del 2003 a la Compañía Transportes Marítimos S.A. TRANSMABO, que se han encontrado diferencias entre los valores consignados en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta del año 2000 contra la información solicitada a su propia Compañía con los requerimientos de información No. AT-DRLS-03-0192, AT-DRLS-03-0325 y AT-DRLS-03-0465. La Compañía el 13 de febrero del 2004, presentó la solicitud de rectificación de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al año 2000, la misma que era extemporánea, criterio que recogió la Segunda Sala en el Considerando Octavo de la Sentencia. Que la Administración Tributaria notificó el día 30 de marzo del 2004, las liquidaciones de pago por diferencias en las declaraciones Nos. 109012004ATILID0012 y 109012004ATILID0013 que fueron emitidas el 29 de marzo del 2004 por inconsistencias en las declaraciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado del año 2000. Manifiesta que el recurrente en el Recurso de Casación hace mención a una Resolución de Recurso de Revisión y a una liquidación de pago por diferencias en declaraciones que no son materia de la litis y aclara que el acto materia del presente juicio de impugnación es la Resolución No. 109012004RREC005758. Considera que no se ha configurado ninguna de las causales erróneamente alegadas por la parte actora ya que se puede apreciar que la sentencia cumple con  todos los requisitos que exige la ley, por lo cual debe ser desechado el recurso. Pedidos los autos para resolver, se considera:

 

II. ARGUMENTOS QUE CONSIDERA

LA SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. 2.2.- Determinación del problema Jurídico a Resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo siguiente: A) ¿La sentencia del Tribunal a quo, incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, al existir falta de aplicación del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al no reconocer en la sentencia el derecho a la deducción del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta de acuerdo a la rectificación de las declaraciones presentadas por el actor?.- B) ¿La decisión del Tribunal a quo incurre en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, al existir falta de aplicación de los Arts. 94, 139 numeral segundo y 272 del Código Tributario al no reconocer en el fallo una supuesta nulidad del proceso en la etapa de impugnación ante la Administración Tributaria?

 

III. MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN

DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

 

3.1.- En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revalorización de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala. 3.2.-Esta Sala Especializada, formula las siguientes consideraciones: A) Respecto al primer problema planteado relacionado a la falta de aplicación del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno es preciso señalar que conforme a la demanda presentada que aparece a fojas seis del proceso, el objeto de la litis fue la solicitud de declaración de nulidad de la Resolución No. 109012004RREC005758 y que se autorice mediante sentencia las rectificaciones a las declaraciones del IVA correspondientes al ejercicio económico del año 2000 de la Compañía Transportes Marítimos Bolivarianos S.A. TRANSMABO. No se aprecia en el proceso que exista una falta de aplicación del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno ya que se observa que, el actor así como el demandado han presentado las pruebas necesarias dentro del proceso haciendo uso de sus derechos, tal es así que al existir el derecho del actor a la deducción, la litis se trabó con respecto a la resolución que indicaba que existían inconsistencias y/o diferencias respecto a sus obligaciones tributarias y a la autorización para la rectificación de la declaración del Impuesto a la Renta del año 2000 y las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al período del año 2000; que no ha sido aceptada por la  Administración luego de haber transcurrido los plazos respectivos y la presentación de los documentos de parte del actor. B) Sobre el segundo problema planteado, se aprecia que el recurrente indica que existe falta de aplicación de los Arts. 94, 139 numeral segundo y 272 del Código Orgánico Tributario; sin embargo, respecto al Art. 94, no señala ni aclara cuál es el numeral que se aplicaría al caso; ahora bien, sobre la falta de aplicación del numeral segundo del Art 139, numeral segundo y del Art. 272 del Código Tributario se evidencia que tienen relación a la invalidez de los actos administrativos y declaración de nulidad, los mismos que no se aplican en la causal segunda ya que no se evidencia en la sentencia la transgresión de dichas normas, pues la causal segunda del Art. 3. De la Ley de Casación se refiere a errores in procedendo, esto es las violaciones a las normas adjetivas, que en el presente caso no ocurre. Se observa en el proceso que, la Administración Tributaria notificó a la empresa actora el 10 de noviembre del año 2003, las diferencias encontradas entre los valores de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta del año 2000 cumpliendo así lo establecido en el segundo inciso del Art. 89 del Código Tributario que textualmente indica lo siguiente: ?? La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la administración?. La empresa actora presentó la declaración del año 2000 en el año 2001, por lo cual al haber notificado la Administración la existencia de diferencias en noviembre del año 2003 los plazos de caducidad se interrumpieron con dicha notificación en observancia de lo establecido en el Art. 95 del Código Tributario; se señala además que transcurrieron aproximadamente dos años desde la presentación de la declaración y la notificación por parte de la Administración lo que no da lugar a la caducidad alegada por el recurrente. Conforme ha sido declaración reiterada de esta Sala Especializada, los procesos de verificación tanto de liquidaciones como de determinaciones, constituyen actividad reglada de la Administración Tributaria, regulada en las disposiciones constantes en los Arts. 68, 87, 90 y 91 del Código Orgánico Tributario; por lo que bien hace el Tribunal a quo en aplicar la regla de la interrupción de la caducidad, constante en el artículo 95 del Código Orgánico Tributario a las normas de determinación del sujeto activo, con la notificación legal de la orden de verificación (cita textual). Es importante indicar que si bien es cierto el recurrente hace referencia en su escrito de casación al numeral 12 del Art. 17 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, que consideró la Administración para establecer el exceso en los gastos de gestión; esta referencia no es aplicable a este recurso ya que el objeto de la litis inicia con la impugnación de la Resolución No. 109012004RREC005758 que se relaciona a la rectificación de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta del año 2000.

 

IV. DECISIÓN

 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO

 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente:

 

SENTENCIA:

 

1.- Rechaza el recurso de casación interpuesto. Notifíquese. Publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a catorce de agosto de dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la SENTENCIA que antecede a TRANSPORTES MARÍTIMOS BOLIVARIANOS S.A., en el casillero judicial No. 3760 del Doctor José Acosta; y, DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL LITORAL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 de la Abogado Jorge Reinoso.- Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

No. 456-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

Quito, a 26 de septiembre de 2012, las 09H00.

 

VISTOS: La Abogada Antonieta Mariana Egas Viteri de Weisson, Presidente y representante Legal de la Compañía Transportes Marítimos Bolivarianos S.A. presenta solicitud de ampliación de la sentencia dictada por esta Sala el 14 de agosto de 2012. Corrido traslado con el pedido, en este estado corresponde a la Sala pronunciarse, para lo cual realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO: A fs. 15 del expediente de Recurso de Casación, la Abogada Antonieta Mariana Egas Viteri de Weisson, Presidente y representante Legal de la Compañía Transportes Marítimos Bolivarianos S.A. solicita ampliar la sentencia dictada por esta Sala el 14 de agosto del 2012 en los siguientes términos: 1: Solicita respetuosamente a los señores jueces de la Sala aclarar si los oficios No. SRI-DRLS-2003-0012 y SRI-DRLS-2003-0011 notificados por la Administración Tributaria el 10 de noviembre del 2003 en los cuales el SRI nos comunicó que se han encontrado diferencias entre los valores consignados en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la rente del ejercicio 2000, constituyen una orden legal de determinación u orden de verificación previamente emitida y notificada, que interrumpió la caducidad dispuesta en el numeral 1 del Art. 94 de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del Art. 95 del Código Orgánico Tributario y Art. 204 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente para el año 2000, o fueron comunicaciones de diferencias notificadas en noviembre del año 2003, que fueron resultados  determinados por la Administración Tributaria y no órdenes de determinación o verificación, porque las mismas se debieron emitir previamente para legalmente iniciar un proceso de Auditoría Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 95 del Código Orgánico Tributario, legítimamente esas notificaciones podrían interrumpir los plazos de caducidad establecidos en el Art. 94 del mismo cuerpo legal y concretamente el plazo dispuesto en el numeral 1 de esta norma. 3: Solicita se aclare si en la Liquidación de Pago por Diferencias en Declaraciones No. 109012004ATILI0012 Y 109012004ATILID0013 notificadas el 30 de marzo del 2004 se levantaron en base a alguna orden de determinación previamente notificada, cuál fue su número y fecha de emisión. 4: Solicita se aclare, porque nada se dice respecto a que los resultados declarados por la compañía pese a ser firmes a la fecha en que esta Sala emitió la sentencia, por haber transcurrido más de los tres años de plazo dispuesto en el numeral 1 del Art. 94, que tenía la Administración Tributaria para ordenar la determinación del ejercicio económico del año 2000. Al haberse producido el hecho de la caducidad, solicita se aclare porque en la sentencia no se declaró de oficio la misma, por ser de orden público, conforme a los principios doctrinarios y de hermenéutica jurídica reconocidos por la legislación ecuatoriana, y como consecuencia de ello igualmente se aclare primero porque no se declararon firmes los resultados determinados en nuestras declaraciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, segundo porque se aceptaron las diferencias establecidas en la resolución, en base a hecho sin fundamento legal alguno, aceptando como válidos los hechos en los que se basó la Administración para negar el reclamo administrativo pese a que los mismos no tenían ningún valor legal, porque las mismas fueron determinadas sin tener facultad para hacerlo, lo que significa que esas diferencias no existen y tercero cuales fueron los fundamentos de hecho y de derecho para considerar en la sentencia que las notificaciones de las diferencias notificada en noviembre del año 2003 interrumpieron plazos de caducidad que tenía la Administración Tributaria para notificarnos con dichos resultados. 5: Solicita se aclare primero que el Director General del Servicio de Rentas Internas, Eco. Marx Carrasco, en la Resolución No. 917012007RREV001021 de 27 de septiembre del 2007, reconoció que la notificación efectuada de la Liquidación de Pago por Diferencias den Declaraciones No. RLS-GTRLP2006-00036 y no la declaración como se dice en la sentencia, había sido efectuada cuando estaba caducada la facultad de la Administración por haber transcurrido más de tres años a partir de la fecha de la declaración del impuesto a la renta, motivo por el cual procedió a corregir el error en derecho cometido por la Dirección Regional del Litoral Sur y segundo porque no se aplicó el mismo criterio en la sentencia emitida por esta Sala, considerando que lo resuelto por el Director General Eco Marx Carrasco reconoció expresamente la caducidad en un caso similar y además la propia Administración Tributaria en su contestación al Recurso nada dice al respecto, aceptando tácitamente el criterio del Director como máxima autoridad del SRI. SEGUNDO: El Art. 274 del Código Tributario, norma aplicable a la aclaración y ampliación en materia contenciosa tributaria, dice que la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación tendrá lugar cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se  hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. TERCERO: El recurso de casación presentado se fundamentó en las causales primera y segunda del Art. 3 de la Ley de Casación que textualmente indican: ? ?1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva; y, 2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente?; CUARTO: En el recurso de casación presentado se observa que la recurrente indicó textualmente lo siguiente: ?NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS: La norma que se ha infringido al expedirse la sentencia antes mencionada son las contenidas en los artículos 94, 132 y 272 del Código Orgánico Tributario Interno?. QUINTO: Hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala. SEXTO: Esta Sala advierte que la Abogada Antonieta Mariana Egas Viteri de Weisson, Presidente y Representante Legal de la compañía Transporte Marítimos Bolivarianos S. A. en su requerimiento solicita la ampliación de la sentencia relacionada con el Recurso de casación 456-2010 y en el  desarrollo de los numerales del primero al quinto solicita se aclaren varios aspectos. (El subrayado es de la Sala). SEPTIMO: Por lo manifestado en líneas anteriores al no existir ningún punto que ampliar ni aclarar, ya que se han resuelto todos los puntos controvertidos y la sentencia no adolece de obscuridad al resolver todos los aspectos planteados por el recurrente en el recurso de casación, especialmente lo referente a la caducidad de la facultad determinadora de la Administración Tributaria, esta Sala Especializada de lo Contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia niega el pedido formulado por la señora Abogada Antonieta Mariana Egas Viteri de Weisson, Presidente y Representante Legal de la compañía Transporte Marítimos Bolivarianos S.A. y ordena que la Actuaria de esta Sala proceda a la devolución del proceso al Tribunal de origen, para los fines consiguientes. Notifíquese. Devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a veintiséis de septiembre de dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico el Auto que antecede a TRANSPORTES MARÍTIMOS BOLIVARIANOS S.A., en el casillero judicial No. 3760 del Doctor José Acosta; y, DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL LITORAL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Abogado Jorge Reinoso.- Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las ocho copias que anteceden son iguales a su original constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 456-2012 que sigue ANTONIETA MARIANA EGAS, TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. en contra del DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL LITORAL SUR. Quito, a 08 de octubre del 2012. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

No. 461-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA.

 

Quito, a 25 de Julio del 2012, las 10H30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, la Resolución de 30 de enero, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Economista Mario Pinto Salazar, Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, propone recurso de casación en contra de la sentencia emitida por la Cuarta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de Impugnación N° 5602- 1931-2004, deducido por el representante legal de la Compañía SUMESA S.A. el señor Econ. César Teangas Garzón, en contra de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. El Tribunal de Instancia mediante auto de 7 de septiembre de 2010 acepta el recurso y dispone se eleve el proceso a conocimiento de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, la misma que admite a trámite mediante providencia de 6 de octubre del 2010, se pone en conocimiento de las partes para que se dé cumplimiento a lo que establece el art. 13 de la Ley de Casación, sin que la Empresa actora lo haya contestado ni señalado casillero para notificaciones. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad con el art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1 de la parte II del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO.- La Administración Aduanera fundamenta el recurso (fs. 249 a 254) en las causales primera y tercera del art. 3 de la Ley de Casación, sostiene que al emitir sentencia, el Tribunal Juzgador infringió las siguientes normas: errónea interpretación del inciso 6to. del artículo 6 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y del Art. 229 del Código Tributario y falta de aplicación de los Arts. 2 de la Convención de Viena, 107, 110, 259, 82 y 84 del Código Tributario y Arts. 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil.- En su fundamentación manifiesta que, el objeto de análisis es la Rectificación de Tributos N° P-028-07-06-04- 393 por la que se estableció, en base a lo ordenado en el Art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, a cargo de la actora y de Tulio Rodríguez, Agente de Aduanas, una reliquidación de USD $ 15.025,08 en su declaración aduanera DUI No. 1571590  Refrendo No. 082-02-10- 001329-2 porque el certificado de origen tiene fecha anterior a la fecha de factura comercial, con lo que se contraviene lo señalado en las normas que refiere y trascribe, pues para que sea válidamente apreciado por la Aduana debe cumplir los requisitos señalados en la Decisión 416 y que los argumentos de la Sala juzgadora para admitir dicho certificado y aceptar la demanda de la Empresa no se sustenta en el derecho, pues no es posible obviar el certificado de origen con todos sus requisitos de fondo y de forma estatuidos en normas comunitarias, para beneficiarse del programa de liberación de impuestos. En relación a la tercera casual en que basa su recurso, el representante de la Administración Aduanera dice que en la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal A quo, se deja sin efecto ni valor la Resolución 938 de 23 de agosto de 2004, sin embargo la actora en ninguna parte de su demanda pide ello, ni siquiera la menciona; que no es verdad que no se le haya notificado la Rectificación de Tributos N° P-028-07-06-04-393, pues consta en autos haberlo hecho a Rocío García, Departamento de Compras de Sumesa, en cumplimiento a lo señalado en los Arts. 107 y 110 del Código Tributario, normas que el Tribunal dejó de aplicar. Que ha efectuado una valoración de las pruebas puestas a su conocimiento en forma contraria a la ley, incumpliendo los Arts. 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 259 del Código Tributario, que se entiende vulneradas estas normas por desconocer el valor probatorio que la ley asigna a cada instrumento, y la Sala no valoró la Resolución 938. Que por todo lo expuesto pide que se case la sentencia. TERCERO.- No se discute, pues no ha sido motivo del recurso de casación, que la Administración Tributaria Aduanera esté facultada para realizar reliquidaciones a las declaraciones efectuadas por los importadores, pues así lo señalaba el Art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas (trasladado al Art. 145 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en favor del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, S.R.O. # 351 de 29 de diciembre de 2010), aplicable en este caso por tratarse de una del año 2002 y entre ellas está obviamente la de verificar si las mismas reúnen los requisitos de fondo y de forma señalados en la ley, más si se trata de verificar una importación que está exenta del pago de impuestos aduaneros. En el presente caso lo que se discute es la legalidad de la Resolución 938 por la que el Gerente General de la CAE, rechaza el reclamo de la Empresa actora que pretende la exoneración, porque la fecha del certificado de origen es posterior a la factura, sobre lo cual la Sala juzgadora ha considerado que ?se trata de una mera formalidad y que no debe sacrificarse la justicia por su sola omisión? (Art. 192 de la Constitución Política de 1998, 169 de la Constitución vigente), pues existen otros documentos que avalizan la verdadera procedencia de la mercadería de la República Andina del Perú. En el caso subjudice, la empresa actora, no ha demostrado, ni siquiera lo ha intentado que, se trata de un ?error? de fechas o de circunstancias, sino que el mentado certificado de origen ha sido extendido después de la factura, efectivamente el certificado de origen N° 5553 tiene fecha 20 de marzo de 2002 (fs. 202 de los autos) mientras que la factura comercial N° 000075 es de 24 de marzo de 2002 (fs. 197), lo que evidentemente contraría el Art. 12 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, norma jerárquicamente superior, según el Art. 163 de la Constitución  Política de 1998 vigente a la fecha de la importación y que textualmente, en su parte pertinente, dice: ?? La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial?.?.- Sin embargo, esta misma Sala de la Corte Suprema primero, Nacional después, en casos similares (recursos 38-2005, 44- 2008, 46-2009 y 31-2010) ha sostenido que el Art. 53 de la Ley Orgánica de Aduanas que sirve de fundamento para la rectificación de tributos, refiere a errores en la liquidación, que no se dan en el presente caso, pues de lo que se trata en este, es en el cometimiento de errores en los documentos que se acompañan a la declaración en los términos que señala el literal a) del Art. 90 de la ley antes referida, es decir la existencia de faltas reglamentarias, las que merecen el tratamiento igual al de la contravención, es decir diferente al que ha sido adoptado por la Administración Aduanera. Por lo mismo no procede la casación en base de la primera causal del mentado Art. 3 alegada por la Administración Aduanera. CUARTO.- Corresponde analizar, el segundo motivo de impugnación a la sentencia, esgrimida por el recurrente, el que hace relación a la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, que textualmente dice: ?3.- Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto?; ésta es de aquellas que la doctrina la califica como causal indirecta, pues el recurrente deberá demostrar que la sentencia o auto cometió un error de derecho en la valoración de la prueba (nuestro sistema no admite el llamado error de hecho), es decir debía exponer qué pruebas valoradas por la Sala del Tribunal Distrital, tienen valor explícito señalado en una norma positiva que lo regula y cómo el juzgador las apreció erróneamente o, cómo en este caso, no las aplicó o no valoró según él, la Resolución N° 938 de 23 de agosto de 2004. En el escrito de interposición del recurso, no solamente que no se señala con precisión qué normas de valoración de la prueba no han sido aplicadas por la Sala aquo, pues si bien los Arts. 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 259 del Código Tributario, que no sólo han sido mencionados sino transcritos, disponen que el Juez exprese la valoración de las pruebas producidas en el juicio, los casos en que hacen fe en juicio y que las resoluciones administrativas que no han sido impugnadas se presumen válidas, éstos son planteamientos totalmente generales, que no pueden servir como fundamento de la tercera casual de casación, pues debió identificarse plenamente y con precisión, qué normas de ?valoración? se han dejado de aplicar o han equivocado en su aplicación, y cómo, a consecuencia de ello, se ha dejado de aplicar o se ha errado en la interpretación de una norma de derecho, como consecuencia de la equivocada apreciación o la no valoración de prueba. Sin que sea menester entrar en otros análisis, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación interpuesto por la Administración Tributaria Aduanera.- Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

 

f.) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a veinticinco de julio del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede al GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA, en el casillero judicial No. 1346 de la Ab. Dora Vega Mera. No notifico a COMPAÑÍA SUMESA S.A., por cuanto no ha señalado casillero judicial para el efecto.- Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Siento como tal que las 3 fotocopias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el Recurso No. 461-2010 seguido por CESAR TEANGAS GARZON REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SUMESA S.A., en contra del GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA. Quito, a 07 de septiembre del 2012. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

No 463-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA.

 

ACTOR:   Carlos Fidel Ojeda Ordóñez.

 

RECURRENTE         Gerente General de la Corporación

DEMANDADO:        Aduanera Ecuatoriana.

 

Quito, a 13 de septiembre de 2012, las 09h10.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento la Jueza y Juez Nacionales, y Conjuez de esta Sala en virtud de la Resolución 004-2012 del Consejo de la Judicatura y por la Resolución 002-2012 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

 

ANTECEDENTES

 

1.1.- El ingeniero Carlos Fidel Ojeda Ordóñez, interpone recurso de casación en contra de la sentencia emitida el 18 de junio de 2009 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con competencia en materia fiscal, No. 5 con sede en Loja, dentro del juicio contencioso tributario Nº030-2009, propuesto por el señor Carlos Fidel Ojeda Ordoñez, en cuyo fallo se ??rechaza la demanda y declara la legitimidad de la Resolución Nº 1642, de 6 de noviembre de 2009, pronunciada por el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.?.1.2.- El recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, señalando que existe falta de aplicación de los  artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica de Aduanas, falta de aplicación de los artículos 2, 11 y 37 numeral 1 del Código Tributario y falta de aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial Suplemento 398 de 7 de agosto de 2008, la misma que derogó el artículo 50 de la anterior Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 1996, publicada en el Registro Oficial 1002 de 02 de agosto de 1996. 1.3.- Aceptado el recurso mediante providencia de 6 de octubre de 2010, y luego del traslado respectivo, el economista Mario Pinto Salazar, Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, da contestación al recurso de casación presentado por el señor Carlos Fidel Ojeda Ordoñez, manifestando que, el mismo no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Casación, ya que, no se ha infringido ninguna de las causales del artículo 3 de dicha Ley, pues la sentencia expedida por los señores jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y con competencia en materia Fiscal, No. 5, con sede en la ciudad de Loja, que fue notificada el 21 de junio de 2010, da cumplimiento con todas las normas de derecho, como tampoco se han omitido solemnidades de procedimiento, por lo que no existe fundamento alguno, ya que la parte contraria sostiene que : ??Tenía todo el derecho a solicitar el respectivo cambio de régimen a consumo del vehículo del bien detallado en la demanda, conforme a lo establecido en el Artículo 72 de la Ley Orgánica de Aduanas; y, en el caso que nos ocupa al haberse incumplido un plazo en el régimen especial, la administración tributaria debió imponerse la respectiva multa por contravención de acuerdo al artículo 88 literal d) de la Ley Orgánica de Aduanas, pues es lo que jurídicamente corresponde?. Según lo expuesto, parecería que no se le hubiera otorgado el cambio de régimen, porque a la Corporación Aduanera así se le ocurrió. El cambio de régimen no se le concedió por muchas razones, una de ellas es que se infringió lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Aduanas que dice: ?Artículo 58.- Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado.- Importación temporal con reexportación en el mismo Estado es el régimen suspensivo del pago de impuestos, que permite recibir mercancías extranjeras en el territorio aduanero, para ser utilizados con un fin determinado durante cierto plazo y reexportadas sin modificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el uso.?. Puesto que el vehículo no cumplió con los parámetros establecidos para el régimen de internación temporal con reexportaciónen el mismo estado, esto es: que esté destinado para un fin determinado durante el plazo concedido por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ya que por este mismo asunto se abrió investigación penal al respecto en la Fiscalía de Delitos Aduaneros y Tributarios de Loja y Zamora Chinchipe, porque según lo indica la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 83, literal g) ?Artículo 83.- Son delitos aduaneros: g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con exoneración total o parcial, sin la autorización previa del Gerente competente;??. Puesto que dicho vehículo fue utilizado para otros fines distintos por lo que se autorizó la internación temporal con reexportación en el mismo estado. Además, no cumplió con lo solicitado por la administración aduanera, que consistía en presentar cada cierto período una certificación sobre la concesión minera, actividad para la cual estaba destinado el vehículo. Añade que, no puede  ser que a pretexto de un régimen suspensivo de pago de impuestos, se pretenda lucrar de tal manera.

 

II. ARGUMENTOS QUE CONSIDERA

LA SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad con los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación de la Ley de Casación y Artículo 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2.2.- Legitimación: El recurrente se encuentra legitimado para interponer el Recurso de Casación en consideración a lo establecido en los Arts. 2 y 4 de la Ley de Casación y por cumplir con los requisitos formales del Artículo 6 del mismo cuerpo normativo. 2.3.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta al análisis casacional por el legitimario tiene sustento legal y para ello es necesario determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: a) ¿El fallo de instancia incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación de los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica de Aduanas, falta de aplicación de los artículos 2, 11 y 37 numeral 1 del Código Tributario y falta de aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial Suplemento 398 de 7 de agosto de 2008, la misma que derogó el artículo 50 de la anterior Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 1996, publicada en el Registro Oficial 1002 de 02 de agosto de 1996, al decidir que el recurrente no tenía derecho a que se apruebe el cambio de régimen a consumo, de un tracto camión KENWORK T-2000, AEREOCAB, año 1997, que se encontraba en el país bajo el régimen de Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado?

 

III. RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

JURÍDICOS Y MOTIVACIÓN

 

3.1.- Planteada la problemática a resolver, esta Sala considera: La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación establece: ?Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.? En esta causal, se prevén tres formas diferentes de infracción al derecho, correspondientes al error in iudicando o error en juicio, las cuales se constituyen en equivocaciones diferentes que puede perpetrar un juzgador. El vicio de falta de aplicación de las normas de derecho, se produce cuando el juzgador deja de aplicar al caso, las normas jurídicas sustanciales que correspondían y que de no hacerlo, determinan en que la decisión de la sentencia sea distinta a la acogida. a) En relación al problema jurídico planteado, el recurrente aduce la falta de aplicación de los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica de Aduanas, Codificación 2003, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 219 de 26 de noviembre de 2003, actualmente derogada. El artículo 72 establecía: ?Cambio de Régimen.- Las mercancías declaradas a un régimen suspensivo o liberatorio  de impuestos aduaneros, podrán ser declaradas a cualquier otro régimen, antes del vencimiento del plazo concedido. Previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, el cambio de régimen será autorizado por el Gerente Distrital, excepto en el caso de mercancías ingresadas al amparo de contratos para ejecución de obras públicas, cuya autorización corresponde al Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Prohíbese el cambio de régimen de mercancías ingresadas a consumo a cualquier otro régimen.? (negrillas fuera del texto). Al respecto es importante señalar que mediante acto administrativo de 24 de junio de 2003, el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, autorizó al señor Franklin Gordillo Ocampo, el ingreso a régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado, de un tracto camión KENWORK T-2000, AEREOCAB, año 1997, motor Detroit 500 H.P.N- 06RO246927, VIN No 1XKTDR9X2VJ748003, color: rojo.1 AXLE Rockwell Corona. Posteriormente, mediante acto administrativo Nº GGN-GAJ-DNC-PV-1965, de 30 de diciembre de 2005, suscrito por el Gerente General de la CAE, justificado con título de concesión minera del área ?El Turco?, Código 60916, otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Regional de Minería de Loja, el 18 de octubre de 2004, se produjo el cambio de beneficiario y de obra, a favor del señor CARLOS FIDEL OJEDA ORDOÑEZ, del tracto camión KENWORK T-2000, AEREOCAB, año 1997. Según el plazo de concesión minera, se otorga la autorización hasta el 19 de octubre de 2006 (2 años). Al respecto el Artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial Nº 158, de 7 de septiembre de 2000, dice: ?Cambio de beneficiario o de obra pública.- Sin necesidad de que las mercancías contempladas en el literal a) del artículo 76 de este reglamento salgan del país, previa cancelación de la declaración original y pagados los impuestos causados, el Gerente General o el Subgerente Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana autorizará su permanencia bajo el mismo régimen, con la presentación de otra declaración, dentro del plazo autorizado por parte del mismo o del nuevo beneficiario, quien asumirá todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de dicho régimen.?.Hay que anotar que se procedió a registrar el cambio de beneficiario y de obra con una nueva declaración aduanera con refrendo Nº 109-06-20- 000003, por lo que se registra la liquidación con refrendo Nº 109-05-59-001733-0-01, de 18 de octubre de 2005, fecha en la cual el anterior dueño del tracto camión, Franklin Gordillo realizó el pago por concepto de depreciación de las mercancías declaradas bajo refrendo Nº 109-02-30-000008; empero el 30 de junio de 2006, el tracto camión KENWORK T-2000, AEREOCAB, año 1997, ahora de propiedad del señor Carlos Fidel Ojeda Ordoñez, fue objeto de aprehensión por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, por incumplir con lo establecido en el artículo 75 literal b) del Reglamento ibídem, que se encuentra dentro del capítulo de Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado, que al tenor

 

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